Mientras la familia de Loan Danilo Peña mantiene las esperanzas de encontrar al pequeño, la ministra de Seguridad lanzó insólitas e irresponsables declaraciones.

Luego de 14 días en las que prácticamente no intervino el Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apareció en TV este jueves para lanzar una irresponsable declaración sobre la búsqueda de Loan Danilo Peña.

Para empezar, la funcionaria prometió, recién ahora, “ir con buzos y con personal de montaña, digo de monte”. Y mientras la familia espera encontrarlo con vida, sentenció: “Voy a ir con equipos radiológicos para ver en la panza de animales”.

“Hay yacarés, hay pumas, hay de todo en la zona”, argumentó Bullrich ante la atónita mirada de Eduardo Feinmman, dando a entender lo peor, olvidándose que estaba en un canal de televisión.

Ay no por favor, la vergüenza que me da.
Acaba de decir que va a buscar a Loan EN LA PANZA DE LOS ANIMALES.

Totalmente ebria. pic.twitter.com/wBqfbwqiKO

— Pampa⭐️⭐️⭐️ (@Pampa139) June 27, 2024

Vale recordar que en el expediente no hay ninguna prueba que indique que Loan pudo haber sido atacado por un animal. De hecho, la Justicia Federal investiga bajo la hipótesis de que el chico fue captado.

Allanamiento en la casa de la familia de Loan Danilo Peña en Corrientes

En plan de reconstruir las primeras 24 horas de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia federal ordenó un allanamiento en la casa del menor, que estuvo a cargo de Prefectura. Tras esto, las autoridades dispusieron el traslado de los padres de Loan y sus tres hermanos para prestar declaración.

Mientras las hipótesis que se bajaran son el secuestro con fines de trata o el homicidio culposo, el abogado Gustavo Briend que respalda a la familia del menor aseguró que “es necesaria la declaración de cada integrante de la familia” con el fin de colaborar para la “reconstrucción de la primera 24 horas”.

En relación a la posibilidad de que quede en libertad alguna de las personas que ya se encuentran imputadas, el letrado sostuvo: “Todo es posible, pero creo que por ahora los detenidos están bien presos”.

Además, el especialista en Derecho indicó que ahora “la mamá de Loan va a ser atendida por el famoso gabinete psicológico que hasta ahora no había entrado en acción”. Y agregó: “Nunca la atendieron, la van a atender a partir de hoy, el gabinete psicológico era importante para nosotros porque la verdad la madre no está bien“.

Según datos obtenidos por la Municipalidad, en Rosario cada vez son más las personas en situación de calle. La pobreza se refleja en las esquinas.

Los datos dentro de un contexto crítico siguen dando que hablar. La cantidad de personas que viven en situación de calle, en la ciudad, aumentó un 50% con respecto al 2023, según estimaciones de la Municipalidad. Ya no hay ningún discurso político que pueda tapar la cruda realidad.

Aquellos datos recopilados a partir de los reportes realizados por los propios vecinos a la línea 147 de atención ciudadana confirman una noticia que no deja de ser novedad y que se percibe en cada esquina prácticamente en gran parte del país.

En ese sentido, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de Rosario, Nicolás Gianelloni, señaló que el número (aproximado) de personas en situación de calle sube a 800 y que, en su mayoría, son varones jóvenes que tienen entre 20 y 40 años.

“No se trata solo de problemas habitacionales. También hay casos de consumo problemático, salud mental, discapacidad y conflictos barriales“, indicó.

Asimismo, reveló que en los últimos tiempos desde el sector observaron un incremento de la cantidad de “cartoneros” por la falta de oportunidades laborales ante una tasa de desocupación que cada vez crece más. “Hubo una alteración de todas las variables sociales”, expresó el funcionario para graficar el estado de la situación.

Por su parte, las organizaciones sociales que realizan tareas solidarias ratificaron el diagnóstico oficial. A raíz de ello, Richard Camarasa, del Movimiento Solidario local, sostuvo que lo más notorio es el aumento de la pobreza que sigue sobrepasando cualquier tipo de límites y no hay impulso político que logre ponerle un freno.

Para brindar precisiones, Camarasa contó que “el impacto de la ciudad se ve reflejado notablemente en las esquinas céntricas donde se empiezan a ver cada vez más grupos familiares”.

Sobre esa línea, desde la organización Rosario Solidaria comunicaron que registraron un crecimiento en la cantidad de desayunos que entregan a diario en tres zonas de la ciudad.

“Hoy estamos en 100 desayunos por día, el año pasado eran más o menos 60. Si el panorama ya era malo en los últimos años, es como que viene cada vez peor, no hay una mejoría. Antes la gente podía acceder a algún alquiler informal o alguna pensión y eso se les hizo difícil de sostener y quedan en situación de calle”, afirmaron desde el refugio Sol de Noche que cuenta con 35 camas que son ocupadas en su mayoría por adultos de más de 45 años, y se sustentan con aportes municipales, pero también con colaboración del sector privado.

Dentro de ese contexto, la Municipalidad de Rosario posee distintos hogares de protección que poseen un total de 200 camas disponibles para los más necesitados.

Fuente: U24

Según un informe, son los grandes beneficiarios del modelo que lleva adelante el presidente Javier Milei. Laboratorios, bancos, alimenticias, entre las de mayores ganancias extraordinarias. La baja del consumo, la contracara de esta realidad.

En estos seis meses de gobierno, las grandes firmas del país se vieron beneficiadas por innumerables medidas, que le permiten acumular ganancias extraordinarias. Así lo alerta un reciente trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que lidera el economista Claudio Lozano y fundador de la CTA, que ubicó a las empresas oligopólicas como “las grandes ganadoras” del modelo Milei. Del otro lado, los ingresos de asalariados y jubilados fueron los perdedores de una política que tiene el ajuste y el achicamiento del estado como ejes centrales. Laboratorios, petroleras, el sector alimenticio y los bancos, los que más incrementaron sus ganancias.

El informe del IPyPP analiza las grandes ganancias de las principales 15 empresas oligopólicas del país, consideradas las más beneficiadas en los primeros seis meses de gestión libertaria. “La mega devaluación, la desregulación de precios y de los mecanismos regulatorios contenido en el DNU 70/2023 permitieron que las empresas más importantes que operan en mercados oligopólicos pudieran apropiarse de los ingresos recortados a la población”, destacó el reporte.

Los ganadores, es decir, “las grandes corporaciones que multiplicaron su rentabilidad al calor de la crisis económica y social son la contracara de la política ajuste que suele soslayarse”, agregó la entidad. estas empresas, que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y operan en sectores y ramas beneficiados por la política económica de los primeros seis meses de gobierno, tuvieron en promedio “un resultado operativo en 687,5 por ciento”. Si al resultado neto “se le incorpora ganancia financiera, participación en sociedades, el pago del impuesto a las ganancias entre otros conceptos aumentó en 831,1 por ciento”.

La entidad remarcó que “esta multiplicación de los beneficios contables finales fue especialmente importante para sectores como el de los laboratorios (+9.851 por ciento) el de la energía mayorista (+5.203 por ciento), el complejo exportador de granos (+4.921%), las empresas alimenticias (+1.331 por ciento), el sector bancario (+945 por ciento) y el hidrocarburífero (+790, por ciento)”. Por el contrario, “los principales conceptos de ingresos de los sectores populares y del trabajo vienen soportando importantes recortes en el mismo período que oscilan el 20 por ciento superando pérdidas mayores al 40 por ciento en el caso del haber mínimo y planes sociales de empleo como el Potenciar Trabajo”. En el caso de la AUH y la Prestación Alimentar, “si bien han tenido una importante compensación en términos reales luego de una fuerte caída inicial, es necesario tener en cuenta que esta compensación se da en un marco de deterioro general de los ingresos, recesión económica y pérdida de empleos”.  De hecho, según un relevamiento de UNICEF recientemente publicado, “en el 23 por ciento de los hogares que perciben AUH algún adulto perdió el empleo desde enero 2024”.

Contracara

El reporte de las ganancias extraordinarias de las empresas choca con los problemas que tiene vastos sectores de la población de hacerse de los productos básicos. El caso paradigmático es el de los medicamentos, cuyo precio se liberó apenas asumió Milei, haciendo que sea el sector que más ganó en estos meses. Los datos del IPyPP se basan en el rendimiento de Laboratorios Richmond, farmacéutica nacional cuyo paquete accionario se reparten Marcelo Rubén Figueiras (38,48 por ciento), Gerardo Cartellone (24,74 por ciento) y Alberto Daniel Serventich (19,24 por ciento). Las ganancias operativas que reporta la actividad principal crecieron en el primer trimestre del año 189 por ciento, mientras el resultado neto del ejercicio contable se disparó 9.851 por ciento.

La industria farmacéutica se compone de grandes firmas locales y extranjeras como Bayer, Pfizer, AstraZeneca, Elea, Roemmers, Gador, Bagó, etc. “La desregulación del sector promovida por la actual gestión habilitó a las compañías farmacéuticas impulsar un abrupto incremento en el precio de los medicamentos, muy por encima del nivel general de precios de la economía”, analizó el informe. La discrecionalidad en la operatoria de los laboratorios “derivó en un exponencial crecimiento de sus rentabilidades, incluso a pesar del efecto colateral que implicó el derrumbe de ventas en las farmacias”. En este punto, fuentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) le dijeron a Data Gremial que la subida del precio delos tratamientos está generando “un problema muy grande de acceso en la población, que no puede hacerse de productos básicos para su salud”.  Uno de los más afectados son los “de venta libre” u OTC, que suelen ser los primeros en bajar.

Otros ganadores

En tanto, otros sectores tuvieron ganancias similares a los laboratorios, como sucede con los bancos. “La flexibilización regulatoria en los mecanismos de intermediación financiera del sector ha resultado para los bancos en una considerable mejora de las ganancias que obtienen producto de la diferencia que rige entre la tasa de interés que generan los instrumentos de deuda emitidos por el Banco Central para regular la liquidez del sistema (pases pasivos) y la tasa de interés que remunera a los ahorristas por sus depósitos en plazos fijos”, destacó el IPyPP. Los que más ganaron en el ejercicio neto fueron Santander (752 por ciento), Macro (2.715 por ciento); BBVA (1278 por ciento).

En cuando a los alimentos, cuyo precio sigue creciendo y obliga a aumentar la ayuda social en especial en comedores y otras instituciones, los propietarios del capital social de las empresas seleccionadas son, Arcor: familia Pagani; Mastellone: Arcor y Danone 48,6 por ciento, fondo Dallpoint 26,4 por ciento y familia Mastellone 24,9 por ciento; Molinos Río de la Plata: familia Perez Companc 75 por ciento. “Los exorbitantes excedentes económicos que cosecharon las compañías alimenticias durante el primer trimestre fueron fruto del desmantelamiento de los mecanismos regulatorios vigentes hasta el año pasado”, dijo la entidad. Es así que se “destaca la derogación del programa Precios Cuidados, permitiendo a los grandes operadores del mercado captar amplios márgenes de rentabilidad por vía de la fijación oligopólica de precios en los alimentos que conforman la canasta básica familiar”. Las tres firmas tuvieron un resultado neto de 1.331 por ciento mayor en el primer trimestre del año.

Fuente: Data Gremial

Se trata de los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) que la provincia llamó “Chacho”, para recordar al caudillo Ángel Vicente Peñaloza.

En la provincia de La Rioja comenzó a circular “El Chacho”, la cuasimoneda con la que el gobernador Ricardo Quintela pagará los salarios provinciales.

“Ante la actitud del Presidente para con La Rioja, decidimos tomar medidas que logren paliar el daño que se nos pretende infligir”, había advertido el mandatario.

Desde enero, la provincia está autorizada a emitir Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) que se usará como moneda a nivel provincial. La primera tanda de bonos entró en circulación y se entregará para el pago de un “porcentaje mínimo en el salario de los funcionarios públicos”.

Quiero comunicarles que después de un importante trabajo de análisis de las finanzas de la provincia, hemos decidido realizar un incremento en la liquidación del Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) que se abonará en el mes de julio, añadiendo ítems no remunerativos que…

— Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) June 25, 2024

Los primeros en contar con el “Chacho” serán los altos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial quienes recibirán $100.000 en la cuasimoneda como parte del sueldo de junio. Mientras que los cargos de directores generales recibirán $50.000.

Por otro lado, para el resto de los trabajadores y trabajadoras, en el mes de agosto la provincia realizará un pago único de un bono de 50 mil pesos que se hará efectivo en “Chachos”.

El gobernador riojano justificó el pago con bonos debido a que el Gobierno nacional “le adeuda a La Rioja los fondos coparticipables” desde octubre del año pasado, por un monto de superior a los 80 millones de dólares. El pago con bonos busca garantizar el pago de los salarios e implica una “inyección de moneda para la actividad económica mediante el incremento salarial”.

Fuente: COMPACTONEA

Por: Orlando Lara Pineda*

“… Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras… Si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia quien quiera oír que oiga”. Litto Nebbia.

En junio de 2008 José Manuel “Mel” Zelaya, presidente de Honduras solicitó a la Ministra de Trabajo, Mayra Mejía del Cid, una primera idea de escenarios para la negociación anual en la Comisión Tripartita del Salario Mínimo del sector privado en diciembre de ese año. La ministra Mejía, con quien trabajaba como asesor, me solicitó un borrador de un par de páginas para el presidente con la propuesta del gobierno para la negociación.

Con base en la idea fundamental del gobierno del “Poder Ciudadano” retomamos los valores del ingreso familiar de la “Línea de la Pobreza” y el número de personas trabajadoras por hogar – que estima anualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Así calculamos un salario mínimo digno del “Poder Ciudadano” de 5,500 lempiras mensuales (289 USD) que al menos igualara la Línea de la Pobreza.

Unos días después, llegaba a mi oficina luego de almorzar y en la radio me sorprendió el anuncio del presidente Zelaya ante los medios de comunicación afirmando que, teniendo en cuenta la premisa del “Poder Ciudadano”, era indispensable un salario digno para la participación política activa de la ciudadanía por lo que había decidido establecer un salario mínimo mensual para todos los empleados públicos de 5,500 lempiras, justo la cifra propuesta.

De un plumazo se acababa la crisis del gremio de las enfermeras que llevaba meses de medidas de fuerza y que la prensa opositora cubría con fuertes críticas. El nuevo salario duplicaba el salario de las enfermeras auxiliares, las peor pagadas. Otras demandas, como la gestión de turnos, descansos y material fueron pronto resueltas. Con esta acción osada de duplicar el salario mínimo de los empleados públicos, el gobierno incrementaba en menos del 5% el presupuesto de salarios del Estado y resolvía una deuda histórica. De esa manera se establecía un referente para la futura negociación anual en la Comisión Tripartita del salario mínimo del sector privado.

Todo esto ocurría en un contexto de creciente conflicto del gobierno con el empresariado y las fuerzas conservadoras de Honduras. Desde el inicio del gobierno de Mel Zelaya en 2006 se habían impulsado salidas heterodoxas a contramano del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial: subsidios a la energía y la educación, transferencias a la población en extrema pobreza, reducción de los márgenes de ganancia de las compañías trasnacionales importadoras de combustibles, y la revisión de las concesiones sobre la tierra y los recursos naturales otorgadas anteriormente a terratenientes y grupos financieros concentrados.

En respuesta, Mel sumaba apoyo popular al ampliar el diálogo e incorporar las propuestas de los movimientos estudiantiles, políticos, feministas, sindicatos, pueblos originarios, campesinos y ambientalistas agrupados en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.

La crisis financiera mundial del 2008 había producido fuertes aumentos de los precios internacionales de los combustibles y alimentos por lo que el gobierno exploraba varias alternativas para financiar la importación de combustibles, entre estas la adhesión a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) que presidia Venezuela – bajo el liderazgo de Hugo Chávez – y que ofrecía financiamiento a largo plazo para importar combustibles, equipo agrícola y alimentos; y aliviar la presión sobre la balanza de pagos.

En agosto de 2008 el gobierno de Zelaya daría un paso crucial convocando a una gran movilización popular en la que anuncia la adhesión de Honduras al ALBA con la presencia de los presidentes Hugo Chávez (Venezuela); Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage.

Ese segundo semestre de 2008 preparamos el informe base para la negociación salarial. La primera disputa fue con la tecnocracia del Banco Central de Honduras (BCH) que ante los escenarios de aumento salarial predecía una subida incontrolada de la “inflación”. Nos reunimos con el personal del BCH y argumentamos que, debido a la desigual distribución del ingreso nacional, el aumento salarial tendría un efecto en la inflación mucho menor al que el BCH había estimado. Es que el 15% de los trabajadores con salarios por encima del salario mínimo se quedaban con el 75% de la masa salarial de los trabajadores; y, en el otro extremo, el 85% de los trabajadores que ganaban el salario mínimo o menos, sumaban una masa salarial de apenas el 25%.

La propuesta presentada por el gobierno, a su vez, estimaba que el aumento salarial tendría un impacto decisivo en el aumento del consumo interno y en la multiplicación de la actividad económica. Se eliminaban las 8 categorías según actividades económicas en que se dividía el salario mínimo, ya que no existían evidencias significativas de diferencias de productividad que las justificaran. La propuesta solo incluía dos categorías: trabajadores urbanos y rurales, atendiendo a las diferencias en el costo de vida.

Históricamente, la negociación salarial en la Comisión Tripartita se prolongaba con interminables reuniones con el disenso entre obreros y empresarios; mientras que los funcionarios de gobierno se abstenían de votar y prevalecía un empate. Finalmente, se remitía un acta con el impasse en la negociación al ejecutivo y el presidente aprobaba un aumento salarial de compromiso, en general más cercano a la pretensión salarial patronal.

Es por eso por lo que los tres burócratas de carrera del Ministerio de Trabajo, que tenían la representación formal en la Comisión Tripartita, no salían de su asombro cuando se les comunicó la decisión del Ejecutivo de votar junto con los trabajadores. Temerosos de la reacción patronal vacilaban en firmar el acta favorable al aumento porque los técnicos y los representantes del empresariado presagiaban una situación obscura para el país combinando ruegos y amenazas. Hizo falta una llamada de Mel en altavoz para reafirmar la decisión.

En 1974 había sido la última vez que los representantes de gobierno habían votado junto con los obreros en la Comisión Tripartita, aprobando un aumento histórico del salario mínimo que alcanzó los 100 Lempiras (50 USD) mensuales; durante el gobierno militar reformista de Oswaldo López Arellano, que además fortaleció el papel del Estado en la regulación de la economía y realizó la más amplia “Reforma Agraria”.

Era la tarde del 24 de diciembre llegamos a “Casa de Gobierno” junto con la Ministra Mejía del Cid, con los cuadros y cálculos finales de diferentes escenarios debajo del brazo para presentarlos al Presidente Zelaya. Luego de algunas consultas con empresarios y miembros de su gabinete Mel nos dijo que íbamos con el aumento.

Esa víspera de navidad de 2008 en cadena nacional, Mayra Mejía del Cid, Ministra de Trabajo anunciaba junto con Manuel Zelaya un aumento salarial histórico de carácter general para los trabajadores de Honduras de 5,500 lempiras mensuales (289 USD) en las áreas urbanas y de 4,055 lempiras mensuales (213 USD) en las áreas rurales. Un aumento promedio del 60% que para algunas categorías fue de cerca del 100%.

La clase obrera debió esperar 34 años para que se repitiera un aumentó de esa dimensión. El nuevo salario mínimo implicaba que anualmente cerca de 2% del PIB de Honduras (200 millones de USD) pasarían de los bolsillos de los empresarios a los de la ciudadanía de a pie en Honduras. La disputa central por el reparto de la ganancia entre trabajadores y empresarios se resolvía con una redistribución del ingreso nacional en favor de las mayorías empobrecidas.

La reacción del empresariado trasnacional y nacional no se dejó esperar. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó un amparo legal ante la Corte Suprema de Justicia. A solicitud de la Ministra Mejía del Cid redacté un borrador del escrito de respuesta en el que se justificaba la legalidad y la procedencia del aumento salarial y se rebatían uno a uno los argumentos del empresariado. La Corte desestimó el recurso del sector privado.

Durante el primer semestre de 2009 el poder político y económico empresarial concentrado de Honduras desarrolló una clásica campaña anticomunista desde los medios de comunicación corporativos, con campos pagados suscritos por asociaciones apócrifas y ONGs financiadas desde el exterior.

En junio de 2009 el poder judicial decidió prohibir la consulta popular programada para el domingo 28 de junio por el gobierno- denominada la “4ta urna”-; que indagaría si las mayorías estaban a favor de consultar a la población en las elecciones de noviembre 2009 sobre el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente, para refundar la Nación. Ante la prohibición el gobierno de Zelaya, acuerpado por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, reafirmó la apuesta por la consulta popular.

En 1975, unos meses después del aumento al salario mínimo, y mientras se planeaban nuevas expropiaciones de tierra a la compañía bananera Standard Fruit Co. “Chiquita Banana”; el presidente López Arellano fue obligado a renunciar luego de que se desató un escándalo mediático, el Bananagate, revelando el soborno de 2.5 millones de USD que había recibido de la empresa bananera para no incrementar el impuesto por caja de banano. La información fue convenientemente filtrada a la prensa por la misma empresa bananera responsable del soborno y que a la larga fue eximida de responsabilidad.

La madrugada del 28 de junio de 2009, unos meses después del aumento histórico al salario mínimo y luego de que el gobierno había resuelto devolver a los campesinos del Valle del Aguan tierras que empresarios les habían arrebatado; el poder económico y eclesiástico conservador y las Fuerzas Armadas ejecutaron el golpe cívico militar. Simularon la renuncia del presidente Zelaya, lo secuestraron y trasladaron a Costa Rica – previa parada técnica en la base militar Estadounidense de Palmerola en Honduras. Este sería el punto de partida de un prolongado movimiento social y político de resistencia liderado por el Frente Nacional de Resistencia Popular.

Con esta medida, las empresas podrán aumentar las tarifas sin intervención estatal.

El gobierno de Javier Milei sigue adelante en su política de desregular todos los mercados sin importar cuán concentrados estén. Así sucedió en el inicio de su gobierno con las prepagas que demostraron funcionar como un oligopolio que, lejos de competir, fijaron los aumentos en sus tarifas de manera coordinada. Ahora el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) liberó a las empresas que prestan los servicios de internet, celular y TV por cable para que fijen sus tarifas sin intervención del Estado.

Lo hizo por medio de la Resolución 13/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del interventor del Enacom, Juan Martín Ozores.

De esta manera el Gobierno eliminó todas las regulaciones de la gestión anterior liderada por Claudio Ambrosini que le imponían tope a las tarifas de internet, celulares y cable y fijaban un límite a las empresas para los aumentos del 5% y de hasta el 10% mensual.

Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020 que había declarado a los servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como “servicios públicos esenciales y estratégicos”, otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.

Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para “salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia”. Algo que, ya pudo comprobar con las prepagas, no sucede en los mercados concentrados.

Crisis política en el gobierno

Mientras crecen rumores de una nueva devaluación, Mauricio Macri armó cumbre del PRO para recalcualr la estrategia contra el gobierno Javier Milei. El expresidente huele que Casa Rosada enfrentará problemas económicos y sociales en el corto plazo, porque el modelo libertario empieza a crujir por todos lados.

El dólar blue ayer cerró a 1350 pesos, lo que presiona sobre una nueva devaluación, la segunda en 6 meses. Esa eventual devaluación volvería a disparar la inflación, que desde que gobierna Milei acumula más del 100%. Con un nivel de ajuste brutal, ¿cuánto falta para que empiecen las protestas sociales?

Ante ese escenario, Macri reunió a su tropa del PRO para alinearla en el nuevo tiempo que puede comenzar. El PRO necesita construir un perfil propio, diferente al del partido libertario al que ayudó a ganar las elecciones. ¿Si fracasa Milei, la gente se olvidará que llegó a Casa Rosada gracias a los votos de Macri?

Además, Macri busca disciplinar la fuerza propia en su propio enfrentamiento con Patricia Bullrich, que saltó a los libertarios y se quiere llevar a parte de la dirigencia amarilla.

Es acusado por la Justicia de terrorismo y alzamiento armado.

La policía boliviana detuvo el miércoles a la noche al segundo jefe militar por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la captura del comandante de la Armada Boliviana, Juan Arnez Salvador. Es acusado por la fiscalía de terrorismo y alzamiento armado,

En una conferencia de prensa, fue presentado Arnez, esposado junto al exjefe del Ejército Juan José Zúñiga, lider del movimiento militar.

Del Castillo catalogó a Zúñiga y Arnez como “dos militares golpistas que intentaron destruir la democracia y la institucionalidad de nuestro país y fracasaron”. Ambos se encontraban en el interior de una tanqueta militar que intentó derribar las puertas de ingreso a Palacio de Gobierno, en la plaza de Armas de La Paz, donde Arce tiene sus oficinas.

Arce destituyó el miércoles a Zúñiga y Arnez de sus cargos y nombró a nuevas autoridades.

Zúñiga había asegurado que la medida era para “restablecer la democracia”, supuestamente usurpada por los políticos que se benefician del poder en beneficio propio. Fue arrestado en las afueras de un cuartel militar de La Paz.

El modelo no cierra.

El ministro de Economía, Luis Caputo, analiza una devaluación acotada para luego de la sanción definitiva de la ley bases que el gobierno espera para el jueves. Con una inflación corriendo al 4/5% mensual y con una devaluación mensual del 2%, es evidente que el modelo no cierra por ningún lado. El mercado lo lee y empieza a tensionar sobre los dólares paralelos.

Mientras, la política de Caputo solo genera más recesión en la actividad. El único negocio en Argentina hoy es apostar al dólar y no mucho más. El propio gobierno propuso un brutal ajuste sobre el salario de millones de trabajadores (activos y pasivos) lo que repercute sobre la vida de esas familias y sobre la economía, porque no hay plata para consumir. Las recetas de derecha de siempre, que volvieron a fracasar. Quién lo diría.

Ahora, Caputo analiza bajar el impuesto País del 17,5 al 7,5%, lo que implicaría un aumento del 10% del dólar oficial. Como suele pasar, se trasladaría a precios, volviendo a impactar sobre la dinámica inflacionaria. Además, el gobierno no piensa aumentar retenciones ni subir impuestos a los sectores con mayor poder adquisitivo, lo que complica todo el esquema.

Ajuste imparable.

El Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró un retroceso del 7,7% en mayo a nivel interanual, mientras que la variación acumulada es del -4,3% y la caída frente al mes anterior resultó del 2,2%.

Con esos resultados, la entidad advirtió por el “profundo deterioro” en el consumo en la primera mitad del año y señaló que la subas implementadas de la AUH, Tarjeta Alimentar y el bono a los jubilados “no parece ser suficiente”. El gobierno de Javier Milei no la quiere ver: sus políticas de brutal ajuste están rompiendo la economía argentina.

Los datos del sector no son los únicos que avalan el interrogante respecto de si la caída de la economía encontró un piso. Por su parte, un informe de Orlando Ferreres mostró que en mayo la actividad económica cayó 4,4% interanual y 0,8% mensual. Mientras, el gobierno libertario evalúa una nueva devaluación que volverá a golpear sobre el salario de millones de trabajadores.