El exmandatario había sido dado de alta la semana pasada pero volvió al mismo centro médico durante el fin de semana y ahora permanecerá varios días internado.

El expresidente de Uruguay José Pepe Mujica fue internado este jueves en una clínica de Montevideo para que le realizaran una serie de estudios durante los cuales le colocaron una vía para hidratarlo.

Mujica, de 89 años, volvió al Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) a menos de una semana de recibir el alta de esa clínica, en la que recibe su tratamiento por un cáncer de esófago.

Además se supo que durante el fin de semana tuvo un breve paso por ese centro médico porque se atoró, que es una de las situación esperables de su diagnóstico.

El expresidente “está mejor que hace tres horas” luego de que le colocaran una vía para hidratarlo, según indicó este jueves su médica personal, Raquel Pannone, a medios como El País de Uruguay.

“Vamos a hacer lo posible para mantenerlo en sanatorio para poderlo hidratar y estabilizarlo“, agregó Pannone, antes de aclarar que la situación médica de Pepe Mujica “no cambió radicalmente” desde la última conferencia de prensa que ella misma dio a propósito de la salud del expresidente.

“No significa que esté grave, sino es tratar de mantenerlo unos días para poder hidratarlo y alimentado controlado por nosotros. Si logramos que su estado general esté mejor va a volver a domicilio“, agregó.

Pannone confirmó que Pepe Mujica “tiene una fibrosis en el esófago” que le “dificulta la alimentación”, y que lo que sufre por estos días es “una consecuencia de la radioterapia realizada” hasta agosto de este año a partir del diagnóstico de mayo.

El tumor en el esófago “estaría en una etapa de remisión por el momento”, agregó Pannone, aunque “no se puede decir que tiene curación definitiva”.

Pannone remarcó que el expresidente de Uruguay “se va a quedar acá (internado) todo lo que pueda lograr que se quede, lo que entienden no es una tarea sencilla. Él comprende la situación, el tema es que se siente mejor y se quiere ir a su casa”.

El titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) advirtió que el ajuste de Milei ha afectado principalmente a los trabajadores, jubilados y pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), criticó duramente al Gobierno nacional de Javier Milei, acusándolo de destruir 650.000 puestos de trabajo en sus primeros cuatro meses de gestión en 2024. Girard afirmó que las políticas de ajuste de Milei han afectado principalmente a los trabajadores, jubilados y pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con el salario mínimo cayendo casi un 30% durante este período.

El titular de ARBA subrayó que la pérdida de empleo ha sido significativa tanto en el sector formal como en el informal, siendo más pronunciada en este último, según datos del propio Gobierno. Basándose en cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Girard indicó que la destrucción de empleo, iniciada en el primer trimestre de 2024, se ha intensificado en el segundo, alarmando a las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

Específicamente, Girard señaló que, según el Ministerio de Capital Humano, para mayo de 2024, el sector privado había perdido 123.000 empleos, en comparación con los 94.000 de marzo, mientras que en el sector público la pérdida ascendía a 37.000, frente a los 5.000 de marzo. También mencionó que más de 16.000 empleos en el sector de empleadas domésticas se perdieron en el primer trimestre del año, lo que refleja un aumento de la pobreza y una disminución en los ingresos de las clases medias-altas.

Girard advirtió sobre el impacto de la devaluación y la desregulación, que han provocado una caída generalizada de los salarios, los cuales están un 11% por debajo del nivel de noviembre de 2023, antes de que Milei asumiera la presidencia. Además, criticó al Gobierno por no permitir aumentos salariales superiores al 2% mensual y por la continua disminución del salario mínimo, que ha caído un 28,85% desde diciembre.

El titular de ARBA concluyó que estas políticas del Gobierno de Milei están minando la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y exacerbando la redistribución regresiva del ingreso, un objetivo central del programa económico libertario.

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Javier Martín, advirtió sobre la profunda y prolongada crisis que afecta a casi todas las ramas de la industria en la provincia.

El dirigente destacó que esta situación ha tenido un impacto significativo en el empleo y señaló las dificultades para reactivar el consumo interno, dado que los salarios han perdido considerablemente su poder adquisitivo.

Según el dirigente, la industria santafesina atraviesa uno de sus peores momentos, con una caída generalizada en la mayoría de los sectores, acumulando un descenso del 13% en el primer semestre del año. En una entrevista con el programa Punto Medio de Radio 2, Martín describió la situación como “una caída muy brusca y extensa”, y subrayó que las pequeñas y medianas industrias son las más afectadas por esta crisis.

El cierre de 2023, marcado por una alta inflación, la devaluación de diciembre pasado, y el continuo aumento de los combustibles, ha generado una fuerte presión sobre los costos de producción. Además, la falta de recuperación en los ingresos y salarios ha frenado el consumo interno. “Todo consumo que se puede posponer, se pospone“, concluyó Martín.

Las industrias santafesinas están haciendo esfuerzos para retener su mano de obra, pero la crisis prolongada ha obligado a muchas a recurrir a suspensiones, lo que ha reducido el empleo industrial entre un 1,5% y un 2%. El presidente de Fisfe, Javier Martín, expresó que las perspectivas a corto plazo no son alentadoras, aunque a mediano plazo podrían verse mejoras en sectores como la energía, la metalmecánica y la minería.

Martín también destacó la tecnificación, diversificación y competitividad de la industria santafesina, que representa el segundo PBI industrial del país. El 2 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Industria, conmemorando el primer embarque de manufacturas desde Buenos Aires hacia Brasil en 1587.

La oposición se organiza para rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justifica la represión policial contra los manifestantes.

Los bloques opositores de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica solicitaron una sesión especial para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que aumentaba los haberes en 8,1%. Aunque no cuentan con los dos tercios necesarios para anular el veto, buscan forzar un debate que exponga a La Libertad Avanza (LLA) y al PRO como los únicos en contra de la mejora para los jubilados.

Además, presionarán a la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert (LLA), para avanzar en el tratamiento del veto. En paralelo, los gobernadores provinciales intentarán negociar recursos a cambio de votos para el Presupuesto 2025.

Francos y la polémica represión a jubilados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la intervención policial en las protestas del miércoles, señalando que “vi muchos jubilados jóvenes con las caras tapadas, como en manifestaciones de grupos extremistas de izquierda”. Francos afirmó que los manifestantes violaron las reglas del espacio público, lo que justificó la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Este jueves en las oficinas que la Sociedad Rural Argentina tiene en Palermo, llegaron dos paquetes que escondían explosivos.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue el objetivo de un grave intento de atentado cuando dos paquetes que contenían explosivos fueron enviados a la sede porteña de la entidad. Uno de ellos detonó, generando una situación de alarma y conmoción.

El artefacto provocó una pequeña explosión al ser abierto, dejando como saldo una secretaria herida con un hematoma, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández. Otras tres personas también fueron atendidas en el lugar y derivadas por el SAME al hospital, aunque sin presentar heridas graves.

El segundo paquete, que fue analizado por la Brigada de Explosivos, expulsó humo y estaba dirigido específicamente a Nicolás Pino, importante referente del sector agropecuario. De acuerdo con las primeras informaciones, ambos envíos llegaron a través de la empresa de correos Andreani, lo que no generó sospechas iniciales, ya que la recepción de correspondencia por esta vía es habitual en el edificio.

El ataque dirigido a Pino

Nicolás Pino, que mantiene una relación fluida con el presidente Javier Milei y ha compartido varios encuentros con la Casa Rosada, se convirtió en blanco de este atentado. Recientemente, Pino y Milei se vieron cara a cara en la inauguración de la tradicional muestra de la Sociedad Rural en Palermo, en julio, evento que también contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El atentado adquiere un tinte aún más preocupante debido al contexto político. Pino es una figura central en el agro, sector que ha sido históricamente crítico de las políticas de intervencionismo estatal. La última vez que el dirigente del agro y el presidente coincidieron fue en el Día de la Industria, en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde Milei pronunció un discurso en el que afirmó: “Para proteger a la industria, los anteriores gobiernos le robaron al campo”. Esta declaración fue seguida de un comentario cómplice hacia Pino: “¿Me escuchaste, no?”, evidenciando la cercanía entre ambos.

Investigación en curso

Tras la explosión, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en la sede de la Sociedad Rural, ubicada en Juncal 4450, y la zona fue rápidamente acordonada. La Brigada de Explosivos continúa trabajando en el análisis del segundo paquete, mientras que la Policía revisa las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

El caso está siendo investigado por el Juzgado Federal a cargo del doctor Sebastián Casanello, quien ya ha solicitado informes preliminares sobre los envíos y el posible origen de los artefactos explosivos.

Este intento de atentado no solo pone en riesgo la integridad de un dirigente clave del sector agropecuario, sino que atenta contra los principios fundamentales de convivencia y seguridad en una sociedad democrática. Todo ciudadano, sin importar su afiliación o actividad, tiene derecho a expresarse y trabajar libre de violencia o amenazas.

La situación genera una profunda preocupación, y resulta imperativo que la justicia avance rápidamente en identificar a los responsables de este acto criminal. La libertad de disentir y expresar ideas debe ser preservada y protegida, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.

Por Santiago Masetti

Hace días, Washington opera en Honduras para desestabilizar al Gobierno, con el fin de condicionar a las instituciones, desgastar a los candidatos del oficialismo y planificar una nueva asonada antidemocrática en la patria de Francisco Morazán.

Las intervenciones, directas e indirectas, de Estados Unidos en Honduras fueron moneda corriente durante todo el siglo XX y en lo que va de la actual centuria vienen siendo particularmente agresivas.

La más grave de las últimas intervenciones tuvo lugar en 2009. Agentes estadounidenses entrenaron a las fuerzas de seguridad hondureñas para la represión que se desató tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Mel Zelaya.

Asimismo, sobran pruebas de la complicidad de Washington en los fraudes electorales de 2013 y 2017 que convirtieron a Honduras en una de las naciones más pobres, desiguales y peligrosas del mundo.

Ese proceso de deterioro económico, social y político comenzó a revertirse en 2021, con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de la nación, de la mano del partido Libertad y Refundación (Libre).

Esta semana, circuló en diferentes medios de comunicación locales que China alertó a las autoridades hondureñas acerca de un plan de desestabilización destinado a provocar un nuevo golpe de Estado.

La información describe los pasos para agredir a un gobierno determinado. La primera fase consiste en generar dudas entre la población y así provocar inestabilidad en su institucionalidad; la segunda, emitir una orden de extradición contra un funcionario de alto nivel sin el fundamento necesario y, por último, relevar el mando principal del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, e iniciar una insurrección de las tropas contra el poder ejecutivo.

La operación golpista orquestada por Estados Unidos y revelada por las autoridades chinas comenzó el miércoles pasado tras la reunión que mantuvieron el entonces ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, José Manuel Zelaya y Roosevelt Hernández, respectivamente, con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Menos de 24 horas después del encuentro entre los altos funcionarios de Honduras y Venezuela, la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, cuestionó la reunión y acusó al ministro venezolano de “narcotraficante”.

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, entendió el mensaje de Dogu como injerencia en los asuntos internos y llamó a dar por finalizado al Tratado de Extradición que su país tiene con Estados Unidos desde 1912, época aquella que se caracterizó por las intervenciones armadas estadounidenses en Centroamérica, elemento central de la denominada “diplomacia del garrote”, aplicada por Washington en toda América Latina y el Caribe.

Los cuestionamientos y declaraciones de corte injerencistas de la diplomática estadounidense contra el actual gobierno hondureño no son nuevos. El 3 de mayo de 2022 condenó la reforma de los servicios energéticos, con la cual las autoridades declararon a los mismos como bien público y parte de los derechos humanos.

En sus argumentos injerencistas, la diplomacia estadounidense hablaba de un supuesto efecto negativo sobre las inversiones argumentando que habría un efecto negativo sobre las inversiones privadas extranjeras.

En marzo de 2023, Dogu opinó sobre los efectos, para ella dañinos, de la reforma tributaria para inversiones y empleo, alentada por la bancada de Libre en el Congreso.

En noviembre de ese mismo año, cuestionó al Ministerio Público por las acusaciones de fraude contra las autoridades del derechista Partido Nacional y en julio de este año se opuso públicamente a la construcción de una cárcel en la isla del Cisne.

Operaciones, acusaciones y renuncias

Cuando a fines de junio pasado se conoció la sentencia de la justicia estadounidense que condenó a 45 años de cárcel al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotraficante, todo hacía suponer que el panorama para las elecciones presidenciales de noviembre de 2025 y la llegada de la candidata de Libre, Rixi Moncada, a la presidencia serían de cierta tranquilidad; que todo era una cuestión de tiempo.

Sin embargo, la derecha y los alfiles de la política estadounidense para Honduras, se enfilaron hacia una operación mediática que busca desgastar al oficialismo, generar el caos, producir una división en el seno de las Fuerzas Armadas y agredir a las instituciones democráticas.

La misma consistió en la viralización de un video filmado en 2013, donde aparecía el diputado oficialista, Carlos Zelaya, en una reunión con un narcotraficante vinculado a la DEA.

Al conocer la existencia de este video el legislador del oficialismo se anticipó a la operación y explicó que el encuentro se debió a uno de los tantos que se suele tener en tiempos de campañas electorales, que efectivamente había “caído en una trampa” y renunció a su bancada, poniéndose a disposición de la justicia.

Como gesto de buena voluntad y con el objetivo de no entorpecer la investigación, el ministro de Defensa de Honduras e hijo del diputado renunciante, José Manuel Zelaya, anunció el paso a un costado de su cargo el sábado último.

A través de la red social X publicó: “Para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como Ministro de Defensa ante la Presidenta @XiomaraCastroZ resaltando la integridad y el honor de mi padre @CarlosZelayaR”.

El martes por la tarde, poco tiempo después de publicado el video en las redes sociales, la presidenta hondureña junto a la flamante ministra de Defensa y otros altos funcionarios, brindaron una cadena nacional donde la mandataria fue contundente y expresó: “Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. Como lo expresé con anterioridad, después de las amenazas de la embajadora de Estados Unidos acusando al jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFAA y al ex ministro de Defensa de narcotraficantes, ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo”.

“El plan para destruir mi Gobierno, socialista-democrático, y el próximo proceso electoral están en marcha. Las mismas fuerzas oscuras, internas y externas, de 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional se están reorganizando en nuestro país para gestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler”, expresó Xiomara Castro.

Luego, tomó la palabra el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien leyó los 33 casos de narcotráfico abiertos en EEUU a figuras del derechista Partido Nacional y del Partido Liberal, entre los que se destacan Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, Fredy Nájera y Roberto Micheletti, entre otros.

Al cierre de la cadena nacional Rixi Moncada recordó que luego del golpe de Estado en 2009 “todo el sistema de seguridad del Estado fue desmantelado, utilizado nuestro territorio como puente para introducir cocaína a EEUU, convirtiéndolo en un paraíso de narcotraficantes en los 12 años y 7 meses de narcodictadura”.

En ese sentido, la titular de la cartera de Defensa rememoró: “Se inhabilitaron los radares”, y luego explicó: “La noticia crimines sobre la ruta y trazas del tráfico de drogas, utilizando nuestros mares y tráfico aéreo es controlada desde Cayo Hueso en EEUU”.

Rixi Moncada y la resistencia militante

Con la renuncia de Zelaya a la cartera de Defensa, la ex funcionaria hondureña y actual candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, pasó a ocupar ese estratégico Ministerio, cuando juramentó este domingo en la Casa Presidencial.

El recorrido de Moncada comienza antes del golpe de Estado, cuando fue ministra de Trabajo en 2006 durante los primeros años del gobierno de Mel Zelaya.

Unos años después se desempeñó en la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Durante los años de persecución y encarcelamiento a los miembros de la “resistencia”, fue abogada defensora de militantes perseguidos, encarcelados y exiliados.

También llegó a ser la coordinadora legal para la creación de Libre, delegada de esa fuerza política en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ministra de Finanzas durante los primeros años de Xiomara Castro, cargo que tuvo que declinar para dedicarse de lleno a la campaña electoral de 2025.

Por su parte, las organizaciones políticas y sociales oficialistas convocaron para el 15 de septiembre próximo a una multitudinaria movilización en Tegucigalpa, en apoyo a la presidenta Xiomara Castro, en defensa de la independencia, por la construcción del socialismo democrático y contra los actos injerencistas que buscan el caos y la desestabilización.

Las amenazas lanzadas por la jefa del Comando Sur del Pentágono, la generala Laura Richardson, están haciendo efecto en nuestro continente y buscan dinamitar los gobiernos que no son serviles ante los intereses de Washington.

Frente a ello, existe un pueblo que diagrama su presente y futuro. Recordando que fueron (y son) resistencia, los hondureños trabajan por una sociedad libre e independiente.

Además, minimizó los efectos de la represión al afirmar: “No diría que hubo ‘abuelos gaseados’; no creo que eso sea correcto”, lanzó.

Tras los graves incidentes ocurridos frente al Congreso durante la manifestación contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó la represión ejercida contra los manifestantes y lanzó comentarios irónicos al respecto. “Vi muchos jubilados jóvenes, con la cara tapada”, afirmó, sugiriendo la infiltración de “grupos extremistas de izquierda”. Estas declaraciones buscaron desviar la atención del hecho central: el uso de la fuerza contra una protesta legítima.

La protesta, en la que participaban jubilados y diversas organizaciones sociales, tuvo lugar frente al Congreso y fue violentamente dispersada por las fuerzas de seguridad. Francos, en lugar de condenar los excesos policiales, intentó justificar la intervención. “Generaron la reacción esperada de las Fuerzas de seguridad, que aplicaron el protocolo correspondiente para liberar el espacio público”, señaló.

Sin embargo, este enfoque omite un principio fundamental de la Constitución Nacional: el derecho a la protesta pacífica. La Carta Magna garantiza que todo ciudadano tiene la libertad de manifestarse para expresar sus demandas y preocupaciones, sin ser reprimido por ejercer este derecho. En un contexto donde los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, se movilizan para defender sus derechos, cualquier intento de reprimir esas expresiones merece ser categóricamente condenado.

Francos, además, minimizó los efectos de la represión al afirmar: “No diría que hubo ‘abuelos gaseados’; no creo que eso sea correcto”. Estas declaraciones no sólo resultan irónicas, sino que desvían la atención del uso desmedido de la fuerza pública en un contexto donde se debió priorizar el diálogo y la mediación, en lugar de la violencia.

El ministro también destacó que más de 20 policías resultaron heridos en los enfrentamientos, pero deslizó que la responsabilidad no recaía en los jubilados, sino en “fuerzas políticas entrenadas para generar caos y desorden”. Esta forma de plantear los hechos parece buscar una justificación para el uso de la represión, lo cual es inadmisible en una democracia.

Ante la pregunta sobre si el gobierno de Javier Milei es “cruel con los jubilados”, Francos negó la acusación y sostuvo que las jubilaciones aumentaron durante su gestión. Sin embargo, estas afirmaciones se contrastan con el reclamo genuino de los manifestantes, quienes salieron a las calles para visibilizar la crisis que atraviesan tras el veto a la ley de movilidad.

La sesión en Diputados, interrumpida por los enfrentamientos, terminó con la retirada de legisladores del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria, quienes condenaron enérgicamente los hechos de violencia ocurridos afuera. La represión contra los jubilados no es solo un ataque contra un sector específico, sino una violación a los derechos consagrados por la Constitución, que garantiza el derecho a manifestarse como una de las formas más genuinas de participación en la vida democrática.

“Si el Gobierno no logra salir del cepo o se atrasa mucho la salida, la falta de credibilidad le va a costar muchísimo”, advirtió.

Fausto Spotorno es director de la consultora de Orlando Ferreres y fue asesor de Javier Milei hasta que lo echaron del gobierno por discrepar con el rumbo elegido por el ministro de Economía, Luis Caputo. Desde hace un tiempo se muestra crítica con la política oficial y advierte: “No le queda mucho tiempo para salir del cepo”.

“Si el Gobierno no logra salir del cepo o se atrasa mucho la salida, la falta de credibilidad le va a costar muchísimo”, advirtió.

“Al Gobierno le hubiera gustado que operáramos como funcionarios públicos sin serlo”, ironizó sobre la salida del gabinete. A Milei no le gustaron sus críticas a las políticas oficiales.

No es la primera voz ortodoxa que cuestiona a Casa Rosada por postergar la salida del cepo. El ultraliberal Domingo Cavallo aseguró lo mismo aunque reconoció que “el gobierno parece dar señales que no se saldrá del cepo este año”.

El director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia reflexionó sobre los datos de pobreza que alcanzaron al 52% de la población y alertó que “la indigencia se duplicó con respecto al año pasado”. El dato marcó una suba de 17,9%, según su último relevamiento.

En declaraciones con Radio 10, el sociólogo también advirtió que el desempleo podría subir un punto este mes. “Es una situación que se ha agravado sin dudas. Seguramente va a dar un punto más de desempleo”, dijo en la entrevista.

Y agregó: “Frente a la crisis que tenemos es llamativo que no haya aumentado más. Las empresas tendieron a mantener a su personal y quienes han sufrido más son los sectores informales, la indigencia se duplicó respecto al año pasado”.