El periodista de La Nación Joaquín Morales Solá cuestionó a Critian Ritondo, jefe del bloque de Diputados del PRO por su posible enriquecimiento ilícito. Según una investigación periodística, su mujer es dueña de diferentes propiedades en Estados Unidos por 3 millones de dólares (3000 millones de pesos). ¿Cómo hizo esa plata la familia Ritondo? De eso no se habla.
“Debe irse cuanto antes de esa función, como Cristian Ritondo debe pedir licencia como presidente del bloque de diputados de Pro, el cargo institucional más importante que tiene ese partido”, escribió Morales Solá en el principal medio vinculado a Mauricio Macri. No es cualquier crítica.
“Ritondo está acusado de haber incrementado de manera significativa su patrimonio en los últimos años. Hay prácticas de la política que forman parte de un período histórico que ya pasó, definitivamente herido”, agregó el periodista de consulta de Macri. ¿Qué hará el PRO con el corrupto Ritondo?
Bianco dio detalles sobre la encuesta de ludopatía infantil y dio precisiones sobre los trabajos que llevará a cabo el Ejecutivo bonaerense.
Este lunes en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dio detalles sobre los resultados de la encuesta que obtuvo la administración de Axel Kicillof en torno a la ludopatía infantil y dio precisiones sobre los trabajos que llevará a cabo el Ejecutivo bonaerense para combatir la problemática que se vio incrementada en los últimos meses. En concreto, casi el 4 % de la muestra total, apuesta al menos una vez por mes.
“El dato que nos preocupa más es que la plataforma que usan los menores de edad, y que no podrían ingresar a las plataformas legales, la que usan es legal. Ya nos contactamos con esa plataforma y con otras porque no podrían ingresar, nosotros pensamos que lo hacían en plataformas ilegales”, precisó el Ministro bonaerense y aclaró que estas empresas deberán incorporar las restricciones de datos biométricos correspondientes.
Cabe señalar que, la encuesta autoadministrada que sirvió para recabar los datos sobre la ludopatía infantil se realizó entre el 4 y 9 de noviembre pasados y fue completada por jóvenes de entre 12 y 19 años, con lo cual, la provincia de Buenos Aires obtuvo alrededor de 90.332 respuestas.
Por caso, entre los apostantes frecuentes el Gobierno bonaerense detectó que el 10,5% de ellos, lo hacen al menos una vez al día y el 50%, una vez por semana con el objetivo de ganar dinero para uso personal y divertirse como principales motivaciones personales y, según declararon en la encuesta que se realizó en las diferentes escuelas de la provincia de Buenos Aires el origen principal del dinero fue por ahorros.
La conferencia de prensa que encabezó Bianco en el salón dorado de la Gobernación, ubicada en La Plata, también contó con la participación del director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, AlbertoSileoni, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la Salud bonaerense, Julieta Calmels.
Asimismo, Bianco precisó que en base a los datos que lograron recabar desde la Provincia llevarán a cabo una serie de medidas para luchar contra la ludopatía infantil en el territorio bonaerense. Calmels informó que los principales ejes en los que trabajan desde la Ministerio están basados en la Atención, Acompañamiento y Orientación, en la Formación para trabajadores y en las Estrategias de intervención Estatal.
La Subsecretaria de la cartera bonaerense indicó que el 50% de los jóvenes que se vieron afectados por la ludopatía infantil aún no encontraron una herramienta que les permita revertir la situación, e indicó que desde el Ministerio trabajarán para habilitar espacios que sirvan de contención y detalló que ya iniciaron actividades en articulación con algunos municipios de la provincia de Buenos Aires.
“Vamos a continuar trabajando sobre esto. Los chicos dicen que parte de las consecuencias que produce el juego son dormir mal, enojarse más que afectan en los espacios de aprendizaje, la ansiedad y el cansancio. Es muy importante como los chicos tiene percepción de los efectos que produce el jugar”, detalló Calmels.
Por su parte, Sileoni se refirió a la importancia de que la Dirección tenga incidencia en la búsqueda de una solución para las problemáticas actuales, que en los últimos años se vio afectada por las transformaciones culturales, como la ludopatía infantil, la educación sexual integral, trata, violencia en el noviazgo, que aclaró que no son las tareas originarias que las escuelas debe abordar.
En este sentido, el Director General de Cultura y Educación ponderó el trabajo de los docentes que se capacitan a diario para actualizar la formación profesional y que se preparan para poder abordar las situaciones puntuales que surgen a diario. Sobre ello, dio detalles sobre los espacios de especialización que se abrirán a partir de los próximos meses para poder brindarles herramientas a los educadores de la provincia.
Bloques temáticos de la encuesta sobre ludopatía infantil
“El agua y el saneamiento no son un negocio” escribió Kicillof en su cuenta de la red social X.
El anuncio de la posible privatización del 90% de las acciones de AySA, realizado por su titular Alejo Maxit, generó un fuerte rechazo por parte del gobierno bonaerense, que advirtió sobre las graves implicancias de esta medida para el acceso al agua potable y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto el gobernador Axel Kicillof como su equipo de gobierno subrayaron que este intento representa un retroceso que recuerda los fracasos de la privatización de los años noventa.
Kicillof expresó su oposición a la iniciativa a través de sus redes sociales, destacando la importancia del rol estatal en garantizar servicios básicos. “El agua y el saneamiento no son un negocio. Sin un Estado que invierta y sostenga la obra pública, sería imposible transformar el sistema sanitario en los 135 municipios bonaerenses”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las obras recientes realizadas en el hospital Iriarte de Quilmes, que demuestran cómo la inversión pública puede mejorar la infraestructura en sectores esenciales.
El Presidente de @AySA_Oficial ratifica que la van a privatizar. Eso ya sucedió y salió mal, muy mal.
En su momento quebraron y fundieron una empresa que es social, que debe garantizar el acceso a un derecho básico universal. La consecuencia fue que no hubo obras durante años,… pic.twitter.com/igYDHRGpXi
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, también criticó duramente el modelo propuesto, que se inspira en la experiencia de privatización aplicada en San Pablo, Brasil. Katopodis recordó que, durante la privatización de los años noventa, la falta de obras y el abandono de las redes de agua y cloacas resultaron en un deterioro significativo del servicio. “El gobierno de Javier Milei condena al Gran Buenos Aires y a las regiones más desfavorecidas a no cerrar las brechas de acceso al agua y al saneamiento”, sentenció.
Los logros alcanzados tras la reestatización de AySA en 2006 refuerzan el argumento contra la privatización. Según datos oficiales, la cobertura de agua potable en el AMBA creció del 76% al 85%, mientras que la de cloacas pasó del 57% al 72%. Además, durante la gestión de Malena Galmarini, se realizaron más de 4.000 kilómetros de nuevas redes de agua y 1.300 kilómetros de cloacas, beneficiando a millones de vecinos. Sin embargo, el reciente anuncio de Maxit y las decisiones del gobierno de Milei, como el cierre del ENOHSA, ponen en riesgo estos avances y generan incertidumbre sobre el futuro del servicio.
El debate revive los cuestionamientos al rol del Estado en sectores estratégicos como el acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en un contexto donde los municipios más vulnerables del AMBA dependen de una gestión eficiente y equitativa. Desde la provincia de Buenos Aires, las autoridades reiteran que la privatización no es el camino para garantizar estos derechos básicos y advierten sobre el impacto que esta medida podría tener en las comunidades más necesitadas.
Expertos del sector muestran desconfianza y escepticismo sobre el plan anunciado por el gobierno libertario.
El presidente Javier Milei, en su discurso transmitido por Cadena Nacional el pasado martes, presentó un balance de su primer año de gestión y delineó los principales ejes estratégicos para el futuro gobierno. Entre las declaraciones más sorprendentes, Milei anunció la puesta en marcha del “Plan Nuclear Argentino“, una iniciativa que ha generado considerable escepticismo entre expertos del área y sectores relacionados.
En su intervención, Milei afirmó: “tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. Estos tres factores combinados forman una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en Inteligencia Artificial (IA). Que nadie se sorprenda si la Argentina se convierte en el próximo hub del mundo. El aumento de demanda de energía que implica la Inteligencia Artificial (IA) va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive, y nosotros no nos vamos a quedar atrás”. Además, prometió: “Vamos a diseñar un Plan Nuclear Argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación de las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia”. El proyecto estaría a cargo de Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente quien el próximo 20 diciembre dará a conocer los detalles del plan.
El anuncio del presidente fue precedido hace unos días, por las llamativas declaraciones de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien afirmó que Argentina “podría ser proveedor de reactores modulares pequeños (SMR) para bases en la Luna y Marte”.
Escepticismo y dudas
La noticia del Plan Nuclear ha levantado múltiples cuestionamientos debido a la falta de información detallada. Carlos Murúa, operador del reactor RA-0 en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y técnico encargado de formar a trabajadores, expresó cautela ante el anuncio: “Respecto al Plan Nuclear Argentino, tomamos con cautela el anuncio porque prácticamente no hay información al respecto. En el ámbito nuclear, un anuncio de ese tipo siempre es bien recibido, pero genera muchísimas preguntas”. Murúa destacó la importancia de definir claramente si el plan contempla únicamente la construcción de reactores o si incluirá la fabricación local, así como el grado de participación de la industria nacional.
Antipolítica Nuclear y Privatización del Sector
Nicolás Malinovsky, ingeniero y magíster en Gestión de la Energía, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, criticó duramente la postura del gobierno de Milei: “Contrariamente a su nuevo anuncio, Milei ha desarrollado una antipolítica nuclear basada en desfinanciar proyectos como la construcción del reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) o el propio proyecto Atucha III”. Malinovsky señaló que la Ley Bases promovida por el actual gobierno ha impulsado la privatización de empresas clave del sector nuclear como Nucleoeléctrica Argentina (NASA) e IMPSA, lo que podría comprometer la autonomía tecnológica y estratégica del país.
Según Malinovsky, el interés de Milei en la energía nuclear está estrechamente ligado a su objetivo de posicionar a Argentina como un centro de IA. “Ya a mediados de año, Milei decía en una entrevista que Argentina debía convertirse en el cuarto polo de la inteligencia artificial en el mundo, después de China, EEUU y Europa”, afirmó. El experto advierte que esta orientación podría llevar a un modelo extractivista donde Argentina presta tierras y vende energía barata, permitiendo que las ganancias generadas por estas inversiones se trasladen fuera del país. “Les prestamos un pedazo de tierra, les vendemos energía barata y toda la riqueza que se produce bajo esos servidores se va del país”, lamentó.
Por su parte, la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, cuestionó el reciente anuncio del gobierno sobre un nuevo Plan Nuclear, señalando que refleja “el desconocimiento de quienes están a cargo del gobierno”.
“Hablar de un proyecto nuevo, cuando ya existe uno de los más avanzados del mundo como el reactor nuclear CAREM, demuestra ignorancia sobre lo que se viene desarrollando en el país. Cualquier nuevo plan llevaría entre 10 y 15 años en concretarse”, afirmó Serquis, quien actualmente dirige la Unidad Ejecutora de Nanociencia y Nanotecnología, dependiente de la CNEA y el CONICET, un cargo al que accedió a través de concurso.
En este sentido, recordó además que el proyecto del CAREM inició su construcción en 2014, lleva invertidos unos 700 millones de dólares y requiere 200 millones más. “La obra civil tiene más del 85%, lo mismo la ingeniería, pero requiere órdenes de compra para los componentes. Su puesta en marcha estaba prevista para 2026 y se trasladó al 2028. Hay otros proyectos similares del mundo previstos para el 2030. De modo que el argentino es el primero de su clase”, y agregó que“la Agencia de Energía Nuclear analizó los 70 proyectos más avanzados del mundo y dentro de ellos, el CAREM es uno de los que tiene sus aspectos más desarrollados”.
En la misma línea, Serquis también criticó el manejo del gobierno en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). “Es paradójico que se hable de IA, cuando recientemente se organizó la primera Semana de la Inteligencia Artificial en el Centro Cultural de la Ciencia sin convocar a los investigadores pioneros en este campo, como los de la Universidad de Buenos Aires o La Plata”, subrayó. Este evento, celebrado entre el 2 y el 6 de diciembre, contó con expertos nacionales e internacionales, más de 30 conferencias y paneles, además de la participación de más de 25 empresas y organizaciones líderes.
Serquis destacó la relevancia de la energía nuclear en el contexto global, subrayando que, debido a sus bajas emisiones y su alta densidad energética, podría jugar un rol clave en satisfacer las demandas energéticas de sistemas como la inteligencia artificial o las criptomonedas. Sin embargo, advirtió que este tipo de desarrollos requiere personal altamente capacitado, un recurso que no se forma de la noche a la mañana.
“Hoy resulta un despropósito que los trabajadores del sector nuclear en la CNEA perciban salarios tan bajos, lo que está generando numerosas renuncias. Esto implica una preocupante pérdida de capacidades en un sector estratégico para el país”, alertó la científica.
Serquis cerró su crítica enfatizando la necesidad de políticas que valoren los proyectos científicos y tecnológicos ya en marcha, y de garantizar condiciones laborales dignas para los profesionales del sector, si se quiere proyectar a Argentina como un actor relevante en la energía nuclear y las nuevas tecnologías.
En declaraciones a Pagina 12, Diego Hurtado, exsecretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, critica que, en lugar de destacar instituciones clave como Nucleoeléctrica, Invap o la CNEA, o al entramado nuclear, tecnológico y de investigación del país, el presidente haya anunciado que el Plan Nuclear será presentado por Reidel. Según Hurtado, Reidel es un licenciado en Física, pero con un doctorado en Economía Financiera, una disciplina que, según él, ha contribuido a la crisis del capitalismo a nivel global. Además, señala que Reidel ha trabajado para empresas como JP Morgan y Goldman Sachs, y ha fundado compañías dedicadas al manejo de activos financieros.
Empresas estratégicas en riesgo
La reciente privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) ha generado alarma entre los especialistas. IMPSA es una empresa argentina especializada en generación de energía a partir de recursos renovables y es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y fabricación de componentes nucleares.
IMPSA desarrolla también componentes calve para el sector nuclear, como ser el recipiente de presión del CAREM.
Nicolás Malinovsky señaló al respecto: “La privatización de IMPSA significa la entrega de un patrimonio estratégico nacional, con la gravedad de que su potencial comprador sería la empresa estadounidense Arc Energy. Es decir, se trasnacionaliza una industria clave en materia de capacidades de innovación y desarrollo para reindustrializar el país”.La privatización podría implicar la pérdida de capacidades estratégicas y tecnológicas esenciales para el sector nuclear argentino, debilitando la soberanía nacional en un área clave.
Prototipo del reactor nuclear CAREM emplazado en la Provincia de Buenos Aires, el mismo cuenta con un considerable grado de avance.
Impacto presupuestario, paralización de proyectos y hackeo cibernético
Mas allá del relato oficial, lo cierto es que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) enfrenta serios problemas presupuestarios debido a la política de ajuste fiscal del gobierno. Andrés Kreiner, subgerente de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores de la CNEA, explicó que el presupuesto para 2025 se reducirá en un 40% en términos reales respecto al año anterior, lo que ha paralizado proyectos estratégicos como la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén y el desarrollo de tecnologías avanzadas para tratamientos médicos contra el cáncer. Solo el Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10 en construcción en el Centro Atómico Ezeiza ha logrado mantener cierto apoyo.
El reciente hackeo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que según ciertas fuentes comprometió la seguridad de proyectos estratégicos como el reactor CAREM-25, pone en evidencia no solo la fragilidad de la ciberseguridad en instituciones clave, sino también el impacto de la desinversión gubernamental en el sector nuclear. Este ataque ocurre en un contexto de lucha por parte de los trabajadores de la CNEA, quienes advierten sobre los riesgos de repetir las políticas de desmantelamiento de la década de 1990.
El ataque cibernético afectó el sistema de administración de todas las sedes del organismo y expuso la confidencialidad de proyectos tecnológicos esenciales para el país. Según especialistas del sector, el presupuesto destinado a ciberseguridad ha sido insuficiente para proteger estas iniciativas, como resultado de los recortes impulsados por la administración de Javier Milei. La falta de inversión, señalan, dejó sin ejecutar proyectos clave para modernizar y proteger los sistemas informáticos frente a amenazas externas.
“Desde el 27 de noviembre tenemos los sistemas en proceso de recuperación, se están escaneando computadoras y servidores, y de a poco retomamos la actividad. Sin embargo, no sabemos exactamente qué pasó ni cuál fue el objetivo del ataque. Lo que sí está claro es que los recortes presupuestarios impidieron ejecutar un proyecto de inversión clave para fortalecer nuestro sistema informático”, explicó un físico de la CNEA, quien prefirió mantener el anonimato.
Plan nuclear: la trama Geopolítica
La trama geopolítica también añade un nivel adicional de incertidumbre al Plan Nuclear Libertario. Los acuerdos firmados con China y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC) en 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de nuevas centrales nucleares siguen pendientes de definir su futuro. Los mismos contemplaban la cooperación y financiación para construir en el país dos centrales : una del tipo CANDU de 800 MW (denominada proyecto nacional) ya que se trataba de tecnología conocida por argentina y otra central de diseño chino tipo HMR Hualong de 1.000 MW, que incluiría la transferencia de tecnología a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que los combustibles nucleares pudieran fabricarse en Argentina. Estos proyectos fueron paralizados durante el gobierno de Mauricio Macri quien además había intentado involucrar sin éxito a capitales privados en el proyecto CAREM.
Durante 2022, una misión diplomática Estadounidense comandada por Ann Ganzer (jefa diplomática del Departamento de Estado), tuvo como objetivo presionar a las autoridades argentinas a fin de que se desistiera de continuar cooperando con China en dicha área. Además la comitiva desplego durante las reuniones mantenidas una campaña de desprestigio en relación a los desarrollos y tecnologías de China, como forma de amedrentar a las autoridades argentinas o “meterles presión”. En aquella oportunidad la comitiva estadounidense también pidió visitar instalaciones clave del sector nuclear, entre ellas el reactor CAREM y la empresa IMPSA (que hoy curiosamente ya esta en manos de capitales estadounidenses).
Si bien se espera que en la visita oficial de Milei a China prevista en 2025 se aborden estos temas, lo cierto es que el alineamiento geopolítico del gobierno Argentino para con los Estados Unidos hace extremadamente improbable cualquier participación de China en estos proyectos. Además, la colaboración con la empresa francesaFramatone para la producción de radioisótopos en centrales nucleares locales plantea preocupaciones sobre la transferencia de tecnología y el control extranjero sobre el sector nuclear argentino.
Conclusión: Un plan cargado de dudas y contradicciones
El Plan Nuclear Argentino anunciado por Milei tiene el potencial de transformar el sector energético del país y posicionarlo como un hub de IA. Sin embargo, la falta de claridad en su implementación, las críticas sobre la perdida de control por parte del Estado de empresas estratégicas, y las preocupaciones sobre la dependencia tecnológica y la pérdida de autonomía nacional, generan serias dudas sobre su viabilidad y beneficios para Argentina.
Los expertos insisten en la necesidad de una estrategia transparente y participativa que incluya a la industria nacional, garantizando que el desarrollo nuclear no se convierta en un proyecto extractivista y de subordinación geopolítica que beneficie principalmente a potencias extranjeras. Sin un enfoque equilibrado que priorice la soberanía tecnológica y la protección del patrimonio estratégico, el Plan Nuclear Libertario podría resultar en un caballo de troya de intereses extranjeros y un retroceso significativo para el sector nuclear argentino y el desarrollo nacional en general.
Luego de que explotara la interna libertaria tras la sesión del Senado donde se votó la expulsión de Edgardo Kueider, la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, aseguró que no está en “ningún armado político” y dijo que estará “donde el presidente Milei” se lo pida. ¿Alguien le creyó?
En ese sentido, enfatizó: “Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi”.
Las declaraciones de Villarruel responden al claro mensaje que le enviaron los libertarios que ya la tratan abiertamente de traidora. “Roma no paga traidores”, le dijo Milei. La vice se asustó y ahora quiere recular. ¿Podrá?
Un informe de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) destaca el creciente número de personas en situación de calle y señala a las políticas implementadas por el Gobierno.
La cadena alemana Deutsche Welle emitió un informe contundente titulado “Buenos Aires prohíbe dormir en la calle mientras se agrava la crisis de vivienda”, en el que denuncia la crítica situación de las personas en situación de calle en la capital argentina. El informe no solo expone el aumento de la pobreza en el país, sino que también señala directamente a la administración de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, por implementar políticas que algunos califican de punitivas y deshumanizantes frente a la problemática.
Un reflejo de la crisis económica argentina
Deutsche Welle destacó cómo el aumento de la pobreza, combinado con el encarecimiento de los alquileres, ha empujado a miles de personas a vivir en la vía pública. Según cifras del informe, en Buenos Aires hay actualmente 4.400 personas en situación de calle, un 10% más que el año pasado y 2,5 veces más que hace cinco años. No obstante otras fuentes pertenecientes a ONGs afirman que hay al menos 12.000 personas en tal situación.
El informe incluyó imágenes de desalojos realizados por las autoridades porteñas y testimonios desgarradores de personas afectadas. Una de las entrevistadas relató: “Te quitan las cosas, te pegan. No puedo estar en la calle, pero estoy porque no tengo un buen trabajo”. Otro testimonio señaló que los paradores ofrecidos por el gobierno son inseguros y sucios, lo que lleva a muchas personas a evitarlos, incluso a costa de quedarse en la calle.
Políticas cuestionadas y el enfoque punitivo
La política del gobierno de Jorge Macri establece que quienes no tienen vivienda deben trasladarse a centros de inclusión social o mudarse a otros municipios, una medida que, según el informe, ha sido percibida como un intento de deslindarse del problema social. Además, las autoridades han desalojado campamentos improvisados en varios puntos de la ciudad bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir”, frase que se convirtió en un polémico eslogan de la gestión.
En abril, Jorge Macri publicó imágenes en redes sociales mostrando el desalojo de personas en la explanada del Aeroparque Jorge Newbery, calificándolo como una “limpieza del espacio público”. Esta analogía con la basura recolectada generó un fuerte repudio, tanto en el ámbito local como internacional, al ser considerada insensible y despectiva hacia las personas afectadas por la pobreza extrema.
La respuesta del Gobierno porteño y la crisis de imagen de Jorge Macri
Consultado por el informe de Deutsche Welle, el gobierno porteño evitó emitir comentarios al respecto, mientras que continúa responsabilizando a la Provincia de Buenos Aires por el aumento de la población sin hogar, en un poco convincente intento por desligarse del problema.
La situación ha impactado negativamente en la imagen pública de Jorge Macri, quien según las últimas encuestas, figura entre los gobernadores con menor aprobación del país. Este contexto resalta la falta de políticas inclusivas y efectivas para abordar la creciente crisis habitacional y social en la Ciudad de Buenos Aires, en un momento en que la crisis económica nacional profundiza las desigualdades.
Esta situación es consecuencia de un vacío legal deliberadamente sostenido por el gobierno libertario, diseñado para beneficiar a grandes corporaciones en detrimento del Estado argentino.
La minera canadiense Barrick Gold, principal operadora de la mina Veladero en San Juan, lleva siete meses sin pagar retenciones por el oro que exporta al mercado internacional. Esta situación es consecuencia de un vacío legal deliberadamente sostenido por el gobierno libertario, diseñado para beneficiar a grandes corporaciones en detrimento del Estado argentino.
La falta de actualización de las alícuotas, reguladas por decreto, deja sin efecto los derechos de exportación que deberían aplicarse según la ley de minería vigente. Esta omisión favorece la evasión fiscal de empresas como Barrick Gold, que ya arrastra un historial de irregularidades tributarias y ambientales, incluyendo el envenenamiento de suelos con cianuro en su operación de Veladero.
El entramado político y legal detrás del beneficio a Barrick
La situación se agrava por la influencia de figuras clave como Sergio Arbeleche, asesor legal de Barrick Gold y habitual visitante del Ministerio de Economía. Arbeleche, quien redactó junto con su estudio jurídico el mega DNU y la Ley Bases, ha sido señalado como el principal responsable de bloquear la reglamentación de un nuevo decreto de regalías que permitiría al Estado recaudar por las exportaciones mineras.
Pese a no ocupar cargos oficiales, Arbeleche mantiene un vínculo estrecho con funcionarios del Palacio de Hacienda, incluyendo el viceministro de Energía y Minería, Daniel González. Según fuentes internas, este lobby ha generado tensiones en la Secretaría de Minería, cuyo titular, Luis Lucero, ha amenazado con renunciar ante la falta de respaldo y recursos para cumplir con sus funciones.
Un sistema diseñado para la evasión
La permisividad del gobierno se extiende más allá de la minería. Fuentes del sector aseguran que el actual sistema permite maniobras sistemáticas de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.“El control es prácticamente inexistente. Las empresas informan los movimientos mediante declaraciones juradas que no son verificadas, lo que facilita irregularidades constantes”, explicó un analista.
En este contexto, Barrick Gold aprovecha al máximo la falta de regulación y fiscalización. En enero del año pasado, la AFIP reabrió una causa contra la minera por presunta evasión fiscal, argumentando que simuló pasivos para reducir su carga tributaria. No obstante, las sanciones impuestas en el pasado, como la multa millonaria de 2020 por diferencias en derechos de exportación, no parecen haber frenado estas prácticas.
Impacto en el Estado y beneficios para las corporaciones
El diseño del marco impositivo y financiero impulsado por el gobierno libertario prioriza los intereses de las grandes empresas sobre el bienestar del Estado. Esto no solo afecta la capacidad del país para recaudar recursos esenciales, sino que también envía un mensaje claro: la extracción de riqueza por parte de corporaciones extranjeras se privilegia sobre el desarrollo sustentable y el respeto por las normas fiscales.
Con la extensión anunciada de la vida útil de la mina Veladero hasta 2031, y sin señales de una regulación efectiva, Barrick Gold continuará beneficiándose de este sistema, profundizando la dependencia de Argentina en un modelo extractivista sin control.
