El diputado Leopoldo Moreau presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad y los jefes de Gendarmería, Policía Federal y PSA por los controles y requisas ilegales realizados durante la movilización en apoyo a Cristina Kirchner.

Este lunes, el diputado nacional de Unión por la Patria Leopoldo Moreau anunció que presentará una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y los máximos responsables de las fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina (PSA) .

La denuncia está relacionada con los operativos de seguridad desplegados el pasado 18 de junio , cuando miles de militantes llegaron desde distintas provincias al Paseo del Bajo porteño para acompañar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse la confirmación de su prisión domiciliaria en la causa Vialidad .

Moreau denunció que se llevaron a cabo controles abusivos, requisas ilegales de identidad y detenciones arbitrarias sobre manifestantes que arribaban en micros desde el Interior del país. A través de su cuenta de X, el legislador calificó como “ilegales” los operativos realizados bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

“Yendo a Comodoro Py a presentar la denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y los jefes de la Gendarmería, Policía Federal y PSA por los operativos ilegales del 18 de junio”, escribió Moreau.

En ese contexto, Cristina Kirchner denunció persecución judicial y cuestionó las restricciones impues

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional aprobó un nuevo crédito por US$ 300 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Este lunes, el Gobierno nacional anunció una nueva operación de endeudamiento para inyectar dólares al Banco Central. Se trata de un préstamo por US$ 300 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) , formalizado mediante el decreto 421/2025 , publicado en el Boletín Oficial.

Según se detalla en el texto oficial, los fondos están destinados al “Programa de Apoyo a la Prestación Alimentar. Fase II” , cuyo objetivo general es “apoyar la ejecución de la Prestación Alimentar para contribuir a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social” .

Pese a la justificación social del programa, en la práctica este movimiento implica un ingreso de divisas frescas para las bajas reservas del Banco Central , que vienen bajo presión en los últimos meses.

La Prestación Alimentar forma parte del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”, que ya había ampliado el rango etario de beneficiarios, incluyendo ahora a jóvenes de hasta 17 años .

Por su parte, el Banco Central señaló que la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” , y que su incidencia será “acotada y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

Además, la Oficina Nacional de Crédito Público dio el visto bueno al préstamo, indicando que “el costo financiero del préstamo de referencia es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.

Ante el ajuste de Javier Milei a la Educación, reclaman la urgente sanción de la ley para garantizar el funcionamiento de las Universidades públicas.

Los docentes universitarios encabezarán una nueva Marcha Federal Universitaria y un paro por 48 horas, que irá desde el jueves hasta el viernes, como reclamo por un aumento salarial, incremento en las becas estudiantiles, mayor presupuesto para ciencia y tecnología y la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Los días 26 y 27 de junio se llevará adelante un nuevo paro nacional docente universitario de 48 horas, en reclamo de la urgente actualización salarial, ante la persistente falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, que continúa clausurando la discusión paritaria”, informó la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitario (CONADU).

En ese sentido, explicó que en la protesta también se exigirá que el Congreso trate la Ley de Financiamiento Universitario, que fue presentada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que agrupa a las federaciones docentes y no docentes; al Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a rectores y a la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa al estudiantado.

“Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, concluyó la CONADU en su comunicado.

Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2024

La última medida de fuerza tuvo lugar entre el 11 y 12 de junio, cuando se realizó un paro. En esa ocasión, explicaron que desde diciembre 2023 hasta abril del 2025, la inflación medida creció un 204,8%, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%.

Ley de Financiamiento Universitario

A través de un encuentro que nucleó a rectores, representantes de gremios docentes, dirigentes de centros de estudiantes universitarios y diputados de bloques opositores, el 28 de mayo se presentó el proyecto de ley para el financiamiento de universidades.

La actividad no fue en el marco de una comisión oficial, sino que fue una convocatoria de bloques opositores que respaldan la iniciativa: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y la Unión Cívica Radical.

El proyecto pide la reapertura de convocatoria a paritarias (que no ocurren desde octubre del 2024, dado que los aumentos se dan por decreto), la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento universitario y sus instituciones vinculadas (hospitales, laboratorios) y el sostenimiento de becas. Además, establece un fondo de 10 mil millones de pesos, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

El Presidente celebró la ofensiva militar impulsada por Donald Trump contra Irán y volvió a calificar al país persa como “enemigo de la Argentina”. En el contexto de una tensión creciente a nivel global, el Gobierno profundiza su alineamiento ideológico y geopolítico con Washington y Tel Aviv.

En medio de la creciente tensión internacional tras el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán, el presidente Javier Milei salió a respaldar abiertamente la ofensiva ordenada por la administración de Donald Trump. A través de sus redes sociales, el mandatario también reafirmó su alianza estratégica con Israel y calificó al régimen iraní como “enemigo de la Argentina”.

El respaldo de Milei se expresó en una serie de publicaciones compartidas durante la madrugada del domingo, entre ellas un mensaje del ministro de Defensa, Luis Petri, quien agradeció al Presidente “por estar del lado correcto de la historia” y justificó el ataque con el argumento de combatir el terrorismo.

“Garantizar la paz en el mundo es luchar, siempre y en todo lugar, contra el terrorismo y sus armas nucleares. Fuimos víctimas del terror de Irán y lo pagamos con sangre de inocentes”, sostuvo Petri, en referencia al atentado a la AMIA.

A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni, el empresario Marcos Galperín y la embajada de Israel en Buenos Aires replicaron y celebraron el respaldo argentino a la ofensiva estadounidense. “Hoy es un gran día para la civilización occidental”, escribió Galperín en X, en una frase que el propio Milei difundió desde su cuenta personal.

La posición del Presidente ratifica una orientación internacional sin matices ni diplomacia: la subordinación total al eje EE.UU.-Israel. “Soy aliado de Israel e Irán es enemigo de Argentina”, declaró Milei en una entrevista reciente en LN+, donde defendió el ataque “preventivo” de Tel Aviv y denunció una “demonización” del Estado israelí por parte de “la izquierda y los medios”.

Las declaraciones ocurren tras su reciente visita a Jerusalén, donde fue recibido por Benjamin Netanyahu, rezó en el Muro de los Lamentos, y anunció el traslado de la embajada argentina a esa ciudad, en una decisión que rompió décadas de neutralidad diplomática.

Con su respaldo explícito a una escalada bélica que amenaza con desestabilizar aún más Medio Oriente, Milei refuerza una agenda de política exterior centrada en afinidades ideológicas antes que en intereses estratégicos nacionales. Mientras los principales países de América Latina evitan pronunciamientos extremos y llaman a la cautela, Argentina opta por el aplauso a una ofensiva militar que, lejos de garantizar la paz, multiplica los riesgos de una guerra regional.

Mientras el Gobierno celebra una inflación mensual de “un dígito bajo”, los servicios públicos básicos aumentaron más de un 10% en junio. La factura energética ya se lleva más del 12% del sueldo promedio.

Lejos del discurso oficial que insiste en mostrar una economía “ordenada” y una inflación “controlada”, los servicios públicos esenciales experimentaron en junio un nuevo salto de dos dígitos que golpea directamente a los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos para un hogar tipo aumentó un 10,6% solo en el último mes. El relevamiento expone que el gasto mensual en electricidad, gas, agua y transporte llegó a $183.496, cuando en mayo era de $166.559.

El ajuste tarifario responde tanto a incrementos directos en los cuadros tarifarios como a la suba estacional del consumo de gas y electricidad. En junio, el gas natural aumentó 3,5% en su cargo fijo y 2,5% en el variable; el agua subió por actualización tarifaria y ajustes mensuales; y la electricidad hizo lo propio con un alza del 3,3% en el cargo fijo y 2,8% en el variable.

En transporte, mientras el Gobierno nacional se jacta de “haber frenado la maquinita”, los boletos de colectivos interjurisdiccionales aumentaron un 7% en junio. El promedio ponderado de transporte trepó 5,8% en el mes.

Pero la radiografía del ajuste se vuelve aún más brutal cuando se observa la evolución desde diciembre de 2023: mientras el IPC acumuló una suba del 150%, la canasta de servicios públicos creció 561%. El gas fue el más afectado, con un insólito 1482% de aumento, seguido por el transporte (729%), el agua (343%) y la electricidad (316%).

Los datos dejan en evidencia un fenómeno cada vez más evidente: la inflación real no está en el supermercado, sino en las boletas que llegan a fin de mes. Según el informe, en junio la canasta de servicios públicos representó el 12,7% del salario promedio registrado ($1.445.000), con el transporte como el rubro más pesado, explicando un 36% del gasto total.

A pesar de este panorama, el Estado sigue cubriendo un 46% del costo total de las tarifas mediante subsidios, aunque el acceso a estos beneficios es cada vez más desigual.

Mientras el Gobierno de Javier Milei proclama “equilibrio fiscal”, la realidad de los hogares argentinos —en especial en el conurbano— muestra que ese equilibrio se sostiene a costa de un tarifazo encubierto que no se ve en los números del INDEC, pero que se siente con fuerza en cada factura.

En su programa emitido este sábado, la conductora centenaria Mirtha Legrand se refirió a la marcha realizada en Plaza de Mayo en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aclaró: “La gente no la olvida”.

La gente no olvida a Cristina, la siguen bancando mucho, Bullrich -por la ministra de Seguridad- dijo que eran 45 mil en Plaza de Mayo pero eran muchísimas más”, afirmó. Se cree que más de 500 mil personas marcharon en respaldo a la ex presidenta, quien se encuentra detenida en una causa judicial absolutamente irregular. La justicia no quiere que sea candidata en las próximas elecciones, porque podía ganarle a Milei.

Ante un sorpendido José Espert, Legrand continuó: “¿Qué pensó Bullrich, dijo que había 42.000, 45.000? Había muchísima más gente, mucha, mucha gente”.

En el estudio realizado entre el 7 y el 9 de junio, sólo un 19,9 % de los consultados admitió tener ahorros en dólares. De ese grupo, apenas el 12,2 % se mostró dispuesto a blanquear sus fondos bajo el nuevo régimen presentado por el gobierno, a pesar de que esa medida ocupa un lugar central en la agenda económica para el segundo semestre. La gente no le cree a Javier Milei y no está dispuesta a arriesgar su patrimonio personal.

Según la consultora Córdoba, el 55 % de los ahorristas afirmó que “de ninguna manera va a gastar sus ahorros sólo porque se lo pide el gobierno”, y el 57,8 % coincidió con la frase “lo último que se me ocurre es gastar los dólares porque Milei y su gobierno me lo piden” .

Al mismo tiempo, el sondeo indagó con un guiño político: el 45,4 % apoyó la premisa “cuando los ministros de Milei traigan sus dólares del exterior, voy a gastar los míos”.

La polémica se desató tras la publicación del decreto 383/2025, que amplía por decreto las facultades de la Policía Federal y le otorga atribuciones para realizar ciberpatrullajes, requisas y tareas de inteligencia criminal sin orden judicial.

Diputados de distintos bloques opositores redoblaron la presión sobre el Congreso Nacional para que intervenga con urgencia ante lo que definen como un nuevo capítulo de la deriva autoritaria del gobierno de Javier Milei, en tándem con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La polémica se desató tras la publicación del decreto 383/2025, que amplía por decreto las facultades de la Policía Federal y le otorga atribuciones para realizar ciberpatrullajes, requisas y tareas de inteligencia criminal sin orden judicial.

El proyecto para anular el decreto fue impulsado por legisladores de Unión por la Patria (UxP), quienes alertan sobre el grave retroceso institucional que implica esta medida, incompatible —según afirman— con los principios del Estado de derecho. “Este decreto otorga facultades a la Policía propias de un gobierno dictatorial y no de uno democrático”, advirtió la diputada Mónica Macha, quien denunció que la norma permite requisas sin orden judicial ni sospecha de delito, configurando “una carta de impunidad muy fuerte”.

Macha vinculó el contenido y el momento de la publicación del decreto con la movilización en apoyo a Cristina Kirchner tras el fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad. “Es coherente en la lógica del Gobierno que esto se publique el mismo día de la manifestación en Plaza de Mayo”, afirmó, y recordó que varios manifestantes fueron demorados por la Policía Federal. “Estas prácticas nos remiten a los peores recuerdos de la dictadura”, advirtió.

La diputada también destacó que el rechazo al decreto no se limita a su bloque: “Este atropello generó ruido en varios espacios parlamentarios, lo que abre la posibilidad de articular una respuesta legislativa más amplia”. Para Macha, se trata de “otro ataque a la democracia en un contexto de creciente debilitamiento institucional”.

Desde otros sectores, también se alzaron voces críticas. El diputado Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, confirmó que su espacio presentó un proyecto de derogación y alertó: “Está en juego la vigencia del sistema democrático”. Carbajal aseguró que el Gobierno está avanzando hacia la construcción de un “Estado policial” y señaló que el decreto contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.

Además de impulsar la vía legislativa, el bloque de Carbajal también elevó un reclamo a instancias internacionales, dada la preocupación que genera el impacto del decreto en el sistema de garantías constitucionales.

Qué establece el decreto 383/2025

La norma firmada por Milei, Francos y Bullrich reformula las funciones de la Policía Federal, redefiniéndola como una fuerza de prevención e inteligencia criminal orientada a delitos federales y complejos. Entre otros puntos polémicos, permite el ciberpatrullaje en redes sociales sin autorización judicial, autoriza requisas personales y vehiculares sin orden judicial, y formaliza tareas de inteligencia en el marco de políticas del Ministerio de Seguridad. También propone cambios en el sistema de formación de agentes, incorporando perfiles universitarios y adoptando “estándares del FBI”, según detalla el texto oficial.

Frente a este escenario, la oposición busca acelerar el tratamiento del proyecto de nulidad, con el objetivo de contener lo que consideran un avance autoritario sin precedentes desde el retorno de la democracia. “Podemos tener diferencias en muchos temas, pero coincidimos en defender la democracia”, concluyó Macha, confiada en que el Congreso podrá revertir la medida.

Fue presentado en el Vaticano el “Informe Jubilar: un programa para abordar las crisis de la deuda y el desarrollo”, elaborado a pedido del pontífice con el objetivo de enfrentar el endeudamiento estructural que ahoga a los países más vulnerables.

Aunque falleció en abril de 2025, el Papa Francisco dejó como uno de sus últimos legados un llamado firme y urgente a transformar el sistema financiero global. Este lunes fue presentado en el Vaticano el “Informe Jubilar: un programa para abordar las crisis de la deuda y el desarrollo”, elaborado a pedido del pontífice con el objetivo de enfrentar el endeudamiento estructural que ahoga a los países más vulnerables.

El informe, redactado por la Comisión del Jubileo, convocada por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia, reúne el trabajo de más de 30 economistas y académicos de renombre internacional, bajo la dirección de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Martín Guzmán, exministro argentino. El documento traza un camino para una reestructuración profunda de la arquitectura financiera internacional, y cuestiona el rol de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la perpetuación de modelos de deuda insostenibles.

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, transmitió un mensaje de respaldo “en nombre del Pontífice”, reafirmando el pedido de Francisco de reducir —e incluso cancelar— la deuda de los países que nunca podrían pagarla. “Es una cuestión de justicia, no solo de magnanimidad”, remarcó.

Informe Jubilar sobre la deuda: replantearse la arquitectura financiera – Vatican News https://t.co/ciQCIHz5PF

— Vatican News (@vaticannews_es) June 20, 2025

El informe denuncia que más de 3.300 millones de personas viven en países donde el pago de la deuda supera la inversión en salud, y 2.100 millones donde es mayor que el gasto en educación. En 2023, los países en desarrollo destinaron 1,4 billones de dólares solo al servicio de la deuda. Además de proponer mecanismos concretos de alivio y reestructuración, el informe pide normas éticas para guiar el diálogo entre acreedores y deudores.

“El sistema financiero debe estar al servicio de las personas y de la Creación”, recordó el cardenal Peter Turkson, mientras que sor Helen Alford, presidenta de la PASS, subrayó la necesidad de combatir también la “deuda ecológica” entre el Norte y el Sur global.

Stiglitz señaló que el informe combina “valores morales con propuestas técnicas viables”, y será presentado en foros clave como la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (junio, Sevilla), la Asamblea General de la ONU y la cumbre del G20 en Johannesburgo.

“Es hora de actuar con responsabilidad”, concluyó Guzmán. El llamado del Papa Francisco —ahora convertido en hoja de ruta— busca construir una economía centrada en el bien común y en la dignidad de los más excluidos.

Es uno de los corredores industriales más importantes del país junto con Gran Buenos Aires. Ambas zonas registraron un dramático aumento de la desocupación en comparación con el año pasado, la cifra más preocupante desde que asumió Milei.

La desocupación en el Gran Córdoba alcanzó un preocupante 9,2% durante el primer trimestre de 2025, ubicando a esta región como una de las más afectadas del país. Se trata de un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, y representa la cifra más alta desde que Javier Milei asumió la presidencia, según datos oficiales del INDEC.

El dato no es menor: el Gran Córdoba, junto al Gran Buenos Aires —que registró una tasa similar del 9,1%—, conforma uno de los principales corredores industriales del país. La suba del desempleo en estas zonas industriales emblemáticas no solo enciende alarmas, sino que refleja con crudeza los efectos sociales del rumbo económico actual.

A nivel nacional, el desempleo alcanzó el 7,9%, con una pérdida estimada de 350.000 puestos de trabajo solo en los primeros tres meses del año. En Córdoba, el impacto se tradujo en 11.000 empleos menos, marcando un deterioro directo del mercado laboral.

Precarización en aumento

Más allá del crecimiento de la desocupación, otro fenómeno inquietante es el avance de la precarización: el empleo por cuenta propia creció en casi 250.000 personas respecto al año pasado, mientras que también aumentaron los asalariados no registrados. De esta manera, aunque la tasa general de desempleo se mantenga dentro de ciertos márgenes, la calidad del trabajo se ha deteriorado drásticamente.

“Lo relevante no es solo la suba del desempleo, sino el cambio en la composición del empleo. Hoy hay más cuentapropismo y empleo informal. Eso implica más precariedad”, explicó Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

El último informe del INDEC sobre el mercado de trabajo deja al descubierto un panorama de creciente incertidumbre laboral y debilidad estructural. Las cifras revelan que, lejos de consolidarse una recuperación, se profundiza la crisis de empleo en regiones clave del país. El modelo económico libertario muestra así sus consecuencias más palpables: pérdida de empleo de calidad, crecimiento del trabajo informal y un horizonte incierto para miles de familias.