Según detalla la denuncia, Bausili declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial que pasó de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, lo que representa un aumento superior al 880%.

Una grave denuncia por presunto enriquecimiento ilícito sacude al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, tras conocerse que su patrimonio creció un 880% en apenas un año. La presentación judicial, radicada este lunes en los tribunales de Comodoro Py, expone cifras que ya encendieron las alarmas en el ámbito político y económico.

La denuncia fue presentada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, miembro de la Asociación Civil en formación “Arco Social”, quien apunta contra Bausili por inconsistencias en sus declaraciones juradas y vínculos directos con sectores del poder económico. Según el documento, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, una cifra que, a todas luces, desborda los ingresos legales de cualquier funcionario público.

“El incremento no guarda proporción con los ingresos habituales ni está debidamente respaldado por antecedentes patrimoniales u operaciones comerciales conocidas”, sostiene la denuncia, a la que tuvo acceso la periodista Vanesa Petrillo (C5N). Este crecimiento súbito y descomunal despierta sospechas no sólo por su magnitud, sino también por el contexto: Bausili mantiene lazos históricos con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartió años de negocios en el sector financiero.

Otro dato que refuerza el escándalo: en su declaración de 2024 figuran acciones por más de $400 millones en Pampa Holding SA, una empresa estrechamente vinculada al poder económico concentrado y con nexos con el propio Caputo.

El denunciante pidió una pericia contable integral para analizar la evolución patrimonial del titular del BCRA en los últimos cinco años, con el objetivo de contrastar sus activos declarados con los ingresos lícitos que percibió y determinar la legalidad de ese incremento extraordinario.

La explosiva denuncia ya genera repercusiones en el escenario político y podría abrir una nueva etapa de tensión institucional, en momentos en que se discute la transparencia y el rol de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos.

El gobierno bonaerense explicó que los fondos adeudados se dividen en tres grupos: deudas directas con la provincia, saldos de obras públicas abandonadas y discontinuidad o retrasos en los programas nacionales. 

El Estado bonaerense reclamará ante la Corte Suprema de Justicia la deuda de 12,1 billones de pesos que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires. Se trata de fondos adeudados por la Casa Rosada por la discontinuidad de programas, saldos de obras públicas y en materia previsional.

La noticia fue confirmada por el gobernador Axel Kicillof, quien sostuvo que esas obligaciones incumplidas por parte de la administración de Javier Milei son parte de “la asfixia económica” a la que el Gobierno nacional somete a las provincias.

El planteo ante el máximo tribunal será formalizado mañana a través de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, en nombre del Estado a cargo de Kicillof. A la vez, están en consonancia con presentaciones similares que hicieron otras provincias.

“Se le va a pedir a la Corte Suprema que se expida sobre su competencia para entender en la causa y que fije una audiencia de partes, tal como hizo con las provincias de Córdoba y Santa Fe”, explicó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

La deuda que se reclamará está dividida en tres grupos: deudas directas con la provincia, saldos de obras públicas abandonadas y discontinuidad o retrasos en los programas nacionales. La sumatoria de esos fondos que el gobierno nacional le niega al Estado provncial es de 12,1 billones de pesos.

Asimismo, Bianco señaló que también se reclamarán en el mismo marco “los fondos previsionales que son 1,6 billones de pesos”. Kicillof explicó que esta no es una deuda con un gobierno” sino “con el bienestar del pueblo de la provincia” de Buenos Aires.

El dinero que Milei les está quitando a las y los bonaerenses ya suma 12,1 billones de pesos entre deuda directa, saldos de obras públicas comprometidas por el Gobierno Nacional en la provincia y la deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales.

A pesar… pic.twitter.com/3OharkFdcA

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 4, 2025

A través de un informe público, Bianco indicó que la Casa Rosada mantiene una deuda directa de 3 billones de pesos por transferencias de Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), así como también por falta de convenios de asistencia directa, compensaciones fiscales y fondos para educación y la salud: se adeudan fondos para hospitales, programas de salud sexual y reproductiva, y maternidad, entre otras especialidades.

Respecto del reclamo producto de la deuda por saldos de obras públicas comprometidas por Nación con la provincia, el gobernador denunció que hay un objetivo político de parte de Milei: “Quebrar a las provincias”.

Por culpa de esto, en la provincia “se paralizaron 1000 obras en los 135 municipios”, indicó Kicillof y precisó que muchas de ellas “son escuelas sin terminar, hospitales sin refaccionar y rutas abandonadas, que son cada vez más peligrosas”.

“Casi dos años de gobierno y Milei insiste en abandonar la inversión”, apuntó el mandatario provincial y sostuvo que a través del Ministerio de Obras Públicas se impulsaron tareas “en más de 250 barrios en 67 municipios”. “Viviendas, pavimento, cloacas, centros de desarrollo infantil, espacios comunitarios y otras intervenciones para garantizar un hábitat digno a más de 500 mil bonaerenses”, detalló.

En tanto, en materia de la discontinuidad o retrasos en programas financiados por Nación, el monto de la deuda que el gobierno nacional mantiene asciende a los 2,2 millones de pesos.

Según la información oficial, algunos de los fondos que dejaron de financiarse son los de Fortalecimiento Fiscal, Financiamiento Docente (Fonid), de Compensación del Transporte Público y el Programa Acompañar.

También la asistencia alimentaria a comedores, los programas Remediar, Clubes a la Obra, Potenciar Trabajo y la provisión de medicamentos post-trasplante, entre algunos.

Las políticas de ajuste del gobierno de ese país, coordinadas con el FMI, de incrementar un 33% el precio del diésel, como parte de una estrategia para reducir la presión de los subsidios sobre las finanzas públicas, derivaron en un violento estallido social.

Las trágicas consecuencias de las políticas de ajuste promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelven a golpear a África. En Angola, al menos 22 personas murieron y más de 1.200 fueron detenidas en solo tres días de protestas contra el aumento del precio del combustible. La medida fue adoptada por el gobierno angoleño como parte de un plan de reformas exigido por el FMI, orientado a reducir los subsidios estatales y “corregir” los desequilibrios fiscales del país.

El incremento del 33% en el precio del diésel, implementado con el aval del organismo financiero internacional, desató una grave crisis social. El sector del transporte, directamente afectado por la medida, fue el primero en reaccionar: la Asociación Nacional de Taxistas de Angola (ANATA) inició una huelga que rápidamente ganó apoyo popular. El aumento de las tarifas de los taxis tipo candongueiros duplicó los costos de traslado, disparando los precios de alimentos y bienes básicos, y afectando aún más el ya precario poder adquisitivo de la población.

Lo que comenzó como una protesta pacífica se transformó en una ola de disturbios tras la represión policial. La respuesta del gobierno fue violenta y masiva: además de los muertos y detenidos, se registraron al menos 197 heridos, mientras las movilizaciones se extendían desde Luanda a otras seis provincias. En un comunicado oficial, la administración de João Lourenço intentó justificar la represión acusando a los manifestantes de intentar desestabilizar el país.

Pero lo cierto es que la situación económica de Angola es crítica. Aunque el país es el tercer productor de petróleo de África y este recurso representa cerca del 90% de sus ingresos externos, la riqueza está concentrada en manos de elites político-empresariales. Más del 40% de la población vive en la pobreza, el desempleo supera el 30%, y el salario mínimo —de apenas 75 dólares mensuales— no alcanza para cubrir los costos básicos en las principales ciudades.

La supervisión del FMI en Angola ha implicado un paquete de reformas neoliberales que, como en tantas otras naciones del Sur Global, han significado recortes a subsidios esenciales, aumento de precios, privatizaciones y desprotección social. En este caso, las medidas pactadas entre el gobierno y el Fondo han intensificado la inflación, el desempleo juvenil (que supera el 50%) y el descontento generalizado.

Lejos de resolver los problemas estructurales de Angola, la intervención del FMI ha profundizado las desigualdades, generado violencia y socavado aún más la ya frágil estabilidad del país. Lo ocurrido es una nueva advertencia sobre los costos humanos de las políticas de austeridad impuestas desde fuera, sin considerar las realidades sociales de quienes más las sufren.

El Presidente rechazó por decreto las leyes que preveían mejoras en haberes previsionales y ayudas por discapacidad. El Gobierno ratificó su prioridad fiscal y mantendrá los valores definidos antes de la votación en el Congreso.

El presidente Javier Milei vetó este lunes dos leyes clave impulsadas por la oposición: una que establecía un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, y otra que declaraba la emergencia nacional en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso el pasado 10 de julio.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de que las iniciativas “afectan el equilibrio fiscal” y representan “una amenaza directa al superávit” que el Ejecutivo considera pilar central de su programa económico.

Tras el veto, los haberes jubilatorios recibirán en agosto únicamente el aumento del 1,6% anunciado previamente por el Gobierno, en base a la inflación informada por el INDEC. De este modo, la jubilación mínima será de $314.243,51, mientras que el haber máximo se mantendrá en $2.114.561,35.

También continuará vigente el bono mensual de $70.000 para jubilados que perciben la mínima. Aquellos que superen ese monto, pero no lleguen a $384.243,50, recibirán un refuerzo proporcional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $321.394,80 con el bono incluido, y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzarán los $289.970,45.

En cuanto al proyecto vetado sobre discapacidad, incluía la creación de una pensión no contributiva específica, mayores transferencias a prestadores y la declaración de emergencia hasta 2026. La medida fue rechazada también por razones fiscales.

Desde el Gobierno nacional sostienen que las leyes aprobadas por el Congreso constituían un “intento de desestabilización institucional”. En paralelo, distintas organizaciones de jubilados y personas con discapacidad anticiparon movilizaciones para exigir que se revierta el veto.

Con una suba del dólar que supera el 13% en julio, grandes compañías ajustaron precios entre un 3% y un 9% en productos de consumo masivo. Comerciantes y supermercados recibieron nuevas listas con incrementos generalizados.

La reciente escalada del tipo de cambio ya muestra impacto directo en los precios al consumidor. En los últimos días, empresas líderes del sector alimenticio, de higiene y limpieza enviaron nuevas listas de precios con aumentos que van del 3% al 9%, en respuesta a la suba del dólar libre, que en julio acumuló un alza superior al 13%.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) confirmó que los nuevos valores fueron comunicados a cadenas de supermercados y comercios minoristas. Entre los principales ajustes, Arcor aplicó subas de entre el 3% y el 5%, Mondelez entre el 7% y el 9%, y Unilever estableció un incremento promedio del 8%.

También se sumaron aumentos del 7% en productos de Softys (Elite, Babysec, Ladysoft) y del 4% al 5% en alimentos de marcas como La Serenísima (Mastellone) y Danone. Las aceiteras General Deheza y Cañuelas, por su parte, remarcaron un 5%.

A esto se agregan subas del 7% en artículos de limpieza de SC Johnson y un incremento en el precio de los cigarrillos en los comercios de barrio, que ronda el 8%. Panificados, galletitas y harinas también comenzaron a moverse al alza.

Desde el sector supermercadista anticiparon que buscarán negociar con los proveedores para moderar los aumentos y acercarlos al 5%, aunque admiten que el escenario cambiario complica cualquier intento de contención.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, había advertido públicamente contra las remarcaciones, asegurando que los consumidores no convalidarían los nuevos precios. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio y la falta de señales claras en la política monetaria están acelerando la dinámica inflacionaria.

En un nuevo episodio de la disputa interna, Mauricio Macri marcó su postura priorizando el apoyo a La Libertad Avanza, pese a sus diferencias.

Mauricio Macri afirmó que, aunque el PRO no comparta la ideología de La Libertad Avanza (LLA), su prioridad es “ayudarlos a gobernar” y buscar una posición dominante en la coalición. En declaraciones recientes, el expresidente enfatizó la necesidad de fortalecer la alianza para mantener poder en el gobierno, una estrategia que fue cubierta por Ámbito Financiero y otros medios.

Macri sostuvo que la fuerza del PRO reside en tener influencia en la toma de decisiones, incluso si eso implica convivir con posturas extremas de la derecha libertaria representada por Javier Milei y sus aliados. Este posicionamiento evidencia una clara intención de pactar con sectores que históricamente han sido cuestionados por su impacto social y económico.

📣 En diálogo con Radio Mitre, Mauricio Macri habló sobre el posible acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas.

🗣 “El riesgo país muestra la negativa del gobierno a dejarse ayudar”, aseguró el expresidente.

📹 @rodrigojorgeok pic.twitter.com/FOd3DqAXis

— Radio Mitre (@radiomitre) August 4, 2025

Especialistas políticos y analistas consultados advierten que esta postura puede generar tensiones internas y alejar a votantes moderados, al tiempo que legitima a un espacio político con discursos de ajuste y recorte de derechos. Desde sectores opositores señalan que Macri prioriza su rearmado político por encima de los intereses populares, consolidando una alianza que pone en riesgo conquistas sociales.

Este llamado a la unidad con La Libertad Avanza se da en medio de una fuerte disputa por el control del PRO y las decisiones estratégicas de cara a las próximas elecciones nacionales, donde la derecha busca ampliar su base con discursos que afectan a los sectores más vulnerables.

El jefe de Gobierno porteño instruyó a la Policía y al Ministerio de Seguridad para actuar contra quienes remuevan residuos de los contenedores y ensucien el espacio público, aplicando el artículo 94 del Código Contravencional.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ordenó aplicar sanciones a las personas que remuevan residuos de los contenedores de basura. La medida fue comunicada por el propio funcionario a través de sus redes sociales, donde detalló que la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad están instruidos para intervenir ante estas situaciones.

“Si detectan que alguien rompe o desparrama basura, deben pedirle que lo limpie; si se niega, que lo sancionen según la normativa vigente”, afirmó Macri. La decisión se enmarca en la supuesta intención de “mantener la limpieza del espacio público”, pero generó repudio inmediato en redes sociales y sectores sociales, por apuntar directamente contra personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato.
Si se niegan, que los sancionen según… pic.twitter.com/437CgfmYWv

— Jorge Macri (@jorgemacri) August 4, 2025

El instrumento legal citado por el Gobierno porteño es el artículo 94 del Código Contravencional, que establece sanciones de entre uno y quince días de trabajos comunitarios, o multas que van de 81 a 1.217 unidades fijas. Las penas se agravan si el hecho ocurre en espacios sensibles como hospitales, escuelas, monumentos o subtes.

La decisión llega en un contexto de crisis social creciente, donde cada vez más personas recurren a los contenedores para buscar alimentos o materiales reciclables. Mientras desde el Ejecutivo porteño se insiste en el discurso de “orden y limpieza”, la respuesta institucional frente al hambre y la exclusión vuelve a ser la persecución punitiva.

El BCRA reglamentó el Fondo de Cese Laboral, un nuevo mecanismo que reemplaza la indemnización por despido si lo establece el convenio colectivo.

El Banco Central de la República Argentina formalizó la reglamentación del Fondo de Cese Laboral, un esquema incluido en la Ley Bases y su decreto reglamentario, que habilita a reemplazar las indemnizaciones por despido tradicionales por un sistema de aportes mensuales anticipados a cuentas específicas. El nuevo modelo se podrá aplicar solo si está previsto en el convenio colectivo correspondiente.

El sistema consiste en cuentas especiales donde los empleadores depositarán un porcentaje del salario mensual, que luego será entregado al trabajador cuando finalice la relación laboral. Las cuentas pueden ser administradas por bancos, fideicomisos o fondos comunes de inversión, y están sujetas a supervisión del BCRA. También podrán tener aportes voluntarios del trabajador si lo permite el convenio.

El aporte patronal tendrá un tope del 8%, aunque en algunos sectores como la construcción podrá llegar al 12%, especialmente durante el primer año de implementación. Los fondos serán inembargables y tendrán el mismo tratamiento fiscal que una indemnización tradicional. Los trabajadores podrán consultar movimientos y saldos desde home banking o aplicaciones móviles.

La medida ya generó fuertes críticas de abogados laboralistas y especialistas en derecho del trabajo, como Matías Cremonte y Luis Enrique Ramírez, quienes advierten que este sistema debilita los derechos laborales. En declaraciones a El Destape y Tiempo Argentino, Cremonte alertó que “la indemnización por despido es un derecho constitucional, y reemplazarla por un fondo administrado por entidades privadas representa un retroceso gravísimo”. Por su parte, Ramírez señaló que “con este mecanismo se traslada al propio trabajador el costo del despido y se desnaturaliza el principio protector del derecho laboral”.

Además, especialistas como Luis Roa, citado por iProfesional, advirtieron sobre la pérdida de poder adquisitivo por inflación, el carácter especulativo de los instrumentos financieros involucrados, y la posibilidad de que “los fondos no estén disponibles cuando más se necesitan”. Aunque el régimen es formalmente optativo, existe temor a que se generalice por presión empresarial o flexibilización de convenios.

“Por favor, presidente Milei, transfiera la finalización de esta obra en Autopista RN19 y mantenga las rutas. Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti en una carta abierta dirigida al jefe del Estado difundida hoy.

Luego de un devastador accidente en la Ruta Nacional 19, en el que murieron cuatro personas —entre ellas tres menores—, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, lanzó un desesperado reclamo al presidente Javier Milei, exigiendo la reactivación de las obras paralizadas en esa carretera nacional.

A través de una carta pública, Benedetti apuntó directamente al Gobierno nacional:
“¿Hasta cuándo vamos a tener que ver morir a nuestros vecinos por consecuencia de las obras que no se terminan y del egoísmo político de algunos funcionarios?”, escribió con indignación, denunciando el abandono del tramo que une Córdoba con Santa Fe.

El jefe comunal describió como “deplorable” el estado de un tramo de 63 kilómetros de la Ruta Nacional 19, paralizado desde que el Gobierno libertario suspendió toda obra pública. Por esa ruta transitan 15 mil vehículos diarios y, según Benedetti, los accidentes no dejan de aumentar. Solo en los últimos meses, el hospital municipal tuvo que atender a 63 personas heridas en choques ocurridos en los sectores inconclusos.
“El promedio es un accidente cada tres días”, alertó el intendente, y recordó que entre enero y julio ya se registraron cinco muertes.

El último siniestro, ocurrido en la madrugada del domingo entre El Tío y El Fuertecito, fue el detonante de su reclamo: un Volkswagen Bora embistió a un Fiat 147 donde viajaban seis personas. Cuatro de ellas murieron —tres eran niños— y otras dos resultaron gravemente heridas.
“Es muy doloroso despertarnos con noticias como las de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pasar por esto? Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti conmovido.

El intendente radical, que días atrás ya había criticado abiertamente el ajuste libertario en una reunión con otros jefes comunales, volvió a poner sobre la mesa las consecuencias del recorte nacional.
“Votaron a Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo”, había dicho en ese encuentro, reflejando la tensión de gobernar en municipios donde el apoyo a Milei fue contundente —en Arroyito, por ejemplo, La Libertad Avanza obtuvo el 75% en el balotaje.

La situación no es aislada. Otros intendentes cordobeses también comenzaron a colocar carteles denunciando el abandono de las rutas nacionales, y la misma estrategia fue adoptada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. A nivel nacional, los gobernadores comenzaron a presionar para modificar el reparto de fondos federales, con el cordobés Martín Llaryora participando activamente en alianzas regionales con sus pares de Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Mientras el país discute el rol del Estado en la infraestructura vial, el drama se cobra nuevas víctimas. El conductor del Bora, un joven de 19 años, fue detenido por la Justicia. Pero para Benedetti y su comunidad, la verdadera responsabilidad recae en un Estado ausente que, por decisión política, condena a miles de argentinos a transitar rutas que matan.

Compañías líderes del sector alimenticio, bebidas, limpieza y artículos de tocador comenzaron a notificar a supermercados y comercios minoristas una nueva lista de precios con aumentos que oscilan entre el 3% y el 9%.

La reciente escalada del dólar en Argentina ya comenzó a impactar directamente en los precios de productos esenciales. Las principales empresas alimenticias del país decidieron aplicar aumentos de hasta el 9% en sus listas, medida que comenzará a sentirse en góndolas desde este martes. La suba del tipo de cambio —que en julio acumuló más del 13% y marcó nuevos récords— desencadenó una ola de actualizaciones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal.

El traslado a precios no se hizo esperar: compañías líderes del sector como Arcor, Mondelez y Unilever ya notificaron a supermercados y comercios minoristas los nuevos valores. En promedio, los incrementos van del 3% al 9%, dependiendo de la marca y el rubro. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que agrupa a los principales fabricantes del sector, oficializó los ajustes a través de nuevas listas enviadas a las grandes cadenas.

Subas diferenciadas según empresa y producto

Entre los aumentos más altos se encuentran los aplicados por Mondelez —que comercializa marcas como Milka y Oreo— con subas de entre el 7% y el 9%. Le siguen Unilever, con un incremento promedio del 8% en productos de limpieza y cuidado personal, y Softys, que trasladará un 7% en papel higiénico, pañales y toallas femeninas.

En el sector alimenticio, Arcor ajustará entre un 3% y un 5%, mientras que Mastellone (La Serenísima) lo hará en un 4% y Danone en 3,5%. Aceitera General Deheza y Cañuelas aplicarán subas del orden del 5%, y SC Johnson, dedicada a productos de limpieza del hogar, anunció aumentos del 7%.

Impacto directo en comercios de cercanía

Los comercios barriales también comenzaron a actualizar precios, con incrementos que ya alcanzan hasta el 8% en productos como cigarrillos, harinas, panificados y galletitas. Desde el sector supermercadista aseguran estar negociando con los proveedores para moderar los ajustes. “Se busca que los aumentos se acerquen al 5% y no al 10%”, reveló una fuente del sector.

En este contexto, una de las principales empresas alimenticias ya presentó listas con aumentos que van del 4% al 8%, confirmando que la tendencia alcista comienza a consolidarse en todos los canales de venta.