El gobierno bonaerense salió con dureza a cuestionar al jefe de gabinete Manuel Adorni, luego de que el funcionario libertario celebrara como un “hito” la habilitación para que clínicas y hospitales puedan importar equipamiento médico usado.

Desde la Provincia advirtieron que la medida no sólo implica un retroceso, sino que refleja la falta de inversiones reales en el sistema sanitario argentino.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en responder públicamente y acusó al Ejecutivo nacional de abandonar la salud pública en lugar de fortalecerla con recursos genuinos. A través de un mensaje en su cuenta de X, ironizó sobre las prioridades del Gobierno:

“¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales?”, escribió, para luego rematar: “No, algo mucho mejor: se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”.

Kreplak alertó que permitir el ingreso de equipamiento usado sin regulaciones estrictas puede poner en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores, además de profundizar el deterioro del sistema sanitario.

La crítica llegó después de que Adorni anunciara la medida como un avance. “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento usado”, publicó el vocero, defendiendo la iniciativa al afirmar que reducirá “costos y burocracia” y mejorará la calidad del servicio.

Sin embargo, desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que el anuncio expone el rumbo del Gobierno nacional: reemplazar políticas de inversión y fortalecimiento del sistema de salud por medidas que habilitan la llegada de descartes médicos del exterior. El cruce volvió a marcar la tensión creciente entre Nación y Provincia en torno al futuro de la política sanitaria.

Por Santiago Masetti

El ex presidente de Honduras y actual titular de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos difundió un documento dirigido a intelectuales y académicos en el que propone debatir los límites del progresismo, la disputa cultural en las redes sociales y la construcción de un orden multipolar.

En un texto de tono programático y apelación directa a la comunidad intelectual internacional, Manuel Zelaya lanzó una convocatoria a lo que define como una “ofensiva teórica” frente a la nueva etapa del sistema global. El ex mandatario hondureño, hoy presidente de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, plantea que el mundo atraviesa “una encrucijada histórica” marcada por una mutación profunda del imperialismo, al que describe en su fase “más agresiva”.

Lejos de los comunicados coyunturales, el documento adopta un registro estratégico. Zelaya sostiene que las potencias tradicionales, ante una hegemonía en declive, apelan a “nuevas arquitecturas financieras, tecnológicas y militares” para sostener su influencia. En ese marco, convoca a intelectuales, académicos y analistas a elaborar un trabajo colectivo que aborde cinco ejes centrales.

El primero apunta a lo que denomina la “fase superior de la agresión imperialista”, con foco en las guerras híbridas, el lawfare y el asedio económico como mecanismos contemporáneos de disciplinamiento político. El segundo propone revisar “los límites del progresismo”, en una autocrítica sobre los alcances y techos de las reformas institucionales impulsadas en América Latina y otras regiones durante las últimas dos décadas.

El tercer eje se inscribe en el debate geopolítico: la construcción de un nuevo orden multipolar y el papel de las potencias emergentes en un equilibrio global que, según el texto, respete la soberanía de los pueblos. A la par, plantea discutir alternativas al capitalismo que superen el modelo extractivista y coloquen “la vida” en el centro de la organización social y económica.

Finalmente, Zelaya introduce la dimensión cultural y tecnológica. Advierte que la disputa por las “conciencias colectivas” se libra en el terreno de los algoritmos y la posverdad, y subraya la necesidad de comprender cómo operan las redes sociales en la configuración de sentidos comunes.

“La necesidad de coordinar las luchas de los pueblos y los gobiernos es imperativa. No basta con resistir; debemos proponer”, afirma en uno de los pasajes centrales. Allí radica el núcleo político de la convocatoria: articular pensamiento y acción en una izquierda que, a su juicio, debe escapar de “visiones panfletarias” y construir propuestas innovadoras capaces de movilizar mayorías.

El llamado de Zelaya se inscribe en una etapa de reconfiguración del mapa político latinoamericano, atravesado por avances y retrocesos de fuerzas progresistas, tensiones económicas y un escenario internacional signado por la competencia entre Estados Unidos, China y otras potencias. Su apuesta es que la reflexión estratégica no quede rezagada frente a la dinámica de los acontecimientos.

Más que un manifiesto cerrado, el documento funciona como disparador. Propone abrir un debate sobre la forma que debería asumir una “Izquierda Socialista” en el siglo XXI y convoca a alimentar, en sus palabras, “este fuego colectivo”. En tiempos de discursos fragmentados y urgencias permanentes, la iniciativa busca reinstalar la discusión de fondo: qué proyecto histórico puede ofrecer hoy el campo popular en un mundo en transición.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó su renuncia tras años al frente del organismo, en medio de tensiones por el manejo de estadísticas oficiales y la continuidad de una crisis institucional que ya había llevado a otras salidas de cargos clave en el Gobierno.

Marco Lavagna presentó su renuncia a la dirección general del INDEC, el organismo oficial encargado de las estadísticas públicas, poniendo fin a su gestión luego de varios años al frente de la institución. La decisión se da en un contexto de críticas por la forma en que se manejan los datos oficiales y tras una serie de salidas de funcionarios que marcaron una fuerte rotación en cargos clave del Gobierno.

La renuncia fue formalizada ante el Ministerio de Economía, y según fuentes oficiales, Lavagna expresó que su salida se produce por motivos personales y para dar paso a una renovación del equipo técnico del organismo. Sin embargo, la decisión se conoce en un momento de fuerte presión política sobre las cifras oficiales y cuestionamientos a la credibilidad de algunos indicadores clave de la economía argentina.

El INDEC ha sido centro de debates durante los últimos años, especialmente por el manejo de estadísticas de inflación y empleo, y por la percepción de sectores económicos y sociales sobre la transparencia de los datos. La salida de Lavagna se suma así a una serie de cambios de gabinete y salidas de colaboradores en áreas sensibles del Estado.

Desde distintos sectores de la oposición aprovecharon la renuncia para vincularla con la situación general del país, en la que la falta de resultados económicos claros y la inestabilidad institucional se reflejan en la rotación de funcionarios con responsabilidades estratégicas.

Con la partida de Lavagna, la conducción del INDEC quedará a cargo de un reemplazo que deberá enfrentar no sólo los desafíos técnicos de la recopilación y difusión de estadísticas, sino también la presión de distintos actores políticos y sociales que exigen mayor claridad y confiabilidad en los números oficiales.

La salida de Marco Lavagna del INDEC se suma a un contexto de continuos cambios en posiciones de gestión pública, reforzando la percepción de una administración con dificultades para sostener equipos técnicos estables en áreas clave.

El diputado nacional participó de una jornada de visibilización en Parque Avellaneda junto a familias y colectivos que denuncian el desmantelamiento del programa por parte del gobierno de Javier Milei. Alertan por la desvinculación de profesionales y el riesgo directo para la atención de niños y niñas.

Máximo Kirchner participó este domingo de una de las acciones impulsadas por colectivos de familias que buscan frenar el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública clave para la detección temprana y el tratamiento de niñas y niños con patologías cardíacas. La actividad se realizó en Parque Avellaneda, en el marco de una jornada nacional de visibilización convocada por el colectivo Cardiocongénitas Argentinas.

Durante la tarde del domingo 1° de febrero, Kirchner dialogó con familiares y referentes del espacio, quienes expresaron su preocupación por las decisiones del gobierno de Javier Milei, que avanzaron sobre la estructura del programa y afectaron su funcionamiento en todo el país.

Entre las medidas denunciadas, se encuentra la desvinculación de profesionales especializados, como cardiólogos pediátricos que coordinaban el programa a nivel nacional, lo que pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema frente a casos que requieren atención inmediata.

Las familias también recordaron que días atrás mantuvieron reuniones con diputadas y diputados del bloque de Unión por la Patria, donde expusieron el impacto directo de estas decisiones en la vida cotidiana de niños y niñas que necesitan diagnósticos precoces, derivaciones rápidas y tratamientos oportunos.

Para visibilizar la situación, se realizaron acciones simultáneas en plazas y parques de distintas ciudades del país. En cada uno de los encuentros, los colectivos denunciaron el ajuste y el desguace del sistema sanitario, al que definieron como parte de una política de recorte estructural que afecta de forma directa a los sectores más vulnerables.

Además, remarcaron que en 2023 fue sancionada casi por unanimidad la Ley de Cardiopatías Congénitas, que amplió el alcance del programa y garantizó la atención continua de los pacientes, una política que ahora, según denuncian, quedó en crisis por las decisiones del gobierno nacional.

“Nuestros hijos ponen el cuerpo en las terapias, nosotras ponemos el cuerpo en las calles”, expresaron desde el colectivo Cardiocongénitas Argentinas, en una consigna que sintetiza el reclamo y la movilización de las familias frente al riesgo de desmantelamiento del programa.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aprovechó la apertura de sesiones de la Legislatura provincial para poner primera a la campaña por su reelección con críticas a Javier Milei, después de haberlo apoyado en sus iniciativas estructurales. “La gente se queda sin empleo”, dijo.

“La gente se queda sin trabajo o llega hasta el día 20. Los jubilados tienen que elegir entre comer o comprar medicamentos”, advirtió Llarloya. “Además, hay inflación”, aclaró. No explicó por qué en ese contexto tan crítico, sus referentes en el Congreso decidieron apoyar al oficialismo libertario.  

En el mismo discurso, Llarryora también cuestionó a Luis Juez a quien acusó de “ponerse del lado de los narcos” porque el Tribunal de Cuentas que él controla rechazó preventivamente la compra de un sistema de drones militares bajo la sospecha de se trata de un “negociado”. “Obstruir la compra de esa tecnología significa demorar su incorporación al combate del narcotráfico”, advirtió el mandatario.

Aunque no le corresponde, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación de enero “seguramente esté en torno al 2,5%”. ¿Cómo lo sabe? ¿Fue un mensaje para Marcos Lavagna, titular del INDEC?

“Lo importante con la inflación es que estamos haciendo todo para que converja a valores internacionales. El Presidente habló de ir a cero, empezando con cero en agosto”, aseguró. El gobierno sigue pateando para adelante la “desinflación” que Javier Milei anunció para mediados de 2025.

Más allá del relato, la inflación mensual sigue altísima en términos históricos muy por encima del promedio kirchnerista (2003-2015). Ni hablar de la comparación anual, ya que Argentina es uno de los 5 países con más inflación del mundo. Mientras, la actividad real no se mueve, aumenta el desempleo y el poder adquisitivo de los argentinos cae a los niveles más bajos.

El indicador, que mide el número de niños y niñas que mueren antes de cumplir un año, pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Después de más de dos décadas de descenso sostenido, la Argentina registró en 2024 un aumento en la tasa de mortalidad infantil. El indicador, que mide el número de niños y niñas que mueren antes de cumplir un año, pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Se trata de un incremento de 0,5 puntos, el más alto desde 2002, de acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, organización dedicada a la promoción y prevención en salud. “En 2024 se da el mayor aumento de la tasa de mortalidad infantil desde 2002”, advirtió el documento.

Los especialistas vinculan este retroceso al deterioro de las condiciones socioeconómicas y sanitarias, agravadas por el avance de la pobreza. Señalan que la crisis comenzó durante la pandemia, en el gobierno de Alberto Fernández, y se profundizó durante el primer año de gestión de Javier Milei.

En números absolutos, durante 2024 se contabilizaron 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año, lo que interrumpió una tendencia de mejora que se mantenía desde comienzos de los 2000, cuando la tasa alcanzaba los 16,6 puntos.

Entre las principales causas del aumento figuran las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones congénitas.

Desigualdad entre provincias

El informe también expone fuertes diferencias regionales. Corrientes encabezó los registros con una tasa de 14 muertes infantiles, seguida por Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). También se ubicaron por encima del promedio nacional provincias como Formosa y Santiago del Estero, con 10,7 decesos cada 1.000 nacidos vivos.

La tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles del estado de salud de una población, ya que refleja el acceso a controles médicos, condiciones de vida y calidad del sistema sanitario.

La tensión en el sistema ferroviario volvió a escalar este sábado tras una fuerte advertencia del sindicato La Fraternidad, que evalúa convocar a un paro nacional de trenes el próximo jueves 5 de febrero si no se alcanza un acuerdo salarial satisfactorio en las próximas horas.

El conflicto se profundizó luego de la última reunión paritaria, en la que las empresas del sector ofrecieron una recomposición de solo un 1% para los haberes de enero, una propuesta que el gremio calificó como insuficiente e inaceptable frente al impacto de la inflación.

Aunque la posibilidad de la huelga ya está planteada, la decisión final quedó en suspenso por 48 horas. Desde el sindicato señalaron que la concreción del paro dependerá de las nuevas ofertas salariales que puedan surgir en la mesa de negociación, prevista para este lunes.

En caso de no registrarse avances, La Fraternidad podría formalizar ese mismo día la convocatoria a un paro general ferroviario, lo que afectaría los servicios en todo el país a partir del jueves.

El conflicto se inscribe además en un clima de creciente tensión entre los gremios del transporte y el Gobierno nacional. El líder sindical Omar Maturano ya había expresado su rechazo a aspectos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Según el prestigioso medio estadounidense The Washington Post, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Un informe publicado por The New York Times volvió a encender las alarmas sobre las negociaciones entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump. Según el prestigioso medio estadounidense, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Lo más grave es que fuentes estadounidenses confirmaron que estas tratativas existen desde enero de 2025, como parte de un paquete de acuerdos que Washington viene impulsando con gobiernos subordinados de la región. De concretarse, el país podría transformarse en un verdadero “vertedero de personas descartadas por Washington”, recibiendo deportados que Estados Unidos busca expulsar, entre ellos potencialmente criminales peligrosos, con un impacto directo sobre la seguridad ciudadana interna argentina.

Ante consultas periodísticas, los voceros oficiales del Gobierno evitaron brindar precisiones. Incluso, un alto funcionario se limitó a minimizar el contenido del artículo, señalando que el acuerdo “no es tan así”. Sin embargo, desde EEUU reconocen que las conversaciones llevan más de un año en marcha, aunque todavía no hay una fecha definida para su oficialización.

La nota del diario norteamericano apunta a que el canciller Pablo Quirno y el vicecanciller Juan Navarro estarían involucrados en los detalles del entendimiento. Desde Cancillería respondieron con evasivas: “No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”.

Desde la asunción de Trump, uno de los primeros pedidos a los países aliados fue la cooperación con su política migratoria. El Salvador fue el caso pionero: aceptó recibir deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde fueron encerradas 256 personas, muchas de ellas con antecedentes penales. Posteriormente, el gobierno de Nayib Bukele aceptó otros 200 deportados a cambio de 4,76 millones de dólares.

Ecuador también confirmó en septiembre de 2025 negociaciones avanzadas para recibir migrantes en condición de refugiados, aunque sin el alcance del modelo salvadoreño, que incluye delincuentes y personas con prontuario.

En el caso argentino, aún no se conocen las condiciones exactas que se estarían negociando. Pero lo que ya resulta inquietante es que Estados Unidos confirma que las conversaciones existen desde enero de 2025, lo que abre la puerta a que Argentina termine funcionando como un destino para deportados no deseados por Washington, con el consiguiente riesgo de importar problemas de seguridad y criminalidad que podrían poner en jaque la propia soberanía nacional.

A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitirá cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vence este domingo 1 de febrero.

El gobierno de Estados Unidos volvió a salir al auxilio de Javier Milei para evitar tensiones inmediatas con el Fondo Monetario Internacional. A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitió cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vencían este domingo 1 de febrero.

El compromiso asciende a US$ 833 millones, por lo que la asistencia estadounidense resulta decisiva para afrontar el vencimiento sin un impacto significativo sobre las reservas internacionales acumuladas por el Banco Central durante enero.

La transferencia representa la tercera ayuda directa de Bessent en apenas tres meses, consolidando un respaldo financiero sostenido hacia la administración libertaria. En octubre, Argentina ya había recibido unos US$ 1.185 millones en DEGs, utilizados para cumplir con otro pago al Fondo el 1 de noviembre. Antes, durante la campaña electoral estadounidense, el funcionario también habilitó al Banco Central a activar US$ 2.500 millones del swap de monedas, una medida que permitió evitar una devaluación que parecía inminente y que luego fue cancelada mediante deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

El objetivo: apuntalar las reservas del Banco Central

El Banco Central logró acumular en enero cerca de US$ 1.100 millones, tras ajustes en la política cambiaria y un plan de compras en el mercado. Si el pago al FMI se hubiera realizado directamente con esas divisas, habría consumido aproximadamente el 75% de lo adquirido durante el mes.

El equipo económico además cuenta con un remanente de unos US$ 300 millones del préstamo REPO otorgado por bancos de Wall Street a comienzos de enero, recursos que ya se usaron parcialmente para cancelar un pago de US$ 4.200 millones a bonistas el pasado 9 de enero.

En las próximas semanas, el Banco Central enfrentará otro vencimiento relevante: a fines de febrero deberá afrontar US$ 990 millones vinculados a los bonos Bopreal colocados entre empresas. En este contexto, el respaldo de Estados Unidos aparece como un factor clave para sostener la estabilidad financiera del gobierno en el corto plazo.

Cómo funciona la venta de DEGs

Los Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969, basado en una canasta de monedas integrada por el dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina. Los países pueden utilizarlos para complementar reservas, obtener liquidez o cumplir pagos con el propio Fondo.

En este tipo de operaciones, un país con excedente de DEGs los transfiere a otro que los necesita, a cambio de monedas convertibles. De este modo, se facilita el acceso a divisas sin recurrir de inmediato al mercado o a nuevo endeudamiento, preservando las reservas netas.

Según datos del Tesoro estadounidense, Argentina fue el primer país en recibir fondos por esta vía en 2026, en lo que constituye apenas la cuarta venta realizada por Estados Unidos a otra nación en los últimos cinco años.