Tras su balbuceante conferencia, el jefe de Gabinete quiso mostrarse fuerte junto a una de las principales espadas libertarias. Un accesorio de 4 mil dólares pasó a ser tendencia.

Tras el papelón que protagonizó en la conferencia de prensa del miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue sin encontrar la tranquilidad que lo llevaba a mostrarse jactancioso y pedante en sus apariciones.

Acorralado por las sospechas de enriquecimiento ilícito, ahora se supo que incorporó un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito, sin haberse desprendido de los inmuebles que ya poseía.

En concreto, el alto funcionario figura como titular, junto a su esposa, la autodenominada “coach de vida” Bettina Angeletti, de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500. El dato surge de registros oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia.

El nuevo inmueble se suma al departamento en Parque Chacabuco, donde él residía al asumir como funcionario del Gobierno de Javier Milei, y a otra propiedad en La Plata. De esta manera, Adorni mantiene al menos tres viviendas a su nombre o en copropiedad, sin contar las lujosas casas no declaradas.

En este contexto, Adorni intentó mostrar una foto de unidad con una de las principales espadas del Gobierno de La Libertad Avanza: la jefa del bloque oficialista en el Senado de la Nación.

“Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin”, resumió el ministro coordinador a través de un posteo en redes sociales, acompañado de una imagen de ambos.

Justamente esa imagen deja ver que tendría un reloj de lujo, cuyo valor sería de 4 mil dólares.

Sería otro paso en falso del funcionario que se llenó la boca declamando austeridad y cada día obra como un paladín de la casta.

La inflación esperada a nivel nacional para los próximos 30 días se ubica en torno al 4% según el promedio y en el 3% según la mediana, de acuerdo con el último relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella. En tanto, para los próximos doce meses, las proyecciones marcan un 33,5% en promedio y un 30% en términos de mediana.

Desde la institución señalaron que, a partir de mayo de 2023, incorporaron una medición específica sobre la inflación mensual esperada en el corto plazo.

“Esta pregunta registra una mayor tasa de respuesta que la inflación anual”, explicaron, y lo atribuyeron a que, en un contexto de alta incertidumbre, a los encuestados les resulta más accesible proyectar lo que ocurrirá en el corto plazo que anticipar escenarios a un año.

El escándalo patrimonial que envuelve a Manuel Adorni impactó de lleno en el núcleo del discurso oficial y dejó al descubierto una de sus principales debilidades: la inconsistencia entre lo que se predica y lo que efectivamente ocurre en la gestión.

Según un informe de la consultora Innova, el 70% de los encuestados considera que el jefe de Gabinete libertario es corrupto, un dato que refleja el nivel de desgaste que generó el caso. Por ahora Javier Milei está abrazo a su funcionario. Por ahora…

Pero Milei tiene un problema: el episodio repercute directamente sobre la imagen del mandatario, que ya venía golpeada por el escándalo del caso Libra, en el que quedaron salpicados el propio presidente y su hermana. En ese contexto, el 60% de los consultados cree que el gobierno es corrupto, frente a apenas un 30% que lo percibe como honesto.

El dato es especialmente grave porque erosiona uno de los pilares discursivos de La Libertad Avanza: la supuesta superioridad moral frente a la “casta”, y en particular frente al kirchnerismo. Lo que se presentaba como una marca distintiva empieza a desdibujarse, dejando al oficialismo expuesto a la misma crítica que construyó para atacar a sus adversarios.

Una denuncia judicial acusa al gerente del organismo de multiplicar su patrimonio casi 30 veces y no justificar gastos por 60 millones. El caso se suma a advertencias de los trabajadores sobre vaciamiento, parálisis en la atención y deterioro del sistema.

Un nuevo caso de corrupción sacude a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Una denuncia judicial contra el gerente Mario Gutiérrez por enriquecimiento ilícito —tras multiplicar casi 30 veces su patrimonio y no justificar gastos por $60 millones— se suma a denuncias previas por vaciamiento y parálisis en la atención.

Como publicó Primereando a mediados de marzo, el conflicto en la SSS ya venía en ascenso. Los empleados nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un proceso de vaciamiento, irregularidades administrativas, persecución laboral y posibles despidos, además de advertir por la paralización de expedientes vinculados a reclamos de usuarios. En ese contexto, impulsaron medidas de fuerza (con huelgas y los denominados “paros a la japonesa”) para visibilizar el deterioro en el funcionamiento de la Superintendencia y su impacto en el acceso a la salud.

La presentación judicial, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, también fue elevada a la Oficina Anticorrupción y apunta a presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al incremento patrimonial del funcionario.

En paralelo, el sindicato convocó a una protesta para este viernes 27 de marzo a las 12 frente a la sede del organismo, en Bartolomé Mitre 434, en la Ciudad de Buenos Aires, donde además brindará una conferencia de prensa.

“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien exigió explicaciones ante lo que calificó como “graves irregularidades” que comprometen la transparencia institucional.

El dirigente también denunció un intento de “vaciamiento” del organismo y advirtió que las decisiones de la actual gestión afectan la capacidad del Estado de garantizar servicios esenciales. “Es notoria la incapacidad de gestión y esto impacta directamente en el acceso a la salud de los sectores más vulnerables”, señaló.

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores es la paralización de expedientes vinculados a prestaciones médicas. Muchos de estos trámites dependen de la rapidez con la que interviene el organismo, por lo que las demoras podrían impactar directamente en tratamientos y servicios considerados vitales.

Asimismo, denunciaron la implementación de un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladaría los costos a los beneficiarios y fomentaría la judicialización de los conflictos, en contraste con la función histórica del organismo de ofrecer soluciones administrativas gratuitas.

Los trabajadores también apuntaron contra una supuesta discrecionalidad en el control sobre obras sociales. Según indicaron, la Superintendencia evitaría sancionar a grandes empresas de medicina prepaga mientras actúa con mayor dureza sobre entidades más pequeñas.

En particular, denunciaron que la Obra Social Unión Personal aplicaría coseguros diferenciados a empleados estatales no afiliados al sindicato UPCN, una práctica que calificaron como “discriminatoria e ilegal”. También alertaron que otras entidades comenzaron a cobrar aranceles para intervenciones quirúrgicas, en contradicción con el Programa Médico Obligatorio.

Frente a este escenario, el conflicto gremial continúa en ascenso y no se limita a las condiciones laborales. Desde ATE advirtieron que la situación impacta directamente en la población y convocaron al acompañamiento de los beneficiarios del sistema y de distintos sectores sociales.

“Los funcionarios actúan de manera dolosa porque buscan favorecer negocios multimillonarios de la medicina privada. No vamos a permitir que destruyan el sistema de obras sociales”, concluyó Aguiar.

Manuel Adorni intentó defenderse públicamente, pero su descargo terminó convirtiéndose en un verdadero enredo que lo dejó aún más expuesto.

En la conferencia de prensa que organizó para despejar las denuncias en su contra, el propio Manuel Adorni terminó complicándose solo: en medio de su explicación, reveló casi al pasar que posee otro departamento en Caballito, un dato que no había sido mencionado previamente.

Lejos de aclarar la situación, la admisión generó más dudas que certezas. Mientras buscaba desmentir la existencia de una supuesta mansión en Martínez, terminó reconociendo la propiedad de un inmueble en la calle Miró al 500. Según información confirmada posteriormente, ese departamento fue adquirido sin haber vendido la vivienda en la que residía al ingresar al Gobierno, en Parque Chacabuco.

Los registros oficiales muestran que Adorni figura como copropietario, junto a su esposa Bettina Angeletti, de ambas propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. Así, su intento de aclaración derivó en una situación más compleja: no solo no logró ordenar su versión, sino que dejó expuesta una acumulación de bienes difícil de explicar con su ingreso como funcionario.

A esto se suman otras decisiones que alimentan la polémica, como gastos en dólares para viajes —incluyendo un pasaje en clase ejecutiva para su esposa y vuelos privados—, lo que refuerza los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Dentro del oficialismo, incluso, algunos lo vinculan con el estilo del presidente Javier Milei, recordando su autodefinición previa como “especialista en crecimiento económico con o sin dinero”.

En ese contexto, lo que debía ser una defensa terminó funcionando como una pieza que agravó el cuadro: Adorni no solo no despejó las sospechas, sino que, con sus propias palabras, profundizó el laberinto en el que quedó atrapado.

En una decisión que generó fuerte polémica y críticas, Argentina protagonizó un episodio controvertido en la Organización de las Naciones Unidas al rechazar una resolución que califica la esclavitud y la trata transatlántica de personas africanas como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia.

La iniciativa, aprobada por una amplia mayoría en la Asamblea General, obtuvo 123 votos a favor, solo tres en contra y 52 abstenciones. Sin embargo, el gobierno argentino decidió ubicarse una vez más en el reducido grupo que rechazó el texto, junto a Estados Unidos e Israel, en una postura que lo dejó aislado frente al consenso internacional.

La votación coincidió con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, un marco clave en la lucha global contra el racismo, lo que profundizó el impacto simbólico de la decisión.

Un sistema de explotación sin precedentes

El documento aprobado sostiene que la esclavitud racializada y la trata de africanos constituyeron un sistema de explotación único en la historia, extendido durante más de cuatro siglos, en el que millones de personas fueron reducidas a la condición de propiedad hereditaria.

Según la resolución, este sistema no solo implicó violencia extrema, sino que también estableció estructuras legales, económicas y sociales basadas en jerarquías raciales cuyos efectos persisten hasta la actualidad.

Uno de los puntos centrales del texto es que los crímenes vinculados a la esclavitud no prescriben, por lo que los Estados tienen la responsabilidad de reparar sus consecuencias. Entre las medidas propuestas se incluyen disculpas oficiales, indemnizaciones, restitución de bienes culturales y políticas activas contra el racismo estructural.

Además, se impulsa el fortalecimiento de la educación, la investigación histórica y la preservación de la memoria colectiva sobre este período.

Argentina, en el centro de la controversia

El dato político más resonante fue el voto negativo de Argentina, que contrastó con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional. La decisión generó cuestionamientos por alejar al país de una postura ampliamente consensuada en torno a la condena de uno de los sistemas de opresión más brutales de la historia.

La resolución se aprobó en el marco del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes, una iniciativa impulsada por la ONU para promover la igualdad, combatir el racismo y avanzar en la reparación histórica. En ese contexto, la posición argentina no solo resultó llamativa, sino que también intensificó el debate político y diplomático sobre su alineamiento internacional.