Los datos del INDEC mostraron que el sector está lejos todavía de mostrar signos claros de reactivación sostenida.

Los últimos datos del INDEC confirman que la industria manufacturera aún no logra una recuperación sostenida. En enero, el uso de la capacidad instalada alcanzó apenas el 55%, un nivel prácticamente idéntico al 54,6% registrado en el mismo mes de 2024, cuando la economía enfrentaba el impacto inicial de la devaluación de diciembre previo.

Este dato refleja un claro estancamiento, ya que no solo el sector sigue operando lejos de su potencial, sino que además se trató del segundo peor enero desde el inicio de la serie actual del INDEC en 2016. Aunque la actividad industrial superó el piso de la recesión, en los últimos meses el ligero repunte comenzó a mostrar señales de agotamiento. Además, la recuperación es dispar entre los distintos rubros, con algunos sectores aún en caída.

Pamela Morales, economista de Econviews, destacó que las condiciones económicas generan efectos mixtos en la industria. Factores como la expansión del crédito al sector privado pueden favorecer el crecimiento en algunos segmentos, al facilitar la inversión en maquinaria y producción. Sin embargo, la apertura comercial genera un impacto desigual: beneficia a sectores que dependen de insumos importados, como la industria automotriz, pero golpea a otros que enfrentan mayor competencia externa, como el de indumentaria.

A esto se suma la contradicción entre la eliminación de regulaciones, que mejora la competitividad de algunos productos locales, y el atraso cambiario, que afecta negativamente a la producción nacional.

Industria: sectores que avanzan y los que siguen en crisis

De acuerdo con el informe del INDEC, los sectores con mayor nivel de utilización de la capacidad instalada fueron refinación del petróleo (84,6%), papel y cartón (67,3%), sustancias y productos químicos (66,0%), alimentos y bebidas (61,0%) e industrias metálicas básicas (59,3%).

En contraste, varios sectores se mantuvieron en niveles críticos. Entre los más rezagados están edición e impresión (52,1%), productos minerales no metálicos (43,3%), productos del tabaco (40,8%), productos de caucho y plástico (39,6%), metalmecánica excepto automotores (38,1%), industria automotriz (34,8%) y productos textiles (33,9%).

Los únicos sectores que mostraron mejoras respecto a enero de 2024 fueron sustancias y productos químicos, impulsados por la producción de materias primas plásticas y químicos básicos, y alimentos y bebidas, donde la molienda de oleaginosas tuvo un rol clave.

Por el contrario, las industrias metálicas básicas marcaron la peor caída del período, con una producción de acero que se desplomó más del 25% interanual, evidenciando la debilidad persistente de la actividad industrial.

Este panorama confirma que, pese a haber dejado atrás el momento más crítico de la recesión, la industria sigue atrapada en un escenario de bajo dinamismo, sin señales claras de reactivación estructural en el corto plazo.

El presidente definió a la situación como un “intento de golpe de Estado por parte de una violenta y antidemocrática oposición que quiere debilitar el gobierno de la libertad”. Picheto lo cruzo “es ridículo”.

El presidente Javier Milei denunció que Argentina está siendo víctima de un intento de golpe de Estado, el cual, según sus declaraciones, está siendo impulsado por los jubilados, la oposición y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En una conferencia de prensa, Milei aseguró que “sectores enquistados en el pasado” buscan desestabilizar su gobierno a través de protestas y maniobras políticas.

“Estamos enfrentando un ataque coordinado de aquellos que no quieren que Argentina avance. Los jubilados, manipulados por sectores de la oposición, y la AFA, con su estructura corrupta, están generando un clima de caos para frenar el cambio”, sostuvo el mandatario. Además, advirtió que su administración no cederá ante lo que calificó como “chantajes” y reafirmó su compromiso con las reformas económicas en curso.

Milei también suspendió el viaje que tenía planificado a España para recibir el premio “Escuela de Salamanca” por parte de la organización “El Club de los Viernes”. La entidad justificó la cancelación del viaje afirmando que el presidente debía permanecer en Argentina debido a “un intento de golpe de Estado por parte de una violenta y antidemocrática oposición”.

Tras la represión de la marcha de los jubilados que terminó con incidentes en la Casa Rosada, el oficialismo intensificó su discurso sobre una presunta desestabilización. La diputada libertaria Lilia Lemoine acusó a los mismos sectores que impulsaron la crisis del 2001 de intentar un golpe de Estado en la actualidad. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, reforzó esta idea al señalar que “en los últimos días hubo una cantidad de movimientos políticos que apuntan a desestabilizar al gobierno”.

La respuesta de Miguel Ángel Pichetto

Sin embargo, las declaraciones de Milei y su entorno generaron una fuerte respuesta por parte de distintos sectores políticos. Miguel Ángel Pichetto calificó la idea de un golpe de Estado como “ridícula” y lo instó a gobernar con mayor responsabilidad. “No hay intentos de golpes de Estado, me parece ridículo”, sentenció el diputado, quien además criticó la implementación del Protocolo Antipiquetes por parte de la ministra Patricia Bullrich, advirtiendo que “el día que haya un muerto no va a ser igual”.

Pichetto también señaló que los jubilados son el sector más afectado por el ajuste económico del gobierno y pidió recuperar el diálogo político y la construcción de consensos. “Nunca vi golpes en la Cámara de Diputados, marca un golpe de decadencia y un plano interno quebrado en La Libertad Avanza”, sostuvo, haciendo referencia a las peleas dentro del bloque oficialista. Además, cuestionó la suspensión de la audiencia que debía tratar el DNU para cerrar el acuerdo con el FMI, exigiendo mayor transparencia en las negociaciones.

El debate en torno a las declaraciones del presidente sigue escalando, mientras la crisis económica y social en el país continúa profundizándose. En este contexto, las tensiones entre el gobierno y diversos sectores parecen ir en aumento.

Así lo anunció el dirigente Héctor Daer, acompañado por referentes sindicales como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y Sergio Palazzo, en el marco del Primer Congreso Nacional de la UTEP.

En un contexto de creciente deterioro social y económico, sumado a una ola de represión contra quienes protestan, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la inminente convocatoria a un paro nacional de 24 horas antes del 10 de abril. Así lo anunció el dirigente Héctor Daer, acompañado por referentes sindicales como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y Sergio Palazzo, en el marco del Primer Congreso Nacional de la UTEP.

El anuncio se da en medio de un clima de tensión creciente, marcado por la brutal represión encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra jubilados, hinchas de fútbol, militantes de organizaciones políticas, sociales, gremiales e incluso contra el periodismo. La persecución y el uso de la violencia estatal han acelerado la decisión de la CGT, que hasta ahora había mantenido cautela frente al gobierno de Javier Milei.

El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, anunció que van a convocar a un paro de 24hs para "antes del 10 de abril"🗣️ pic.twitter.com/5tD91NDjhH

— El Destape (@eldestapeweb) March 13, 2025

“El tiempo está llegando”, afirmó Daer en un auditorio colmado de militantes, dejando claro que el modelo de ajuste extremo y autoritarismo del gobierno libertario ha llegado a un punto de quiebre. Además, denunció la ofensiva del oficialismo contra derechos históricos, como la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal y el intento de imponer una narrativa negacionista que atenta contra la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

La CGT también repudió la justificación del gobierno sobre el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, enmarcado en una estrategia de criminalización de la protesta social. “Somos todos militantes. Militamos en la política, en el trabajo social y sindical porque creemos en la justicia social”, sostuvo Daer.

Ante el impacto devastador del ajuste sobre la industria, los salarios y el empleo, el sindicalismo se prepara para una medida de fuerza que promete ser masiva. El paro nacional se perfila como el primer gran enfrentamiento directo contra el modelo de Milei, que avanza con políticas de ajuste sin precedentes y una creciente represión contra la oposición social y política.

La convocatoria ya fue recibida con entusiasmo por las bases sindicales y sectores de la sociedad afectados por la crisis. Con cánticos de “unidad de los trabajadores”, el mensaje de la CGT es claro: la resistencia crece y el paro será un mensaje contundente contra el rumbo que lleva el país.

Un día después de la represión a los jubilados el gobierno de Javier Milei decidió aumentar el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en más de 7.300 millones de pesos, de los cuales más de 1.600 millones serán “gastos reservados”.

Apenas un día después de la violenta represión contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso, el gobierno de Javier Milei decidió incrementar de manera desmedida los fondos discrecionales para la Secretaría de Inteligencia (SIDE). A través de un decreto, se autorizó una ampliación presupuestaria de más de 7.300 millones de pesos, de los cuales 1.625 millones corresponden a gastos reservados, es decir, partidas cuyo destino no se hace público.

Esta maniobra refuerza el carácter opaco de los manejos financieros del gobierno en materia de inteligencia, mientras sectores vulnerables como los jubilados sufren ajustes y represión. En total, el nuevo presupuesto incluye 6.300 millones de pesos en gastos corrientes y 1.022 millones en bienes de capital, pero el foco está puesto en la exorbitante cifra de recursos discrecionales destinados a la SIDE, sin ningún tipo de control o rendición de cuentas.

No es la primera vez que Milei intenta direccionar sumas multimillonarias a los fondos reservados de inteligencia. En julio del año pasado, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), amplió en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la SIDE tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el retorno del viejo esquema de espionaje estatal, dirigido entonces por Sergio Neiffert, hombre cercano a Santiago Caputo. Sin embargo, aquella medida fue rechazada por el Congreso, convirtiéndose en el único DNU anulado por el Poder Legislativo en la historia del país.

El nuevo incremento de fondos se oficializó a través del DNU 186/2025, publicado en el Boletín Oficial, que otorga al programa de Información e Inteligencia de la SIDE un “crédito” de 7.366.286.591 pesos, equivalentes a cerca de 7 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esta asignación millonaria contrasta con los recortes aplicados en otras áreas esenciales y se produce en un contexto de fuerte represión estatal contra la protesta social.

En septiembre del año pasado, el Congreso ya había rechazado un intento similar de Milei de asignar 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE, cuestionando la falta de transparencia y el uso desconocido de semejante cantidad de dinero. A pesar de ello, en apenas un mes, el organismo ya había ejecutado el 75% de esos recursos, evidenciando la rapidez con la que se consumen partidas de origen y destino inciertos.

Este nuevo aumento presupuestario, aprobado con total discrecionalidad y en un contexto de represión creciente, refuerza la estrategia de un gobierno que prioriza la expansión de los mecanismos de inteligencia y control, mientras ajusta a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló serias irregularidades y sobreprecios en la adquisición de armamento y equipamiento para el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich (2016-2019), bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Las compras, en su mayoría realizadas sin licitación y mediante adjudicación directa a proveedores israelíes, habrían permitido pagar hasta cinco veces más por ciertos equipamientos, amparándose en la Emergencia de Seguridad declarada en 2016.

Compras directas y falta de transparencia

La auditoría detectó que casi la mitad de las transacciones analizadas (29 en total) fueron realizadas sin compulsa de precios, evidenciando una selección discrecional de los proveedores por parte del Ministerio de Seguridad. Entre los casos más llamativos se encuentran:

• La adquisición de un sistema de seguridad fronterizo a la empresa israelí IAI ELTA por 35 millones de dólares.
• La compra de cuatro lanchas patrulleras al astillero Israel Shipyards por 49 millones de dólares, un precio un 138% superior a ofertas similares en el mercado, según un análisis de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
• Pagos injustificados por consultorías y servicios de capacitación que ya estaban contemplados en los contratos iniciales.

El rol de un lobbista israelí

La investigación también destaca la participación de Eitamar Barr, un empresario israelí vinculado a diversas contrataciones irregulares. Barr, identificado en registros oficiales con diferentes roles (asesor de ventas, particular interesado, representante de empresas israelíes), aparece como director de Issatec Technologies SA, una firma que recibió pagos millonarios del Ministerio de Seguridad sin justificación clara. Además, su nombre figura en los Panama Papers como accionista de la offshore OR IDO Holdings LTD.

Aumento descontrolado del gasto

El informe subraya que el uso de fondos del Ente Cooperador ACARA por parte del Ministerio de Seguridad creció un 1378% entre 2016 y 2019. Estos recursos fueron utilizados, entre otras cosas, para financiar pagos a Issatec y contratar servicios de consultoría sin justificación.

Además, la auditoría comprobó pagos adicionales fuera de convenio con Israel, como 325.000 dólares destinados a aumentar la altura de torres de vigilancia en el Paso Fronterizo de Puerto Iguazú, evidenciando la inconsistencia del proyecto original.

Falta de respuesta oficial

El informe de la AGN, elaborado por la auditora general María Graciela De la Rosa, fue aprobado el 20 de noviembre de 2024, con una disidencia parcial del auditor Alejandro Nieva. En sus conclusiones, la auditoría señala que la mayoría de los hallazgos se mantienen, ya que el Ministerio de Seguridad no logró justificar las irregularidades detectadas.

Desde el portal Ámbito intentaron obtener la versión de Patricia Bullrich y su equipo de comunicación, pero no obtuvo respuestas concretas. Por su parte, Eitamar Barr evitó responder a las consultas sobre su participación en las negociaciones.

El proyecto proponía que los tres niveles del Estado coordinaran acciones inmediatas para asistir a los afectados, poniendo a disposición todos los recursos necesarios. Además, planteaba la creación de un Comité de Emergencia con la participación de especialistas.

En un episodio bochornoso y revelador de la falta de sensibilidad, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO se unieron para impedir el tratamiento de un proyecto que buscaba declarar la emergencia en Bahía Blanca y establecer un plan integral de asistencia a las miles de familias afectadas por el devastador temporal del 7 de marzo.

La iniciativa, impulsada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), proponía que los tres niveles del Estado coordinaran un plan de emergencia que asegurara la movilización inmediata de recursos y medidas concretas para atender la crisis. Entre sus puntos clave, el proyecto establecía la creación de un Comité de Emergencia, compuesto por vecinos, trabajadores afectados, especialistas de organismos científicos como el CONICET y el Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales y la comunidad organizada. El objetivo de este comité era no solo responder a la emergencia inmediata, sino también implementar estrategias de prevención y reconstrucción a mediano y largo plazo, abordando las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales del desastre.

A pesar de la urgencia y la gravedad de la situación, los legisladores de LLA y el PRO decidieron bloquear el tratamiento del proyecto, priorizando su agenda política por encima de la necesidad de miles de personas que aún lidian con la destrucción de sus hogares y la pérdida de bienes esenciales. Este accionar provocó un fuerte repudio dentro y fuera del recinto.

La diputada de Encuentro Federal, Natalia de la Sota, exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una coordinación efectiva de proyectos de emergencia para dar respuesta a los damnificados. Sin embargo, Menem, lejos de mostrar la mínima preocupación ante la catástrofe, respondió con una frialdad alarmante: “Este es el juego de la Cámara de Diputados. Se vota o no se vota.”

Las palabras del presidente de la Cámara y la postura del PRO y LLA desataron indignación tanto entre legisladores como en la sociedad, que ve cómo el Congreso se convierte en un campo de batalla político en lugar de un espacio para resolver las urgencias del país. Mientras la oposición se enreda en maniobras para bloquear soluciones, las familias de Bahía Blanca siguen esperando la ayuda que les fue negada en el recinto.

Bajo un absoluto secretismo sobre el monto y las condiciones, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 por el cual busca el auxilio urgente del organismo multilateral de crédito.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 para establecer un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida busca obtener fondos frescos de manera urgente, en un contexto en el que las reservas del Banco Central se desploman día a día debido a la intervención oficial para sostener un tipo de cambio cada vez más difícil de mantener.

El Gobierno justifica la firma del decreto en la necesidad de fortalecer la posición financiera del Banco Central, que aún arrastra reservas netas negativas y carece de acceso a financiamiento externo. Según el documento, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, se aplicó un fuerte ajuste fiscal, logrando reducir la inflación interanual del 211,4% en diciembre de 2023 al 2,2% en enero de 2025. Sin embargo, la reactivación económica sigue sin materializarse, y la pobreza, aunque en descenso, se mantiene en niveles críticos.

El FMI como salvavidas financiero del gobierno de Milei ¿O salvavidas de plomo?

El DNU detalla que el nuevo programa con el FMI permitirá:
✅ Cancelar deuda del Tesoro con el BCRA, liberando al Banco Central de la carga de letras intransferibles.
✅ Cubrir pagos de deuda del acuerdo firmado en 2022, evitando un default con el organismo.
✅ Refuerzos de reservas para contener la crisis cambiaria y reducir el riesgo país.
✅ Flexibilización del mercado cambiario, con el objetivo de comenzar a desmontar el “cepo”.

A pesar de las afirmaciones del Ejecutivo de que las reservas aumentaron en USD 7.000 millones desde la llegada de Milei, los analistas advierten que el Banco Central sigue perdiendo divisas a diario para contener la disparada del dólar, lo que torna insostenible el esquema actual.

Fondos frescos, pero sin precisiones sobre el monto final

El DNU evita especificar el monto total del nuevo endeudamiento, lo que ha desatado especulaciones en el mercado. Según informes privados, la cifra podría oscilar entre USD 5.000 y USD 20.000 millones, con al menos USD 8.000 millones como fondos nuevos. Sin embargo, ni el decreto ni el Ministerio de Economía han brindado detalles sobre los intereses que deberá pagar el país por este nuevo salvataje.

Desde el gobierno defienden la decisión de no revelar detalles, argumentando que “discutir públicamente el acuerdo con el FMI podría generar volatilidad en los mercados”. Sin embargo, la oposición y algunos analistas cuestionan la falta de transparencia y advierten que el endeudamiento, sumado a la falta de reacción económica, podría comprometer aún más la estabilidad del país en el mediano plazo.

Mientras el gobierno busca cerrar este acuerdo clave, la pregunta sigue abierta: ¿serán suficientes estos fondos para evitar una nueva crisis, o solo postergarán el problema sin resolverlo de fondo?

El gobernador bonaerense detalló 10 inversiones que realizará su gestión en Bahía Blanca, al tiempo que le pidió al Gobierno Nacional un compromiso mayor.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un ambicioso plan de reconstrucción para Bahía Blanca con una inversión de más de $273.000 millones, destinada a restaurar la infraestructura urbana y atender las necesidades de la población tras el devastador temporal del 7 de marzo.

Acompañado por el intendente Federico Susbielles y parte de su gabinete, Kicillof destacó que la obra pública será clave para recuperar la ciudad y garantizar su desarrollo futuro. “La reconstrucción de Bahía Blanca requiere inversiones extraordinarias, y desde la provincia estamos tomando la iniciativa con un plan integral que abarca desde infraestructura vial y sanitaria hasta asistencia directa a las familias afectadas”, afirmó el mandatario.

Así como estuvimos presentes desde el primer momento a través de todas las áreas de Gobierno para acompañar a los vecinos afectados por la catástrofe climática en Bahía Blanca, hoy iniciamos una etapa de normalización con diez medidas que anunciamos junto al intendente… pic.twitter.com/JoGzdzcZ3m

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 11, 2025

Un plan de infraestructura sin precedentes

La inversión anunciada contempla obras estratégicas para la ciudad, entre ellas:

• Reconstrucción del Canal Maldonado: Con un presupuesto de $80.000 millones, esta obra se pondrá en marcha de inmediato para mitigar riesgos de futuras inundaciones.
• Reparación de puentes sobre el Canal Maldonado: Se destinarán $15.000 millones para asegurar su funcionamiento y seguridad.
• Reparación de infraestructura urbana: Se creará un fondo especial de $75.000 millones para restaurar calles, alumbrado y servicios esenciales.
• Inversiones en pavimentación, desagües y alumbrado público: A través de OPISU, se invertirán $8.000 millones en mejoras urbanas.
• Reparación del Hospital Penna: Con $22.000 millones, se rehabilitarán sus instalaciones para garantizar una atención médica de calidad.

Medidas complementarias para la recuperación

Junto a la inversión en infraestructura, el gobierno bonaerense implementará un paquete de asistencia económica y social que incluye:

• Líneas de crédito blando del Banco Provincia para familias y comercios, con montos de hasta $10 millones para viviendas y $40 millones para empresas.
• Beneficios impositivos, con exención del impuesto inmobiliario urbano por un año y descuentos en el impuesto automotor.
• Subsidios no reembolsables de $800.000 para hogares de menores ingresos, beneficiando a 33.000 familias.
• Transporte público gratuito por 30 días para los ciudadanos afectados.

Un llamado al Gobierno Nacional

Durante el anuncio, Kicillof instó al presidente Javier Milei a destinar parte del nuevo acuerdo con el FMI a la reconstrucción de Bahía Blanca. “El Gobierno Nacional debe asumir su responsabilidad y trabajar junto a la provincia en la recuperación de la ciudad”, sostuvo.

Con esta fuerte inversión, la provincia de Buenos Aires busca no solo reparar los daños causados por la catástrofe, sino también fortalecer la infraestructura de Bahía Blanca para evitar futuras emergencias y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Mientras el gobierno presenta una reducción significativa de la pobreza, los datos de la UCA sugieren que esta recuperación es, en el mejor de los casos, parcial y engañosa.

En su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei aseguró que su gestión logró que diez millones de personas salieran de la pobreza. Para respaldar su afirmación, citó a instituciones como la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Católica Argentina (UCA), argumentando que la pobreza, en términos de ingresos, había descendido del 56% al 33% en un semestre.

Sin embargo, los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentan un panorama mucho más complejo y matizado. Si bien confirman que la pobreza descendió en los últimos meses, también advierten que esta caída se debe a la corrección de un pico generado en el primer trimestre de 2024, en un contexto de devaluación, liberalización de precios y fuerte ajuste fiscal. Al observar indicadores más amplios, el informe enfatiza que la pobreza multidimensional —que mide acceso a salud, educación, empleo digno, alimentación, servicios y vivienda— aumentó interanualmente del 39,8% al 41,6%.

Este dato contradice directamente la narrativa oficial. Según el investigador de la UCA Juan Ignacio Bonfiglio, el cálculo gubernamental de pobreza se basa únicamente en los ingresos de los hogares y si estos alcanzan para cubrir una canasta básica. Sin embargo, advierte que un hogar puede superar este umbral sin garantizar el acceso a una alimentación adecuada, medicamentos o atención médica. Estas privaciones estructurales, según la UCA, no solo no se han reducido, sino que han empeorado en 2024.

Precarización en aumento

Otro punto que genera dudas sobre la supuesta mejora es la calidad del empleo. Aunque el informe de la UCA reconoce una recuperación en los niveles de ocupación, esta se ha dado principalmente en el sector informal y precario. La cantidad de trabajadores pobres creció al 29% en el tercer trimestre de 2024, por encima del 28,1% del mismo período de 2023, y los trabajadores sin aportes jubilatorios aumentaron del 35,8% al 36,7%.

Asimismo, el informe resalta que los niveles de consumo no reflejan una mejora real en el bienestar de la población. Mientras el gobierno destaca la reducción estadística de la pobreza e indigencia, la UCA subraya que persisten altos niveles de inseguridad alimentaria, dificultades para pagar deudas y para acceder a vivienda y servicios básicos. De hecho, el porcentaje de la población con al menos una carencia creció del 67,1% al 67,5%, y aquellos con tres o más carencias pasaron del 28,2% al 29,5%.

Pobre infantil e inseguridad alimentaria

El impacto sobre la infancia es aún más alarmante. La pobreza en niños, niñas y adolescentes alcanzó el 65,5% en el tercer trimestre de 2024, la cifra más alta en 20 años si se excluye el pico registrado durante la pandemia. La inseguridad alimentaria infantil también creció, afectando al 35,5% de los menores de 17 años, un dato que contradice la supuesta mejora en las condiciones de vida de la población.

En síntesis, mientras el gobierno presenta una reducción significativa de la pobreza, los datos de la UCA sugieren que esta recuperación es, en el mejor de los casos, parcial y engañosa. La mejora en los indicadores de pobreza por ingresos no se traduce en un mayor bienestar, ya que las condiciones estructurales de desigualdad y precarización persisten e incluso se han agravado. La contradicción entre el relato oficial y la realidad que muestran los informes de la UCA expone la necesidad de un análisis más profundo sobre la situación social del país.

El periodista Carlos Pagni reveló un escándalo que sacude a la Aduana y genera serias sospechas sobre el manejo de privilegios en el gobierno de Javier Milei. ¿Que había en las valijas no declaradas?.

El periodista Carlos Pagni reveló un escándalo que sacude a la Aduana y genera serias sospechas sobre el manejo de privilegios en el gobierno de Javier Milei. Según su denuncia, una orden “de arriba” habría impedido que se inspeccionara el equipaje de Laura Belén Arrieta, una militante libertaria vinculada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), quien aterrizó en un vuelo privado proveniente de Miami con una cantidad indeterminada, pero considerable, de valijas y bultos de contenido desconocido.

De acuerdo con Pagni, las autoridades de la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estaban preparadas para realizar un control, pero recibieron la instrucción de no intervenir. “Una orden superior dijo ‘no hay que mirar nada acá’”, aseguró el periodista, quien también advirtió que dentro de la Aduana dan el hecho por cierto y existe preocupación por la gravedad del episodio.

Este escándalo ya está siendo comparado con el caso Antonini Wilson, el empresario venezolano apañado por los Estados Unidos, que intentó ingresar ilegalmente un maletín con 800.000 dólares en 2007, lo que desató un conflicto internacional. La falta de control sobre las valijas de Arrieta y la intervención de órdenes superiores despiertan interrogantes críticos: ¿qué traía en su equipaje? ¿Quién garantizó su paso sin inspección? ¿Se trata de un caso de tráfico de dinero o bienes irregulares?

Hasta el momento, el gobierno no ha dado explicaciones sobre este hecho, pero la denuncia de Pagni podría marcar el inicio de una investigación con impacto político.