Según un relevamiento de Ceprofar, en diciembre de 2024 se vendieron 5 millones de medicamentos menos que en diciembre de 2023. Una vez más los jubilados los más perjudicados.

Un reciente relevamiento del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) revela una situación preocupante: en diciembre de 2024, las ventas de medicamentos recetados cayeron un 14% respecto al mismo mes de 2023, lo que equivale a 5 millones de unidades menos. Este desplome, lejos de ser un indicio de una mejora en la salud de los argentinos, refleja los efectos de los altos precios de los fármacos y la pérdida del poder adquisitivo de la población.

La comparación entre diciembre de 2024 y octubre de 2023, antes de las elecciones, resulta aún más alarmante: la baja fue del 35%, lo que significa 17,38 millones de medicamentos menos vendidos en apenas dos meses.

Impacto en los jubilados

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), principalmente jubilados, han sido los más perjudicados. Según el informe, las ventas de medicamentos a través de PAMI se redujeron un 22% anual, con una caída de 3,7 millones de unidades. Además, los precios de los medicamentos para los afiliados al programa registraron incrementos mucho mayores que los del mercado general, alcanzando un promedio del 240% en 2024.

Estos aumentos están relacionados con los acuerdos establecidos entre PAMI y los laboratorios, que desde marzo permitieron subas mensuales del 5% por encima de la inflación. En noviembre, un nuevo convenio de provisión autorizó incrementos variables, nuevamente superiores al índice inflacionario.

La cobertura gratuita, en retroceso

Otro factor que agravó la situación de los jubilados fue la pérdida de cobertura gratuita para muchos medicamentos, que ahora se consideran dentro del esquema de “Cobertura Eventual”, con un descuento de solo el 40%. Esto representa un fuerte contraste con años anteriores, cuando los afiliados al PAMI obtenían precios entre un 20% y un 40% más bajos que el público en general.

Precios por las nubes

El relevamiento de Ceprofar también detalla que, tras el fin de los acuerdos de precios sostenidos con los laboratorios hasta octubre de 2023, los valores de los medicamentos comenzaron a escalar vertiginosamente. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, los precios subieron un 250,6%, muy por encima de la inflación del período (173,3%).

La drástica caída en la venta de medicamentos y los exorbitantes aumentos de precios están dejando a millones de argentinos, especialmente jubilados, en una situación de desamparo. Las políticas de ajuste implementadas en el último año no solo han reducido el acceso a medicamentos esenciales, sino que han profundizado la brecha en la atención sanitaria, afectando de manera directa a los sectores más vulnerables.

El ministro de Defensa publicó en su cuenta oficial de X un mensaje del presidente estadounidense celebrando la deportación de ciudadanos colombianos y criticando al presidente colombiano Petro.

El Ministro de Defensa, Luis Petri, generó una fuerte controversia y malestar al compartir en su perfil oficial en la red social X una publicación del presidente estadounidense Donald Trump, en la que este criticaba a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la cuestión de los vuelos de repatriación de inmigrantes ilegales desde Estados Unidos. Este acto, que claramente escapa a su ámbito de competencia, refleja una actitud incomprensible y evidencia una preocupante subordinación que roza la genuflexión hacia el nuevo gobierno estadounidense.

El gesto del ministro no solo resulta innecesario, sino que también coloca a Argentina en una posición de desprestigio regional que será difícil de revertir, afectando su imagen como un actor independiente en los foros internacionales. Este tipo de intervenciones, alejadas de las responsabilidades específicas de su cartera, no contribuyen a fortalecer la política exterior del país y generan tensiones innecesarias con los países de la región en un contexto donde el nuevo gobierno estadounidense emprende con virulencia una política anti hispanista y latinoamericana que amenaza incluso con atentar directamente contra la soberanía de países como México o Panamá. Apoyar la política de garrote de Estados Unidos no solo ignora el hecho de que la propia Argentina podría sufrirla en carne propia (de hecho la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas no seria posible sin el beneplácito estadounidense) si no que también atenta contra las posturas históricas de la diplomacia Argentina, dañando además el vinculo con los países americanos donde la mayoría apoyan el reclamo argentino por la soberanía en Malvinas en los distintos foros e instancias internacionales.

Mientras el ministro Petri se ocupa de asuntos ajenos a su ministerio, cuestiones críticas de defensa nacional permanecen bajo cómplice silencio. Un ejemplo de ello es la situación en el Atlántico Sur y la Antártida la cual pese a estar contenida por el tratado antártico viene siendo objeto de una escalada mas o menos solapada, con el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) mostrando un interés abierto en el potencial de hidrocarburos en el sector antártico argentino (que se superpone en su totalidad al territorio ambicionado por RUGB). Además, el año pasado, el RUGB decretó unilateralmente un área marina protegida (AMP) en torno a las Islas Georgias del Sur, consolidando su control de facto en la región, al tiempo que intensifica la militarización de las Islas Malvinas y la ampliación de infraestructuras criticas con el fin de proyectarse al continente blanco. Mientras que por el lado argentino el proyecto del Polo Logístico Antártico de Ushuaia en Tierra del Fuego y la construcción del necesario buque polar que complemente al rompehielos Almirante Irizar vienen siendo sistemáticamente postergados por el ministerio que dirige Luis Petri.

La falta de enfoque en estos desafíos estratégicos es ciertamente alarmante, especialmente cuando las acciones británicas representan una amenaza directa y concreta a los intereses vitales de Argentina. En este contexto resulta incomprensible que el ministro se involucre en temas ajenos a su cartera, cuando de lo que debería ocuparse el ministro es en priorizar la defensa de los intereses nacionales en el eje Atlántico Sur- Malvinas- Antártida y reforzar las acciones diplomáticas (donde el apoyo de los países de la región es fundamental) y militares necesarias para enfrentar esta situación.

La actitud de Petri no solo desdibuja el rol de su ministerio, sino que compromete la capacidad del país para atender los verdaderos desafíos que enfrenta en términos de soberanía y seguridad.

La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debió realizar una acción legal ante la falta de entrega de los remedios que data desde hace varios meses por parte de la administración libertaria.

La interrupción en la entrega de medicamentos oncológicos para menores, que ya se extiende por varios meses, ha llevado a la Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a presentar un recurso de amparo judicial contra el Gobierno nacional. La acción exige que se garantice la provisión de tratamientos esenciales para niños y niñas con enfermedades de alta complejidad, cuya suspensión representa una grave vulneración de derechos.

En declaraciones a Splendid AM 990, Graham subrayó que lo único que se reclama es el cumplimiento de la ley vigente: “Esta es una vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. Lo único que pedimos es que se cumpla lo que dicta la ley”. El amparo presentado en el Juzgado Federal N°2 insta al Estado a resolver expedientes administrativos atrasados y garantizar la provisión de medicamentos en un plazo máximo de 20 días.

Lo que resulta aún más indignante es que esta medida afecta a los sectores más vulnerables de la población mientras, en paralelo, el Gobierno ha adoptado decisiones que benefician a los sectores ultra concentrados de la economía, como la reducción de retenciones al agro. Este contraste evidencia una preocupante política de priorización que desatiende a los niños y niñas que dependen de estos tratamientos para sobrevivir, en favor de intereses económicos de los sectores más poderosos.

A pesar del amparo judicial, el oficialismo ha apelado la medida cautelar, dejando a miles de familias sin respuestas claras y a niños y niñas sin los medicamentos que necesitan con urgencia. Esta postura no solo contradice principios básicos de derechos humanos, sino que refleja una alarmante falta de sensibilidad hacia quienes más necesitan del Estado.

Mientras los sectores concentrados son favorecidos, los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad quedan abandonados, demostrando una gestión que pone en evidencia sus prioridades y desestima el cumplimiento de derechos fundamentales.

La empresa inició un proceso de reestructuración en el marco de un menor procesamiento de leche diaria y retracción del mercado.

SanCor Cooperativas Unidas Limitada, una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea en Argentina, atraviesa su momento más crítico. Este jueves, se materializó el temor de sus trabajadores: una ola de despidos que la compañía justifica alegando “razones de fuerza mayor”.

La medida, que comenzó el miércoles, se enmarca en un proceso de reestructuración provocado por la drástica disminución en el procesamiento diario de leche. Actualmente, la empresa procesa apenas 180.000 litros diarios en varias plantas, muy lejos de su capacidad plena, y mantiene una plantilla de aproximadamente 1.300 trabajadores.

Una fuente del sector explicó que “hay poca materia prima para procesar y un volumen de negocio reducido, lo que hace insostenible mantener plantas inactivas con toda la estructura productiva y de personal”.

La crisis de SanCor, que se ha extendido por años, se agudizó a partir de octubre de 2023 tras un conflicto de diez meses con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), que paralizó las plantas. Aunque en julio de 2024 se firmó un acuerdo, ni la economía de la cooperativa ni su ritmo productivo lograron recuperarse sumado a un contexto recesivo en el plano nacional que agravó decisivamente la situación.

Los despidos afectan especialmente a empleados que estaban bajo el esquema de “Jornada Libre”, percibiendo solo el 70% del salario, o aquellos que cobraban desde hace cuatro años un monto fijo de diez mil pesos. Además, la empresa habría priorizado despedir a trabajadores de menor antigüedad o especialización.

En las cartas enviadas, SanCor argumenta que las razones de fuerza mayor son “ajenas a la voluntad de la compañía”, citando el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla indemnizaciones reducidas en casos de despido por falta de trabajo o fuerza mayor. Sin embargo, la normativa también exige que la empresa demuestre dichas circunstancias.

A este panorama crítico se suma la creciente salida de tambos proveedores, que han dejado de entregar materia prima y abandonado la condición societaria de la cooperativa, agravando aún más el colapso productivo.

Con la incertidumbre instalada, el futuro de SanCor parece pendular entre una reestructuración cada vez más drástica o el desenlace final de su historia en la industria láctea.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó la irregularidad y en las últimas horas intimó a los responsables del hipermercado a regularizar la situación.

El Megamercado y Centro Comercial Coto, inaugurado a principios de diciembre de 2024 en Mar del Plata con la presencia del presidente Javier Milei, ha quedado en el centro de la polémica por un fraude impositivo significativo. A pesar de tratarse de una construcción de 20,800 metros cuadrados que demandó una inversión de 50 millones de dólares, el establecimiento seguía declarado como “terreno baldío” y pagaba impuestos como tal.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó la irregularidad y en las últimas horas intimó a los responsables del hipermercado a regularizar la situación. Según fuentes del ente recaudador, la multa inicial asciende a $4,3 millones, aunque podría incrementarse hasta $50 millones si no se subsana la infracción de manera inmediata.

El director de ARBA, Cristian Girard, calificó la situación como “inadmisible”

“Es inaceptable que el supermercado más grande del país, inaugurado con el respaldo del presidente Milei, eluda sus responsabilidades tributarias al declarar como baldío un predio donde opera un establecimiento con patio gastronómico, sala de juegos y estacionamiento para 1,200 vehículos”, expresó Girard.

Además, enfatizó que este tipo de prácticas socavan el principio de equidad fiscal:
“Los grandes contribuyentes deben comprender que cumplir con las obligaciones tributarias es esencial para construir una sociedad más justa. Mientras las familias bonaerenses hacen esfuerzos para pagar sus impuestos, no podemos permitir que grandes empresas utilicen estrategias para evadir sus responsabilidades”.

El megamercado, ubicado en la avenida Jorge Newbery camino a Chapadmalal, forma parte de un ambicioso proyecto que también contempla la construcción de un shopping en el terreno contiguo y una nueva sucursal en la zona portuaria de Mar del Plata. Sin embargo, este caso de fraude impositivo arroja una nueva sombra sobre la cadena Coto, resaltando una falta de transparencia en su relación con el fisco.

La situación no solo pone en entredicho la credibilidad de una de las principales cadenas de hipermercados del país, sino también la responsabilidad institucional al permitir que un establecimiento de tal envergadura inicie operaciones sin cumplir con sus obligaciones fiscales.

Marco Palazzo, influencer libertario paso un mal momento luego de que fuera a provocar a la Asamblea LGBTIQ+ en Parque Lezama. Defiende al genocida Eichmann, critica a Maradona y niega la soberanía de Malvinas.

El clima de tensión política en Argentina se intensifica con la irrupción de figuras provocadoras que responden al gobierno como Marco Palazzo, un influencer libertario de 18 años conocido por sus declaraciones extremas y provocadoras. Este sábado, Palazzo protagonizó un nuevo episodio polémico durante la Asamblea Antifascista LGBTIQ+ en el Parque Lezama, en el barrio porteño de La Boca.

La asamblea, convocada bajo el lema “La vida está en riesgo. ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más”, reunió a cientos de activistas para denunciar el avance de discursos y políticas que consideran amenazas a los derechos del colectivo LGBTIQ+. Sin embargo, la presencia de Palazzo, quien intentó filmar e increpar a los asistentes, desató tensiones que derivaron en una violenta reacción en su contra.

La Policía de la Ciudad intervino para rescatar al joven fuera del lugar y evitar mayores incidentes. Según testigos, tras las provocaciones, Palazzo habría sido agredido físicamente por algunos manifestantes, y solo logró salir del parque refugiándose en un móvil policial que lo saco raudamente del lugar.

Neonazi y pro británico

Marco Palazzo ha ganado notoriedad en redes sociales por sus provocaciones y posturas radicales. Ha defendido públicamente a figuras del nazismo, como Adolf Eichmann, calificando su captura por el Mossad en 1960 como “ilegítima”. Además, ha negado la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y atacado símbolos nacionales como Diego Maradona, cuestionando incluso su emblemático gol conocido como la “Mano de Dios”.

El joven también generó controversia en agosto de 2024 al presentarse en la Casa Rosada con una imagen de la ex primera dama Fabiola Yáñez gravemente herida, un acto que fue ampliamente condenado como revictimizante. Ese mismo día, fue visto estrechando la mano de Manuel Adorni, vocero libertario, lo que generó más críticas hacia el movimiento político que representa.

Tensión creciente en un país dividido

El episodio del Parque Lezama pone de manifiesto el creciente clima de crispación y violencia política en Argentina. La figura de Palazzo, con su retórica provocadora y apoyo a discursos de odio, refleja una fractura social cada vez más marcada, alimentada por narrativas polarizantes tanto desde sectores libertarios como desde el propio gobierno.

Desde el oficialismo, se observa la adopción de un discurso inspirado en el conservadurismo cultural estadounidense, que introduce divisiones profundas en torno a temas como la inmigración, la raza, la pobreza y el género. Este contexto agrava un panorama social ya complejo, donde los actos de confrontación y las polémicas ideológicas escalan rápidamente hacia la violencia.

Mientras tanto, episodios como el de Palazzo o Fran Fjap no solo generan indignación entre quienes defienden los derechos humanos, sino que también avivan el debate sobre los límites de la libertad de expresión en un país que enfrenta desafíos crecientes para preservar la convivencia democrática en un contexto de creciente deterioro económico y social.

El Servicio Alimentario Escolar (SAE) continúa en funcionamiento durante el receso escolar, asegurando desayuno y almuerzo a miles de estudiantes en toda la provincia.

El gobierno bonaerense demuestra su compromiso con el bienestar infantil al garantizar la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante el receso estival. En el marco del programa “Escuelas Abiertas en Verano”, miles de estudiantes reciben desayuno y almuerzo en 1.700 sedes distribuidas en los 135 distritos de la provincia.

Esta política, liderada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, no solo asegura una adecuada alimentación para más de 250.000 niños, niñas y adolescentes, sino que también promueve la integración a través de actividades recreativas y deportivas. Un ejemplo destacado es el municipio de Ensenada, donde más de 1.100 chicos participaron activamente en nueve escuelas y espacios recreativos, disfrutando de jornadas que combinan nutrición, aprendizaje y esparcimiento.

Durante una visita a Ensenada, la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, y el director provincial del SAE, Juan Sorrentino, recorrieron las instalaciones del Complejo Recreativo Cristina Fernández de Kirchner y la Escuela Secundaria N° 2. Allí compartieron momentos con los estudiantes y supervisaron las actividades desarrolladas, reafirmando el compromiso del Estado con estas iniciativas.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó que el programa SAE es “el más grande de la República Argentina y uno de los más importantes de América Latina”. Subrayó que estas acciones son prioritarias para el gobernador Axel Kicillof, ya que implican un esfuerzo extraordinario en un contexto de limitaciones financieras. Asimismo, resaltó el fortalecimiento de los comedores escolares, con un aumento del 140% en las prestaciones alimentarias durante 2024, y la incorporación de mejoras en infraestructura, equipamiento y capacitación.

El programa complementario MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) también contribuye a esta estrategia, consolidándose junto al SAE como los pilares fundamentales de la política alimentaria provincial. Ambos programas aseguran que los niños y niñas no solo cuenten con alimentos de calidad, sino también con un entorno de contención y desarrollo integral.

Con estas acciones, la provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con la educación, la seguridad alimentaria y el derecho de los niños y niñas a un verano pleno de oportunidades, integración y bienestar.

En 2024, la inflación real fue del 133,6%, 16 puntos más que la cifra oficial informada, según un relevamiento realizado por la Universidad Torcuato Di Tella.

En 2024, la inflación real alcanzó un alarmante 133,6%, 16 puntos porcentuales por encima de la cifra oficial reportada por el INDEC, según un estudio realizado por Martín González Rozada, profesor titular del Departamento y director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella. Este análisis evidencia un “atraso” significativo en las mediciones oficiales, que informaron una inflación del 117,8%, dejando una brecha de 15,8 puntos.

El problema radica en la metodología utilizada por el INDEC, que se basa en datos desactualizados de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004-2005 y un índice de precios base de 2016. Aunque el organismo actualizó parcialmente los ponderadores en 2017-2018 con datos más recientes, aún no han sido incorporados de manera integral. Este rezago genera distorsiones significativas en el cálculo de la inflación.

Por ejemplo, en 2004-2005, el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” representaba el 10,5% del gasto total en la Región Metropolitana, mientras que en 2017-2018 ascendió al 15,1%. Esta actualización, pendiente de implementación completa, no solo afecta la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino también ajustes críticos como los del salario mínimo y las jubilaciones. Según González Rozada, de haberse aplicado los ponderadores actualizados, las jubilaciones habrían debido aumentar un 7% adicional.

La medición sesgada también respalda políticas económicas cuestionadas, como el ajuste del tipo de cambio oficial al 1% mensual y el tope salarial en paritarias fijado en el mismo porcentaje. Además, distorsiona la actualización de parámetros fiscales clave, como el Mínimo No Imponible de Ganancias, las cuotas y los límites de facturación del Monotributo.

En este contexto, las grandes empresas y el capital financiero emergen como los principales beneficiarios, obteniendo ganancias extraordinarias en dólares mientras los salarios reales pierden poder adquisitivo. La “manipulación” de dos precios fundamentales, el dólar y los salarios, contribuye al deterioro de la economía doméstica y al creciente malestar social.

González Rozada concluye que “la distorsión radica en la forma en que se calcula la inflación, utilizando una canasta de bienes y servicios de 2004, en la que los servicios públicos representaban apenas el 10%“. Este señalamiento refuerza los crecientes cuestionamientos a las estadísticas oficiales, que parecen estar lejos de reflejar la realidad económica del país.

La empresa comunicó internamente la decisión este miércoles (22/1) a los empleados de la planta de Alvear. Advierten que la medida afectará a muchos empleados que están contratados bajo convenio.

General Motors inició un nuevo proceso de retiros voluntarios en su planta de Alvear, Santa Fe, en medio de un contexto crítico para la industria automotriz argentina. Este nuevo ajuste, confirmado recientemente, estará vigente hasta finales de enero y busca reducir personal en una planta donde actualmente solo se fabrica el modelo Chevrolet Tracker, luego de que en 2023 cesara la producción del Cruze.

La medida, que había circulado como un rumor en los últimos días, fue comunicada oficialmente a los empleados el pasado 22 de enero. Según fuentes citadas por el medio Cadena 3, la iniciativa afectará a un número significativo de trabajadores bajo convenio. Este nuevo proceso de retiros voluntarios es el reflejo de un escenario de producción en declive, agravado por paradas prolongadas y caídas en las proyecciones de fabricación.

Durante 2024, General Motors enfrentó una reducción drástica en su actividad, lo que incluyó dos meses de parálisis productiva y procesos similares de ajuste. En ese año, las proyecciones de producción de la automotriz pasaron de 430 mil unidades a solo 330 mil. Para 2025, las estimaciones anticipan un escenario aún más desalentador, con cifras por debajo del ya crítico desempeño del año anterior.

Este panorama refuerza la aguda crisis que atraviesa el sector automotriz argentino, donde la recesión económica, la caída de la demanda y los problemas de competitividad frente a una posible apertura importadora configuran un desafío monumental para las empresas y sus trabajadores.

Como parte de la agenda trumpista “anti woke”, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres en Argentina.

Mientras Argentina enfrenta un preocupante aumento de femicidios, con entre 255 y 294 casos registrados en 2024 según organizaciones especializadas, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres. En el marco de las próximas sesiones ordinarias, el mandatario planea presentar un proyecto de ley titulado “De igualdad ante la ley”, cuyo contenido ha generado fuertes críticas por su enfoque regresivo en materia de derechos de género.

La propuesta oficialista incluye la derogación de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para funcionarios públicos, y la eliminación de la figura de femicidio como agravante en el Código Penal. Según el gobierno, estas normativas “atentan contra la igualdad jurídica entre las personas” y buscan instaurar una supuesta neutralidad ante la ley, omitiendo las desigualdades estructurales que estas políticas buscan abordar.

Desde el entorno presidencial, liderado por Santiago Caputo, aseguran que esta estrategia busca “medir la reacción social” durante el verano, en un intento por normalizar debates que podrían desmantelar derechos adquiridos y desviar la atención de la dura realidad económica que vive el país.

Un contexto de retroceso y desprotección

Estas medidas se enmarcan en una serie de decisiones que evidencian un desinterés por la protección de las mujeres y las diversidades. Durante su primer año de mandato, La Libertad Avanza disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, degradó la jerarquía de la Línea 144, y recortó presupuestos destinados a la prevención y asistencia de víctimas de violencia machista.

La derogación de la Ley Micaela es particularmente simbólica, ya que esta norma nació como respuesta al femicidio de Micaela García, marcando un compromiso estatal y social con la formación en perspectiva de género. Eliminarla sería un golpe directo a las políticas de prevención y un mensaje alarmante en un país que se convirtió en referente mundial con movimientos como Ni Una Menos.

El contexto no podría ser más preocupante. Las cifras crecientes de femicidios y las alertas de organizaciones sociales contrastan con la postura oficial, que minimiza la violencia de género como problemática específica. Estas decisiones no solo refuerzan la idea de retroceso en derechos, sino que también abren un peligroso camino hacia el abandono de las políticas que buscan proteger a las poblaciones más vulnerables en un contexto de creciente violencia y desigualdad económica.

La presentación de este proyecto no solo pone en juego derechos fundamentales, sino que también subestima el impacto social de una Argentina que, en años recientes, ha salido a las calles para exigir que la violencia machista no quede impune.