El Gobierno de Milei quiere instalar un “botón” de censura, para silenciar a los periodistas que hagan preguntas incomodas en las conferencias de prensa de la Casa Rosada.
El gobierno de Javier Milei avanza con una nueva medida que limitará aún más la libertad de prensa en Argentina. Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció un paquete de regulaciones para las conferencias de prensa en la Casa Rosada que otorgan al Ejecutivo un control sin precedentes sobre los periodistas acreditados.
Entre las medidas más polémicas se encuentra un “botón muteador”, que con la excusa de un mayor ordenamiento de las conferencias permitirá silenciar a los periodistas que el gobierno considere inconvenientes o bien a aquellos que realicen preguntas incomodas para el vocero presidencial. Además, se implementará un sistema de selección de asistentes a las conferencias basado en un esquema de votación, lo que Adorni describió como un “Gran Hermano periodístico”, dejando en manos de criterios poco transparentes la posibilidad de acceso de la prensa.
La normativa también impondrá un código de vestimenta obligatorio—traje y corbata para los hombres—y exigirá que los acreditados tengan contrato fijo con sus empleadores, una medida que excluiría a muchos trabajadores independientes y a la prensa alternativa.
Manuel Adorni (vocero presidencial) confirma que quiere poner un botón para silenciar periodistas que quieran repreguntar. Imagino que la TOTALIDAD del periodismo va a salir a REPUDIAR públicamente este intento de CENSURA que atenta contra LA LIBERTAD. pic.twitter.com/IzuRClCAT0
Estas restricciones refuerzan una relación cada vez más hostil entre Milei y los medios. El presidente ha atacado reiteradamente a periodistas críticos, calificándolos de “mentirosos”, “corruptos” o “ensobrados”, y utiliza sus redes sociales para desacreditarlos públicamente. Su última embestida fue contra el analista Carlos Pagni, quien cuestionó la estabilidad del peso argentino.
Esta no es la primera vez que el gobierno intenta controlar el ejercicio periodístico. En el pasado, Adorni había anunciado que solo los periodistas de “medios altamente reconocidos” tendrían acceso a la Casa Rosada, y el oficialismo incluso intentó reactivar una ley de 1944 que imponía la matriculación obligatoria de periodistas, una medida que fue abortada tras el rechazo del gremio. Además, Milei amplió recientemente las excepciones que permiten al Estado negar información pública a la prensa.
Los indicios de censura ya se han visto en otros eventos oficiales. Durante la apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo, los periodistas fueron relegados a espacios con visibilidad y acceso limitados, y la televisión pública ocultó imágenes incómodas para el gobierno, como el boicot opositor y las tensiones internas en la administración.
Las nuevas restricciones en la Casa Rosada consolidan un escenario en el que la prensa enfrentará un mayor control gubernamental. Mientras el presidente insiste en que “juega de visitante” en los medios tradicionales, su administración avanza en la consolidación de un entorno hostil para el periodismo independiente.
En un operativo desproporcionado, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich le propinaron una verdadera paliza a los jubilados que se movilizaron como todos los miércoles frente al Congreso de la Nación para pedir un aumento en sus haberes y la restitución de la cobertura de medicamentos.
Una vez más, las fuerzas federales que responden a Patricia Bullrich desataron una represión violenta contra un reducido grupo de jubilados y manifestantes que, como cada miércoles, se congregaron frente al Congreso de la Nación para exigir un aumento en sus haberes y la restitución del 100% de los medicamentos del PAMI, entre otros derechos vulnerados.
El despliegue policial, completamente desproporcionado, incluyó a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que avanzaron contra los manifestantes con gases lacrimógenos, golpes y empujones. Los jubilados, acompañados por organizaciones sociales, clubes barriales como Chacarita y trabajadores despedidos de la imprenta Morvillo, fueron atacados sin mediar provocación.
Las fuerzas federales volvieron a desplegar un operativo desproporcionado ante un diminuto grupo de manifestantes que reclamaba de manera pacifica.
Los efectivos motorizados de la Policía cercaron a los manifestantes en la avenida Rivadavia y utilizaron la fuerza para dispersarlos. Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria, la represión incluyó “gases químicos, empujones y golpes con los escudos” contra una protesta completamente pacífica. Además, trabajadores de prensa que cubrían la manifestación también fueron agredidos.
Esta represión no es un hecho aislado: se suma a una serie de ataques sistemáticos contra las protestas de jubilados. Solo en la última semana, un megaoperativo policial –que duplicaba en número a los manifestantes– dejó un saldo de diez heridos y dos detenidos ilegales. Semanas atrás, los jubilados fueron reprimidos mientras se manifestaban junto a trabajadores del Hospital Garrahan, resultando en personas mayores en el suelo, con necesidad de asistencia médica.
Durante la represión también fueron agredidos trabajadores de prensa que cubrían el suceso.
El endurecimiento de la represión se da en un contexto de creciente vulnerabilidad para los jubilados, profundizada desde que el presidente Javier Milei vetó la ley de Movilidad Jubilatoria votada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. Esta decisión, apoyada por sectores de la oposición “dialoguista”, fue celebrada por Milei con un asado, en un gesto de violencia simbólica contra uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. En respuesta, el mandatario fue denunciado penalmente en septiembre de 2024 por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El hincha de #Vélez pegandole al vigilante y defendiendo a los jubilados es todo lo que está bien. Gracias por representar así la camiseta. pic.twitter.com/bLrpNqRi5o
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad sigue reforzando su política represiva con la compra de gases lacrimógenos de última tecnología, cuyo efecto es incluso más dañino que los utilizados anteriormente. “Me han gaseado muchísimas veces, pero nunca un gas me quemó como éste”, denunció la legisladora Vanina Biasi el año pasado.
Los jubilados siguen en pie de lucha, a pesar de la violencia con la que el gobierno responde a sus justos reclamos.
“Es la combinación de capitalismo salvaje, autoritarismo por vía de la ultraderecha e inteligencia artificial”, sostuvo la fundadora de la Coalición Cívica .
La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei, acusándolo de ser un “bufón” del expresidente estadounidense Donald Trump y de reproducir su modelo de “capitalismo salvaje y autoritarismo ultraderechista”.
En una entrevista con el diario El País de España, Carrió analizó el proceso político de Argentina con la irrupción de Milei y lo comparó directamente con el fenómeno trumpista: “Es la combinación de capitalismo salvaje, autoritarismo por vía de la ultraderecha e inteligencia artificial“, sostuvo.
La dirigente destacó el alineamiento incondicional de Milei con Trump y denunció que ambos comparten una visión regresiva del poder. “Trump es un retroceso en materia de repúblicas democráticas por su crueldad, su carácter extorsionador y mesiánico. Es una calamidad histórica. No representa ningún valor de Occidente, sino los valores premodernos, absolutistas y de la política de la crueldad”, reflexionó Carrió.
Además, cuestionó duramente la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde se exhibió con Elon Musk y Trump: “Darle la motosierra a Musk y la reunión con Trump fue el espectáculo de un bufón”, sentenció.
Carrió advirtió sobre las implicancias de este alineamiento geopolítico, señalando que tanto Trump como Milei impulsan un modelo de “gobernanza mundial oligárquica” que atenta contra las instituciones democráticas y la justicia social. “Trump viola las leyes de Estados Unidos y los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Milei hace lo mismo y produce una estafa piramidal”, concluyó.
Las declaraciones de Carrió refuerzan las críticas a la política exterior del mandatario argentino, quien ha priorizado su cercanía con Trump y otros referentes de la ultraderecha global, consolidando un alineamiento que, según la ex diputada, responde más a intereses personales e ideológicos que a una estrategia de beneficio real para Argentina.
El gobierno de Javier Milei busca que el Congreso le otorgue al ministro de Economía, Luis Caputo, facultades especiales para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI sin que los legisladores conozcan los montos ni las condiciones de la renegociación de la nueva deuda.
Presionado por la caída sostenida en las reservas, el gobierno de Javier Milei busca que el Congreso anule la Ley Guzmán y le otorgue al ministro de Economía, Luis Caputo, facultades especiales para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI sin que los legisladores conozcan los montos ni las condiciones de la renegociación de la deuda. De esta manera, Caputo –responsable del mayor endeudamiento en la historia argentina y de la posterior fuga de capitales durante la gestión de Mauricio Macri– pretende que el Congreso le firme un cheque en blanco para profundizar el brutal endeudamiento externo que permita sostener la artificialidad del tipo de cambio.
La Casa Rosada pretende que el Parlamento apruebe únicamente un marco general del acuerdo, sin precisar tasas, montos ni plazos, lo que implica una delegación de poderes extraordinarios que permitiría a Caputo avanzar sin control legislativo. La iniciativa, que aún no fue conversada con los bloques aliados, generó inquietud en sectores políticos que ven en esta maniobra una nueva estrategia para eludir el debate democrático y consolidar un modelo económico que ya ha llevado al país a una situación crítica, con la destrucción de reservas del Banco Central y la fragilidad de un tipo de cambio artificialmente sostenido.
Toto Caputo continua con la saga del endeudamiento externo iniciado durante su gestión como ministro durante el gobierno de Mauricio Macri.
A pesar de la falta de transparencia, algunos legisladores oficialistas han manifestado su apoyo a la renegociación impulsada por Caputo, recordando que en 2022 votaron a favor del acuerdo del gobierno anterior para evitar un default. Sin embargo, otras bancadas han mostrado reparos ante una medida que busca vaciar de contenido el rol del Congreso en el control del endeudamiento.
Deuda eterna: ¿De cuanto es el crédito que busca Caputo?
Según estimaciones del banco suizo UBS, el organismo podría prestarle a Argentina hasta 20.000 millones de dólares. Sin embargo, de ese monto, solo 8.000 millones corresponderían a nuevos fondos, mientras que el resto se utilizaría para pagar la deuda ya existente con el propio Fondo, perpetuando así el círculo vicioso de dependencia financiera.
Según el banco internacional UBS, el FMI le prestaría al gobierno de Milei hasta 20 mil millones de dólares.
Los analistas del UBS estiman que el FMI otorgará más fondos de los necesarios para cubrir los pagos de capital, lo que implicaría un acuerdo mínimo de 12.000 millones de dólares. Un monto superior podría alcanzar los 20.000 millones, aunque solo una fracción de esos recursos llegaría efectivamente como “dinero fresco” para las reservas del Banco Central. Además, según el informe de UBS, al menos el 30% del nuevo paquete de financiamiento estaría disponible este año, lo que deja en evidencia la urgencia del gobierno por conseguir oxígeno financiero ante la crisis de su programa económico.
En esencia, el gobierno de Milei pretende que el Poder Legislativo apruebe un acuerdo a ciegas, renunciando a su facultad de supervisar decisiones clave para el futuro económico del país. La anulación de la Ley Guzmán marcaría un retroceso en la institucionalidad y allanaría el camino para que el Ejecutivo continúe con su política de ajuste y endeudamiento sin restricciones, en un contexto donde la presión del FMI, los efectos del ajuste y la falta de dólares para mantener un tipo de cambio ficticio ponen en jaque la viabilidad del modelo libertario.
Mientras el Gobierno de Javier Milei ajusta el gasto público y aplica despidos en el Estado, la Secretaría de Manuel Adorni cuenta con 208 empleados, la mayoria influencers y “asesores digitales”.
En plena ola de recortes en áreas esenciales como la obra pública, la educación, las jubilaciones y la salud, la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica al revelarse que cuenta con una estructura de 208 empleados, incluyendo influencers y asesores digitales dedicados a la propaganda oficial.
La información surgió a partir del informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado, y generó fuertes críticas debido a la contradicción con el discurso de austeridad que el Gobierno de Javier Milei sostiene mientras aplica despidos masivos en otras dependencias del Estado.
Una estructura millonaria e injustificable en tiempos de ajuste
A pesar de la retórica libertaria de reducción del gasto público, la secretaría que lidera Adorni, quien tiene rango de ministro y es una de las principales voces del oficialismo, mantiene una abultada plantilla con más de 60 cargos jerárquicos.
El documento oficial detalla que, dentro de la estructura, hay:
9 diseñadores de comunicación
6 camarógrafos
10 redactores
4 fotógrafos
33 asesores
16 consultores
11 analistas técnicos
4 referentes de comunicación institucional
3 responsables de planificación
6 asistentes administrativos
1 asesor en sociología
Fuentes cercanas al vocero presidencial aseguran que Adorni solo incorporó a cinco personas de su confianza, mientras que el resto del equipo proviene de personal que ya se desempeñaba en la Casa Rosada. Sin embargo, el volumen de empleados y la presencia de múltiples asesores digitales y figuras vinculadas a la propaganda en redes sociales ponen en duda el relato oficial de austeridad.
El papel de los influencers en la estrategia oficial
Uno de los nombres más destacados dentro del equipo de Adorni es Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe”, quien ocupa el cargo de director nacional de Comunicación Digital y tiene bajo su mando a un director nacional, un director operativo y dos coordinadores. Otro integrante clave es Iván Gómez, coordinador de Gestión de Comunicación Digital, responsable de la difusión de contenido audiovisual en las plataformas oficiales del Gobierno.
Mientras el ajuste impacta en jubilados, docentes y trabajadores de la salud, la Secretaría de Comunicación y Medios mantiene una estructura de personal que no escatima recursos para sostener el aparato comunicacional del Gobierno. En este contexto, el contraste es evidente: mientras se cierran programas y se reducen servicios esenciales, la maquinaria de propaganda oficial sigue en expansión.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reclamó la presencia del Estado a través del desarrollo de políticas públicas y alertó sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó una fuerte advertencia sobre la crisis social que atraviesa el país y la falta de políticas públicas por parte del gobierno nacional, lo que, según señaló, está generando un preocupante repliegue del Estado que facilita el avance del narcotráfico en los sectores más vulnerables.
“La ausencia de un Estado presente e inteligente en los barrios populares deja un vacío que rápidamente es ocupado por otros actores, como el narcotráfico. Por eso, alertamos sobre la necesidad urgente de garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades más afectadas”, sostuvo el prelado.
En este sentido, García Cuerva insistió en la importancia de ciertas políticas públicas que, en su opinión, resultan fundamentales para evitar que el crimen organizado se arraigue aún más en los territorios desprotegidos. “Hay políticas muy valiosas que demuestran que el Estado puede ser un articulador clave para evitar que otro ‘Estado’, el narcotráfico, termine imponiéndose en los barrios”, afirmó.
Reclamo por la obra pública y la urbanización de los barrios
El arzobispo también cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de desfinanciar herramientas de urbanización como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), señalando que, si bien deben investigarse posibles casos de corrupción, no se puede desmantelar completamente iniciativas que brindaban soluciones concretas a sectores vulnerables.
“Si hubo irregularidades, que se investiguen, pero no se debe desechar de raíz una política pública que permitió mejorar las condiciones de vida de miles de personas. No todo fue corrupción y un desastre”, enfatizó.
Asimismo, resaltó la necesidad de una intervención estatal en áreas clave como la vivienda, el acceso a servicios básicos y la generación de empleo a través de microemprendimientos. “El Estado debe ser un actor presente en la transformación de los barrios, porque donde se retira, otros ocupan su lugar, y muchas veces lo hacen con violencia y muerte”, advirtió.
Milei viajará el próximo 23 de marzo a Israel, en una gira que tendrá como principal eje la firma de un Memorándum de Entendimiento de “lucha contra el terrorismo”. Mientras en la Patagonia denuncian la presencia de fuerzas israelíes “disfrazadas de mochileros”.
El presidente Javier Milei viajará el próximo 23 de marzo a Israel en el marco de una nueva gira internacional que lo llevará a reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, señalado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en la Franja de Gaza. El viaje, que se extenderá por cuatro días, tiene como principal objetivo la firma de un Memorándum de Entendimiento en materia de lucha contra el terrorismo, un acuerdo que genera una fuerte preocupación por su posible impacto en la soberanía nacional y en los derechos humanos en Argentina en un contexto de creciente criminalización de la protesta social.
Un pacto con Israel en medio de graves denuncias internacionales
El encuentro entre Milei y Netanyahu se da en un contexto internacional sumamente delicado. Israel enfrenta una creciente condena global por sus acciones en Gaza, donde, según diversos organismos internacionales, han muerto más de 45.000 civiles, incluidos miles de niños y niñas. Organizaciones como la Corte Penal Internacional han señalado la posibilidad de crímenes de guerra, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha denunciado que el Ejército israelí es responsable del asesinato de más de 85 periodistas en lo que va de 2024, el 70% del total de muertes de reporteros en conflictos armados.
Durante su gira de cuatro días en Israel, Milei mantendrá una reunión bilateral con su par Benjamín Netanyahu sobre quien recae un pedido de captura por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.
A pesar de este panorama, Milei ha reforzado su alineamiento con Netanyahu, a quien ha elogiado en reiteradas oportunidades. El gobierno argentino ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones que pesan sobre el líder israelí y ha acelerado las negociaciones para firmar un acuerdo de cooperación en seguridad.
Si bien los detalles del Memorándum de Entendimiento no han sido revelados en su totalidad, fuentes diplomáticas indican que incluiría la posibilidad de asistencia israelí en materia de inteligencia, cooperación en tecnología de vigilancia y un compromiso de Argentina en la lucha contra organizaciones consideradas terroristas por Israel y Estados Unidos. Analistas advierten que este pacto podría implicar la participación de fuerzas israelíes en territorio argentino bajo la justificación de la “colaboración en seguridad”, lo que abriría la puerta a una injerencia extranjera sin precedentes en el país.
Denuncias por la presencia de fuerzas israelíes encubiertas en la Patagonia
Este viaje también se produce en un contexto de crecientes denuncias sobre la presencia de militares israelíes en la Patagonia argentina. Vecinos de Lago Puelo han reportado la presencia de individuos que se hacen pasar por mochileros pero que, según informes de la cadena de noticias Hispan TV, serían soldados israelíes con entrenamiento en armas y explosivos.
El informe señala que estos soldados, algunos con pedidos de captura internacional por crímenes de guerra en Gaza, estarían alojándose en el hotel Onda Azul, en la zona turística de la Patagonia, donde pasarían desapercibidos entre los turistas. Se menciona que al menos dos militares israelíes con antecedentes en Gaza habrían llegado a Argentina tras evadir órdenes de captura en Brasil y Chile.
Según declaraciones de los vecinos de Lago Puelo los mochileros israelíes tendrían actitudes y conductas extrañas lo que supone que parecen ser más que simples turistas.
Uno de los casos más alarmantes es el del soldado israelí Yuval Vagdani, integrante del Batallón de Ingeniería de Combate 749 de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien fue identificado en Brasil poco antes de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Según fuentes internacionales, Vagdani logró huir de Brasil con ayuda de los servicios consulares israelíes y habría cruzado a Argentina, donde su paradero es incierto.La Fundación Hind Rajab presentó una denuncia ante la Justicia argentina exigiendo su captura, pero el caso quedó en manos del juez Ariel Lijo, candidato del gobierno de Milei para integrar la Corte Suprema, lo que podría afectar el avance de la causa.
Otro soldado identificado en territorio argentino es Saar Hirshoren, quien forma parte del batallón 749 y también enfrenta acusaciones por crímenes de guerra. Un tercer soldado, cuya identidad aún no se confirmó, fue visto en Buenos Aires en un video en el que se lo observa contando billetes en el barrio de La Boca. Posteriormente, se habría trasladado a Mendoza, donde también se han reportado presencias sospechosas de militares israelíes.
Argentina, ¿convertida en refugio de criminales de guerra?
Las denuncias sobre la presencia de soldados israelíes en Argentina han generado preocupación en sectores de derechos humanos y en la comunidad internacional. Organizaciones advierten que, de confirmarse la existencia de una red de protección para estos militares, el país podría estar albergando a presuntos criminales de guerra de manera encubierta, en una situación que recuerda a los oscuros antecedentes de la posguerra, cuando Argentina se convirtió en refugio de criminales nazis.
Los soldados Yuval Vagdani y Saar Hirshoren denunciados por la Fundación Hind Rajab, habrían obtenido refugio en Argentina.
El acuerdo que Milei busca firmar con Netanyahu podría profundizar esta situación, facilitando la entrada de personal de inteligencia y fuerzas de seguridad israelíes bajo el pretexto de la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Especialistas en derecho internacional advierten que este tipo de pactos podrían derivar en la cesión de jurisdicción sobre ciertos operativos de seguridad y permitirían el accionar de agencias extranjeras en suelo argentino sin los controles adecuados.
El gobierno de Milei busca involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior para lo cual busca la cooperación de agencias y fuerzas extranjeras.
Un alineamiento sin precedentes con Israel en un contexto de crisis social
El viaje de Milei a Israel refuerza el alineamiento incondicional de su gobierno con Netanyahu, en un momento en el que la administración libertaria enfrenta fuertes críticas por el impacto social de sus políticas de ajuste y el escándalo internacional por el caso $Libra. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ya ha alertado sobre el grave aumento de la pobreza en Argentina como resultado de las políticas de Milei, señalando que más de la mitad de la población está en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la ONU ha cuestionado la represión ejercida por el gobierno argentino contra manifestantes y organizaciones sociales, denunciando la criminalización de la protesta y la eliminación de programas de protección para sectores marginados. En este contexto, el acuerdo con Israel y la posible injerencia de fuerzas extranjeras en territorio argentino so pretexto de la lucha contra el terrorismo generan serios interrogantes sobre el futuro de las libertades democráticas en el país.
Milei busca cerrar con el régimen de Netanyahu un acuerdo de cooperación en “lucha contra el terrorismo” que podría implicar el despliegue de agencias y fuerzas israelíes en territorio argentino.
Conclusión: un viaje con preocupantes implicancias para Argentina
El viaje de Milei a Israel no es solo un gesto diplomático, sino un paso estratégico que podría tener profundas repercusiones en la política de seguridad y en la soberanía nacional. La reunión con Netanyahu, en medio de las denuncias internacionales por crímenes de guerra, coloca a Argentina en una posición delicada a nivel global, mientras que el posible acuerdo en materia de seguridad abre la puerta a una injerencia extranjera que pone en riesgo los derechos humanos y la independencia del país.
En un contexto de creciente malestar social y denuncias sobre la presencia de militares israelíes en la Patagonia, el acercamiento de Milei al gobierno de Netanyahu genera cada vez más interrogantes sobre los verdaderos intereses detrás de esta alianza y sobre las consecuencias que podría traer para Argentina.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó de “preocupante” el decreto para designar jueces en la Corte y advirtió que su aplicación podría “socavar la independencia” de los poderes y el estado de derecho.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha lanzado una seria advertencia sobre la grave amenaza que representa el gobierno de Javier Milei para el Estado de derecho en Argentina. La designación por decreto de jueces en la Corte Suprema, eludiendo el procedimiento constitucional y la aprobación del Senado, evidencia un intento de consolidar un tribunal adicto y funcional a los intereses del régimen oficialista
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció que estas medidas ejecutivas “socavan la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho”, poniendo en jaque la separación de poderes y el funcionamiento democrático del país. La maniobra de Milei, que impone a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos miembros de la Corte sin consenso legislativo, constituye un claro atropello institucional y un peligroso precedente en la historia judicial argentina.
Una crisis institucional y social en aumento
El informe de la ONU también expone la preocupante situación social en Argentina, agravada por las políticas de ajuste extremo impulsadas por el gobierno. Türk advirtió sobre el impacto del brutal recorte del gasto público, que ha disparado la pobreza y vulnerado los derechos de los sectores más marginados. Además, condenó la creciente represión a las protestas y la eliminación de organismos dedicados a la protección de los derechos humanos y la equidad de género.
Con esta nueva advertencia, la comunidad internacional refuerza sus críticas al gobierno de Milei, cuyo avasallamiento a las instituciones democráticas y su estrategia de concentración de poder lo colocan en el centro de un escándalo global. La ONU deja en claro que Argentina atraviesa una crisis de gobernabilidad sin precedentes, con riesgos serios para la estabilidad democrática del país.
Los cuestionamientos al presidente Milei llegan incluso de figuras que forman el gobierno de El Salvador como la del bitcoiner Max Keiser. Se trata de un asesor clave del presidente Nayib Bukele, quien ha estado comentado el caso en su cuenta de X, pidiendo incluso que encierren a Milei.
El escándalo por la estafa con la criptomoneda LIBRA sigue creciendo y ha sumado una voz de peso en su contra: Max Keiser, influyente bitcoiner yasesor del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien afirmó que Javier Milei debería estar en prisión por su papel en la promoción del proyecto fraudulento. Según Keiser, si la situación hubiera ocurrido en Estados Unidos, el mandatario argentino enfrentaría cinco años de cárcel por violar la Ley de Valores.
“¡Enciérrenlo!” – La dura acusación de Keiser
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Keiser lanzó una dura crítica a Milei, asegurando que su intervención en la difusión de LIBRA constituye un delito financiero grave. “Cinco años de prisión (según la ley de EE. UU.) por su actividad delictiva/fraudulenta de venta/promoción (compartir) títulos valor no registrados. ¡Enciérrenlo!”, exclamó el estadounidense.
Las declaraciones de Keiser surgen en medio de una creciente presión internacional sobre el gobierno argentino, especialmente después de que Milei intentara minimizar su responsabilidad en una entrevista reciente. En su defensa, el presidente aseguró que “no promocionó el proyecto, solo lo difundió”, argumentando que su publicación en redes sociales no tenía la intención de apoyar el lanzamiento de la criptomoneda.
Max Keiser, es uno de los asesores clave del presidente salvadoreño Nayib Bukele en materia de criptomonedas y activos virtuales.
Sin embargo, para Keiser y muchos críticos, la actitud de Milei es inaceptable. “Si fuiste a un casino y perdiste dinero, ¿cuál es la queja?”, respondió el presidente argentino a quienes lo acusan de haber inducido a miles de pequeños inversionistas a perder su dinero. Este desdén hacia los afectados generó aún más indignación, pues en ningún momento se mostró dispuesto a disculparse por su papel en el escándalo.
El caso LIBRA ya ha llamado la atención de organismos internacionales, y no se descarta que en el futuro haya consecuencias más serias para el mandatario. En Estados Unidos, el FBI ha comenzado a investigar el fraude cripto, y si las pruebas demuestran que Milei incurrió en prácticas ilegales, podría enfrentar sanciones en el ámbito financiero internacional.
Mientras tanto, la condena pública sigue creciendo. “¡Que se divierta en la cárcel!”, ironizó Keiser en una de sus publicaciones. Y aunque muchos dudan de que el presidente argentino sea efectivamente encarcelado, lo cierto es que su imagen está cada vez más golpeada por un escándalo que no deja de crecer.
El aislamiento internacional del gobierno de Javier Milei se profundiza. Mientras los líderes de la región avanzan en la reconstrucción de la UNASUR para fortalecer la integración regional, el presidente argentino insiste en dinamitar el MERCOSUR y subordinarse a Estados Unidos.
El aislamiento internacional del gobierno de Javier Milei se profundiza. Mientras los líderes sudamericanos avanzan en la reconstrucción de la UNASUR para fortalecer la integración regional, el presidente argentino insiste en dinamitar el MERCOSUR y confrontar con Brasil. Su ausencia en la asunción del nuevo presidente uruguayo, Yamandú Orsi, marcó otro capítulo en su creciente desconexión con la región, dejándolo fuera de una cena clave donde Lula, Boric, Petro y Orsi sellaron acuerdos estratégicos para el futuro del bloque.
Un desplante que evidencia el quiebre
Milei decidió no asistir a la toma de posesión de Orsi, a pesar de que Argentina ostenta actualmente la presidencia pro tempore del MERCOSUR. En su lugar, envió a una funcionaria de bajo rango, Natalia Gunski, cuya presencia fue vista como una falta de consideración diplomática. Ni siquiera el embajador argentino en Uruguay estuvo presente, ya que su mandato venció y el gobierno aún no firmó el decreto para su reemplazo.
Este vacío protocolar fue leído como un mensaje claro: Milei no tiene interés en fortalecer lazos con sus vecinos. Su estrategia de apostar todo a una hipotética relación con Estados Unidos—y en particular con Donald Trump—no solo no ha dado frutos, sino que lo está dejando completamente aislado en el escenario sudamericano.
El regreso de UNASUR sin Argentina
Mientras Milei se ausentaba, en Montevideo se reunieron Lula, Boric, Petro y Orsi para avanzar en el relanzamiento de la UNASUR. Según fuentes diplomáticas, el regreso de Uruguay al bloque es un hecho, y la reactivación de este espacio es vista como una forma de consolidar la integración y, al mismo tiempo, dejar a Milei al margen de las decisiones estratégicas de la región.
“Ya nadie se interesa en criticar a Milei, pero relanzar un espacio común es una manera de aislarlo”, reveló un asistente a la cena. Además de los gobiernos progresistas de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay, se espera que Paraguay, Perú, Surinam y Guyana se sumen a la iniciativa. Incluso Ecuador podría reincorporarse si el correísmo triunfa en las elecciones de abril.
En este nuevo esquema, Argentina quedaría fuera de los dos principales bloques regionales: MERCOSUR, que Milei amenaza con abandonar, y UNASUR, que se reactiva sin su participación.
Um encontro para fortalecer a democracia com os companheiros presidentes do Chile, @GabrielBoric, da Colômbia, @petrogustavo, e o presidente eleito do Uruguai, @OrsiYamandu, na embaixada brasileira em Montevidéu. 🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇺🇾
El nuevo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, no mencionó directamente a Milei en su discurso de asunción, pero sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa al modelo ultraindividualista que el libertario promueve.
“Sobrevuela un concepto de libertad ultra individualista que predica el predominio del más fuerte. Nunca será esa nuestra noción de libertad”, expresó Orsi, diferenciándose claramente del discurso de Milei.
Con el avance de UNASUR y la consolidación de alianzas regionales, el presidente argentino queda cada vez más solo, atrapado en una estrategia internacional que no solo le resta aliados, sino que amenaza con debilitar la posición de Argentina en el mundo.
