Luis “Toto” Caputo y Sandra Pettovello, coordinan un plan por el cual no se convalidarán acuerdos salariales en los próximos meses.

El Gobierno busca implementar una estrategia denominada “Paritarias cero” para frenar la escalada inflacionaria, lo que implica no convalidar acuerdos salariales en los próximos meses, independientemente del índice de inflación. Este proyecto, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y respaldado por Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, representa un nuevo golpe para los trabajadores, mientras otros sectores económicos como el agro son objeto de beneficios por parte del gobierno.

A partir de marzo, se limitarán las negociaciones paritarias, permitiendo aumentos salariales únicamente en contadas ramas sindicales, y siempre alineados a un techo del 1%. Esta medida, defendida por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, tiene como objetivo principal mantener la inflación en un dígito, pero su impacto recaerá sobre los sectores laborales, que ya enfrentan la pérdida del poder adquisitivo.

La estrategia genera tensiones entre los sindicatos, especialmente en aquellos que demandan incrementos reales para contrarrestar la inflación. Algunos gremios cercanos al oficialismo, como UPCN, aceptaron acuerdos previos con subas mínimas, pero no todos están dispuestos a seguir esa línea. La CGT, por su parte, todavía no ha fijado una posición clara, mientras que sectores alineados al kirchnerismo ya preparan acciones judiciales para resistir estas medidas.

En paralelo, el Gobierno contempla amenazas de reformas sindicales que podrían debilitar conquistas históricas, como la cuota solidaria, y utiliza el temor a la pérdida de empleos en sectores golpeados por la caída del consumo como herramienta de presión. Sin embargo, la normativa establece que los acuerdos paritarios se homologan automáticamente si no son refrendados en un plazo de 45 días, lo que podría abrir un resquicio para negociaciones entre empresarios y sindicatos dispuestos a alcanzar consensos.

La decisión del Gobierno no solo tensiona la relación con los trabajadores, sino que también pone en evidencia la desigualdad en el reparto de los costos del ajuste. Mientras que a los sectores concentrados, como el agro, se les reducen las retenciones, los trabajadores son nuevamente quienes cargan con el peso de un modelo económico que prioriza a los grandes jugadores sobre los derechos laborales y el bienestar de las mayorías.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se distanció de Milei y advirtió a las empresas que si no instalan plantas de producción en los Estados Unidos deberán pagar aranceles para ingresar a ese mercado.

La intervención de Donald Trump en el Foro Económico de Davos se caracterizó por un discurso contundente y polémico, reflejando sus posturas económicas y geopolíticas. Aquí se destacan varios contrapuntos clave en comparación con las ideas expuestas por Javier Milei:

El discurso de Donald Trump en el Foro Económico de Davos contrasta significativamente con los postulados de libre mercado que defiende Javier Milei. Estas son las principales diferencias:

1. Intervención estatal vs. desregulación:
   • Trump: Adopta un enfoque proteccionista al imponer aranceles a las empresas que no produzcan en Estados Unidos, utilizando el poder estatal para disciplinar al capital y favorecer la producción nacional con un fuerte énfasis en el mercado interno. Este modelo implica una intervención directa del gobierno en las decisiones empresariales y comerciales.
   • Milei: Promueve un capitalismo de libre mercado, con mínima intervención estatal, donde las fuerzas del mercado operan libremente y sin restricciones, eliminando regulaciones, aranceles y barreras comerciales.
2. Política fiscal:
   • Trump: Aunque aboga por reducciones fiscales para las empresas dentro de Estados Unidos, las compensa con aranceles a las importaciones, lo que crea distorsiones en el comercio global con el objetivo de procurar beneficios para la mano de obra e industria estadounidense.
   • Milei: Defiende una reducción generalizada de impuestos sin imponer medidas compensatorias que alteren los principios del libre comercio en claro perjuicio del trabajo argentino.
3. Visión sobre el comercio internacional:
   • Trump: Su postura proteccionista prioriza el mercado interno, penalizando las importaciones y renegociando acuerdos comerciales que, según él, no benefician a Estados Unidos y para lo cual esta incluso dispuesto a utilizar la fuerza o la amenaza de usar la misma para favorecer sus objetivos comerciales.
   • Milei: Considera el comercio internacional como una herramienta para optimizar la asignación de recursos, sin restricciones ni barreras que interfieran en el intercambio entre países.
4. Relación con el empresariado:
   • Trump: Combina incentivos fiscales con una política coercitiva hacia las empresas extranjeras, estableciendo reglas que condicionan sus inversiones al mercado estadounidense.
   • Milei: Confía en que las decisiones empresariales deben ser guiadas únicamente por el interés del mercado, sin coerción ni condicionamientos estatales.
5. Energía y regulación ambiental:
   • Trump: Rechaza políticas de descarbonización y apoya la expansión de los combustibles fósiles, con un enfoque en maximizar la producción nacional e incidir en la geopolítica energética presionando a otros países.
   • Milei: Aunque no siempre explícito sobre temas ambientales, su visión del libre mercado implica dejar que las fuerzas económicas determinen la dirección de las políticas energéticas, sin intervención del Estado.

En síntesis, mientras Milei exalta el laissez-faire y la desregulación como pilares del desarrollo económico, Trump utiliza herramientas intervencionistas y los recursos del aparato estatal para proteger los intereses de Estados Unidos, mostrando un enfoque pragmático que pone límites al libre mercado cuando lo considera necesario.

Javier Milei se subordina a la agenda discursiva de Estados Unidos, en un intento desesperado de ganar protagonismo, emulando de manera burda e irreal a Donald Trump aunque sin medir las consecuencias a largo plazo para Argentina.

Desde el entorno presidencial, se filtran señales claras de que el Gobierno de Javier Milei podría alinear aún más a Argentina con la agenda de Estados Unidos, incluso considerando retirar al país de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo de París. Estas decisiones, presentadas como una imitación de las políticas de Donald Trump, revelan una peligrosa simplificación de las diferencias entre ambas realidades.

Mientras Trump utilizó su crítica a los organismos multilaterales para reforzar el aislacionismo y una política económica proteccionista que buscaba fortalecer la industria y el empleo en Estados Unidos, Milei adopta un enfoque que propone una apertura económica indiscriminada, exponiendo a Argentina a una vulnerabilidad estructural. En la Casa Rosada admiten que la continuidad de Argentina en la OMS está “bajo estudio”, respaldando críticas como las del Presidente, quien cuestionó el manejo global de la pandemia y la actuación de dicho organismo.

Por otro lado, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París como parte de su estrategia para defender los intereses de sectores clave de su economía, mientras que en Argentina, La Libertad Avanza nunca ha apoyado este pacto climático, subrayando su alineación discursiva con la administración republicana.

En este contexto, fuentes de Balcarce 50 señalan que la pertenencia a diversos organismos internacionales será evaluada considerando aspectos económicos, legales y de conveniencia. Sin embargo, esta postura se acompaña de un aparente interés por avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, minimizando posibles obstáculos derivados del Mercosur del cual incluso Milei insinuó retirarse.

Este escenario confirma que la administración Milei busca replicar la retórica y acciones de Trump sin considerar las profundas diferencias entre ambos países en especial en cuanto a capacidades y poder. Mientras Trump defendía una política proteccionista para fortalecer el poder nacional, Milei apuesta por desmantelar las estructuras existentes sin garantías de que ello beneficie a la economía argentina o a su soberanía.

El gobierno de Javier Milei ha decidido obedecer las órdenes del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Loretta Preska, y entregar información clave sobre las reservas de oro del Banco Central y otros activos soberanos y estartegicos de Argentina.

La administración de Javier Milei ha decidido cumplir con las ordenanzas dispuestas por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, presidido por la jueza Loretta Preska, al entregar información estratégica sobre las reservas de oro del Banco Central y otros activos soberanos de Argentina. Esta medida, que surge en el marco del juicio por la expropiación de YPF por el cual el país recuperó un activo estratégico de la economía que le permitió entre otras cosas impulsar el desarrollo de la formación Vaca Muerta siendo actualmente uno de los principales inversores en la cuenca neuquina.

Esta ordenanza de la justicia yanqui y la subordinación del gobierno libertario marcan una preocupante claudicación frente a los intereses extranjeros, particularmente de Estados Unidos, poniendo en peligro la soberanía y la seguridad nacional.

En el conflicto legal, el fondo buitre Burford Capital busca una indemnización de 16.100 millones de dólares por la nacionalización de YPF en 2012. Ahora, el gobierno argentino deberá revelar detalles sensibles, incluyendo:

• Ubicación de las reservas de oro del Banco Central, comprometiendo información clave de la seguridad financiera del país.
• Cuentas soberanas, incluyendo aquellas de embajadas y diplomáticos, exponiendo activos que deberían estar protegidos por el principio de inmunidad soberana.
• Bienes potencialmente embargables, lo que abre la puerta a un saqueo de recursos nacionales.

La jueza Preska dejó en claro que Argentina debe entregar toda la documentación requerida, sin importar su ubicación o custodia. Esta decisión, aceptada por el gobierno de Milei, evidencia una sumisión ante los dictados extranjeros, relegando los intereses nacionales a un segundo plano.

Implicaciones alarmantes

1. Riesgo de pérdida de recursos estratégicos: El acceso a información sobre las reservas de oro y otros activos podría facilitar embargos, debilitando aún más la posición económica del país.
2. Soberanía comprometida: La entrega de datos sensibles bajo presión extranjera supone una grave erosión de la independencia del Estado argentino en la gestión de sus recursos.
3. Dependencia externa: Este movimiento confirma la alineación del gobierno de Milei con los intereses de las potencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos, sin salvaguardar los intereses del pueblo argentino.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, señaló oportunamente que trasladar el oro a Londres, conocido por su vulnerabilidad a embargos, fue una decisión riesgosa: “Los argentinos no siempre son conscientes de las consecuencias de sus decisiones”, subrayó Maril. “Enviar el oro a Londres, epicentro de embargos, fue un error estratégico que ahora alimenta la narrativa de los fondos buitre”.

En lugar de defender la soberanía nacional, la gestión de Milei parece optar por priorizar el cumplimiento de mandatos foráneos, dejando a la Argentina en una posición de vulnerabilidad ante el capital internacional y las decisiones de tribunales extranjeros. Esta sumisión no solo pone en riesgo la economía, sino que también compromete el futuro político y estratégico del país.

El Ministerio dirigido por Sandra Petovello difundió un indicador alternativo de pobreza que agrava la cifras difundidas anteriormente por el gobierno.

El Ministerio de Capital Humano difundió un nuevo indicador de pobreza multidimensional que revela que el 61% de la población enfrentaba, a mitad de 2024, carencias en ingresos, vivienda, salud o educación. Este dato contrasta marcadamente con los informes tradicionales publicados previamente por el Indec, que situaban la pobreza en niveles considerablemente más bajos, alimentando las dudas de expertos y organismos independientes sobre la veracidad de los datos oficiales.

El indicador, desarrollado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, toma en cuenta dimensiones estructurales como vivienda, educación, empleo, salud y servicios básicos, adoptando un enfoque de derechos en lugar de limitarse al cálculo de ingresos. Este índice fue discontinuado durante el gobierno de Alberto Fernández tras críticas sobre su metodología, pero ahora resurge con cifras alarmantes que evidencian un aumento significativo de la pobreza multidimensional, alcanzando al 61% de la población en el primer semestre de 2024, frente al 55,4% del segundo semestre de 2023.

Este reconocimiento oficial de cifras más elevadas resulta significativo, ya que da respaldo a las advertencias de estudios independientes que alertaban sobre un nivel de pobreza mucho mayor al que el gobierno había admitido previamente. La metodología tradicional del Indec, centrada únicamente en ingresos, calculó una pobreza del 52,9% para el primer semestre de 2024. Sin embargo, el cruce de esta medición con el nuevo enfoque multidimensional eleva considerablemente el porcentaje, marcando una realidad social más compleja y difícil de ignorar.

Los datos del informe destacan carencias graves: hacinamiento, precariedad laboral, inasistencia escolar y falta de acceso a servicios básicos o doble cobertura de salud. Estas cifras contrastan con las lecturas más optimistas del gobierno sobre la recuperación económica y subrayan los efectos de la inflación, la devaluación y la recesión en los sectores más vulnerables.

El reconocimiento de estos índices por parte del propio gobierno refuerza las sospechas sobre la falta de transparencia en las estadísticas oficiales previas y subraya la necesidad de políticas públicas que aborden de manera integral las múltiples dimensiones de la pobreza en Argentina.

Los manifestentas se congregaron frente a la residencia del embajador de Estados Unidos. Durante la protesta quemaron banderas de ese país en rechazo a las pretensiones de Donald Trump de retomar el control del canal interoceánico.

Las incendiarias declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, en las que prometió “recuperar el control del canal de Panamá, incluso por la fuerza”, han generado una ola de indignación y rechazo en Panamá y en diversas partes del mundo.

Este lunes, un centenar de manifestantes se congregaron frente a la residencia del embajador de Estados Unidos en Ciudad de Panamá para expresar su repudio. En una contundente acción simbólica, los asistentes quemaron banderas estadounidenses, mientras coreaban consignas en defensa de la soberanía panameña. Algunas personas también pisotearon y escupieron las banderas antes de prenderles fuego, portando pancartas con mensajes como: “El canal de Panamá no está a la venta”. Una pancarta en particular destacaba una caricatura de Trump con una esvástica dibujada en la boca, un fuerte mensaje visual que evidencia el rechazo hacia su postura.

La polémica surgió durante el discurso de investidura de Trump, donde afirmó que China controla el canal interoceánico y prometió retomarlo para Estados Unidos: “China está operando el canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo”, declaró el mandatario republicano.

Saúl Méndez, líder del sindicato de la construcción Suntracs, calificó las declaraciones como “delirantes” y subrayó: “Ni Trump, ni los gringos, ni su ejército tienen nada que hacer en Panamá. El canal es panameño, la soberanía es panameña y la autodeterminación es panameña”.

Estas declaraciones de Trump han generado críticas internacionales, siendo vistas como una amenaza directa a la soberanía de Panamá y una reminiscencia de las políticas intervencionistas de Estados Unidos en la región. La protesta, llevada a cabo frente a la residencia del embajador estadounidense en Panamá, coincide con el cambio de liderazgo en esa representación diplomática, dejando en evidencia las tensiones bilaterales.

El rechazo mundial hacia estas declaraciones sigue creciendo, con voces que defienden el derecho de Panamá a manejar sus asuntos internos sin interferencias externas.

Por su parte el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha dicho en repetidas ocasiones que se trata de “un disparate”, subrayando que no existe “absolutamente ninguna injerencia china” en el canal.

En las últimas semanas, Trump ha amenazado con recuperar el canal por la fuerza, alegando que se aplican tarifas “exorbitantes” para los buques estadounidenses, otra aseveración rechazada por las autoridades panameñas.

Las estratégicas vías navegables, por las que circula alrededor del 5% del volumen del comercio marítimo mundial, son gestionadas por la Autoridad del Canal de Panamá, un organismo del gobierno panameño, y no por soldados chinos.

Sin embargo, la inexacta afirmación de Trump refleja la preocupación de algunos funcionarios estadounidenses por las importantes inversiones de China en el canal y sus infraestructuras circundantes tanto en Panamá como en resto de Latinoamérica.

“La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto. Levantar a todo el que no lo entiende”, expresó con total insensibilidad el legislador libertario en la red social X.

El legislador libertario Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, desató una ola de críticas tras proponer una agenda que busca desplazar por la fuerza a las personas en situación de calle, sin ofrecer soluciones reales al problema de la marginalidad. En un polémico posteo en la red social X, Marra escribió: “La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto. Levantar a todo el que no lo entiende”, dejando entrever una visión insensible y punitiva hacia uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Sus declaraciones reflejan un intento por disimular el crecimiento de la pobreza en Argentina, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se alinea con políticas del gobierno porteño que buscan criminalizar la pobreza en lugar de atender sus causas estructurales.

Para Marra, quienes duermen en las calles lo hacen “por elección” o por falta de comprensión de las normas, ignorando u omitiendo deliberadamente el trasfondo de desigualdad, exclusión y falta de oportunidades que condena a miles de personas a esa situación extrema.

La calle no es para dormir. Hay que terminar con esto.

Levantar a todo el que no lo entiende. pic.twitter.com/om0hTnn0P6

— Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) January 21, 2025

Una realidad ineludible

Las personas viviendo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires se incrementaron un 35 por ciento en el último año, según cifras oficial del gobierno porteño, alcanzando las 4.416. Se sabe que en estos casos, el número en negro es generalmente alto, con lo cual algunas organizaciones estiman que el número real sería el doble A pesar de esto, los refugios disponibles cuentan con capacidad para atender solo al 50% de la demanda, dejando a miles sin un lugar donde resguardarse.

Organizaciones sociales y especialistas han señalado que esta problemática no puede resolverse con acciones represivas, sino con políticas públicas integrales que incluyan acceso a la vivienda, programas de empleo, atención en salud mental y tratamiento para quienes padecen adicciones. Sin embargo, las palabras de Marra, lejos de proponer soluciones, parecen encaminarse hacia una agenda violenta que estigmatiza y criminaliza a las personas en situación de calle.

Criminalización de la pobreza: una política sistemática

La postura de Marra no es aislada, sino coherente con las medidas que el gobierno porteño ha implementado en los últimos años, como desalojos forzados y restricciones al uso del espacio público. Estas políticas, en lugar de atender las causas profundas de la exclusión social, buscan invisibilizar el problema y desplazar a quienes lo padecen.

El mensaje del legislador libertario pone de manifiesto un evidente desprecio clasista, la falta de empatía y voluntad política para enfrentar de manera estructural una crisis social que afecta cada vez a más personas. En lugar de señalar culpables entre las víctimas de la desigualdad, se necesita un compromiso real para garantizar el derecho a la vivienda digna y el acceso a una vida mejor para todos los ciudadanos.

El 48% de los consultados por Pulso Research asegura que “no le cree” al gobierno nacional las cifras que da a conocer todos los meses a través del Indec sobre la inflación.

Un reciente informe de Pulso Research evidencia una alarmante desconfianza pública en las estadísticas oficiales presentadas por el gobierno nacional, especialmente en relación con la inflación y la pobreza. Según el sondeo, el 48% de los consultados asegura que “no le cree” a las cifras difundidas mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mientras que apenas el 36,8% confía en los datos publicados por la entidad dirigida por Marco Lavagna.

La percepción negativa sobre las estadísticas oficiales de inflación ha mostrado un aumento sostenido. En la medición previa, el nivel de desconfianza se situaba en el 44,2%, y antes de eso, en el 42,2%. Este crecimiento coincide, paradójicamente, con los informes del gobierno que reflejan una tendencia a la baja en los índices inflacionarios. Para muchos ciudadanos, estos números generan más dudas que un alivio real palpable en sus vidas cotidianas.

La desconfianza es aún mayor en lo que respecta a los datos sobre pobreza. Más de la mitad de los encuestados (51,2%) asegura no confiar en las cifras proporcionadas por el Indec, mientras que apenas un 35,2% cree en ellas. Actualmente, el Indec mide la pobreza a partir de los ingresos y compara estos con el costo de una canasta básica teórica. Sin embargo, la metodología actualmente utilizada parece ser insuficiente para generar confianza en un sector significativo de la población.

Frente a este escenario, y ante la desconfianza generada en el propio gobierno por sus mismos datos, la administración libertaria anunció que trabaja en un “índice propio” para medir la pobreza, que incluirá indicadores sociales actualmente no contemplados. Este nuevo enfoque estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, en colaboración con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS).

Mientras tanto, la oposición también es objeto de atención en el informe de Pulso Research. En este ámbito, Cristina Fernández de Kirchner se destaca como la principal figura opositora, con un 28,7% de los encuestados que la identifican como líder. Sin embargo, un 27,6% afirma no saber quién lidera la oposición, y un 20,7% considera que ese espacio político carece de liderazgo claro. Más lejos en la lista aparecen Axel Kicillof (5,8%) y Mauricio Macri (3%).

En definitiva, el aumento en la desconfianza hacia las estadísticas oficiales subraya un problema de credibilidad que desafía la relación entre el gobierno y la ciudadanía, al tiempo que abre interrogantes sobre la eficacia de los métodos actuales de medición y comunicación.

El gobierno de Axel Kicillof tras una ardua negociación, logró garantizar la preservación de los puestos de trabajo en la planta que la firma Danica había cerrado hace pocos días.

Tras semanas de gestiones, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, logró destrabar el conflicto laboral y económico que mantenía paralizada la histórica planta de Dánica en Llavallol. La fábrica, cerrada desde diciembre de 2024, reabrirá sus puertas el próximo 27 de enero gracias a un acuerdo que garantiza la preservación de los puestos de trabajo y brinda un alivio a la comunidad local.

Una intervención decisiva

El Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, desempeñó un rol fundamental al mediar entre la empresa y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite (SOEIA). Durante una audiencia clave, el gobierno ofreció el Programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA), que consiste en una asistencia equivalente al 50% del salario mínimo, vital y móvil por trabajador, permitiendo viabilizar la operación.

Este apoyo financiero, junto con la disposición de las partes para llegar a un entendimiento, permitió superar los desacuerdos respecto a salarios y condiciones laborales, asegurando la continuidad de la producción y el mantenimiento de 40 puestos de trabajo en una primera etapa, con posibilidades de ampliación.

Un respiro para la comunidad

La planta de Dánica, que funcionó durante más de 80 años y llegó a emplear a 150 personas, representa un símbolo industrial en Llavallol. Su cierre en 2024 había generado preocupación y malestar en la región. Ahora, su reapertura no solo devuelve actividad económica, sino también esperanza a los trabajadores y a la comunidad que depende directa e indirectamente de su funcionamiento.

El convenio alcanzado establece que los trabajadores percibirán el 65% del salario aceitero, complementado por la asistencia del PREBA, lo que elevará los ingresos al 70%-75% según la categoría y antigüedad. Este acuerdo, avalado por el sindicato, tendrá una vigencia inicial de tres meses con posibilidad de extensión hasta un año, siempre que se mantenga la plantilla sin despidos.

La reapertura no solo asegura la preservación de los empleos actuales, sino que deja abierta la posibilidad de ampliar la dotación de personal si se logran las condiciones económicas necesarias.

Compromiso con el empleo y la industria

El resultado demuestra el compromiso del Gobierno bonaerense con la protección del empleo y la revitalización de sectores productivos estratégicos. La intervención oportuna en el conflicto de Dánica es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden articular soluciones efectivas para garantizar la continuidad laboral y el desarrollo económico en contextos desafiantes.

El Gobierno Nacional, bajo el argumento de una supuesta “recuperación salarial”, implementó un reajuste del 11,78% en las escalas del Impuesto a las Ganancias, incorporando a miles de trabajadores y autónomos al régimen tributario.

El Gobierno Nacional, bajo el argumento de una supuesta “recuperación salarial”, implementó un reajuste del 11,78% en las escalas del Impuesto a las Ganancias, incorporando a miles de trabajadores y autónomos al régimen tributario. Esta medida, que comienza a regir en enero de 2025, establece un mínimo imponible que se actualiza por debajo del aumento real de los salarios, lo que incrementa significativamente la cantidad de personas afectadas por este gravamen.

Nuevos límites y más contribuyentes

El piso mínimo para tributar quedó fijado en $2.280.700 brutos (equivalente a $1.892.937 netos), mientras que para quienes deduzcan cónyuge y dos hijos menores de 18 años, este se eleva a $3.024.494 brutos ($2.516.337 netos). Para los trabajadores autónomos, los ingresos mensuales promedio que obligan a tributar oscilarán entre $1.468.658 y $1.631.843 según la categoría.

Estas cifras, lejos de aliviar la carga fiscal, ampliarán el universo de contribuyentes, afectando principalmente a los trabajadores de ingresos medios. Según expertos, el ajuste basado exclusivamente en el IPC desconoce el impacto real de la inflación y las particularidades económicas de los distintos sectores.

Consecuencias económicas y presión fiscal

El economista Daniel Garro advirtió sobre las implicancias de esta medida: “Más contribuyentes bajo Ganancias significa menos dinero disponible para el consumo y más ingresos para el Estado, lo que podría desacelerar la economía en un contexto ya complicado”. Además, señaló que el mecanismo de actualización semestral genera un efecto regresivo, afectando mayormente a los sectores medios mientras que los ingresos más altos permanecen protegidos.

Por su parte, Juan Luis Bour, de FIEL, destacó que la medida refleja un modelo tributario que prioriza la recaudación por sobre el bienestar de los contribuyentes. “Este sistema no considera el deterioro del poder adquisitivo ni los efectos acumulativos de la inflación. Se trata de un ajuste que, lejos de dar alivio, agrava la presión sobre los ingresos reales”, aseguró.

Promesas incumplidas

Bajo el gobierno de Javier Milei, quien prometió un alivio económico y un sistema tributario más equitativo, esta ampliación del Impuesto a las Ganancias contradice los compromisos asumidos. Mientras el discurso oficial habla de justicia fiscal, la realidad muestra cómo el peso de la carga tributaria recae principalmente en los trabajadores, dejando intactas las grandes fortunas.

El esquema actual perpetúa una distribución desigual del esfuerzo económico, erosionando el poder adquisitivo y el consumo interno. A medida que más personas son alcanzadas por el impuesto, se profundiza la desconexión entre las políticas fiscales y las necesidades reales de los contribuyentes, consolidando un modelo que prioriza la recaudación por sobre la equidad.