Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene su discurso de combate contra “la casta” y la corrupción, una nueva investigación judicial vuelve a poner bajo la lupa a dirigentes y allegados del núcleo de poder libertario.

El protagonista es Sergio Aguirre, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue citado a declaración indagatoria y sufrió el embargo de sus cuentas en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera).

La investigación, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, apunta a contrataciones por más de 260 millones de pesos realizadas por Osprera con HTECH Innovation, una empresa de consultoría informática propiedad de Aguirre. Según el expediente, la firma fue creada en 2024 y tuvo como primer cliente a la propia obra social, emitiendo las facturas número 0000001 y 0000002 por esos servicios.

Para la Justicia, existen sospechas de que esas contrataciones podrían haber funcionado como una estructura destinada al desvío de fondos públicos. Por ese motivo también fueron llamados a indagatoria los entonces interventores designados por el Gobierno, Virginia Montero y Marcelo Petroni, este último identificado como un hombre políticamente cercano a Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores del oficialismo.

Las sospechas adquieren mayor gravedad por los vínculos políticos que surgen de la investigación. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran mensajes de WhatsApp entre Petroni y Aguirre en los que aparecen referencias directas a reuniones y consultas con Martín Menem y Lule Menem. En algunos intercambios se leen frases como “Eso lo tienen que saber Martín y Lule”, “Avisale a Lule” e incluso “Nosotros somos Lule y Karina”, en aparente alusión a Karina Milei.

Además, trascendió que Aguirre y los interventores mantuvieron encuentros en la Casa Rosada con Lule Menem durante el período investigado, un dato que refuerza los interrogantes sobre el grado de conocimiento y participación política en las decisiones adoptadas durante la intervención.

El caso se inscribe en una disputa más amplia por el control de Osprera. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), conducida por José Voytenco, denunciaron que la intervención impulsada por el Ministerio de Salud buscó desplazar a las autoridades legítimas de la segunda obra social más grande del país para favorecer intereses políticos y económicos vinculados al oficialismo. En esa denuncia también aparecen mencionados el diputado Pablo Ansaloni y el ministro de Salud, Mario Lugones, quien firmó la intervención.

La causa judicial continúa en pleno avance y representa un nuevo foco de tensión para un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de terminar con los privilegios y la corrupción. Sin embargo, las investigaciones que hoy alcanzan a empresarios, funcionarios e integrantes del entorno político de los Menem vuelven a abrir interrogantes sobre la transparencia en el ejercicio del poder y alimentan las críticas hacia una administración que prometía ser distinta, pero que ya enfrenta denuncias que recuerdan prácticas históricamente asociadas a la política que decía venir a reemplazar.

El escándalo que envuelve a la familia Adorni sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara Federal porteña resolvió unificar las investigaciones vinculadas al millonario préstamo de $40.000 millones otorgado a la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), por lo que el expediente quedará bajo la órbita del juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González.

La decisión incorpora formalmente a Francisco Adorni, hermano del eyectado vocero presidencial Manuel Adorni y actual diputado bonaerense, a una investigación por presuntas irregularidades en torno al financiamiento concedido por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que presidía al momento de los hechos investigados.

La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien atribuyó a Francisco Adorni responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación del crédito extraordinario concedido al IOSFA, una obra social que atravesaba una profunda crisis financiera y que posteriormente fue disuelta. En la presentación también fue denunciado el entonces ministro de Defensa, Luis Petri.

La causa iniciada por Pagano había quedado radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, pero la fiscal Alejandra Mángano advirtió que existía un expediente previo donde ya se investigaban hechos estrechamente vinculados. Esa investigación, a cargo del Juzgado Federal N° 9 —subrogado por Ramos—, analiza un conjunto de presuntas irregularidades en el IOSFA, entre ellas compras directas de armamento y medicamentos por alrededor de $25.000 millones cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios del personal militar al rescate financiero de la obra social y el cuestionado préstamo de $40.000 millones otorgado por el IAF.

Aunque en un primer momento Ramos rechazó absorber el expediente al considerar que Francisco Adorni asumió la conducción del IAF varios meses después de que se gestionara el crédito original, la disputa de competencia llegó hasta la Cámara Federal.

Finalmente, el juez Leopoldo Bruglia, integrante de la Sala I, resolvió que ambos expedientes deben tramitar de manera conjunta al considerar que forman parte de un mismo entramado institucional y administrativo desarrollado durante la misma gestión del Ministerio de Defensa. El tribunal sostuvo que la unificación permitirá evitar decisiones contradictorias y garantizar una investigación más eficiente, aunque dejó abierta la posibilidad de separar nuevamente los casos si el avance de la prueba así lo justificara.

Pero el frente judicial de Francisco Adorni no termina allí. El legislador también está involucrado en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 6 y en el que el fiscal Guillermo Marijuán ya solicitó su indagatoria.

Mientras la Justicia profundiza las investigaciones, el apellido Adorni vuelve a quedar en el centro de la escena. La acumulación de causas y la apertura de nuevas líneas de investigación agregan presión política sobre un Gobierno que prometió hacer de la transparencia una de sus principales banderas, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos por la gestión de recursos públicos y la actuación de funcionarios y familiares con responsabilidades en áreas sensibles del Estado

En contraste mientras el Gobierno Nacional profundizó el ajuste sobre la educación pública, reduciendo casi a la mitad el presupuesto del sector en apenas dos años, otras áreas del Estado con mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), recibieron importantes incrementos presupuestarios.

Un informe elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela que el financiamiento educativo nacional acumuló una caída real del 47,7% entre 2024 y 2025. El trabajo, titulado El futuro del financiamiento educativo en debate, advierte que el ajuste compromete el funcionamiento del sistema educativo y marca un cambio de prioridades en la asignación de recursos públicos.

Según el estudio, durante 2024 la función Educación y Cultura sufrió un recorte real del 43,2% respecto del año anterior, equivalente a una pérdida de 0,6 puntos del Producto Interno Bruto. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios de los docentes provinciales y dejó de financiarse desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La contracción continuó en 2025 con una nueva caída real del 7,9%, esta vez concentrada en las transferencias a las universidades nacionales, los programas de apoyo a estudiantes y las partidas destinadas a las provincias. El financiamiento universitario se redujo 5,4%; las becas estudiantiles cayeron 42,5%; y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió el 49,5% de sus recursos. La única excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su participación dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación.

De mantenerse las partidas actualmente previstas, los investigadores proyectan una nueva reducción real del 12,7% para 2026, lo que implicaría tres años consecutivos de ajuste y llevaría la inversión educativa nacional a uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

El informe también destaca que la Ley 27.798 de Presupuesto 2026 eliminó la meta de destinar el 6% del PIB a educación, un objetivo incorporado a la legislación en 2005. Asimismo, advierte sobre el fuerte desfinanciamiento del Fondo de Educación Técnico Profesional: de haberse mantenido el mecanismo de asignación anterior, el crédito para 2026 debería ascender a $322.583 millones, casi el doble de los recursos actualmente previstos.

Los investigadores señalan además que este proceso ocurre en paralelo con el avance del proyecto de Ley de Libertad Educativa, que promueve mecanismos de financiamiento por demanda, como vouchers y becas focalizadas, un esquema que, según el estudio, podría profundizar la segmentación entre la educación pública y la privada.

El fuerte ajuste sobre uno de los principales motores de movilidad social contrasta con la decisión del Gobierno de ampliar recursos para áreas como la SIDE, cuyos fondos reservados y mecanismos de ejecución cuentan con menores niveles de control y transparencia. La comparación deja al descubierto que el recorte no alcanzó por igual a todo el Estado, sino que respondió a una definición política sobre qué áreas preservar y cuáles ajustar.

La polémica vuelve a rodear a Manuel Adorni. Esta vez, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si el exfuncionario continúa utilizando custodia de la Policía Federal y vehículos oficiales, beneficios que, según sostiene, ya no le corresponderían tras haber dejado el Gobierno.

La denuncia, radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini, también apunta contra funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal que, de comprobarse los hechos, habrían permitido que Adorni siguiera haciendo uso de recursos financiados por todos los argentinos.

¿Privilegios que nunca terminan?

Para Pagano, la salida de Adorni del Ejecutivo implicó el fin de cualquier fundamento legal para mantener custodia oficial y vehículos del Estado a su disposición. Sin embargo, sostiene que esos beneficios habrían continuado sin respaldo administrativo ni justificación legal.

“Cesó todo título jurídico que lo habilitara a gozar de los bienes y servicios que el Estado Nacional destina, por razón del cargo, a quienes ejercen la función pública”, señala la presentación judicial.

De acuerdo con la denuncia, el exfuncionario habría seguido utilizando efectivos de la Policía Federal para su seguridad personal y automóviles oficiales para sus traslados, aun cuando ya no ocupaba ningún cargo que justificara esos recursos.

Amenazas sin respaldo y recursos públicos bajo la lupa

Uno de los puntos centrales de la presentación sostiene que la continuidad de la custodia estaría basada en presuntas amenazas que, según Pagano, nunca fueron denunciadas formalmente ante la Justicia ni dieron lugar a una evaluación oficial de riesgo.

La diputada afirma además que no existiría un acto administrativo ni una resolución definitiva del Ministerio de Seguridad que autorice la continuidad del operativo.

“La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime”, argumentó.

Un nuevo capítulo en una serie de denuncias

La presentación se suma a otros cuestionamientos que ya habían alcanzado a Adorni durante investigaciones previas por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese marco, también trascendieron denuncias públicas sobre un supuesto uso de vehículos oficiales para fines particulares, incluyendo traslados de empleadas domésticas y familiares acompañados por la custodia asignada al entonces funcionario. Esas acusaciones aún deberán ser verificadas por la Justicia.

Los delitos que pide investigar

Pagano solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Mientras la Justicia avanza con la causa, la denuncia vuelve a instalar un debate que genera indignación: si quienes dejan el poder pueden seguir disfrutando de privilegios pagados con fondos públicos, aun cuando ya no existe un cargo que los justifique. Ahora será la investigación judicial la que determine si las acusaciones tienen sustento.

La iniciativa busca regular la actividad de repartidores de aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya, además de trabajadores de plataformas de transporte como Uber y Cabify. Incluye seguros obligatorios, mayor transparencia en los ingresos y nuevas obligaciones para las empresas.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para regular el trabajo realizado a través de plataformas digitales de reparto y transporte, como Rappi, Pedidos Ya, Uber y Cabify.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, establece un marco de derechos y obligaciones para quienes trabajan mediante aplicaciones, aunque respeta las limitaciones impuestas por la reforma laboral nacional, que impide obligar a las empresas a registrar a estos trabajadores bajo relación de dependencia.

Según el Gobierno bonaerense, el objetivo es crear un “piso mínimo de derechos” para un sector que actualmente desarrolla su actividad con escasa regulación. Estimaciones oficiales indican que solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay alrededor de 500.000 personas que trabajan mediante plataformas, mientras que en todo el país la cifra supera el millón.

Qué busca el proyecto

El ministro Walter Correa sostuvo que la propuesta toma como referencia las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar condiciones básicas de protección.

Además, cuestionó el funcionamiento de los algoritmos utilizados por las plataformas, al señalar que son las empresas las que determinan de manera unilateral la asignación de tareas y el valor de cada viaje o reparto, sin que los trabajadores conozcan cómo se calculan esos criterios.

Punto por punto, qué establece la iniciativa

Entre las principales medidas previstas por el proyecto se destacan:

• Seguro obligatorio contra accidentes de trabajo y cobertura médica integral para todos los trabajadores de plataformas.
• Mayor transparencia sobre cómo se calculan los ingresos y la asignación de tareas mediante los algoritmos.
• Creación de una aplicación oficial para los trabajadores, que incluirá un botón de pánico, un botón de emergencia sanitaria y otros servicios vinculados a la actividad.
• Registro obligatorio de plataformas digitales, donde las empresas deberán inscribirse e informar quiénes trabajan a través de sus aplicaciones.
• Las compañías deberán informar al Estado y a las organizaciones sindicales la cantidad de trabajadores activos, las horas trabajadas, los ingresos promedio, el tipo de contratación y los intermediarios con los que operan.
• Las plataformas estarán obligadas a garantizar espacios adecuados para el descanso, con sanitarios, agua potable, lugares de resguardo climático, puntos para cargar celulares y estacionamiento para bicicletas y motos en sus centros de operación.
• Las empresas deberán contratar un seguro para sus trabajadores, pudiendo hacerlo a través del Banco Provincia o de otra aseguradora.

Microcréditos para repartidores

El proyecto también prevé una articulación con el Banco Provincia para ofrecer líneas de microcréditos destinadas al mantenimiento y reposición de motos, bicicletas, cascos y demás herramientas de trabajo, con el objetivo de facilitar la continuidad de la actividad sin que esos costos recaigan exclusivamente sobre los repartidores.

Inspirado en experiencias internacionales

Desde la administración bonaerense señalaron que la propuesta sigue la tendencia de distintos países que avanzaron en la regulación del trabajo en plataformas digitales.

Para su elaboración se tomaron como referencia las legislaciones vigentes en España y México, además de los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, que considera que las plataformas organizan el trabajo y deben asumir responsabilidades en materia de protección laboral.

Asimismo, el proyecto se apoya en el denominado “fallo Rappi” de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ratificó las facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas y reafirmó el principio de primacía de la realidad para analizar posibles relaciones laborales encubiertas.

La Provincia instalará unidades de almacenamiento de energía en cuatro puntos estratégicos del territorio bonaerense para reforzar el sistema eléctrico en épocas de alta demanda. El proyecto reemplazará al Plan Verano, que utilizaba generadores a gasoil.

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof destinará más de 31.200 millones de pesos a la implementación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías con el objetivo de evitar cortes de luz durante los meses de mayor consumo por las altas temperaturas.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Energía provincial, busca fortalecer la red eléctrica y mejorar la calidad del servicio en zonas consideradas estratégicas, especialmente durante los picos de demanda que se registran en el verano.

El proyecto contempla una potencia instalada de 25 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 125 megavatios hora (MWh), que se distribuirán en cuatro nodos: Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

Desde la administración provincial señalaron que el nuevo esquema reemplazará al denominado Plan Verano, un operativo de contingencia que consistía en la instalación temporal de motores alimentados con gasoil para reforzar el suministro eléctrico durante aproximadamente dos meses.

Según explicaron, esos equipos permitían evitar interrupciones del servicio en momentos de máxima demanda, pero ahora esa función será cubierta mediante un sistema de baterías de almacenamiento, una alternativa que consideran más eficiente, permanente, menos costosa y con menor impacto ambiental.

Las obras comenzarán durante el segundo semestre de 2026 y la puesta en funcionamiento de los sistemas está prevista para enero de 2027, con el objetivo de que estén operativos para afrontar la demanda energética del próximo verano.

Desde el área de Energía provincial sostuvieron que “la incorporación de esta tecnología permitirá optimizar el uso de la infraestructura eléctrica existente, reducir restricciones en el sistema de transporte, brindar mayor flexibilidad operativa, facilitar la integración de energías renovables y disminuir la utilización de generación térmica de respaldo”.

El programa será financiado mediante el Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), a través del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), en un esquema que articula la planificación del Estado provincial con la ejecución operativa de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA).

El juez federal Ariel Lijo resolvió que el exfuncionario libertario no podrá salir del país sin autorización judicial, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y constituye la primera restricción procesal impuesta en la causa.

Si bien no se trata de una prohibición absoluta para viajar al exterior, Adorni deberá informar previamente al tribunal y obtener autorización antes de abandonar el país. La decisión fue adoptada luego de que su defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, comunicara que el exvocero presidencial no tenía previsto realizar viajes internacionales en el corto plazo.

Pollicita sostuvo que, por el momento, no existen elementos que justifiquen una detención ni que permitan presumir un riesgo de fuga o un intento de entorpecer la investigación. Sin embargo, consideró pertinente establecer este mecanismo de control mientras avanza el expediente.

La causa se fortaleció tras la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró que Adorni habría aportado US$245.000 en efectivo para financiar las refacciones de una vivienda en Indio Cua. Según la investigación, la propiedad fue escriturada por US$120.000 y no figuraba en la declaración jurada patrimonial presentada por el exfuncionario en 2024.

De acuerdo con el expediente, la operación inmobiliaria incluyó un aporte inicial de US$20.000 realizado por Adorni y su esposa, mientras que otros US$100.000 fueron financiados mediante un préstamo en efectivo otorgado por Graciela Molina y su hija, Victoria Cancio. Posteriormente, el exfuncionario habría cancelado US$30.000, quedando pendiente una deuda de US$70.000 más intereses.

La pesquisa también incorporó el testimonio de Gisela Kocsis, exempleada del exfuncionario, quien confirmó haber realizado compras de electrodomésticos para la vivienda por $3,1 millones con su tarjeta de crédito, dinero que luego, según declaró, le fue reintegrado en efectivo por Adorni. Además, los investigadores detectaron gastos vinculados a refacciones y mobiliario por más de US$255.000 en otro inmueble.

Otro de los elementos bajo análisis es un informe financiero que reveló consumos con tarjetas de crédito por aproximadamente $139 millones en apenas dos años y cuatro meses, una cifra que, según la investigación, resulta ampliamente superior a los ingresos declarados por el entonces funcionario, cuyo salario rondaba los $3,5 millones mensuales.

Aunque el fiscal descartó que las conversaciones mantenidas entre Adorni y Tabar constituyeran un intento de obstrucción de la causa, un audio incorporado al expediente, en el que el exvocero le ofrece al contratista “todo el soporte que necesites”, pasó a formar parte de las pruebas que analizan los investigadores.

El exministro de Hacienda del PRO, Hernán Lacunza cuestionó el relato del Gobierno sobre la fortaleza del programa económico y aseguró que la administración de Javier Milei logró superar la crisis cambiaria gracias al respaldo financiero internacional.

“Con equilibrio fiscal y bases más sólidas igual tuvieron una corrida muy importante”, afirmó el economista macrista durante una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). En ese contexto, apeló a una metáfora para describir la situación: “Es como el náufrago que rescata el guardavidas y, cuando ya se siente seguro, saca músculo diciendo: ‘Mirá qué bien que nado'”.

Para Lacunza, esos “guardavidas” fueron, en primer lugar, el Fondo Monetario Internacional, con un desembolso de 14.000 millones de dólares, y luego el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a quien atribuyó un respaldo adicional de 3.000 millones de dólares que, según sostuvo, terminó de estabilizar la situación financiera.

El economista remarcó que ese acceso al financiamiento externo marcó una diferencia sustancial respecto de la crisis de 2019, cuando ocupaba el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri. “En 2019 no había ninguna posibilidad de crédito. El Fondo Monetario tenía que hacer un desembolso y no lo hizo porque cambiaba el piloto”, recordó.

Según relató, el organismo decidió suspender la asistencia hasta conocer los planes del gobierno entrante. “El Fondo Monetario me dijo textualmente: ‘Si hubieran ganado podríamos discutirlo, pero ahora tengo que escuchar al que entra'”. Tras reunirse con las nuevas autoridades, agregó, la respuesta fue terminante: “No hay ninguna chance. Lo que acabo de escuchar es impensable”.

Lacunza también respondió a las críticas que Milei volvió a formular sobre el reperfilamiento de la deuda de 2019, al que el Presidente calificó como una “estafa”. A su juicio, la referencia a esa decisión no busca revisar el pasado sino instalar la disputa política de cara al próximo turno electoral.

“¿Por qué se invoca algo que pasó hace siete años? Para aprender, me parece que no. Más bien para ir seteando ya la campaña preelectoral o el ambiente preelectoral para 2027”, concluyó.

El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por haber autorizado el ingreso de tropas de Estados Unidos al territorio argentino para realizar ejercicios militares sin la aprobación previa del Congreso Nacional, requisito que, según los denunciantes, exige expresamente la Constitución.

La presentación fue realizada por el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, y también alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Según la denuncia, el Poder Ejecutivo autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el ingreso de más de 350 militares estadounidenses que participaron durante 42 días en los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”, desarrollados en instalaciones militares de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

La presentación judicial también cuestiona la participación del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que operó en la Zona Económica Exclusiva Argentina, y recuerda que Milei visitó la embarcación durante esas maniobras.

La acusación: una presunta violación de la Constitución

El eje central de la denuncia sostiene que el Presidente habría ignorado un requisito constitucional al habilitar el ingreso de fuerzas militares extranjeras sin la autorización del Congreso de la Nación.

Los denunciantes invocan el artículo 75 de la Constitución Nacional, que atribuye al Poder Legislativo la facultad exclusiva de autorizar la entrada de tropas extranjeras al país, y la Ley 25.880, que —afirman— impide que esa decisión sea adoptada mediante un decreto del Poder Ejecutivo.

En ese marco, solicitaron que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria.

Un nuevo frente judicial para el Gobierno

Para Juan Marino, el caso excede una discusión administrativa y plantea un presunto desconocimiento de las competencias que la Constitución reserva al Congreso en materia de defensa y soberanía nacional.

El legislador sostuvo que la denuncia se presenta en un contexto de creciente tensión internacional y cuestionó el alineamiento del Gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no emitió una respuesta oficial sobre la denuncia penal presentada ante la Justicia Federal.

La referente social Margarita Barrientos reapareció públicamente este miércoles para cuestionar con dureza al nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, luego de la polémica que generaron sus declaraciones sobre el aumento de las tarifas de gas.

La responsable del comedor comunitario Los Piletones calificó como “una falta de respeto” las palabras del funcionario, quien en su primera conferencia de prensa había sostenido que, frente al incremento de las tarifas, los ciudadanos deberían modificar sus hábitos de consumo y “abrigarse más” antes que prender la calefacción.

“Es una falta de respeto lo que dijo, porque él seguro que no va a apagar la estufa. Él va a vivir calentito; los que van a sufrir van a ser la gente que menos tiene, como siempre”, expresó Barrientos en declaraciones a Radio Splendid.

La dirigente social, cuya fundación asiste diariamente a unas 4.000 personas en el barrio porteño de Villa Soldati, consideró que el aumento de los servicios esenciales “es una locura” y remarcó que los sectores más vulnerables son los que padecen con mayor fuerza el impacto de las subas.

“El aumento de la luz, el gas y el agua, lo más indispensable, mientras la gente no tiene trabajo. Tenemos derecho a prender una estufa”, sostuvo.

Barrientos también advirtió que los comedores comunitarios atraviesan una situación crítica. “Hace meses que estamos pasando un momento muy difícil, tanto en la Ciudad como en la provincia”, señaló, al tiempo que explicó que las donaciones particulares disminuyeron porque muchas de las personas que colaboraban “ya no tienen cómo seguir ayudando”.

En ese contexto, destacó que la Fundación Margarita Barrientos continúa funcionando gracias al apoyo que recibe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque aclaró que la demanda social no deja de crecer.

Finalmente, explicó que en Los Piletones es imposible reducir el consumo de gas como planteó el vocero presidencial. “Tengo abuelos, tengo muchos niñitos, dos jardines de infantes, y ahí no los puedo dejar con frío. A los abuelos tampoco”, concluyó.