En medio de ocho meses consecutivos de caída en la recaudación tributaria, el Gobierno nacional dispuso profundizar el ajuste del gasto público y ordenó a todos los ministros aplicar un recorte adicional del 2% en sus presupuestos para sostener el superávit fiscal.

La decisión, confirmada desde la Casa Rosada, establece además una reducción del 20% en el gasto de capital. Sin embargo, el Ejecutivo evitó precisar cómo impactará la medida en cada área.

“La motosierra sigue”, señalaron desde el entorno oficial, en referencia a la política de ajuste que impulsa la administración.

Presión sobre las cuentas públicas

La medida se inscribe en un contexto de creciente tensión fiscal, donde la caída sostenida de los ingresos se convirtió en un factor clave. Hasta marzo, el gasto ya mostraba una reducción del 3,3% en áreas sensibles como la obra pública, las transferencias a provincias y los salarios estatales.

El frente fiscal también enfrenta presiones políticas y económicas. Iniciativas en debate legislativo —como el financiamiento universitario o una eventual reforma laboral— podrían incrementar el gasto o afectar la recaudación. A esto se suman las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, el Gobierno apunta a alcanzar un superávit primario del 2,2%, aunque el Presupuesto 2026 prevé una meta más moderada del 1,5% del PBI. En el primer bimestre, el resultado primario fue cercano al 0,4% del PIB, con un superávit financiero del 0,1%.

Recortes en partidas clave

Durante el primer trimestre, varias partidas registraron caídas significativas. Los salarios del sector público retrocedieron un 6,1%, mientras que las asignaciones familiares y la AUH disminuyeron un 3,7%.

Otros rubros mostraron ajustes más profundos: los programas sociales cayeron un 29,8% y las transferencias a provincias un 50,9%, reflejando el alcance del recorte.

En contraste, los subsidios económicos —principalmente vinculados a tarifas de servicios públicos— crecieron cerca de un 67% interanual, en gran medida por la cancelación de deudas acumuladas con el sector energético.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, alertó que el sistema de transporte público atraviesa una crisis profunda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y responsabilizó al Ejecutivo de Javier Milei por desentenderse de una función clave: garantizar el sostenimiento del servicio.

Según explicó el funcionario, la situación crítica es consecuencia directa de la eliminación de subsidios nacionales y del aumento sostenido de los costos operativos, especialmente el combustible. En ese marco, cuestionó que el Gobierno nacional haya decidido retirarse del esquema de financiamiento compartido que sostenía el sistema.

“Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar”, reclamó Bianco, al remarcar que la resolución del conflicto depende de decisiones que hoy la Nación no está tomando.

El ministro detalló que el sistema se financiaba con aportes equitativos entre Nación y Provincia, pero denunció que el Ejecutivo nacional dejó de cubrir su 50%, generando un fuerte desbalance. Como consecuencia, la deuda con el sector asciende a $90.700 millones y afecta a más de 100 líneas de colectivos que operan en territorio bonaerense. En contraste, aseguró que la Provincia continúa cumpliendo con sus compromisos.

El impacto es especialmente grave en el AMBA, donde la quita de subsidios deterioró la integración del sistema y encareció el acceso al transporte para millones de usuarios. En el interior bonaerense, en tanto, la eliminación del fondo compensador nacional también golpeó con fuerza al servicio.

A este escenario se suma el incremento de entre un 20% y 25% en el precio de los combustibles, otro factor que agrava la crisis. Bianco planteó que empresas como YPF podrían intervenir para amortiguar los costos, fijando valores más accesibles.

Además, el funcionario denunció la falta de diálogo con el Gobierno nacional. “No nos atiende el teléfono”, afirmó, y señaló que el gobernador Axel Kicillof solicitó reuniones con el Presidente sin obtener respuesta, lo que dificulta aún más la gestión de una situación ya crítica.

Bianco advirtió que, de no adoptarse medidas urgentes, el sistema podría entrar en una fase de mayor inestabilidad, con riesgo para la continuidad del servicio. Según sostuvo, se trata de una “fragilidad inédita” que pone en jaque el acceso al transporte público para millones de personas.

En la misma línea, el diputado bonaerense Fabián Luayza presentó un proyecto en la Legislatura para expresar su preocupación por la reducción de frecuencias en el AMBA, vinculada al aumento del gasoil. “Los usuarios no tienen la culpa de que suba el precio del combustible todo el tiempo”, señaló, y remarcó que el impacto recae especialmente en los sectores más vulnerables que dependen del transporte público para trabajar, estudiar y acceder a servicios esenciales.

La entidad modificó su reglamentación luego de la fuerte polémica generada por la difusión de casos de dirigentes y funcionarios del Gobierno Nacional que habían obtenido préstamos hipotecarios por montos millonarios, destinados a la compra de segundas e incluso terceras viviendas.

El punto cuestionado formaba parte de la reglamentación 802, actualizada en septiembre de 2024, donde se había incorporado un apartado que extendía el acceso a los créditos a “cargos políticos designados por resolución o electivos”, incluyendo a funcionarios, diputados y senadores. Aunque en su momento pasó casi desapercibido, ese cambio terminó desatando críticas cuando se conocieron los beneficiarios.

Con el tema instalado en la agenda pública y amplificado en redes sociales, el Banco Nación avanzó con una nueva circular —la N° 0092/2026— que eliminó ese beneficio. La decisión fue formalizada el 9 de enero por el presidente de la entidad, Darío Wasserman, quien dejó sin efecto la inclusión de cargos políticos dentro del universo de beneficiarios.

Según trascendió, la medida original había sido impulsada por los propios funcionarios, pero el resultado fue el contrario al esperado: derivó en un inmanejable escandalo político y reavivó el debate sobre el acceso desigual al crédito en un contexto donde gran parte de la población enfrenta serias dificultades para acceder a financiamiento para la vivienda y otras actividades básicas.

La controversia incluso llevó al presidente Javier Milei a pronunciarse públicamente. En una entrevista, defendió la legalidad de los préstamos, aunque sus declaraciones no lograron desactivar el malestar generado por el tema.

Mirtha Legrand hizo estallar la polémica por el escándalo Adorni y desató un debate explosivo en su mesa.

Mirtha Legrand volvió a demostrar que no le teme a los temas incómodos y convirtió su programa en el epicentro de una fuerte polémica. En la noche del sábado 11 de abril, durante una nueva emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), la conductora lanzó una pregunta explosiva sobre el caso que sacude al gobierno de Javier Milei: la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero Manuel Adorni.

“¿Y el caso Adorni?”, disparó sin rodeos, encendiendo de inmediato el clima en la mesa. Pero no se detuvo ahí. “Qué increíble. Esta señora, ¿le había prestado la plata de verdad?”, insistió, en alusión a las mujeres involucradas en la causa vinculada a la compra de propiedades. “Es raro todo, es extraño”, remató, dejando planteadas dudas que incomodaron a todos.

La reacción fue inmediata. Lejos de esquivar el tema, sus invitados —Baby Etchecopar, Reynaldo Sietecase, Mariana Brey y Belén Francese— se metieron de lleno en el debate, generando un intercambio intenso que por momentos subió la temperatura del programa.

Uno de los momentos más destacados lo protagonizó Reynaldo Sietecase, quien aportó una metáfora que resonó en la mesa: “El gobierno está cargando con algo que yo llamo el delantal blanco”. Y explicó: “Cuando asumieron dijeron ‘venimos contra la casta’, entonces en ese delantal blanco las manchas se notan más”.

La frase sintetizó el eje del debate: el costo político de construir un discurso basado en la transparencia y quedar expuesto ante cualquier sospecha. En ese sentido, el periodista fue más allá y planteó una comparación incómoda: “¿Qué estaríamos diciendo si esto pasara en un gobierno peronista , estaríamos pidiendo la renuncia desde el Obelisco? Si fuimos exigentes con la corrupción durante el Kirchnerismo me parece que hay que tener la misma vara”.

Con su intervención filosa, Mirtha Legrand no solo puso el tema en agenda, sino que logró lo que mejor sabe hacer: transformar su mesa en un escenario de alto voltaje político, donde las opiniones chocan, incomodan y generan repercusión.

La crisis del PAMI desató una ola de denuncias que apuntan de manera directa contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, a quienes distintos actores del sistema de salud responsabilizan por un deterioro acelerado que ya impacta en la atención de jubilados y amenaza con un colapso sanitario.

Desde clínicas privadas que trabajan con la obra social advierten que el problema central no es la falta de pacientes, sino el ajuste en los pagos. Un prestador reveló que, pese a contar con cien camas —de las cuales el PAMI suele ocupar el 75%—, en los últimos días no se registraron nuevas internaciones porque el organismo dejó de cubrir la totalidad de las prestaciones durante marzo. A esto se suma la interrupción en la provisión de prótesis de cadera, una práctica clave para adultos mayores, también por deudas impagas.

Las críticas vinculan directamente esta situación con el plan de superávit fiscal impulsado por Caputo y respaldado por Milei. Según denuncian, el recorte del gasto público en áreas sensibles como Salud derivó en faltantes de medicamentos, reducción de atención médica, ausencia de vacunas y hasta el cierre de servicios para jubilados. Lo que comenzó como una política económica, sostienen, se transformó en un factor de riesgo sanitario concreto.

El diagnóstico desde el sector es alarmante. Fuentes de la salud privada califican el escenario como “terminal” y advierten que el sistema podría colapsar, especialmente con la llegada del invierno. Funcionarios municipales, que ya registran un fuerte aumento de la demanda en centros de atención primaria, alertan que los gobiernos locales están absorbiendo pacientes que el PAMI ya no cubre.

El desfinanciamiento también golpea a clínicas y sanatorios, que denuncian atrasos de hasta cuatro meses en los pagos. Incluso, en marzo solo cobraron una parte de las prestaciones realizadas en diciembre, lo que llevó a muchos establecimientos a recortar servicios o directamente dejar de atender afiliados. Esto empuja a los pacientes hacia el sistema público, que también enfrenta demoras y pagos desactualizados.

La crisis se extiende a las farmacias, que reportan una deuda millonaria por parte del PAMI. El retraso en los pagos y la imposibilidad de reponer stock ya genera problemas de abastecimiento que afectan no solo a jubilados, sino al conjunto de la población. Desde el sector advierten que el sistema se sostiene con endeudamiento, pero que la situación es “insostenible”.

En este contexto, intendentes describen un “cóctel explosivo”: más demanda en salud pública, caída de ingresos por la recesión y aumento de la morosidad. Los datos muestran un crecimiento sostenido de las consultas en centros municipales, que se consolidan como la última red de contención frente al vaciamiento del PAMI.

Las denuncias coinciden en un punto: el ajuste económico impulsado por Milei y Caputo no solo afecta las cuentas públicas, sino que está teniendo consecuencias directas en el acceso a la salud, especialmente para uno de los sectores más vulnerables, como los jubilados.

En el centro de la polémica quedó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, a quien denuncian por haber utilizado uno de estos préstamos para adquirir una tercera propiedad, en presunta violación de las condiciones de la línea crediticia.

La información fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich, quien aseguró que Furiase compró una casa de alto valor en un country de Pilar mediante un crédito del Banco Nación, pese a que estos préstamos están destinados a la compra de primera o segunda vivienda. Según detalló, el funcionario ya contaba con al menos dos propiedades a su nombre, lo que convertiría la operación en incompatible con los requisitos establecidos.

De confirmarse, el caso no solo pondría en evidencia un posible incumplimiento de las normas del banco, sino también reforzaría las sospechas sobre un trato preferencial hacia funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo. En ese marco, también se analiza un eventual conflicto de intereses, dado que Furiase ocupaba un cargo en el Banco Central —organismo que regula al sistema financiero— al momento de gestionar el crédito.

El episodio se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre la adjudicación de préstamos a figuras vinculadas al gobierno, en medio de cambios en la política monetaria que impactaron en las tasas y condiciones de financiamiento.

Pese a la magnitud que va tomando el escándalo, el presidente Javier Milei salió a respaldar a quienes accedieron a estos créditos, al sostener que no se cometió ningún delito grave, lo que a su vez alimentó la controversia y el debate público sobre la ética en el uso de recursos financieros estatales.

La economía real continúa mostrando señales de debilidad y la industria vuelve a encender alarmas. Pese a un alivio transitorio por otros indicadores, los datos del INDEC confirman que la actividad industrial no logra recuperarse y profundiza su tendencia negativa.

Durante febrero de 2026, la actividad industrial se desplomó un 8,7% interanual, marcando la octava caída consecutiva frente al mismo mes del año anterior. Lejos de tratarse de un dato aislado, el deterioro se sostiene en el tiempo: desde junio de 2025, el sector no consigue registrar mejoras interanuales.

El impacto es generalizado y severo. En el segundo mes del año, 14 de las 16 ramas industriales registraron caídas, reflejando una crisis extendida en casi todo el entramado productivo. Entre los retrocesos más pronunciados se destacan Maquinaria y equipo (-29,4%), el sector automotor (-24,6%), otros equipos e instrumentos (-24,6%) y la industria textil y de indumentaria (-18,2%). Incluso rubros clave como Alimentos y bebidas mostraron números negativos (-6,9%), evidenciando la magnitud del freno económico.

El panorama se agrava al observar la dinámica mensual: la actividad industrial cayó un 4% respecto de enero, lo que profundiza la tendencia contractiva. Así, el acumulado del primer bimestre de 2026 arroja una baja del 6% en comparación con el mismo período del año anterior.

Las pocas excepciones positivas —como refinación de petróleo (+19,7%) y productos químicos (+3,7%)— no alcanzan a compensar el derrumbe generalizado.

A este escenario se suma la debilidad en la construcción, otro motor clave de la economía, que registró una caída interanual del 0,7% en febrero. Aunque el acumulado bimestral muestra un leve avance del 0,3%, el dato mensual confirma la fragilidad del repunte.

En conjunto, los indicadores reflejan una economía que no logra consolidar una recuperación, con una industria golpeada, caídas extendidas en la mayoría de los sectores y señales de estancamiento que persisten en el inicio de 2026.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este jueves un acto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde lanzó el Movimiento Derecho al Futuro Universidad y Ciencia y llamó a construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei. En ese marco, aseguró que a la actual gestión nacional “le quedan menos de dos años”.

Ante un Aula Magna colmada, el mandatario provincial combinó críticas a las políticas oficiales con un fuerte mensaje hacia el futuro: convocó a organizarse desde el ámbito universitario y a consolidar una propuesta capaz de disputar el rumbo del país. El auditorio acompañó con cánticos de “Presidente, Axel presidente”, mientras el gobernador advertía sobre el desgaste del gobierno libertario, al que describió atravesando un proceso de “putrefacción”.

Durante su discurso, Kicillof cuestionó con dureza el rumbo económico y social de la administración nacional. Habló de una crisis que “se desenvuelve a una velocidad vertiginosa”, con cierre de empresas, despidos y endeudamiento, y sostuvo que el país atraviesa una situación “muy profunda: social, alimentaria, productiva y laboral”. También apuntó contra lo que definió como un “terraplanismo multidisciplinario” y criticó el alineamiento internacional del oficialismo, al tiempo que alertó sobre un mundo en transformación frente a un gobierno “en babia”.

Uno de los ejes centrales fue la defensa de la universidad pública y el sistema científico. Kicillof denunció la existencia de “un plan de destrucción masiva” contra estos sectores y calificó el momento como “espantoso” y “muy oscuro”. En ese sentido, planteó que el lanzamiento del espacio universitario del MDF constituye “un acto de resistencia y de lucha” y llamó a “no resignarse”, insistiendo en que “hay otro camino” que debe ser construido colectivamente.

Venimos a plantar la bandera de la industria nacional, la ciencia y la soberanía

Lanzamos el MDF Universidad y Ciencia para enfrentar el modelo de ajuste y destrucción de Milei con la premisa de que no hay desarrollo sin ciencia y educación. Hay otro camino y lo tenemos que… pic.twitter.com/jbqOpRFdXz

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 9, 2026

El gobernador cerró su intervención reforzando la idea de alternativa política: pidió trabajar con planificación, recuperar un Estado presente y generar nuevas propuestas. “A esta experiencia de Milei le quedan menos de dos años”, concluyó entre aplausos.

Además, envió un mensaje directo al peronismo, al reclamar que se dejen de lado las disputas internas. “Hay que perder el menor tiempo posible en internas y hablarle a todo el mundo”, sostuvo, en referencia también a las tensiones del período 2019-2023 durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “No nos puede pasar de nuevo ganar una elección y después tener dificultades para gobernar”, advirtió.

El acto también tuvo un componente personal para el mandatario, quien reivindicó su vínculo con la universidad pública: recordó su paso como estudiante, su rol como docente y su tarea como investigador del CONICET, afirmando sentirse “en casa”.

La actividad contó con una fuerte presencia de funcionarios bonaerenses, referentes del ámbito científico y militancia universitaria, en lo que fue una nueva señal del armado político que Kicillof impulsa a nivel nacional. El lanzamiento del MDF Universidad y Ciencia se inscribe así en una estrategia más amplia de proyección hacia 2027, con eje en la construcción territorial, la elaboración de propuestas y la disputa de espacios clave como el universitario.

El presidente Javier Milei admitió por primera vez que la economía atraviesa un momento difícil y pidió “paciencia” a la población. “Estos últimos meses fueron duros”, reconoció este jueves en un mensaje difundido en sus redes sociales, aunque insistió en que “el rumbo es el correcto”.

El reconocimiento se produjo en un contexto de creciente malestar social reflejado en encuestas, que muestran un aumento sostenido de la imagen negativa del mandatario. A la par, se conocieron datos oficiales que dan cuenta del enfriamiento de la actividad económica: la industria registró en febrero una caída interanual del 8,7%, con fuertes desplomes en sectores clave como maquinaria, automotores y textiles, varios de ellos por encima del 20%.

Pese a este escenario, Milei defendió su programa económico —basado en el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura de importaciones— y descartó cambios de rumbo. Sostuvo que las dificultades actuales son consecuencia de la herencia recibida y aseguró que los resultados de sus políticas “ya están a la vista”.

En su mensaje, también volvió a cuestionar con dureza a la prensa, a la que acusó de distorsionar la realidad económica. Sin embargo, reconoció que la mejora no alcanza a todos por igual: “Las estadísticas reflejan promedios y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución”, señaló, antes de reiterar su pedido de paciencia.

Números que preocupan

Los indicadores económicos refuerzan el clima de preocupación. Además de la caída industrial, la construcción volvió a retroceder en febrero y acumula variaciones negativas, afectando a uno de los sectores más importantes para el empleo. A esto se suman un leve aumento del desempleo y una inflación que, tras desacelerarse inicialmente, volvió a mostrar una tendencia al alza en los últimos meses.

En ese marco, el mensaje presidencial marca un punto de inflexión: por primera vez, el Gobierno reconoce abiertamente las dificultades económicas, aunque mantiene su apuesta a que los resultados positivos llegarán con el tiempo.

El caso de la diputada salteña de La Libertad Avanza, Gabriela Flores, reaviva el debate: la legisladora admitió que utiliza pasajes oficiales del Congreso de la Nación para financiar los traslados de su hijo, quien estudia Abogacía en Buenos Aires.

Lejos de tratarse de una revelación externa, fue la propia Flores quien defendió públicamente la decisión. Argumentó que, debido a la distancia y al desarraigo que implica su función, recurre a esos recursos para que su hijo pueda “ir y venir” entre Salta y la Capital Federal. “No es un delito”, afirmó, restándole importancia a una práctica que tensiona directamente con el discurso de austeridad extrema que promueve su espacio político.

El episodio pone de relieve una contradicción difícil de soslayar: mientras se impulsa un ajuste profundo sobre amplios sectores de la sociedad bajo la consigna de que “no hay plata”, algunos funcionarios continúan utilizando herramientas del Estado en beneficio de su entorno más cercano. El uso de viáticos y pasajes para familiares no solo reabre cuestionamientos éticos, sino que también debilita la credibilidad de una narrativa que se presenta como ruptura con los privilegios tradicionales.

Así, más que una excepción, el caso expone cómo las lógicas que se prometían erradicar encuentran continuidad en la práctica cotidiana. En medio de un contexto social marcado por recortes y sacrificios, la distancia entre el discurso contra la “casta” y el uso efectivo de los recursos públicos vuelve a quedar en evidencia.