La cifra surge del primer relevamiento nacional realizado por el Ministerio de Capital Humano, que identificó 9.421 personas en situación de calle en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El 60% de las personas que hoy viven en la calle llegó a esa situación en los últimos dos años, un dato que expone con claridad el impacto de la crisis económica sobre el tejido social. El deterioro de los ingresos, la inestabilidad laboral y el aumento del costo de vida no solo profundizan la pobreza, sino que también rompen redes de contención, dejando a miles de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La cifra surge del primer relevamiento nacional realizado por el Ministerio de Capital Humano, que identificó 9.421 personas en situación de calle en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el dato está lejos de ser completo: cinco provincias —Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Buenos Aires— no participaron del estudio, lo que deja fuera a una parte significativa de la población afectada.

El informe revela además que el fenómeno no responde únicamente a situaciones estructurales de larga data, sino a un proceso reciente de exclusión. Mientras el 32% lleva más de dos años en la calle, el 59% cayó en esa situación en un período igual o menor a ese tiempo. Este desplazamiento acelerado hacia la marginalidad da cuenta de un entramado social cada vez más frágil, donde perder el empleo o no poder sostener un alquiler puede significar quedar fuera del sistema.

Los datos también muestran perfiles que contradicen ciertos estereotipos: el 90% posee DNI, más de la mitad tiene estudios primarios completos y el 53% realiza alguna actividad laboral, en su mayoría informal. Aun así, esos ingresos resultan insuficientes para garantizar condiciones mínimas de vida. Incluso, el 56% recibe asistencia estatal, lo que evidencia que las políticas actuales no logran compensar el deterioro económico.

La problemática, además, está atravesada por desigualdades de género y edad: el 83% son varones y el 92% mayores de edad, aunque también hay más de 500 menores en esta situación. Detrás de estos números aparecen historias marcadas por la ruptura de vínculos familiares, problemas de salud y consumos problemáticos, que se agravan en contextos de crisis.

Estudios de ONGs advierten que podrían ser muchos más

Organizaciones sociales advierten que la situación podría ser aún más grave. En la Ciudad de Buenos Aires, un censo popular realizado en 2025 estimó que hay casi 12.000 personas viviendo en la calle, una cifra superior a la relevada a nivel nacional. Desde estos espacios señalan que la falta de cobertura territorial y las limitaciones metodológicas impiden dimensionar el problema en su totalidad.

En este contexto, la decisión del Gobierno nacional de transferir a las provincias la responsabilidad de la atención de las personas en situación de calle suma otro elemento de incertidumbre. Con capacidades desiguales entre jurisdicciones, el riesgo es que la asistencia se vuelva aún más fragmentada, profundizando una crisis que ya muestra señales claras de desintegración social.

El artículo describe el proyecto libertario como un intento de reconfiguración ideológica más apoyado en creencias, narrativa y liderazgo personal con rasgos de mesianismo que en resultados concretos.

El artículo reconstruye el ascenso de Milei desde su rol mediático hasta la presidencia y destaca su estrategia comunicacional, basada en redes sociales, donde incluso se proyecta como una figura casi épica para sus seguidores. En ese marco, interpreta su discurso —incluidas frases como “estamos en guerra”— como parte de una narrativa de confrontación cultural que presenta su proyecto como una lucha existencial por la libertad.

Según el análisis, el modelo libertario que impulsa no se apoya principalmente en resultados comprobables sino en convicciones firmes, con componentes de fe ideológica y liderazgo personal que el medio asocia a rasgos de mesianismo. Esta dimensión simbólica y narrativa sería clave para sostener el apoyo político en un contexto de fuertes transformaciones.

El texto también subraya el conflicto entre estas políticas y la tradición argentina de bienestar, con sistemas amplios de salud y educación pública, y recoge críticas que advierten sobre un posible debilitamiento del tejido social. A la vez, incluye voces afines al gobierno que defienden el cambio como una reacción al fracaso del modelo estatal previo y promueven una cultura del esfuerzo individual.

En el plano cultural, el reportaje identifica al peronismo como principal antagonista ideológico, y menciona la influencia de referentes libertarios como Agustín Laje en la construcción de una base joven movilizada desde redes sociales.

Finalmente, el artículo remarca que la sostenibilidad del proyecto depende de la economía. Aunque reconoce cierta desaceleración de la inflación, advierte sobre costos como el cierre de empresas y la caída del consumo. La conclusión es que el respaldo al modelo —basado en creencias y narrativa— podría erosionarse si no se traduce en mejoras concretas, ya que incluso sus propios referentes admiten que sin resultados materiales no hay transformación cultural duradera.

Desde Israel, el mandatario volvió a utilizar su cuenta de X para amplificar mensajes agresivos y reforzar su ya habitual consigna: “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

El principal blanco fue Carlos Pagni, a quien tildó de “operador serial” y “basura repugnante”, en una embestida que también alcanzó al diario La Nación, al que acusó de tener “complicidad absoluta”. La reacción presidencial llegó luego de que Pagni analizara la interna del oficialismo —con eje en las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo— y su impacto en el rumbo económico y en la imagen pública del Gobierno.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio se inscribe en una escalada sostenida de ataques del mandatario contra voces críticas. Esta vez, incluso, los cuestionamientos alcanzaron a un medio que apenas un día antes había publicado un editorial de tono favorable al oficialismo, titulado “Preservar el programa, proteger a Milei”, interpretado por analistas como un gesto de acercamiento.

UNA BASURA REPUGNANTE.
Fin.

PD: hay complicidad absoluta por parte del medio que avala a un operador serial. https://t.co/SXV04qhX3R

— Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

La furia presidencial no se limitó a un mensaje propio: Milei replicó publicaciones de cuentas afines que desacreditaban el trabajo de Pagni, cuestionando su interpretación de datos económicos y descalificando su capacidad profesional. En esa misma línea, también compartió críticas del diputado Gustavo Arabia, quien viene apuntando sistemáticamente contra periodistas del mismo medio, como Jorge Liotti y Martín Rodríguez Yebra.

El trasfondo incluye versiones sobre tensiones directas entre la Casa Rosada y la conducción del diario, encabezada por Fernán Saguier, ante supuestos pedidos oficiales para desplazar a columnistas críticos, que habrían sido rechazados.

En este contexto, la reiteración de insultos y ataques personales desde la máxima investidura del país vuelve a encender alertas sobre el deterioro del vínculo entre el Gobierno y el periodismo, en una dinámica de confrontación que el propio presidente no solo sostiene, sino que profundiza.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volverá este martes a la Corte Suprema para encabezar la segunda audiencia por la deuda previsional que la Nación mantiene con la Provincia, un monto que ya asciende a $2,2 billones y que se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto con el gobierno de Javier Milei.

Kicillof llegará acompañado por su equipo de abogados, técnicos y funcionarios, en una señal clara del peso político y económico del reclamo contra el Ejecutivo nacional. El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando la administración nacional suspendió por decreto las transferencias que la Administración Nacional de la Seguridad Social debía girar a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias.

Desde entonces, la provincia de Buenos Aires no recibió fondos por ese concepto. En abril de ese mismo año, el mandatario bonaerense formalizó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiendo la restitución de recursos contemplados por ley.

La primera audiencia, realizada el 17 de marzo, dejó señales favorables para la Provincia: el máximo tribunal rechazó el argumento de la ANSES sobre la supuesta falta de información para calcular la deuda y le otorgó un plazo de 30 días para verificar esa situación.

Desde el equipo técnico bonaerense califican esa postura como “inconsistente”, al señalar que el organismo pudo validar deudas de otras nueve jurisdicciones en poco tiempo, mientras mantiene sin resolución el caso de Buenos Aires, que concentra casi el 50% del déficit previsional de las provincias no transferidas.

Según fuentes cercanas al expediente, la Provincia incluso se ofreció a aportar información adicional, pero sostienen que quedó demostrado que la ANSES contaba con los datos necesarios. En ese sentido, apuntan a una decisión política del Gobierno nacional de suspender las transferencias.

La audiencia prevista para este martes a las 11 será clave, ya que se trata del caso más avanzado dentro de las ocho demandas que la Provincia inició contra la Nación en menos de tres años. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que la deuda total asciende a $15,6 billones y que la pérdida de recursos desde la asunción de Milei alcanza los $22,2 billones.

En el centro de la investigación aparece un entramado entre Radio y Televisión Argentina (RTA) y la productora Imhouse S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandío, señalado como allegado personal del funcionario.

La situación judicial de Manuel Adorni suma nuevos elementos que no solo agravan las sospechas en su contra, sino que empiezan a resquebrajar la confianza dentro del propio espacio libertario que hasta ahora lo sostenía.

La ampliación de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón incorporó información que complejiza el expediente y refuerza la hipótesis de un presunto esquema de contrataciones irregulares en medios públicos.

El avance de la causa, impulsado tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, permitió acceder a contratos, transferencias y comprobantes que, según la presentación judicial, evidenciarían un mecanismo sistemático de contrataciones durante la gestión de Adorni. Este cúmulo de datos no solo incrementa la presión judicial, sino que empieza a generar incomodidad en su entorno político, donde surgen dudas sobre el costo y viabilidad de sostenerlo.

Uno de los focos está puesto en seis contratos de coproducción firmados entre RTA e Imhouse S.A., bajo la sospecha de que podrían haber beneficiado directamente a Grandío. La Justicia busca determinar si existió un circuito de retornos y si el funcionario utilizó su posición para favorecer a su círculo cercano.

A esto se suman elementos sensibles que profundizan el desgaste: transferencias bancarias desde la empresa del periodista hacia Adorni por más de $1,6 millones entre 2022 y 2023, un viaje a Punta del Este con gastos que habrían sido cubiertos parcialmente por la productora, y un presunto esquema de triangulación en las contrataciones que habría servido para evitar vínculos formales directos.

Además, la denuncia advierte sobre un incremento sostenido en los montos de los contratos, incluso en un contexto de ajuste en los medios públicos, lo que refuerza las sospechas sobre un posible beneficio indebido.

En este escenario, el caso deja de ser solo un problema judicial y comienza a tener impacto político. Aunque el oficialismo aún lo respalda, la acumulación de indicios introduce fisuras y debilita su posición interna. La investigación avanza y, con cada nuevo dato, el margen de maniobra de Adorni parece reducirse, mientras crecen las tensiones dentro del espacio que hasta ahora lo defendía.

Un informe bancario de más de 2.000 páginas, incorporado a la causa que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, suma elementos que complican seriamente la situación judicial de José Luis Espert.

La documentación no solo expone inconsistencias entre sus ingresos declarados y su nivel de gastos, sino que revela un entramado de transferencias millonarias y operaciones con presuntas sociedades fantasma.

Los registros muestran un punto de quiebre claro a partir de 2019, cuando Espert entabló relación con el empresario Federico Fred Machado. Desde entonces, su nivel de vida creció de forma abrupta —incluyendo la compra de una propiedad en Beccar por casi medio millón de dólares y la adquisición de bienes de alta gama— sin una correlación visible con sus ingresos en blanco.

Para sostener ese salto patrimonial, el informe detalla una serie de mecanismos financieros bajo sospecha. Entre ellos, se destacan depósitos en efectivo realizados de forma fragmentada —primero por ventanilla y luego a través de cajeros automáticos— en lo que los investigadores interpretan como intentos de eludir controles antilavado.

Sin embargo, los datos más sensibles surgen del origen de los fondos. La Justicia detectó transferencias por más de 44 millones de pesos provenientes de al menos ocho sociedades anónimas creadas recientemente, con estructuras similares y socios radicados en domicilios de bajos recursos. Estas características alimentan la hipótesis de que se trataría de sociedades pantalla utilizadas para canalizar dinero sin trazabilidad clara.

A esto se suman ingresos millonarios desde cuentas de personas físicas sin capacidad económica aparente para justificar esos montos. Solo entre 2024 y 2025, Espert recibió más de 67 millones de pesos mediante este tipo de operaciones, muchas de ellas realizadas en coincidencia con pagos de consumos de sus tarjetas.

El informe también identifica transferencias vinculadas a su entorno político y a causas bajo investigación. Aparecen giros desde cuentas asociadas a María Pía Novelli —investigada por la estafa cripto $Libra— y desde una socia de Luis Rosales, excompañero de fórmula de Espert. Si bien los montos individuales no son elevados, refuerzan el entramado de relaciones financieras bajo sospecha.

En paralelo, la Justicia analiza si el contrato de asesoría firmado con Machado por un millón de dólares funcionó como una pantalla para encubrir maniobras de lavado de activos vinculadas al narcotráfico. Está acreditado que Espert percibió al menos 200.000 dólares en ese marco.

Con este nuevo conjunto de evidencias, el cuadro judicial se agrava. El fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli ya rechazaron el pedido de liberación de fondos solicitado por la defensa, señalando inconsistencias en la situación patrimonial del economista. Incluso remarcaron que, tras iniciarse la investigación, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo.

Las transferencias millonarias, el uso de sociedades de dudosa actividad y la falta de correspondencia entre ingresos y gastos consolidan así un escenario cada vez más comprometedor para el exdiputado.

El sector registró una baja interanual del 4,1%, mientras que la utilización de la capacidad instalada se desplomó al 41,8%, su peor nivel en cuatro años, evidenciando un deterioro cada vez más marcado del aparato productivo.

Si bien el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) mostró una leve mejora del 1,5% frente a febrero, el dato no alcanza para revertir la tendencia negativa: en el primer trimestre la actividad acumula una caída del 6,9% y se mantiene muy lejos de sus niveles más altos recientes.

El dato más preocupante no es solo la contracción de la actividad, sino el fuerte retroceso en el uso de la capacidad instalada, que cayó 5,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, advirtieron desde ADIMRA.

ℹ Ya está disponible el Boletín de Actividad Metalúrgica del mes de Marzo 2026.

🏭La actividad metalúrgica registró, durante el mes de marzo, una caída en términos interanuales de -4.1%.

📉Con respecto a febrero del 2026, la actividad tuvo una suba del 1.5%.

Informe… pic.twitter.com/jLN6In6jw7

— ADIMRA (@redadimra) April 20, 2026

La caída es generalizada y atraviesa casi todos los rubros. Apenas algunos sectores mostraron mejoras marginales, como Maquinaria Agrícola (1,8%), Autopartes (2,1%) y Carrocerías y Remolques (2,0%). En contraste, el resto del entramado metalúrgico continúa en terreno negativo: Fundición cayó 3,2%, Bienes de Capital 6,6%, Equipamiento Médico 6,5%, Equipo Eléctrico 5,8% y Otros Productos de Metal 6,7%.

El análisis por cadenas de valor refuerza el diagnóstico recesivo. Solo las actividades vinculadas al sector automotriz (2,0%) y agrícola (0,7%) lograron crecer, mientras que el resto mostró retrocesos, especialmente las ramas ligadas al consumo final (-8,8%) y la construcción (-6,7%). También se registraron caídas en petróleo y gas (-4,7%), minería (-2,7%) y energía eléctrica (-2,9%).

“El nivel de utilización de la capacidad instalada en valores mínimos expone con claridad el deterioro estructural del sector”, afirmó el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, quien advirtió además que la falta de demanda interna está agravando la situación, presionando los márgenes empresariales y afectando de forma directa al empleo.

Las perspectivas a corto plazo tampoco traen alivio: seis de cada diez empresas no esperan mejoras en los próximos tres meses, lo que refuerza la idea de una reactivación que no llega.

El impacto se extiende a todo el país. Todas las provincias relevadas registraron caídas interanuales, con Buenos Aires liderando el retroceso (-5,6%), seguida por Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%) y Mendoza (-0,7%). Santa Fe, en tanto, mostró una baja más moderada (-0,3%).

En paralelo, el empleo en el sector también continúa deteriorándose, con una caída interanual del 2,6% y una baja del 0,4% respecto al mes anterior, completando un panorama que confirma la profundidad de la crisis industrial.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, advirtió que podría convocarse a otra marcha federal si el Gobierno no avanza con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicó Yacobitti, las universidades evalúan medidas tanto judiciales como de protesta ante el incumplimiento de la norma, pese a los fallos de primera y segunda instancia que ordenan su aplicación. En ese sentido, anticipó que, de no haber respuestas del Poder Ejecutivo, podrían organizarse movilizaciones a nivel nacional. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo.

El dirigente, exdiputado de la Unión Cívica Radical, precisó que el plazo para definir acciones se extiende hasta mediados de mayo. Además, aclaró que cualquier protesta se realizará con las universidades en funcionamiento: “Las medidas serán con las aulas abiertas”, indicó, diferenciándose de eventuales paros totales.

El conflicto se enmarca en la decisión del gobierno de Javier Milei de no avanzar con la implementación de la ley, al tiempo que presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de cuestionamientos por el supuesto impacto fiscal que el gobierno esgrime como argumento.

En paralelo, Yacobitti alertó sobre el deterioro del sistema universitario. Señaló que los salarios docentes han sufrido una fuerte caída —con pérdidas de alrededor del 60% en términos reales en algunos casos— y advirtió sobre la salida de profesores e investigadores, lo que compromete la continuidad académica y científica.

Pese a este escenario, el vicerrector destacó el posicionamiento internacional de la UBA, que mantiene varias carreras entre las mejores del mundo según rankings recientes, y remarcó la eficiencia del sistema público. “Gastás mucho menos por alumno que en universidades comparables”, afirmó.

Finalmente, planteó la necesidad de abrir canales de diálogo con el Gobierno para destrabar el conflicto y garantizar el financiamiento. Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que el costo de la ley resulta difícil de afrontar en el corto plazo y analizan alternativas para su implementación.

Las propias palabras de Manuel Adorni vuelven a jugarle en contra y profundizan las dudas sobre su situación patrimonial. Lo que en el pasado describió como una pesada carga económica hoy aparece, en su estrategia judicial, como el principal argumento para justificar su asombroso crecimiento financiero.

En 2018, Adorni había sido claro: tras la muerte de su padre en 2002, heredó una vivienda acompañada por una hipoteca impaga desde 1996. Según contó entonces, esa situación le demandó años de esfuerzo para no perder la propiedad. El mensaje, dirigido “a los políticos”, buscaba reivindicar el sacrificio personal, pero hoy adquiere otro significado mucho menos conveniente para su defensa.

La contradicción es evidente. Aquella herencia que definió como un problema financiero —algo que incluso puso en riesgo su patrimonio— es ahora presentada como la base que explicaría su evolución económica ante la Justicia. Ese cambio de narrativa no solo genera inconsistencias, sino que debilita su credibilidad en un momento clave.

Según trascendió, Adorni habría rectificado su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporado esa herencia como justificación de su patrimonio. La maniobra coincide con el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes ya ordenaron medidas como el levantamiento del secreto fiscal y la toma de testimonios.

El punto crítico sigue siendo el mismo: ¿cómo puede una herencia que, según su propio relato, implicaba deudas y años de regularización convertirse ahora en la explicación de propiedades, remodelaciones y viajes al exterior?

La investigación se activó el 8 de marzo tras conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, integró una comitiva oficial a Nueva York. A partir de allí, comenzaron a surgir datos difíciles de compatibilizar con sus ingresos declarados: adquisiciones inmobiliarias recientes, hipotecas en dólares, refacciones de alto costo y gastos significativos en viajes.

Mientras tanto, Adorni mantiene el respaldo político de Javier Milei y de Karina Milei, y se prepara para presentar su declaración jurada completa. Allí deberá resolver una inconsistencia central: explicar cómo aquello que alguna vez describió como una carga terminó convertido, en su versión actual, en el pilar de su patrimonio.

El presidente Javier Milei autorizó, mediante un decreto y sin el debido tratamiento en el Congreso Nacional, el ingreso y despliegue de militares de Estados Unidos en territorio argentino, una decisión que genera fuerte preocupación y enciende alarmas por su impacto institucional y en la soberanía nacional.

La medida, oficializada a través del decreto 264/26 publicado en el Boletín Oficial con la firma del mandatario y su gabinete, permite la participación de tropas estadounidenses en los ejercicios militares “Daga Atlántica” y “PASSEX”. Aunque el Gobierno argumenta que el objetivo es fortalecer la interoperabilidad y consolidar a Argentina como socio estratégico en seguridad global, la resolución implica habilitar la presencia y accionar de una potencia extranjera en suelo nacional sin debate legislativo previo.

El ejercicio “Daga Atlántica” se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio e incluirá operaciones terrestres, aéreas y marítimas en puntos estratégicos como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en Moreno. En paralelo, entre el 26 y el 30 de abril, se realizará el operativo naval “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva, con la participación de unidades de gran porte como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, en conjunto con la Armada Argentina.

La decisión, adoptada de forma unilateral, es señalada como una cesión sensible de soberanía al permitir la injerencia militar extranjera sin la intervención del Congreso, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes y una renovada injerencia estadounidense en a región.