La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un dato tan inesperado como sensible: dos integrantes de la Policía Federal Argentina le otorgaron un préstamo por 100.000 dólares, en una operación que también está bajo la lupa de la Justicia.

El expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar los detalles y la legalidad de este financiamiento, que fue utilizado para garantizar una hipoteca vinculada a una propiedad del funcionario en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Las acreedoras fueron identificadas como Graciela Isabel Molina de Cancio, comisaria inspectora retirada, y su hija, Victoria María José Cancio, actual oficial ayudante subinspectora. Según los registros, la madre aportó la mayor parte del dinero —85.000 dólares—, mientras que su hija completó el monto con 15.000.

La revelación genera especial impacto por el vínculo jerárquico: Adorni, como jefe de Gabinete, se encuentra por encima de la estructura estatal en la que ambas se desempeñan o desempeñaron, lo que abre interrogantes éticos y administrativos sobre la relación financiera.

Además, se conocieron detalles clave de la operación: el préstamo fue formalizado el 15 de noviembre de 2024, con una tasa de interés del 11% anual, lo que implicaría cuotas mensuales cercanas a los 4.600 dólares. La transacción fue certificada por la escribana Adriana Nechevenko, quien ya declaró ante la Justicia.

El caso también pone el foco en la capacidad de pago del funcionario. Las cuotas estimadas superan ampliamente sus ingresos declarados hasta fines de 2025, lo que alimenta las dudas sobre la consistencia de su situación patrimonial.

Pero este no sería el único movimiento bajo sospecha. La investigación incluye otro préstamo por 200.000 dólares otorgado por dos mujeres jubiladas para la compra de un departamento en Caballito, que, a diferencia del anterior, se habría realizado sin intereses.

Con estos nuevos elementos, la causa entra en una etapa más compleja, en la que la Justicia deberá determinar no solo el origen de los fondos, sino también si existieron irregularidades o conflictos de interés en una trama financiera que ya genera fuerte ruido político e institucional.

La recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos muestra un marcado deterioro en el inicio de 2026 y enciende alarmas en las provincias, que podrían verse forzadas a recurrir nuevamente al auxilio de la Nación para sostener sus cuentas.

Durante el primer trimestre, los ingresos vinculados a este tributo —principal fuente de financiamiento provincial— evidenciaron un desempeño débil, afectado directamente por la caída de la actividad económica. En total, las jurisdicciones reunieron cerca de $9,7 billones, pero con incrementos nominales que no logran compensar la inflación, lo que se traduce en un estancamiento o retroceso en términos reales.

Un dato clave es que el 63% de lo recaudado proviene de contribuyentes radicados en otras provincias a través del sistema del Convenio Multilateral, lo que refleja una fuerte dependencia de la dinámica interjurisdiccional. Solo el 37% se genera dentro de cada territorio, evidenciando la fragilidad de las bases impositivas locales.

En este contexto, los mecanismos de recaudación anticipada —que toman fondos directamente de cuentas bancarias, tarjetas y otros medios de pago— también muestran señales negativas. Los sistemas más relevantes registraron caídas reales en el primer trimestre: el SIRCREB y el SIRCAR retrocedieron 7%, el SIRTAC cayó 8% y el SIRPEI se desplomó 13%. Solo el sistema vinculado a billeteras virtuales mostró una suba significativa, impulsada por la incorporación reciente de la provincia de Buenos Aires.

La contracción de estos instrumentos, directamente ligados al movimiento económico, confirma el enfriamiento de la actividad. A esto se suma la caída de los recursos por coparticipación y transferencias discrecionales, que profundiza el estrés financiero de las provincias.

Con menor recaudación propia y limitado acceso al financiamiento —en un contexto de alto riesgo país—, crece la preocupación entre gobernadores. De persistir esta tendencia, advierten que los adelantos del Tesoro nacional podrían volver a convertirse en la principal herramienta para evitar desequilibrios fiscales más profundos.

Los datos de febrero refuerzan este escenario: las principales jurisdicciones registraron caídas reales en la recaudación de Ingresos Brutos, consolidando una tendencia que anticipa un año complejo y con alta probabilidad de nuevos rescates por parte del Gobierno nacional.

Mientras los salarios de investigadores y trabajadoras del organismo acumulan 23 meses consecutivos perdiendo contra la inflación, el presidente del CONICET, Daniel Salamone, quedó en el centro de la polémica tras cancelar una deuda millonaria en apenas semanas.

La información surge del registro público de deudas de funcionarios y legisladores difundido por el sitio Cuánto Deben, en el marco del escándalo por la “caja VIP” del Banco Nación: una red de créditos a la que acceden sectores cercanos al gobierno de Javier Milei, pero que permanece vedada para la mayoría de la población.

Dentro de ese listado también aparece el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, bajo la órbita del Ministerio de Economía, con un préstamo de 219 millones de pesos otorgado por el Banco Nación, lo que alimenta sospechas sobre posibles privilegios e influencias políticas en la asignación de financiamiento.

Sin embargo, uno de los casos que más indignación generó es el de Salamone. El titular del principal organismo científico del país logró cancelar una deuda cercana a los diez millones de pesos en apenas dos meses, entre enero y marzo de 2025. El dato contrasta fuertemente con la situación general de la sociedad argentina, donde crece el endeudamiento de los hogares y se vuelve habitual el uso de tarjetas de crédito incluso para la compra de alimentos.

El contraste se vuelve aún más crudo dentro del propio CONICET. Mientras su presidente exhibe una rápida mejora en su situación financiera, investigadores e investigadoras atraviesan una sostenida pérdida de poder adquisitivo. A marzo de 2026, un investigador asistente percibe alrededor de 1.609.000 pesos, mientras que categorías superiores rondan los 3.280.000 pesos, cifras que quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.

Según datos del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC), la inflación desde la asunción de Milei alcanzó un 259,4%, mientras que los ingresos en el organismo apenas crecieron un 121,2%, profundizando un deterioro salarial que ya se extiende por casi dos años.

En este contexto, se multiplican los casos de precarización extrema: investigadores altamente calificados que recurren a trabajos informales o de plataformas —los llamados “científicos-UBER”— para poder sostener sus ingresos. A esto se suman despidos, retiros voluntarios, cancelación de proyectos estratégicos y el riesgo de cierre de organismos clave como el INTA y el INTI.

El deterioro no es solo económico. La crisis también se expresa en la fuga de talentos, el vaciamiento de equipos de investigación y situaciones límite, como la de científicos que debieron costear de su propio bolsillo generadores eléctricos para salvar muestras biológicas tras un corte de luz en sus laboratorios.

En ese escenario, la figura de Salamone aparece cada vez más cuestionada. Sus propias declaraciones previas —en las que relativizaba la inversión en ciencia en un país con altos niveles de pobreza— hoy contrastan con una realidad donde la crisis se profundizó, pero su situación personal parece haber seguido un camino opuesto.

El escándalo reaviva así el malestar en la comunidad científica, que no solo enfrenta salarios en caída libre y condiciones laborales cada vez más precarias, sino también un clima de hostilidad política, con descalificaciones públicas desde el propio gobierno.

La combinación de ajuste, desigualdad interna y privilegios en el acceso al financiamiento deja al descubierto una crisis estructural en el sistema científico argentino, donde la distancia entre quienes lo conducen y quienes lo sostienen parece agrandarse día a día.

En las últimas horas, quedó en el centro de la polémica Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y uno de los principales colaboradores del ministro de Economía, Luis Caputo. Según la denuncia, Furiase accedió a un crédito superior a los $300 millones para adquirir una propiedad en un country.

El escándalo por los créditos del Banco Nación a funcionarios del gobierno nacional sigue creciendo y suma nuevos nombres, montos y detalles que profundizan las sospechas sobre posibles beneficios otorgados en condiciones privilegiadas.

En las últimas horas, quedó en el centro de la polémica Federico Furiase, actual secretario de Finanzas y uno de los principales colaboradores del ministro de Economía, Luis Caputo. Según la denuncia, Furiase accedió a un crédito superior a los $300 millones para adquirir una propiedad en un country, en una operación que habría contado con una tasa subsidiada, muy por debajo de las condiciones que enfrenta hoy cualquier ciudadano.

El dato no solo refuerza los cuestionamientos sobre el uso de fondos del banco estatal, sino que además suma un elemento sensible: el funcionario ya contaría con otras propiedades, lo que vuelve a poner bajo la lupa los criterios de acceso a este tipo de financiamiento.

La información fue difundida por el periodista Alejandro Bercovich en el programa Minuto Uno, conducido por Gustavo Silvestre en C5N, y generó un fuerte impacto en medio de un contexto ya cargado de denuncias similares.

El caso de Furiase no aparece como un hecho aislado. Forma parte de una serie de operaciones que actualmente están siendo investigadas en la Justicia por presunto otorgamiento de créditos en condiciones ventajosas a funcionarios del gobierno de Milei.

Entre los nombres señalados también figuran Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, quien habría recibido cerca de $373 millones; Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, con un préstamo cercano a los $300 millones; Juan Pablo Carreira, vinculado a la comunicación oficial, con un crédito superior a los $100 millones; y la diputada Lorena Villaverde, quien habría accedido a financiamiento pese a encontrarse embargada.

La denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta también a exautoridades del Banco Nación, como Daniel Tillard y Juan Curuchet, por su presunto rol en la aprobación de estos préstamos.

Actualmente ya existen al menos diez presentaciones en Comodoro Py y dos causas judiciales abiertas que buscan determinar cómo se otorgaron estos créditos, bajo qué condiciones y si existieron irregularidades en el acceso por parte de funcionarios públicos.

Con cada nueva revelación, el caso escala en gravedad y aumenta la presión para que se esclarezca si hubo un esquema sistemático de beneficios financieros dentro del entorno del gobierno.

El sistema de colectivos del AMBA atraviesa una crisis severa que ya impacta de lleno en millones de usuarios, con frecuencias reducidas, unidades insuficientes y un servicio cada vez más deteriorado.

Ante este critico escenario crítico, el Gobierno nacional intenta evitar un paro total que podría paralizar la movilidad en la región y profundizar aún más el colapso.

Para contener la situación, la Casa Rosada convocó de urgencia a las empresas de transporte a una reunión este jueves a las 11, encabezada por la Secretaría de Transporte. En paralelo, anticipó que en las próximas horas depositaría parte de los fondos adeudados, en un intento desesperado por desactivar el conflicto.

La deuda con el sector asciende a unos 115 mil millones de pesos acumulados desde agosto del año pasado. Según explicó Marcelo Pasciutto, director de CETUBA, el Gobierno se comprometió a transferir cerca de 56 mil millones de manera inmediata, aunque las empresas mantienen la cautela: “Hasta que no tengamos la plata en la cuenta no confirmamos nada”, advirtieron.

Mientras tanto, la crisis ya se hace visible en las calles. En los últimos días, numerosas líneas recortaron la cantidad de unidades en circulación, generando largas esperas, paradas colapsadas y crecientes complicaciones para los pasajeros. La medida funciona como una forma de presión ante el aumento sostenido de los costos operativos.

El principal factor detrás del conflicto es el fuerte incremento del precio del gasoil, que según el sector subió un 25% en el último mes. Este aumento golpeó de lleno la estructura de costos de las empresas, que reclaman una actualización urgente de subsidios.

En una carta enviada al secretario de Transporte, Fernando Herrmann, las compañías exigieron que se reconozca el nuevo valor del combustible y se otorgue una compensación adicional. Sin una respuesta concreta y con los pagos aún pendientes, el sistema de colectivos del AMBA se mantiene en estado de alerta, al borde de una paralización que agravaría una crisis que ya afecta diariamente a millones de personas.

En las últimas horas, se conocieron nuevos casos que refuerzan las sospechas de privilegios y falta de transparencia en la asignación de préstamos millonarios a figuras cercanas al poder.

Entre los nombres que salieron a la luz aparece el de Juan Pedro Inchauspe, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien habría solicitado más de 510 millones de pesos. Su caso se vuelve especialmente sensible por su rol dentro del organismo que regula el sistema financiero, en medio de una lista creciente de beneficiarios vinculados al oficialismo.

La polémica no se limita a un caso aislado. En los últimos dos años, distintos funcionarios y dirigentes accedieron a créditos que, en muchos casos, superan ampliamente su patrimonio declarado ante la Justicia, lo que despierta fuertes cuestionamientos sobre posibles irregularidades o trato preferencial.

Entre los casos más llamativos también figuran Felipe Núñez, director del BICE y cercano al ministro de Economía Luis Caputo, quien solicitó 475 millones de pesos pese a declarar bienes por menos de 20 millones; Federico Furiase, secretario de Finanzas, con un crédito de 367 millones; Emiliano Mongilardi, director de YPF, con 302 millones; y Guillermo Patricio Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, con 204 millones. Hasta el momento, varios de ellos no han dado explicaciones públicas.

El escándalo escaló aún más tras la revelación del caso de Leandro Massaccesi, funcionario del Ministerio de Capital Humano, quien fue desplazado de su cargo luego de que se conociera que había accedido a un préstamo de 400 millones de pesos con condiciones preferenciales. Su salida no logró frenar la controversia, que ya golpea de lleno a la estructura del Gobierno.

Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, analizados por la plataforma “¿Cuánto deben?”, al menos 1.440 personas políticamente expuestas recibieron créditos hipotecarios. El cruce con declaraciones juradas permitió detectar inconsistencias significativas entre los montos otorgados y los patrimonios declarados.

El listado también incluye a legisladores del oficialismo, lo que amplía el alcance del escándalo dentro del entramado político. A medida que se suman nombres y cifras, crece la presión pública y política para que el Gobierno dé explicaciones claras sobre los criterios utilizados por el Banco Nación y el posible uso discrecional de recursos estatales.

El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios oficialistas por el Banco Nación sumó un nuevo y explosivo capítulo, esta vez con la diputada libertaria Lorena Villaverde en el centro de las acusaciones por presunto tráfico de influencias.

La polémica se desató luego de que se revelara que la diputada libertaria Lorena Villaverde habría accedido a un crédito hipotecario pese a estar embargada y procesada judicialmente. Según la denuncia, el préstamo fue inicialmente rechazado por la sucursal de Cipolletti debido a su situación patrimonial, pero terminó siendo aprobado tras una supuesta “orden superior” desde la casa central en Buenos Aires.

El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) fue quien expuso el caso, al señalar que el trámite siguió un curso “inusual” y privilegiado, sorteando los controles de riesgo crediticio que rigen para cualquier ciudadano. “El crédito fue rechazado primero porque Villaverde está embargada. Sin embargo, desde la central alguien levantó un teléfono y el crédito finalmente se aprobó”, afirmó.

El punto más sensible del caso radica en las irregularidades técnicas que habrían sido ignoradas. En marzo de 2026, la Justicia de Río Negro dictó un embargo superior a los 31 millones de pesos contra la legisladora, en el marco de una causa por presuntas estafas inmobiliarias vinculadas a la venta de terrenos en Las Grutas. Ese antecedente, según la normativa vigente, debería haber impedido el acceso a un crédito hipotecario.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio se inscribe en una controversia mayor que la oposición ya denomina un “festival de créditos”. La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) presentó una denuncia para investigar préstamos otorgados a funcionarios por montos que irían de los 100 a los 500 millones de pesos, con el objetivo de determinar si existió un relajamiento de los requisitos habituales para sectores cercanos al oficialismo.

En ese marco, Paulón remarcó la desigualdad en el acceso al financiamiento: “Las condiciones que detectamos no tienen nada que ver con las dificultades que enfrenta cualquier familia para acceder a un crédito hipotecario en la Argentina”.

Historial controvertido

El caso Villaverde, no obstante, agrega un componente adicional por el historial judicial y político de la diputada. A la causa por estafas inmobiliarias se suman cuestionamientos por presuntos vínculos con figuras investigadas por narcotráfico y antecedentes en el exterior que han sido objeto de controversia pública. Incluso, en 2025, su intento de pasar al Senado por Río Negro se frustró tras la impugnación de su pliego por falta de idoneidad, lo que la obligó a mantenerse en su banca actual en Diputados.

Con este nuevo episodio, crece la presión para que la Justicia investigue si existieron privilegios indebidos en el otorgamiento de créditos del Banco Nación, en un contexto donde la transparencia del sistema financiero público vuelve a quedar bajo sospecha.

La operación fue sobre una propiedad en Parque Chacabuco y se suma a otras maniobras similares ya investigadas por la Justicia en torno a su patrimonio.

El caso que involucra a Manuel Adorni no deja de escalar y ya se asemeja a una auténtica bola de nieve. A medida que pasan los días, lejos de disiparse, las dudas se multiplican con la aparición de nuevas operaciones sospechosas que vuelven a poner el foco sobre su patrimonio.

La última revelación suma un capítulo más a una trama cada vez más compleja: el funcionario constituyó una nueva hipoteca sobre un departamento ubicado en Parque Chacabuco. La particularidad, otra vez, es el mecanismo elegido. No se trató de un crédito bancario tradicional, sino de un préstamo privado por alrededor de 100 mil dólares otorgado por dos mujeres. Con este movimiento, ya son cuatro las acreedoras que aparecen vinculadas a este tipo de operaciones.

El dato no es aislado. Por el contrario, encaja en un patrón que ya había despertado sospechas en torno a otra propiedad en Caballito, donde también se detectó un esquema de financiamiento similar. En ambos casos, se repite la misma pregunta: cuál es el origen real de los fondos y por qué se recurre sistemáticamente a este tipo de mecanismos por fuera del sistema financiero formal.

El contexto en el que surge esta información tampoco ayuda a despejar las dudas. En Casa Rosada, en medio de las consultas periodísticas, se registraron restricciones para el ingreso de periodistas, una señal que no hizo más que alimentar la tensión y las sospechas alrededor del caso.

Según consta en documentos oficiales, la nueva hipoteca fue constituida el 15 de noviembre de 2024, una fecha que también llama la atención: coincide con la compra de una propiedad en un country a nombre de su esposa. Este cruce de operaciones en simultáneo suma un elemento más a un entramado que la Justicia ya analiza con detenimiento.

Otro punto que genera ruido es el cambio en la lógica de financiamiento. Tras años con una hipoteca bancaria vigente desde 2014, el funcionario habría optado por cancelarla para pasar a esquemas de préstamos privados, una decisión que ahora también forma parte de la investigación judicial.

La causa, que avanza con la incorporación de nuevos documentos y testimonios, ya no se limita a un episodio puntual. Incluye un conjunto de operaciones inmobiliarias, vuelos privados y presuntas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales que, en su conjunto, delinean un escenario cada vez más comprometedor.

Lo que comenzó como cuestionamientos aislados por propiedades y viajes se transformó en un expediente complejo, donde cada nueva revelación no cierra interrogantes sino que abre otros. En ese marco, el silencio oficial y la falta de explicaciones públicas no hacen más que agrandar una bola de nieve que sigue creciendo y amenaza con convertirse en un problema político y judicial de mayor envergadura.

Bajo el argumento de una supuesta red de espionaje ruso en Argentina, la Casa Rosada decidió suspender la acreditación de prensa a varios medios nacionales, en una medida que genera fuertes cuestionamientos sobre la libertad de prensa.

La disposición afectó a Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape, luego de que fueran mencionados en un dudoso informe que los vincula con una presunta red de propaganda financiada por Rusia para desprestigiar al presidente Javier Milei. Como consecuencia, estos medios quedaron excluidos de las conferencias de prensa del Gobierno.

El recorte de acreditaciones se da en un contexto de creciente tensión entre funcionarios y periodistas, especialmente tras los cruces con el vocero presidencial Manuel Adorni en la sala de prensa. En las últimas semanas, las preguntas incómodas sobre temas sensibles —como sus viajes y su patrimonio— habían elevado el tono del conflicto.

Desde distintos sectores periodísticos interpretan la medida como una represalia encubierta. El periodista Adrián Murano, de El Destape, denunció que se trata de un castigo por el trabajo crítico hacia el oficialismo: “Le niegan la entrada a Casa Rosada a los corresponsales por haber incomodado a varios funcionarios”, afirmó.

La decisión se conoció públicamente a través de la periodista Gabriela Vulcano, mientras que desde el Gobierno se enmarca en la investigación impulsada por la Secretaría de Inteligencia del Estado, que ya había presentado una denuncia judicial en 2025 por estas presuntas maniobras.

El propio Milei calificó el caso como de “gravedad institucional pocas veces vista” y aseguró que los implicados serían apenas “la punta del iceberg”. Sin embargo, para sus críticos, el uso de esta hipótesis como fundamento para restringir el acceso de medios a la información pública abre un debate de fondo sobre posibles intentos de disciplinamiento a la prensa y la necesidad del gobierno de desviar la atencion de los crecientes casos de corrupción.

El presidente Javier Milei volvió a embestir con dureza contra medios y periodistas, a los que calificó de “asociación ilícita”, en el marco de un mensaje cargado de acusaciones, descalificaciones e hipótesis de conspiración sin pruebas.

A través de un extenso posteo en redes sociales, estructurado en cinco “actos” bajo el título “¿Cómo se llama la obra?”, Milei denunció una supuesta operación coordinada para desprestigiar su gestión mediante la difusión de información errónea sobre créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores. En su relato, describió un esquema en el que intervienen periodistas que —según sus palabras— actúan como “operadores”, llegando incluso a insultarlos como una “mezcla de operador e imbécil”.

El mandatario elevó aún más el tono al extender sus acusaciones a toda la cadena de decisión de los medios. “No es sólo el problema de las basuras inmundas que la van de periodistas. El tema alcanza a los editores y a los dueños”, afirmó, profundizando una confrontación que se ha vuelto habitual en su discurso.

Tuvo un día de furia en X: con insultos y groserías, hasta que llegó a esto. Nada que sorprenda: sigue su línea de los mandriles y del uso de metáforas sexuales violentas y homofóbicas para intimidar. ¿Alguien le podrá recordar que es presidente? pic.twitter.com/gq5lgTcvaj

— Maria O' Donnell (@odonnellmaria) April 6, 2026

Según Milei, incluso cuando se reconocen errores en la información publicada, los medios sostienen y amplifican esos contenidos de manera deliberada. “Es una estafa”, sostuvo, al insistir en la existencia de una estrategia organizada para perjudicar a su Gobierno.

En paralelo, y sin aportar evidencia concreta, el Presidente reforzó la idea de un escenario de desestabilización que incluiría actores externos. Desde su entorno se mencionó la posibilidad de una campaña de desinformación con origen en Rusia, lo que Milei dejó entrever como parte de un “doble frente” de presión contra su gestión.

En ese marco, el jefe de Estado dejó en claro que no distingue entre errores periodísticos y operaciones políticas, interpretando cualquier crítica como parte de un ataque coordinado. “Es una asociación ilícita”, reiteró, generalizando sus acusaciones a todo el sistema de medios.

Mientras organizaciones de libertad de expresión advierten sobre el carácter intimidatorio de estos ataques, Milei redobla la confrontación y profundiza su ofensiva contra el periodismo.