Los miembros del directorio de YPF integran el máximo órgano de conducción de la compañía y tienen a su cargo la administración, supervisión y definición de las estrategias de la empresa en representación de los accionistas.

El escándalo por enriquecimiento ilícito que derivó en la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete sumó una nueva consecuencia: el funcionario también dejará su lugar en el directorio de YPF, un cargo que, según estimaciones oficiales, tiene una remuneración promedio cercana a los $95 millones mensuales.

Aunque la dimisión se formalizará la próxima semana, distintos funcionarios confirmaron que la decisión ya fue tomada. El propio presidente Javier Milei lo ratificó este domingo por la noche, al afirmar en LN+: “Ya está afuera”.

Adorni había sido designado como director de la petrolera en enero de este año. Sin embargo, nunca percibió esa remuneración, ya que optó por renunciar al salario del directorio mientras ejercía simultáneamente funciones como integrante del Gobierno nacional.

De acuerdo con la documentación presentada por YPF ante la Asamblea de Accionistas en abril, para el ejercicio 2026 se propuso destinar hasta $14.403 millones al pago de honorarios de directores, síndicos, comités y la remuneración del CEO. Distribuida entre los beneficiarios, esa cifra equivale a ingresos que superan los US$900.000 anuales por director, es decir, entre $80 y más de $100 millones por mes, según la cantidad de integrantes alcanzados.

Los miembros del directorio de YPF integran el máximo órgano de conducción de la compañía y tienen a su cargo la administración, supervisión y definición de las estrategias de la empresa en representación de los accionistas.

Presión política para que abandonara el cargo

La continuidad de Adorni en el directorio había quedado bajo cuestionamiento desde que presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete. Desde distintos sectores de la oposición reclamaban que también dejara la petrolera para evitar que conservara un puesto de alta remuneración tras abandonar el Gobierno.

Una de las primeras en pronunciarse fue la diputada Marcela Pagano, quien cuestionó en la red social X que el exfuncionario mantuviera su lugar en YPF. “Si estás tan compungido y tan decidido a proteger a tu familia, esa carta también debería incluir tu renuncia al directorio de YPF. ¿O para cobrar esa silla tenés una vara distinta?”, escribió.

En la misma línea, el diputado Esteban Paulón calificó de “insostenible” la permanencia de Adorni en la empresa y sostuvo que un exfuncionario investigado por presuntos hechos de corrupción no debía continuar ocupando un cargo de esa relevancia.

El rol que ocupaba en la petrolera

Cuando fue designado en enero, Adorni también recibió la responsabilidad de custodiar la denominada “acción de oro” o Clase A del Estado, que otorga poder de veto en determinadas decisiones estratégicas de la compañía. Esa función había estado anteriormente en manos de Guillermo Francos, quien continúa integrando el directorio. También permanece como director Lisandro Catalán, otro exfuncionario del Gobierno que fue reubicado en la petrolera.

El Gobierno nacional estableció un nuevo esquema para la tarifa social de la SUBE que modifica la forma en que se calcula el beneficio para millones de usuarios del transporte público.

A partir de ahora, el descuento dejará de actualizarse en función de los aumentos del boleto, por lo que perderá poder de cobertura cada vez que se autoricen nuevas subas tarifarias.

La modificación supone un nuevo ajuste sobre los sectores de menores ingresos, ya que jubilados, pensionados, beneficiarios de programas sociales y otros grupos alcanzados por la tarifa social deberán absorber una porción cada vez mayor del costo del transporte. Mientras el precio del boleto continúe aumentando, el beneficio permanecerá congelado bajo el nuevo esquema, reduciendo su impacto real.

Con esta decisión, el Gobierno traslada una mayor carga del costo del transporte a los usuarios más vulnerables, profundizando el ajuste sobre el bolsillo de millones de personas que dependen diariamente de la SUBE para movilizarse.

En medio del creciente malestar que atraviesan las Fuerzas Armadas por los reclamos salariales y las condiciones laborales, el Ejército Argentino dispuso una nueva regulación que prohíbe a su personal difundir en redes sociales quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o cualquier manifestación pública vinculada con la institución.

La medida fue incorporada mediante un anexo sobre comunicación institucional y alcanza tanto al personal militar como al civil de la fuerza. La normativa establece que toda inquietud relacionada con el Ejército deberá canalizarse exclusivamente a través de los mecanismos reglamentarios y de la cadena de mando.

La resolución también restringe la publicación de imágenes, videos o información que puedan comprometer la seguridad de instalaciones militares, armamento, depósitos, rutinas operativas, sistemas, dispositivos de seguridad o cualquier material considerado reservado, clasificado o de circulación restringida.

Asimismo, prohíbe que los integrantes de la fuerza realicen expresiones políticas, ideológicas o partidarias que puedan afectar la neutralidad institucional. La restricción alcanza a publicaciones, comentarios, historias y estados en redes sociales.

El texto dispone además que el personal no podrá conceder entrevistas, realizar declaraciones públicas ni difundir contenidos en calidad de militar sin autorización previa. Tampoco podrá presentarse como representante del Ejército o de alguna de sus dependencias, ni utilizar el uniforme con fines comerciales o lucrativos en plataformas digitales.

Otro de los puntos incorporados impide compartir con medios de comunicación imágenes, videos o documentación obtenidos durante el cumplimiento de funciones sin la autorización correspondiente de la cadena de mando.

Desde el Ejército explicaron que la actualización de las normas no responde a un episodio puntual, sino a la necesidad de adecuar los criterios de comunicación al impacto de las redes sociales y a la velocidad con la que circulan los contenidos en el entorno digital. Según la fuerza, el objetivo es preservar la seguridad institucional, la disciplina y la imagen pública de sus integrantes.

El documento también advierte que cualquier publicación puede ser descontextualizada, viralizarse o ser replicada por medios de comunicación, además de recordar que los contenidos difundidos en internet tienen carácter permanente y un alcance potencialmente ilimitado.

En ese marco, instruye al personal a no responder por cuenta propia ante publicaciones de terceros que puedan afectar la imagen institucional o comprometer cuestiones de seguridad, sino informar la situación a sus superiores y actuar únicamente conforme a las directivas de la cadena de mando.

La decisión se conoce mientras persisten las manifestaciones de malestar entre integrantes de las Fuerzas Armadas por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y otros reclamos internos, un escenario que en los últimos meses derivó en planteos públicos de militares retirados y familiares de efectivos, aunque las autoridades sostienen que la nueva normativa responde a una actualización de los protocolos de comunicación y no a esos reclamos en particular.

En su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada, defendió el ajuste tarifario del Gobierno y sostuvo que quienes no puedan afrontar las fuertes subas en las boletas deberán modificar sus hábitos de consumo. “Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas”, afirmó.

El economista libertario justificó la eliminación de los subsidios al señalar que “las tarifas de los servicios públicos tienen que volver a sus precios de mercado” y reconoció que la administración libertaria tomó una decisión “muy desafortunada” y “muy ingrata” al duplicar los valores del gas, el agua y la electricidad.

Sin embargo, lejos de plantear mecanismos para amortiguar el impacto social de los aumentos, Ravier defendió que el costo del servicio recaiga sobre los usuarios. “Alguien lo tiene que pagar. Nosotros consideramos que cada individuo, como principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa”, sostuvo, en referencia a la quita de subsidios que antes recibían las empresas distribuidoras.

Para justificar esa postura, apeló a la conocida frase del economista Milton Friedman: “No hay almuerzo gratis”. Según explicó, el incremento de las tarifas llevará a muchas familias a reducir el consumo de energía y calefacción. “Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas”, insistió.

Las declaraciones recordaron a una de las frases más cuestionadas del gobierno de Mauricio Macri durante los tarifazos, cuando recomendó a los argentinos “no andar en remera” dentro de sus casas para ahorrar calefacción. En esa misma línea, Ravier defendió que el Estado deje de subsidiar a empresas distribuidoras como Camuzzi Gas, Edenor y Edesur y trasladó el costo directamente a los usuarios.

El estreno del nuevo vocero, que reemplaza a Manuel Adorni, estuvo así marcado por una férrea defensa del ajuste económico y por declaraciones que rápidamente despertaron críticas por su aparente insensibilidad frente a las dificultades que enfrentan miles de hogares para afrontar el aumento de las tarifas en pleno invierno.

La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito incorporó ahora un testimonio que expone un mecanismo poco habitual para realizar compras de alto valor: una funcionaria admitió haberle prestado su tarjeta de crédito para adquirir un monitor gamer de más de dos millones de pesos.

Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita que autorizó al entonces vocero presidencial a utilizar su tarjeta para comprar un Samsung Odyssey OLED G8, valuado en alrededor de $2,18 millones en agosto de 2025. Según afirmó, la operación se realizó desde la cuenta personal de Mercado Libre de Adorni y posteriormente él le devolvió el dinero en efectivo.

La declaración quedó incorporada al expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se investiga si el patrimonio y los gastos del exfuncionario resultan compatibles con los ingresos que declaró durante su paso por el Gobierno.

Pero el monitor gamer no es el único gasto bajo la lupa. La causa también investiga la compra de dos proyectores Epson, de $1.831.795 cada uno, que fueron adquiridos utilizando tarjetas de crédito pertenecientes a Luis Enrique Aluju, empleado de la Vocería Presidencial.

En total, las operaciones cuestionadas superan los $5,8 millones y presentan un denominador común que llamó la atención de los investigadores: la utilización de tarjetas de terceros para concretar compras de elevado monto. La fiscalía busca determinar cuál fue el origen de los fondos, por qué se recurrió a ese mecanismo y si los bienes fueron correctamente incorporados a las declaraciones patrimoniales del exfuncionario.

Mientras la causa avanza en etapa de instrucción, los testimonios siguen aportando detalles que, lejos de disipar las dudas sobre la gestión de Adorni, suman nuevos episodios tan excéntricos como llamativos, incluso después de su salida del Gobierno.

El empleo formal volvió a caer en marzo, con una pérdida de 11.000 puestos, mientras el sector privado retrocedió 0,1%, según el informe del IIEP-UBA (EDIL). En total, hay 217.000 empleos asalariados privados menos que en noviembre de 2023, en un contexto de estancamiento del mercado laboral y niveles similares a los de 2022.

El empleo formal volvió a caer en marzo, con una pérdida de 11.000 puestos de trabajo, mientras el empleo asalariado privado retrocedió 0,1% mensual, según el informe del IIEP-UBA (EDIL). El estudio advierte que el nivel de empleo registrado sigue por debajo de noviembre de 2023, con 217.000 puestos privados menos, y en valores similares a los de junio de 2022, lo que refleja un prolongado estancamiento.

El deterioro es desigual: las pequeñas empresas continúan reduciendo personal, las medianas se mantienen estables y las grandes muestran cierto crecimiento, lo que evidencia una recuperación fragmentada dentro del sector privado. Por sectores, la industria manufacturera y el comercio concentran las mayores caídas del empleo desde septiembre de 2025, mientras la construcción permanece estancada y la minería muestra una leve mejora tras 19 meses de retroceso.

En paralelo, el salario mínimo profundiza una caída histórica: perdió un 39,7% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. El ajuste más fuerte se dio a fines de 2023 y comienzos de 2024, con bajas de dos dígitos, y aunque hubo meses de recuperación parcial, la tendencia general sigue siendo negativa. El informe señala además que el salario mínimo real actual se ubica por debajo de niveles de 2001 y equivale a apenas un tercio del pico de 2011.

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📘Panorama del empleo asalariado formal y de sus remuneraciones – @edil_iiep – Junio 2026

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— Instituto Interdisciplinario de Economía Política (@iiep_oficial) June 18, 2026

En cuanto a los salarios registrados del sector privado, se observó una leve mejora del 1,3% real en abril, tras la caída de marzo, aunque insuficiente para revertir las pérdidas acumuladas.

Finalmente, el informe destaca una fuerte contracción del tejido empresarial: en marzo cerraron 2.011 compañías y en el último año se perdieron más de 14.000 firmas. Desde el inicio de la gestión, la caída supera las 26.000 empresas empleadoras, acompañando la destrucción de empleo formal y la debilidad general del mercado laboral.

Los cuestionamientos sobre los gastos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumaron un nuevo capítulo luego de que se conociera que habría desembolsado alrededor de 8 mil dólares para comprar un flipper de colección, una adquisición que vuelve a poner bajo la lupa su patrimonio y sus gastos personales.

La revelación se produjo pocos días después de que trascendiera la compra de sábanas de lujo valuadas en más de 8 millones de pesos. Según informó el portal La Política Online, la periodista Romina Manguel dio a conocer que Adorni adquirió un flipper de Los Locos Addams, uno de los modelos más buscados por los coleccionistas de pinball.

Fabricado por la empresa Bally en 1992, tras el estreno de la película protagonizada por Raúl Juliá y Anjelica Huston, el juego es considerado una pieza icónica dentro del mundo de los flippers. De hecho, es el modelo de estado sólido más vendido de la historia, con más de 20 mil unidades comercializadas.

Actualmente, una máquina de estas características puede encontrarse en el mercado por valores que oscilan entre los 12 y los 14 millones de pesos. De acuerdo con la información difundida, Adorni habría recibido el flipper en julio de 2025, cuando su salario como funcionario nacional todavía no alcanzaba los 2 millones de pesos mensuales.

La nueva revelación se suma a otras polémicas vinculadas a las inversiones y movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete. Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan cuestionamientos en el Congreso y analizan posibles medidas políticas contra el funcionario.

Pese a la acumulación de denuncias y controversias, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo a Adorni. Según fuentes citadas por La Política Online, durante un encuentro en la Quinta de Olivos el mandatario dejó en claro que mantendrá al funcionario en su cargo. “Ni lo va a echar ni se va a ir”, aseguraron desde el entorno del jefe de Gabinete.

La fiscalía federal solicitó la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos al considerar que el contrato con el que intentó justificar una transferencia de US$200.000 recibida de Federico “Fred” Machado fue una maniobra ficticia destinada a dar apariencia legal a fondos de origen sospechoso.

Según el dictamen, el dinero provino de una empresa vinculada a una organización criminal transnacional por la que Machado fue condenado en Estados Unidos. Los investigadores sostienen que Espert nunca realizó los trabajos de consultoría minera que figuraban en el acuerdo y destacan que ni siquiera viajó a Guatemala, donde supuestamente se había firmado el contrato.

La fiscalía reconstruyó además el recorrido de los fondos y afirmó que fueron utilizados para comprar un BMW, posteriormente reemplazado por un Lexus valuado en casi US$130.000, y para realizar aportes a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.

Entre las pruebas más relevantes aparecen audios y chats de WhatsApp entre contadores vinculados a Espert. En esas conversaciones se analiza cómo manejar la transferencia recibida, cómo encuadrar fiscalmente el supuesto contrato y qué estrategia seguir para evitar declarar los fondos. Un archivo preparado para una reunión con el economista incluso evaluaba distintas alternativas tributarias, incluida la opción de “no mostrar nada”, que según la fiscalía fue finalmente la elegida.

Otro audio incorporado al expediente sugiere que, desde el momento en que ingresaron los US$200.000, se planificó utilizar una sociedad vinculada a Espert para justificar los ingresos. Además, los investigadores no descartan que hayan existido otros pagos vinculados al contrato, cuyo monto total ascendía a US$1 millón.

Con esta evidencia, la fiscalía concluyó que existen elementos suficientes para sospechar una maniobra de lavado de dinero basada en la recepción, circulación y posterior inversión de fondos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

La investigación judicial sobre el patrimonio y los movimientos financieros vinculados al entorno familiar de Manuel Adorni incorporó nuevos elementos que podrían ampliar el alcance de la causa.

Entre ellos, documentación que indica que el alquiler de la vivienda ubicada en el country Fincas de Iraola II, donde reside Silvia Pais, madre del funcionario, habría sido pagado por un año completo por adelantado y en dólares.

Según la información remitida a la Justicia por la administración del barrio privado, el contrato de locación no figura a nombre de Silvia Pais sino de Juan Pais, tío de Adorni y hermano de su madre. El acuerdo habría sido firmado por dos años con un canon mensual de 1.100 dólares y un desembolso inicial de aproximadamente 12.000 dólares correspondiente a doce meses de alquiler adelantados.

La documentación fue requerida por el juzgado que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales y financieras vinculadas al entorno del actual jefe de Gabinete. Además del contrato, se incorporaron datos sobre las expensas, estimadas en alrededor de 500 mil pesos mensuales, y otros registros relacionados con la ocupación de la propiedad.

La aparición del nombre de Juan Pais en la operación suma un nuevo integrante de la familia al foco de atención judicial. Los investigadores buscan determinar quién afronta efectivamente los gastos de la vivienda y bajo qué condiciones se concretó la contratación.

Estos nuevos datos se conocen en medio de una serie de revelaciones sobre gastos y bienes atribuidos a Adorni que también son objeto de análisis público y judicial. La mudanza de su madre a un exclusivo barrio privado ya había despertado interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para sostener ese nivel de gastos.

Paralelamente, la causa avanza sobre otros aspectos patrimoniales de la familia. Entre ellos, las declaraciones vinculadas a una supuesta herencia en dólares y activos digitales que los hermanos Adorni habrían utilizado para justificar parte de su crecimiento patrimonial. La Justicia analiza actualmente la consistencia de esas explicaciones y las diferencias detectadas en distintas declaraciones juradas presentadas por integrantes del grupo familiar.

Con la incorporación de esta nueva documentación, la investigación suma elementos que podrían resultar relevantes para reconstruir los movimientos financieros y patrimoniales bajo análisis.

La fuerte caída de la construcción en Buenos Aires se convirtió en una de las señales más claras del deterioro que atraviesa la economía argentina. Un estudio de opinión del Grupo Construya reveló que la actividad del sector se desplomó un 70%, mientras crece la preocupación por la falta de demanda, la escasez de financiamiento y la retracción de las inversiones.

El relevamiento, realizado entre el 17 de abril y el 8 de mayo de este año entre 370 profesionales de la cadena de valor de la construcción de todo el país, muestra un escenario de marcada incertidumbre. Apenas uno de cada diez encuestados considera que su situación mejoró en los últimos doce meses, reflejando el impacto de la recesión sobre uno de los sectores históricamente más vinculados al nivel de actividad económica.

En Buenos Aires, el 33% de los consultados estima que su actividad será menor durante los próximos doce meses, mientras que solo el 32% espera una mejora. El resto considera que la situación permanecerá sin cambios, lo que evidencia la falta de expectativas de recuperación sostenida.

La principal preocupación de los actores del sector es la baja demanda del mercado, señalada por el 23% de los encuestados. Detrás aparecen la menor disponibilidad de financiamiento (16%), el aumento de los costos de construcción (11%) y la caída de la inversión privada (11%). Los datos reflejan un mercado interno debilitado, con consumidores y empresas que postergan decisiones de inversión ante la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica.

La construcción, tradicionalmente considerada un termómetro de la economía, muestra así las consecuencias de una actividad que no logra recuperarse. La menor cantidad de proyectos impacta no solo en desarrolladores y constructoras, sino también en toda la cadena productiva vinculada al sector, desde la industria de materiales hasta el empleo.

A este panorama se suma el incremento sostenido de los costos. Según el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del INDEC, los costos crecieron 2,7% en mayo, acumulan una suba del 12,8% en lo que va de 2026 y un aumento interanual del 29%.

De acuerdo con el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), la principal presión provino de la mano de obra, que aumentó 3,5% impulsada por las actualizaciones salariales de la UOCRA, y de los gastos generales, que subieron 4% por los incrementos en las tarifas de electricidad, agua y gas.

Aunque los materiales registraron un incremento más moderado, del 1,6%, las empresas continúan enfrentando mayores costos operativos en un contexto donde el problema central ya no es la inflación de los insumos, sino la ausencia de demanda suficiente para sostener la actividad.

Con una construcción que se derrumba, inversiones que no despegan y consumidores con menor capacidad de gasto, el sector vuelve a mostrar uno de los síntomas más evidentes de la crisis que atraviesa el mercado interno argentino.