Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en el ajuste del gasto público, la reducción del Estado y la necesidad de transparentar la administración de los recursos, la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó en un 141% los fondos destinados a gastos flexibles de la Casa Rosada y se niega a revelar cómo se utilizan.

En apenas un año, la caja asignada al Fondo Rotatorio de la dependencia pasó de 471 millones de pesos a más de 1.135 millones, multiplicándose por 2,4. El incremento quedó formalizado mediante la Resolución 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, que elevó además el límite para gastos individuales a 50 millones de pesos por operación.

La ampliación de recursos contrasta con la falta de información disponible sobre su ejecución. A través de un pedido de acceso a la información pública, se solicitó conocer los consumos realizados mediante tarjetas corporativas, los comercios donde se efectuaron los gastos, las facturas respaldatorias y las rendiciones correspondientes. Sin embargo, la respuesta oficial omitió toda la documentación que permitiría verificar el destino de los fondos.

La Presidencia confirmó que actualmente existen 140 tarjetas recargables activas, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios habilitados para operar dentro de la plataforma “Corporativa Nación”. También entregó la nómina de funcionarios vinculados al sistema, pero rechazó informar cuánto se gastó, en qué conceptos y con qué justificación administrativa.

Entre los usuarios aparecen Karina Milei, a través de su secretaría privada; la vicepresidenta Victoria Villarruel, asociada a dos tarjetas del Fondo Rotatorio; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría, entre otros funcionarios.

La negativa a difundir los consumos resulta particularmente llamativa porque el propio sistema utilizado por la Casa Rosada permite acceder en tiempo real al detalle de las operaciones. Según la documentación entregada por la Presidencia, la plataforma desarrollada junto al Banco Nación posibilita identificar movimientos, comercios, transferencias y generar reportes completos de cada gasto realizado.

A ello se suma que la normativa interna establece estrictos mecanismos de control. Cada operación debe registrarse en un expediente electrónico, acompañada por facturas emitidas a nombre de la dependencia, la justificación correspondiente y las firmas digitales de los responsables. Es decir, la información existe y forma parte de los procedimientos administrativos obligatorios.

La documentación también expone situaciones que plantean interrogantes sobre los controles internos. Algunos responsables de administrar el Fondo Rotatorio aparecen simultáneamente como usuarios habilitados para operar tarjetas dentro del mismo sistema. Además, determinados funcionarios concentran múltiples perfiles y niveles de autorización, incluyendo facultades de administración sobre la plataforma.

La falta de transparencia se vuelve aún más relevante si se considera que el propio Gobierno reconoció haber iniciado una investigación interna por presuntas irregularidades vinculadas al uso de tarjetas corporativas. La Dirección de Sumarios informó que el expediente fue archivado el 6 de abril al no detectar perjuicio económico para el Estado, pero rechazó entregar la documentación del caso. De esta manera, permanece bajo reserva qué operaciones fueron investigadas, qué montos estuvieron involucrados y cuáles fueron las conclusiones concretas que motivaron el cierre de la investigación.

En un contexto en el que el Ejecutivo exige ajustes, controles y sacrificios a distintos sectores de la administración pública, el aumento de fondos discrecionales en una de las áreas más cercanas al Presidente y la negativa a transparentar su utilización vuelven a poner en discusión los criterios con los que se aplica la austeridad estatal y el alcance real de las políticas de rendición de cuentas.

La economía argentina continúa mostrando señales de debilidad. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó 5% interanual y 0,8% mensual en mayo, consolidando un escenario de bajo nivel productivo que se arrastra desde hace meses.

Aunque algunos sectores registraron leves mejoras mensuales por una baja base de comparación, la tendencia general sigue siendo negativa. La construcción continúa muy por debajo de los niveles de 2022, la producción automotriz acumula una fuerte contracción interanual, la metalmecánica profundizó su caída y el consumo energético industrial volvió a descender, reflejando una menor actividad en las plantas fabriles.

Los datos oficiales del INDEC muestran que la industria manufacturera acumuló una baja del 2,4% en el primer cuatrimestre del año y opera cerca de un 10% por debajo de los niveles de 2022. Los bienes durables y semidurables fueron los más afectados por el enfriamiento del mercado interno, con desplomes en sectores como automotores, línea blanca, textiles, indumentaria y calzado.

El deterioro también impacta sobre el entramado productivo. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026 dejaron de operar 26.448 empresas, al pasar de 512.357 a 485.909 unidades productivas. Solo en marzo cerraron 2.011 firmas, acelerando una tendencia que había mostrado una breve desaceleración en febrero.

Los sectores más golpeados fueron Comercio, Industria, Transporte, Alojamiento y Gastronomía. En términos territoriales, 23 de las 24 provincias registran menos empresas que al inicio de la actual gestión, siendo Neuquén la única excepción.

La caída de la actividad también se refleja en el empleo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, mientras que el empleo en casas particulares se redujo en más de 30.000 trabajadores. En total, el empleo privado registrado cayó en 370.487 puestos de trabajo durante el período.

Con una industria en retroceso, miles de empresas cerradas y una marcada destrucción de empleo, los principales indicadores productivos continúan evidenciando el deterioro de la economía real.

El exjefe de Gobierno porteño y actual legislador de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a irrumpir en la escena política con fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional y un pedido de renuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la controversia generada por su declaración jurada patrimonial.

“Adorni tiene que tener un poco de dignidad y renunciar”, afirmó Larreta al referirse a las inconsistencias detectadas en las presentaciones patrimoniales del funcionario, un caso que, según sostuvo, expone las contradicciones del discurso oficial y afecta la credibilidad institucional.

La reaparición pública del exmandatario porteño se produce en un contexto de creciente presión política sobre la Casa Rosada. Larreta consideró que los funcionarios tienen la obligación de brindar explicaciones claras y actuar con transparencia cuando surgen dudas sobre su conducta, y advirtió que la permanencia de Adorni se convirtió en un problema para el Gobierno.

Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos que distintos referentes del PRO vienen realizando en los últimos días. Desde ese espacio señalaron la gravedad de la situación y reclamaron una definición por parte del Ejecutivo para evitar que la polémica continúe impactando en la agenda política y legislativa.

“MANUEL ADORNI TIENE QUE IRSE COMO SEA: LO TIENEN QUE ECHAR O TIENE QUE TENER DIGNIDAD Y RENUNCIAR”.

Horacio Rodríguez Larreta en Gelatina.

“Lo de Adorni es todo una vergüenza”. pic.twitter.com/tXyuZhs1ll

— si hay video hay clipeo (@PabloNavas92) June 17, 2026

La controversia se profundizó luego de que Adorni reconociera que parte de sus activos no habían sido incluidos oportunamente en declaraciones juradas anteriores, situación que derivó en denuncias judiciales y nuevos pedidos de explicaciones. Pese a ello, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo al funcionario y descartó la posibilidad de solicitarle la renuncia.

Para Larreta, el caso trasciende la situación personal del jefe de Gabinete y pone en evidencia las dificultades del Gobierno para sostener su discurso de transparencia. Además, advirtió que el escándalo complica la construcción de consensos en el Congreso y amenaza con condicionar el tratamiento de iniciativas clave para la administración nacional.

Mientras la Casa Rosada mantiene su respaldo a Adorni, la reaparición de Larreta añade un nuevo foco de presión sobre el oficialismo y lo devuelve al centro del debate político con una de las críticas más duras formuladas hasta ahora contra el Gobierno.

La Fiscalía Federal de San Isidro solicitó que sea citado a declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de activos vinculada a una transferencia de USD 200.000 enviada por el empresario Federico “Fred” Machado.

El pedido, formulado por el fiscal Fernando Domínguez, también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., y deberá ser evaluado por el juez federal Lino Mirabelli.

La causa se centra en el origen y destino de los fondos transferidos por Machado, un empresario aeronáutico radicado en Estados Unidos que admitió delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia de Texas. Los investigadores intentan determinar si ese dinero fue incorporado al circuito financiero formal mediante maniobras destinadas a ocultar su procedencia.

La explicación brindada por Espert sostiene que los USD 200.000 correspondían al pago de una consultoría relacionada con un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión al considerar que no existen elementos que acrediten la prestación efectiva de esos servicios.

De acuerdo con el expediente, el economista no habría viajado al país centroamericano y los emprendimientos mineros mencionados en la documentación presentada no registraban actividad compatible con los trabajos declarados. Para los investigadores, el contrato podría haber funcionado como una estructura formal destinada a justificar el ingreso de fondos bajo sospecha.

Las dudas de la fiscalía también se extienden a los movimientos posteriores al cobro. Según la hipótesis acusatoria, los dólares habrían sido cambiados por pesos a través de circuitos informales y luego reingresados al sistema bancario mediante múltiples depósitos de bajo monto, una modalidad conocida como “pitufeo” o fragmentación de depósitos que suele ser investigada en causas de lavado por su capacidad para evitar controles automáticos.

El expediente además pone la lupa sobre un presunto incremento patrimonial del dirigente y de su entorno familiar. Entre los movimientos observados figuran la adquisición de vehículos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario que, según la fiscalía, no guardarían relación con los ingresos declarados.

Paralelamente, la Justicia analiza el vínculo previo entre Espert y Machado en otra causa que tramita en Comodoro Py. Allí se investigan los presuntos aportes logísticos que el empresario habría realizado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo aeronaves y vehículos utilizados en actividades proselitistas.

Mientras continúa vigente una medida de no innovar sobre bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, la solicitud de indagatoria marca un avance significativo en el expediente y deja al exdiputado más cerca de tener que responder formalmente ante la Justicia por las sospechas que pesan sobre el origen y la circulación de los fondos investigados.

Denunciada por presuntamente omitir deudas y bienes en su declaración jurada, la legisladora se suma a la lista de funcionarios libertarios cuestionados por la transparencia de la información presentada ante los organismos de control.

Las denuncias fueron impulsadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín, quienes apuntaron contra la declaración jurada presentada por Lemoine en octubre de 2024, correspondiente al período 2023. Según sostienen, la diputada nunca presentó la declaración jurada inicial que todo funcionario debe entregar dentro de los primeros 30 días hábiles desde su asunción al cargo, ocurrida el 10 de diciembre de 2023.

La única presentación realizada por la legisladora consignó un patrimonio de cero pesos, sin bienes, deudas ni gastos personales. Sin embargo, los denunciantes aseguran que esa información contradice registros públicos. De acuerdo con datos de la Central de Deudores del Banco Central, al 31 de diciembre de 2023 Lemoine registraba deudas por más de 500 mil pesos con distintas entidades financieras, entre ellas Tarjeta Cencosud, Banco Ciudad y créditos asociados a Mercado Libre.

“El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró”, explicó Pérez Ernst. Según detalló, esas obligaciones fueron canceladas una vez que la diputada comenzó a percibir su salario legislativo, aunque eso no modificaba la obligación de informar su situación patrimonial al momento de asumir.

Las sospechas también alcanzan a los bienes inmuebles. Los denunciantes sostienen que Lemoine debió informar la vivienda que heredó de su madre y en la que actualmente reside. Aunque la diputada argumentó que la sucesión aún no está concluida, consideran que sus derechos sucesorios debían figurar en la declaración jurada. Además, un testigo de identidad reservada mencionó la existencia de otras propiedades presuntamente vinculadas a la legisladora en Belgrano e Ituzaingó, información que aún no fue corroborada judicialmente.

A este expediente se suma una segunda denuncia que investiga el supuesto uso de recursos públicos para fines privados. El caso se originó luego de que la propia Lemoine reconociera en una entrevista que los honorarios de su abogado penalista eran cubiertos mediante un contrato de asesor dentro de la Cámara de Diputados. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien ya ordenó medidas para avanzar con la investigación.

Mientras enfrenta ambos procesos, la diputada todavía no presentó la declaración jurada correspondiente a 2024, una omisión que agrega interrogantes en medio de los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Desde la defensa, el abogado Hernán Seivane minimizó las acusaciones y aseguró que responderá cuando exista una definición de la fiscalía. También relativizó las inconsistencias detectadas en la declaración jurada y señaló que cualquier eventual error deberá ser evaluado por especialistas.

Con denuncias por presuntas deudas ocultas, propiedades no declaradas y el posible uso de contratos legislativos para solventar gastos privados, Lilia Lemoine suma un nuevo capítulo a los cuestionamientos que ya alcanzaron a otros referentes libertarios y vuelve a poner en discusión la transparencia patrimonial dentro del oficialismo.

La Justicia encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar una factura por más de 8 millones de pesos correspondiente a una compra masiva de sábanas y ropa blanca de alta gama realizada en 2025.

Cuando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito parecía concentrarse en el origen de su patrimonio y sus operaciones con criptomonedas, una nueva revelación amenaza con profundizar aún más el escándalo.

La Justicia encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar una factura por más de 8 millones de pesos correspondiente a una compra masiva de sábanas y ropa blanca de alta gama realizada en 2025. Según reveló el periodista Sergio Farella, la operación alcanzó los 8.183.303 pesos y fue realizada en Rosen The Store, una firma chilena reconocida por proveer ropa de cama premium a hoteles de lujo y suites presidenciales de toda la región.

La documentación hallada por los investigadores agrega un nuevo elemento de sospecha a una causa que no deja de escalar. La factura figura a nombre de Gisela Kocsis, funcionaria de la cartera de Medios y Comunicación que fue designada por el propio Adorni, un dato que ahora también es objeto de análisis judicial.

El hallazgo se produce en momentos en que el fiscal Gerardo Pollicita profundiza la investigación patrimonial sobre el funcionario. En las últimas horas solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para reconstruir el universo de plataformas, exchanges y operadores vinculados al mercado de criptomonedas que funcionaban en Argentina desde 2012.

La medida busca verificar la versión ofrecida por Adorni sobre el origen de una parte sustancial de su patrimonio. El funcionario aseguró haber invertido alrededor de 200.000 dólares en Bitcoin en los primeros años de desarrollo de ese mercado, una explicación que ahora intenta ser corroborada mediante documentación oficial y registros históricos.

Con cada nueva prueba que aparece en el expediente, el cerco judicial parece estrecharse. La aparición de gastos millonarios en bienes de lujo y el avance sobre las operaciones financieras vinculadas a criptomonedas colocan a Adorni en el centro de una investigación que adquiere una dimensión cada vez más delicada y que amenaza con convertirse en uno de los casos más sensibles para el oficialismo.

El vocero presidencial genera cada vez más interrogantes y tensiones internas, al punto que ni siquiera sus principales aliados logran consensuar cuál debe ser su futuro político.

En ese contexto, Karina Milei avanza en la búsqueda de una salida que permita alejar a Adorni de la escena local sin exponer al Gobierno a una devastadora derrota política en el Senado. La estrategia contempla distintas alternativas diplomáticas que eviten la necesidad de obtener acuerdos parlamentarios, en medio de versiones cada vez más insistentes sobre una posible ofensiva opositora para impulsar una inédita moción de censura en su contra.

Las conversaciones ya alcanzaron los niveles más altos del Gobierno. El actual canciller, Pablo Quirno, quien aspira a convertirse en jefe de Gabinete con el respaldo de Karina Milei, habría impulsado la confección de un listado de destinos diplomáticos para facilitar una salida ordenada del vocero presidencial. Entre las opciones aparecen las representaciones en Italia, Chile y México, aunque ninguna termina de convencer plenamente al propio Adorni, quien, según fuentes oficiales, aún analiza el impacto personal y familiar de una eventual mudanza.

Durante los últimos días, sin embargo, comenzó a ganar fuerza una alternativa considerada menos compleja desde el punto de vista institucional: el Consulado General en Miami. La fórmula permitiría resolver el problema mediante un simple decreto presidencial, evitando el trámite legislativo y reduciendo los riesgos de una confrontación política en la Cámara alta.

La búsqueda de una salida para Adorni refleja una preocupación más profunda dentro del oficialismo. Lo que comenzó como un debate sobre un destino diplomático derivó en una discusión más amplia sobre los costos políticos que genera una figura que, puertas adentro, provoca divisiones, incomodidad y crecientes cuestionamientos. La falta de una definición clara alimenta la sensación de incertidumbre en un Gobierno donde muchos reconocen en privado que el caso se transformó en una cuestión insostenible que nadie termina de saber cómo resolver.

El posible desembarco de Quirno en la Jefatura de Gabinete abrió además otra disputa silenciosa dentro de la Cancillería. Diplomáticos y funcionarios ya comenzaron a posicionarse para una eventual sucesión, con los embajadores Alec Oxenford e Ian Sielecki entre los nombres que circulan para ocupar el Palacio San Martín. En paralelo, otros dirigentes buscan regresar al centro de la escena política, aunque dentro del propio Gobierno admiten que no todos reúnen el perfil necesario para asumir responsabilidades de semejante magnitud.

Mientras las negociaciones continúan, el futuro de Adorni se ha convertido en un síntoma de una interna que crece bajo la superficie y que expone las dificultades del oficialismo para administrar sus propias tensiones de poder.

Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste que recorta el gasto público, reduce partidas sociales y exhibe como principal bandera el equilibrio fiscal, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) protagoniza un fenómeno inverso: una acelerada expansión de sus gastos reservados, fondos cuyo destino permanece fuera del alcance del control ciudadano.

Hasta el 23 de mayo, la SIDE había ejecutado $3.796 millones en gastos reservados. Sin embargo, en apenas poco más de dos semanas esa cifra prácticamente se duplicó. Según los registros presupuestarios, se devengaron otros $3.500 millones, llevando el total a $7.261 millones ejecutados en lo que va del año.

La velocidad del gasto resulta llamativa. En apenas quince días, el organismo consumió una suma equivalente a la ejecutada durante los primeros cinco meses de 2026. Todo ello en un contexto donde la Administración Pública Nacional registra una caída real del gasto del 31% respecto de 2023, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La SIDE, sin embargo, marcha en sentido contrario. El mismo informe señala que su ejecución presupuestaria creció un 34% en términos reales. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el presupuesto total del organismo pasó de $15.000 millones a $97.000 millones, un incremento del 546%. Más impactante aún es la evolución de los gastos reservados: saltaron de $640 millones a $19.000 millones, una suba del 2.823%.

La expansión de estos fondos discrecionales coincide además con un momento delicado para el oficialismo, atravesado por denuncias y escándalos de corrupción que erosionan el discurso de transparencia y superioridad moral con el que el espacio libertario llegó al poder.

En ese marco, tampoco pasó desapercibida la designación de Sebastián Pareja, dirigente de extrema confianza de Karina Milei, al frente de la comisión bicameral encargada de fiscalizar las actividades de inteligencia. Es decir, uno de los principales responsables políticos del control parlamentario sobre los gastos secretos del Estado responde directamente al núcleo de poder que domina el oficialismo.

El Gobierno sostiene que el aumento presupuestario no responde a una ampliación de facultades. Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reforma introducida mediante el Decreto 941/25 redujo competencias de la SIDE, transfiriendo tareas vinculadas a inteligencia criminal y ciberseguridad a otros organismos estatales.

La explicación abre un interrogante difícil de responder: si las funciones fueron acotadas, ¿qué justifica una expansión tan pronunciada de los recursos reservados?

La propia actividad pública del organismo no parece ofrecer demasiadas pistas. Los comunicados difundidos por la SIDE durante los últimos meses muestran intervenciones puntuales, como la colaboración en la captura de un integrante de una organización narcocriminal rosarina o la detección de embarcaciones procedentes de zonas afectadas por brotes de ébola. Ninguna de esas acciones permite explicar, al menos a partir de la información disponible, desembolsos multimillonarios realizados en cuestión de días.

La naturaleza reservada de estos fondos impide conocer quiénes los reciben, cómo se distribuyen y cuáles son sus resultados concretos. Esa opacidad alimenta sospechas históricas sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino.

El politólogo Andrés Malamud recordó que los gastos reservados han sido tradicionalmente señalados como una de las principales fuentes de sobresueldos dentro del Estado. “La SIDE, los entes cooperadores y algunos organismos internacionales” constituyen, según afirmó, los mecanismos más habituales para complementar ingresos de funcionarios por fuera de los canales salariales formales.

Así, mientras el Gobierno exige sacrificios económicos a la sociedad, auditorias a universidades y hospitales y reivindica la austeridad como principio rector de la gestión, los fondos secretos de la SIDE se convierten en una de las pocas partidas que no conocen recortes ni gozan de transparencia o rendición de cuentas. Por el contrario, crecen a un ritmo muy superior al del resto de la administración pública y lo hacen lejos de cualquier mecanismo efectivo de rendición de cuentas.

Viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ser más caro. Desde este lunes 16 de junio entró en vigencia un nuevo incremento en las tarifas de las líneas de jurisdicción nacional, en lo que representa el segundo aumento en menos de dos meses para millones de pasajeros que utilizan a diario el transporte público.

La suba, del 2%, forma parte del esquema de aumentos escalonados dispuesto por la Secretaría de Transporte y se suma al ajuste aplicado el pasado 18 de mayo. Además, las autoridades ya anticiparon nuevos incrementos para julio, por lo que el alivio para el bolsillo de los usuarios parece estar lejos de llegar.

Con la actualización tarifaria, el boleto mínimo para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pasó a costar $728,28. En tanto, los valores varían según la distancia recorrida y superan los $1.200 en los trayectos más extensos. Para quienes viajan con una SUBE sin registrar, las tarifas son considerablemente más elevadas.

El aumento alcanza a unas 100 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 28, 29, 60, 86, 88, 152, 168 y 194, entre muchas otras más .

Pero las subas no terminan allí. A partir del 1 de julio también aumentarán los boletos de trenes en el AMBA. El pasaje mínimo pasará de $350 a $380 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que los valores de las demás secciones también serán actualizados. Quienes compren el boleto en efectivo deberán abonar una tarifa plana de $1.400.

Además, desde julio volverán a incrementarse los boletos de colectivos en las líneas que operan bajo jurisdicción de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El pasaje mínimo llegará a $820,60 en CABA y a $1.059,28 en territorio bonaerense.

En lo que va de 2025, las tarifas del transporte público acumulan aumentos que superan ampliamente la inflación registrada en el mismo período. Mientras los boletos de colectivos aumentaron más de 60% en la provincia de Buenos Aires y más de 38% en la Ciudad, la inflación acumulada ronda el 14,7%, consolidando al transporte como uno de los rubros que más presión ejerce sobre los gastos cotidianos de los hogares.

La escribana Adriana Nechevenko, quien quedó en el centro de la polémica por su intervención en operaciones inmobiliarias vinculadas a Manuel Adorni, también se incorporó al Régimen de Inocencia Fiscal.

La profesional inició el trámite en mayo y figura entre las personas alcanzadas por el esquema de regularización impulsado por el Gobierno.

Nechevenko es la misma escribana que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. Su testimonio fue considerado relevante debido a su participación en distintas compraventas inmobiliarias relacionadas con el funcionario.

La adhesión fue presentada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de esta decisión, la escribana queda comprendida dentro del sistema de declaración jurada simplificada, que reduce los requerimientos de justificación patrimonial y limita la información a ingresos, gastos y deducciones. La incorporación de Nechevenko se produjo apenas un día después de que el propio Adorni se sumara al régimen, mientras que su esposa, Bettina Angeletti, había realizado el trámite el 31 de mayo.

La normativa, aprobada por el Senado el 26 de diciembre, establece que los contribuyentes que regularicen su situación fiscal y cancelen las deudas correspondientes dejan de estar alcanzados por sanciones penales tributarias vinculadas a la evasión. Sin embargo, la adhesión no afecta el avance de investigaciones judiciales por otros posibles delitos.

Además, la ley elevó los montos mínimos para configurar evasión tributaria: la evasión simple pasó a $100 millones y la agravada a $1.000 millones, mientras que el plazo de prescripción de los delitos fiscales se redujo de cinco a tres años.

La declaración que la puso bajo la lupa

El nombre de Nechevenko cobró especial relevancia el pasado 8 de abril, cuando prestó declaración durante casi tres horas en los tribunales federales de Comodoro Py. La escribana ingresó al despacho del fiscal Pollicita a las 10 de la mañana y se retiró cerca de las 13, luego de aportar documentación sobre las operaciones inmobiliarias investigadas.

Tras su comparecencia, sostuvo que la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito fue una operación “normal” y negó la existencia de préstamos personales a favor de Adorni. Según explicó, se trató de una compraventa instrumentada mediante una hipoteca por saldo de precio.

La investigación judicial se concentra en la adquisición de un departamento ubicado sobre la calle Miró al 500, en Caballito, y de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con el expediente, el inmueble de la Ciudad de Buenos Aires fue comprado en noviembre de 2025 por 230.000 dólares mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras.