La interna libertaria atraviesa uno de sus momentos más críticos y deja al descubierto una ruptura cada vez más profunda e irreconciliable entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, marcada por acusaciones cruzadas y una desconfianza que ya parece total.

En ese clima de tensión creciente, Milei acusó abiertamente a Villarruel de intentar boicotear su gobierno y sugirió que ese supuesto plan no sería reciente, sino que se habría gestado incluso antes de llegar al poder. En una entrevista con el medio español El Debate, el mandatario aseguró que las maniobras de su compañera de fórmula podrían remontarse a 2021, cuando ambos aún eran diputados.

El presidente no solo habló de una “traición”, sino que también dejó abierta la posibilidad de que Villarruel haya articulado acciones con sectores disidentes de Vox. En ese marco, mencionó versiones que vinculan a la vicepresidenta con Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido, enfrentado con su líder Santiago Abascal, aliado político de Milei.

“Que haya intentado boicotearme o traicionarme no me sorprende”, afirmó el mandatario, profundizando así la grieta interna. Según su relato, los episodios de tensión incluyen intentos de afectar su agenda internacional y desacuerdos políticos que se hicieron visibles durante momentos clave de su gestión, como las demoras en el tratamiento de la Ley de Bases y la postergación del Pacto de Mayo.

Las declaraciones también reflejan un deterioro personal en el vínculo: Milei cuestionó las relaciones políticas de Villarruel, sus gestos públicos y hasta su entorno, al que acusó de lanzar agravios contra el Gobierno. Más aún, expresó sorpresa al considerar que estas diferencias podrían haber existido desde hace años, lo que refuerza la idea de una desconfianza estructural dentro del propio oficialismo.

Así, lo que comenzó como tensiones aisladas se transformó en una interna abierta que amenaza con seguir profundizándose y que expone fisuras cada vez más difíciles de disimular en la cúpula del poder.

El fiscal Gerardo Pollicita ya cuenta con un informe de la Dirección de Migraciones que registra entre 15 y 19 trayectos (considerando cada ida y vuelta) realizados por el funcionario desde 2023.

Esta semana se impulsarán nuevas pedidos de pruebas para determinar con mayor precisión los destinos finales de varios de esos viajes, ya que existen tramos que no cuentan con información completa. La sospecha es que algunos recorridos podrían haber tenido escalas o destinos finales no declarados, incluso en el Caribe, como Aruba.

En paralelo, la investigación también profundiza sobre los movimientos financieros del jefe de Gabinete. La causa, iniciada tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano, busca establecer si existe una desproporción entre los ingresos declarados por Adorni y su nivel de gastos, especialmente en viajes y adquisición de bienes.

Uno de los puntos que disparó la pesquisa fue un vuelo privado a Punta del Este, cuyo costo superó los 4.800 dólares, lo que abrió interrogantes sobre el origen de los fondos. A esto se suma el análisis de consumos con tarjetas de crédito y pedidos de información a aerolíneas como LATAM Airlines, con el objetivo de reconstruir con exactitud cada itinerario.

La investigación también alcanza a su entorno familiar. Se analizan viajes realizados por su esposa, Bettina Angeletti, así como su actividad económica, en el marco de una posible maniobra de justificación de ingresos.

Además, la causa por presunto enriquecimiento ilícito incluye la compra de propiedades, como un departamento en el barrio de Caballito y una vivienda en un country de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, el juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas, entre ellas la citación como testigo de la escribana interviniente y futuras tasaciones para determinar si los valores declarados coinciden con los del mercado.

Con este conjunto de medidas —que ya suman al menos una docena— la Justicia busca esclarecer el origen de los fondos utilizados por Adorni y determinar si hubo inconsistencias patrimoniales, en una causa que continúa sumando elementos y complejiza la situación del funcionario libertario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la tradicional vigilia por Malvinas en la ciudad fueguina de Río Grande, uno de los actos más emblemáticos de la Argentina en la antesala del 2 de abril, y dejó un mensaje de unidad en clave política: “La Patria no se vende”.

A 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas, la tradicional ceremonia reunió a excombatientes, autoridades y cientos de ciudadanos en la antesala del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En ese marco, Kicillof tuvo un rol protagónico, acompañado por el gobernador fueguino Gustavo Melella y el riojano Ricardo Quintela.

Durante la vigilia, el mandatario bonaerense destacó la importancia de la soberanía y el federalismo, subrayando que “no hay mejor manera de honrar a los héroes que seguir luchando” y remarcando que “no todo tiene un precio”. Su participación no solo apuntó a la memoria histórica, sino también a reforzar un posicionamiento político en defensa de los intereses nacionales.

Como representante de una provincia que reivindica el federalismo y la soberanía, es un orgullo participar de la vigilia por los 44 años de la Guerra de Malvinas junto a ex combatientes, gobernadores y compatriotas en un lugar tan emblemático como Río Grande.

No hay mejor manera… pic.twitter.com/3TioPwxrCG

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 2, 2026

El acto, realizado en Río Grande, tuvo como anfitrión a Melella y contó con la presencia de dirigentes políticos, sindicales y legisladores. En ese escenario, Kicillof volvió a insistir en la necesidad de fortalecer la industria nacional, el trabajo y la identidad soberana, en un discurso que encontró eco entre los asistentes.

La vigilia, históricamente centrada en el reclamo por las islas, adquirió además un tono político. La imagen conjunta de los gobernadores fue interpretada como un gesto de articulación opositora, en contraste con la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó del encuentro.

El escándalo por el departamento de Caballito de Manuel Adorni sumó un nuevo ribete que profundiza las dudas sobre la operación: una de las jubiladas que figura como su prestamista es beneficiaria de un subsidio del Gobierno de la Ciudad.

Se trata de Claudia Sbabo, quien aparece junto a otra mujer como acreedora de un crédito hipotecario por US$200 mil a favor del jefe de Gabinete. Ahora se conoció que Sbabo tramitó el Pase Cultural, un programa porteño destinado a adultos mayores de bajos ingresos para acceder a bienes y servicios culturales.

El dato, revelado por la legisladora Graciela Ocaña, no implica en sí mismo un delito, pero reaviva los interrogantes sobre la capacidad económica de las mujeres que habrían financiado el 87% de la compra del inmueble, valuado en US$230 mil. Para acceder al beneficio, los jubilados deben percibir ingresos que no superen los $600.000 mensuales.

“Habrá que ver si este es el caso, pero ya se ha visto en otras causas de corrupción que aparecen ‘prestanombres’. Suelen ser personas que dan su firma a cambio de dinero”, sostuvo Ocaña, quien además calificó la operatoria como “un dibujo” que genera un impacto político más amplio y que complica más la situación del funcionario libertario.

La causa, que investigan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, continúa sumando elementos. En ese marco, fue citada a declarar como testigo la escribana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación y deberá presentarse el 8 de abril.

Mientras tanto, en el entorno de Adorni prevalece el silencio. El funcionario suspendió su conferencia de prensa prevista y aún no designó abogado, bajo el argumento de que no existe imputación formal. Pese a la controversia, en el Gobierno aseguran que el respaldo del presidente Javier Milei se mantiene firme.

Su derrumbe en la opinión pública no solo marca el fin de su capital político, sino que arrastra consigo la credibilidad de toda la gestión encabezada por Javier Milei.

Según el último relevamiento de la consultora Zuban Córdoba, la imagen de Adorni alcanzó su piso histórico: el 66% de los encuestados tiene una opinión negativa sobre su desempeño, mientras que apenas el 21,5% lo evalúa de manera positiva, el registro más bajo desde que ocupa un rol público. El contraste con su punto de partida es contundente: en enero de 2024, cuando asumió como vocero presidencial, su imagen positiva era del 51,5%. En poco más de dos años, esos números no solo se deterioraron, sino que se invirtieron de forma abrupta.

El estudio, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre una muestra de 1.200 casos, confirma que no se trata de un traspié coyuntural, sino de un proceso sostenido de erosión. A lo largo de cinco mediciones, la imagen del funcionario fue perdiendo respaldo hasta colapsar tras el episodio conocido como #AdorniGate. En abril de 2026, la positiva cayó al 21,5% y la negativa trepó al 66%, su nivel más alto.

#ADORNIGATE ✈️🏘️

La imagen de Manuel Adorni entra en zona crítica, el caso ya impacta de lleno en la opinión pública y en el gobierno.

Los datos muestran desgaste de su imagen, instalación del tema en la agenda y rechazo creciente de la ciudadanía.

Abrimos hilo 👇🧵 pic.twitter.com/b0VRELPzCU

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 1, 2026

Pero el dato más crítico para el Gobierno no es solo la mala imagen, sino el rechazo activo: el 70,4% de los encuestados considera que Adorni debería renunciar. Este nivel de desaprobación convierte su permanencia en un costo político directo para la Casa Rosada, que queda expuesta a una creciente desconfianza social.

El impacto del escándalo también golpea de lleno la estrategia comunicacional oficial. Un 70,2% de los encuestados cree que la defensa del Gobierno no fue transparente, sino una maniobra para encubrir, distraer y ganar tiempo. Apenas el 15,3% consideró que la respuesta fue adecuada. Este dato resulta especialmente sensible: el área que Adorni encabezaba como principal vocero aparece ahora como uno de los puntos más débiles de la gestión.

La crisis, además, presenta un alto nivel de penetración pública. El 72% de la población afirma haber escuchado o leído sobre el caso, y casi el 78% exige explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados en sus viajes. Lejos de diluirse, el tema se consolidó en la agenda y amplificó el daño.

Incluso al evaluar cómo debería haberse manejado la situación, la mayoría de las respuestas apuntan a una falta de transparencia: predominan las opciones de mostrar comprobantes, responder sin confrontar o apartarse del cargo. Es decir, la ciudadanía no solo rechaza lo ocurrido, sino también la forma en que fue gestionado.

En este contexto, la decisión de sostener a Adorni por parte de Milei ya no aparece como un gesto de respaldo político, sino como una apuesta riesgosa. Los datos sugieren que el deterioro del funcionario no encuentra piso y que su continuidad profundiza el desgaste del Gobierno en su conjunto. La figura que supo ser central en la construcción del relato oficial hoy se convirtió en un pasivo que compromete la estabilidad y la credibilidad de toda la administración.

El fuerte aumento del gasoil ya tiene consecuencias concretas en el transporte público del AMBA: las empresas de colectivos anunciaron que desde este miércoles 1 de abril reducirán la frecuencia de los servicios, una medida que impactará directamente en los pasajeros con mayores tiempos de espera y menor disponibilidad de unidades.

La decisión afecta a líneas de jurisdicción nacional y provincial, y responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de operación frente al encarecimiento del combustible y la falta de actualización de esos costos por parte de las autoridades. Según advirtieron las cámaras empresarias, el incremento del gasoil deterioró de forma crítica la ecuación económica del sector.

En las últimas semanas, los combustibles registraron subas de entre el 18% y el 20%, lo que elevó significativamente los costos operativos. Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires, el gasoil supera los $2.000 por litro, presionando aún más sobre un sistema que depende en gran medida de subsidios y tarifas reguladas.

Como consecuencia, las empresas comenzarán a ajustar la oferta de servicios, principalmente en horarios de menor demanda, aunque no descartan que la situación se profundice si no hay una respuesta oficial. Desde el sector alertaron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo” y que podría volverse insostenible en el corto plazo.

La reducción de frecuencias no solo complica la movilidad diaria de millones de usuarios, sino que también expone el deterioro estructural del transporte público en el AMBA. Las empresas, que aseguran haber advertido con anticipación sobre esta situación, reiteraron el pedido urgente de medidas que compensen el aumento de costos y eviten una crisis mayor en el servicio.

El escenario se da en medio de una nueva escalada de costos y aumentos en las tarifas del boleto, factores que tensan aún más el esquema de financiamiento del sistema y profundizan la incertidumbre sobre su sostenibilidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió poner fin a la intervención militar en Irán tras considerar que las operaciones “ya cumplieron sus objetivos”, pero también ante la falta de resultados concretos, el aumento de los costos y las crecientes pérdidas en el conflicto.

En ese marco, anunció que el retiro de las tropas estadounidenses se concretaría en un plazo de “dos o tres semanas”.

El mandatario volvió a expresar su frustración con los aliados de Washington por no haber contribuido a la reapertura del estrecho de Ormuz a pesar de reiterar públicamente que no los necesitaba, el estrecho es una vía marítima clave que permanece en gran parte cerrada desde el inicio de las hostilidades. En línea con su decisión de reducir la implicación directa de Estados Unidos, Trump dejó claro que su país se desentenderá de la seguridad en la zona.

«Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta», afirmó durante una comparecencia en la Casa Blanca, señalando a potencias como China y Francia como posibles responsables de asumir ese rol.

El anuncio se produce en un contexto de máxima tensión regional. Irán ha intensificado su presión sobre el tránsito marítimo mediante ataques a petroleros, afectando el paso de buques y condicionando el suministro global de crudo aunque desde Teherán destacan que solo se ataca a buques cuyo origen esta vinculado a los países agresores. En ese escenario, un petrolero kuwaití fue alcanzado por un proyectil lanzado desde territorio iraní mientras se encontraba en el puerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, según reportes oficiales.

Un día antes, Trump ya había instado a los países que se mantuvieron al margen de su ofensiva a actuar con “coraje” y hacerse cargo del control del estrecho. «Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo», escribió en sus redes sociales.

El presidente defendió además la contundencia de la ofensiva militar, asegurando que el impacto sobre Teherán ha sido significativo y que al régimen iraní le tomaría entre 15 y 20 años recuperar sus capacidades.

Con esta decisión, Estados Unidos da un giro hacia una menor implicación en uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial, buscando una salida ordenada a un conflicto que se mostraba estancado, pero que abre interrogantes sobre el futuro equilibrio de poder en la región y la seguridad del suministro internacional de petróleo.

Aunque el organismo informó que la pobreza bajó por tercer semestre consecutivo hasta el 28,2%, los analistas señalan que la medición se realiza con precios desactualizados y que existen factores metodológicos que “sobrerrepresentan” la mejora.

De acuerdo con el informe oficial, más de 13 millones de personas continúan por debajo de la línea de pobreza en el país, de las cuales casi 3 millones son indigentes. La baja se explica, en parte, por el aumento real de programas sociales como la AUH y la Tarjeta Alimentar, junto con una canasta básica que evolucionó por debajo de la inflación general.

Sin embargo, distintas consultoras coinciden en que la tendencia podría revertirse. Desde LCG indicaron que, si bien en el último año una cantidad significativa de personas salió de la pobreza, en los primeros meses de 2026 se observa un freno en esa dinámica, producto de una inflación que se mantiene en torno al 3% mensual, salarios que crecen por debajo de ese nivel y una actividad económica débil en sectores intensivos en empleo.

La consultora LCG además destacó los problemas metodológicos de una medición de pobreza que se realiza a partir de una canasta básica que el Gobierno decidió no actualizar y que subestima el impacto de la suba de tarifas en el gasto de los hogares. En este sentido los analistas señalan que la medición se realiza con precios desactualizados y que existen factores metodológicos que “sobrerrepresentan” la mejora

En la misma línea, Fernando Marull, de FMyA, sostuvo que “el primer semestre pinta para rebote”. Ese deterioro ya habría comenzado a evidenciarse hacia fines de 2025. Según el Nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, la tasa habría trepado al 29,5% en el cuarto trimestre, lo que ubica el promedio móvil entre septiembre y febrero en torno al 29,1%, con un techo posible cercano al 30,6%.

Así, pese a la mejora que muestran los datos oficiales, las consultoras advierten que el escenario es más frágil de lo que sugieren las cifras y que la pobreza podría volver a aumentar en el corto plazo.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal volvió a fallar contra el Gobierno y confirmó que debe aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo revés judicial para el Ejecutivo.

El tribunal no solo rechazó la apelación oficial, sino que cuestionó con dureza sus argumentos, al calificarlos como “poco serios”, y confirmó la medida cautelar que obliga a aplicar los artículos centrales de la norma. En concreto, la resolución exige actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, y recomponer los programas de becas estudiantiles.

Los jueces también desestimaron uno de los principales planteos del Gobierno —que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta— y remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo, por lo que no compromete el equilibrio de las cuentas públicas. Por el contrario, señalaron que está en juego un derecho constitucional clave como el acceso a la educación superior pública.

El fallo ratifica así la decisión previa que había declarado arbitrario el intento del Ejecutivo de suspender la ley mediante un decreto, y vuelve a desautorizar su postura de que la aplicación depende de la definición de recursos en el Congreso. En este contexto, la Justicia insiste en que la norma debe cumplirse sin demoras, profundizando el frente judicial abierto entre el Gobierno y el sistema universitario.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó un pedido clave: relevar todos los viajes realizados por el funcionario desde 2023 y cruzar esos datos con registros migratorios oficiales para reconstruir sus movimientos dentro y fuera del país.

El requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, apunta a obtener un detalle exhaustivo de cada desplazamiento: fechas, horarios, destinos, pasos fronterizos y medios de transporte utilizados. La medida también alcanza al periodista Marcelo Grandío, quien figura en el expediente.

Uno de los ejes más relevantes es el cruce de información para detectar coincidencias. La fiscalía busca determinar si los involucrados realizaron viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas, lo que podría aportar indicios sobre vínculos con los hechos bajo investigación.

Además, se solicitó incorporar los registros migratorios de Bettina Julieta Angeletti y de cualquier otra persona que haya integrado los vuelos analizados, con especial atención a los realizados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

La investigación también pone el foco en la trazabilidad de los datos: se pidió identificar a los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones que intervinieron en la carga y validación de los movimientos, incluyendo información técnica como usuario, horario, IP y terminal utilizada.

En paralelo, se dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y se requirió información a la empresa JAG Executive Aviation S.A. sobre comunicaciones y facturación vinculadas a los vuelos investigados.

La causa se originó a partir de un viaje a Punta del Este en vuelo privado durante el feriado de Carnaval, pero ahora se amplía con el objetivo de reconstruir todos los desplazamientos recientes y determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos.