El dato, difundido por el INDEC, representa el mayor aumento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) desde septiembre del año pasado y refleja el traslado de tensiones internacionales a los costos locales.

El principal motor de la suba fue el salto en los precios del petróleo crudo y el gas, impulsado por el conflicto en Medio Oriente y las dificultades logísticas en el estrecho de Ormuz, que derivaron en un incremento del 15% en los combustibles. Este fenómeno repercutió de forma directa en toda la estructura productiva, elevando los costos en cadena.

El rubro de hidrocarburos mostró un comportamiento excepcional, con un aumento del 27,3% en apenas un mes. Como consecuencia, los productos primarios nacionales subieron en promedio un 7,8%, aunque este avance fue parcialmente compensado por la caída del 3,2% en los precios agropecuarios.

En el sector industrial, las manufacturas nacionales registraron una suba del 2,3%, con incrementos destacados en refinados del petróleo (6,6%) y alimentos y bebidas (2,5%), mientras que los productos importados se mantuvieron relativamente estables, con una variación de solo el 1,1%, favorecidos por la calma en el tipo de cambio oficial.

La dinámica del mes evidenció una fuerte brecha entre sectores: mientras los bienes ligados a la energía reflejaron el shock externo, los productos importados mostraron mayor estabilidad. Este comportamiento es seguido de cerca por analistas, ya que los precios mayoristas suelen anticipar la evolución de los costos que luego impactan en el consumidor final.

En este marco, el hecho de que la inflación mayorista haya igualado a la minorista en marzo (3,4%) vuelve a poner el foco en la presión de costos hacia adelante. Si bien ambos indicadores responden a metodologías distintas, el encarecimiento energético en el origen de la cadena productiva plantea dudas sobre la capacidad de las empresas para absorber estos aumentos sin trasladarlos a los precios finales.

Según un informe de Fundar, elaborado en base a registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en Argentina cerraron 24.180 empresas desde la asunción de Javier Milei en 2023.

El número no es menor: al inicio de la gestión había 512.357 unidades productivas registradas, mientras que en la actualidad quedan 488.177. Se trata, además, del período de mayor destrucción neta de empresas en los primeros 26 meses de un gobierno, un dato que por sí solo pone en tensión el discurso oficial.

El impacto golpea de lleno al corazón del entramado productivo. Las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo, aparecen como las más afectadas. La industria manufacturera también muestra señales alarmantes: la cantidad de firmas cayó un 5,83%, con derrumbes mucho más pronunciados en sectores específicos. El caso más extremo es el de cuero y calzado, que registró una baja del 19,3%.

Detrás de esos porcentajes hay historias concretas. La cordobesa Gomas Gaspar cerró sus puertas dejando a más de 40 trabajadores sin empleo, en medio de reclamos por sueldos adeudados e indemnizaciones impagas. En paralelo, Viamo, una empresa con 38 años de trayectoria, no logró sostener la caída de ventas y debió entrar en concurso preventivo.

Otros rubros industriales también evidencian retrocesos de dos dígitos, como la industria maderera (-11,3%) y la confección de prendas de vestir (-11,2%), confirmando que el deterioro no es aislado sino generalizado en el sector.

El informe “Monitor mensual de empresas” señala que el golpe fue particularmente fuerte en actividades vinculadas al mercado interno y la infraestructura, dos motores clave de la economía local. En esa línea, transporte, inmobiliarias y construcción lideran la destrucción de unidades económicas. El sector de transporte y almacenamiento perdió 5.899 empresas (una caída del 15%), el rubro inmobiliario registró 3.439 cierres (-11,6%) y la construcción vio desaparecer 1.947 firmas.

A nivel territorial, la crisis tampoco es uniforme, pero sí extendida. La Rioja encabeza el ranking de provincias más afectadas, con una caída del 16,06% en la cantidad de empresas. Le siguen Catamarca (-11,51%), Chaco (-10,93%), Tierra del Fuego (-10,48%) y Corrientes (-10,26%).

Lejos de una reactivación, los datos configuran un escenario de contracción profunda, especialmente en sectores dependientes del consumo interno. La evidencia empírica es clara: la magnitud del cierre de empresas no solo expone la fragilidad del tejido productivo, sino que también desarma el relato oficial y plantea interrogantes sobre el rumbo económico en curso.

El caso que involucra a Manuel Adorni sigue sumando revelaciones incómodas y cada nuevo dato agrava la situación de un funcionario cuya credibilidad aparece cada vez más comprometida.

En su intento por defender el cuestionado viaje de su esposa a Nueva York, Adorni había afirmado en una entrevista con Luis Majul que en un año y medio apenas se había tomado “cuatro días” de descanso en Punta del Este. Sin embargo, con el correr de las semanas comenzaron a aparecer datos que desmienten esa versión: primero se supo de una estadía de varias semanas en la exclusiva Aruba, y ahora se suma este paso por uno de los hoteles más caros y emblemáticos del país.

La visita al Llao Llao, durante el fin de semana largo de junio de 2024, se configura como el tercer viaje de alto nivel que se le conoce. El destino no es menor: se trata de un complejo asociado a sectores empresariales cercanos al poder (grupo IRSA muy cercano al presidente Javier Milei, cabe recordar que el Hotel Libertador, de Eduardo Elsztain, fue el bunker de campaña de La Libertad Avanza en 2023), lo que abre interrogantes sobre posibles beneficios o condiciones especiales en la estadía, algo que hasta el momento no fue aclarado.

Los costos del lugar refuerzan el carácter exclusivo del viaje: una simple merienda puede rondar los 90.000 pesos por persona y una cena superar los 130.000, mientras que una empanada premium alcanza cifras llamativas. Solo en alojamiento, el gasto estimado para una estadía de este tipo se ubicaría en torno a los 2.500 dólares, sin contar comidas, actividades y traslados.

A esto se suma otro elemento sensible: la justicia ya había determinado que en viajes anteriores Adorni pagó pasajes en clase ejecutiva en efectivo para su familia, lo que vuelve a poner bajo la lupa el origen y la transparencia de los fondos utilizados.

El contraste entre el discurso público de austeridad y la seguidilla de viajes de lujo empieza a generar ruido político. Lo que en un principio parecía un episodio aislado hoy se perfila como un patrón, con potencial para escalar y salpicar a un gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la conducta de sus funcionarios más visibles.

Fuerte indignación provocaron las repudiables declaraciones del ministro de Salud Mario Lugones, quien al referirse a la situación del PAMI calificó a las personas mayores como “una carga”, desatando una ola de críticas en redes sociales y distintos sectores de la sociedad.

Durante su exposición en el AmCham Summit, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el funcionario intentó explicar la crisis del organismo asegurando que “la plata llegó”. Sin embargo, sus dichos generaron inmediato rechazo cuando sostuvo: “PAMI tiene un millón de personas de más de 80 años, sobre los 5 millones en total. Y casi 6 mil personas más de 100 años, así que PAMI tiene una carga muy grande”.

La frase fue ampliamente repudiada por su carácter discriminatorio hacia las personas mayores, un sector especialmente vulnerable. En la red social X, el tema se viralizó rápidamente y acumuló críticas de usuarios, referentes y periodistas.

Mario Lugones, Ministro de Salud
"Lo que pasa es que en PAMI hay abuelos de más de 80 años. Es una CARGA muy grande"

Total normalidad. El gobierno de los hijos de puta. Acá la única carga que tenemos es pagar las coimas de ADORNI y Karina Milei pic.twitter.com/PlWGJRJ038

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 15, 2026

Entre ellos, el periodista Luis Novaresio expresó su rechazo, en sintonía con el malestar generalizado frente a declaraciones que fueron consideradas insensibles e inaceptables. La controversia profundiza la crisis en torno al PAMI y suma presión sobre el gobierno libertario.

La Unidad de Información Financiera adoptó una medida que vuelve a poner bajo la lupa el uso de organismos clave del Estado en favor de intereses cercanos al poder: restringió el acceso público a sanciones firmes por lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, tras un pedido del Banco Hipotecario, presidido por Eduardo Elsztain.

La decisión implicó que estas resoluciones dejaran de aparecer en el buscador principal del organismo. Aunque no fueron eliminadas del sitio oficial, quedaron relegadas a un apartado secundario sin acceso directo a su contenido. En la práctica, cualquier interesado en consultarlas ahora debe iniciar un trámite formal, lo que reduce significativamente la visibilidad de antecedentes sensibles para el sistema financiero.

El cambio tuvo un impacto inmediato: entre las sanciones que perdieron exposición pública se encuentra una multa firme aplicada al propio Banco Hipotecario en 2019. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a evitar el daño reputacional que genera la fácil localización de estas resoluciones en Internet, especialmente frente a inversores y actores internacionales.

Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, justificaron la medida como una forma de prevenir reclamos vinculados al “derecho al olvido”. Sin embargo, el argumento formal convive con un efecto concreto: la reducción del escrutinio público sobre sanciones por delitos financieros, un aspecto clave en la prevención del lavado de dinero.

La decisión no modifica el valor legal de las sanciones, pero sí debilita su dimensión más visible: el castigo reputacional. En contextos como el argentino —donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales escasas— la publicidad de estas medidas funciona como un mecanismo central de control. Limitar su acceso implica, en los hechos, aliviar la presión sobre entidades con antecedentes.

El movimiento se da además en un contexto político particular. La UIF depende de la órbita del gobierno de Javier Milei, cuya administración ha mostrado señales de cercanía con Elsztain. Durante la campaña de 2023, el entonces candidato se alojó en un hotel del empresario y compartió actividades personales, lo que alimenta interrogantes sobre posibles vínculos de influencia.

La resolución fue impulsada por el vicepresidente del organismo, Santiago González Rodríguez, sin objeciones visibles dentro del Ejecutivo. En paralelo, la conducción de la UIF ha atravesado una marcada inestabilidad, mientras la Argentina continúa bajo evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, que mide no solo las normas sino su aplicación efectiva.

Lejos de tratarse de un ajuste técnico, la medida deja al descubierto un patrón preocupante: decisiones estatales que, bajo argumentos legales, terminan beneficiando a actores con capacidad de influencia, reduciendo la transparencia y debilitando herramientas clave para el control ciudadano sobre el sistema financiero.

El caso de Manuel Adorni sumó nuevos y escandalosos datos que profundizan las sospechas sobre su patrimonio: el jefe de Gabinete omitió declarar una propiedad clave y recién la incorporó cuando la investigación judicial ya estaba en marcha.

La vivienda en el country Indio Cua, adquirida el 15 de noviembre de 2024 por su esposa, Bettina Angeletti, no fue incluida en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. La normativa es clara: los funcionarios deben informar también los bienes de su cónyuge, incluso en anexos reservados. Sin embargo, ese documento directamente no fue presentado por Adorni.

La irregularidad tomó mayor gravedad porque la “corrección” no fue espontánea. El funcionario recién incorporó la propiedad meses después, cuando la causa por presunto enriquecimiento ilícito ya avanzaba y la Justicia solicitó la documentación completa. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes ahora analizan si existió un incremento patrimonial injustificado.

El contexto complica aún más la situación: la propiedad fue comprada mediante un préstamo de 100.000 dólares, con una tasa del 11% anual, otorgado por dos particulares —una comisaria retirada y su hija— y gestionado por la escribana Adriana Nechevenko. El crédito fue garantizado con otro inmueble del matrimonio, lo que revela una operatoria financiera que también quedó bajo la lupa judicial.

El periodista de investigación Hugo Alconada Mon fue contundente: Adorni había presentado su declaración pública, pero omitió el anexo reservado correspondiente a los bienes de su pareja, y solo lo entregó cuando el fiscal y el juez comenzaron a exigirlo. Esto abre una duda central: si se trató de un descuido o de una maniobra deliberada para ocultar información sensible.

Además, la causa no se limita a esta propiedad. En su primer año como funcionario, Adorni y su esposa habrían sumado una casa en un country, un departamento en Caballito y una camioneta, lo que genera interrogantes sobre la compatibilidad entre esos movimientos patrimoniales y los ingresos declarados.

La polémica también salpica al entorno político: surge el interrogante sobre si el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei estaban al tanto de estas inconsistencias. Si lo sabían, el costo es por avalar la situación; si no, expone una preocupante falta de control interno.

Con estos nuevos elementos, el caso deja de ser una simple omisión administrativa y se transforma en un episodio con posibles derivaciones penales, donde el eje ya no es solo qué se declaró, sino por qué se ocultó hasta que la Justicia intervino.

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció por primera vez sobre el caso que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y dejó una fuerte crítica: “falló en sus explicaciones”.

En un contexto de tensión política y judicial, Francos reconoció que el episodio tuvo un impacto negativo en el Gobierno y apuntó directamente a la comunicación del funcionario. “El vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso empeoró la situación”, sostuvo.

Sus declaraciones reflejan que, a su entender, la defensa de Adorni no solo fue insuficiente, sino que terminó agravando el escenario político.

En cuanto a su futuro, Francos señaló que la continuidad del vocero dependerá del avance de la causa judicial: “Hay que esperar si puede responder a los requerimientos de la Justicia”, explicó.

Por último, remarcó que la decisión final quedará en manos del Presidente, quien actuará una vez que se aclare el panorama: “Va a proceder como corresponde”

En medio de señales crecientes de debilidad económica, el presidente Javier Milei se vio obligado a reconocer públicamente el mal dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, en una admisión que expone el delicado momento que atraviesa su gestión.

Durante su exposición en el AmCham Summit, el mandatario intentó relativizar el impacto del número y prometió que la tendencia “va a bajar”, aunque sus explicaciones dejaron más dudas que certezas sobre el rumbo económico.

Lejos de transmitir solidez, Milei buscó justificar el dato negativo apelando a factores diversos y poco articulados entre sí. “Es importante entender lo que está pasando”, afirmó ante empresarios, pero su diagnóstico incluyó desde supuestos intentos del Congreso por desestabilizar el equilibrio fiscal hasta una “monstruosa caída de la demanda de dinero”, sin terminar de ofrecer una explicación clara de por qué la economía no logra despegar.

El Presidente insistió en pedir “paciencia” y sostuvo que “tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien”, una frase que refleja más una expectativa basada en la fe que en resultados concretos en un contexto donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones. Incluso, en un intento por minimizar el dato, llegó a afirmar que “esto no es inflación”, sino un “salto en el nivel de precios”, una distinción técnica que no logra disimular el deterioro del poder adquisitivo.

Para justificar el aumento del IPC, Milei mencionó factores estacionales como la suba de la carne y los precios educativos, además del impacto internacional por conflictos en Medio Oriente sobre el transporte. Sin embargo, estas explicaciones resultaron poco convincentes frente a una inflación que no cede al ritmo prometido por el Gobierno.

Pese a este escenario, el mandatario reiteró que no modificará su estrategia económica. “Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que la inflación se desplome”, aseguró, redoblando la apuesta por una política monetaria restrictiva en un contexto donde la actividad aún no muestra señales firmes de recuperación.

Aunque Milei insistió en que la economía “empezó a rebotar” y que el crédito crece, sus afirmaciones contrastan con la persistente fragilidad de los indicadores y con la necesidad de explicar reiteradamente por qué los resultados no llegan. Así, el Gobierno enfrenta un momento complejo, en el que las expectativas comienzan a tensionarse frente a una realidad económica que no termina de alinearse con las promesas oficiales.

La medida impacta de lleno en uno de las funciones fundamentales del organismo: el control técnico independiente sobre alimentos y bebidas, un área crítica para la salud pública.

A través de una reciente resolución, el Consejo Directivo del INTI oficializó la cesación de los servicios sistematizados que hasta ahora garantizaban evaluaciones técnicas clave. En términos concretos, la decisión implica que una amplia gama de ensayos dejarán de estar disponibles, afectando tanto a empresas como a organismos de control y consumidores.

Entre los servicios eliminados se encuentran análisis fundamentales para asegurar la calidad alimentaria:

• Evaluaciones de aditivos, antioxidantes y edulcorantes
• Estudios de vida útil y perfil sensorial de productos
• Determinaciones sobre contaminantes como micotoxinas
• Medición de textura, color y propiedades funcionales
• Análisis de compuestos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y procesados
• Controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa y acesulfame K
• Estudios cromatográficos y validaciones técnicas para la industria

Estos controles no solo eran centrales para sostener estándares en el mercado interno, sino que también funcionaban como herramientas independientes para verificar la calidad de los productos que consumen millones de argentinos.

La resolución establece un esquema transitorio para cumplir con compromisos vigentes, aunque sin ofrecer una solución de fondo para reemplazar las capacidades técnicas que se eliminan. Este punto genera preocupación en el sector, ya que no se detallan qué funciones críticas se mantendrán ni bajo qué condiciones operativas.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de recortes que el INTI arrastra desde 2024, con pérdida de funciones en áreas clave, falta de financiamiento y limitaciones operativas. En ese contexto, la eliminación de servicios vinculados al control de alimentos refuerza una tendencia que distintos sectores ya señalan como un progresivo desmantelamiento de capacidades estratégicas del Estado.

El escándalo por los créditos hipotecarios del Banco Nación no deja de crecer y suma ahora un componente político de peso: la incorporación del histórico clan de la familia Menem entre los beneficiarios de préstamos millonarios con condiciones preferenciales.

A la ya extensa lista de funcionarios y figuras vinculadas al oficialismo que accedieron a financiamiento, se agregan Nazarena Menem y Sharif Menem, integrantes de la nueva generación de la familia asociada al expresidente Carlos Menem. En conjunto, ambos obtuvieron créditos que rozan los 600 millones de pesos en un lapso de apenas seis meses, lo que intensifica las sospechas sobre posibles privilegios en el acceso.

Nazarena Menem, de 26 años y empleada de la Auditoría General de la Nación desde hace menos de cuatro años, recibió un crédito de casi 237 millones de pesos, pese a contar con ingresos que no superarían los 2,5 millones mensuales. Su caso se suma al de Sharif Menem, de 24 años, quien con un salario similar accedió a un préstamo de 357 millones. Ambos financiamientos fueron otorgados bajo condiciones consideradas preferenciales.

Las cifras y perfiles reavivan las denuncias sobre una posible “ventanilla VIP” para funcionarios y allegados al Gobierno. Mientras desde el Banco Nación aseguran que no hubo irregularidades y que se cumplieron los criterios de evaluación crediticia habituales, crecen las presentaciones judiciales que apuntan a conflictos de interés y a un uso indebido de líneas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.

El caso del clan Menem no solo amplía el alcance del escándalo, sino que lo conecta con una de las familias más controvertidas de la política argentina, agregando un nuevo foco de controversia a una investigación que ya involucra a múltiples figuras del oficialismo.