Trabajadores de la distribuidora de insumos descartables Lustramax denunciaron una nueva tanda de despidos, el incumplimiento de obligaciones salariales y una insólita propuesta de la empresa para cancelar parte de las indemnizaciones: entregar papel higiénico y rollos de cocina en lugar de dinero.

El conflicto, que mantiene a los empleados movilizados frente a la planta ubicada en Malvinas Argentinas, expone el agravamiento de la crisis que atraviesan numerosos trabajadores en un contexto de caída de la actividad económica, cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

Denuncian despidos sin notificación

Según la comisión interna, al menos ocho trabajadores fueron despedidos en los últimos días sin haber recibido el correspondiente telegrama de desvinculación. Los empleados aseguran que se enteraron de la decisión cuando intentaron ingresar a la fábrica y se les impidió el acceso.

Los despedidos iniciaron una protesta frente al establecimiento y exigen su reincorporación, mientras denuncian que la empresa continúa avanzando con un ajuste sobre el personal.

“Nos quieren pagar con papel higiénico”

Uno de los aspectos más llamativos del conflicto fue revelado por el delegado Leandro Gómez, quien aseguró que la empresa propuso abonar las indemnizaciones en hasta doce cuotas y cancelar una parte con mercadería de su propio stock.

“Te quieren pagar la indemnización con papel higiénico y rollos de cocina, al precio que ellos quieren”, denunció el representante sindical.

La propuesta habría surgido durante las negociaciones con el área de Recursos Humanos y fue rechazada por los trabajadores, que la consideran una vulneración de sus derechos laborales.

Salarios adeudados y aportes sin pagar

Además de los despidos, los trabajadores denunciaron que Lustramax mantiene deudas por salarios, el medio aguinaldo, aportes jubilatorios y prestaciones de la obra social, una situación que incrementa la incertidumbre de decenas de familias afectadas.

También sostienen que persiste el temor a nuevas cesantías mientras la empresa continúa con su proceso de reestructuración.

Acusan incumplimiento de una orden judicial

La comisión interna denunció además que la empresa incumple una resolución judicial que ordenó reincorporar al delegado Leandro Gómez.

En ese marco, los trabajadores presentaron una denuncia contra la asesora legal de la firma y senadora provincial Florencia Arietto, a quien acusan de presunta desobediencia judicial y persecución sindical por impedir el cumplimiento del fallo.

Una crisis que se profundiza

El conflicto comenzó en enero de este año, cuando Lustramax inició un Procedimiento Preventivo de Crisis y despidió a 29 trabajadores. En aquel momento, los empleados cuestionaron la decisión al sostener que la actividad continuaba con normalidad y que los balances de la empresa no justificaban semejante ajuste.

Ahora, con nuevos despidos, salarios impagos y denuncias de incumplimientos judiciales, el conflicto volvió a escalar y se suma a una creciente lista de crisis laborales registradas durante la gestión de Javier Milei. Mientras el Gobierno sostiene su política de ajuste y desregulación económica, trabajadores y gremios advierten que aumentan los despidos, la precarización y las dificultades para hacer cumplir derechos laborales básicos, en un escenario cada vez más complejo para el empleo formal.

La investigación por la megaestafa de la criptomoneda $LIBRA registró un nuevo avance. La Justicia ordenó congelar varias billeteras virtuales vinculadas a la operatoria e identificar a sus titulares para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar quiénes se beneficiaron con las maniobras.

La causa que investiga la megaestafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA registró un nuevo avance judicial. Por orden del juzgado a cargo del expediente, fueron congeladas las billeteras virtuales detectadas como parte de la operatoria y se dispuso identificar a sus titulares para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar quiénes fueron sus beneficiarios finales.

La decisión busca impedir que los activos digitales sean transferidos, ocultados o liquidados mientras avanza la investigación. Además, los peritos analizarán los movimientos registrados en la blockchain para seguir la trazabilidad de las operaciones, identificar las direcciones que recibieron el dinero obtenido con la venta del token y establecer cómo se distribuyeron los fondos tras el colapso de $LIBRA.

Con la identificación de los titulares de las billeteras, la Justicia pretende determinar si las cuentas pertenecen a personas físicas, empresas o sociedades radicadas en el exterior, así como detectar posibles vínculos entre los distintos involucrados en la maniobra. También se buscará establecer si hubo operaciones destinadas a fragmentar o desviar los activos para dificultar su rastreo y si parte del dinero fue convertido a otras criptomonedas o transferido al sistema financiero tradicional.

Estas medidas representan un paso clave en la investigación patrimonial de la causa, ya que podrían permitir reconstruir el circuito del dinero, identificar a los responsables de las operaciones y reunir pruebas para determinar las responsabilidades penales de quienes participaron en la creación, promoción y administración de la criptomoneda $LIBRA, caso que afecta de lleno al entorno presidencial y al propio Milei.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), una medida que elevará a $70.000 millones la inversión mensual destinada a garantizar la alimentación de más de 2,5 millones de estudiantes en escuelas bonaerenses.

El anuncio fue realizado durante la conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a los ministros de Economía, Pablo López, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Según explicó Bianco, la actualización fue definida de manera conjunta entre las áreas de Desarrollo de la Comunidad y Economía, y lleva el incremento acumulado del programa en lo que va del año a casi el 50%.

Desde la administración de Axel Kicillof remarcaron que el aumento no responde únicamente a la inflación, sino que representa una mejora real de los recursos destinados al SAE, considerado hoy la principal política alimentaria de la provincia.

Además, el Gobierno destacó la expansión que tuvo el programa durante la actual gestión. Desde 2019, casi se triplicó la cantidad de estudiantes que almuerzan en establecimientos educativos bonaerenses, incorporando a 500.000 chicos y chicas al sistema de comedor escolar.

La inversión también alcanzó la infraestructura destinada a la alimentación en las escuelas. En estos años se construyeron, refaccionaron o mejoraron 400 comedores escolares, mientras que otros 40 permanecen en ejecución. A ello se suman $9.000 millones destinados a equipamiento gastronómico para establecimientos educativos de los 135 municipios de la provincia, beneficiando a unas 7.500 escuelas, cerca del 70% del total.

En ese marco, el ministro Andrés Larroque calificó la decisión como “un esfuerzo inmenso” de la Provincia para fortalecer la política alimentaria escolar y cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional en el financiamiento de programas que garantizan un plato de comida diario a miles de niños y adolescentes.

Durante la conferencia, Bianco también realizó un balance del programa Puentes, que cumplió cuatro años de funcionamiento. Según detalló, la iniciativa ya articula con 25 universidades, ofrece 368 carreras, cuenta con 53 centros universitarios, supera los 21.000 estudiantes y registra casi 3.000 egresados.

Asimismo, confirmó que durante 2026 continuarán en ejecución 24 obras de infraestructura universitaria en distintos municipios y adelantó que el gobernador Axel Kicillof retomará su agenda pública con actividades en La Plata, donde encabezará una entrega de escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa e inaugurará obras en el Complejo de Niñez Abasto.

Por último, el Gobierno bonaerense lanzó oficialmente la temporada turística de invierno con promociones del Banco Provincia para hotelería, gastronomía, transporte, entretenimiento y alquiler de vehículos, además de una agenda de fiestas populares y circuitos turísticos en distintos municipios.

En ese contexto, Bianco volvió a cuestionar la política económica del Gobierno nacional al señalar que la falta de medidas de incentivo para el turismo interno y la pérdida del poder adquisitivo están afectando de manera directa a la actividad durante las vacaciones de invierno.

Después de cuestionar el rumbo del Gobierno al defender la industria nacional y reclamar políticas para sostener el empleo, ahora reivindicó a los docentes y aseguró que “merecen reconocimiento, respeto y una retribución acorde”, en un nuevo mensaje que contrasta con el ajuste impulsado por la Casa Rosada.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con Javier Milei en dos temas centrales de la agenda económica y social. Después de cuestionar el rumbo del Gobierno al defender la industria nacional y reclamar políticas para sostener el empleo, ahora reivindicó a los docentes y aseguró que “merecen reconocimiento, respeto y una retribución acorde”, en un nuevo mensaje que contrasta con el ajuste impulsado por la Casa Rosada.

En el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, donde cursó sus estudios, la titular del Senado recordó su paso por la institución y aprovechó la ocasión para destacar el papel de los educadores, en un contexto atravesado por el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

“Nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar. Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación. Por eso merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan”, expresó Villarruel.

Sus declaraciones llegan pocas semanas después de que la Corte Suprema dejara firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una prolongada disputa entre el Gobierno y la comunidad educativa por los recortes presupuestarios.

El pronunciamiento se suma a las diferencias que la vicepresidenta había exhibido durante los actos por el Día de la Independencia en Tucumán. Allí pidió “generar trabajo” y advirtió que no se puede “dejar que las industrias mueran”, además de anticipar que impulsará una agenda legislativa enfocada en el desarrollo productivo, con iniciativas como la Ley de Biocombustibles y medidas para atender los reclamos del Norte Grande.

Tras quedar relegada de la agenda oficial durante el 9 de Julio, Villarruel permaneció en Tucumán para desplegar una actividad propia. Visitó el ingenio La Florida y se reunió con empresarios e industriales que le transmitieron su preocupación por el incremento de los costos energéticos, la apertura de importaciones y la caída de la actividad.

Con estos gestos, la vicepresidenta vuelve a tomar distancia del núcleo duro libertario y consolida un perfil propio, diferenciándose de Javier Milei tanto en materia productiva como en la defensa de la educación y del reconocimiento salarial para los docentes.

Legisladores presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo detalle qué conocimiento tuvo sobre la incursión del buque militar británico, si existió alguna notificación por parte del Reino Unido y cuáles fueron las medidas adoptadas para resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

La presencia del buque de guerra británico HMS Medway en aguas bajo jurisdicción argentina desató una fuerte polémica política y volvió a poner en el centro del debate la defensa de la soberanía nacional. Mientras la embarcación de la Royal Navy navegó desde las Islas Malvinas hacia el estrecho de Magallanes sin que trascendiera una respuesta oficial, diputados nacionales reclamaron explicaciones al gobierno de Javier Milei por su aparente inacción frente al episodio.

Legisladores del Peronismo Federal presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo detalle qué conocimiento tuvo sobre el desplazamiento del buque militar británico, si existió alguna notificación por parte del Reino Unido y cuáles fueron las medidas adoptadas para resguardar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

La iniciativa, impulsada por Guillermo Michel y acompañada por Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz, busca esclarecer si el Gobierno actuó ante un hecho que consideran de extrema gravedad por involucrar a una fuerza militar de una potencia que mantiene la ocupación ilegal de las Islas Malvinas.

Entre los puntos solicitados, los diputados exigen conocer si la administración de Milei fue informada previamente del tránsito del HMS Medway; si el Reino Unido cumplió con los mecanismos de notificación previstos en los acuerdos bilaterales; qué protocolos activaron la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina al detectar la presencia del patrullero, y si el Ejecutivo presentó o prevé presentar una protesta diplomática formal.

La controversia se originó luego de que la Armada Argentina detectara el desplazamiento del HMS Medway navegando desde las Islas Malvinas hacia el estrecho de Magallanes. Según la información conocida, el Reino Unido no habría realizado la comunicación prevista en el Acuerdo de Madrid II de 1990, mecanismo creado para evitar incidentes militares entre ambos países tras la guerra de Malvinas. Pese a la gravedad del hecho, hasta el momento el Gobierno no informó públicamente ninguna medida concreta ni confirmó una protesta diplomática.

Para Guillermo Michel, el episodio constituye “una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas”. En el pedido de informes, los legisladores sostienen que la presencia de un buque de guerra británico navegando por aguas argentinas “es un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado”.

Asimismo, advirtieron que la consolidación de la presencia militar británica en el Atlántico Sur compromete intereses estratégicos para el país, como los recursos pesqueros y energéticos, la proyección hacia la Antártida y los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese contexto, los diputados cuestionaron la falta de una respuesta firme por parte de la administración de Javier Milei y reclamaron que el Estado adopte una posición diplomática clara y contundente frente a lo que consideran una nueva vulneración de la soberanía argentina. También alertaron sobre la necesidad de reforzar la defensa del territorio marítimo y de los recursos estratégicos nacionales ante el avance de la presencia militar británica en el Atlántico Sur.

Milei tiene previsto viajar el próximo 25 de julio a San Pablo para participar del acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro y, además, buscaría visitar en Brasilia al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria mientras enfrenta causas judiciales.

La decisión de Javier Milei de viajar a Brasil para respaldar políticamente a la familia Bolsonaro provocó una fuerte reacción en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El secretario general de la Presidencia brasileña, Guilherme Boulos, cuestionó con dureza la visita del mandatario argentino y lanzó una frase que desató un nuevo capítulo de tensión diplomática entre ambos países: “¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?”.

Milei tiene previsto viajar el próximo 25 de julio a San Pablo para participar del acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro y, además, buscaría visitar en Brasilia al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria mientras enfrenta causas judiciales.

Aunque desde el Palacio del Planalto intentaron restarle dramatismo al viaje, al afirmar que “no esperamos nada de Milei” y que Brasil mantendrá una relación institucional con Argentina, Boulos rompió esa línea moderada con un durísimo mensaje publicado en sus redes sociales.

“¡Gran noticia! Javier Milei anunció que vendrá a Brasil para participar de la campaña de Flavio Bolsonaro. Es el presidente más rechazado de América Latina, que elevó la jornada laboral a 12 horas por día y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Va a quitarle votos a Bolsonarinho. ¿Qué cree este imbécil que tiene para enseñarle al pueblo brasileño?”, escribió el funcionario.

Boulos, uno de los dirigentes más combativos del gobierno de Lula e histórico referente del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), es considerado una de las voces más duras contra la ultraderecha en Brasil. Según fuentes del Ejecutivo brasileño, cuenta con el respaldo del presidente para expresarse públicamente en ese tono.

La expectativa ahora está puesta en Lula, quien brindará una conferencia de prensa esta semana y podría pronunciarse sobre la visita de Milei y su abierto respaldo al bolsonarismo.

No es la primera vez que Boulos confronta con el mandatario argentino. En diciembre pasado respondió a una publicación de Milei que dividía a Sudamérica entre países “prósperos” gobernados por la derecha y otros “pobres” administrados por la izquierda. En esa oportunidad calificó al Presidente argentino como “la cara de la ultraderecha: estupidez y prejuicio” y consideró que sus ataques contra Brasil eran “vergonzosos”.

“Independencia es que ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria”, afirmó, al tiempo que llamó a construir “un proyecto de país soberano, con igualdad” y “donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro”.

A través de un video publicado este 9 de Julio, el mandatario bonaerense sostuvo que la independencia conquistada en 1816 mantiene plena vigencia como horizonte político. “Llevó un tiempo importante tomar una determinación tan grande de ser un país que no dependiera de otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos intereses propios, que tenemos que pensar en función de los 47 millones de argentinos y los 17 millones de bonaerenses”, expresó.

En ese sentido, Kicillof recordó que la política exterior vinculada al proceso independentista buscó romper con las lógicas coloniales. “Nos decían: ustedes son una colonia, forman parte de un circuito donde la acumulación, las ideas y las alianzas son ajenas. Nosotros necesitamos pensar en la Argentina”, señaló.

El gobernador también vinculó el concepto de independencia con el presente económico y cuestionó el rumbo del Gobierno nacional. “Las familias están muy endeudadas y, al mismo tiempo, nos dicen que hay que festejar que el Fondo Monetario nos va a imponer las reglas de juego”, advirtió.

Independencia es que ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria; es poder construir un proyecto de país soberano, con igualdad, donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro.

Este 9 de julio tengámoslo más presente que nunca… pic.twitter.com/ZBWG7cUJX4

— Axel Kicillof (@Kicillofok) July 9, 2026

Frente a ese escenario, contrapuso una mirada centrada en las necesidades cotidianas de la población. “Yo creo en una cosa totalmente distinta, que tiene que ver con la salud, la educación, el trabajo, la producción y poder vivir tranquilos. Nos dicen que la macro anda bárbara, pero uno camina por la provincia, pregunta cómo está la gente y la gente no está bien. Así que bárbara no anda, y creo que la independencia se trata de eso”, reflexionó.

Asimismo, sostuvo que el contexto internacional obliga a fortalecer el desarrollo nacional. “En un mundo donde hay guerra y una competencia muy fuerte, nosotros tenemos que priorizar lo nuestro. Esa es la idea que nos deja la independencia y es lo que habría que volver a marcar este 9 de Julio”, afirmó.

“No es un año de campaña, sino de construcción política”

Días antes, en una entrevista con Gustavo Sylvestre por C5N, Kicillof había planteado la necesidad de consolidar una alternativa política para enfrentar lo que definió como el “saqueo” de las políticas nacionales y recuperar el papel del Estado frente a la paralización de la obra pública y la reducción de recursos para las provincias.

En ese marco, describió un panorama económico “muy complicado” y aseguró que el ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei tiene consecuencias directas sobre el empleo y la producción. “Desde que llegó Milei han cerrado alrededor de 40 empresas por día y se perdieron unos 400 puestos de trabajo formales diarios. Si se suman los informales, ya son cerca de medio millón los empleos perdidos”, sostuvo.

Para el gobernador, mientras el Ejecutivo celebra indicadores macroeconómicos, la realidad muestra un deterioro del consumo, la producción y el empleo. “No hay sector de la economía de la provincia al que le vaya bien”, concluyó.

Dos nuevas noticias confirmaron el deterioro del sector manufacturero, cerró la última planta de Dass que fabricaba zapatillas para Adidas y Nike en el país y Metalfor despidió a decenas de trabajadores mientras se jugaba el partido de la selección.

La crisis que atraviesa la industria argentina sumó este martes dos nuevos capítulos que reflejan el deterioro del aparato productivo nacional. El Grupo Dass confirmó el cierre definitivo de su planta de Eldorado, Misiones, la última que fabricaba zapatillas de Adidas y Nike en el país, mientras que Metalfor despidió a 35 trabajadores en Córdoba, quienes recibieron los telegramas mientras se disputaba el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026.

El cierre de la fábrica de Dass implica la pérdida de los últimos 150 puestos de trabajo que permanecían en la planta misionera y pone fin a la producción nacional de calzado para dos de las marcas deportivas más importantes del mundo. La empresa informó que paralizará sus operaciones entre el 17 y el 25 de julio y aseguró que abonará la totalidad de las indemnizaciones.

Lejos de responder a problemas financieros, la decisión obedece a un cambio en el modelo de negocios. Con la apertura de las importaciones, el grupo resolvió abastecer el mercado argentino con productos fabricados en sus ocho plantas de Brasil, donde los costos son menores, dejando sin actividad a la fábrica de Eldorado. A partir de ahora, Dass mantendrá únicamente operaciones comerciales y logísticas en Argentina, concentradas en sus centros de Coronel Suárez y Cañuelas.

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) atribuyeron el cierre a la combinación de apertura importadora, desplome del consumo interno y ausencia de políticas de protección para la producción nacional.

La clausura de la planta representa el desenlace de un proceso de achicamiento que comenzó en 2025, cuando la empresa cerró su establecimiento de Coronel Suárez y despidió a 360 trabajadores. Meses después, la planta de Misiones sufrió nuevas cesantías y el gremio ya advertía que la producción solo estaba garantizada hasta mediados de este año.

El caso de Dass no es aislado. Según datos del INDEC, la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual del 30,9% en noviembre de 2025, afectada por la retracción del mercado interno y el creciente ingreso de productos importados. En los últimos meses también cerraron la planta de John Foos en Beccar, que reemplazó la producción local por importaciones asiáticas, y la fábrica de suelas Gomas Gaspar en Córdoba, profundizando el retroceso del sector.

La crisis industrial también golpeó a Metalfor. La fabricante de maquinaria agrícola despidió a 35 trabajadores de su planta de Noetinger, Córdoba, en medio del partido de la Selección Argentina. Según denunciaron los operarios, habían acordado retirarse antes para ver el encuentro y, apenas dejaron la fábrica, comenzaron a recibir mensajes para retirar los telegramas de despido en el correo.

Los trabajadores sostienen que la empresa incumplió un acuerdo alcanzado en el marco del procedimiento preventivo de crisis y advierten que podría tratarse solo del inicio de un ajuste mayor. “No esperábamos despidos. Tengo 21 años en la empresa y hoy quedamos en la calle por decisiones de la directiva”, relató uno de los empleados cesanteados.

En un contexto de caída de la actividad, apertura de importaciones y reducción del consumo, el cierre de la última planta de Dass y los nuevos despidos en Metalfor vuelven a exponer el complejo escenario que enfrenta la industria argentina, con cada vez más fábricas que dejan de producir y más trabajadores que pierden su empleo.

El Gobierno confirmó este martes que Manuel Adorni continúa contando con custodia de la Policía Federal, a pesar de que ya no integra el gabinete nacional, una decisión que despertó cuestionamientos por su aparente contradicción con el discurso oficial de austeridad y reducción del gasto público.

Durante su segunda conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado sobre el beneficio otorgado al exfuncionario libertario y respondió que “el ex Jefe de Gabinete conserva esa custodia por motivos de seguridad”, sin brindar mayores precisiones sobre los criterios que justifican la medida.

Ante otra pregunta vinculada con las denuncias judiciales que involucran a Adorni, Ravier sostuvo que el caso “está claramente en la Justicia” y descartó que el Gobierno haya impulsado una investigación o auditoría interna para revisar su situación. De este modo, el Ejecutivo dejó en manos de la Justicia el avance de las causas y ratificó que el exfuncionario seguirá contando con protección oficial.

Tras haber conseguido postergar la indagatoria, el dirigente decidió no responder las preguntas del fiscal y, en cambio, pidió que la investigación vuelva a quedar exclusivamente en manos del juez Lino Mirabelli.

Aunque hizo uso de un derecho previsto por la legislación, la estrategia de Espert consistió en evitar la declaración indagatoria y concentrar sus cuestionamientos en el desarrollo de la investigación. A través de sus abogados, Julio Pueyrredón y Claudio Lamelas, sostuvo que recién dará su versión cuando, a su entender, estén garantizadas las condiciones de un proceso “objetivo e imparcial”.

La causa investiga una transferencia realizada en enero de 2020 desde la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. hacia una cuenta no declarada en el exterior atribuida a Espert. Según el fiscal Fernando Domínguez, el supuesto contrato de asesoramiento profesional que justificó ese pago habría sido una simulación. La defensa, en cambio, sostiene que el acuerdo existió y presentó una serie de correos electrónicos que, asegura, respaldan esa versión.

En lugar de responder sobre el fondo de la investigación, la defensa apuntó contra el trabajo del fiscal. Argumentó que existe otra causa relacionada con Fred Machado en los tribunales de Comodoro Py y reclamó que el juez Mirabelli retome la conducción del expediente. También cuestionó el alcance de las medidas de prueba, al considerar que la pesquisa avanzó sobre comunicaciones telefónicas y el patrimonio de personas ajenas a la causa.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, pese a haber obtenido una prórroga de la indagatoria precisamente para analizar el expediente, la defensa volvió a sostener que no contó con tiempo suficiente para estudiar la reconstrucción realizada por el fiscal. Según el escrito presentado, la imputación fue preparada durante meses bajo secreto y la defensa dispuso de pocos días para responder.

La investigación se inició a partir de una denuncia del diputado Juan Grabois, luego de que en una causa judicial en Estados Unidos contra Fred Machado, posteriormente extraditado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico, apareciera registrada la transferencia de fondos hacia una cuenta atribuida a Espert.

Ahora será el juez Mirabelli quien deba resolver si acepta el planteo del economista libertario para reasumir la dirección de la causa y definir cómo continuará una investigación en la que Espert, por el momento, optó por no dar explicaciones ante la Justicia.