Gracias a la Iniciativa Nacional de Supercómputo, y con un costo de 885 millones de pesos, Argentina tendrá una nueva supercomputadora a partir del mes de mayo, que será 40 veces más potente que la que se usa actualmente en el país.

El dispositivo, provisto por la empresa Lenovo, será instalado en el Data Center del Servicio Meteorológico Nacional, pero el organismo solamente usará un 10% de sus recursos: el resto podrá ser usado por el sistema científico nacional, brindando un recurso que el país necesitaba.

“El sistema de ciencia y tecnología de Argentina tiene un Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño (SNCAD), que nuclea a usuarios e instituciones que usan cálculo para hacer investigación. Este sistema realizó una evaluación del estado de la supercomputación en Argentina en 2019, y se detectó que Argentina tenía apenas un 10% de la capacidad de cálculo necesaria para muchas de las investigaciones que se llevan adelante en el país. En base a esa evaluación se decidió generar un centro nacional que provea capacidad de cómputo científico con una supercomputadora”, explicó Pablo Mininni, coordinador del Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño (SNCAD) del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT).

“A nivel tecnológico, las organizaciones necesitan más estas capacidades de cómputo. Por eso es una apuesta muy interesante, incluso en la región, por ser la segunda más poderosa de América Latina. Hay que tener visión para hacer estos proyectos, no tenés que pensar solamente en el hoy, sino también tomar decisiones para el futuro” afirma Carlos Ramos, Gerente General de Soluciones de Infraestructura en Lenovo.

Top 100 en el mundo

El dispositivo tiene una potencia de cómputo que la ubica en el puesto 82 del ranking mundial de computadoras más poderosas. Es, además, una de las dos computadoras más importantes de América Latina, estando la otra en Brasil.

Este equipo tiene una capacidad de 15,3 PetaFLOPs (Floating Point Operations Per Second u Operaciones de Coma Flotante por Segundo). Esto la ubica en el Top 500 de supercomputadoras, ranking que lidera la “Frontier”, de Hewlett-Packard Cray con un rendimiento de 1102 petaflops. “Es una herramienta que permite, por ejemplo, acortar los ciclos de investigación. El avance de las ciencias necesita cada vez más uso de datos, más ciclos. Y la Argentina es, junto con Brasil, el único país de Latinoamérica que apuesta a estos recursos”, aporta Ramos. “Cuando esté instalado en los próximos meses pondrá a la Argentina en una lista pequeña de países con supercomputadoras muy grandes”, detalla Mininni.

La compra del equipo de computación de alto desempeño está a cargo del Ministerio de Ciencia, que aportará unos $885 millones; mientras que la adecuación del espacio físico del Servicio Meteorológico Nacional para albergar a la supercomputadora contará con el aporte del Ministerio de Defensa, que aportará unos 250 millones de pesos.

Para qué se va a usar la supercomputadora

Al estar instalada en el SMN, este organismo utilizará un 10% del poder de cómputo del dispositivo. El SMN tiene desde hace 4 años una computadora de 370 teraflops. Esta máquina, también de Lenovo, es la que se usa para realizar los pronósticos en el país. La nueva computadora es 40 veces más poderosa, y cuenta con dos tecnologías diferentes.

“Las imágenes que tiene el SMN, que son las vemos que usan los medios, son procesadas por estas computadoras, lo que va a generar más datos, más información para que analicen los expertos, en este caso los meteorólogos, que tendrán más herramientas a partir de este avance tecnológico”, detalló Ramos. “El 90% de este equipo será usado por el sistema de ciencia y tecnología nacional, que incluye al Conicet, a las universidades, y a institutos de investigación. Como se hace en otros lugares del mundo, se realizarán concursos abiertos en forma periódica, para otorgar horas de cálculo en el sistema. Los usos son múltiples, pero puedo comentar los usos actuales que tienen las computadoras instaladas en el sistema nacional de cómputo: incluyen problemas de ciencias de la vida, el diseño de fármacos, análisis de grandes cantidades de datos, estudios de dinámica de fluidos y de estructuras, problemas de astronomía y astrofísica, problemas de física básica, prueba de nuevas tecnologías, y muchos otros problemas.”

Dónde va a estar, cuánto consume y qué tamaño ocupa

La supercomputadora va a estar en la sede central del Servicio Meteorológico Nacional, en Av. Dorrego 4019, en CABA. Consume 230 KW, y ocupa 4 racks (alrededor de 4 metros cuadrados). Si se lo compara con el equipo actual que usa el SMN para el pronóstico, los números sorprenden: tiene lo último en tecnología disponible hace 4 años, pero 40 veces menos capacidad de cálculo que el nuevo equipo.

Ocupa cerca de 7 metros cuadrados (sin contar la refrigeración). Las nuevas tecnologías permiten tener mucha más capacidad de cálculo manteniendo el consumo eléctrico casi igual, y reduciendo el tamaño. Esto tiene mucho que ver con el nuevo sistema de refrigeración elegido. Al enfriar cada procesador en forma directa, el sistema puede ser mucho más compacto y eficiente.

Fuente: AGENDAR

Carlos Foradori fue quien llevó adelante el nefasto acuerdo firmado el 13 de Septiembre de 2016 con su contraparte británica Alan Duncan, acuerdo conocido como Foradori – Duncan.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, le solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto, Santiago Cafiero, la Exoneración del Embajador Carlos Mario Foradori de la Cancillería Argentina por “haber actuado con temeridad, con conocimiento pleno de sus actos y consecuencias menoscabando la Constitución Nacional, Leyes Nacionales vigentes, Resoluciones de Naciones Unidas, Declaraciones nacionales refrendadas por el Honorable Congreso de la Nación, Declaración de Ushuaia, Declaraciones multilaterales emanadas de organismos o nucleamientos regionales, en perjuicio de los intereses de la República Argentina relativos a la cuestión Malvinas”.

Carlos Foradori fue quien llevó adelante el nefasto acuerdo firmado el 13 de Septiembre de 2016 con su contraparte británica Alan Duncan, acuerdo conocido como Foradori – Duncan que dejaba en manos de los usurpadores de Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y espacios marítimos usurpados, la iniciativa para avanzar en mejorar la explotación de los bienes naturales en la zona ocupada ilegalmente por la potencia neo-colonial militar, así también mejoraba la logística para la usurpación con un vuelo que operaba desde San Pablo directamente hasta la Fortaleza Militar de Monte Agradable ubicada en la Isla Soledad a 80 km al oeste de Puerto Argentino.

Texto completo de la solicitud del Centro de excombatientes al Canciller:

10 de Abril de 2023

Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto

Dr. Santiago Cafiero

Por la presente venimos a solicitar al Sr Canciller Argentino la exoneración del Servicio Exterior de la República Argentina del Embajador D Carlos Mario Foradori que continúa siendo numeral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

El Embajador D. Carlos Mario Foradori ha actuado con temeridad, con conocimiento pleno de sus actos y consecuencias menoscabando la Constitución Nacional, Leyes Nacionales vigentes, Resoluciones de Naciones Unidas, Declaraciones nacionales refrendadas por el Honorable Congreso de la Nación (v.g. Declaración de Ushuaia), Declaraciones multilaterales emanadas de organismos o nucleamientos regionales, en perjuicio de los intereses de la República Argentina relativos a la cuestión Malvinas, en su amplia caracterización, a saber: soberanía territorial, marítima, hidrocarburífera, ictícola, acuífera, alimentaria, antártica, entre otras.

El 13 de septiembre de 2016 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina daba a conocer un comunicado conjunto como resultado de la reunión que mantuvo el Vicecanciller Carlos Mario Foradori y el Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan. Dicho comunicado implicó la consumación de una serie de inobservancias, sino vulneraciones flagrantes, a la Constitución Nacional y diversas Leyes Nacionales vigentes.

En primer término, se vulneraba la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional que establece:

La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Por su parte, el comunicado conjunto, contrariaba grandes logros de la diplomacia argentina, como por ejemplo la Resolución 2065/65, resultado de la labor del entonces Embajador José María Ruda ante el Subcomité III del Comité Especial Encargado de Examinar la Situación con Respecto a la Aplicación de la Declaración de la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.

Los términos del comunicado conjunto vulneraban también los términos de la Ley 24.922 que establece el Régimen Federal de Pesca, en particular los artículos 4°, 5°, 7° y 9°, 17, 21 y 22. El comunicado violaba las prescripciones de la Ley 26.659 de Hidrocarburos, puntualmente en lo que concierne a las previsiones de los artículos 1° y 2°.

A nadie puede escapársele el desarrollo de las prácticas ilegales, de acuerdo a la legislación argentina, que empresas extranjeras desarrollan en nuestras aguas y en relación a nuestra plataforma continental, con la anuencia de un Estado que ejerce una posesión ilegal, ilegítima y colonial sobre el territorio insular argentino. De esta forma, cualquier acto emanado de un funcionario que tienda a convalidar, saludar, autorizar o ser condescendiente con dichas prácticas resulta ilegal y arbitrario, pues es contrario a las previsiones de las normas nacionales que rigen la materia.

Por otro lado, en febrero de 2012, “Todas las fuerzas políticas de las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación suscribieron la declaración de Ushuaia que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”1. Entre los términos de la Declaración de Ushuaia puede leerse:

1 – La legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tal como lo establece la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, en su condición de partes integrantes del territorio nacional, en consonancia con lo dispuesto por la ley 26.552, que fija los límites de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y por la documentación que establece la delimitación de la plataforma continental argentina, presentada por el gobierno argentino ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, en cumplimiento de lo dispuesto por el Anexo II de la Convención sobre Derecho del Mar.

2– Su total convicción acerca de la situación colonial de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur que afecta la integridad territorial de la República Argentina y de que la disputa entre los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre esos territorios debe resolverse pacíficamente, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante las Resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, que instan a ambos gobiernos a proseguir las negociaciones, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, conforme a las recomendaciones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, y a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras continúe el proceso de negociación.

3 – Su reafirmación de la vocación por el diálogo y la paz de la República Argentina respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en un esfuerzo sostenido para recuperar el ejercicio de la soberanía sobre esos territorios, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional. En este sentido, una vez más instamos a las negociaciones de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

4 – Su advertencia ante la comunidad internacional y las Naciones Unidas de la militarización e introducción de armas nucleares en el Atlántico Sur, por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en violación de la Zona de Paz (Resolución Asamblea General ONU 41/11) y el rechazo a la realización de prácticas contrarias a la necesidad de mantener a la región libre de medidas de militarización, de carreras armamentísticas, de presencia militar extraregional y de armas nucleares.

5 – Su rechazo a la persistente actitud colonialista y militarista del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Atlántico Sur, vulnerando los legítimos derechos soberanos de la República Argentina y desconociendo las Resoluciones de las Naciones Unidas que instan a la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera en la Cuestión de las Islas Malvinas.

6– Su condena a las acciones unilaterales ilegítimas de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en materia pesquera e hidrocarburífera que violan las diversas resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y su denuncia del potencial peligro de un desastre medioambiental en el Atlántico Sur como consecuencia de actividades ilegales del Reino Unido en la zona.

En este sentido, nuestra posición es acompañar todas las decisiones que conviertan a la República Argentina en un activo participante de las acciones de protección del medio ambiente en la Antártida y el Atlántico Sur.

¿Se pueden desconocer dichas normas? ¿Es propio de los deberes de un funcionario público de primera línea el conceder en forma unilateral ventajas fácticas y jurídicas a una potencia que detenta el territorio en modo ilegal e ilegítimo? ¿Es propio de la debida diligencia de un funcionario el convalidar situaciones de pesca y/o exploración/explotación hidrocarburífera ilegal? ¿Qué ventajas obtendría nuestra Nación? ¿Qué rédito o retorno? La soberanía, como surgió del comunicado, no se discutiría y, para colmo, se convalidaba la explotación ilegal de nuestros bienes naturales…

Extraña casualidad (¿o causalidad?), que dicho comunicado se conociera en tiempos en que la entonces Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Da. Susana Mabel Malcorra se encontraba en una carrera individual por suceder al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon (fue la propia Canciller quien afirmó “Hasta ahora tuvieron una canciller part-time, ahora van a tener una full time”). No es casual, tampoco, que Gran Bretaña sea uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con poder de veto.

Las cuestiones consignadas, conjugadas con las preguntas efectuadas previamente, y con el ostensible menoscabo a nuestra Constitución Nacional, Leyes, Declaraciones, Resoluciones, entre otras, configuran a nuestro juicio, un flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público de la entonces Canciller y del entonces Vicecanciller Carlos Foradori, que aún cumple funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

A lo expuesto, debe añadirse el hecho de que “el 23 de septiembre de 2016 se había llevado a cabo en Nueva York la Reunión Anual de Ministros del Grupo 77 más China”. En dicha reunión se acuñó una Declaración Ministerial relativa a la cuestión Malvinas 2.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros del Grupo de los 77 y China se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de septiembre de 2016 con motivo de su cuadragésima reunión anual. Los Ministros examinaron la situación económica mundial, los recientes desarrollos en el mundo y los problemas particulares que enfrentan los países en desarrollo en las áreas económicas, sociales y medioambientales y adoptó la siguiente Declaración:

146. Recordando que el 16 de diciembre del año 2015 marcó el 50 aniversario de la aprobación de la resolución de la Asamblea General de la ONU 2065 (XX), la primera resolución que se refiere específicamente a la Cuestión de las Islas Malvinas, los Ministros reafirmaron la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que reanuden las negociaciones de conformidad con los principios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea general, con el fin de encontrar, tan pronto como sea posible, una solución pacífica a la disputa de soberanía relativa a “la Cuestión de las Islas Malvinas”, que perjudica seriamente la capacidad económica de la República Argentina y la necesidad de que ambas partes para que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por la proceso recomendado por la Asamblea general.
147. En este sentido, los ministros reconocieron el derecho de la República Argentina para tomar acciones legales con pleno respeto al derecho internacional y las resoluciones pertinentes contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en el ámbito mencionado.

Si aun así se sostuviera la línea de la “renovación de votos de confianza para avanzar en una relación bilateral”, se puede argüir con el peso de la historia oficiando de acervo probatorio (¡Y con los hechos actuales aquí consignados!), que el Reino Unido se ha encargado en forma sistemática de incumplir los acuerdos y conversaciones forjadas con la República Argentina, desde el germen del colonialismo (1833 con la ocupación por la fuerza), hasta nuestros días. Las amenazas de que la Potencia extranjera incurra en nuevos incumplimientos son extremadamente elevadas como para forjar una nueva línea de relación en que la única cuestión central, a saber, la soberanía, quedaba suspendida.

El sostenimiento de la Paz resulta un presupuesto indispensable para la consagración de los derechos fundamentales. A tal punto, que ha adquirido el carácter de Derecho Humano, merced a la constatación del impacto que el belicismo generan en los pueblos, y la vulneración de derechos que trae aparejado. Nuestro Estado, además de ser una Nación de Paz, se ha opuesto a los múltiples ejercicios militares, y los anuncios que ha realizado el Reino Unido al respecto.

Ello, sumado a la incorporación plena de los principios, lineamientos y objetivos que surgen en forma indubitable de la Carta de las Naciones Unidas, que debe operar de marco hermenéutico y teleológico para el obrar de los funcionarios (en representación del Estado), merced al principio de buena fe (Viena 1969), tornan contrarios al obrar legal (Constitucional) de los funcionarios, los términos expresados en el comunicado conjunto promovido por Carlos Foradori.

¿En qué medida los términos del comunicado conjunto apuntaban al desarme del Atlántico Sur? ¿Cuáles eran las obligaciones que el Reino Unido asumiría al respecto? ¿Qué beneficios traía aparejados para nuestro país y la región? Las respuestas son alarmantes. El comunicado conjunto suponía la convalidación vía aquiescencia de un obrar lesivo del Derecho Humano a la Paz en perjuicio del pueblo argentino, y de la región en su conjunto.

Los funcionarios intervinientes han operado en nombre y representación del Estado argentino, han jurado por su Constitución Nacional y sus Leyes, por qué entonces convalidaron y sostuvieron un comunicado oficial que producía efectos jurídicos conforme las previsiones de Viena (1969), y que devastaba la posición argentina en torno a su reclamo por la soberanía de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y menoscababa el soberano interés de la República Argentina (¡Y sus derechos, que son los del pueblo argentino!) sobre su territorio, sus mares y sus bienes naturales y minerales. Cualquier respuesta simple, constituirá una burla a la inteligencia más elemental, y es por ello que aún nos hallamos con la presencia de un funcionario formado en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación que ofende la histórica reivindicación de soberanía y de los logros fundamentales de nuestra cancillería en el reclamo de los territorios usurpados en 1833.

Es por lo sintéticamente expuesto que le solicitamos la Exoneración del Embajador Carlos Mario Foradori de la Cancillería Argentina.

Sr. Canciller el Acuerdo Foradori – Duncan ya quedo desterrado, la temeridad insoslayable en relación a una temática tan cara al sentimiento nacional, demostrada por Carlos Mario Foradori en las funciones en las que se desenvolvió, es el porqué de la premura de esta solicitud.

Ernesto Alonso

Secretario de DDHH

Fuente: agendamalvinas

“Se cumplieron 15 años de gestión macrista y el saldo, en todas las áreas de gobierno, es deficitario”, sostuvo el titular del PJ de la Ciudad, Mariano Recalde.

El Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires presentará el 11 de abril el libro “Una Ciudad para pocos”, en lo que será un recorrido por los 15 años de la gestión del PRO en el territorio porteño.

El próximo martes a las 18 hs. presentaremos el libro "Una Ciudad para pocos".

👉🏻 Un balance de 15 años de gobierno macrista.
👉🏻 Un trabajo colectivo de todos los espacios que integran @TodosCaba.

Los esperamos! pic.twitter.com/DtphnjrbqC

— Mariano Recalde (@marianorecalde) April 5, 2023

El libro será presentado en el Complejo C Art Media ubicado en avenida Corrientes 6271 de la ciudad de Buenos Aires y comulga el trabajo de especialistas, técnicos y representantes de distintos espacios políticos, sociales, culturales y sindicales del distrito.

“Se cumplieron 15 años de gestión macrista y el saldo, en todas las áreas de gobierno, es deficitario: no se hizo más que profundizar las desigualdades y desatender demandas fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, los espacios verdes, entre muchas otras”, opinó Recalde en sus redes sociales.

En la publicación distintos partícipes analizarán los dos mandatos de Mauricio Macri como titular de la administración porteña y los dos del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y se detallan las propuestas del FdT para “una ciudad justa, inclusiva y desarrollada”.

La propuesta es el resultado de lo planteado en el foro a “15 años de gobierno para pocos / Foro por una ciudad para todos” que realizó el FdT porteño en la Facultad de Ciencias Sociales el pasado 19 de noviembre y donde se acordó consolidar un frente opositor para generar una alternativa posible para “los porteños y porteñas en 2023”.

Fuente: nuevaciudad

Durante el año 2022, la entidad de la presidente del PRO recibió ingresos en concepto de ‘seminario’ por “montos que superan los $60.000.000”, aseguró la Inspección General de Justicia y agregó que fueron dedicados al financiamiento de acciones de “proselitismo”.

La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió este lunes “intervenir judicialmente” la fundación que preside Patricia Bullrich, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), por haber “estructurado un sistema de ingresos y egresos” destinado a “financiar” acciones de “proselitismo político” a través de “seminarios, almuerzos y/o aportes”.

“La IGJ resuelve encomendar al departamento de asuntos judiciales de esta IGJ la promoción, en forma inmediata, de la acción judicial de intervención contra la persona jurídica denominada IEES, requiriendo el desplazamiento de los integrantes de su Comisión Directiva”, indicó en un documento el organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

Tras investigar los movimientos dinerarios y actividades de sus directivos en 2022, la IGJ determinó que se trata de “una asociación sin fines lucrativos” a través de la que se desplegaron actividades “presuntamente lícitas en origen” pero que tiene como fin “el sostenimiento económico de una campaña política de proyección nacional”.

“Bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro, se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar -en todo o en parte- acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado”, resaltó.

Además, apuntó a los millonarios montos que recibió el IEES por “seminarios, almuerzos y/o aportes” y los pagos por “viajes” -que se relacionan con la agenda política de Bullrich- y facturas emitidas a “consultores políticos” cercanos a la campaña de la jefa del PRO.

Sobre los ingresos por “seminarios”, detalla por lo menos 10 pagos recibidos de distintas personas que suman montos millonarios. El texto ejemplificó el envío de dinero que realizó David Lacroze Ayerza a la fundación, quien de junio a diciembre de 2022 hizo transferencias por “una cifra cercana a los $3.000.000” por “seminarios, almuerzos y/o aportes”.

La denuncia también tilda de “llamativo” el ingreso de $1.600.000 entre julio y octubre de ese mismo año de empresas como Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz como “aporte/donación” en julio y como “seminario” en los sucesivos meses, “siendo todos los pagos por el mismo monto”.

Fuente: con información de TELAM

LN+ podría ser sancionado “ante la presunta violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en el programa +Viviana”, en el que participaron Viviana Canosa y Laura Di Marco.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) inició hoy un sumario a la señal televisiva LN+ “ante la presunta violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en el programa +Viviana”, conducido por la periodista Viviana Canosa con la intervención de su colega Laura Di Marco como entrevistada, “donde se habrían difundido enunciados estigmatizantes y discriminatorios sobre la vicepresidenta de la Nación y su hija”.

El ENACOM dijo en un comunicado que “producto de las expresiones vertidas el día 06 de abril de 2023” en ese programa “pone en conocimiento de la ciudadanía las acciones que tomará conforme a la Ley N°26.522 (LSCA), que regula la actividad de los servicios de comunicación audiovisual”.

El ente dispuso la medida luego de que las periodistas se refirieran a supuestos problemas de salud de Florencia Kirchner y a una presunta responsabilidad en ese sentido de su madre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El ENACOM indicó que “durante esta etapa se llevará adelante un proceso de análisis y evaluación del programa en cuestión, y en caso de concluir que el mismo contraviene la normativa, se procederá a iniciar el cargo pertinente de conformidad con lo previsto en el artículo 102” de la ley “para que el responsable de la señal LN+ haga su descargo”.

“Finalmente, y concluida esta etapa, se analizará si corresponde la aplicación de las sanciones previstas en los artículo 103 y 110” de la ley, se explicó.

El artículo 103 prevé “Llamado de atención; Apercibimiento; Multa del cero coma uno por ciento (0,1%) al diez por ciento (10%) de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho pasible de sanción. El instrumento mediante el cual se determine la multa tendrá el carácter de título ejecutivo; Suspensión de publicidad; Caducidad de la licencia o registro”.

El artículo 110 establece que “la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta lo siguiente: La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente; La repercusión social de las infracciones, teniendo en cuenta el impacto en la audiencia; El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción”.

“La LSCA establece dentro de los objetivos de los contenidos de los servicios regulados por ella: ‘… La defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; ..La actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos; ..Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual..”, recordó el ENACOM.

“Además, el artículo 70 de la norma dispone que “La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”, añadió.

También reseñó que “el artículo 71 establece que “Quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes 25.926, sobre pautas para la difusión de temas vinculados con la salud, 26.485 -Ley de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres- en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, así como de sus normas complementarias y/o modificatorias y de las normas que se dicten para la protección de la salud y de protección ante conductas discriminatorias”.

Fuente: infonews

Los metrodelegados continúan con su reclamo de tener dos francos para «reducir la exposición al asbesto»

El lunes al mediodía comenzará una medida de fuerza que llega después de que la empresa hiciera oídos sordos a los reclamos de trabajadores y trabajadoras quienes, al igual que el público, pasan horas frente a una sustancia cancerígena. Piden que si no la van a sacar les bajen las horas de la jornada.

La Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) realizará una medida de fuerza este lunes en reclamo de una “reducción de la jornada semanal para obtener dos francos semanales con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores a múltiples factores insalubres y nocivos”. Se trata de una nueva reacción ante la falta de respuestas a sus pedidos de terminar con el asbesto en los trenes.

Por la medida gremial, las líneas B y C tendrán liberados sus molinetes de 13 a 14 y luego, a partir de esa hora y hasta las 16, el servicio se verá interrumpido.  “A las condiciones dañinas para la salud inherentes a nuestro ámbito de trabajo (alteración de ritmos circadianos, microondas, electromagnetismo, microparticulados minerales y metálicos en suspensión, enrarecimiento del aire y falta de oxigeno entre otros) se le suma la presencia del cancerígeno asbesto en toda la red”, señalaron desde la organización sindical.

En ese sentido, indicaron que “el asbesto es un elemento prohibido por ley, en su venta y comercialización, y que tiene consecuencias fatales para el cuerpo humano que resulta expuesto a este mineral”. “Desde la AGTSyP hemos presentado un amparo colectivo exigiendo el retiro inmediato del asbesto y todos los elementos contaminados de la red de subterráneos, incluidos los trenes de la línea B, E y C que lo contienen, que ha sido concedido y ratificado por la justicia porteña”, apuntaron.

Los metrodelegados aseguraron que ya suman tres los trabajadores fallecidos por asbestosis y hay más de 80 afectados por el mineral cancerígeno. “Esta realidad afecta, y pone en riesgo también, a los millones de usuarios que utilizan el transporte subterráneo todos los días. Como ya lo hemos denunciado, una verdadera crisis sanitaria bajo tierra a la que el Gobierno de la Ciudad y Emova esconden y niegan en forma criminal. Seguimos exigiendo la reducción de la jornada semanal, la desabestización inmediata de toda la red y el cambio de las flotas contaminadas”. 

Por todo ello, anticiparon que continuarán con las medidas de fuerza “hasta obtener la respuesta que permita salvaguardar” la salud de los empleados del subterráneo y los usuarios”.

Una «crisis sanitaria bajo tierra»

Definiendo la situación como «una verdadera crisis sanitaria bajo tierra a la que el Gobierno de la Ciudad y Emova intentan desconocer», exigieron «la desabestización inmediata de toda la red, el cambio de las flotas contaminadas, la reposición del personal faltante y la reducción de la exposición a los factores insalubres mediante la implementación de dos francos semanales para todos los trabajadores».

El asbesto es un mineral prohibido por ley en nuestro país desde principios de siglo por ser altamente cancerígeno. La ley prohíbe su compra, venta, uso, manipulación y exposición por las consecuencias fatales para el cuerpo humano.

La crisis sanitaria del subte llego a la prensa alemana

Fuente: con información de Gestión Sindical, infonews y DW

El proyecto se denomina ALOFT (Autonomous LEO Formation Flying Technology), consistirá en el lanzamiento de “enjambres” de pequeños satélites capaces de compartir recursos en órbita y cooperar entre sí

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la Argentina anunció que se prepara para una nueva misión satelital de “demostración tecnológica” que, en otras palabras, contribuirá a una arquitectura espacial distinta y significará un antes y después para la industria espacial nacional. El proyecto se denomina ALOFT (Autonomous LEO Formation Flying Technology) y busca que, en una arquitectura segmentada, se lleve a cabo el lanzamiento de “enjambres” de pequeños satélites capaces de compartir recursos en órbita y cooperar entre sí, a través de la combinación de la información de sus instrumentos, con tiempos de fabricación y costos más reducidos.

Según declaraciones de involucrados en el proyecto, la CONAE “aspira a situar a nuestro país como un promotor destacado de la nueva tecnología de sistemas satelitales distribuidos en vuelo en formación” en línea “con el Plan Nacional Espacial, y en sintonía con las tendencias globales”. Esta misión está conformada por dos nano satélites llamados Cube-Sats, con los cuales busca experimentar y validar tecnologías de vuelo en formación y comunicación intersatelital. “Estos sistemas responden al concepto de arquitectura segmentada, que permite distribuir entre pequeños satélites, enlazados inalámbricamente, funciones tradicionalmente ejecutadas a bordo de un único satélite monolítico de gran tamaño”, explicó Martín España, parte del proyecto. 

En este sentido, ALOFT buscará probar en el espacio diversos conceptos de navegación y control orbitales para el vuelo en formación autónomo, gracias a los dos nanosatélites que forman parte de la tecnología más avanzada disponible comercialmente. Asimismo, estos dos Cube-Sats estarán equipados con micro-propulsores, enlaces de comunicación intersatelital y un receptor GNSS de última generación (multiconstelación y multibanda) diseñado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El objetivo principal es que estos sean lanzados de aquí a tres años, a una órbita de entre 500 y 700 kilómetros de altura sobre la Tierra.

Lo novedoso de este proyecto es que las misiones actuales cuentan con satélites monolíticos que pueden conformar una constelación, como los SAOCOM o Starlink, pero no vuelan en formación ni colaboran entre ellos. A diferencia de estos, el nuevo paradigma hará que los satélites no formen parte de constelaciones sino de enjambres, por lo que pueden intercambiar información entre ellos y manteniendo sus posiciones relativas de manera segura pero laxa. 

Fuente: CONAE

La oposición quiere instalar la necesidad de la privatización de las distintas áreas estratégicas del país, detrás de esta idea hay intereses económicos y geopolíticos, nuestra línea aérea de bandera no escapa a la vorágine de propuestas destructoras del macrismo

La AFIP informó que a partir de estos controles en corralones, en los que también se detectó un 15% de trabajadores con irregularidades en su relación laboral, se “intensificarán las acciones de fiscalización en las empresas que fabrican, distribuyen y venden cemento”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó diferencias en las ventas declaradas de cemento en 178 corralones de materiales por una suma superior a los $ 1.700 millones.

La AFIP pudo determinar esas diferencias a partir del cruzamiento de información entre las bases informáticas en contraste con lo declarado por los contribuyentes relevados en los procedimientos. Asimismo, se determinó que esa suma tendría un impacto cercano a los $295 millones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y superior a los $595 millones, en Ganancias. Producto de esta investigación, se labraron 53 actas por infracciones formales y 19 actas de clausura.

Los controles se enfocaron en verificar la emisión de comprobantes fiscales, la inscripción de los contribuyentes en el régimen de información de compras y ventas, las diferencias de inventario en las bolsas de cemento y la verificación tanto de la existencia como la legitimidad de los proveedores y clientes de las empresas. Por otra parte, también se relevó a un total de 1.037 trabajadores que se encontraban en los establecimientos y se detectó que el 15% presentaba irregularidades.

A partir de estos resultados, la AFIP intensificará las acciones de fiscalización en las empresas que fabrican, distribuyen y venden cemento. Se controlará el traslado de la mercadería para evitar la comercialización en el mercado informal al tiempo que se trabajará en conjunto con otros organismos nacionales para detectar y combatir el lavado de dinero.

Estos controles se suman a las medidas ya implementadas por la AFIP en otros sectores de la economía, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento tributario y mejorar la recaudación fiscal y se espera que estos nuevos controles contribuyan a mejorar la transparencia, la legalidad en la comercialización del cemento, y a combatir tanto la evasión fiscal como el comercio ilegal en el sector.

Fuente: con información de TELAM y Ámbito.

La vicepresidenta tuiteó en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Londres que ordenó al Estado argentino a pagar 1.300 millones de dólares a tenedores de bonos extranjeros.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se expresó este jueves en contra del fallo judicial del Tribunal Superior de Londres que ordenó al Estado argentino a pagarle 1.300 millones de dólares a fondos inversores que denunciaron una alteración en el método de cálculo de una serie de bonos denominados “cupones PBI”

En su cuenta de Twitter, Fernández de Kirchner compartió la opinión sobre el caso de Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, y dijo: “Precisa y objetiva descripción de los hechos, que no solo desnuda algo más grave: los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho, pero si a darles rentabilidades extraordinarias”.

Y agregó: “Y esto, más allá que la referida sentencia no es definitiva y va a ser apelada por el país, refleja la verdadera tragedia histórica de Argentina: su endeudamiento financiero y Clarín jugando, como siempre, para afuera”.

Precisa y objetiva descripción de los hechos, que no solo desarma otra mentira de Clarín, sino que desnuda algo más grave: los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho, pero si a darles rentabilidades extraordinarias.
Y… https://t.co/WmYxf6yHdg

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

El Tribunal de Londres falló en contra de la Argentina

El Tribunal Superior de Londres falló esta semana en contra del Estado argentino en el juicio que se tramita por el método de cálculo de una serie de bonos de deuda, conocidos como “cupones PBI”.

La decisión judicial determina que una serie de fondos deberán recibir una compensación de cerca de 1.330 millones de euros (US$ 1.500 millones) por haber registrado pérdidas vinculadas con el un cambio en el método de calcular el Producto Bruto Interno (PBI), con el cual estos bonos estaban atados, según un cable de la agencia Bloomberg.

La demanda fue iniciada en 2019 por los fondos HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC, Virtual Emerald International Ltd. y Palladian Partners LP.