Manuel Adorni intentó defenderse públicamente, pero su descargo terminó convirtiéndose en un verdadero enredo que lo dejó aún más expuesto.

En la conferencia de prensa que organizó para despejar las denuncias en su contra, el propio Manuel Adorni terminó complicándose solo: en medio de su explicación, reveló casi al pasar que posee otro departamento en Caballito, un dato que no había sido mencionado previamente.

Lejos de aclarar la situación, la admisión generó más dudas que certezas. Mientras buscaba desmentir la existencia de una supuesta mansión en Martínez, terminó reconociendo la propiedad de un inmueble en la calle Miró al 500. Según información confirmada posteriormente, ese departamento fue adquirido sin haber vendido la vivienda en la que residía al ingresar al Gobierno, en Parque Chacabuco.

Los registros oficiales muestran que Adorni figura como copropietario, junto a su esposa Bettina Angeletti, de ambas propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. Así, su intento de aclaración derivó en una situación más compleja: no solo no logró ordenar su versión, sino que dejó expuesta una acumulación de bienes difícil de explicar con su ingreso como funcionario.

A esto se suman otras decisiones que alimentan la polémica, como gastos en dólares para viajes —incluyendo un pasaje en clase ejecutiva para su esposa y vuelos privados—, lo que refuerza los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Dentro del oficialismo, incluso, algunos lo vinculan con el estilo del presidente Javier Milei, recordando su autodefinición previa como “especialista en crecimiento económico con o sin dinero”.

En ese contexto, lo que debía ser una defensa terminó funcionando como una pieza que agravó el cuadro: Adorni no solo no despejó las sospechas, sino que, con sus propias palabras, profundizó el laberinto en el que quedó atrapado.

En una decisión que generó fuerte polémica y críticas, Argentina protagonizó un episodio controvertido en la Organización de las Naciones Unidas al rechazar una resolución que califica la esclavitud y la trata transatlántica de personas africanas como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia.

La iniciativa, aprobada por una amplia mayoría en la Asamblea General, obtuvo 123 votos a favor, solo tres en contra y 52 abstenciones. Sin embargo, el gobierno argentino decidió ubicarse una vez más en el reducido grupo que rechazó el texto, junto a Estados Unidos e Israel, en una postura que lo dejó aislado frente al consenso internacional.

La votación coincidió con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, un marco clave en la lucha global contra el racismo, lo que profundizó el impacto simbólico de la decisión.

Un sistema de explotación sin precedentes

El documento aprobado sostiene que la esclavitud racializada y la trata de africanos constituyeron un sistema de explotación único en la historia, extendido durante más de cuatro siglos, en el que millones de personas fueron reducidas a la condición de propiedad hereditaria.

Según la resolución, este sistema no solo implicó violencia extrema, sino que también estableció estructuras legales, económicas y sociales basadas en jerarquías raciales cuyos efectos persisten hasta la actualidad.

Uno de los puntos centrales del texto es que los crímenes vinculados a la esclavitud no prescriben, por lo que los Estados tienen la responsabilidad de reparar sus consecuencias. Entre las medidas propuestas se incluyen disculpas oficiales, indemnizaciones, restitución de bienes culturales y políticas activas contra el racismo estructural.

Además, se impulsa el fortalecimiento de la educación, la investigación histórica y la preservación de la memoria colectiva sobre este período.

Argentina, en el centro de la controversia

El dato político más resonante fue el voto negativo de Argentina, que contrastó con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional. La decisión generó cuestionamientos por alejar al país de una postura ampliamente consensuada en torno a la condena de uno de los sistemas de opresión más brutales de la historia.

La resolución se aprobó en el marco del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes, una iniciativa impulsada por la ONU para promover la igualdad, combatir el racismo y avanzar en la reparación histórica. En ese contexto, la posición argentina no solo resultó llamativa, sino que también intensificó el debate político y diplomático sobre su alineamiento internacional.

La crisis económica alcanza niveles alarmantes: casi 6 de cada 10 familias (56,4%) tuvieron que endeudarse en los últimos meses para cubrir gastos básicos como comida, servicios o alquiler. Pero el dato más grave es otro: 9 de cada 10 hogares ya tienen dificultades para pagar esas deudas, evidenciando una situación al límite.

El relevamiento de la consultora Zentrix confirma un deterioro generalizado: los ingresos no alcanzan y la deuda dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un mecanismo de subsistencia. Hoy, la mayoría de los créditos se destinan a cubrir gastos cotidianos, no a invertir ni a generar ingresos futuros.

La raíz del problema es clara: el 83,9% asegura que su salario pierde contra la inflación, mientras más de la mitad de la población ni siquiera logra llegar al día 20 de cada mes. Este desfasaje empuja a los hogares a una espiral crítica: caída del poder adquisitivo, endeudamiento para cubrir lo básico y creciente incapacidad de pago.

El impacto ya se siente en todo el sistema: aumenta la morosidad en bancos y billeteras virtuales, y las entidades endurecen el acceso al crédito ante el riesgo de incumplimientos masivos.

El malestar también se refleja en lo social y político. Más de la mitad de la población (53,3%) desaprueba la gestión del Gobierno, con una suba significativa respecto a mediciones anteriores, en un contexto donde crece la percepción de que los datos oficiales no reflejan la realidad cotidiana.

El diagnóstico es contundente: el ajuste ya no es una variable macroeconómica, sino una crisis directa en los hogares, donde cada vez más familias dependen de la deuda para comer y, al mismo tiempo, quedan atrapadas en una situación cada vez más difícil de sostener.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, centró su mensaje en el carácter económico del último golpe de Estado en la Argentina, al cumplirse medio siglo del quiebre institucional.

A través de sus redes sociales, remarcó que la dictadura no puede analizarse únicamente por su faceta represiva, sino también por el modelo económico que buscó imponer.

“A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico”, afirmó. En ese sentido, explicó que el régimen tuvo como objetivo transformar la estructura productiva del país: “Se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar la economía y precarizar el trabajo”.

Kicillof sostuvo además que ese programa económico requirió un profundo debilitamiento del tejido social. “Además de quebrar la Democracia, se buscó quebrar a las organizaciones, la solidaridad y sofocar cualquier esperanza colectiva de una sociedad más justa”, señaló.

El mandatario también puso el acento en el sentido actual de la memoria histórica. “No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, defender el futuro y no naturalizar nunca la violencia contra la Constitución y la dignidad de nuestro pueblo”, expresó.

Finalmente, destacó el papel clave de los organismos de derechos humanos en la reconstrucción democrática: “Esta etapa fue posible por la valentía de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre”.

La publicación estuvo acompañada por un video alusivo que repasa hechos de la última dictadura cívico-militar.

A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro… pic.twitter.com/nqXBakQyWy

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2026

Una nueva encuesta nacional revela un cuadro crítico para el gobierno de Javier Milei, con indicadores que muestran un deterioro simultáneo en la confianza pública, la economía y la credibilidad institucional.

La desaprobación a la gestión trepó al 64% —con fuertes subas en apenas un mes— y la imagen negativa del Gobierno ya alcanza el 62%, configurando el peor registro desde el inicio de la administración. Este rechazo no aparece aislado: se combina con una caída sostenida en la intención de voto y un desplome de las expectativas a futuro.

El dato más contundente surge del frente económico. Ocho de cada diez argentinos no logran cubrir sus gastos mensuales o apenas llegan con lo justo, consolidando un escenario de ajuste permanente. A esto se suma una percepción mayoritariamente negativa: el 61% cree que el país está peor que hace un año y el 65% duda de la capacidad oficial para sostener la baja de la inflación.

En paralelo, emerge un factor especialmente sensible para el discurso oficial: la pérdida de credibilidad. El 71% desconfía de los datos del INDEC, erosionando uno de los principales pilares del relato económico del gobierno. Sin confianza en las estadísticas, incluso los logros que el oficialismo intenta mostrar pierden impacto político.

La imagen presidencial también acusa el desgaste: predomina la valoración negativa y cae el apoyo electoral, mientras que la evaluación de la gestión es desfavorable en áreas clave como lo social, lo económico y la política exterior.

Finalmente, otro dato enciende alarmas: la corrupción e impunidad aparece como la principal preocupación social. Esto tensiona directamente la narrativa fundacional del oficialismo, basada en la promesa de combatir a “la casta” y sanear el Estado.

En conjunto, los números no solo reflejan malestar, sino un escenario de desconfianza creciente y fragilidad política, donde el desafío para el gobierno ya no es solo económico, sino reconstruir legitimidad en una sociedad que muestra signos claros de ruptura con sus expectativas iniciales.

Una nueva factura por el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este volvió a encender alarmas y profundiza una situación cada vez más comprometida para el jefe de Gabinete, en medio de inconsistencias, versiones cruzadas y crecientes dudas judiciales.

El comprobante, fechado el 9 de marzo, fue emitido por un broker aeronáutico a nombre del periodista Marcelo Grandio, quien ya había afrontado el costo del viaje de ida a través de una de sus empresas. El documento presenta irregularidades tanto en la fecha como en el monto, y se suma a una trama que no deja de complejizarse y que complica cada vez mas la situación del funcionario libertario.

La investigación judicial sobre los vuelos privados de Adorni incorpora así un nuevo elemento que pone el foco en su regreso desde Punta del Este y en el rol de su entorno cercano. El broker Agustín Ismel Issin, quien figura en documentación previa vinculada a paquetes de vuelos, aparece nuevamente como intermediario en la operación.

Según los registros, Issin —piloto y socio en Jag Aviation— adquiere paquetes de vuelos para su reventa a clientes privados. Una factura anterior, emitida en febrero por 42.250 dólares, incluía el tramo de regreso del funcionario. En paralelo, ya se había conocido otro comprobante por el vuelo de ida, por 4.830 dólares, emitido a una productora vinculada a Grandio, quien además habría alojado a Adorni durante su estadía en Uruguay.

El nuevo documento, emitido el mismo día en que el caso tomó estado público, consigna únicamente el tramo “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO” por un valor de 3.000 dólares, una cifra inferior al trayecto inicial. En el sector aeronáutico no descartan que su emisión haya sido una reacción a la repercusión mediática del caso, lo que agrega más interrogantes.

En este contexto, la Justicia espera que Grandio presente los comprobantes de la transferencia que respalden ese pago, mientras crecen las dudas sobre la trazabilidad del dinero.

Las explicaciones brindadas hasta ahora no hicieron más que aumentar la confusión. Grandio ofreció versiones contradictorias: primero aseguró que Adorni había pagado el vuelo, luego que el gasto fue compartido y finalmente que se cubrió con fondos estatales. A pesar de afirmar que cuenta con documentación, aún no la presentó.

Por su parte, Adorni sostiene que se trató de un gasto personal, aunque tampoco exhibió comprobantes que respalden esa afirmación.

Issin, en tanto, confirmó su rol como intermediario y señaló que la empresa operadora fue AlphaCentauri, mientras que Jag Aviation comercializó los vuelos. La aeronave utilizada habría sido un Honda Jet matrícula LV-HWA, visible incluso en registros audiovisuales difundidos en medios.

La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, avanza con pedidos de información a organismos públicos y privados. Sin embargo, algunas empresas ya advirtieron que no conservan registros de cámaras por más de 30 días, lo que podría dificultar la reconstrucción completa de los hechos.

Con cada nueva evidencia, el caso suma capas de complejidad y deja a Adorni en una posición cada vez más delicada, bajo la lupa judicial y con interrogantes aún sin respuesta.

La presión interna crece al ritmo de los escándalos por corrupción y desmanejo de recursos públicos, y en la Casa Rosada admiten que su permanencia se volvió insostenible. “Está destruyendo la imagen de Javier Milei”, reconocen incluso desde el círculo más cercano a Karina Milei.

En el karinismo, donde hasta hace poco lo sostenían, ahora aseguran que su salida es cuestión de tiempo. Golpeado en su imagen y sin respaldo político, Adorni quedó aislado tras las revelaciones sobre su crecimiento patrimonial, el uso de recursos públicos y los supuestos negocios triangulados a través de la consultora de su esposa, Betina Angeletti.

El impacto del escándalo ya no se limita a su figura: en el oficialismo preocupa el efecto directo sobre la imagen presidencial. Las encuestas muestran una caída sostenida en la aprobación de Milei, con números que en algunos casos lo ubican por debajo de los 40 puntos y una negativa en fuerte ascenso. Ese deterioro aceleró las discusiones en Olivos, donde este fin de semana se multiplicaron las versiones de reuniones para definir cambios tanto en la SIDE como en la Jefatura de Gabinete.

En paralelo, crecen los cuestionamientos internos por el estilo de vida de Adorni: vuelos privados, propiedades difíciles de justificar con su salario y versiones sobre nuevos episodios comprometedores que aún no salieron a la luz. En ese contexto, dentro del propio gobierno hablan de que ya entró en la fase final del “protocolo de crisis” libertario: el silencio público y las críticas en privado que suelen anticipar el desenlace.

Con su salida cada vez más cerca, en la cúpula del poder ya circulan nombres para reemplazarlo. Uno es el de Martín Menem, cuyo eventual desembarco abriría una reconfiguración en Diputados que podría beneficiar a Sebastián Pareja y alterar el equilibrio interno del oficialismo.

También aparece Diego Santilli, quien, pese a no generar plena confianza en el núcleo libertario, mantiene un alineamiento firme con Karina Milei. Su llegada lo posicionaría además en la carrera electoral bonaerense, lo que genera resistencias en otros sectores.

Entre los nombres del riñón libertario surgen Sandra Pettovello y Pilar Ramírez. Ramírez, de máxima confianza de Karina, implicaría una mayor concentración de poder en la hermana presidencial. Pettovello, en tanto, cuenta con el respaldo directo de Milei, aunque dentro del gobierno advierten que su estilo podría profundizar tensiones internas y complicar la coordinación del gabinete.

Mientras tanto, en los pasillos oficiales ya dan por hecho lo inevitable: la salida de Adorni dejó de ser una posibilidad y pasó a convertirse en una decisión en marcha.

Documentos contables oficiales confirman que el IOSFA contaba con un superávit cercano a los 25 mil millones de pesos al momento en que Luis Petri asumió al frente del Ministerio de Defensa.

Los informes, a los que se accedió de manera exclusiva, desmienten de forma categórica la narrativa libertaria que intenta atribuir la crisis actual a la herencia del gobierno de Alberto Fernández.

Lejos de un escenario de colapso, los números de 2023 reflejan una situación financiera robusta: el resultado del ejercicio creció un 5,4% hasta alcanzar los $13.289 millones, mientras que el patrimonio neto registró un incremento del 67,8%, cerrando en $32.260 millones. A su vez, el flujo de efectivo mostró un saldo positivo con un aumento de $4.327 millones, revirtiendo la caída registrada en 2022. La liquidez inmediata, en tanto, se disparó un 182,9%, alcanzando los $6.693 millones.

Este cuadro evidencia que Petri recibió una obra social con cuentas ordenadas, capacidad de ahorro y margen de maniobra frente a un contexto inflacionario adverso. Sin embargo, ese escenario se deterioró rápidamente hasta desembocar en una crisis que hoy se traduce en el corte de prestaciones de salud para militares activos y retirados.

Las decisiones adoptadas durante la gestión libertaria aparecen en el centro de las críticas. Darío Díaz Pérez, ex titular del IOSFA durante la administración anterior, había advertido que una de las medidas más graves fue la suspensión del pago de reintegros, afectando directamente a afiliados que deben afrontar gastos urgentes por fuera de la cobertura. “Estamos hablando de personal en actividad y retirados, muchos de los cuales están en situación de vulnerabilidad”, señaló.

Desde dentro del propio organismo, las denuncias son aún más contundentes. Fuentes actuales del IOSFA aseguran que no solo se consumió el superávit heredado, sino que además se contrajeron deudas millonarias: un crédito de $14 mil millones con el IAF durante la presidencia de Oscar Sagás, seguido por otro de $42 mil millones bajo la gestión de Roberto Fiocchi, ambos sin cancelar. La llegada posterior de Betina Surballe habría intentado contener las consecuencias de estas maniobras.

En este contexto, la crisis ya no se limita a los balances: se expresa en protestas de efectivos sin cobertura médica y en el plano judicial, tras la denuncia presentada por Lourdes Arrieta que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.

El contraste entre el superávit heredado y el actual descalabro financiero no solo pone en cuestión la gestión de Petri, sino que instala una sospecha cada vez más extendida: la crisis del IOSFA no fue inevitable, sino el resultado de decisiones que hoy están bajo la lupa por su posible impacto en el vaciamiento de la obra social.

El fuerte encarecimiento de la carne vacuna en Argentina ya tiene un impacto directo y visible en la mesa de los hogares: con aumentos que superan el 60% en los últimos 12 meses muy por encima del 33,1% de inflación interanual el consumo cayó al nivel más bajo de las últimas dos décadas.

Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), esta dinámica expone una suba desproporcionada de los precios de los cortes, que prácticamente duplican la inflación general y erosionan de forma acelerada el poder de compra. Lejos de ser un ajuste menor, se trata de un salto que reconfigura el acceso a uno de los alimentos históricamente centrales en la dieta argentina.

El deterioro se refleja con claridad en el consumo per cápita, que descendió a 47,3 kilos anuales, con una caída interanual del 2,5%. En términos concretos, cada argentino consume hoy 1,2 kilos menos de carne vacuna por año, consolidando un piso histórico que queda muy lejos de los 68,4 kilos registrados en 2008. No se trata de un cambio cultural, sino de una restricción económica cada vez más extendida.

La contracción es aún más marcada en el arranque de 2026: el consumo aparente se desplomó 13,8% en el primer bimestre frente al mismo período del año anterior. Aunque parte de esta caída se vincula a una menor producción —que retrocedió 9,1% interanual—, el factor determinante sigue siendo el precio, que continúa acelerándose mes a mes.

Solo en febrero, los cortes vacunos aumentaron en promedio 7,4%, con subas destacadas en productos clave como el cuadril y la nalga (alrededor del 8%), mientras que incluso opciones más económicas como la carne picada subieron más del 7%. El asado, símbolo del consumo local, alcanzó valores que superan ampliamente los $16.000 por kilo, consolidando su transformación en un bien cada vez más inaccesible.

En la comparación interanual, la magnitud del problema se vuelve aún más evidente: el precio de los cortes vacunos trepó 63,6%, con picos como el asado (67,6%) y el cuadril (65,9%). Estos incrementos no solo lideran el rubro alimentos, sino que profundizan una brecha creciente entre ingresos y precios.

Si bien desde CICCRA atribuyen esta escalada a una recomposición de precios vinculada a restricciones de oferta —derivadas de factores climáticos previos—, lo cierto es que el resultado concreto es una caída sostenida del consumo. En este contexto, la carne vacuna deja de ser un componente cotidiano de la dieta para convertirse, progresivamente, en un consumo cada vez más limitado.

La decisión se da en un contexto complejo, con cuestionamientos al modelo operativo de la compañía, que enfrenta una crisis de confianza marcada por cancelaciones frecuentes y limitaciones en su flota.

La low cost Flybondi lanzó un plan de retiros voluntarios en medio de su crisis operativa, en una decisión clave para intentar reordenar su funcionamiento y sostener su actividad. La medida forma parte de un proceso de reorganización interna con el que la compañía busca reducir su estructura y mejorar su eficiencia.

Según fuentes empresarias, el programa apunta a adecuar la dimensión de la aerolínea a su capacidad real de operación. “La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios como parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa”, indicaron.

Desde la empresa aclararon que la iniciativa es completamente voluntaria, se ajusta a la normativa vigente y ofrece condiciones acordes para quienes decidan adherir. También señalaron que no está directamente vinculada con los recientes problemas de demoras y cancelaciones.

La decisión se da en un contexto complejo, con cuestionamientos al modelo operativo de la compañía, que enfrenta una crisis de confianza marcada por cancelaciones frecuentes y limitaciones en su flota. Pese a que había proyectado una etapa de expansión tras su adquisición en 2025 por el empresario Leonardo Scatturice a través del fondo COC Global Enterprise, ese crecimiento aún no logró consolidarse.

Un modelo que no termina de despegar

Datos del sector aerocomercial reflejan la magnitud del problema: uno de cada cinco vuelos programados no se concreta. En ese marco, el gobierno de Neuquén aplicó una multa de 228 millones de pesos por incumplimientos en la atención a más de 22.000 pasajeros afectados.

Desde la conducción de la empresa sostienen que el plan de retiros es una herramienta para equilibrar costos y garantizar la continuidad del servicio en el largo plazo. No obstante, el futuro de la aerolínea dependerá de que esta reestructuración logre revertir los problemas estructurales y recuperar la confianza de los usuarios en un mercado cada vez más exigente.