El cierre de la empresa Fate generó un fuerte cimbronazo en el ámbito político, económico y mediático. En ese contexto, la conductora Mirtha Legrand decidió pronunciarse al aire y lanzó duras reflexiones sobre el presente de la industria nacional y el impacto social de la medida.

Durante su programa en El Trece, Legrand se hizo eco de la información publicada en distintos medios sobre la decisión empresarial y la situación de los trabajadores afectados. Con visible preocupación, advirtió: “Según los diarios, van a pagar a sus empleados, pero no vuelven a producir… Es una empresa muy antigua”.

“Si fuera autoridad, estaría muy preocupada”

Lejos de limitarse a un comentario aislado, la conductora fue más allá y apuntó directamente al contexto general. “Yo, si fuera autoridad, estaría muy preocupada con la cantidad de fábricas que cierran, es preocupante”, expresó con contundencia, dejando en claro su alarma ante el panorama industrial.

Además, calificó como “muy triste” la situación que atraviesan los 920 empleados afectados por el cierre, remarcando el costado humano de una decisión que, según informó la compañía, responde a “cambios en las condiciones de mercado”.

En la mesa también se analizó el escenario económico actual. El periodista Diego Sehinkman, del canal Todo Noticias, mencionó la necesidad de avanzar en acuerdos comerciales internacionales y destacó el vínculo con China como socio estratégico.

Sin embargo, las palabras de Legrand marcaron el tono del debate: su preocupación no solo apuntó al caso puntual de Fate, sino a lo que considera una señal de alarma sobre el presente y el futuro de la producción nacional. El cierre reaviva así una discusión más amplia sobre la actividad manufacturera, el empleo y el rumbo económico del país.

El pago de más de 720 millones de pesos en alquileres, un contrato por 114 millones adjudicado sin licitación a la institución que dirige su esposa y presunto tráfico de influencias son los ejes de una denuncia penal que vuelve a exponer la opacidad en el manejo de fondos públicos

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, continúa sin ofrecer explicaciones públicas sobre las decisiones administrativas que lo colocaron en el centro de un nuevo escándalo. Esta semana, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio presentó una denuncia ante la Justicia Federal no solo contra el ministro, sino también contra su esposa, Josefina Rouillet —titular de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI)—, contra el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios, por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública y encubrimiento”.

Según la presentación judicial, Sturzenegger autorizó el alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras para su cartera por un total superior a 720 millones de pesos. La cifra resulta particularmente sensible en un contexto de ajuste fiscal y recortes presupuestarios promovidos por el propio gobierno.

A ese monto se suma un contrato por 114 millones de pesos que la Cancillería adjudicó de manera directa —sin licitación pública— a la AACI, institución dirigida por Rouillet, para el dictado de cursos de inglés destinados a diplomáticos. La denuncia señala que la contratación se realizó mediante la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, firmada por la Subsecretaría de Coordinación y Administración de la Cancillería, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades administrativas y conflictos de interés.

El escrito judicial identifica a Rouillet como presunta coautora del delito de defraudación por su rol como directora ejecutiva de la entidad beneficiada y por su vínculo con el ministro. También apunta contra funcionarios de la Cancillería que habrían intervenido en la adjudicación directa y contra Quirno, a quien se acusa de presunto encubrimiento por “omisión de denuncia”, al haber defendido públicamente la contratación en redes sociales en lugar de impulsar una investigación interna.

En cuanto a Sturzenegger, la denuncia sostiene que no puede descartarse su intervención para favorecer a la entidad dirigida por su cónyuge, lo que configuraría un caso de tráfico de influencias. Además, se pidió investigar como “partícipes necesarios” a responsables de áreas técnicas y jurídicas que habrían avalado el procedimiento, así como a funcionarios vinculados a políticas de transparencia y ética pública.

El caso estalló luego de que el ministro promoviera y defendiera en medios el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que habilita descuentos salariales en casos de enfermedad, lo que profundizó la controversia al contrastar su discurso de austeridad con los millonarios gastos cuestionados.

Durante el fin de semana largo, la AACI envió un comunicado interno a sus trabajadores intentando justificar la contratación directa, argumentando, entre otros puntos, la cercanía geográfica de sus oficinas con la sede de la Cancillería. También señalaron que, aunque mantienen vínculos contractuales con el Estado desde 2018, en 2025 no habían prestado servicios. Sin embargo, trascendió que ese año sí se habrían dictado cursos para un reducido grupo de agentes, mientras que para 2026 el esquema se amplió significativamente.

Desde la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei respalda “plenamente” al ministro, a quien suele elogiar públicamente. No obstante, cerca del mandatario evitan responder por qué no se abrió una licitación pública ni explicar el alcance de los alquileres millonarios, decisiones que contradicen el discurso oficial de austeridad y el programa de “alquiler cero” promovido por el propio Gobierno.

La falta de respuestas claras y la sucesión de contrataciones directas bajo sospecha vuelven a instalar un interrogante central: ¿cómo se compatibiliza el discurso de transparencia y ajuste con prácticas que, al menos en apariencia, eluden los mecanismos básicos de control y competencia pública?

La iniciativa, impulsada por Javier Milei, obtuvo media sanción con modificaciones y ahora deberá regresar al Senado para su revisión definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

Con el respaldo de gobernadores y bloques provinciales, el oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral y dio un paso clave en su estrategia parlamentaria. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, obtuvo media sanción modificada y ahora deberá regresar al Senado para su revisión definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

El texto fue aprobado en general por 135 votos afirmativos contra 115 negativos. A los 95 diputados de La Libertad Avanza se sumaron el PRO, la UCR, el MID y una serie de espacios provinciales que resultaron determinantes tanto para alcanzar el quórum como para sostener los artículos más controvertidos. El acompañamiento de legisladores alineados con mandatarios provinciales fue decisivo para garantizar el avance del proyecto.

El rol de los gobernadores

El oficialismo contó con el respaldo de diputados vinculados a los gobernadores Mario Pasalacqua, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, entre otros. Su intervención fue central para habilitar el debate y asegurar los números necesarios.

No obstante, hubo tensiones: algunos diputados que dieron quórum luego votaron en contra. Desde Unión por la Patria cuestionaron esa conducta. Máximo Kirchner criticó a legisladores que, pese a rechazar la ley en sus discursos, facilitaron el inicio de la sesión. También el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, adelantó que el peronismo impulsará su derogación si vuelve al poder.

El cambio clave: eliminación del artículo 44

Para asegurar los votos aliados, el oficialismo tuvo que acepar la eliminación del polémico artículo 44, que reducía plazos y porcentajes de las licencias pagas por accidentes o enfermedades inculpables. Ese punto había generado polémica pública tras declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, lo que llevó a bloques dialoguistas a exigir su retiro.

La supresión de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva al Senado, ya que Diputados introdujo modificaciones sobre el texto que había recibido media sanción.

Principales ejes de la reforma

Pese a la eliminación del artículo 44, el proyecto mantiene puntos centrales:

• Convenios colectivos: prioridad de acuerdos por empresa o región por sobre los sectoriales y eliminación de la ultraactividad.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo para financiar indemnizaciones con aportes empresariales.
• Indemnizaciones por despido: mantiene un mes por año trabajado, pero excluye conceptos como aguinaldo y premios extraordinarios del cálculo y establece topes.
• Vacaciones: habilita el fraccionamiento en períodos no menores a siete días.
• Banco de horas: permite compensar horas extras mediante acuerdos escritos.
• Trabajadores de plataformas: crea la figura del repartidor independiente, estableciendo que no constituye relación laboral.
• Derecho a huelga: amplía el listado de servicios esenciales y fija niveles mínimos de prestación.
• Blanqueo laboral: contempla quitas de hasta 70% en deudas previsionales y reducción de cargas para nuevos trabajadores registrados.

Con la media sanción modificada, el oficialismo apuesta a que el Senado convalide rápidamente los cambios para convertir la reforma en ley y consolidar una victoria legislativa antes del discurso presidencial de apertura de sesiones.

En un contexto de caída sostenida y señales cada vez más preocupantes para el sector, Stellantis anunció que frenará nuevamente las operaciones de su planta de El Palomar hasta marzo, profundizando el cuadro de crisis que atraviesa la industria automotriz argentina.

La automotriz —la única que mantiene dos fábricas en el país— justificó la medida en “tareas de mantenimiento y readecuación operativa”. Sin embargo, el parate vuelve a exponer el delicado momento productivo. En la planta bonaerense se fabrican los modelos Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

Las operaciones estarán suspendidas entre el 18 y el 27 de febrero, con regreso previsto para el lunes 2 de marzo. Durante ese lapso, la empresa realizará tareas de mantenimiento y buscará “agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos”, en un escenario atravesado por dificultades logísticas y tensiones en la cadena de abastecimiento.

El impacto sobre los trabajadores vuelve a ser significativo. Según informó la compañía, durante los días sin actividad “el personal bajo convenio recibirá el equivalente al 70% de sus haberes habituales”, en el marco del acuerdo colectivo vigente firmado el 3 de febrero con la Unión Obrera Metalúrgica. La reducción salarial parcial se suma a un esquema de suspensiones que ya se había aplicado en diciembre, cuando la planta adelantó vacaciones para todo el personal y permaneció paralizada hasta el 5 de enero.

Stellantis también opera otra fábrica en Córdoba, donde produce el Fiat Cronos y las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota. Allí el receso fue de 15 días en diciembre, confirmando que el freno productivo no es aislado sino parte de un ajuste más amplio.

Siete meses de caída y el peor inicio desde 2020

El parate se produce en medio de un deterioro persistente. Según el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), en enero de 2026 se fabricaron 20.998 vehículos, un 20,7% menos que en diciembre y 30,1% por debajo de enero de 2025, cuando se habían producido 30.058 unidades.

La industria acumula siete meses consecutivos de caída y registró el peor comienzo de año desde 2020. Si bien desde la entidad atribuyeron parte del retroceso a factores logísticos, menor cantidad de días hábiles y concentración de vacaciones en enero, los números reflejan una contracción más profunda.

El 2025 cerró con 490.876 vehículos producidos, un 3,1% menos que el año anterior. Las exportaciones, con 280.589 unidades, cayeron 10,8%, afectando uno de los principales motores del sector. En contraste, la venta de autos importados se disparó 47,8% interanual, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, evidenciando la creciente presión competitiva sobre la producción local.

En este escenario, las nuevas suspensiones en El Palomar no aparecen como un hecho aislado ni meramente “estacional”, sino como un síntoma más del agravamiento de la crisis automotriz, que combina caída de producción, retroceso exportador, mayor penetración de importados y un impacto directo sobre el empleo y los salarios del sector.

La crisis del consumo golpea con fuerza a una de las marcas más tradicionales del rubro escolar. Ángel Estrada y Compañía, propietaria de los cuadernos y hojas Rivadavia, cerró el primer semestre del ejercicio 2025/2026 con una pérdida neta de $1.418 millones, un giro drástico frente a la ganancia de $2.236 millones que había registrado un año antes.

Facturación en caída libre

Los ingresos alcanzaron $23.497 millones, muy por debajo de los $33.932 millones del mismo período anterior. La contracción fue del 31%. En su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la empresa reconoció un contexto de “retracción del consumo” que afectó de lleno sus resultados.

Ventas y producción en retroceso

El freno no solo se sintió en la facturación. En volumen, la compañía vendió 8,5 millones de unidades, 2,5 millones menos que las 11 millones comercializadas un año atrás.

La producción también se ajustó con fuerza: pasó de 13,2 millones de unidades a 8,06 millones. El desplome productivo fue del 39%, reflejo de una demanda debilitada que obligó a reducir el ritmo industrial.

En el plano operativo, la empresa logró un resultado positivo de $1.948 millones antes de resultados financieros e impuestos. Sin embargo, el frente financiero revirtió ese margen: el resultado por posición monetaria y financiera arrojó una pérdida de $3.961 millones, absorbiendo la ganancia operativa y empujando el balance final a terreno negativo.

Más deuda para sostener la actividad

Para financiar capital de trabajo, la compañía emitió obligaciones negociables por más de $6.391 millones. El pasivo total escaló a $42.367 millones, mientras que el índice de liquidez cayó de 3,83 a 1,98, mostrando un menor margen para afrontar compromisos de corto plazo.

El caso refleja con claridad cómo la caída del consumo no solo reduce ventas y producción, sino que también obliga a las empresas históricas del sector escolar a endeudarse más para sostener su funcionamiento en un escenario cada vez más desafiante.

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que el cierre de FATE es consecuencia directa del actual esquema económico y alertó que la crisis que atraviesa el sector manufacturero “no es un hecho aislado”, sino parte de un proceso que ya provocó la pérdida de 65.000 puestos de trabajo industriales en el país.

En un comunicado público, la entidad empresaria expresó que “lamenta profundamente” la decisión de la histórica fabricante de neumáticos y subrayó que su salida del mercado implica la pérdida de empleo, conocimiento y entramado productivo. Pero el eje del mensaje apuntó más allá de la empresa: “El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada”, señaló la UIA.

La central fabril puso el foco en la sobrecapacidad global y en prácticas comerciales desleales —especialmente provenientes de Asia— que, combinadas con la apertura importadora local, generan una presión creciente sobre la producción nacional. En ese contexto, el caso de la industria del neumático aparece como uno de los más afectados por la caída de precios y el aumento de las importaciones.

La planta de San Fernando producía cerca de cinco millones de neumáticos al año y empleaba a más de 900 trabajadores. Su cierre deja el mercado en manos de multinacionales como Bridgestone y Pirelli, marcando la salida del principal fabricante nacional del sector tras más de ocho décadas de actividad.

El impacto político y empresarial es aún mayor por el peso de su propietario, Javier Madanes Quintanilla, también titular de Aluar, única productora de aluminio primario del país. En el mundo industrial, la decisión fue interpretada como un punto de inflexión: cuando un empresario de esa magnitud deja de producir, el mensaje alcanza a todo el entramado fabril.

El trasfondo del conflicto también se vincula con la reciente eliminación del arancel del 80,14% a las chapas de aluminio provenientes de China, una medida que impacta de lleno en Aluar y que fue leída como otra señal de apertura en sectores considerados estratégicos. Para los industriales, la baja de barreras puede abaratar insumos aguas abajo, pero debilita al único productor nacional aguas arriba.

Días antes del comunicado, el ministro de Economía, Luis Caputo, había recibido a la conducción de la UIA, encabezada por su presidente, Martín Rappallini. La entidad planteó medidas para sostener la actividad —como la reactivación del programa Ahora 12 y esquemas de alivio fiscal—, pero no hubo anuncios concretos. El mensaje oficial apuntó a la necesidad de avanzar con la reforma laboral.

Aunque el tono del comunicado fue moderado, puertas adentro el diagnóstico es más severo: la apertura importadora funciona como ancla de precios, pero con efectos contractivos sobre la producción. Entre 2023 y 2025 las importaciones crecieron con fuerza mientras el índice de producción industrial acumuló una caída cercana al 4%. En el caso de los neumáticos, las compras externas subieron 34,8%, mientras los precios retrocedieron con fuerza, reflejando la presión competitiva sobre la industria local.

Para la UIA, el cierre de FATE sintetiza un cambio de etapa. La discusión ya no gira solo en torno a la competitividad o los costos, sino al sentido del modelo económico y a la viabilidad misma de la producción nacional bajo el actual esquema.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei y advirtió que “las empresas y los puestos de trabajo caen como moscas”, al encabezar la reapertura del Museo Casa de Perón en Lobos.

Durante el acto en el histórico espacio dedicado a Juan Domingo Perón, Kicillof definió el lugar como “cargado de símbolos, de historia y también de injusticias históricas”, y aprovechó la ocasión para cuestionar con firmeza el rumbo económico nacional.

El mandatario provincial se refirió especialmente al cierre de FATE y lo calificó como “un día doloroso para nuestra provincia y para el país”. “Hoy amanecimos viendo el cierre de una empresa emblemática, FATE. Es un día doloroso”, sostuvo, al tiempo que vinculó la situación con las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

“Tenemos un Gobierno nacional enfermo. Cada familia que pierde su trabajo y cada empresa que cierra es un dolor para nosotros”, afirmó con contundencia. Y remarcó: “FATE es una empresa histórica que resistió todas las políticas económicas y momentos difíciles, pero no sobrevivió a Milei”.

En su discurso, Kicillof insistió en que el actual modelo económico impacta de lleno en la producción y el empleo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y planteó que el cierre de industrias emblemáticas es una señal alarmante del deterioro del entramado productivo nacional.

Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector registró una caída interanual del 6,2% y opera con apenas 40,6% de utilización de su capacidad instalada, el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

El dato resulta especialmente alarmante porque la metalurgia funciona como uno de los principales termómetros del entramado productivo nacional. Su retroceso no sólo evidencia el freno de la producción, sino que anticipa mayores dificultades para rubros estratégicos como la construcción, la industria automotriz y la maquinaria agrícola. Actualmente, la actividad se ubica 17,9% por debajo de sus máximos recientes y en niveles similares a los registrados durante la pandemia.

La caída del uso de la capacidad instalada —que descendió cuatro puntos respecto de diciembre, cuando se ubicaba en 44%— confirma la magnitud del deterioro. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, advirtió la entidad empresaria.

El derrumbe del sector se produce en un contexto crítico para la industria nacional. Esta semana la crisis quedó expuesta con el cierre de Fate, uno de los principales fabricantes de neumáticos del país, que cesó sus operaciones y dejó sin empleo a 920 trabajadores en medio de la caída de ventas y el avance de las importaciones chinas.

En enero ningún subsector logró escapar a la contracción. Fundición encabezó las bajas con un desplome del 17,8%, seguida por Autopartes (-8,5%), Carrocerías y Remolques (-6,8%), Equipo eléctrico (-5,5%) y Maquinaria Agrícola (-3,4%). El retroceso generalizado confirma que la crisis no es sectorial sino estructural.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, alertó que “la actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con capacidad ociosa elevada, caída en todos los sectores y sin señales claras de reactivación”. También advirtió que el elevado nivel de importaciones, combinado con un consumo interno en retroceso, configura un escenario “nocivo y preocupante” para la producción nacional y el empleo.

El impacto ya se refleja en el mercado laboral: en enero el empleo metalúrgico cayó 2,7% interanual y 0,3% respecto de diciembre. Así, el derrumbe de la metalurgia se consolida como otro duro indicador de la recesión general que golpea a la industria argentina y profundiza la incertidumbre sobre la recuperación del aparato productivo.

En plena votación de la reforma laboral, la legisladora apareció con unas gafas inteligentes modelo Ray-Ban Meta que incorporan funciones de inteligencia artificial, capaces de grabar, traducir y reproducir audio en tiempo real.

Lejos de tratarse de un detalle anecdótico, el episodio reavivó cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Diversos asistentes señalaron que la senadora habría utilizado el dispositivo como apoyo para leer o recibir indicaciones durante su exposición, lo que abrió un debate incómodo: ¿es compatible el uso de tecnología “asistida” con la responsabilidad de intervenir en un debate parlamentario de manera autónoma y transparente?

Más allá de la legalidad estricta —ya que no existe una prohibición expresa sobre este tipo de dispositivos— el hecho pone en discusión la coherencia entre el discurso político y la práctica. En un recinto donde se exige preparación, solvencia y claridad argumentativa, el recurso a herramientas que permiten “machetearse” en tiempo real debilita la credibilidad institucional y proyecta una imagen de improvisación encubierta por tecnología.

El episodio generó bromas y comentarios en redes sociales, pero también un trasfondo más serio: la falta de reglas claras sobre el uso de dispositivos con inteligencia artificial en espacios de deliberación pública. En un contexto donde la ciudadanía reclama mayor transparencia, la escena dejó una pregunta abierta sobre los límites éticos del uso de tecnología en la política y el ejemplo que ofrecen quienes ocupan cargos de representación.

Mientras el Gobierno sostiene un discurso enfático contra “la casta”, los privilegios y los vínculos entre política y negocios, un nuevo contrato estatal vuelve a poner en tensión esa narrativa con los hechos concretos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), equivalentes a unos USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020 y, según consta en el expediente oficial, fue quien preparó la propuesta presentada al Ministerio. La contratación se realizó bajo la figura de Adjudicación Simple por Especialidad y, debido al vínculo matrimonial con un ministro nacional, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó asentado que la Declaración Jurada de Intereses arrojó un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un integrante del gabinete nacional. La OA encuadró formalmente la relación como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet. Como “mecanismo adicional de transparencia”, se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI.

Números polémicos

Sin embargo, más allá del cumplimiento formal de los pasos administrativos, los números también alimentan la controversia. El contrato prevé 594 horas presenciales de capacitación entre marzo y noviembre, lo que implica un costo de $191.993 por hora cátedra.

Al compararlo con valores oficiales de referencia, las diferencias son significativas:

• Una “Hora cátedra sin antigüedad” se abona actualmente $43.800,36, lo que implica que Cancillería pagará $148.193 adicionales por hora (un 338% más).
• Incluso frente a una “Hora cátedra con mayor antigüedad”, valuada en $64.289,67, la diferencia asciende a $127.703 por hora (198% por encima del salario tope docente).

La adjudicación quedó formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tendrá una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

Además, el portal oficial registra una contratación previa entre Cancillería y la AACI en 2024 por $55.388.180 para un curso de capacitación, lo que refuerza la continuidad del vínculo contractual entre el Ministerio y la institución dirigida por la esposa del ministro.

En el plano político, la senadora nacional Juliana di Tullio anunció que denunciará en Comodoro Py tanto a Sturzenegger como a Rouillet por considerar “irregular” la contratación.

El servicio fue solicitado por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa. Sin embargo, al momento de la apertura se registró una única oferta: la de la propia entidad dirigida por Rouillet.

Así, aunque el procedimiento incluyó controles formales y la firma de un Pacto de Integridad, la adjudicación expone una tensión evidente entre el discurso oficial de combate a los privilegios y la decisión de otorgar un contrato millonario a una institución conducida por la esposa de un ministro clave del gabinete. El contraste entre la retórica contra la “casta” y las prácticas de contratación pública vuelve a quedar bajo escrutinio.