Una vez más, desde Washington salieron a sacarle las papas del fuego al Gobierno de Javier Milei. A mediados de octubre, Estados Unidos decidió intervenir directamente para evitar que Argentina incumpliera con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Departamento del Tesoro giró al país el equivalente a 872 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs), una inyección decisiva para que el Gobierno pudiera afrontar el pago inminente que vencía a principios de noviembre.

La operación, registrada tanto en la web del FMI como en la del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) estadounidense, confirmó el movimiento: las tenencias de DEGs de Argentina aumentaron en 640,8 millones, mientras que las reservas de Estados Unidos cayeron exactamente en el mismo monto, prueba de que el Tesoro norteamericano vendió estos activos especiales al Gobierno argentino.
Se trató de otro gesto de respaldo político y financiero de alto nivel por parte de la administración de Donald Trump hacia la frágil gestión de Javier Milei.

Los DEGs —un activo de reserva internacional compuesto por una canasta de cinco monedas: dólar, euro, renminbi, yen y libra— fueron apenas una pieza de una jugada más amplia. Días antes, Washington había coordinado una intervención cambiaria de 1.900 millones de dólares para frenar la presión sobre el dólar en plena recta final previa a las elecciones legislativas argentinas. Dicha movida fue dirigida por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Como parte de ese esquema, quedó confirmada también la activación de una línea de swap entre el Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), algo que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ya había adelantado en octubre. El mecanismo replica el modelo aplicado con Qatar en 2023, donde la transferencia de DEGs funciona como puente financiero para sostener pagos urgentes.

Estados Unidos ganó 70 millones de dólares —y el BCRA sumó más deuda en moneda extranjera

El salvataje no fue gratuito para Argentina. Según la consultora 1816, el Tesoro estadounidense obtuvo cerca de 70 millones de dólares de ganancia entre intereses y rendimientos. Bessent defendió la operación asegurando que el “puente económico argentino genera ganancias para el pueblo estadounidense”.

En octubre, Estados Unidos había comprado pesos argentinos por unos 2.000 millones de dólares para contener la corrida cambiaria. Esos pesos fueron colocados en Letras del BCRA hasta fin de mes. Una vez concluida la maniobra, Washington desarmó su exposición en moneda local y activó el swap.

El resultado fue contundente:
“El BCRA pasó de deberle pesos a Estados Unidos a deberle dólares”, sintetizó la consultora. Esa conversión implicó sumar un nuevo pasivo en moneda extranjera por 2.500 millones de dólares.

Este movimiento golpeó duramente las cuentas del Banco Central. Las estimaciones indican que las reservas netas cayeron en 3.500 millones de dólares respecto del balance previo, dejando al país aún más lejos de los objetivos acordados con el FMI para fines de 2025.

La propia gerencia de Legales realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) tras recibir dos denuncias internas por presuntos pagos indebidos, formuladas el 19 y 20 de agosto pasado por técnicos de la planta ubicada en Córdoba.

Un nuevo escándalo de corrupción comienza a tomar forma en FAdeA, la empresa estatal bajo la órbita del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri. La propia gerencia de Legales realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) tras recibir dos denuncias internas por presuntos pagos indebidos, formuladas el 19 y 20 de agosto pasado por técnicos de la planta ubicada en Córdoba. A ello se suma una filmación que muestra a una secretaria retirando dólares en efectivo, lo que encendió todas las alarmas y motivó la apertura de actuaciones oficiales.

FAdeA, heredera de la histórica Fábrica Militar de Aviones, es responsable del diseño y mantenimiento de aeronaves y del desarrollo de tecnología aeroespacial. Por esta razón, el caso golpea de lleno al ministro Petri, cuyo ministerio ya estaba bajo fuerte sospecha por la venta irregular de terrenos pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

Acuerdos irregulares y una filmación comprometedora

Según reveló meses atrás el portal Primereando, el actual presidente de FAdeA, Julio Manco —quien asumió en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla— habría impulsado acuerdos dudosos para el mantenimiento de aeronaves con las firmas Hangar Uno y Alta Aviación.

En ese contexto, trascendió la existencia de un video en el que una empleada vinculada al gerente comercial Pablo Salort aparece retirando 10.000 dólares en efectivo, luego de haber solicitado 30.000. La situación se habría originado tras contratos inflados y presuntos retornos relacionados con la contratación de servicios de mantenimiento.

De hecho, Manco habría intentado despedir a los empleados que presentaron las denuncias internas, lo que reforzó aún más las sospechas sobre la operatoria.

Contratos modificados y beneficios extraordinarios para una empresa privada

La gestión anterior había firmado un contrato con Alta Aviación que incluía el arrendamiento de un hangar por 10.000 dólares mensuales y horas técnicas a 45 dólares. Pero ese acuerdo no llegó a formalizarse debido a la renuncia de Sibilla.

Ya en funciones, Manco renegoció condiciones sorprendentemente más favorables para la empresa privada: redujo en un 80% el costo mensual del hangar, bajó la tarifa técnica a 25 dólares e incorporó seis meses de gracia. Esta mejora sustancial encendió aún más las sospechas de corrupción.

El contrato fue firmado únicamente por Manco y no pasó por el directorio de FAdeA, integrado por Emilio Magnaghi y el brigadier Francisco Leguiza.

El pedido de dólares y la reacción interna

El episodio del retiro de dólares se produjo cuando la secretaria de Salort se presentó en las oficinas de Alta Aviación para solicitar un adelanto en efectivo. Ante la sorpresa del personal de la empresa, se realizó una llamada a FAdeA para verificar la operatoria. Allí confirmaron que la empleada pertenecía al entorno de Salort, pero desconocían cualquier instrucción oficial que justificara ese pedido.

Personal de Ventas y Compras de FAdeA, incluido Juan Ronco, formalizó las denuncias ante la gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance, Julia Enríquez. Poco después de conocida la grabación, el gerente comercial Pablo Salort presentó su renuncia, que fue inmediatamente aceptada.

La OA abre una investigación preliminar

Tras recibir las denuncias, Enríquez abrió dos expedientes internos —Caso 1/2025 y Caso 2/2025—, tomó medidas de resguardo probatorio y remitió la documentación a la Dirección de Transparencia del Ministerio de Defensa, a cargo de Martín Camps. Además, notificó a la OA, tal como exige la normativa vigente.

Según publicó Ámbito Financiero, la OA confirmó el 14 de noviembre que ya existe una investigación preliminar en curso (registro SISA Nº 23.563), iniciada por una denuncia ingresada el 23 de septiembre de 2025. Mientras dure el proceso, la causa se mantendrá bajo estricta reserva.

Un ex macrista: El ascenso de Julio Manco

Manco inició su carrera en el Grupo HSBC en 2005 y llegó a la Secretaría de Directorio del banco. En 2016 fue convocado por el gobierno de Mauricio Macri para desempeñarse en la Presidencia de la Nación y más tarde estuvo a cargo de la flota aérea presidencial.

Tras su salida en 2019, regresó al Estado en 2024 de la mano de Javier Milei. Luego de la renuncia de Sibilla, se conformó un nuevo directorio en FAdeA con Manco al frente.

En lugar del megacrédito inicial previsto, las entidades financieras evalúan ahora una asistencia mucho más moderada y de corto plazo.

Según reveló The Wall Street Journal (WSJ), el ambicioso paquete de rescate por US$20.000 millones que bancos estadounidenses —entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup— habían contemplado para apuntalar al gobierno de Javier Milei quedó suspendido. En lugar de ese megacrédito, las entidades evalúan ahora una asistencia mucho más acotada y de corto plazo.

El WSJ detalló que el plan original combinaba un swap cambiario de US$20.000 millones entre el Tesoro de EE.UU. y Argentina con una línea de financiamiento privada por un monto equivalente. El esquema surgió cuando la administración Milei “parecía estar bajo presión”, pero —de acuerdo con el diario— ese contexto cambió después de las elecciones legislativas de octubre.

No obstante, la pata privada del paquete nunca llegó a avanzar. Según el WSJ, los bancos aguardaban una definición del Tesoro sobre qué garantías o colaterales podrían utilizar para cubrirse ante un eventual incumplimiento argentino. “El préstamo del sector privado no despegó porque los bancos esperaban instrucciones sobre qué colaterales podían usar para cubrirse de pérdidas”, afirmó el periódico. Esa respuesta no llegó y el interés por el salvataje de gran escala se fue diluyendo.

Ante el freno del megacrédito, las discusiones se habrían desplazado hacia una alternativa más limitada: un préstamo puente de alrededor de US$5.000 millones mediante una operación de recompra (repo). Bajo este esquema, Argentina entregaría una cartera de inversiones a cambio de dólares para cubrir un vencimiento de deuda de unos US$4.000 millones en enero. La idea sería devolver el préstamo en pocos meses, mediante la emisión de nueva deuda en los mercados.

El WSJ advierte, sin embargo, que este mecanismo también conlleva riesgos: los bancos quedarían expuestos si el mercado se deteriora y Argentina no logra colocar bonos para repagar la operación. Las conversaciones, según el diario, siguen en una etapa inicial y podrían modificarse o incluso desactivarse.

Mientras tanto, el Tesoro de EE.UU. mantiene su respaldo político y financiero a la administración Milei. Aunque no se conoce cuánta parte del swap de US$20.000 millones ya fue utilizada, datos del Banco Central muestran un aumento de US$2.500 millones en los swaps de corto plazo entre septiembre y octubre. Además, EE.UU. transfirió unos US$900 millones en DEG, el activo de reserva del FMI.

Un portavoz del Tesoro aseguró que “Estados Unidos mantiene su confianza en el presidente Milei y en el ministro Caputo”, resaltando su compromiso con los principios económicos que guían la cooperación bilateral. El secretario del Tesoro incluso afirmó recientemente que “el puente económico argentino ya generó ganancias para el pueblo estadounidense”.

Pese a ello, el operativo despertó críticas por la falta de transparencia. Brad Setser, exsubsecretario del Tesoro durante la administración Obama, remarcó que “básicamente no hay información sobre cómo se está usando ese dinero”, algo inusual tratándose de recursos provenientes de los contribuyentes.

La redefinición del paquete —señala el WSJ— muestra que el apoyo financiero a Argentina continúa, aunque con un alcance más limitado y bajo criterios más cautelosos que los imaginados inicialmente.

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa.

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, un predio perteneciente a la Armada Argentina.

La presentación —registrada el 10 de noviembre bajo el código KLGZ-246— detalla presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisiones de deberes de funcionario público, y coloca bajo la lupa una operación realizada en el marco del Decreto 950/2024, mediante el cual el Gobierno habilitó la venta de más de 400 propiedades estatales bajo el argumento de “innecesariedad”.

El inmueble, considerado la principal herramienta del país para la protección de objetivos digitales estratégicos, fue vendido por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6. Según la denuncia, la enajenación se concretó sin un plan de transición adecuado, sin previsión presupuestaria y sin evaluar las consecuencias estratégicas que podría generar un ciberataque durante el traslado, lo que comprometería directamente la responsabilidad de las máximas autoridades de Seguridad y Defensa.

Una cadena de responsabilidades que apunta al corazón del Ministerio de Defensa

La denuncia señala en primer lugar al general de brigada Luis Guimpel, comandante Conjunto de Ciberdefensa, como responsable directo de la infraestructura, los activos críticos y la seguridad del organismo. Se le reprocha no haber elevado objeciones ante el Estado Mayor Conjunto (EMCO) ni ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pese al riesgo de vender el predio sin una sede alternativa ni presupuesto asignado.

También es mencionado el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, autoridad máxima de la estructura de la cual depende el Comando de Ciberdefensa. La denuncia sostiene que Isaac debió evaluar y objetar la desafectación de un activo estratégico sin contar con un plan de contingencia ni con una nueva instalación que cumpla requisitos de seguridad.

A ello se suma el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, cuyo rol en la planificación y supervisión de la política de infraestructura militar es puesto bajo sospecha. El texto pide investigar si Rozas Garay participó en la decisión de catalogar el inmueble como “innecesario” y si articuló adecuadamente con el EMCO y la AABE para evitar riesgos a la seguridad nacional.

La denuncia subraya, además, que la venta del edificio dejó al país en una situación de vulnerabilidad estratégica ante posibles ciberataques, dado que la nueva sede —un edificio en la calle Junín, perteneciente a la Fuerza Aérea— aún no cuenta con garantías plenas en materia de seguridad digital y física.

“Es como tu primer préstamo: tus padres firmaron para ello, nosotros básicamente firmamos juntos y estamos recibiendo una gran tarifa”, afirmó el funcionario de Donald Trump.

“Somos como sus padres” “Es como tu primer préstamo: tus padres firmaron para ello, nosotros básicamente firmamos juntos y estamos recibiendo una gran tarifa“. La frase que Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, lanzó en una entrevista con Fox Business dejó algo más que una metáfora paternalista: dejó expuesta la mirada desde Washington hacia la Argentina de Javier Milei. En medio de las críticas internas en Estados Unidos por el nuevo acuerdo financiero con Buenos Aires, Bessent defendió la decisión del gobierno de Donald Trump apelando a una imagen que resume la relación: una Argentina tratada como un adolescente mantenido, incapaz de sostenerse sin la asistencia permanente de su “figura parental” norteamericana.

La declaración llegó tras las controversias generadas por el reciente acuerdo comercial y el swap activado para rescatar al gobierno argentino. Democratas y opositores en Washington cuestionaron por qué Estados Unidos debería involucrarse en el rescate de un país que, según ellos, muestra abierta animosidad hacia parte del sistema político norteamericano. La respuesta de Bessent fue tajante: hay una lógica geopolítica que pesa más que cualquier disputa doméstica.

El funcionario explicó que el préstamo proviene del Fondo de Estabilización de Intercambio y aclaró que “nunca ha perdido dinero”. Insistió en que la asistencia no solo es segura, sino conveniente para los intereses estadounidenses: “Obtuvimos ganancias con ello”, afirmó, generando sorpresa en Argentina.

Bessent detalló que Estados Unidos utilizó su propia hoja de balance “para estabilizar a la Argentina”, subrayando una vez más el rol de tutor que se arroga Washington. El mensaje político quedó todavía más claro cuando, tras la oficialización del swap con el Banco Central y la frase de Trump asegurando que Argentina “se está muriendo”, el secretario del Tesoro afirmó que el objetivo es evitar “otro Estado fallido en América Latina”.

En esa lógica, Estados Unidos aparece como el adulto responsable que interviene para evitar el colapso de un país que, en su lectura, lleva décadas de malas decisiones. De hecho, Bessent no dudó en culpar al peronismo por ese deterioro: “Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive derivadas del izquierdismo radical del peronismo son cruciales”.

Según Bessent, el nuevo acuerdo de estabilización no es un rescate sino “un puente hacia un futuro económico mejor para la Argentina”. Pero su metáfora inicial deja ver otra cosa: para Washington, Milei gobierna un país aún dependiente, inmaduro, que necesita supervisión constante. Y Estados Unidos, en ese relato, sigue siendo el padre que lo sostiene para que no se hunda.

La comparación interanual expone con crudeza el deterioro de la actividad comercial: el número actual implica un aumento del 58,6% frente al mismo período de 2024.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa uno de los períodos más delicados para su actividad comercial en más de una década. A pesar de un leve respiro en la comparación bimestral, el panorama general sigue marcado por la recesión y la caída del consumo. Durante el quinto bimestre de 2025, se contabilizaron 249 locales vacíos en los principales corredores porteños, una cifra que, aunque representa una baja del 8,8% respecto del registro inmediato anterior, continúa muy por encima de los niveles del año pasado.

El relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), realizado en septiembre y octubre, mostró que en la medición previa se habían detectado 273 locales desocupados. Sin embargo, la comparación interanual expone con crudeza el deterioro de la actividad: el número actual implica un aumento del 58,6% frente al mismo período de 2024.

El informe también detalla que los locales en alquiler disminuyeron 8,2% respecto de julio-agosto, aunque registraron un incremento interanual del 21,6%, reflejo de la persistente dificultad para sostener la actividad comercial en un contexto de ingresos golpeados y demanda retraída. En cuanto a los espacios en venta, la baja bimestral fue del 38,7%, pero el contraste con el año previo mostró un aumento del 90%, un dato que evidencia la profundidad del repliegue del sector.

La medición, que la CAC realiza desde 2014, abarcó las principales arterias comerciales de la ciudad. Las señales de retroceso se hicieron visibles en corredores históricamente dinámicos como Santa Fe, Avellaneda, Pueyrredón, Córdoba, Cabildo y la peatonal Florida, donde se registraron caídas bimestrales en la cantidad de locales activos. Solo Rivadavia y Corrientes mostraron mejoras en este período, aunque insuficientes para revertir la tendencia general.

El informe fue difundido en un contexto en el que las ventas continúan estancadas. Si bien el indicador de consumo de la CAC mostró un avance interanual del 1,4% en septiembre, cayó 0,3% frente al mes anterior, confirmando que la recuperación aún no llega al comercio porteño. “Queda por verse cómo la dinámica poselectoral afectará los ingresos de los hogares”, advirtió la entidad.

En conjunto, los números describen un escenario recesivo que se profundiza y que golpea de lleno al tejido comercial de la principal ciudad del país, poniendo en evidencia una crisis que todavía no encuentra señales firmes de reversión.

Lejos de correrse del debate, el PJ reconoce que una actualización normativa es necesaria, pero prepara un proyecto alternativo para contraponer al del Ejecutivo.

El Gobierno de Javier Milei anunció que buscará acelerar en el Congreso el tratamiento de una reforma laboral, y en el peronismo ya se activaron los movimientos internos para dar esa discusión. Lejos de correrse del debate, el PJ reconoce que una actualización normativa es necesaria, pero prepara un proyecto alternativo para contraponer al del Ejecutivo.

Diputados que integran la Comisión de Legislación del Trabajo comenzaron a reunir las iniciativas que legisladores peronistas presentaron en los últimos años. La intención es unificar esos aportes en un texto superador que exprese la mirada del PJ sobre empleo, productividad y derechos laborales.
“Vamos a dar la discusión, pero con nuestra perspectiva sobre cómo debe funcionar el mundo del trabajo”, señalaron desde la bancada. El peronismo admite los altos niveles de informalidad —casi la mitad de los trabajadores—, aunque rechaza que la salida pase por recortar derechos o debilitar protecciones.

El rol de CFK y el armado del borrador

Cristina Fernández de Kirchner bajó línea a su tropa para avanzar en un borrador que actualice las leyes laborales y permita confrontar la propuesta de Milei. Entre los ejes que se presentarán este martes en la sede del PJ figuran la reducción de la jornada laboral, la ampliación de licencias por paternidad y una ley de cuidados para trabajadores de plataformas, entre otros puntos.

El borrador se comenzó a trabajar antes del 26 de octubre en el ámbito de la Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales del PJ Nacional. Con Vanesa Siley al frente, los consejeros del partido se reúnen en Matheu 130 junto a diferentes mesas sectoriales para dar forma a una propuesta de “actualización” que contemple las nuevas formas de trabajo sin renunciar a los derechos adquiridos.

Mientras esperan conocer el detalle de la iniciativa del Gobierno, el peronismo busca llegar a las sesiones extraordinarias con una versión propia de reforma laboral. La primera redacción la elaboran Siley junto a “Paco” Manrique, Sergio Palazzo y otros dirigentes sindicales. Luego se debatirá en los bloques legislativos para intentar llevarla al recinto.

Los ejes de la propuesta peronista

1. Reducción de la jornada laboral
Es uno de los temas centrales. El kirchnerismo presentó más de 20 proyectos en esta línea y durante el último año de Alberto Fernández se avanzó en reuniones de comisión. La propuesta actual impulsa una reducción progresiva: primero de 8 a 7 horas diarias y, más adelante, a 6.
“En un mundo con inteligencia artificial y procesos productivos acelerados, es lógico que se trabaje menos y no más”, argumenta Siley.

2. Derecho a la desconexión digital
El PJ propone incorporarlo a la Ley 11.544 para limitar la disponibilidad del trabajador fuera de su horario mediante mails, mensajes o llamados. La meta es resguardar el tiempo de descanso.

3. Ley de cuidados para trabajadores de plataformas digitales
Incluye libertad horaria, regulación general para las empresas de plataformas, estaciones sanitarias para repartidores y la prohibición de bloqueos arbitrarios. También busca equiparar derechos con el empleo formal, como vacaciones y protección ante riesgos laborales.

4. Ampliación de licencias parentales
Existen varios proyectos en el Congreso que van desde ampliaciones de 15, 30 o 45 días, hasta otros que casi igualan las licencias de maternidad. Aún no hay una definición final y el debate continúa tanto dentro del PJ como con otros sectores.

5. Participación en ganancias y comités mixtos
La propuesta incluye la creación de comités mixtos de seguridad e higiene y un esquema de participación de los trabajadores en las ganancias empresariales. Ambos puntos siguen en discusión.

Una alternativa para el debate, no una promesa de empleo

El peronismo asume que su iniciativa no apunta a la creación de empleo formal de manera directa. A diferencia del Gobierno, rechaza la idea de que una reforma laboral pueda, por sí misma, generar trabajo. “El problema es el modelo económico”, repiten referentes del espacio.

Como ejemplo, mencionan la reforma incluida en la Ley Bases, que eliminó multas por informalidad pero no produjo más empleo registrado. Según datos del CEPA, un año después hay 276.624 trabajadores privados registrados menos en la Argentina.

De acuerdo con el informe mensual, la actividad metalúrgica se desplomó 4,6% interanual, mientras que la utilización de la capacidad instalada cayó al 44,3%, un nivel que no se veía desde los peores meses de la pandemia de 2020.

La industria metalúrgica argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. En octubre, el sector volvió a registrar una fuerte caída y operó en mínimos históricos, borrando por completo la breve recuperación observada entre fines del año pasado y comienzos de 2025. La situación se agrava por el aumento acelerado de las importaciones, que mantiene en alerta a los empresarios.

De acuerdo con el informe mensual de ADIMRA, la actividad metalúrgica se desplomó 4,6% interanual, mientras que la utilización de la capacidad instalada cayó al 44,3%, un nivel que no se veía desde los peores meses de la pandemia de 2020. El retroceso deja al sector 17,7% por debajo de los máximos de 2023, confirmando que el rebote del año pasado quedó completamente neutralizado. En lo que va del año, el sector exhibe un crecimiento insignificante del 0,1%, prácticamente un estancamiento.

El leve repunte mensual del 0,3% no alcanzó para compensar las contracciones previas. La capacidad instalada, además, volvió a deteriorarse: cayó 6% respecto del año pasado y mantiene una tendencia descendente constante.

Un deterioro que atraviesa provincias y ramas industriales

El desplome se extiende a lo largo de todo el mapa productivo. Buenos Aires encabeza la caída con un -7,7% interanual, seguida por Mendoza (-4,4%), Córdoba (-3,7%) y Santa Fe (-2,2%). Solo Entre Ríos logró un aumento marginal del 0,5%, insuficiente para revertir el escenario nacional.

A nivel sectorial, la situación es igualmente negativa:

• Fundición sufrió el derrumbe más severo, con -12,7%.
• Equipos y Aparatos Eléctricos cayó 8,6%.
• Bienes de Capital, -3,9%.
• Equipamiento Médico, -3,7%.
• Otros Productos de Metal, -2,8%.
• Autopartes, -2,5%.

Incluso los rubros que habían impulsado la actividad durante el primer semestre muestran señales claras de retroceso. Maquinaria Agrícola cayó 0,8%, mientras que Carrocerías y Remolques, aun con un crecimiento del 2,6%, exhibe una fuerte desaceleración frente a los picos alcanzados a mitad de año.

“El sector está operando con niveles excepcionalmente bajos, comparables a los de 2024, un año pésimo, mientras las importaciones crecieron alrededor del 70% interanual”, alertó Elio Del Re, presidente de ADIMRA. El dirigente reclamó una “política industrial seria” para frenar el deterioro, subrayando la pérdida de empleo, consumo y desarrollo local que genera el retroceso productivo.

Empleo en retroceso, importaciones en alza y expectativas cada vez más débiles

Las perspectivas empresariales no anticipan mejoras. El 67,4% de las firmas espera que su producción se mantenga igual o caiga aún más en los próximos meses. En el frente laboral, el panorama es todavía más preocupante: el 83,3% de las empresas prevé no modificar sus plantillas o directamente reducirlas. El empleo metalúrgico ya cayó 2,9% interanual, con un retroceso mensual del 0,1%.

El sector también enfrenta un deterioro creciente en el balance comercial. En septiembre, las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron u$s2.717 millones, un salto interanual del 18,7% en dólares y del 42,6% en toneladas. Frente a mediados del año pasado, las compras externas se dispararon 84,7%, desplazando a la producción local.

En contraste, las exportaciones sumaron apenas u$s416 millones, con una baja del 5,7% interanual, consolidando un escenario adverso en el que la industria nacional pierde terreno tanto en el mercado interno como en el externo.

El salario mínimo vital y móvil (SMVM) argentino equivale a apenas 225 dólares, un valor que deja al país al fondo del ranking regional, incluso por debajo de economías mucho más pequeñas y menos desarrolladas como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares).

El deterioro del salario mínimo en Argentina alcanzó un punto crítico: hoy es el más bajo de toda América Latina. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el SMVM argentino equivale a apenas 225 dólares, un valor que deja al país al fondo del ranking regional, incluso por debajo de economías mucho más pequeñas y menos desarrolladas como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares).

En el extremo opuesto, la distancia con los países mejor posicionados es abismal: Costa Rica lidera con 729 dólares, seguida por Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) y Ecuador (470 dólares).

Un retroceso histórico: el salario mínimo ya es más bajo que en 2001

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que el SMVM cayó 2% en septiembre, completando tres meses consecutivos de descenso tras las bajas de julio (-0,5%) y agosto.

El deterioro se profundizó especialmente desde diciembre de 2023, cuando el salario mínimo se desplomó 15%, seguido por otra caída del 17% en enero de 2024. Aunque hubo algunos incrementos aislados, la tendencia general siguió siendo negativa.

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el SMVM perdió 34% en términos reales, y solo en 2025 acumula una baja del 5,6%.

Como resultado, el valor real del salario mínimo en septiembre de 2025:

• Es inferior al de 2001, previo a la crisis de la convertibilidad.
• Es 63% menor al pico histórico alcanzado en septiembre de 2011.

También se deterioran los salarios registrados

La caída del salario mínimo se da en simultáneo con un empeoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

Según el INDEC, en septiembre:

• El salario del sector privado registrado subió solo 1,4%.
• El sector público, 1,1%.
• La inflación fue del 2,1%.
• El índice salarial general avanzó 2,2%, impulsado únicamente por el salto del 5,7% en los trabajadores no registrados.

Respecto de diciembre de 2024:

• El índice de salarios acumula un 30,4%.
• En la comparación interanual, sube 46% (32,9% en el sector privado registrado, 35% en el público y 120,2% en el no registrado).

Tomando solo los datos de 2025 (enero–septiembre):

• El total aumenta 30,4%.
• Privado registrado: 20,4%.
• Público: 23,9%.
• No registrado: 77%.

En el sector público, los incrementos de septiembre fueron mínimos: 1,3% en el subsector nacional y 1,1% en el provincial. En la comparación interanual, los aumentos fueron 21,8% y 39,6%, respectivamente.

Desde este lunes 17 de noviembre comenzó a regir un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una suba que impacta de lleno en el presupuesto diario de millones de usuarios.

Con el ajuste definido por el Gobierno, el boleto mínimo pasó de $451 a $494,83, una actualización que vuelve a encarecer el costo de viajar.

Cómo quedaron las tarifas desde el lunes 17 de noviembre

Con esta modificación, las tarifas del transporte automotor del AMBA se actualizan nuevamente, en un contexto donde tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia ajustan sus propias líneas —las que operan exclusivamente dentro de sus jurisdicciones— siguiendo un esquema mensual ligado a la inflación más un adicional de dos puntos.
Esas competencias fueron transferidas desde la Nación en 2024.

Qué líneas aplicaron el aumento

El incremento actual alcanza a las siguientes líneas nacionales:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Qué dicen las empresas

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aclaró que estos aumentos no representan una mejora para la economía de las compañías, dado que “todo ajuste de tarifa es descontado de los subsidios, que continúan siendo la mayor parte de los ingresos del sector”.

La entidad también advirtió sobre la pérdida de recursos en la última década:

“En 2015 el sistema del AMBA recibía unos $400.000 millones mensuales (a moneda de hoy), frente a los $270.000 millones que reciben en promedio durante 2025. Es decir, se perdió un tercio de los ingresos”.

Finalmente, remarcaron que es fundamental observar los ingresos totales —tarifas más subsidios— para dimensionar la situación financiera del transporte.