José Luis Espert confirmó este domingo que no será candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La decisión se produce luego del escándalo que lo vinculó con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

La renuncia de Espert llega tras una denuncia que lo señaló por el presunto cobro de US$200.000 de una firma relacionada con Machado, actualmente bajo arresto domiciliario en la Patagonia y con un pedido de extradición desde Estados Unidos.

Pese a que en un primer momento el presidente Javier Milei había expresado su respaldo, la presión política y social terminó forzando la salida del economista quien no pudo remontar su imagen, justo en la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre. El caso golpea de lleno la imagen del oficialismo y abre un nuevo frente de crisis interna.

El mensaje completo de Espert en redes:

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO

Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.

En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la…

— José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

En un comunicado, los industriales señalaron que el “vacío legal” en la Aduana está generando competencia desleal y apuntaron directamente a la gestión que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió las alarmas por el avance del contrabando y denunció un fuerte retroceso en los controles aduaneros, que facilitan el ingreso de productos ilegales al país. En un comunicado, los industriales señalaron que el “vacío legal” en la Aduana está generando competencia desleal y apuntaron directamente a la gestión que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

Según los empresarios, el descontrol es evidente: desde mercadería que entra por contenedores en los puertos sin pasar por revisiones exhaustivas, hasta bagayeros que cruzan ropa, calzado y electrónicos en las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil. La venta online de estos productos —a menudo falsificados y sin pagar impuestos— agrava la crisis para los fabricantes locales.

“La frontera se volvió más permeable que nunca”, advierten en la UIA. Relatan que en La Quiaca, Aguas Blancas y la Triple Frontera se multiplican los cargamentos de alimentos, bebidas, calzado, celulares y hasta electrodomésticos que ingresan de forma ilegal. A esto se suma la liberación de los controles de calidad: ya no se exige que los productos importados certifiquen bajo normas locales, basta con papeles emitidos en el país de origen.

El informe interno de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) refuerza las denuncias: más de 190 cámaras de seguridad de la Aduana están fuera de servicio o mal orientadas, lo que facilita maniobras irregulares. Industriales y despachantes señalan, además, que proliferan los pedidos de sobornos a cambio de liberar mercaderías en un contexto de importaciones récord.

Desde el sector textil, del calzado y de la electrónica alertan que hasta un tercio de los celulares que se activan en el país entraron por contrabando, en tanto que millones de pares de zapatillas falsificadas se ofrecen en redes sociales tras cruzar las fronteras norteñas en bagayo.

La UIA advirtió que esta situación no solo daña a las empresas que pagan impuestos y cumplen con la normativa, sino que también representa un riesgo para los consumidores, ya que muchos de los productos que llegan sin control no cumplen con estándares básicos de seguridad o sanidad.

En la Aduana, bajo la órbita de José Velis —hombre de confianza de Caputo—, las críticas se acumulan. Industriales, importadores y hasta legisladores denuncian falta de controles, connivencia con redes de contrabando y un relajamiento deliberado de las revisiones, lo que, según la UIA, está socavando las bases mismas de la producción nacional.

La posición de José Luis Espert quedó en el centro de la tormenta tras confirmarse que la empresa que le giró 200.000 dólares está directamente vinculada al empresario argentino detenido en EE.UU. por narcotráfico, Federico “Fred” Machado.

En un intento de despejar dudas, el candidato de La Libertad Avanza admitió haber cobrado esa suma, aunque aseguró que fue producto de un contrato de consultoría con Minas del Pueblo S.A.. Sin embargo, publicaciones de 2020 y 2021 de CMI-Guatemala y del Ministerio Público de ese país derrumban esa línea de defensa: ambas fuentes señalan a la minera como parte de la estructura de lavado y narcotráfico de Machado, e incluso la vinculan con una avioneta y una pista de aterrizaje clandestina investigadas judicialmente.

El problema para Espert es que su explicación se desmorona frente a la evidencia documental. Mientras él insiste en que se trató de un trabajo profesional independiente y que “no pecó más que de ingenuidad”, la información guatemalteca lo deja sin margen: la empresa que lo contrató era de Machado.

El golpe es doble. Por un lado, reaviva las sospechas de posibles conexiones financieras entre un dirigente político argentino y redes criminales internacionales. Por otro, deja a Espert en una posición sumamente frágil, ya que sus aclaraciones resultaron poco convincentes y hasta contradictorias frente a los antecedentes públicos.

Lo que buscaba ser un descargo para cerrar el tema terminó abriendo más preguntas: ¿cómo pudo desconocer la relación de Minas del Pueblo con Machado si ya había publicaciones oficiales y periodísticas que lo señalaban? ¿Y por qué aceptó un pago millonario de una firma con semejante prontuario?

Las revelaciones desde Guatemala no solo complican al candidato libertario: también profundizan la crisis de credibilidad que lo rodea.

El caso amenaza con transformarse en una bomba política dentro del oficialismo libertario: mientras la Corte Suprema demora la extradición de Machado, la confirmación judicial de los vuelos y el registro del giro millonario alimentan las denuncias de la oposición y ponen en jaque la campaña de octubre.

La Justicia federal confirmó que José Luis Espert, actual diputado y candidato de La Libertad Avanza, realizó 35 vuelos en 2019 en el avión del empresario Fred Machado, detenido en Argentina y acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. En al menos cinco de esos traslados, Espert y Machado compartieron cabina.

La verificación surge de la causa 1780/2021, a cargo del juez Martínez de Giorgi, en la que se estableció que los aviones pertenecían a MED Aviación SA, una firma bajo la órbita de Machado. Espert había admitido públicamente un solo vuelo, pero en sede judicial reconoció que utilizó las aeronaves con fines de campaña.

A la presión que genera este dato se suma ahora una transferencia de 200 mil dólares girada a nombre de Espert desde el Bank of America, incorporada como prueba en un juicio celebrado en Texas contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y condenada en 2023. El giro, fechado en enero de 2020, nunca fue declarado ante la justicia electoral ni la AFIP, y aparece vinculado a la matrícula N28FM, la misma del avión utilizado durante la campaña presidencial de 2019.

La documentación bancaria, aceptada como evidencia en EE.UU., conecta directamente al dirigente libertario con el circuito financiero del empresario que enfrenta un pedido de extradición por narcotráfico internacional.

El caso amenaza con transformarse en una bomba política dentro del oficialismo libertario: mientras la Corte Suprema demora la extradición de Machado, la confirmación judicial de los vuelos y el registro del giro millonario alimentan las denuncias de la oposición y ponen en jaque la campaña de octubre.

Hasta el momento, Espert mantiene silencio. Pero en el entorno libertario ya se teme que el escándalo termine por abrir una crisis interna y haga naufragar la estrategia electoral del gobierno en plena cuenta regresiva hacia las elecciones.

Matías Agustín Ozorio, uno de los detenidos por el triple crimen de tres jóvenes, fue señalado por su entorno como un ferviente seguidor de Javier Milei y como una de las víctimas de la estafa con la criptomoneda Libra, promocionada en su momento por el presidente.

Matías Ozorio, considerado la mano derecha de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, cayó esta semana en Perú, acusado de ser parte de la organización narco que operaba desde la villa 1-11-14. Será extraditado a la Argentina en los próximos días.

Al ser arrestado, aseguró que había llegado a Lima “engañado” por “narcos mafiosos” a los que debía una fuerte suma de dinero. Distintas versiones coinciden en que sus problemas económicos, producto de inversiones fallidas en criptomonedas, lo empujaron a vincularse con el narcotráfico.

Uno de los acusados del triple crimen, que fue detenido en Perú, había perdido mucho dinero con las criptomonedas, según contó una familiar. https://t.co/Ju983VKPjq pic.twitter.com/MA3gYBM5Tw

— La Política Online | Argentina (@LPOArg) October 1, 2025

Una de sus familiares lo confirmó públicamente:

“No sé si debería hablar de esto, pero sé que estaba muy metido en las criptomonedas. Debía mucha plata. Perdió muchísimo dinero con Libra, esa que promocionó Milei en sus redes”, declaró.

La misma fuente remarcó que Ozorio era un seguidor incondicional del líder libertario:

“Él es muy libertario, cien por ciento. Apenas Milei subió eso, él empezó”, afirmó.

La mujer también reveló que, en plena pandemia, Ozorio renunció a su trabajo en el Hospital Italiano, donde tenía un sueldo alto y estable. Según su testimonio, forzó su despido para cobrar la indemnización, dinero que luego invirtió en criptomonedas. Las pérdidas lo dejaron en la ruina y, bajo presión por las deudas, terminó ligado al negocio narco.

Mientras la Casa Rosada busca desesperada en Washington un salvataje financiero para contener la crisis cambiaria, un grupo de senadores del Partido Demócrata de Estados Unidos le reclamó al presidente Donald Trump que no avance con un paquete de asistencia para el gobierno de Javier Milei.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había anticipado que la Casa Blanca evalúa alternativas como un swap por 20.000 millones de dólares, un crédito stand-by e incluso la compra de bonos argentinos. Sin embargo, ese anuncio encendió las alarmas en la oposición demócrata, que en una carta firmada por 14 legisladores expresó su “profunda preocupación” por el destino de fondos de los contribuyentes norteamericanos en medio de la campaña electoral argentina.

Los senadores advirtieron que las medidas económicas recientes de Milei, como la suspensión temporal de retenciones a la soja, el maíz y el trigo, generan un impacto directo sobre la competitividad de los agricultores estadounidenses, ya golpeados por la política arancelaria de Trump. Según el texto, esa decisión dejó a los productores norteamericanos en desventaja frente a Argentina y permitió que China, tradicional comprador de granos de EE.UU., adquiriera decenas de cargamentos argentinos en pocos días.

“El rescate a la Argentina llegaría en un momento en el que nuestros agricultores enfrentan caídas de precios, márgenes cada vez más estrechos y la pérdida de mercados clave. No está claro por qué se debería usar dinero público para apuntalar la campaña de reelección de un presidente extranjero”, advirtieron los legisladores.

La carta, respaldada por referentes como Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Chuck Schumer, también remarcó que casi el 20% de la producción agrícola estadounidense se exporta cada año y que cualquier alteración de la competencia internacional pone en riesgo a la cadena agroindustrial del país.

En paralelo, la Asociación de Productores de Soja de EE.UU. reiteró que la caída del precio del grano coincide con el inicio de la cosecha y reclamó que la prioridad del gobierno sea recomponer el vínculo comercial con China en lugar de destinar miles de millones de dólares a la campaña electoral de Milei en Argentina.

Los senadores concluyeron su reclamo con un pedido concreto: el cese inmediato de cualquier plan de asistencia financiera a Milei, argumentando que la verdadera urgencia está en fortalecer la competitividad agrícola de Estados Unidos y no en “subvencionar a un país extranjero para influir en sus elecciones legislativas”.

Las respuestas ambiguas del diputado en una entrevista televisiva, donde evitó confirmar o desmentir si recibió 200.000 dólares de un fideicomiso ligado a Machado, dejaron más dudas que certezas y despertaron un fuerte malestar dentro de La Libertad Avanza (LLA).

La polémica en torno a José Luis Espert y sus presuntos vínculos con el financista Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, sigue generando tensiones dentro del oficialismo. Las respuestas ambiguas del diputado en una entrevista televisiva, donde evitó confirmar o desmentir si recibió 200.000 dólares de un fideicomiso ligado a Machado, dejaron más dudas que certezas y despertaron un fuerte malestar en La Libertad Avanza (LLA).

La ministra de Seguridad y primera candidata en la Ciudad, Patricia Bullrich, tomó distancia de su aliado y no dudó en exigirle mayor transparencia: “Espert tiene que volver a los medios y contestar claro. Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas”, advirtió.

“Espert tiene que volver a hablar y contestar claro”

Bullrich está DESESPERADA por despegarse porque Espert la está hundiendo en las encuestas. pic.twitter.com/lnxZhY8agt

— Marian Herrera (@marianherrrera) October 2, 2025

Si bien Bullrich intentó matizar señalando que en 2019, cuando Espert fue candidato a Presidente, “podría no haber sabido” de los vínculos ilegales de Machado, también cuestionó su actitud frente a las cámaras: “Tuvo una posición cerrada de no decir exactamente las cosas que sucedieron”.

El malestar en el Gobierno no solo radica en la opacidad de las explicaciones de Espert, sino también en la necesidad de blindar al Presidente frente a un escándalo que la oposición ya busca capitalizar. “Cada uno tiene que hacer su aporte, no puede ser que sea el Presidente el que tenga que hablar del candidato a diputado. Somos nosotros los que tenemos que trabajar sobre esto”, subrayó Bullrich.

La candidata insistió en que LLA tiene “una vara muy alta” frente a la sociedad y que sus dirigentes no pueden permitirse zonas grises en temas vinculados al narcotráfico: “José Luis tiene que volver y ser claro. Es lo que yo pienso”.

Mientras Espert sigue dando evasivas, la incomodidad puertas adentro es cada vez más notoria. El traspié de Espert lo dejó expuesto y reavivó las dudas sobre su rol en el espacio oficialista en plena campaña.

La crisis económica y la caída del consumo en Argentina están provocando un efecto dominó en el sector empresarial: cada vez más compañías internacionales deciden abandonar el país. El último caso es el de Burger King, que tras 36 años de presencia ininterrumpida anunció la venta de su operación local, lo que pone en riesgo 4.500 puestos de trabajo.

La decisión de la cadena de hamburguesas se suma a la de Carrefour, que meses atrás confirmó su salida para concentrarse en otros mercados más rentables, y a la de la automotriz Mercedes-Benz, que también resolvió reducir o cesar sus operaciones en el país tras décadas de presencia.

Burger King: 36 años de historia en duda

La empresa, que cuenta con más de 110 locales en todo el país, informó que el banco BBVA está negociando con posibles compradores para garantizar la continuidad de la marca y de los empleos. Entre los interesados aparece Inverlat, fondo que ya controla KFC y Wendy’s en Argentina.

Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto. Si no se concreta la venta, la salida definitiva de la cadena abriría un escenario de despidos masivos.

Razones detrás de la retirada

Aunque el grupo mexicano Alsea —operador de Burger King en Argentina— explicó que la venta forma parte de una reestructuración regional, en el caso argentino existen factores específicos que aceleraron la decisión:

• Caída del consumo masivo por la recesión y la pérdida del poder adquisitivo.
• Inflación y suba de tarifas, que golpearon especialmente a los sectores medios y populares, principales clientes de las cadenas de comida rápida.
• Competencia creciente, tanto de Mostaza —que desplazó a Burger King del segundo lugar en el mercado— como de hamburgueserías gourmet y artesanales que captaron al público joven.

Un patrón que preocupa

El retiro de Burger King no es un hecho aislado. La salida de Carrefour y el repliegue de Mercedes-Benz confirman un escenario complejo para las multinacionales en Argentina, donde la inestabilidad macroeconómica, la inflación crónica y la recesión desalientan la inversión de largo plazo.

El impacto no solo es económico, sino también laboral y social, ya que miles de trabajadores y sus familias ven comprometido su futuro ante la retirada de estas compañías.

El exconcejal rosarino y dirigente del partido UNITE, José Bonacci, quien fuera armador político de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, rompió el silencio y lanzó fuertes acusaciones sobre el financiamiento de aquella elección.

Consultado por los presuntos vínculos del actual diputado con el narcotraficante Federico “Fred” Machado —investigado por una transferencia de 200 mil dólares a la campaña—, Bonacci se desligó de toda relación con el empresario y apuntó directamente contra Nazareno Etchepare, a quien señaló como responsable de la reunión con Machado y del manejo de los aportes privados.

«Yo nunca participé de ningún encuentro con Machado. Nuestra tarea fue estrictamente política, usamos los recursos estatales destinados a la impresión y distribución de boletas. Pero cuando empezamos a transitar las candidaturas, lo que percibimos fue un grado de desesperación por conseguir plata para la campaña», declaró Bonacci.

El dirigente fue categórico al afirmar que «si existieron aportes privados, fueron por fuera de la lógica legal». Y agregó: «Ese famoso avión de Machado, que se usó en la campaña, jamás se declaró. Espert debía haber registrado los aportes de promoción de candidato, pero no lo hizo. Fueron muy desprolijos».

En su testimonio, Bonacci describió un clima marcado por la búsqueda frenética de financiamiento:

«Estaban desesperados por ver una moneda. Ante eso, nosotros nos concentramos en lo político y en los aportes estatales, porque no queríamos cometer los mismos errores de los liberales: sentarse con cualquiera, sin importar de dónde venía el dinero».

Finalmente, trazó un diagnóstico más amplio sobre la lógica que, según él, domina en ciertos espacios libertarios: «Cuando no hay cuadros políticos ni militancia real, todo termina monetizándose. Lo vi en campaña: dirigentes que no buscaban transformar nada, sino asegurarse una moneda o un cargo. Esa es la política que hacen muchos de los liberales».

La venta de combustibles registró una marcada caída en agosto, reflejando el impacto de la crisis económica en el consumo local y en la producción.

Según datos de la Secretaría de Energía procesados por la consultora Politikón Chaco, las estaciones de servicio despacharon 1.420.350 metros cúbicos, cifra que muestra un retroceso del 3% respecto de julio y evidencia un estancamiento en comparación con agosto de 2024, cuando apenas se observó un aumento interanual del 0,4%.

El escenario revela un consumo debilitado: mantener un vehículo se ha vuelto cada vez más difícil en la Argentina de La Libertad Avanza, lo que obliga a las familias a reducir o postergar visitas a las estaciones de servicio.

En la comparación interanual, 16 jurisdicciones del país sufrieron caídas en sus ventas, mientras que solo ocho registraron aumentos. Los mayores retrocesos se dieron en CABA (-11,7%), Misiones (-10,6%) y Santa Cruz (-6,5%), en tanto que Santiago del Estero (+10,6%), Buenos Aires (+7%) y San Juan (+6,8%) lograron cerrar en alza.

Por tipo de combustible, las naftas crecieron un 3% interanual, mientras que el gasoil cayó un 2,7%, con un fuerte contraste entre el gasoil premium (+10%) y el común (-9%).

En cuanto al mercado, YPF lideró con el 55,1% de participación, con un crecimiento anual del 4,9%. Shell quedó segunda con 22,6%, aunque sufrió una baja del 7,6%.

Desde el sector, los expendedores nucleados en Expendedores Unidos advirtieron que la actividad enfrenta una “severa crisis de rentabilidad”, marcada por la suba de costos operativos, administrativos, sindicales e impositivos, sin recuperación de la demanda. El comunicado alertó además que este panorama pone en riesgo la sustentabilidad de las estaciones de servicio en todo el país.