Al corregir distorsiones metodológicas clave, distintos estudios demuestran que la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

Aunque el INDEC informó una fuerte caída de la pobreza y la ubicó en 31,6% durante el primer semestre de 2025, distintos estudios académicos y estimaciones privadas advierten que el deterioro social es mas grave de que lo anuncia el gobierno. Al corregir distorsiones metodológicas clave, la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

La magnitud del contraste abre un debate central: no se discute que la pobreza haya bajado respecto del pico de 2024, sino cuánto bajó realmente y por qué. Para numerosos especialistas, la mejora difundida por el organismo estadístico responde en gran medida a cambios técnicos en la medición y no a una recuperación genuina de los ingresos ni de las condiciones de vida.

Según el INDEC, la pobreza se redujo más de 21 puntos porcentuales en apenas un año, un descenso inédito que no encuentra correlato en otros indicadores sociales, laborales o de consumo. En un contexto todavía marcado por salarios rezagados, alta informalidad y consumo masivo deprimido, la cifra oficial aparece desanclada de la experiencia cotidiana de los hogares.

Canasta desactualizada e ingresos “mejor medidos”

Uno de los principales problemas señalados es la línea de pobreza que utiliza el INDEC. La Canasta Básica Total se apoya en patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, una metodología obsoleta tras dos décadas de cambios económicos y sociales. Las estimaciones que actualizan la canasta con ponderadores más recientes muestran que hoy el costo de vida real es más alto de lo que refleja la medición oficial, lo que tiende a subestimar la pobreza.

El segundo factor es la captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares. Desde fines de 2023, la mejora en los mecanismos de relevamiento y la desaceleración inflacionaria permitieron registrar ingresos más altos, especialmente en sectores informales. Ese “efecto estadístico” empujó a millones de personas por encima de la línea de pobreza en los registros, aunque su situación material no haya mejorado en la misma proporción.

Al corregir ambos elementos —actualización de la canasta y ajuste por subdeclaración de ingresos— la pobreza se ubica en torno al 42%, lo que implica una baja más moderada: entre 14 y 16 puntos desde el pico de 2024, muy lejos de los 21 puntos que muestra la serie oficial.

No hay una reducción genuina del flagelo

Un informe del Observatorio Universitario de Economía de la UNLPam y de la consultora Equilibra es contundente: la caída de la pobreza reportada por el INDEC no refleja una mejora estructural, sino deficiencias metodológicas. El estudio, elaborado por Lorenzo Sigaut Gravina, Sebastián Lastiri, Gonzalo Carrera y Micaela Bassi, señala que sin estas distorsiones la reducción durante la gestión de Javier Milei sería marginal.

Los investigadores concluyen que, frente al cierre del gobierno de Alberto Fernández, solo una fracción menor de la baja oficial puede considerarse “genuina”. El resto se explica por cambios en la medición. En términos históricos, el nivel actual de pobreza corregida es similar al de fines del macrismo y apenas inferior al del período anterior.

Mientras el empleo informal sigue elevado, el consumo continúa débil y la capacidad de ahorro permanece prácticamente anulada, la discusión sobre cómo se mide la pobreza deja de ser un tecnicismo: define el diagnóstico de la crisis social y la evaluación de las políticas económicas en curso. Actualizar la canasta básica y transparentar los efectos estadísticos resulta clave para contar con un termómetro social que refleje, sin maquillajes, la verdadera dimensión del problema.

Mientras avanza el ajuste presupuestario a la educación y las jubilaciones, Milei firmará un decreto para aumentar los abultados sueldos de los funcionarios de su gabinete.

Javier Milei firmará este martes un decreto que habilita el aumento de los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía del Estado, en un contexto marcado por un brutal ajuste sobre la educación pública, las jubilaciones y el gasto social. La medida será publicada el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial y alcanzará a cargos como el presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Según reconocen en la Casa Rosada, el decreto contemplará la recomposición salarial correspondiente a todo el período sin aumentos, aunque aclaran que no superará la actualización percibida por los empleados estatales. Aun así, la decisión contrasta con la continuidad de políticas de recorte que impactan de lleno en jubilados, universidades y sistemas educativos de todo el país.

Desde Balcarce 50 argumentan que los salarios de los altos funcionarios perdieron cerca del 60% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión. La inflación acumulada durante 2024 fue del 117,8% y, con los últimos datos disponibles, el IPC registra un 27,9% adicional en 2025 hasta noviembre.

Actualmente, el esquema salarial establece sueldos brutos mensuales de alrededor de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En el Congreso, los diputados perciben cerca de $7 millones y los senadores alcanzan los $9,5 millones.

Las discusiones internas por la actualización salarial atravesaron todo 2025, con reclamos directos al Presidente. En el Gobierno evitaron avanzar con la medida antes de las elecciones de octubre y resolvieron postergarla hasta el inicio del nuevo año.

Desde el Ejecutivo sostienen que el congelamiento salarial afectó el funcionamiento interno de la gestión y la conformación de equipos técnicos, al ampliarse la brecha con el sector privado. Sin embargo, la firma del decreto se produce mientras continúan los recortes presupuestarios y la pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y salarios docentes, profundizando el impacto social del ajuste.

El texto final fue consensuado entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Un antecedente similar había sido revertido meses atrás tras el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y la derogación de la suba.

En el último año, el precio de la carne vacuna aumentó más del doble que la inflación minorista, consolidándose como uno de los principales factores de pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló un 31,4%, la carne vacuna trepó 72,8%, una dinámica que impacta de manera directa en el consumo y reconfigura de forma estructural la dieta familiar.

La persistencia de aumentos muy por encima de la inflación general empuja a las familias a optar por cortes más económicos o a reemplazar la carne vacuna por alternativas como el pollo o el cerdo, cuyos incrementos de precios se ubicaron más cerca del promedio inflacionario. En este contexto, los aumentos registrados en carnicerías de barrio fueron superiores a los observados en los supermercados.

En términos interanuales, los precios de la carne mostraron en noviembre un incremento del 53,2%, acelerándose respecto del 47,3% registrado en octubre. Entre los cortes que más subieron se destacan el asado (76,8%), cuadril (75,9%), nalga (73,7%), paleta (71,2%) y carne picada común (59,7%). En contraste, las hamburguesas congeladas aumentaron 42,7%, mientras que el pollo entero registró un alza anual del 21,1%.

En cuanto a la producción, durante los primeros once meses del año se mantuvo prácticamente estable, con un total de 2,881 millones de toneladas res con hueso. No obstante, en noviembre se verificó una caída del 6,3% respecto de octubre y del 6,7% en la comparación interanual.

Por su parte, las exportaciones de carne vacuna retrocedieron un 10% interanual, alcanzando 779,6 mil toneladas res con hueso en el mismo período. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), la baja se explica principalmente por la menor demanda de China durante el primer semestre del año. En noviembre, además, la caída estacional de los envíos a Israel (-71,6%) profundizó la contracción mensual. A nivel interanual, las menores ventas a China, Israel, México, Canadá, Chile e Italia superaron los aumentos registrados en los envíos a Países Bajos y Estados Unidos, mientras que Alemania, Brasil y España se mantuvieron estables.

La Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó un desplome de seis puntos en la actividad industrial durante noviembre, un dato que consolida un escenario de estancamiento productivo y anticipa un impacto directo sobre el empleo.

La caída va de la mano con la contracción del consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales, que registró una baja del 5,8%, un indicador clave del freno en el ritmo de producción de las fábricas. A esto se suman otros datos contundentes: los despachos de cemento se redujeron un 7,7% y la producción automotriz se desplomó un 22%, reflejando la magnitud de la parálisis en sectores estratégicos.

La construcción continúa entre los rubros más golpeados. Desde la UIA advirtieron que la demanda interna sigue debilitada, mientras que los niveles de despacho de cemento se ubican más de un 20% por debajo de los registros de 2022 y 2023, profundizando el deterioro de una actividad con fuerte capacidad de generación de empleo.

La industria automotriz tampoco logra revertir la tendencia negativa. La fuerte caída de las ventas en el mercado interno obligó a frenar la producción durante más de un mes en plantas como la de Peugeot-Citroën, mientras que el complejo metalmecánico mostró una contracción adicional del 0,5%.

Desde la entidad que preside Martín Rappallini señalaron que “la actividad industrial aún se encuentra estancada”, con niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y aproximadamente un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023, lo que confirma que la recuperación no logra consolidarse.

Impacto en las Pymes

El impacto más preocupante se registra en el entramado pyme. Según el informe de coyuntura de la Fundación Observatorio PyME, durante el tercer trimestre de 2025 las pequeñas y medianas empresas atravesaron una “situación crítica”, con una caída acumulada de la producción del 4,1% y una reducción del empleo del 4,6%, una combinación que anticipa mayores tensiones laborales.

El 81% de las pymes reportó una fuerte presión de costos, mientras que el 37% denunció una pérdida de participación en el mercado interno frente al avance de productos importados, principalmente de origen chino. En este contexto, más de la mitad de las empresas informó retrasos en los pagos por parte de sus clientes y un 35% admitió dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

El deterioro es transversal. Ya en octubre, once de los dieciséis sectores que componen el índice industrial registraron caídas interanuales. El sector textil encabezó el derrumbe, con una baja del 24%, consolidándose como uno de los focos más críticos de la crisis productiva.

Con estos indicadores, la industria argentina enfrenta un escenario de alta fragilidad que amenaza con traducirse en suspensiones, cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo, en un contexto donde la caída del consumo y el avance de las importaciones profundizan el riesgo de una nueva crisis de empleo.

La industria del juguete cerró la campaña navideña con una contracción del 6,9% en las ventas, un resultado que confirma el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de consumo.

El retroceso se dio en un contexto de extrema cautela por parte de las familias y del avance de plataformas internacionales de compra.

Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la caída interanual en unidades vendidas evidenció un mercado marcado por presupuestos ajustados, decisiones de compra racionales y una fuerte sensibilidad al precio. Aun así, el sector subrayó como dato positivo la estabilidad de los precios y el mejor desempeño del juguete de producción nacional frente al importado.

El presidente de la entidad, Matías Furió, sostuvo que, pese al resultado negativo, el cierre de diciembre fue “mejor al esperado”, especialmente en comparación con noviembre, mes que había registrado una baja abrupta e inesperada. No obstante, aclaró que la aceleración de las compras en los días previos a la Nochebuena no logró compensar la fuerte caída del Día del Niño ni los retrocesos acumulados en los meses siguientes.

Cambios estructurales en el consumo y el financiamiento

El relevamiento de la cámara mostró una transformación profunda en las modalidades de pago y compra. El 95% de las operaciones se realizó a través de billeteras virtuales o tarjetas de crédito, mientras que el uso de efectivo fue prácticamente nulo. En este escenario, la posibilidad de ofrecer cuotas sin interés, favorecida por la normalización de las tasas, resultó clave para sostener el nivel de actividad.

En cuanto a los canales de venta, el comercio electrónico se mantuvo estancado, concentrando el 25% del mercado, mientras que los locales físicos fueron los más afectados, con una caída cercana al 10% en sus ventas.

Producción nacional firme y dificultades para el importado

Aunque los precios se mantuvieron estables a lo largo del año, el desempeño fue dispar según el origen del producto. El juguete nacional mostró resultados positivos, impulsado por una mejor relación precio-calidad y costos más previsibles. En contraste, el juguete importado registró un desempeño negativo, afectado por la sobreoferta y “precios distorsionados”, según definió la cámara.

El ticket promedio también reflejó diferencias según el canal de venta: alrededor de $10.000 en supermercados, $19.000 en jugueterías de barrio y hasta $45.000 en cadenas especializadas.

El Banco Central informó que no existen contratos que sustenten el envío del oro argentino a Londres lo que arroja un manto de dudas sobre la operación impulsada por Toto Caputo.

El Banco Central admitió oficialmente que no existen contratos que respalden el envío de los lingotes de oro argentinos al exterior, una confesión que deja a las autoridades económicas al borde de una investigación penal. En una respuesta formal a la Auditoría General de la Nación (AGN), la entidad fue categórica: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”. La inexistencia de respaldo contractual abre un flanco judicial de enorme gravedad.

La historia no comenzó esta semana. En julio del año pasado, cuando se reveló que Luis Caputo y Santiago Bausili habían sacado las reservas de oro del país en un operativo reservado, se inició una secuencia de silencios, evasivas y negativas oficiales. Hoy, esa estrategia quedó desmentida por el propio Banco Central.

Durante la madrugada, en un procedimiento sin precedentes, el Central cargó lingotes de oro valuados en cerca de USD 5.000 millones en un avión comercial y los envió al exterior sin dejar rastro documental: sin contratos, sin informes jurídicos, sin registros administrativos y sin posibilidad de auditoría. Una escena más propia de una novela policial que de la gestión de activos estratégicos del Estado. Pero ocurrió.

¿Donde está el oro?

Lo más grave es que el Banco Central reconoció ante la AGN que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío del oro. Ni al momento de la operatoria ni al cierre del ejercicio. La respuesta oficial fue aún más extrema: no se elaboraron dictámenes legales porque, directamente, “no hay contratos”. Este punto deberá ahora ser evaluado en sede judicial, donde ya se exigen explicaciones.

La admisión deja sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operación valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que auditar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.

La presunción de delito se apoya en hechos concretos. Los funcionarios del Banco Central no administran bienes privados: custodian activos públicos. La falta de respaldo contractual no es un error administrativo menor, sino un elemento que puede configurar responsabilidad penal. Cuando un activo estratégico pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal.

El expediente ya escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se reduce. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche: las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado invoca confidencialidad, debe demostrar un daño concreto. No alcanza con alegar riesgos genéricos.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de los nuevos auditores.

El contexto internacional vuelve todo aún más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico que funciona como salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas en rojo. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales rondarían los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el agujero sería todavía mayor.

La paradoja es evidente: los lingotes siguen computando como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan algún rendimiento o si fueron entregados como garantía para obtener dólares frescos.

Carlos Rodríguez, uno de los arquitectos del programa económico de Javier Milei durante la campaña y desplazado al asumir el gobierno, calificó el episodio como “simplemente insólito”. Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo ya consumido y reclamó conocer la ubicación exacta de todos los activos y pasivos del Central.

Rodríguez fue más allá: además del oro, exigió información sobre los dólares de los encajes bancarios y la publicación de la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del FMI.

En ese marco, crece la sospecha del mercado sobre el pago del vencimiento de USD 1.000 millones de Bopreal con depósitos de los ahorristas. Con reservas netas negativas por USD 18.000 millones, la única caja líquida disponible serían los encajes bancarios. El resto —swap con China y créditos del Fondo— no se puede usar.

El nuevo sistema divide a la población únicamente en “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”, lo que impactará fuertemente en la clase media y en regiones de alto consumo como la Patagonia.

El Gobierno nacional confirmó el fin del esquema de segmentación en las tarifas de luz y gas y avanzó hacia un nuevo sistema que reducirá drásticamente el alcance de los subsidios energéticos a partir de 2026. Con la eliminación de los niveles N1, N2 y N3, la asistencia estatal quedará limitada a una clasificación binaria: “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”, una modificación que tendrá un fuerte impacto en la clase media y en regiones de alto consumo, como la Patagonia.

La decisión quedó formalizada tras el cierre de la consulta pública dispuesto por la Resolución 592/2025, que habilita la implementación del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La Secretaría de Energía confirmó que el proceso de participación ciudadana concluyó el 20 de diciembre y que el nuevo esquema comenzará a regir el 1 de enero de 2026.

A diferencia del sistema vigente, que contemplaba una categoría intermedia para ingresos medios, el nuevo modelo elimina cualquier gradación. De este modo, miles de usuarios que actualmente reciben subsidios parciales pasarán a pagar la tarifa plena. El cambio afectará especialmente a hogares de clase media y a zonas con mayor demanda energética, donde los incrementos en las facturas serán más pronunciados.

El rediseño responde según el gobierno a un objetivo fiscal: reducir el gasto público y trasladar progresivamente el costo real de la energía a los usuarios. Para ello, el Gobierno estableció criterios de elegibilidad más estrictos que los actuales, lo que dejará fuera del beneficio a una parte significativa de quienes hoy integran el Nivel 3.

El principal requisito para conservar el subsidio será el ingreso total del grupo familiar, que no podrá superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT). A valores estimados de diciembre de 2025, ese límite ronda los $3.640.000 mensuales. Hasta ahora, el tope permitido era de 3,5 canastas, por lo que la reducción del umbral implicará la exclusión automática de numerosos hogares del sistema de asistencia estatal.

La Justicia federal ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe el destino de los lingotes de oro enviados al exterior durante la gestión de Luis Caputo, luego de que el organismo se negara de manera reiterada a brindar esa información y alegara una “reserva total” sin fundamentos suficientes.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó este lunes un fallo de primera instancia y dio lugar al amparo presentado por la Asociación Bancaria en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. El tribunal consideró que el BCRA vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación al negar sistemáticamente los datos requeridos.

En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V sostuvo que la autoridad monetaria no logró justificar de manera concreta por qué ocultó información clave sobre el envío de lingotes de oro fuera del país. Según el fallo, la negativa oficial se apoyó en “meras afirmaciones genéricas” que impidieron verificar si la reserva invocada era legítima.

“La forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”, afirmaron los magistrados. La Cámara recordó además que el Banco Central también se había negado a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el destino del oro.

El reclamo judicial se originó a partir de varios pedidos de acceso a la información presentados en julio y agosto de 2024, en los que se solicitaban precisiones sobre los envíos de lingotes al exterior, las decisiones administrativas que los autorizaron, los funcionarios intervinientes, los expedientes correspondientes, la contratación de seguros y la eventual intervención de la sindicatura del BCRA.

En primera instancia, el amparo había sido rechazado bajo el argumento de que la difusión de esa información podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero. Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento y advirtió que “la configuración de alguna de las excepciones legales no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”.

El tribunal remarcó que es el Estado quien debe demostrar de forma concreta que la divulgación de los datos solicitados podría causar un daño real a un interés protegido, algo que el Banco Central no hizo. También subrayó que la información reclamada está vinculada a “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales.

En línea con el dictamen del fiscal general, la Cámara ordenó al BCRA que entregue la información solicitada o que, en su defecto, explique “circunstanciadamente y punto por punto” qué datos no pueden divulgarse, dónde se encuentra actualmente el oro y de qué manera su difusión podría afectar al sistema financiero. Las costas del proceso fueron impuestas al Banco Central.

El dato marca un giro contundente respecto de 2024 y expone la fragilidad de los ingresos, especialmente en los hogares de clase media.

Un relevamiento privado revela un fuerte deterioro del poder adquisitivo: casi tres de cada diez trabajadores usarán el aguinaldo de diciembre para cancelar obligaciones financieras. El dato marca un giro contundente respecto de 2024 y expone la fragilidad de los ingresos, especialmente en los hogares de clase media.

La proporción de argentinos que este año destinará el aguinaldo al pago de deudas ascendió al 29%, un salto de 16 puntos porcentuales frente al 13% registrado en 2024, según un informe de la consultora Focus Market. Se trata del cambio más significativo detectado en el estudio y refleja un mayor nivel de endeudamiento de los hogares, junto con la presión persistente de los gastos básicos.

El pago de deudas pasó así a liderar el destino del aguinaldo, desplazando al consumo, el ahorro y la inversión. La tendencia refuerza lo observado a mediados de 2025, cuando una porción creciente de trabajadores ya había priorizado cubrir necesidades esenciales por sobre gastos discrecionales.

Desde Focus Market señalaron que, en un contexto de salarios que muestran cierta estabilidad nominal pero resultan insuficientes frente al costo de vida, el aguinaldo dejó de funcionar como un ingreso extraordinario y se convirtió en un recurso clave para “llegar a fin de mes”. El impacto es particularmente visible en la clase media, que durante el año recurrió en mayor medida al financiamiento con tarjetas y al uso de ahorros para sostener su nivel de consumo.

“El salto del 13% al 29% en el uso del aguinaldo para pagar deudas es el dato más elocuente del relevamiento. El aguinaldo dejó de ser un extra y pasó a ser un parche para cerrar el mes. Mientras la macro muestra señales de mejora, el salario real todavía no acompaña y las tarjetas de crédito siguen siendo el oxígeno de muchos hogares”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora.

El informe también evidencia un retroceso en los destinos vinculados al disfrute y la inversión. Las vacaciones caen del 26% al 19%, mientras que la inversión en acciones baja del 23% al 19%, lo que refleja una mayor cautela y menor tolerancia al riesgo. En paralelo, disminuye la compra de dólares (del 16% al 12%) y pierden peso alternativas tradicionales como el plazo fijo y el stockeo en supermercados.

Según la consultora, este comportamiento responde a expectativas de inflación más contenida y tasas de interés más bajas hacia 2026, en línea con proyecciones del Banco Central. Sin embargo, en el corto plazo, la prioridad de los hogares pasa por ordenar las finanzas personales antes que recomponer ahorro o patrimonio.

De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, en el país hay más de 10 millones de asalariados registrados que perciben aguinaldo: 6,2 millones en el sector privado, 3,4 millones en el sector público y cerca de 441 mil en casas particulares, en un contexto donde el ingreso adicional de diciembre resulta insuficiente para recomponer el poder de compra perdido.

El consumo masivo registró en noviembre un nuevo retroceso, con una marcada caída en las ventas de supermercados que volvió a poner en evidencia la debilidad del poder de compra de los hogares.

La baja se verificó tanto en la comparación mensual como interanual, aunque el acumulado anual aún se sostuvo en terreno positivo. En contraste, el e-commerce fue el único canal que mostró crecimiento sostenido y generalizado en todos los rubros.

Según el informe de Scentia, las ventas de consumo masivo cayeron 1,8% respecto de octubre y retrocedieron 0,1% en la comparación interanual. Pese a este desempeño negativo, el acumulado de los primeros once meses del año mostró un crecimiento del 2,2%.

La medición mensual volvió a señalar un freno en el consumo, mientras que la comparación interanual mostró un escenario de virtual estancamiento. En términos de volumen, noviembre se ubicó en torno al 85,3% del nivel de enero de 2023, lo que da cuenta de la magnitud del ajuste acumulado en los últimos dos años y de las persistentes dificultades para recuperar los niveles previos.

El informe indicó además que la caída se produjo en un contexto de desaceleración de los aumentos de precios, aunque esta mejora inflacionaria no alcanzó para recomponer las cantidades vendidas. La dinámica volvió a mostrar que la moderación de la inflación todavía no se traduce en una recuperación efectiva del consumo de los hogares.

Canastas con fuertes contrastes

En la comparación interanual de noviembre, la canasta total mostró una leve variación negativa de 0,1%, aunque el comportamiento por rubros fue muy dispar. Alimentación creció 2% y perecederos 2,5%, mientras que bebidas sin alcohol retrocedieron 3,2%, al igual que limpieza de ropa y hogar. En sentido contrario, bebidas con alcohol avanzaron 1,4%, lo mismo que higiene y cosmética, mientras que desayuno y merienda registró una suba marginal del 0,1%.

En el acumulado del año, la canasta total exhibió un crecimiento del 2,2%, con subas en perecederos (6,7%), alimentación (4,9%), impulsivos (4,6%), cosmética e higiene (2,7%), desayuno y merienda (1,5%), limpieza de ropa y hogar (1,5%) y bebidas con alcohol (1,7%). En contraste, bebidas sin alcohol acumuló una caída del 2,5%.

Desempeño dispar

El desempeño del consumo mostró diferencias marcadas según el canal de venta. En los autoservicios self service, las ventas cayeron 2,4% interanual en noviembre y acumularon una baja del 2,8% en el año.

La situación fue más severa en los supermercados de cadena, donde la canasta total se desplomó 7,2% interanual en noviembre. Las mayores caídas se registraron en bebidas con alcohol (-19,1%), bebidas sin alcohol (-8,9%), limpieza de ropa y hogar (-8,1%), impulsivos (-7,6%) y alimentación (-7,4%). En el acumulado de 2025, la baja fue del 5,3%, con descensos especialmente pronunciados en bebidas con alcohol (-16,9%) y bebidas sin alcohol (-13,4%).

Los autoservicios independientes mostraron un comportamiento diferente: en noviembre crecieron 2,8% interanual, aunque acumularon una leve caída del 0,2% en el año. En tanto, el canal mayorista volvió a mostrar un fuerte deterioro, con un desplome del 7,6% interanual y una baja acumulada del 5,5%.

El e-commerce volvió a destacarse como el canal de mejor desempeño. En noviembre, la canasta total creció 13,2% interanual y acumuló una suba del 12,3% en lo que va de 2025, con incrementos en todos los rubros relevados.