Según la presentación, revelada por el medio de noticias Perfil, Espert habría recibido el 1 de febrero de 2020 un giro de 200 mil dólares proveniente directamente de la organización criminal de Machado.

Una denuncia penal presentada por el dirigente y abogado Juan Grabois vincula al diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, con el narcotraficante Fred Machado, actualmente detenido y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

Según la presentación, revelada por Perfil, Espert habría recibido el 1 de febrero de 2020 un giro de 200 mil dólares proveniente directamente de la organización criminal de Machado.

Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso

✍️Claudio Mardoneshttps://t.co/qZQheE0GcZ

— Perfil.com (@perfilcom) September 28, 2025

La acusación se apoya en documentos oficiales de la Justicia estadounidense, donde constan pagos realizados por Machado y por su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de prisión por su rol en la estructura delictiva.

El escrito también advierte sobre un crecimiento patrimonial del 789% de Espert desde su relación con Machado, lo que refuerza las sospechas sobre posibles vínculos económicos irregulares.

La relación entre ambos no sería reciente: en 2019, Espert agradeció públicamente el apoyo de “Fred” durante la presentación de su libro en Viedma, Río Negro, ciudad natal del narcotraficante.

La denuncia abre un escenario complejo, con implicancias legales y políticas que podrían afectar la imagen pública y la proyección electoral de Espert.

En un nuevo episodio que deja en evidencia serias falencias en materia de seguridad digital, la cuenta oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) en la red social X fue hackeada y utilizada para difundir mensajes promocionando criptomonedas.

Durante la mañana, en la cuenta oficial de la fuerza aparecieron tres posteos en inglés en los que se invitaba a invertir en dos monedas virtuales, $MIRA y $XPL, incluyendo enlaces que derivaban a supuestos sitios de compra. Uno de los mensajes decía: “Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”

El primer tuit fraudulento se publicó a las 10:44, y recién cerca de las 12:30 la situación fue controlada. Para entonces, el episodio ya se había viralizado y puesto en ridículo a la institución que, paradójicamente, se presenta como garante de la lucha contra el ciberdelito.

Ante el escándalo, la PFA emitió un comunicado oficial en el que reconoció haber sido víctima de un “ataque informático internacional cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”.

Este incidente se suma a la lista de traspiés en la gestión de Patricia Bullrich, exponiendo un nuevo papelón en el Ministerio de Seguridad y dejando en evidencia la falta de resguardo digital en una de las fuerzas más importantes del país.

La medida, que el Gobierno había anunciado hasta el 31 de octubre, duró apenas tres días y terminó concentrando sus beneficios en las principales compañías exportadoras, dejando afuera a la mayoría de los productores.

La publicación del listado definitivo de las empresas que se beneficiaron con el esquema de retenciones cero encendió la bronca en buena parte del agro. La medida, que el Gobierno había anunciado hasta el 31 de octubre, duró apenas tres días y terminó concentrando sus beneficios en las principales compañías exportadoras, dejando afuera a la mayoría de los productores.

El Ejecutivo informó este miércoles por la noche que el cupo de U$S 7.000 millones en liquidación de granos fue alcanzado en menos de 72 horas, lo que precipitó el final del régimen. Desde entidades como la Sociedad Rural Argentina (SRA) reclamaron que la ventaja se extienda y pidieron que el beneficio se traduzca en mejores precios para el mercado local.

Quiénes fueron las grandes ganadoras

Según el agrónomo y ex funcionario de Agricultura Javier Preciado Patiño, las empresas que más se favorecieron al registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) fueron las mismas que habitualmente concentran el negocio exportador. El ranking, que totalizó 19,5 millones de toneladas entre granos y subproductos, quedó así:

• Louis Dreyfus Company (LDC): 3,546 millones de toneladas
• Cargill: 3,500 millones
• Bunge: 2,675 millones
• AGD: 2,506 millones
• Cofco: 1,868 millones
• Molinos Agro: 1,459 millones
• Viterra: 1,439 millones
• ADM: 678.000 toneladas
• CHS: 479.000 toneladas
• ACA: 373.000 toneladas
• Amaggi: 364.000 toneladas
• Otros: 700.000 toneladas

En solo tres días, los gigantes exportadores aprovecharon un beneficio que para muchos productores quedó en la nada.

Repercusiones y tensiones

La rapidez del esquema generó una avalancha internacional: China habría reservado unos 20 buques en apenas dos días, mientras que India concretó una compra récord de 300.000 toneladas de aceite de soja.

Ante las críticas del agro, desde las exportadoras salieron a defenderse. Juan García Fuentes, de LDC, sostuvo: “No podemos ser los malos de la película. Es irrisorio pensar que productores e industria están en veredas opuestas. Estamos todos en el mismo barco”.

En la misma línea, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, subrayó: “Conseguir U$S 7.000 millones en tan pocos días implicó un enorme esfuerzo financiero. Todas las operaciones se hicieron bajo la Ley vigente y el decreto presidencial”.

La mirada desde afuera

El impacto de las fugaces retenciones cero también se sintió en el exterior. Los sojeros estadounidenses expresaron en un tuit su molestia ante la baja temporal de impuestos en Argentina, que compite directamente con ellos en el mercado chino. En ese marco, analistas en EE.UU. advierten que su país no permitirá que la Argentina reduzca de manera permanente las retenciones al campo.

ASA Responds to Argentina Soybean Actions: U.S. #farmers cannot wait and hope any longer. ASA is calling on President Trump and his negotiating team to prioritize securing an immediate deal on #soybeans with China. https://t.co/ugr9H7vE08 #AgPolicy #AgEcon #Tariffs pic.twitter.com/6sOEaVHrv0

— American Soybean Association (@ASA_Soybeans) September 24, 2025

Distintas consultoras privadas advierten sobre canastas desactualizadas: el Indec sigue usando la estructura de consumo de 2004/05, sin adecuarla a los datos de la ENGHo 2017/18. Esta desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar los gastos reales de los hogares.

La Universidad Católica Argentina (UCA) salió rápidamente a cuestionar los números oficiales sobre pobreza e indigencia publicados por el Indec para el primer semestre de 2025. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), los datos oficiales exageran la magnitud del alivio social y presentan un panorama demasiado optimista en relación con la realidad que viven los hogares argentinos.

El Indec informó que la pobreza cayó a niveles cercanos al 30%, lo que implicaría una reducción drástica respecto del 52,9% de un año atrás. Sin embargo, la UCA sostuvo que esa caída, si bien es real, está “sobrerrepresentada” y se explica más por cambios metodológicos y por el atraso en la actualización de las canastas de referencia que por una mejora estructural en las condiciones de vida.

“Sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social”, enfatizó el Observatorio que dirige Agustín Salvia.

Las principales críticas de la UCA al Indec

• Problemas de medición en contextos de alta volatilidad: cuando los precios suben o bajan bruscamente, medir pobreza solo por ingresos se vuelve menos preciso.
• Cambios metodológicos en la Encuesta Permanente de Hogares: las nuevas formas de captación de ingresos registran más entradas laborales y no laborales, lo que genera avances positivos, pero rompe la comparabilidad con series previas.
• Canastas desactualizadas: el Indec sigue usando la estructura de consumo de 2004/05, sin adecuarla a los datos de la ENGHo 2017/18. Esta desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar los gastos reales de los hogares.
• Impacto de tarifas y precios regulados: la recomposición de 2024 dejó al descubierto que las canastas oficiales no captan con precisión la presión del costo de vida actual.

El ODSA-UCA recomendó que el Indec actualice de manera urgente las canastas de referencia, evalúe cómo los nuevos instrumentos de captación de ingresos afectan las series históricas y transparente sus efectos, con el fin de generar indicadores más consistentes que reflejen tanto los logros como las persistentes dificultades de inclusión económica, laboral y social.

Coincidencias con consultoras privadas

El diagnóstico de la UCA va en línea con advertencias recientes del sector privado. Un informe de la consultora Equilibra calculó que, tras corregir la subdeclaración de ingresos y actualizar la Canasta Básica Total, la pobreza real entre octubre 2024 y marzo 2025 sería hasta 8,6 puntos porcentuales mayor que la cifra oficial, superando el 43%.

Ambos análisis ponen en tela de juicio el mensaje de alivio social difundido por el Gobierno en un contexto electoral y reavivan el debate sobre la confiabilidad y la transparencia de las estadísticas públicas en un escenario de alta inestabilidad económica.

El dueño del polémico laboratorio Suizo Argentina aportó más de US$100.000 para el evento presidencial del 6 de octubre, donde el presidente presentará su nuevo libro.

La esperada presentación del nuevo libro de Javier Milei, “La construcción del milagro”, ya está rodeada de un escándalo que golpea de lleno al oficialismo. El acto, previsto para el 6 de octubre en el Movistar Arena, será financiado por Eduardo Kovalivker, accionista principal de la droguería Suizo Argentina, una empresa involucrada en la causa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Un alquiler millonario con olor a corrupción

Según reveló el periodista Pablo Duggan en C5N, el alquiler del estadio supera los 100 mil dólares, suma que fue cubierta por Kovalivker. El acuerdo económico se cerró incluso antes de que trascendieran los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de Discapacidad, donde se expone un sistema de retornos ilegales del 3% en contratos de medicamentos. En esas grabaciones aparece mencionada repetidamente la droguería Suizo Argentina, junto con Karina Milei y la familia Menem.

El financiamiento del acto desnuda la cercanía entre la familia Kovalivker y el oficialismo. Jonathan Kovalivker, hijo de Eduardo y actual presidente de la droguería, fue el encargado de recaudar fondos para la fiscalización de La Libertad Avanza en 2023, confirmando que el vínculo no es solo empresarial, sino también político y electoral.

Editorial, negocios y ultraderecha

La trama también alcanza al plano editorial. Kovalivker publicó al menos cinco libros en Hojas del Sur, la editorial de Andrés Mego, organizador de la llamada “Derecha Fest” y responsable de difundir a referentes ultraconservadores como Agustín Laje y Nicolás Márquez. La misma editorial será la encargada de publicar el libro de Milei.

Un apellido bajo la lupa judicial

La familia Kovalivker arrastra antecedentes de allanamientos e investigaciones judiciales por maniobras financieras y societarias. Pese a esa situación procesal abierta, Eduardo decidió financiar con dólares frescos el show político más caro del país, reforzando así su peso en el esquema de poder libertario.

Lo que debía ser la celebración de un lanzamiento editorial se transformó en un nuevo capítulo de sospechas sobre la transparencia del gobierno. Para muchos, “La construcción del milagro” no es más que la construcción de un milagro financiero privado, sostenido por empresarios cuestionados y montado en un estadio de lujo pagado con dinero manchado por la corrupción.

Lorena Villaverde intentó sacar un préstamo hipotecario en Cipolletti, Rio Negro, pero se lo rechazaron. El crédito habría sido aprobado tras la intervención del presidente del banco.

El entorno político de Karina Milei vuelve a quedar bajo la lupa tras conocerse que Lorena Villaverde, candidata a senadora por Río Negro y una de sus principales aliadas en la provincia, accedió a un préstamo irregular del Banco Nación por 225 millones de pesos.

La sucursal de Cipolletti había rechazado inicialmente la carpeta crediticia de Villaverde por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, tras gestiones en Buenos Aires y la supuesta intervención directa de Daniel Trillard, presidente del Banco Nación y allegado a la legisladora, el crédito fue aprobado en tiempo récord. Una fuente interna del banco, consultada por el portal LPO, no dudó en calificar el hecho de “escándalo”.

El préstamo le permitió a Villaverde adquirir una lujosa propiedad en el barrio cerrado Los Patricios II, valuada en 395 mil dólares. Paradójicamente, la vivienda no figura en su última declaración jurada en el Congreso, donde sí constan otros bienes: propiedades en Escobar, terrenos en Las Grutas y Neuquén, además de vehículos de alta gama y una lancha.

La operación financiera se suma a un historial controvertido: embargos millonarios en causas civiles por estafas inmobiliarias, denuncias por robo de boletas, afiliaciones falsas y hasta un procesamiento en Estados Unidos por tráfico de drogas, según registros del estado de Florida. Estas versiones contradicen la defensa pública de Villaverde, quien en el Congreso aseguró tener las “manos limpias” mientras mostraba un certificado de antecedentes.

El escándalo golpea directamente al armado político de Karina Milei, apodada “El Jefe”, quien apadrinó la candidatura de Villaverde en Río Negro. Para la oposición, el caso pone en cuestión el manejo de poder e influencias en instituciones clave como el Banco Nación.

Villaverde niega todo. “Es completamente falsa esa información. No recibí ningún préstamo irregular del Banco Nación ni de ninguna otra entidad. Estas operaciones mediáticas buscan ensuciarme porque saben que La Libertad Avanza crece en Río Negro”, aseguró.

Mientras tanto, el crédito millonario otorgado contra la normativa vigente sigue siendo investigado y amenaza con transformarse en un nuevo dolor de cabeza para el oficialismo.

Asi lo exigió el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en redes sociales.

Estados Unidos volvió a marcar la agenda económica argentina. A través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, la Casa Blanca dejó en claro que pretende condicionar la política fiscal local y avanzar sobre un punto clave: la reimplantación de las retenciones al agro.

En un comunicado difundido esta mañana, Bessent afirmó: “Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”. La frase generó un fuerte malestar en el sector agropecuario, ya que implica directamente que el país del norte exige que los productores argentinos vuelvan a tributar por sus exportaciones.

El mensaje no solo revela la injerencia de Washington en las decisiones soberanas de la Argentina, sino que también persigue un doble objetivo: garantizarle al gobierno argentino mayores ingresos fiscales mientras protege a los agricultores estadounidenses de la competencia.

Hasta el momento, el gobierno argentino no ofreció aclaraciones sobre este condicionamiento externo, y las principales asociaciones rurales del país mantienen silencio. Sin embargo, la preocupación crece en el campo, que ve cómo las decisiones sobre su futuro productivo comienzan a discutirse más en Washington que en Buenos Aires.

La administración de Donald Trump busca acelerar un acuerdo estratégico con la Argentina que combine apoyo financiero inmediato a cambio de subordinación geopolítica y presencia militar estadounidense en territorio argentino.

El entendimiento que negocian ambos gobiernos incluiría un desembolso del Tesoro estadounidense para que la Argentina pueda afrontar compromisos de deuda por US$4.000 millones en enero y US$4.500 millones en julio. Los equipos técnicos del ministro de Economía, Luis Caputo, ya trabajan con funcionarios cercanos al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para definir los detalles.

Presencia militar en el sur

En la Casa Rosada reconocen que uno de los puntos sensibles de las exigencias estadounidenses es la presencia de fuerzas norteamericanas en Ushuaia, donde avanza la construcción de una Base Naval Integrada que Washington busca tutelar. El antecedente que se menciona en las Fuerzas Armadas es la base estadounidense de Rota en España , que como un enclave militar, otorga a Washington un espacio exclusivo para operaciones de EE.UU en condiciones de extraterritorialidad e inmunidad para sus fuerzas. Para concretar esta posibilidad, el Ejecutivo necesitaría la aprobación del Congreso para permitir el ingreso de tropas extranjeras.

La proyección estratégica incluye el control del Atlántico Sur, la Antártida y el pasaje de Drake, un corredor bioceánico clave que conecta el Atlántico con el Pacífico. Desde la Casa Rosada tratan de justificar la entrega de soberanía señalando que la cooperación con EE.UU. apunta también a contrarrestar la presencia británica y chilena en la región aunque se trata o bien de una burda mentira o de un grosero error de lectura histórica y geopolítica igual al cometido por la junta militar galtierista en Malvinas, ya que Trump reivindicó recientemente su alianza inclaudicable y perpetua con el Reino Unido de Gran Bretaña.

Contrapeso a China

El acuerdo tiene como trasfondo el objetivo de limitar la injerencia china en América Latina. Además de la cancelación del swap, el Gobierno estaría dispuesto a dar de baja el Radio Telescopio Chino-Argentino (CART) en San Juan, un proyecto de cooperación científica con Beijing.

Washington ya incidió en decisiones recientes, como la compra de aviones F-16 de segunda mano, respaldada por un paquete de sostenimiento de US$941 millones. El jefe del Comando Sur, Alvin Holsey, confirmó en el Senado de EE.UU. que su misión es “contrarrestar la influencia china en la Argentina” mediante programas de financiamiento y ventas militares.

Ampliación de la alianza

La agenda bilateral también contempla el ingreso de la Argentina a la OTAN como socio “extra-OTAN”, la compra de equipamiento militar como blindados Stryker, fragatas y submarinos, y el fortalecimiento de la cooperación en Defensa a través de programas estadounidenses.

La visita de Holsey a Ushuaia y su interés en el abastecimiento de submarinos refuerzan la expectativa de un acuerdo más profundo. El Gobierno de Milei busca así consolidar un nuevo alineamiento estratégico con Washington, a cambio de respaldo económico en un año de fuertes compromisos financieros.

Según un informe privado el 86% de los trabajadores en Argentina afirma que su salario no cubre sus necesidades básicas. Además, el 58% de quienes integran la fuerza laboral señala que su poder adquisitivo se redujo en los últimos meses.

La crisis del salario en Argentina se profundiza: el 86% de los trabajadores afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, mientras que un 58% asegura haber perdido poder adquisitivo en los últimos meses. Como consecuencia, la mayoría de los asalariados no logra conservar su sueldo más allá de la segunda semana del mes.

El deterioro del ingreso golpea con fuerza en el plano local: seis de cada diez argentinos consideran que su situación económica personal empeoró en el último tiempo, la proporción más alta entre los países relevados en la encuesta. Apenas un 10% reporta una mejora, y un 32% dice mantenerse igual.

“Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores”, advirtió Federico Barni, CEO de Bumeran.

El peso de los gastos y la contracción del consumo

El alquiler es el principal gasto para el 43% de los asalariados, seguido por la alimentación (30%), el pago de deudas (12%) y, en menor medida, educación, transporte y salud. Esta estructura de gastos explica la débil recuperación del consumo: de acuerdo con Scentia, el consumo masivo cayó 1,9% en agosto, mientras que las ventas minoristas de las pymes se contrajeron 2,6% frente al mismo mes de 2024.

Un salario que se evapora

La duración del ingreso es otro termómetro de la fragilidad económica. Según Bumeran:

26% de los trabajadores afirma que el sueldo solo les alcanza para dos semanas.

24% debe destinarlo por completo al pago de cuentas apenas lo cobra.

16% logra estirarlo a tres semanas.

13% admite que le dura menos de siete días.

Apenas 11% consigue llegar a fin de mes.

En este contexto, el 89% de los argentinos no puede ahorrar. Entre quienes logran hacerlo, un 31% invierte en fondos, un 25% compra dólares, un 18% elige acciones o bonos y solo un 12% mantiene su dinero en cuentas de ahorro.

Más deuda, menos margen

La insuficiencia de ingresos empuja al endeudamiento: el 72% de los trabajadores admite tener algún tipo de deuda. La morosidad bancaria ya muestra señales de alarma: en julio, el incumplimiento general alcanzó el 3,2%, mientras que el atraso en préstamos a familias trepó al 5,6%, el nivel más alto desde 2008, según el CEPA.

El Banco Central advierte además que el 7,2% de los préstamos personales presenta irregularidades, cifra similar a la de 2020, y que los atrasos en el pago de tarjetas de crédito ya llegan al 4,8%.

Se trata del consumo más bajo en agosto desde 2021, durante la pandemia de COVID-19, cuando la demanda había alcanzado 11.660,06 GWh.

La demanda eléctrica registró en agosto una fuerte caída del 3,7% interanual en todo el país, encendiendo las alarmas sobre el freno de la actividad económica. Según el informe de Fundelec, el consumo total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) alcanzó los 11.719,3 GWh, por debajo de los 12.171,4 GWh del mismo mes de 2024. Se trata del nivel más bajo para un agosto desde 2021, en plena pandemia.

El retroceso no fue solo interanual: respecto a julio, el consumo se derrumbó 9,2%, lo que confirma la contracción de la demanda. En lo que va de 2025, la caída acumulada es de 0,5%, consolidando la tendencia negativa.

Capital y GBA, los más afectados

El desplome fue aún mayor en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, donde las distribuidoras EDENOR y EDESUR registraron bajas de 5,4% y 4,9%, respectivamente, lo que arroja un promedio conjunto del 5,2% en la zona más densamente poblada del país.

Golpe en todos los sectores

El ajuste en el consumo se sintió de forma generalizada:

• Residencial: representó el 47% del total, con una baja del 5,2%.
• Comercial: 27% del total, con una merma del 2,3%.
• Industrial: 26% del consumo, con una caída cercana al 2,5%.

Provincias: mayoría en rojo

En agosto, 19 provincias y distribuidoras tuvieron descensos, con casos críticos como Chubut (-19%), La Rioja (-8%), Mendoza (-6%) y San Juan (-6%). Solo seis jurisdicciones marcaron subas, destacándose Santa Cruz (+14%).

En cuanto a la matriz energética, la generación térmica siguió liderando con el 50,3% de la oferta. La hidráulica, en retroceso, aportó solo el 19,4%, un 15% menos que en 2024. Las renovables alternativas representaron el 17,6%, mientras que la energía nuclear aportó un 7,7% y las importaciones un 4,9%.

Con este panorama, el desplome de la demanda eléctrica aparece como un indicador directo de la crisis económica: hogares que consumen menos, comercios que reducen su actividad y una industria que pierde fuerza.