En medio del ajuste a la educación, las jubilaciones y la ciencia, el Gobierno destina casi $10.000 millones a remodelar la casa del embajador en Estados Unidos.

Mientras el Gobierno nacional profundiza un severo ajuste sobre áreas sensibles como la educación pública, el sistema previsional y el financiamiento científico, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 incorpora una partida cercana a los $10.000 millones destinada a la remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial argentina en Washington.

La iniciativa presupuestaria, presentada por el Poder Ejecutivo como una hoja de ruta basada en el equilibrio fiscal y la reducción del gasto estatal, incluye dentro del artículo 11 un proyecto bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Según el texto oficial, el costo total de la obra asciende a 9.429 millones de pesos, equivalentes a unos 6,4 millones de dólares al tipo de cambio actual.

El gasto se ejecutará bajo un esquema plurianual que comenzará en 2026. Para ese ejercicio se prevé una asignación de 5.388 millones de pesos, lo que representa un avance físico proyectado del 57,14% del total. En 2027 se sumarán otros 3.852,4 millones de pesos, alcanzando un progreso acumulado del 98%, mientras que la finalización de los trabajos está prevista para 2028, con una última partida de 188,6 millones.

El detalle figura en la planilla anexa denominada “Contratación de Obras de Inversión con Incidencia en Ejercicios Futuros”, bajo el proyecto 40 —Remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington— y el Programa 2 de Acciones Diplomáticas y Relaciones Internacionales. Este artículo habilita la contratación de obras cuya ejecución excede el ejercicio financiero 2026.

La decisión convive con recortes y congelamientos presupuestarios en otras áreas del Estado, en un contexto donde el propio Gobierno justifica el ajuste como inevitable para “ordenar las cuentas”. No se trata de una sede consular ni de un espacio de atención a la comunidad argentina en el exterior, sino de una vivienda destinada exclusivamente a la representación política.

En los fundamentos del Presupuesto no se detallan los alcances específicos de la obra ni se desagrega el destino de los fondos. Tampoco se explicitan informes técnicos que den cuenta de riesgos estructurales, incumplimientos normativos o situaciones de emergencia edilicia que justifiquen una inversión de semejante magnitud. Desde la Cancillería no se difundió información pública sobre el estado del inmueble ni sobre la urgencia de la intervención, lo que sugiere que se trata mayormente de gastos de carácter estético.

El proyecto también plantea interrogantes en materia de control y transparencia. Las obras realizadas en el exterior presentan mayores dificultades para el seguimiento administrativo y la auditoría, ya que combinan normativa argentina con regulaciones locales. En un escenario de ajuste generalizado, los organismos encargados del control también operan con recursos limitados.

No es la primera vez que la residencia diplomática en Washington aparece en el Presupuesto. En 2016 durante la gestión macrista se incluyó una remodelación de la embajada y la residencia oficial por un monto de 3,5 millones de dólares. La propiedad se encuentra en el exclusivo barrio de Dupont Circle, una zona donde viviendas de características similares se comercializan hoy entre 1,7 y 1,9 millones de dólares, un dato que vuelve a poner en discusión la razonabilidad del gasto.

Así, mientras se recortan recursos destinados a políticas sociales, educativas y científicas, el Presupuesto 2026 prioriza una inversión millonaria en la residencia del embajador argentino en Estados Unidos, dejando expuesta una vez más la distancia entre el discurso del ajuste y las decisiones concretas de gasto.

El anuncio se da luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país incluyendo un caso en la propia quinta presidencial de Olivos.

El Gobierno nacional anticipó que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país. La decisión se conoce en un contexto atravesado por el malestar salarial, la crisis de la obra social militar y crecientes cuestionamientos sobre los mecanismos de contención emocional dentro de las fuerzas.

Según confirmaron altas fuentes del Ejecutivo, la medida contempla una revisión amplia de los protocolos de evaluación, seguimiento y acompañamiento del personal, con especial foco en aquellos efectivos que cumplen funciones armadas en entornos de alta sensibilidad, como tareas de seguridad permanente y custodia presidencial. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de reemplazar los controles vigentes, sino de profundizarlos y complementarlos con instancias adicionales de seguimiento psicológico continuo y detección temprana de situaciones de riesgo.

El anuncio oficial se produjo tras la muerte de Rodrigo Gómez, soldado voluntario de 21 años que prestaba servicio de vigilancia en la Quinta Presidencial de Olivos. El joven fue hallado sin vida dentro del predio donde reside el Presidente de la Nación y la investigación, a cargo de la Justicia Federal de San Isidro, apunta a un disparo autoinfligido, sin intervención de terceros. El hecho generó una fuerte conmoción interna y encendió alertas en la mesa chica del Ejecutivo.

Sin embargo, el caso de Olivos no fue un episodio aislado. Días después, en Monte Caseros, Corrientes, fue encontrado muerto Juan Javier Pereyra, suboficial principal del Ejército, de 48 años y con más de dos décadas de servicio. El cuerpo fue hallado dentro del Casino de Suboficiales de una dependencia militar, con signos compatibles con ahorcamiento. La Justicia también descartó la participación de terceros.

El tercer caso ocurrió en la madrugada del jueves en Las Heras, Mendoza, donde Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario de 22 años perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza, fue hallado sin vida en su vivienda por sus familiares. La causa quedó en manos de la Justicia provincial y de la Policía Científica, que avanzan bajo la hipótesis de suicidio. El Ejército emitió un comunicado breve y protocolar, sin mayores precisiones.

Tres muertes en menos de siete días, en tres jurisdicciones distintas, expusieron una problemática que distintos sectores consideran estructural. Jóvenes soldados voluntarios —muchos provenientes de sectores populares— cumplen jornadas extensas, tareas de alta exigencia emocional y funciones de seguridad sensibles, en un escenario de ajuste presupuestario, atraso salarial y dificultades crecientes en el acceso a la salud a través del IOSFA.

Actualmente, las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el Ministerio de Defensa analizan ahora reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar, actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia y mejorar el acompañamiento profesional del personal. Desde el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, remarcan que el enfoque es integral y que no puede analizarse la situación del personal sin considerar variables operativas, sanitarias y económicas.

En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con un aumento salarial para las Fuerzas Armadas, en medio de reclamos por la falta de definición sobre las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión anterior. En la Casa Rosada advierten que aún no hay fechas confirmadas y que cualquier incremento deberá contar con aval presupuestario del Ministerio de Economía. También se analiza una reestructuración del IOSFA, cuya crisis financiera impacta de manera directa en el bienestar del personal y sus familias.

Mientras las investigaciones judiciales continúan en paralelo, crecen las preguntas hacia el poder político y militar. Para distintos sectores, cuando las muertes se acumulan, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional. La alarma está encendida y el desafío, señalan, es si las medidas anunciadas lograrán traducirse en cambios concretos antes de que la estadística vuelva a repetirse.

Un estudio elaborado por equipos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto al CONICET encendió una señal de alarma: la demanda de alimentos en comedores, merenderos y ollas populares de la región continúa en fuerte crecimiento, impulsada por el deterioro de la situación socioeconómica.

El informe, titulado “Situación de comedores, merenderos y ollas populares en la región”, fue presentado en la Sala del Consejo Superior de la UNLP y da cuenta de un aumento sostenido de personas que recurren a estos espacios para cubrir necesidades básicas de alimentación, en un contexto de creciente vulnerabilidad social.

El relevamiento se realizó en barrios populares del Gran La Plata a partir de entrevistas a 61 servicios de asistencia directa (SDA), y estuvo a cargo de equipos UNLP-CONICET, docentes y estudiantes de la carrera de Nutrición y residentes hospitalarios.

Los datos muestran que casi el 40% de los comedores y ollas populares asiste regularmente a más de 180 personas, mientras que otro 27% recibe a más de 120, cifras que reflejan la presión creciente sobre estos dispositivos comunitarios. Además, el informe advierte que la cantidad de personas asistentes aumentó en todos los grupos etarios en comparación con el año pasado, con un impacto particularmente fuerte en niños, niñas y adolescentes: más del 70% de los espacios reportó un incremento en este grupo. Entre personas mayores, el aumento alcanzó a casi el 64% de los comedores.

En cuanto a la modalidad de atención, el 90% de los SDA entrega viandas para consumo domiciliario, más de un tercio distribuye alimentos sin elaborar y solo el 16% ofrece comida para consumir en el lugar. La merienda es el servicio más extendido (75,4%), seguida por la cena (49,2%), aunque muchos espacios combinan más de una prestación diaria.

Más personas, menos recursos

El informe subraya una contradicción crítica: mientras la demanda de alimentos crece, la disponibilidad de insumos básicos disminuye. Los productos que más escasean son aceite, azúcar, carnes, verduras, arroz y harina, alimentos centrales para garantizar una dieta mínima adecuada. Esta situación profundiza las limitaciones ya detectadas en el relevamiento anterior y pone en riesgo la sostenibilidad de la asistencia alimentaria comunitaria.

Más del 76% de los referentes de los espacios consultados señaló que la calidad de la comida ofrecida empeoró respecto de 2024, principalmente por la reducción en la cantidad y variedad de alimentos, especialmente carnes y verduras, en un contexto de demanda en aumento.

En relación con el rol del Estado, el estudio indica que el 64% de los SDA recibe alimentos del gobierno provincial, aunque la asistencia del Estado nacional se redujo de manera drástica: solo el 5% recibe alimentos y apenas el 3% algún tipo de apoyo económico. Ante este escenario, más de la mitad de los comedores y ollas populares debió recurrir a actividades adicionales para sostener su funcionamiento.

El relevamiento advierte que la falta de una alimentación adecuada ya genera consecuencias graves en infancias, juventudes, adultos y personas mayores, como anemia, problemas de crecimiento, dificultades de aprendizaje, pérdida de masa muscular y mayor riesgo de enfermedades crónicas.

Finalmente, el informe concluye que las organizaciones sociales y comunitarias siguen siendo el principal sostén alimentario y emocional en los barrios, pero alerta que no cuentan con los recursos ni la responsabilidad de resolver una crisis estructural. “El retiro de la asistencia del Estado Nacional y las políticas macroeconómicas vigentes están vulnerando el derecho humano fundamental a una alimentación adecuada”, subrayan los investigadores.

En un comunicado difundido luego de su última Junta Directiva del año, la entidad advirtió sobre una actividad industrial amesetada, dificultades para sostener la producción y una sostenida destrucción de puestos de trabajo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió señales de alerta sobre la situación del sector manufacturero y el mercado laboral tras la reunión que mantuvo su cúpula con el ministro de Economía, Luis Caputo. En un comunicado difundido luego de su última Junta Directiva del año, la entidad advirtió sobre una actividad industrial amesetada, dificultades para sostener la producción y una sostenida destrucción de puestos de trabajo.

El documento, que analiza el desempeño de la industria y el empleo al cierre de 2025, describe un escenario complejo, atravesado por una dinámica productiva débil y dispar entre sectores, con impacto directo en el empleo formal. Solo en septiembre se perdieron 4.303 puestos de trabajo y, en los primeros nueve meses del año, la caída acumulada alcanzó los 21.190 empleos industriales.

La advertencia se produjo luego del encuentro que el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a integrantes del Consejo Directivo, mantuvo con Caputo y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en el que intercambiaron diagnósticos sobre los principales problemas que enfrenta la industria y analizaron posibles medidas para afrontar un escenario desafiante de cara a 2026. Las partes acordaron, además, sostener una agenda de trabajo conjunta. Días antes, Rappallini también se había reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Más allá del intercambio con el Gobierno, la UIA volvió a poner el foco en los problemas estructurales que atraviesa el sector. Si bien valoró como avances la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal, advirtió que esos logros aún no se traducen en una reactivación productiva. En ese sentido, reclamó medidas que faciliten el acceso al crédito y reduzcan la elevada presión tributaria que enfrentan las empresas, en particular las PyMEs, que compiten en condiciones desiguales con la producción externa en medio de una fuerte apertura importadora.

Finalmente, la entidad subrayó la relevancia del inminente debate parlamentario sobre la modernización de las leyes laborales, al considerar que se trata de una herramienta clave para comenzar a revertir más de una década de estancamiento en la generación de empleo registrado. Según la UIA, la iniciativa apunta a reducir la litigiosidad, otorgar mayor previsibilidad a las empresas y sentar las bases para la recuperación del empleo formal y del entramado industrial.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió que “la economía está en caída libre” y sostuvo que el Ejecutivo cambia de política monetaria todos los años sin lograr resultados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura crítica al gobierno de Javier Milei y al rumbo económico encabezado por el ministro Luis Caputo. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió que “la economía está en caída libre” y sostuvo que el Ejecutivo cambia de política monetaria todos los años sin lograr resultados.

Cristina cuestionó los recientes anuncios del Banco Central sobre el nuevo esquema de bandas cambiarias y la indexación del dólar, al señalar que se trata de otra muestra de la inconsistencia del plan económico. “Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por promesas grandilocuentes que nunca se concretaron”, remarcó.

En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario.

En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos.

En el 2025…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025

En ese sentido, recordó que primero se prometió la dolarización de salarios, luego una “dolarización endógena” con dólares que “iban a salir de los colchones” y más tarde un esquema de crawling peg. Ahora, sostuvo, el Gobierno presenta un “dólar indexado” que solo confirma el desorden económico.

“La economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, afirmó la exmandataria, y desmintió uno de los principales argumentos oficiales: “Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”. Según detalló, la salida de divisas se explica por el aumento de importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios en plataformas digitales, el pago de intereses de la deuda y una Inversión Extranjera Directa negativa.

Cristina Kirchner subrayó que, por primera vez desde 2003, la IED registra saldo negativo y precisó que desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025 alcanza los USD 1.327 millones en rojo. “Empresas extranjeras se van”, advirtió, y citó como ejemplo la salida de PETRONAS, clave para el proyecto de GNL en Bahía Blanca.

En uno de los pasajes más filosos de su mensaje, la expresidenta ironizó sobre la insistencia del Presidente en el dogma monetarista: “En los hechos ya se dio cuenta de que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate”. Y concluyó: “Una cosa es hablar en la tele y otra muy distinta es gobernar el país con la gente adentro”.

Por último, Cristina recordó que los mayores niveles de inversión extranjera directa desde 2003 se dieron durante sus gobiernos, con saldos positivos de USD 16.213 millones entre 2007 y 2011, y de USD 13.487 millones entre 2011 y 2015, en contraste con el escenario actual.

El gobierno avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.

En una nueva ofensiva contra la soberanía nacional, el Gobierno impulsa una profunda modificación de la Ley de Tierras con el objetivo de habilitar la compra irrestricta de tierras rurales por parte de extranjeros. A través del Consejo de Mayo, la administración avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.

La iniciativa, presentada como un incentivo a las inversiones, apunta a profundizar el negocio inmobiliario, energético y minero en vastas regiones del país. Desde el oficialismo aseguran que la apertura podría atraer inversiones por unos 5.000 millones de dólares, aunque el costo real sería la pérdida de control sobre tierras estratégicas y recursos naturales clave.

El informe del Consejo de Mayo propone derogar la Ley N.º 26.737, que establece topes a la propiedad extranjera de tierras rurales y fija un límite de mil hectáreas productivas por persona o empresa extranjera. Según el documento oficial, estas restricciones “obstaculizan la inversión internacional”, un argumento que omite deliberadamente el objetivo central de la norma: resguardar la soberanía territorial y evitar la especulación.

En la misma línea, el Gobierno busca desmantelar las restricciones incorporadas en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego, que impiden modificar el destino productivo de los campos incendiados durante un período de entre 30 y 60 años. Estas normas fueron creadas para frenar incendios intencionales vinculados al negocio inmobiliario, especialmente en la Patagonia. Sin embargo, La Libertad Avanza propone eliminarlas por completo, abriendo la puerta a la especulación sobre tierras devastadas por el fuego.

La reforma también pretende eliminar el límite del 15 por ciento de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, así como el tope del 30 por ciento por nacionalidad. Incluso quedarían habilitadas zonas estratégicas como la Zona Núcleo del agronegocio, hoy protegidas de la extranjerización masiva.

Actualmente, más del 5 por ciento del territorio argentino ya se encuentra en manos extranjeras, con picos superiores al 10 por ciento en provincias como Salta, Misiones y San Juan. Lejos de fortalecer la producción nacional o el desarrollo federal, la propuesta oficial profundiza un modelo de saqueo y dependencia, en el que la tierra deja de ser un bien estratégico para convertirse en mercancía al servicio de intereses externos.

La acusación apunta contra Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal de extrema gravedad ante la Justicia Federal contra Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita. La acusación apunta a un complejo entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero que habría financiado la vertiginosa expansión del grupo gastronómico.

La presentación judicial sostiene que detrás de la cadena de cafeterías —que ya supera los 70 locales en el país y el exterior— existiría una estructura societaria fragmentada y opaca, creada deliberadamente para dificultar los controles fiscales, contables y patrimoniales. Según la denuncia, el crecimiento económico del holding no encuentra ninguna explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial declarado ni financiamiento bancario verificable.

DENUNCIÉ penalmente a Francisco Langeri Bullrich, Fernando Goijman y a Patricia Bullrich por el entramado de Tostado: evasión, lavado y asociación ilícita.
Mientras ella hace show denunciando a la AFA, yo fui a la Justicia con una denuncia concreta, pidiendo orden de presentación… pic.twitter.com/MgYidhIWCi

— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) December 16, 2025

Dalbón señala que Francisco Langeri Bullrich figura como socio clave de Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., empresas que habrían alcanzado en pocos años un valor de varios millones de dólares, sin que existan registros públicos que expliquen de manera transparente semejante expansión. La acusación se apoya además en investigaciones periodísticas que detectaron domicilios coincidentes entre varias sociedades, algunos de ellos vinculados directamente a inmuebles asociados a Patricia Bullrich, como una propiedad ubicada en la calle Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia advierte que esta atomización de empresas, con socios repetidos y direcciones compartidas, podría constituir una maniobra clásica para disimular flujos financieros irregulares. A esto se suma un dato llamativo: varias de las firmas vinculadas al grupo registran cheques rechazados por montos ínfimos, una situación que —según Dalbón— resulta incompatible con un conglomerado que declara facturaciones millonarias y podría ser indicio de subfacturación, simulación de solvencia o desmanejos financieros.

El escrito judicial también pone el foco en la proyección internacional del grupo, con locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que obliga a investigar posibles transferencias transfronterizas de fondos y eventuales maniobras de lavado a escala internacional. En ese sentido, el abogado sostiene que la actividad gastronómica podría haber sido utilizada como una “pantalla” para legitimar capitales de origen ilícito.

El rol de Patricia Bullrich bajo la lupa judicial

Si bien la denuncia aclara que el vínculo familiar no constituye por sí mismo un delito, remarca un elemento de altísima sensibilidad institucional: la posible conexión directa entre el entramado empresarial y una funcionaria que ocupa —y ocupó— posiciones centrales en el poder político. Según Dalbón, esta circunstancia exige extremar los recaudos investigativos para descartar conflictos de intereses, uso de influencias, favorecimientos indebidos o tolerancia estatal frente a irregularidades económicas de gran magnitud.

Entre las medidas de prueba solicitadas se incluyen allanamientos, secuestro de documentación societaria y contable, informes de la UIF, la IGJ y organismos fiscales, además de la citación a declaración indagatoria de los denunciados. La causa quedó radicada por sorteo en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano.

Un patrimonio millonario de origen inexplicable

La denuncia también reconstruye el abrupto salto patrimonial de Francisco Langeri Bullrich. De ocupar un cargo técnico en la administración pública a partir de 2016, pasó en pocos años a presidir un holding que declara más de 63 millones de dólares anuales. La velocidad del ascenso económico, la falta de antecedentes empresariales relevantes y la existencia de cheques impagos por sumas insignificantes para la escala del negocio refuerzan las sospechas sobre el origen del capital.

A esto se suma un dato revelador: Patricia Bullrich promocionaba públicamente la marca Tostado en redes sociales antes incluso de que existiera la sociedad que hoy la explota comercialmente, lo que alimenta las dudas sobre el verdadero inicio del emprendimiento.

Entre sociedades cruzadas, domicilios compartidos, expansión internacional acelerada y un crecimiento económico que desafía toda lógica comercial, la denuncia plantea un escenario que coloca a Patricia Bullrich y a su hijo en el centro de una investigación por presunto lavado de dinero, con implicancias políticas e institucionales de enorme gravedad.

El FMI otorgará un nuevo “waiver” al Gobierno de Javier Milei y desembolsará u$s1.050 millones correspondientes al programa que el país mantiene con el organismo.

En Washington ya se da por hecho que el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzará en las próximas semanas con la aprobación de un segundo waiver consecutivo para la Argentina por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN), una señal que enciende alertas tanto dentro del organismo como en el sistema financiero internacional. Así lo confirmaron al portal Ámbito dos fuentes de la burocracia interna del Fondo.

La dispensa se aprobaría en simultáneo con la próxima revisión del programa de Facilidades Extendidas, lo que habilitaría un desembolso cercano a u$s1.050 millones (763 millones de DEG), previsto para el 23 de enero de 2026. En los hechos, el staff técnico ya asume que el Banco Central no alcanzará las metas pactadas, incluso luego de haber sido flexibilizadas en evaluaciones previas.

La propia portavoz del FMI, Julie Kozack, reconoció la semana pasada que cumplir el objetivo de reservas de fin de año “será un desafío”, aunque evitó confirmar explícitamente un nuevo waiver. Sin embargo, puertas adentro del organismo el diagnóstico es compartido: la autoridad monetaria argentina volverá a incumplir y el staff recomienda para 2026 un sendero de acumulación “más ambicioso”, apoyado en políticas monetarias y cambiarias más consistentes.

De concretarse, se trataría del segundo perdón consecutivo por la misma meta clave, luego del otorgado a mediados de 2025, cuando el FMI redujo sustancialmente el objetivo anual de reservas. Para el organismo, el problema es doble y estructural: por un lado, una política monetaria con desvíos recurrentes en los agregados clave —M2 privado transaccional y activos domésticos netos del BCRA—; por el otro, proyecciones persistentemente insuficientes de acumulación de divisas.

En términos más directos, el Fondo no está dispuesto a convalidar un esquema de déficit crónico de cuenta corriente ni una apreciación cambiaria sostenida artificialmente por flujos financieros, en detrimento de la competitividad externa.

Promesas, deuda y fragilidad externa

El programa aprobado en abril de 2025 estableció un régimen de control de agregados monetarios, con el M2 privado transaccional como variable objetivo y un sendero restrictivo en torno a los $65,8 billones para diciembre. El objetivo era sostener la demanda de dinero, reducir la presión cambiaria y consolidar la desinflación bajo un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio. Sin embargo, las expansiones monetarias por encima de lo previsto y las intervenciones inconsistentes terminaron debilitando el frente externo y frustrando la acumulación genuina de reservas.

La fragilidad externa tampoco logró compensarse con instrumentos alternativos. Tal como se señaló en notas previas, el swap de monedas con Estados Unidos por hasta u$s20.000 millones presenta serias dudas de viabilidad jurídica. El acuerdo firmado entre el BCRA y el Tesoro estadounidense a través del Exchange Stabilization Fund carece de autorización explícita del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), condición necesaria para que el mecanismo sea plenamente operativo. Esto deja a la Reserva Federal con la potestad de rechazar giros de manera unilateral, tornando el compromiso potencialmente revocable. Hasta ahora, solo se activaron u$s2.500 millones.

En Wall Street y en el propio equipo económico argentino predomina la percepción de que el remanente del swap no será utilizado y que funciona más como una línea contingente testimonial que como un respaldo efectivo. Incluso el presidente Javier Milei reconoció recientemente los riesgos del endeudamiento al cuestionar la experiencia del período macrista, una admisión implícita de que el actual esquema de financiamiento no es sostenible sin dólares genuinos.

El límite informal de los waivers y el fantasma de 2001

Si bien el estatuto del FMI no prohíbe explícitamente más de dos waivers consecutivos por la misma meta cuantitativa, en la práctica institucional existe un límite informal: conceder dispensas reiteradas sin correcciones profundas erosiona la credibilidad del programa. El antecedente más citado es el de diciembre de 2001, cuando el Fondo decidió frenar un desembolso clave para la Argentina tras incumplimientos persistentes, acelerando el colapso del régimen económico.

Fuentes del organismo y analistas financieros advierten que un tercer waiver consecutivo podría marcar un punto de quiebre y obligar a ajustes abruptos, como una devaluación significativa. Modelos econométricos utilizados en Washington y por brokers de Wall Street ubican el tipo de cambio nominal de equilibrio en un rango de $1.750 a $2.000, con altos niveles de confianza estadística.

A esta tensión se suma el vencimiento, el 9 de enero, de bonos globales y bonares por cerca de u$s4.300 millones. El Ministerio de Economía trabaja en una ingeniería financiera que incluye nuevas colocaciones, repos con bancos internacionales y posibles canjes, mientras el staff del FMI observa con cautela pero sin anticipar, por ahora, un evento disruptivo.

Panorama critico

Sin embargo, el verdadero desafío se concentra en 2026, cuando la Argentina enfrentará vencimientos de deuda externa por u$s17.800 millones, según advirtió UBS. Con reservas aún frágiles y un acceso limitado al crédito voluntario, la presión para acumular dólares se vuelve crítica.

En síntesis, el FMI reconoce los avances en materia fiscal y desinflación, pero considera que sin acumulación sostenida de reservas y con una política monetaria aún inconsistente, el programa transita una zona de riesgo creciente. El segundo waiver en marcha es, al mismo tiempo, un alivio de corto plazo y una señal de alarma de fondo.

Entre enero y noviembre de 2025, el flujo neto de capitales productivos provenientes del exterior registró una salida de 1.521 millones de dólares, un fenómeno que no se observaba desde 2003 y que pone en cuestión el relato oficial del gobierno de Javier Milei sobre la supuesta “lluvia de inversiones”.

Por primera vez en más de dos décadas, la economía argentina exhibe un dato tan contundente como inquietante: la inversión extranjera directa (IED) cerró con saldo negativo. Entre enero y noviembre de 2025, el flujo neto de capitales productivos provenientes del exterior registró una salida de 1.521 millones de dólares, un fenómeno que no se observaba desde 2003 y que pone en cuestión el relato oficial del gobierno de Javier Milei sobre la supuesta “lluvia de inversiones”.

Las cifras del Banco Central confirman un quiebre estadístico de magnitud. En los últimos veinte años, aun en contextos de crisis y volatilidad, la IED había logrado sostener un balance positivo. En 2025, en cambio, el capital extranjero no solo dejó de ingresar: se fue. El contraste resulta aún más elocuente si se lo compara con otros países de la región, donde la inversión extranjera continúa mostrando saldos favorables.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el dato refleja un proceso extendido de desinversión. Según información del BCRA y reportes periodísticos, la salida neta de divisas responde a la venta de empresas y activos locales por parte de compañías controladas por capitales foráneos, que transfirieron sus operaciones a firmas nacionales o directamente abandonaron el mercado argentino. Se trata de un cambio estructural en el comportamiento del capital corporativo que atraviesa distintos sectores de la economía.

La dimensión del retroceso se vuelve aún más clara al observar la serie histórica. Entre 2016 y 2019, la inversión extranjera directa promedió 3.235 millones de dólares anuales. En el período 2020-2023, ese monto se redujo a 953 millones. En 2025, la tendencia se quebró por completo: el saldo pasó a terreno negativo, un resultado inédito en más de 22 años.

El sector energético fue uno de los primeros en mostrar señales de este éxodo. A fines de 2024, grandes petroleras internacionales comenzaron a desprenderse de sus activos en Vaca Muerta. ExxonMobil vendió la totalidad de sus participaciones a Pluspetrol por unos 1.700 millones de dólares. Petronas abandonó su proyecto de gas natural licuado con YPF y evaluó retirarse de La Amarga Chica. TotalEnergies y Equinor siguieron el mismo camino, buscando transferir o vender sus concesiones en Neuquén.

Si bien las empresas aluden a reacomodamientos globales y estrategias de eficiencia, los informes de consultoras privadas señalan factores locales decisivos: alta incertidumbre económica, restricciones cambiarias aún vigentes, dificultades para girar utilidades y una marcada inestabilidad en las reglas de juego. En el propio mundo empresario, el diagnóstico es directo: el marco institucional argentino desalienta la permanencia.

El resultado final expone una paradoja difícil de ocultar. Mientras el Gobierno se presenta como el más ortodoxo y pro-capitalista de la historia reciente, los números muestran que el capital extranjero se retira. El saldo negativo de la inversión extranjera directa no solo es un dato técnico: es una señal política y económica de peso, que revela que la retórica de mercado no alcanza cuando la realidad espanta a los inversores.

Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El presupuesto destinado a gastos reservados de la Fuerza Aérea Argentina registró un incremento inédito: pasó de $15 millones vigentes hasta el 1° de diciembre a $166 millones tras una actualización publicada ese mismo día en el Boletín Oficial. La ampliación, dispuesta por decreto, rige para el último mes del año e impactó en el presupuesto abierto a partir del 3 de diciembre, según pudo constatar PERFIL. Desde 2023, los recursos asignados a partidas sin rendición pública crecieron un 3.970%.

La Ley 25.520 define a la inteligencia nacional como el conjunto de actividades orientadas a la obtención y análisis de información vinculada a amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad interior y exterior del país. Estas tareas pueden financiarse mediante gastos reservados, cuyo detalle solo es conocido por las autoridades competentes y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El 1° de diciembre, a través del decreto 849/2025, el Poder Ejecutivo reasignó recursos y amplió partidas presupuestarias en distintos organismos. Entre ellos, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea incorporó $151 millones adicionales para gastos reservados. Hasta ese momento, el organismo contaba con $15,34 millones para ese concepto, por lo que la ampliación representa un aumento del 985%, a ejecutarse además en menos de un mes.

Los datos de ejecución reflejan la magnitud del salto: hasta el 3 de diciembre se habían devengado $15,18 millones en gastos reservados, prácticamente el total asignado para todo el año. Para el 8 de diciembre, en apenas cinco días, se sumaron otros $20 millones, superando lo ejecutado durante los once meses previos.

La comparación histórica refuerza el carácter excepcional del aumento. En 2016, primer año con registros disponibles, el presupuesto para gastos reservados de la Fuerza Aérea era de $1,25 millones y se mantuvo por debajo de los $2 millones durante varios años. En 2023 ascendió a $4,09 millones y, entre diciembre de ese año y diciembre de 2025, el incremento acumulado alcanza el 3.970%.

El refuerzo presupuestario se produjo además en un contexto político particular: en vísperas de la asunción de un militar al frente del Ministerio de Defensa. Carlos Andrés Presti, hasta entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, reemplazó esta semana a Luis Petri. El aumento también coincide con la llegada de los aviones de combate adquiridos a Dinamarca, enmarcada en el plan oficial de “modernización” del sistema de defensa.

En términos generales, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Ministerio de Defensa incrementó su presupuesto vigente en $123.044 millones. La mayor parte se destinó al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares ($59.634 millones), mientras que también se ampliaron partidas para gastos de personal y funcionamiento en los estados mayores de la Fuerza Aérea ($24.761 millones), el Ejército ($15.966 millones) y la Armada ($15.398 millones), entre otros.

Dentro del refuerzo asignado a la Fuerza Aérea, $8.198 millones se destinarán en diciembre al programa de “Alistamiento operacional”, que creció un 2,6%. Allí se incorporan los $151 millones de gastos reservados, un monto muy superior al que regía previamente para ese concepto.

El portal PERFIL consultó al Ministerio de Defensa sobre los motivos de este aumento en gastos reservados, que no fue postergado hasta 2026, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta nota.

SIDE: otro salto en fondos sin control público

La Secretaría de Inteligencia de Estado también registró una fuerte expansión presupuestaria. Durante 2025, el organismo pasó de contar con $48 mil millones a $106 mil millones, un aumento del 32,3%, luego de que el Congreso rechazara en 2024 un DNU que buscaba otorgarle $100 mil millones en gastos reservados. Del total actual, $26 mil millones se sumaron mediante el último decreto.

Hasta el momento, la SIDE ejecutó $75 mil millones: $41 mil millones en personal y $13 mil millones en gastos reservados. Si bien la ampliación incluyó $19 mil millones adicionales para salarios, los mayores cuestionamientos se concentraron en otros rubros, como textiles y vestuario ($320 millones), productos de cuero y caucho ($350 millones), cubiertas y cámaras de aire ($350 millones) y mantenimiento, reparación y limpieza ($900 millones).