El escándalo por los presuntos vínculos entre el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, y el empresario acusado de narcotráfico y lavado de activos, Federico “Fred” Machado, sigue sumando declaraciones polémicas en torno al candidato libertario.

Clara Montero Barré, ex armadora de la campaña presidencial de Espert en 2019, rompió el silencio desde Qatar y aseguró que el economista libertario se enriqueció tras su acercamiento con Machado. “En todo el proceso de campaña cambió su nivel de vida drásticamente, desde que Fred empezó a darle plata. Claramente Espert se la estaba quedando para él”, denunció en diálogo con el medio PERFIL.

Montero Barré, que se desempeñó como jefa de prensa y buscadora de aportantes durante esa campaña, fue categórica: “Espert no me gustó de entrada. Me parece un mercenario. Duré dos meses en la campaña y renuncié después de las PASO, pero lo debería haber hecho antes”.

La ex colaboradora afirmó que las revelaciones del periodista Marcelo Longobardi sobre la trama Machado son ciertas y que ella misma intentó coordinar un encuentro en Nueva York, aunque nunca se concretó. Además, respaldó los dichos de la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien en 2023 ya había denunciado irregularidades en la campaña de Espert: “Se quedaron con plata de campaña y tuvieron problemas con narcos”, había declarado la legisladora.

Estas nuevas acusaciones golpean de lleno la figura de Espert dentro de La Libertad Avanza, donde ya circulan voces que reclaman su renuncia. La denuncia de Montero Barré no solo agrava su situación judicial y política, sino que también reaviva tensiones internas en el espacio oficialista.

Un nuevo estudio de la consultora Zuban Córdoba revela un contundente rechazo social a la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei habilite bases militares de Estados Unidos en territorio argentino, en el marco de lo que analistas describen como una “agenda de subordinación geopolítica” impulsada por el oficialismo.

El relevamiento, realizado entre el 29 y 30 de septiembre con 1.500 personas de todo el país, muestra que el 71,5% de los consultados se manifestó en contra de que Milei permita una base militar estadounidense en Tierra del Fuego a cambio de un acuerdo económico, mientras que solo el 21% expresó estar de acuerdo y un 7,5% dijo no tener una posición definida. El sondeo tiene un margen de error del ±2,5% y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados llegan en un momento de creciente tensión política: el mismo día en que se difundió la encuesta, Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, que autoriza la realización de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y Chile, incluyendo el ingreso de tropas estadounidenses a bases navales estratégicas como Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

BASE MILITAR DE EEUU EN ARGENTINA 🇺🇲🇦🇷

Hoy, el Presidente Milei firmó el Decreto 697/25 que autoriza el ingreso de fuerzas militares extranjeras en Ushuaia entre el 20/10 y el 15/11.

Preguntamos sobre la posibilidad de una base en TDF y esto nos dijeron 👇 pic.twitter.com/KAtHSO6DNJ

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) September 30, 2025

Aunque el ministro de Defensa, Luis Petri, negó la existencia de un proyecto formal para una “base naval conjunta”, admitió que el gobierno busca profundizar la alianza militar con Washington, tras encuentros con el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

La medida del Ejecutivo, que había sido enviada al Congreso pero nunca tratada, fue finalmente impuesta vía decreto y permitirá la ejecución de polémicos operativos combinados entre octubre y noviembre de este año, bajo el Plan Anual de Ejercicios Combinados.

El 71.5 % de los argentinos y argentinas está en desacuerdo con que Milei permita una base militar de EEUU en Tierra del Fuego a cambio de un acuerdo económico 💵

Los números hablan por sí solos: la mayoría rechaza esta decisión ❌ pic.twitter.com/vCqNsVHYWU

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) September 30, 2025

El fuerte rechazo revelado por Zuban Córdoba expone una fractura entre la agenda geopolítica del gobierno libertario y la opinión mayoritaria de la sociedad argentina, que se pronuncia de manera clara contra la instalación de bases militares extranjeras en el país.

Desde el gobierno provincial advirtió que esos datos “no son correctos” y que la situación en la calle refleja un escenario mucho más grave.

La distancia entre las estadísticas oficiales y la realidad cotidiana volvió a quedar en evidencia en Santa Fe. Mientras el INDEC informó una fuerte reducción de la pobreza —del 52,9% al 31,6% en un año— y de la indigencia al 6,9%, el gobierno provincial advirtió que esos datos “no son correctos” y que la situación en la calle refleja un escenario mucho más grave.

Este lunes se presentaron los resultados preliminares del tercer Registro Nacional de Personas en Situación de Calle (Renacalle) en la capital provincial. El relevamiento, coordinado por la Red Puentes junto a universidades e instituciones sociales, confirmó la presencia de 730 personas en situación de calle, un incremento del 12,5% respecto a 2024 y casi un 45% más que en 2023.

El contraste es contundente: mientras la Nación celebra una baja histórica de la pobreza, en Santa Fe los números de exclusión se disparan.

Datos que no cierran

El estudio expone un deterioro acelerado: más mujeres, más jóvenes y más familias enteras sobreviven en la calle. También creció el consumo problemático, la discapacidad sin cobertura y la violencia institucional.

• 82,7% son varones, aunque la vulnerabilidad femenina aumenta: se registraron 86 mujeres en situación de calle, cinco de ellas embarazadas.
• El 60,2% de los encuestados sufrió algún tipo de agresión; entre las mujeres, seis de cada diez padecieron violencia de género.
• El 68,4% consume alguna sustancia, con un salto de 10 puntos interanuales; sin embargo, menos de la mitad recibió ayuda.
• El 18% presenta algún tipo de discapacidad, pero la mayoría carece de CUD y queda fuera de las prestaciones básicas.

La falta de acceso al sistema de salud y la caída en la generación de ingresos profundizan el cuadro: apenas el 51% trabajó al menos una hora en la última semana, un 12% menos que el año anterior.

Cuestionamientos directos al INDEC

Desde el área provincial de Igualdad y Desarrollo Humano fueron categóricos: “La realidad es que no vemos lo mismo que muestran los números del INDEC. La demanda social crece semana a semana. La gente pide más asistencia alimentaria, medicamentos, ayuda para pagar alquileres. Eso no coincide con una baja de la pobreza al 31%”.

El planteo oficial de Santa Fe se suma a las observaciones de consultoras y académicos que ya habían señalado inconsistencias en las estadísticas nacionales.

“Si alguien cree que bajaron esos números, estamos mirando distinto. La calle dice otra cosa. Los invito a ir a los barrios y hablar con las instituciones. Ahí está la realidad”, remarcaron.

El reclamo

Red Puentes advirtió además que el Estado incumple la Ley Nacional 27.654 y exigió políticas estructurales inmediatas. “No se trata solo de más personas en la calle, sino de más jóvenes, más mujeres y más familias con menores a cargo. El Estado no está dando respuestas reales”.

Las últimas presentaciones patrimoniales del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, exhiben un entramado de inconsistencias que encienden alarmas y aumentan las sospechas sobre su cuestionada figura pública.

La más insólita: ahora declara ser socio de una empresa valuada en apenas un peso, cuando en el ejercicio anterior figuraba con un valor de $50.000.

La información, revelada por elDiarioAR, llega en un momento especialmente crítico para Espert, salpicado por sus vínculos con el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo —renunciante en medio de denuncias de coimas— y por su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico y señalado como uno de sus financistas de campaña.

Una empresa fantasma y propiedades que cambian de tamaño

El repaso de sus declaraciones juradas de los últimos tres años revela anomalías que, según especialistas en ética pública, difícilmente puedan atribuirse a simples “errores de carga”:

• Varianza SA: valuada en $50.000 en 2023, fue declarada en $1 en 2024, como si la compañía hubiera perdido todo valor de manera repentina y sin explicación contable posible.
• Propiedades fluctuantes: su casa en Beccar pasó de 250 m² en 2023 a 472 m² en 2024; mientras que en Pergamino una propiedad que en 2023 aparecía con 1 m² ahora figura con 212 m².
• Movimientos en dólares: sus depósitos bancarios en moneda extranjera se desplomaron de US$34.000 en 2023 a US$281 en 2024, aunque sin modificar el rubro de efectivo en dólares, que se mantiene en US$15.000.

Estas irregularidades, lejos de ser meras formalidades administrativas, refuerzan la percepción de opacidad en torno a su patrimonio.

Espert, entre escándalos y vínculos incómodos

La difusión de estas inconsistencias patrimoniales se produce mientras crecen los cuestionamientos sobre las relaciones políticas y personales de Espert. Su amistad con Spagnuolo, renunciado en medio de acusaciones de corrupción, y su cercanía con Machado —acusado de narcotráfico a gran escala— vuelven aún más sensibles las anomalías en su declaración jurada.

Hoy, Espert, figura clave del oficialismo en el Congreso, queda bajo la lupa de la Oficina Anticorrupción. Y sus propias declaraciones patrimoniales, plagadas de dudas e inconsistencias, no hacen más que aumentar las sospechas que lo rodean.

El ajuste fiscal del Gobierno nacional golpea de lleno a las provincias en áreas especialmente sensibles como salud y educación, según surge del último reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El ajuste fiscal del Gobierno nacional golpea de lleno a las provincias en áreas especialmente sensibles como salud y educación. Según el último reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante el primer semestre del año las transferencias no automáticas –aquellas que la Nación distribuye de manera discrecional– registraron fuertes caídas en la mayoría de los distritos, con reducciones de hasta 61% en recursos para salud y desplomes de más del 90% en partidas educativas.

Si bien el informe destaca que hubo un aumento general de estas transferencias (178,5% interanual) por los fondos destinados a la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de un fallo judicial, el panorama para el resto de las provincias fue de severos recortes.

Salud en crisis: caída generalizada de aportes

Las partidas orientadas al “fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud” se redujeron en promedio un 48,8% real respecto al mismo período de 2024, cuando ya habían sufrido bajas importantes. Salvo Catamarca, Entre Ríos y Neuquén, que tuvieron leves recuperaciones, todas las demás provincias vieron recortados sus recursos.

Mendoza encabeza la lista con una caída del 61,3%, seguida por seis provincias donde el ajuste superó el 50%: Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, Río Negro, Santa Fe y Tucumán. En otras jurisdicciones como La Rioja, Córdoba, San Juan y San Luis los recortes superaron el 30%, mientras que en Chaco –donde casi la mitad de la población es pobre– la reducción fue del 23,6%.

Los efectos ya son visibles en la práctica. El Foro de Sociedades Médicas, que agrupa a 21 instituciones, advirtió meses atrás sobre la “grave crisis del sistema de salud”, con guardias colapsadas, demoras en la atención de urgencias y falta de residentes médicos.

Educación: desplomes históricos

La poda también alcanzó al sistema educativo provincial. En algunas jurisdicciones las reducciones fueron extremas: Santa Cruz (98,5%), Neuquén (91,7%) y Salta (91,6%) casi dejaron de recibir recursos nacionales en este rubro.

Provincias en tensión

Mientras las transferencias automáticas de la coparticipación crecieron un 3,6% real por la actualización del Consenso Fiscal, el recorte en los envíos discrecionales deja a las provincias frente a un escenario complejo: deberán cubrir con fondos propios programas de salud y educación que antes tenían financiamiento nacional.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, denunció que Nación ya cerró todo programa que no esté obligado por ley a sostener, obligando a las provincias a asumir gastos extra multimillonarios en medicamentos, insumos y tratamientos.

En paralelo, varias jurisdicciones mantienen reclamos judiciales contra Nación por deudas que superan los US$ 9.000 millones, sumando tensión a la relación fiscal.

En apenas seis meses de gestión de Javier Milei, la deuda externa argentina pegó un salto sin precedentes y superó los U$S300.000 millones en el segundo trimestre del año, alcanzando así un récord histórico en al menos veinte años.

El crecimiento vertiginoso del stock de pasivos estuvo motorizado principalmente por el endeudamiento con organismos internacionales, en un escenario marcado por la falta crónica de divisas y un creciente déficit de cuenta corriente.

De acuerdo con el informe difundido por el INDEC, la deuda externa bruta nominal trepó U$S23.783 millones (+8,5%) respecto del primer trimestre, llegando a U$S305.043 millones, el nivel más alto desde que existen registros oficiales (2006).

El salto se explica en gran medida por el endeudamiento del gobierno general, que se incrementó en U$S18.480 millones. Dentro de ese monto, sobresale el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S12.398 millones, lo que consolidó al organismo como el principal acreedor del país.

Según los datos oficiales, la deuda externa con organismos internacionales ya asciende a U$S92.964 millones, de los cuales casi el 60% corresponde exclusivamente al FMI. El resto se reparte mayormente entre el BID, el BIRF y la CAF.

El Banco Central también engrosó su deuda en U$S2.380 millones mediante la ampliación de la operación de REPO con siete bancos internacionales, mientras que las sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro sumaron U$S2.435 millones adicionales.

Si bien el ratio deuda externa/exportaciones volvió a superar el 300%, por debajo del pico del 400% registrado en 2020-2021, el actual volumen absoluto de deuda representa un máximo histórico nominal y refleja el nivel de vulnerabilidad financiera en el que se encuentra la economía argentina.

Más del 70% de los pasivos externos está concentrado en obligaciones a largo plazo, pero el incremento acelera la dependencia estructural del país respecto de la deuda internacional, marcando un hito de endeudamiento pocas veces visto en la historia reciente.

El hecho generó un fuerte malestar en el cuerpo diplomático argentino, dado que nuestro país no reconoce la independencia de Kosovo y que, además, ese Estado ha desplegado efectivos militares en las Islas Malvinas en abierta complicidad con el Reino Unido, contribuyendo a la usurpación británica en el Atlántico Sur.

El presidente argentino Javier Milei fue fotografiado en Nueva York junto a la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, en lo que constituye la primera imagen pública de un contacto oficial entre mandatarios de ambos países. El hecho generó un fuerte malestar en el cuerpo diplomático argentino, dado que nuestro país no reconoce la independencia de Kosovo y que, además, ese Estado ha desplegado efectivos militares en las Islas Malvinas en abierta complicidad con el Reino Unido, contribuyendo a la usurpación británica en el Atlántico Sur.

Kosovo en Malvinas: un antecedente hostil hacia Argentina

La Asamblea kosovar aprobó un acuerdo militar con Londres que habilitó la participación de soldados de la Fuerza de Seguridad de Kosovo (KSF) en la Roulement Infantry Company (RIC), unidad británica rotativa en el archipiélago. El propio Ministerio de Defensa de Kosovo difundió imágenes del contingente tras cumplir funciones en Malvinas, en un rol de apoyo e interoperabilidad con tropas británicas.
En 2023, la Cancillería argentina condenó con firmeza esta decisión, señalándola como un “acto unilateral incompatible con las resoluciones de Naciones Unidas”, que instan a no alterar la situación mientras persista la disputa de soberanía.

Desde 2008, Argentina sostiene el no reconocimiento de la independencia kosovar, en línea con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda la integridad territorial de Serbia. La posición argentina obedece, además, a un criterio estratégico: aceptar una secesión unilateral como la de Kosovo equivaldría a debilitar la causa Malvinas y dar argumentos a la ocupación británica.
Este alineamiento diplomático ha sido compartido con socios clave como Brasil, Rusia, China e India, y reforzado por el propio apoyo de Serbia al reclamo argentino en foros internacionales.

Malestar en la diplomacia argentina

En este marco, la foto de Milei con Osmani es interpretada como un gesto de imprudencia diplomática que erosiona la posición histórica de Argentina en materia de posicionamiento internacional y soberanía. Para el cuerpo diplomático, se trata de un error que envía una señal contradictoria al mundo: mientras Argentina reclama contra la ocupación británica en Malvinas, el Presidente aparece sonriente con la mandataria de un Estado que aporta tropas a esa misma ocupación.
El malestar es profundo porque la reunión no solo contradice la política exterior argentina de larga data, sino que se produce en un contexto de tensiones globales donde el Reino Unido y la OTAN buscan nuevas alianzas para legitimar su presencia colonial en el Atlántico Sur.

La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción de Petri, revelando la profundidad del derrumbe financiero.

Clínicas y sanatorios de Rosario suspendieron la atención a gendarmes, militares, prefectos y sus familias por la deuda acumulada del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). En el sur de Santa Fe, el recorte afecta a casi 20 mil afiliados, que hoy se encuentran a la deriva en medio de una crisis sanitaria inédita.

La caída de las prestaciones golpea de lleno a quienes integran las fuerzas federales desplegadas en Rosario, epicentro de la lucha contra el narcotráfico. Mientras el gobierno de Luis Petri y Patricia Bullrich se muestra activo en lo discursivo en materia de seguridad, deja sin cobertura médica a quienes arriesgan su vida en el territorio más violento del país.

“Si tengo que llevar a mi hija a la guardia no sé a dónde ir”, expresó Alejandro Sortino, delegado de ATE en Iosfa, quien aseguró que en 35 años de trabajo jamás presenció una situación semejante. Casos críticos se multiplican: desde embarazadas que no pudieron acceder a una cesárea hasta pacientes oncológicos sin medicación.

La deuda de Iosfa, que a comienzos de 2024 rondaba los 120 mil millones de pesos, escaló a casi 240 mil millones bajo la actual conducción, revelando la profundidad del derrumbe financiero. Clínicas y sanatorios cortan convenios región por región según la tolerancia de los prestadores privados, dejando sin servicios básicos a miles de afiliados.

El próximo martes, trabajadores de ATE y familias de las fuerzas de seguridad se movilizarán en Rosario para reclamar el fin del vaciamiento. “Estamos mendigando salud”, denunció Sortino.

La obra social, que alguna vez fue referencia en orden administrativo y cobertura integral, hoy se hunde en un escenario de descontrol que expone la improvisación y el fracaso de la gestión Petri–Bullrich, incapaz de garantizar siquiera la atención médica mínima a quienes deberían estar protegidos por el Estado.

La paradoja fue expuesta por Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes, quien advirtió que la situación es de “incertidumbre tremenda” y golpea de lleno a las familias.

El consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes. En medio de la inflación y la devaluación del peso, el precio del asado —ícono de la mesa nacional— alcanzó niveles insólitos: entre $12.000 y $15.000 por kilo, por encima del valor en ciudades como París.

La paradoja fue expuesta por Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes, quien advirtió en diálogo con Radio Rivadavia que la situación es de “incertidumbre tremenda” y golpea de lleno a las familias. “Estamos caros internamente, no es solamente la vaca, es la moneda. Tenemos un problema de fondo con la economía argentina”, remarcó.

La pérdida del poder adquisitivo modificó de manera drástica los hábitos de consumo. Aunque algunas carnicerías reportaron un aumento en la venta de “medias reses” como intento de abaratar costos, se trata apenas de un recurso aislado. Lo que prevalece es la retracción del consumo: cada vez más argentinos dejan de comprar carne vacuna o la reemplazan por pollo y cerdo, opciones más accesibles pero sin el mismo peso cultural ni nutricional.

Rafael también cuestionó la falta de políticas a largo plazo para un sector clave. “Argentina tiene millones de cabezas de ganado, pero sin una dirección clara del Estado. No es un problema de producción, es un problema de política”, advirtió.

Así, el país que históricamente fue sinónimo de carne vacuna enfrenta un escenario inédito: el asado, símbolo de identidad nacional, se volvió un lujo. En la tierra del asado, hoy resulta cada vez más difícil sentarse a la parrilla.

Según la denuncia, el principal damnificado sería el Estado, ya que se estima que mediante esta operación se dejarán de recaudar retenciones por un monto cercano a los 1.500 millones de dólares.

La decisión del Gobierno de eliminar temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos, hasta agotar un cupo de 7 mil millones de dólares, derivó en un verdadero escándalo político y judicial. Una denuncia penal fue presentada contra el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; y las cinco principales empresas exportadoras de granos, acusados de “administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El mecanismo denunciado consistió en liberar de retenciones las exportaciones durante apenas 72 horas, período en el que las agroexportadoras registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19 millones de toneladas de granos, asegurándose ventas futuras a precio pleno, sin deducción de impuestos. Según la presentación judicial, este ardid habría ocasionado al Estado un perjuicio fiscal de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.

Mientras tanto, los productores primarios solo vieron un aumento parcial en los precios, de alrededor del 15% en la soja, muy por debajo de la rebaja que capturaron las multinacionales. La medida generó indignación en el sector agrícola y abrió sospechas sobre un entramado de connivencia entre funcionarios nacionales y empresas privadas que habrían concentrado operaciones en esas horas críticas para apropiarse del beneficio.

La denuncia anónima, presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apunta a un accionar coordinado entre funcionarios y firmas como Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill, que habrían actuado como partícipes necesarios de la maniobra. Según el escrito, las resoluciones oficiales dictadas el 23 y 24 de septiembre —que extendieron la vigencia y alcance del beneficio— fueron claves para consolidar el negocio privado en detrimento de las arcas públicas.

El caso, ya en manos del fiscal Sergio Rodríguez, podría convertirse en una de las causas de corrupción más resonantes del actual gobierno, no solo por el volumen del dinero en juego, sino porque la denuncia habría surgido desde dentro de la propia administración pública, lo que alimenta la sospecha de un entramado irregular cuidadosamente diseñado.

Con los productores enfrentados al Ejecutivo, el Estado como principal damnificado y las exportadoras bajo la lupa, el escándalo por las retenciones 0% amenaza con convertirse en un nuevo foco de crisis política y judicial para la gestión Milei.