La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa.

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, un predio perteneciente a la Armada Argentina.

La presentación —registrada el 10 de noviembre bajo el código KLGZ-246— detalla presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisiones de deberes de funcionario público, y coloca bajo la lupa una operación realizada en el marco del Decreto 950/2024, mediante el cual el Gobierno habilitó la venta de más de 400 propiedades estatales bajo el argumento de “innecesariedad”.

El inmueble, considerado la principal herramienta del país para la protección de objetivos digitales estratégicos, fue vendido por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6. Según la denuncia, la enajenación se concretó sin un plan de transición adecuado, sin previsión presupuestaria y sin evaluar las consecuencias estratégicas que podría generar un ciberataque durante el traslado, lo que comprometería directamente la responsabilidad de las máximas autoridades de Seguridad y Defensa.

Una cadena de responsabilidades que apunta al corazón del Ministerio de Defensa

La denuncia señala en primer lugar al general de brigada Luis Guimpel, comandante Conjunto de Ciberdefensa, como responsable directo de la infraestructura, los activos críticos y la seguridad del organismo. Se le reprocha no haber elevado objeciones ante el Estado Mayor Conjunto (EMCO) ni ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pese al riesgo de vender el predio sin una sede alternativa ni presupuesto asignado.

También es mencionado el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, autoridad máxima de la estructura de la cual depende el Comando de Ciberdefensa. La denuncia sostiene que Isaac debió evaluar y objetar la desafectación de un activo estratégico sin contar con un plan de contingencia ni con una nueva instalación que cumpla requisitos de seguridad.

A ello se suma el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, cuyo rol en la planificación y supervisión de la política de infraestructura militar es puesto bajo sospecha. El texto pide investigar si Rozas Garay participó en la decisión de catalogar el inmueble como “innecesario” y si articuló adecuadamente con el EMCO y la AABE para evitar riesgos a la seguridad nacional.

La denuncia subraya, además, que la venta del edificio dejó al país en una situación de vulnerabilidad estratégica ante posibles ciberataques, dado que la nueva sede —un edificio en la calle Junín, perteneciente a la Fuerza Aérea— aún no cuenta con garantías plenas en materia de seguridad digital y física.

“Es como tu primer préstamo: tus padres firmaron para ello, nosotros básicamente firmamos juntos y estamos recibiendo una gran tarifa”, afirmó el funcionario de Donald Trump.

“Somos como sus padres” “Es como tu primer préstamo: tus padres firmaron para ello, nosotros básicamente firmamos juntos y estamos recibiendo una gran tarifa“. La frase que Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, lanzó en una entrevista con Fox Business dejó algo más que una metáfora paternalista: dejó expuesta la mirada desde Washington hacia la Argentina de Javier Milei. En medio de las críticas internas en Estados Unidos por el nuevo acuerdo financiero con Buenos Aires, Bessent defendió la decisión del gobierno de Donald Trump apelando a una imagen que resume la relación: una Argentina tratada como un adolescente mantenido, incapaz de sostenerse sin la asistencia permanente de su “figura parental” norteamericana.

La declaración llegó tras las controversias generadas por el reciente acuerdo comercial y el swap activado para rescatar al gobierno argentino. Democratas y opositores en Washington cuestionaron por qué Estados Unidos debería involucrarse en el rescate de un país que, según ellos, muestra abierta animosidad hacia parte del sistema político norteamericano. La respuesta de Bessent fue tajante: hay una lógica geopolítica que pesa más que cualquier disputa doméstica.

El funcionario explicó que el préstamo proviene del Fondo de Estabilización de Intercambio y aclaró que “nunca ha perdido dinero”. Insistió en que la asistencia no solo es segura, sino conveniente para los intereses estadounidenses: “Obtuvimos ganancias con ello”, afirmó, generando sorpresa en Argentina.

Bessent detalló que Estados Unidos utilizó su propia hoja de balance “para estabilizar a la Argentina”, subrayando una vez más el rol de tutor que se arroga Washington. El mensaje político quedó todavía más claro cuando, tras la oficialización del swap con el Banco Central y la frase de Trump asegurando que Argentina “se está muriendo”, el secretario del Tesoro afirmó que el objetivo es evitar “otro Estado fallido en América Latina”.

En esa lógica, Estados Unidos aparece como el adulto responsable que interviene para evitar el colapso de un país que, en su lectura, lleva décadas de malas decisiones. De hecho, Bessent no dudó en culpar al peronismo por ese deterioro: “Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive derivadas del izquierdismo radical del peronismo son cruciales”.

Según Bessent, el nuevo acuerdo de estabilización no es un rescate sino “un puente hacia un futuro económico mejor para la Argentina”. Pero su metáfora inicial deja ver otra cosa: para Washington, Milei gobierna un país aún dependiente, inmaduro, que necesita supervisión constante. Y Estados Unidos, en ese relato, sigue siendo el padre que lo sostiene para que no se hunda.

La comparación interanual expone con crudeza el deterioro de la actividad comercial: el número actual implica un aumento del 58,6% frente al mismo período de 2024.

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa uno de los períodos más delicados para su actividad comercial en más de una década. A pesar de un leve respiro en la comparación bimestral, el panorama general sigue marcado por la recesión y la caída del consumo. Durante el quinto bimestre de 2025, se contabilizaron 249 locales vacíos en los principales corredores porteños, una cifra que, aunque representa una baja del 8,8% respecto del registro inmediato anterior, continúa muy por encima de los niveles del año pasado.

El relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), realizado en septiembre y octubre, mostró que en la medición previa se habían detectado 273 locales desocupados. Sin embargo, la comparación interanual expone con crudeza el deterioro de la actividad: el número actual implica un aumento del 58,6% frente al mismo período de 2024.

El informe también detalla que los locales en alquiler disminuyeron 8,2% respecto de julio-agosto, aunque registraron un incremento interanual del 21,6%, reflejo de la persistente dificultad para sostener la actividad comercial en un contexto de ingresos golpeados y demanda retraída. En cuanto a los espacios en venta, la baja bimestral fue del 38,7%, pero el contraste con el año previo mostró un aumento del 90%, un dato que evidencia la profundidad del repliegue del sector.

La medición, que la CAC realiza desde 2014, abarcó las principales arterias comerciales de la ciudad. Las señales de retroceso se hicieron visibles en corredores históricamente dinámicos como Santa Fe, Avellaneda, Pueyrredón, Córdoba, Cabildo y la peatonal Florida, donde se registraron caídas bimestrales en la cantidad de locales activos. Solo Rivadavia y Corrientes mostraron mejoras en este período, aunque insuficientes para revertir la tendencia general.

El informe fue difundido en un contexto en el que las ventas continúan estancadas. Si bien el indicador de consumo de la CAC mostró un avance interanual del 1,4% en septiembre, cayó 0,3% frente al mes anterior, confirmando que la recuperación aún no llega al comercio porteño. “Queda por verse cómo la dinámica poselectoral afectará los ingresos de los hogares”, advirtió la entidad.

En conjunto, los números describen un escenario recesivo que se profundiza y que golpea de lleno al tejido comercial de la principal ciudad del país, poniendo en evidencia una crisis que todavía no encuentra señales firmes de reversión.

Lejos de correrse del debate, el PJ reconoce que una actualización normativa es necesaria, pero prepara un proyecto alternativo para contraponer al del Ejecutivo.

El Gobierno de Javier Milei anunció que buscará acelerar en el Congreso el tratamiento de una reforma laboral, y en el peronismo ya se activaron los movimientos internos para dar esa discusión. Lejos de correrse del debate, el PJ reconoce que una actualización normativa es necesaria, pero prepara un proyecto alternativo para contraponer al del Ejecutivo.

Diputados que integran la Comisión de Legislación del Trabajo comenzaron a reunir las iniciativas que legisladores peronistas presentaron en los últimos años. La intención es unificar esos aportes en un texto superador que exprese la mirada del PJ sobre empleo, productividad y derechos laborales.
“Vamos a dar la discusión, pero con nuestra perspectiva sobre cómo debe funcionar el mundo del trabajo”, señalaron desde la bancada. El peronismo admite los altos niveles de informalidad —casi la mitad de los trabajadores—, aunque rechaza que la salida pase por recortar derechos o debilitar protecciones.

El rol de CFK y el armado del borrador

Cristina Fernández de Kirchner bajó línea a su tropa para avanzar en un borrador que actualice las leyes laborales y permita confrontar la propuesta de Milei. Entre los ejes que se presentarán este martes en la sede del PJ figuran la reducción de la jornada laboral, la ampliación de licencias por paternidad y una ley de cuidados para trabajadores de plataformas, entre otros puntos.

El borrador se comenzó a trabajar antes del 26 de octubre en el ámbito de la Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales del PJ Nacional. Con Vanesa Siley al frente, los consejeros del partido se reúnen en Matheu 130 junto a diferentes mesas sectoriales para dar forma a una propuesta de “actualización” que contemple las nuevas formas de trabajo sin renunciar a los derechos adquiridos.

Mientras esperan conocer el detalle de la iniciativa del Gobierno, el peronismo busca llegar a las sesiones extraordinarias con una versión propia de reforma laboral. La primera redacción la elaboran Siley junto a “Paco” Manrique, Sergio Palazzo y otros dirigentes sindicales. Luego se debatirá en los bloques legislativos para intentar llevarla al recinto.

Los ejes de la propuesta peronista

1. Reducción de la jornada laboral
Es uno de los temas centrales. El kirchnerismo presentó más de 20 proyectos en esta línea y durante el último año de Alberto Fernández se avanzó en reuniones de comisión. La propuesta actual impulsa una reducción progresiva: primero de 8 a 7 horas diarias y, más adelante, a 6.
“En un mundo con inteligencia artificial y procesos productivos acelerados, es lógico que se trabaje menos y no más”, argumenta Siley.

2. Derecho a la desconexión digital
El PJ propone incorporarlo a la Ley 11.544 para limitar la disponibilidad del trabajador fuera de su horario mediante mails, mensajes o llamados. La meta es resguardar el tiempo de descanso.

3. Ley de cuidados para trabajadores de plataformas digitales
Incluye libertad horaria, regulación general para las empresas de plataformas, estaciones sanitarias para repartidores y la prohibición de bloqueos arbitrarios. También busca equiparar derechos con el empleo formal, como vacaciones y protección ante riesgos laborales.

4. Ampliación de licencias parentales
Existen varios proyectos en el Congreso que van desde ampliaciones de 15, 30 o 45 días, hasta otros que casi igualan las licencias de maternidad. Aún no hay una definición final y el debate continúa tanto dentro del PJ como con otros sectores.

5. Participación en ganancias y comités mixtos
La propuesta incluye la creación de comités mixtos de seguridad e higiene y un esquema de participación de los trabajadores en las ganancias empresariales. Ambos puntos siguen en discusión.

Una alternativa para el debate, no una promesa de empleo

El peronismo asume que su iniciativa no apunta a la creación de empleo formal de manera directa. A diferencia del Gobierno, rechaza la idea de que una reforma laboral pueda, por sí misma, generar trabajo. “El problema es el modelo económico”, repiten referentes del espacio.

Como ejemplo, mencionan la reforma incluida en la Ley Bases, que eliminó multas por informalidad pero no produjo más empleo registrado. Según datos del CEPA, un año después hay 276.624 trabajadores privados registrados menos en la Argentina.

De acuerdo con el informe mensual, la actividad metalúrgica se desplomó 4,6% interanual, mientras que la utilización de la capacidad instalada cayó al 44,3%, un nivel que no se veía desde los peores meses de la pandemia de 2020.

La industria metalúrgica argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. En octubre, el sector volvió a registrar una fuerte caída y operó en mínimos históricos, borrando por completo la breve recuperación observada entre fines del año pasado y comienzos de 2025. La situación se agrava por el aumento acelerado de las importaciones, que mantiene en alerta a los empresarios.

De acuerdo con el informe mensual de ADIMRA, la actividad metalúrgica se desplomó 4,6% interanual, mientras que la utilización de la capacidad instalada cayó al 44,3%, un nivel que no se veía desde los peores meses de la pandemia de 2020. El retroceso deja al sector 17,7% por debajo de los máximos de 2023, confirmando que el rebote del año pasado quedó completamente neutralizado. En lo que va del año, el sector exhibe un crecimiento insignificante del 0,1%, prácticamente un estancamiento.

El leve repunte mensual del 0,3% no alcanzó para compensar las contracciones previas. La capacidad instalada, además, volvió a deteriorarse: cayó 6% respecto del año pasado y mantiene una tendencia descendente constante.

Un deterioro que atraviesa provincias y ramas industriales

El desplome se extiende a lo largo de todo el mapa productivo. Buenos Aires encabeza la caída con un -7,7% interanual, seguida por Mendoza (-4,4%), Córdoba (-3,7%) y Santa Fe (-2,2%). Solo Entre Ríos logró un aumento marginal del 0,5%, insuficiente para revertir el escenario nacional.

A nivel sectorial, la situación es igualmente negativa:

• Fundición sufrió el derrumbe más severo, con -12,7%.
• Equipos y Aparatos Eléctricos cayó 8,6%.
• Bienes de Capital, -3,9%.
• Equipamiento Médico, -3,7%.
• Otros Productos de Metal, -2,8%.
• Autopartes, -2,5%.

Incluso los rubros que habían impulsado la actividad durante el primer semestre muestran señales claras de retroceso. Maquinaria Agrícola cayó 0,8%, mientras que Carrocerías y Remolques, aun con un crecimiento del 2,6%, exhibe una fuerte desaceleración frente a los picos alcanzados a mitad de año.

“El sector está operando con niveles excepcionalmente bajos, comparables a los de 2024, un año pésimo, mientras las importaciones crecieron alrededor del 70% interanual”, alertó Elio Del Re, presidente de ADIMRA. El dirigente reclamó una “política industrial seria” para frenar el deterioro, subrayando la pérdida de empleo, consumo y desarrollo local que genera el retroceso productivo.

Empleo en retroceso, importaciones en alza y expectativas cada vez más débiles

Las perspectivas empresariales no anticipan mejoras. El 67,4% de las firmas espera que su producción se mantenga igual o caiga aún más en los próximos meses. En el frente laboral, el panorama es todavía más preocupante: el 83,3% de las empresas prevé no modificar sus plantillas o directamente reducirlas. El empleo metalúrgico ya cayó 2,9% interanual, con un retroceso mensual del 0,1%.

El sector también enfrenta un deterioro creciente en el balance comercial. En septiembre, las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron u$s2.717 millones, un salto interanual del 18,7% en dólares y del 42,6% en toneladas. Frente a mediados del año pasado, las compras externas se dispararon 84,7%, desplazando a la producción local.

En contraste, las exportaciones sumaron apenas u$s416 millones, con una baja del 5,7% interanual, consolidando un escenario adverso en el que la industria nacional pierde terreno tanto en el mercado interno como en el externo.

El salario mínimo vital y móvil (SMVM) argentino equivale a apenas 225 dólares, un valor que deja al país al fondo del ranking regional, incluso por debajo de economías mucho más pequeñas y menos desarrolladas como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares).

El deterioro del salario mínimo en Argentina alcanzó un punto crítico: hoy es el más bajo de toda América Latina. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el SMVM argentino equivale a apenas 225 dólares, un valor que deja al país al fondo del ranking regional, incluso por debajo de economías mucho más pequeñas y menos desarrolladas como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares).

En el extremo opuesto, la distancia con los países mejor posicionados es abismal: Costa Rica lidera con 729 dólares, seguida por Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) y Ecuador (470 dólares).

Un retroceso histórico: el salario mínimo ya es más bajo que en 2001

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advierte que el SMVM cayó 2% en septiembre, completando tres meses consecutivos de descenso tras las bajas de julio (-0,5%) y agosto.

El deterioro se profundizó especialmente desde diciembre de 2023, cuando el salario mínimo se desplomó 15%, seguido por otra caída del 17% en enero de 2024. Aunque hubo algunos incrementos aislados, la tendencia general siguió siendo negativa.

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el SMVM perdió 34% en términos reales, y solo en 2025 acumula una baja del 5,6%.

Como resultado, el valor real del salario mínimo en septiembre de 2025:

• Es inferior al de 2001, previo a la crisis de la convertibilidad.
• Es 63% menor al pico histórico alcanzado en septiembre de 2011.

También se deterioran los salarios registrados

La caída del salario mínimo se da en simultáneo con un empeoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

Según el INDEC, en septiembre:

• El salario del sector privado registrado subió solo 1,4%.
• El sector público, 1,1%.
• La inflación fue del 2,1%.
• El índice salarial general avanzó 2,2%, impulsado únicamente por el salto del 5,7% en los trabajadores no registrados.

Respecto de diciembre de 2024:

• El índice de salarios acumula un 30,4%.
• En la comparación interanual, sube 46% (32,9% en el sector privado registrado, 35% en el público y 120,2% en el no registrado).

Tomando solo los datos de 2025 (enero–septiembre):

• El total aumenta 30,4%.
• Privado registrado: 20,4%.
• Público: 23,9%.
• No registrado: 77%.

En el sector público, los incrementos de septiembre fueron mínimos: 1,3% en el subsector nacional y 1,1% en el provincial. En la comparación interanual, los aumentos fueron 21,8% y 39,6%, respectivamente.

Desde este lunes 17 de noviembre comenzó a regir un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una suba que impacta de lleno en el presupuesto diario de millones de usuarios.

Con el ajuste definido por el Gobierno, el boleto mínimo pasó de $451 a $494,83, una actualización que vuelve a encarecer el costo de viajar.

Cómo quedaron las tarifas desde el lunes 17 de noviembre

Con esta modificación, las tarifas del transporte automotor del AMBA se actualizan nuevamente, en un contexto donde tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia ajustan sus propias líneas —las que operan exclusivamente dentro de sus jurisdicciones— siguiendo un esquema mensual ligado a la inflación más un adicional de dos puntos.
Esas competencias fueron transferidas desde la Nación en 2024.

Qué líneas aplicaron el aumento

El incremento actual alcanza a las siguientes líneas nacionales:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Qué dicen las empresas

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aclaró que estos aumentos no representan una mejora para la economía de las compañías, dado que “todo ajuste de tarifa es descontado de los subsidios, que continúan siendo la mayor parte de los ingresos del sector”.

La entidad también advirtió sobre la pérdida de recursos en la última década:

“En 2015 el sistema del AMBA recibía unos $400.000 millones mensuales (a moneda de hoy), frente a los $270.000 millones que reciben en promedio durante 2025. Es decir, se perdió un tercio de los ingresos”.

Finalmente, remarcaron que es fundamental observar los ingresos totales —tarifas más subsidios— para dimensionar la situación financiera del transporte.

Ecuador envió un mensaje contundente en las urnas. En el referéndum celebrado este domingo, la ciudadanía rechazó dos de las propuestas más ambiciosas del presidente Daniel Noboa: permitir la instalación de bases militares estadounidenses y un proceso de reforma total de la Constitución.

El resultado supone un golpe político significativo para Noboa, un mandatario conservador cercano a la administración Trump. El presidente había presionado a la Corte Constitucional para habilitar la consulta sobre una posible Asamblea Constituyente, pero el 60% de los votantes terminó por rechazar sus iniciativas. Tras conocerse los resultados, Noboa afirmó en la red X que su gobierno “respetará la voluntad del pueblo” y continuará trabajando por “el país que todos merecen”.

Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano.

Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país…

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 17, 2025

Un país estratégico bajo presión de Washington

Con 18 millones de habitantes, Ecuador se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de cocaína proveniente de Colombia y Perú. La violencia vinculada al narcotráfico ha escalado hasta niveles alarmantes, con ataques a candidatos, alcaldes y periodistas en regiones disputadas por bandas criminales.

En este contexto, Noboa había buscado reforzar la cooperación con Estados Unidos. Durante recientes reuniones con altos funcionarios estadounidenses, incluso ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitar instalaciones militares en la costa ecuatoriana que —de aprobarse el referéndum— podrían albergar tropas norteamericanas. “La cooperación internacional es la única manera de desmantelar estas redes criminales transnacionales”, declaró el presidente tras ejercer su voto.

Lo que estaba en juego: Constitución, representación y bases militares

Desde el retorno a la democracia en 1979, Ecuador ha tenido tres constituciones. Noboa insistía en que el país necesitaba otra para enfrentar la delincuencia con más herramientas legales, endurecer las penas y reforzar el control fronterizo. Pero sus críticos advertían que una nueva Carta Magna no resolvería problemas estructurales como la inseguridad o la falta de servicios básicos, y temían que debilitara la supervisión institucional del Ejecutivo. La ciudadanía compartió esas reservas: la propuesta fue rechazada de manera amplia.

El referéndum también incluía reducir la financiación estatal a los partidos y recortar la Asamblea Nacional de 151 a 73 legisladores. Tampoco estas medidas, justificadas por el Gobierno como una vía para ahorrar recursos, convencieron a la población. Los opositores argumentaban que afectarían la representatividad política, especialmente de sectores populares con menor capacidad de financiar campañas.

La propuesta de bases militares, punto más delicado del referéndum

El Gobierno contemplaba la instalación de dos bases estadounidenses: una en Manta —donde ya operó una base norteamericana entre 1999 y 2009— y otra en Salinas, ambas en la costa. La secretaria Kristi Noem visitó ambos lugares en dos viajes efectuados en apenas tres meses.

Sin embargo, cualquier presencia militar extranjera dependía del referéndum, debido a la prohibición vigente desde la Constitución de 2008, impulsada por Rafael Correa. Aunque Ecuador albergó bases estadounidenses en Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde en Manta, las autoridades ya habían descartado reabrir instalaciones en las islas.

Rafael Correa celebra el triunfo del NO: “La Constitución de Montecristi ha sido ratificada por segunda vez por el pueblo” – Confirmado https://t.co/l5cWhuj3Hm

— Rafael Correa (@MashiRafael) November 17, 2025

Manta, por su parte, continúa siendo un punto estratégico: allí convergen operaciones de grupos criminales que despachan grandes cargamentos de cocaína hacia Centroamérica mediante “narcolanchas”.

Argentina atraviesa un fenómeno devastador que, pese a su magnitud, permanece casi invisible en la agenda pública: el país alcanzó en 2024 un récord histórico de 4.249 suicidios, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Esto significa que cada dos horas y cuatro minutos una persona se quita la vida, consolidando al suicidio como la principal causa de muerte violenta, por encima de los siniestros viales y muy por encima de los homicidios.

Sin embargo, mientras la atención social y mediática se concentra casi exclusivamente en la inseguridad y los choques de tránsito, este drama silencioso —alimentado por la crisis económica y un creciente sentimiento de frustración colectiva— avanza sin ocupar el lugar urgente que merece en el debate público.

Una epidemia invisible: cada día 22 personas intentan quitarse la vida

Las cifras de mortalidad son solo la punta del iceberg. Datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud indican que 22 personas por día ingresan al sistema sanitario tras un intento de suicidio. Esto implica que, por cada muerte, al menos dos personas sobreviven, revelando una crisis de salud mental sin precedentes.

Esta epidemia silenciosa se sostiene sobre dos pilares que hoy se retroalimentan:

1. El deterioro material acelerado (despidos, inflación, recesión, caída del poder adquisitivo).
2. El colapso subjetivo, impulsado por una cultura de éxito individual inalcanzable en medio del empobrecimiento general.

Un récord que estalla bajo la crisis y la frustración social

La tendencia ya venía en ascenso desde 2017, pero bajo el gobierno de Javier Milei las cifras escalaron hasta niveles nunca vistos. El 2024 marcó el número más alto de suicidios registrados y los primeros indicadores de 2025 anticipan que la curva no se está desacelerando.

La combinación explosiva entre recesión, pérdida masiva de ingresos y el desfinanciamiento de políticas de salud mental creó un escenario en el que miles de personas perciben que no tienen salida posible.

La tiranía del éxito en tiempos de pobreza

Los especialistas coinciden en que las causas económicas explican solo una parte del problema. El resto se juega en el plano simbólico: vivimos en un ecosistema que exige éxito permanente, productividad ilimitada y bienestar constante, una exigencia imposible en un país donde la mayoría lucha por llegar a fin de mes.

Las redes sociales —especialmente Instagram y las plataformas construidas en torno a la imagen— funcionan como amplificadoras del malestar: muestran vidas perfectas y cuerpos perfectos, mientras millones atraviesan una realidad precaria y angustiante. Esta distancia entre lo que “deberíamos ser” y lo que realmente podemos ser profundiza la frustración, la sensación de fracaso y el aislamiento social.

El impacto de la hiperconectividad y la validación constante

Desde 2010, con la masificación del smartphone y el diseño adictivo del “scroll infinito” y el “like”, las tasas de depresión y desesperanza entre adolescentes y jóvenes se dispararon. La vida mediada por pantallas —y por la exigencia de mostrarse siempre feliz— erosionó la capacidad de soportar la incertidumbre, el aburrimiento y el malestar.

Este fenómeno global golpea especialmente fuerte en Argentina, donde la fragilidad económica deja a millones sin redes de contención emocional, comunitaria o estatal.

Mientras el mundo baja sus tasas, Argentina sube

La Organización Mundial de la Salud muestra que, en gran parte del planeta, las tasas de suicidio vienen cayendo gracias a estrategias preventivas robustas y estados de bienestar sólidos. En contraste, América Latina —y especialmente Argentina— exhibe una tendencia opuesta, marcada por desigualdad creciente y políticas insuficientes de salud mental.

A diferencia de los países que amortiguan las crisis con fuertes redes sociales y económicas, Argentina combina:

• inestabilidad económica crónica,
• caída abrupta de ingresos,
• recortes en prevención,
• y discursos que exaltan el éxito individual mientras la mayoría se empobrece.

El resultado: entre 2023 y 2024 se produjo la mayor suba interanual de suicidios de la historia reciente del país.

El mercado laboral profundizó su deterioro durante agosto, evidenciando una tendencia que atraviesa toda la gestión de Javier Milei. En ese mes se destruyeron 13.062 empleos registrados, según la medición desestacionalizada del SIPA.

El mercado laboral profundizó su deterioro durante agosto, evidenciando una tendencia que atraviesa toda la gestión de Javier Milei. En ese mes se destruyeron 13.062 empleos registrados, según la medición desestacionalizada del SIPA, mientras que el monotributo aportó solo 5.539 nuevos inscriptos, insuficientes incluso para cubrir la mitad del retroceso.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el país perdió 223.796 puestos asalariados, lo que implica una caída del 2,2% del empleo formal. En ese mismo período, la inscripción al monotributo creció un 6% (121.740 personas), una cifra que evidencia que parte de los trabajadores expulsados del empleo con derechos se reinsertaron en esquemas más precarios, sin aportes jubilatorios completos, obra social garantizada ni vacaciones pagas.

Una destrucción de empleo que se acelera

La caída del trabajo registrado se intensificó en 2025, con seis meses de bajas en los primeros ocho del año. En agosto, el sector privado fue el más afectado, con 10.555 empleos menos, seguido por el sector público (1.735) y el empleo en casas particulares (772). Este deterioro coincidió con un clima económico marcado por volatilidad en las tasas de interés tras la eliminación de las LEFIs y un crédito que se frenó abruptamente.

Desde el inicio del gobierno libertario, los sectores más golpeados fueron:

• Casas particulares: -5,3% (-24.714 puestos)
• Sector privado: -2,2% (-138.573 puestos)
• Sector público: -1,7% (-60.509 puestos)

Un 2025 sin señales de alivio

A lo largo del año, la economía mostró estancamiento, salarios reales deprimidos y un clima de incertidumbre preelectoral. Aunque la actividad repuntó un 0,3% en agosto, el rebote fue menor al observado meses atrás. Los salarios registrados aún estaban 4,74% por debajo del nivel de llegada de Milei.

El economista Luis Campos (CTA-A) advirtió que la dinámica del trabajo privado es “preocupante”: tras un leve repunte en el segundo semestre de 2024, la recuperación se frenó a comienzos de 2025 y desde junio comenzó una nueva fase de destrucción.

En términos interanuales, el sector privado se encuentra en su peor nivel en años: se perdieron 177.648 empleos entre agosto de 2023 y agosto de 2025, quedando por debajo incluso de los niveles de 2015. La industria manufacturera encabeza las bajas con 47.319 empleos menos (-3,95%).

Santa Cruz, el caso más crítico

A nivel provincial, Santa Cruz concentra la caída más dramática: desde noviembre de 2023, el empleo cayó 14,95% (-9.087 puestos), un mínimo histórico. Le siguen La Rioja (-11,25%) y Formosa (-8,16%). Los sectores más golpeados fueron minería, construcción y servicios vinculados a la extracción de petróleo y gas.

A pesar de que desde mayo los salarios promedio mostraron una mejora real de 4%, el nivel sigue siendo claramente insuficiente: la mitad de los asalariados cobra menos de $1.115.735 de bolsillo.

Sin perspectivas de recuperación

Los datos adelantados por la Encuesta de Indicadores Laborales no anticipan mejoras en el corto plazo. Incluso en los grandes centros urbanos, la perspectiva continúa siendo negativa.

Campos sintetiza el panorama:

“Si la economía no repunta, el empleo no va a crecer, por más cambios regresivos en la legislación laboral. Por ahora, el mercado de trabajo sigue dando malas noticias”.