Con esta decisión, el máximo tribunal electoral evitó un desembolso de miles de millones de pesos que hubiera implicado volver a imprimir y distribuir todo el material electoral en el distrito más grande del país.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió rechazar la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, luego del pedido surgido tras el narcoescándalo que involucra al economista José Luis Espert. Con esta decisión, el máximo tribunal electoral evitó un desembolso de miles de millones de pesos que hubiera implicado volver a imprimir y distribuir todo el material electoral en el distrito más grande del país.

En su fallo, emitido este lunes, la CNE fue categórica: “En esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires”. De esta manera, la imagen de Espert continuará apareciendo en las boletas de La Libertad Avanza (LLA), pese a los intentos desesperados de sectores que buscaban retirarla tras su incorporación al oficialismo.

El tribunal recordó que el proceso de diseño, aprobación e impresión de las BUP está estrictamente regulado por el Código Electoral Nacional, y que los plazos ya se encontraban “precluidos”, según informó la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense.

Un informe técnico del Correo Argentino fue determinante en la decisión: el organismo había fijado el 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral, y estimó que la reimpresión demandaría al menos cinco días. Con los plazos ya vencidos —el viernes 10 era la última fecha posible—, el pedido de reedición fue presentado fuera de término y sólo pudo ser tratado el domingo 12, tras la opinión del fiscal electoral.

La resolución de la CNE no solo marca un límite procedimental, sino que también impide un gasto multimillonario de recursos públicos en plena etapa electoral, reafirmando la vigencia de las normas y los plazos establecidos.

La contracción del consumo se consolida como una tendencia persistente. En septiembre, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a registrar una baja, marcando el sexto mes consecutivo de retroceso, según el último informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En un escenario signado por bolsillos ajustados, incertidumbre cambiaria y pérdida de poder adquisitivo, el sector pyme enfrenta crecientes dificultades para sostener sus niveles de actividad. El relevamiento —realizado entre más de 1.100 comercios de todo el país— muestra que en septiembre las ventas, medidas a precios constantes, cayeron 4,2% interanual y 2% frente a agosto. El último registro positivo data de marzo de 2025, cuando se había observado una mínima suba del 0,1%.

Desde CAME señalaron que “septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes”, atribuido a la debilidad del consumo interno, la incertidumbre económica y política, y la falta de estímulos comerciales. A esto se suma el endeudamiento de los hogares y la erosión del ingreso real, que sigue limitando la capacidad de compra de los consumidores.

El pesimismo se refleja también en las expectativas empresarias: seis de cada diez pymes consideran que no es momento para invertir, y más de la mitad proyecta que 2026 será igual o peor que el año actual.

Caídas en todos los rubros, con pocos sectores a salvo

El deterioro del consumo impactó en la mayoría de los rubros relevados por CAME, con descensos generalizados que consolidan una tendencia negativa.

• Alimentos y bebidas: retrocedió 3,1% interanual, afectado por el aumento de costos operativos y la pérdida del poder adquisitivo. Las promociones y descuentos apenas lograron amortiguar la baja.
• Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles: fue uno de los sectores más golpeados, con una caída del 6,2% interanual. El encarecimiento del financiamiento y la postergación de compras mayores marcaron el pulso del mes.
• Calzado y marroquinería: descendió 4,3% interanual. El crédito limitado y la baja disponibilidad de efectivo redujeron la demanda, concentrada en ofertas y liquidaciones.
• Farmacia: registró una baja del 1,4%, afectada por la suba sostenida de precios de medicamentos y la menor cobertura de obras sociales y prepagas.
• Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: cayó 0,5% interanual. La incertidumbre económica y las tasas de interés altas limitaron la demanda de obras menores.
• Perfumería: mostró una leve mejora mensual (+1,4%) gracias al inicio de la temporada alta, aunque el balance interanual siguió siendo negativo (-6%).
• Textil e indumentaria: volvió a ser el rubro más castigado, con una fuerte caída del 10,9% interanual. El cambio de temporada, los precios altos y la competencia con importados acentuaron la retracción.

Una crisis que se prolonga

Con seis meses consecutivos de baja y sin señales de reactivación a corto plazo, la crisis del consumo se consolida como el principal desafío para el entramado pyme argentino. La caída sostenida en las ventas refleja no solo el impacto de la inflación y la incertidumbre macroeconómica, sino también un cambio en los hábitos de consumo y una creciente restricción en el poder de compra de los hogares.

Mientras tanto, el sector comercial transita el cierre del año con expectativas contenidas y la mirada puesta en un 2026 que, para muchos, podría profundizar el escenario recesivo actual.

El gobierno libertario vuelve a quedar envuelto en una controversia, esta vez por la concesión de un nuevo préstamo irregular del Banco Nación a Marcos Patiño Brizuela, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba y socio del legislador Gabriel Bornoroni.

Según la denuncia, Patiño Brizuela habría recibido un crédito por $164 millones pese a no cumplir con los requisitos de antigüedad exigidos para la categoría de “contratado”, condición necesaria para acceder a ese tipo de financiamiento.
La operación fue aprobada en plena etapa preelectoral, lo que despertó sospechas de un posible financiamiento de campaña encubierto con la complicidad de funcionarios libertarios del Banco Nación.

El caso apunta directamente al presidente de la entidad, Daniel Tillard, quien ya había sido señalado en situaciones similares. En particular, por haber autorizado un préstamo de $225 millones a la diputada rionegrina Lorena Villaverde, también perteneciente al espacio libertario.
Villaverde cobró notoriedad recientemente por su presunta vinculación con el narcotráfico, escándalo que terminó forzando la renuncia de José Luis Espert a su candidatura nacional. La diputada mantiene, además, una causa por tráfico de drogas en Estados Unidos y vínculos con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Fred Machado, involucrado en un episodio de violencia narco tras el ataque a una camioneta Jeep que había sido puesta a disposición de Espert.

Banco Nación: una caja política de La Libertad Avanza

No es la primera vez que el Banco Nación aparece en el centro de acusaciones de manejos irregulares. Meses atrás, la institución fue cuestionada por adjudicar una licitación de $400 millones a Tech Security S.R.L., empresa que contaba entre sus accionistas a los hermanos del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se desprendieron de sus acciones poco antes de su asunción.

La nueva denuncia golpea de lleno la campaña de Patiño Brizuela y profundiza el desgaste de la narrativa “anticasta” que el oficialismo había convertido en bandera. Los reiterados casos de presuntos favores, nepotismo y corrupción comienzan a erosionar la credibilidad del discurso libertario.
Cabe recordar que Patiño Brizuela ya enfrenta una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Es una de las figuras más cercanas a Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza, busca renovar su banca por la Ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana volvió al centro de la escena, cuando distintas cuentas difundieron antiguos tuits suyos en los que se leen frases provocadoras sobre la Argentina, el catolicismo y, sobre todo, la causa Malvinas.

El senador bonaerense del PRO, Marcelo Leguizamón, fue uno de los primeros en reaccionar al recuperar un mensaje de 2018 en el que Ajmechet le escribía a Mauricio Macri: “Nos hacés felices con poco, sacá el feriado del día de la Virgen y poné uno por el día de la democracia. De paso, ocupate del temita de la economía. Y estamos”. Muchos de esos tuits hoy aparecen eliminados o con la etiqueta de “página inexistente”, pero los registros de sus palabras permanecen.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Ajmechet eligió la estrategia que mejor domina: la victimización. “Me juzgan por cosas que escribí hace diez años”, dijo. Pero en aquel entonces tenía 35, no 15. Y nunca pidió perdón. No se retractó. No reflexionó. Solo buscó empatía mediática, apelando a la distancia del tiempo como si diez años bastaran para borrar una convicción ideológica.

Ahora mandaron a victimizarse a la basura humana y anti-Argentina de Ajmechet
"Me juzgan por unos tuits de hace 10 años"
Hija de puta, 35 años tenía ya. Dijiste que querés ser colonia, eliminar el Día de los Veteranos de Malvinas y que odiás la bandera Argentina pic.twitter.com/5jJuOg8oVs

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 13, 2025

Uno de sus mensajes más recordados, escrito en 2014, lo deja claro:

“Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio.”

No fue una frase ingenua ni un exabrupto. Fue una declaración de principios. Lo que Ajmechet propone —y sigue sosteniendo al no retractarse— es un vaciamiento simbólico: borrar del calendario el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, despojar de sentido el duelo colectivo y relativizar la soberanía.

Infame traidora a la Patria pic.twitter.com/z1Sy9IbSoa

— 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒐 (@ComodoroJN) October 12, 2025

Paradójicamente, Ajmechet se presenta como “doctora en historia”, pero su discurso niega la historia misma. Desconoce que la causa Malvinas no es un capricho nacionalista, sino un reclamo de soberanía reconocido por la ONU y sostenido por el consenso democrático desde 1983.

Su falta de arrepentimiento no es un detalle. Es una posición política coherente con el mileísmo, que hoy busca institucionalizar la desmemoria: recortar cultura, eliminar feriados históricos, y transformar la educación y la historia en mercancías. La diputada libertaria encarna esa doctrina desde su banca, con la elegancia académica del negacionismo disfrazado de “opinión personal”.

Ajmechet no está sola. Forma parte de una corriente que reivindica a Margaret Thatcher y que considera la memoria colectiva un obstáculo para el “progreso”. Su tuit “Queremos ser colonia” no fue un lapsus: fue la síntesis perfecta del proyecto político que integra.

Durante la entrevista, nunca pronunció un “me equivoqué” ni un “pido perdón”. No hubo una sola palabra hacia los excombatientes, sus familias o el pueblo argentino. Solo habló de sí misma, de su malestar por ser cuestionada, de su derecho a no rendir cuentas. Pero las palabras importan, sobre todo cuando provienen de una funcionaria pública que debería representar y defender los intereses de la nación.

Olvidar sus dichos sería concederle lo que más desea: que el 2 de abril “sea un día cualquiera”. Recordarlos, en cambio, es una forma de resistencia. Porque la memoria no se negocia, y la soberanía no se terceriza.

Sabrina Ajmechet representa una cara pulida del negacionismo y cipayismo libertario: académica, mediática, políticamente correcta. Pero detrás de esa fachada se esconde el mismo mensaje que su espacio lleva al poder: un desprecio profundo por la historia argentina y por los valores que sostienen su independencia.

En menos de dos años de gestión, el gobierno de Javier Milei acumula casi 300 mil nuevos trabajadores desocupados del sector privado, según un informe elaborado por el economista y editor José Calero.

Desde diciembre de 2023, 286.391 personas solicitaron la Prestación por Desempleo tras haber sido despedidas sin causa, en la mayoría de los casos por falta de trabajo o recortes empresariales. El dato no contempla a los cerca de 70 mil empleados estatales que también perdieron sus puestos durante el mismo período.

El desempleo golpea con fuerza al sector privado

En los primeros 21 meses de gestión libertaria, la pérdida de empleo se concentró principalmente en la industria manufacturera (26.060 casos), el comercio (23.098) y la construcción (18.776), tres de los sectores más sensibles de la economía real.

De los casi 300 mil despidos, 174.335 ocurrieron durante 2024 y 112.056 en los primeros nueve meses de 2025, reflejando una tendencia sostenida de destrucción de empleo privado.

Mientras tanto, el gobierno sólo difunde los datos vinculados al empleo público, sin reconocer el impacto del ajuste en el mercado laboral privado, donde se concentran las mayores pérdidas.

Prestación por Desempleo: cifras y condiciones

El seguro de desempleo tiene una duración de entre 2 y 12 meses (hasta 18 meses para mayores de 45 años) y equivale al 75% del mejor salario de los últimos seis meses trabajados. En octubre de 2025, el beneficio osciló entre un mínimo de $161.100 y un máximo de $322.200, montos actualizados por la ANSES.

Durante septiembre de 2025, 100.344 personas cobraron esta prestación, con un promedio de $274.324, concentradas mayormente en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La prestación puede solicitarse ante ANSES dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización de contrato, de forma presencial o en línea a través de www.anses.gob.ar.

El caso que involucra a Federico “Fred” Machado acusado en Estados Unidos por fraude y vínculos con el narcotráfico, y recordado por haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019,comienza a generar ecos dentro del gobierno libertario.

Según pudo confirmar La Nación, Hernán Núñez, amigo y socio de Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo hermano de Machado, ocupa hoy un cargo en el Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello. Núñez fue designado en junio de 2024 al frente de la Agencia Territorial de Viedma, dependiente de la Secretaría de Trabajo, y su contrato continúa vigente tras sucesivas renovaciones semestrales.

La relación entre Núñez y Ciccarelli se remonta a los años en que ambos compartían la liga de básquet local. La amistad derivó, tiempo después, en negocios conjuntos: en 2023 crearon Gold and Sand SRL, una empresa minera registrada en el Boletín Oficial de Río Negro y habilitada para desarrollar todo tipo de actividades vinculadas a la explotación de minas y canteras.

Ciccarelli, por su parte, es un personaje clave en el entramado que une al narcoescándalo de Machado con figuras políticas y empresariales. En abril de 2019, fue uno de los anfitriones del acto en el que Espert presentó su libro en un hotel de Viedma, junto a Machado y el empresario Nicolás Tellic, impulsor de La Libertad Avanza en la zona y con vínculos con el gobierno provincial de Alberto Weretilneck.

En ese mismo evento, Ciccarelli habría puesto a disposición de Espert una camioneta Jeep Grand Cherokee para la campaña. El vehículo, según documentación oficial, había sido transferido a su nombre apenas dos semanas antes del acto, aunque la operación de compraventa se habría realizado meses antes en Buenos Aires. Todo indica que el traspaso se hizo por pedido directo de su primo, “Fred” Machado.

El primo del empresario, que actualmente percibe un salario del Ministerio de Turismo de Río Negro pero depende de la Legislatura provincial, mantiene todavía una relación laboral activa con el bloque Juntos Somos Río Negro, la fuerza de Weretilneck.

De origen humilde y exprofesor de básquet, Ciccarelli se reinventó como empresario de la construcción y la minería, exhibiendo en redes sociales un estilo de vida de lujo y ostentación. Su entorno, hoy, vuelve a quedar bajo la lupa: uno de sus socios cercanos trabaja dentro del gobierno nacional, en un área sensible del gabinete libertario.

El avance de las causas judiciales contra Machado y los vínculos que comienzan a emerger entre sus allegados y funcionarios actuales vuelven a poner el foco sobre los nexos entre política, negocios y narcotráfico, un entramado que parece extender sus raíces más allá del caso Espert.

La Policía Federal allanó este mediodía la casa del diputado José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a las transferencias realizadas por el empresario Federico “Fred” Machado, señalado por sus nexos con el narcotráfico.

El operativo fue ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga movimientos financieros sospechosos entre Espert y Machado. La pesquisa ya había revelado una transferencia por 200 mil dólares que el legislador primero negó en varias ocasiones, pero luego terminó admitiendo.

Durante otro procedimiento en la vivienda de Machado, en Viedma, efectivos hallaron un contrato de un millón de dólares firmado en 2019 entre el empresario y el diputado. El documento, encontrado roto y manchado, fue reconstruido por la Policía y detalla pagos en cuotas de 100 mil dólares mensuales por supuestos servicios prestados por Espert.

El texto establece que, en caso de incumplimiento, el empresario podría exigir la devolución del dinero y someter cualquier controversia a la justicia ordinaria de Nueva York (EE.UU.). Según justifico el propio Espert, no devolvió los fondos pese a no haber concluido el trabajo, alegando como motivo la pandemia.

Escándalo político y judicial

El escándalo ya provocó que Espert renunciara a su candidatura y pidiera licencia en la Cámara baja, aunque con goce de sueldo. Ayer, el Congreso aprobó por amplia mayoría (215 votos) la solicitud del juez Mirabelli para profundizar las medidas de prueba, incluyendo un eventual allanamiento en el despacho del legislador.

En paralelo, Espert enfrenta otra causa en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mángano, por los vuelos que realizó en aeronaves pertenecientes a Machado.

La situación de Machado

Sobre Machado pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, donde es requerido por lavado de dinero, estafas y narcotráfico. Esta semana, la Corte Suprema argentina autorizó finalmente la medida tras más de dos años de demora. El presidente Javier Milei anunció que firmará la extradición.

Las declaraciones de la titular del FMI llegan en un momento político sensible: a solo 20 días de las elecciones legislativas, que resultan determinantes para el futuro del oficialismo, en un clima social y económico de alta tensión.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el éxito del severo programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei dependerá en gran medida del respaldo de la sociedad. “En Europa Central y del Este tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara”, señaló la funcionaria, al subrayar la importancia de la confianza ciudadana en tiempos de ajuste.

Argentina atraviesa un proceso de estabilización económica marcado por una disciplina fiscal estricta, que el FMI considera ejemplar en su exigencia de cuentas públicas equilibradas y reformas estructurales profundas. Georgieva planteó que el acompañamiento social es un componente clave para la viabilidad de este plan, conocido como el “plan Caputo”, actualmente en la cuerda floja y sujeto a revisión en Washington.

Las declaraciones de la titular del FMI llegan en un momento político sensible: a solo 20 días de las elecciones legislativas, que resultan determinantes para el futuro del oficialismo y la continuidad de su agenda reformista. Mientras tanto, una comitiva encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, cumple en la capital estadounidense su quinto día de reuniones estratégicas con el organismo y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos a fin de agilizar un salvataje urgente para el gobierno

Aunque el FMI insiste en que el ajuste argentino puede consolidarse con apoyo popular, el escenario interno muestra evidentes señales de desgaste. El malestar social frente al costo del plan económico empieza a reflejarse en las encuestas y en las urnas, anticipando un desafío político para Milei: sostener la legitimidad de su programa frente a una población cada vez más desconforme con el rumbo económico y social.

Los cálculos del mercado indican que, hasta las elecciones legislativas, el Gobierno debería inmolar al menos US$ 5.000 millones para mantener a raya la presión cambiaria.

Con la mira puesta en el salvataje financiero que negocia en Estados Unidos, el ministro Luis Caputo intensifica las ventas de divisas en el mercado cambiario para sostener el dólar en torno a los $1.430. Sin embargo, economistas advierten que el drenaje de reservas del Tesoro avanza a un ritmo insostenible: de persistir la dinámica actual, los fondos podrían agotarse en cuestión de días. Los cálculos del mercado indican que, hasta las elecciones legislativas, el Gobierno debería sacrificar al menos US$ 5.000 millones para mantener a raya la presión cambiaria.

Distintos analistas coinciden en que Caputo recurre a los dólares acumulados bajo el esquema de “retenciones cero” al agro. Pero el margen es cada vez más estrecho: los depósitos del Palacio de Hacienda ya perforaron los US$ 1.000 millones, con 13 ruedas aún por delante.

El mercado bajo presión

“El volumen operado cayó a US$ 601 millones mientras que se negociaron US$ 254 millones en pantalla al tipo de cambio oficial. Hubo además operaciones atípicas fuera de pantalla por unos US$ 200 millones”, advirtió el economista Javier Giordano, al remarcar la fuerte intervención oficial pese a la caída en el flujo.

Desde el Grupo IEB, Nicolás Cappella precisó que el “paredón” de oferta oficial a $1.430 se mantiene firme. Estimó que este martes el Tesoro vendió cerca de US$ 250 millones, luego de haber desprendido más de US$ 400 millones el día anterior. Según sus proyecciones, los US$ 2.200 millones adquiridos vía retenciones cero se esfumarían entre esta semana y comienzos de la próxima.

La misma preocupación expresó Leonardo Anzalone (CEPEC), quien proyectó que, si el ritmo continúa, “para el fin de semana el Tesoro podría haber liquidado todo lo acumulado, dejando la incógnita sobre el paso siguiente: ¿entrará en escena el BCRA en el techo de $1.484 o el Gobierno intentará recomponer expectativas con anuncios?”.

Gabriel Caamaño (Outlier) también advirtió que el bajo volumen de oferta privada implica otra jornada de fuertes ventas oficiales. A la vez, destacó que en futuros “se operaron US$ 934 millones con alzas en las tasas implícitas: octubre cerró por encima del 42% TNA y noviembre trepó al 58%”, lo que refleja la tensión sobre las expectativas de devaluación.

El puente hasta las elecciones

Según Federico Machado, la estrategia de retenciones cero nunca buscó acumular reservas, sino crear un “puente de oferta hasta el 26 de octubre o hasta los anuncios de EE.UU.”. El Gobierno no previó la rapidez de las liquidaciones del agro, por lo que optó por recomprar esas divisas para luego venderlas de forma gradual, en una suerte de liquidación extendida y artificial.

Los datos duros muestran la magnitud del drenaje: el Tesoro redujo en apenas cuatro días casi US$ 1.000 millones de sus tenencias, y en las últimas dos jornadas el recorte rondó los US$ 700 millones. Un informe de Portfolio Personal Inversiones calculó que las ventas de los últimos cinco días totalizaron US$ 1.400 millones, lo que representa un 63% de los dólares obtenidos vía retenciones cero.

Un salvavidas clave desde Washington

La incertidumbre electoral agrava la tensión. Para Lorenzo Sigaut Gravina (Equilibra), el interrogante central es cómo se cubrirá el “gap” cambiario de al menos US$ 5.000 millones en las tres semanas que restan hasta los comicios. El consenso del mercado es claro: Tesoro y BCRA deberán afrontar ese costo, pero las reservas líquidas actuales no alcanzan.

Con el tiempo en contra, la apuesta del Gobierno está puesta en que Caputo logre cerrar un acuerdo con su par estadounidense, Scott Bessent, que le permita acceder a financiamiento fresco y así evitar que la sangría de dólares se convierta en una crisis cambiaria justo en la recta final hacia las elecciones.

A pesar de que Santilli niega todo, Leonardo Cositorto, el creador de Generación Zoe, redobló la apuesta y aseguró: “Que no me venga a desmentir, yo apoyé a Santilli y no me gusta que me niegue como si tuviera lepra”.

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y actualmente condenado a 12 años de prisión por asociación ilícita y estafas reiteradas, sorprendió este martes con nuevas revelaciones políticas. Desde su celda en Corrientes, afirmó en una entrevista radial que financió parte de la campaña electoral de Diego Santilli en 2021, aportando 32.500 dólares.

“Yo le di 32.500 dólares”, lanzó sin rodeos. Y fue más allá: “Que no me venga a desmentir. Yo apoyé a Santilli y no me gusta que me niegue como si tuviera lepra”.

El exlíder de Zoe, señalado por la Justicia como jefe de una estructura fraudulenta de inversiones, relató cómo se habría dado el vínculo. Según dijo, a través de Gabriel González conoció a Martiniano Molina, quien lo invitó a un almuerzo con dirigentes de peso del PRO: Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo, Federico Pinedo y el propio Santilli.

Allí, aseguró Cositorto, le plantearon la necesidad de fondos para la fiscalización electoral: “Molina me dijo que estaban perdiendo votos porque les robaban fiscales y que necesitaban plata. Entonces le respondí: ‘Yo te aporto el 50%’”. El dinero, según su versión, se entregó antes de las elecciones generales de 2021.

Cositorto también agregó que colaboró con el auto de carrera del hijo de Santilli. “Yo no tengo problemas con Diego, pero no quiero que me niegue. Yo no soy Fred Machado. A mí me suben al ring y peleo”, advirtió.

Santilli: “A Cositorto no lo conozco”

Las palabras del empresario preso contrastan con la defensa pública de Santilli. Consultado en 2022, en medio de una ola de acusaciones en redes sociales, el diputado bonaerense rechazó tajantemente cualquier vínculo: “No lo conozco, no tengo ningún vínculo. No sé quién es, nunca tuve relación en mi vida”.

El legislador, que actualmente milita en La Libertad Avanza, denunció entonces una “burda operación política” en su contra. Explicó que solo coincidió con Cositorto en un acto público de Martiniano Molina, donde había numerosos dirigentes, y negó cualquier tipo de financiamiento irregular.

“Lo que él diga corre por cuenta de él. Es burdo, una operación política grave”, concluyó Santilli.