En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.

La crisis política dentro del oficialismo sumó un capítulo explosivo. En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.

En esas grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo asegura que existe un mecanismo de recaudación ilegal a través de la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker y con lazos estrechos con Martín y Eduardo “Lule” Menem. Según el funcionario, la empresa exige a los proveedores un retorno del 8%, del cual el 3% va a parar a Karina Milei, la todopoderosa secretaria general de la Presidencia.

“Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%”, se lo escucha decir al funcionario en un encuentro informal. Spagnuolo insiste en que el Presidente no participa del negocio, pero reconoce que se trata de “toda la gente de él” la que recauda a través de estos contratos.

El caso estalla en un momento especialmente delicado: Karina Milei ya se encuentra golpeada por el escándalo Libra, y ahora vuelve a quedar en el ojo de la tormenta por una trama de corrupción que la conecta con un negocio multimillonario de medicamentos.

La filtración, que habría contado con la intervención de Santiago Caputo, sacude el tablero político. Caputo y su socio Rodrigo Lugones ya enfrentan cuestionamientos por la crisis sanitaria del fentanilo adulterado, y las tensiones internas en el gobierno se multiplican. En este contexto, las acusaciones contra los Menem y la hermana del Presidente potencian la disputa entre las distintas facciones del oficialismo.

Los audios son contundentes: Spagnuolo describe cómo la droguería vinculada a los Menem centraliza la recaudación ilegal y presiona a los proveedores. También relata cómo Lule Menem intentó colocar funcionarios en la Andis con el aval de Karina, a quienes señala como parte de un esquema organizado de corrupción.

La denuncia contra la Suizo Argentina ya había surgido en 2023, impulsada por la ministra Sandra Pettovello, y señalaba contratos por más de 27 mil millones de pesos. Ahora, con la voz del propio Spagnuolo detallando la operatoria, la causa adquiere una nueva dimensión y compromete directamente a la hermana del Presidente.

Este nuevo escándalo deja a Karina Milei en una posición política frágil. Si el “caso Libra” había erosionado su poder, las revelaciones sobre las coimas en medicamentos podrían marcar un punto de no retorno para la figura central del armado presidencial.

El gobierno de Javier Milei sigue pasando la gorra en el exterior. Tras recurrir a diferentes mecanismos financieros internacionales y desembolsos del FMI, ahora negocia apoyo directo del Tesoro de Estados Unidos, buscando un nuevo salvavidas para sostener la frágil situación cambiaria y fiscal de la Argentina.

Fuentes cercanas a las tratativas confirmaron que las conversaciones en Washington están “avanzadas” y, aunque aún no se definió el monto, la asistencia de la primera potencia mundial representaría un espaldarazo clave en un momento de fuerte inestabilidad en los mercados locales.

La iniciativa habría surgido del propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien en abril visitó Buenos Aires y planteó la posibilidad de activar un crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos. En aquel momento, Bessent había condicionado el eventual apoyo a que el gobierno argentino “mantenga el rumbo” de sus reformas y la subordinación política a Washington.

Mientras tanto, el Banco Central sigue mostrando una débil acumulación de reservas y el dólar atraviesa semanas de fuertes fluctuaciones, contenidas solo a costa de tasas de interés que duplican o triplican la inflación esperada. Analistas privados alertan que esta fragilidad aumenta la dependencia del financiamiento externo en plena antesala electoral.

El pedido de respaldo estadounidense también se lee como parte del alineamiento político e ideológico entre Javier Milei y Donald Trump, quien ve en el presidente argentino a su principal aliado en Latinoamérica, en contraste con su relación distante con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil quien persigue un proyecto de país con mayor margen de autonomía y soberanía.

Un aspecto no menor es que el Tesoro norteamericano busca desplazar la influencia de China en la región. Durante su visita, Bessent instó a que la Argentina cancele el swap vigente con el Banco Popular de China, por un total de 18.000 millones de dólares en yuanes, de los cuales 5.000 millones fueron utilizados por el gobierno anterior y aún permanecen pendientes.

Lejos de reducir la dependencia financiera, la estrategia del oficialismo se concentra en seguir abriendo nuevas líneas de endeudamiento externo. Ahora, la expectativa está puesta en si la administración de Milei logrará cerrar un acuerdo directo con el Tesoro de Estados Unidos para intentar estabilizar una economía en permanente tensión.

Las renuncias del director de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec, y de la directora del Índice de Precios al Consumidor, despertaron las sospechas sobre la manipulación de las estadísticas oficiales por parte del organismo que dirige Marco Lavagna.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) atraviesa una seria crisis de credibilidad tras las renuncias de dos de sus principales especialistas en áreas sensibles: Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ambos tenían bajo su responsabilidad los indicadores más críticos para evaluar la situación social y económica: la medición de la pobreza y la inflación.

Las dimisiones, sin explicaciones claras por parte de la conducción del organismo, intensifican las sospechas de interferencia política en la elaboración de las estadísticas y disciplinamiento de sus cuadros técnicos. Manzano, considerado uno de los técnicos más respetados del Indec y artífice de la nueva metodología para medir pobreza, dejó su cargo en medio de la parálisis de ese sistema, que por alguna razón nunca llegó a implementarse. La actualización del IPC, a su vez, también permanece congelada, en un contexto en que se teme que los números reales choquen con el discurso oficial.

La salida de Giglio, comunicada como un “regreso por razones personales” a la Dirección Provincial de Estadística bonaerense, tampoco disipó las dudas. Su reemplazo por Josefina Rim se dio en paralelo a las denuncias de sectores sindicales y opositores que advierten sobre un posible subregistro deliberado de la inflación.

Las renuncias golpean el corazón del Indec y reavivan el recuerdo de los años en los que el organismo perdió legitimidad por manipulación de datos. Hoy, encuestas reflejan que gran parte de la población desconfía de las cifras oficiales, especialmente de las que informan sobre la inflación y los niveles de pobreza.

Con estas salidas, la gestión de Marco Lavagna enfrenta un desgaste interno y externo: dentro del Indec, por la pérdida de técnicos de peso sin reemplazos a la altura; y hacia afuera, por la percepción de que el organismo se aparta de su misión de garantizar información confiable y transparente. En definitiva, el Indec se encuentra en el centro de un escenario de desconfianza que amenaza con minar la credibilidad de sus estadísticas en el momento en que resultan más necesarias.

La senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) y aliada del oficialismo, sugirió durante el plenario de comisiones donde se debatía la emergencia pediátrica por el ajuste contra el Garrahan que ese hospital sólo debería atender a los niños porteños.

La senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, dejó atónitos a propios y ajenos al afirmar en pleno debate sobre la emergencia pediátrica por el ajuste al Hospital Garrahan que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”.

La frase, tan descarnada como despiadada, provocó un inmediato rechazo en el recinto. Con frialdad, la legisladora defendió la idea de que cada jurisdicción debería hacerse cargo de la salud de sus habitantes, negando de plano el carácter federal del acceso a tratamientos de alta complejidad.

“Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan el derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco”, lanzó, en una intervención que varios de sus colegas calificaron de violenta, ignorante e inhumana.

“No creo que los niños Argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Esto dijo una senadora del PRO, aliada libertaria, uno mas impresentable que el otro pic.twitter.com/kfohf2Gf2Q

— TUGO News (@TugoNews) August 19, 2025

Las reacciones fueron inmediatas. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri le recordó que la salud de niños, niñas y adolescentes tiene rango constitucional. Martín Lousteau (UCR) retrucó con dureza: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Que alguien diga que los niños no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan muestra un grado de injusticia y de violencia inusitado”.

La peronista Carolina Moisés fue aún más tajante: “Nunca hay que subestimar la audacia de los ignorantes y, cuando la ignorancia es tan explícita, es una pérdida de tiempo responder”.

En medio de los abucheos, Álvarez Rivero intentó justificarse alegando que había sido “malinterpretada”, pero insistió en que los hospitales de alta complejidad deben limitarse a los habitantes de su zona.

La senadora libertaria-propuesta se mostró así como una férrea defensora de la lógica del ajuste del gobierno de Milei, incluso a costa de desconocer derechos básicos y de exhibir un desprecio brutal hacia la niñez más vulnerable del país.

“Les duele el éxito de una película sin financiamiento del Estado” había afirmado el presidente, pero los documentos oficiales muestran una realidad muy diferente.

Javier Milei volvió a quedar en evidencia. Aunque el presidente celebró el estreno de Homo Argentum asegurando que la película “no recibió financiamiento del Estado”, documentos oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prueban lo contrario: el film obtuvo $150 millones a través del programa BA Producciones Internacionales, con la obligación de devolver apenas un 12,13% del monto otorgado.

En declaraciones a Ámbito el pasado 14 de agosto, Milei destacó el estreno de la película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, con Guillermo Francella como protagonista, como un ejemplo de éxito “independiente de la ayuda estatal”. Sin embargo, los registros oficiales confirman que la producción fue beneficiada con una millonaria inyección de fondos públicos pertenecientes a los contribuyentes.

El contraste es evidente. Mientras el presidente intenta instalar la idea de un triunfo cultural desligado del financiamiento estatal, los documentos demuestran que la inversión pública fue determinante.

El caso expone una vez más la contradicción del discurso presidencial: Milei sostiene que la cultura “vive del Estado” y critica el financiamiento público, pero uno de los proyectos que él mismo celebra no podría haberse concretado sin recursos estatales.

Alejandro Fantino cruzó fuerte al ministro de Salud por el escándalo del fentanilo: “renuncia viejo choto, estás más sucio que una papa”. Pero inmediatamente le avisaron desde la producción de la radio que alguien estaba llamando para frenarlo. “Ya lo sé, Leo. Y bueno, lo sé, lo lamento, hermano. Cien muertos, que me chupe bien la pija” contestó Fantino.

La interna libertaria sumó un nuevo capítulo explosivo tras el escándalo por el fentanilo adulterado, que desató una crisis sanitaria de proporciones y golpeó de lleno al gobierno nacional. En ese contexto, Alejandro Fantino salió al aire con una embestida directa contra el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien le exigió la renuncia inmediata.

“Murieron cien personas, Mario agarrá los bolsos y volá. No estás a la altura”, disparó el conductor, acusando al funcionario de dar explicaciones “berretas” y “asquerosas” tras la tragedia. Fantino incluso sugirió que Lugones podría tener responsabilidad penal por las muertes vinculadas al lote contaminado.

Pero lo más llamativo ocurrió durante la transmisión: mientras criticaba con dureza al ministro, Fantino fue advertido desde la producción de que alguien estaba llamando para frenarlo. La reacción del periodista fue furibunda. “Que me chupe bien la pija el que está llamando. No me rompan los huevos, no me hagan sonar el teléfono”, lanzó en vivo, dejando expuesto un intento de disciplinarlo desde las entrañas del poder.

El episodio no sólo volvió a exhibir la frontalidad del conductor, sino que también dejó en evidencia la feroz disputa interna dentro del oficialismo. No es la primera vez que Fantino interviene en la interna libertaria: semanas atrás había cargado contra Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la Provincia de Buenos Aires. Ahora, al golpear a Lugones —padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo—, muchos interpretan que se trata en realidad de un tiro por elevación contra el asesor estrella del Presidente, en un contexto donde los equilibrios de poder dentro de Las Fuerzas del Cielo están cada vez más frágiles.

La crisis por el fentanilo adulterado, lejos de ser un problema sanitario aislado, terminó por convertirse en un catalizador que exacerbó las tensiones libertarias, dejando al descubierto cómo los errores de gestión se transforman rápidamente en armas de la guerra interna.

Un reciente informe alerta que la llegada de Javier Milei a la presidencia fomentó esta realidad, y muestra las dificultades que presenta la economía argentina para “generar suficientes ocupaciones de calidad, ya sea en términos de ingresos, estabilidad y/o acceso a un conjunto de derechos sociales”.

El mercado laboral argentino atraviesa un deterioro acelerado: los datos muestran que, bajo la gestión de Javier Milei, el empleo creció principalmente a costa de la informalidad. De cada 100 trabajos formales que se pierden, sólo uno se recupera con registro; el resto se suma al mercado en condiciones de desprotección, sin aportes jubilatorios ni cobertura social.

Según los últimos informes, en el primer trimestre de 2025 se crearon 390 mil empleos precarios, lo que elevó la tasa de informalidad al 44,1%, el nivel más alto de la serie comparable iniciada en 2017. Solo en la provincia de Buenos Aires, la más golpeada por esta dinámica, se perdieron más de 33 mil empleos privados registrados.

La tendencia no es nueva en América Latina: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cerca de la mitad de los trabajadores de la región se desempeñan en la informalidad, con Bolivia a la cabeza (casi 80%). Sin embargo, la Argentina, que históricamente estuvo por debajo del promedio regional, hoy se acerca peligrosamente a ese umbral, lejos de los casos de Chile y Uruguay, donde la informalidad no supera el 30%.

El Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que la política de desregulación del gobierno libertario está alimentando esta precarización, especialmente en actividades como plataformas de reparto o transporte, donde los trabajadores carecen de aportes, estabilidad, capital propio y en muchos casos también de calificación. “Por cada 100 trabajadores despedidos, solo uno o dos logran volver a un puesto formal”, señala el informe.

El impacto golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Entre las mujeres mayores de 66 años, la tasa de desprotección subió un 14,6% en el último año, en paralelo con una reducción del 23% de la presencia femenina en el sector público y con haberes jubilatorios cada vez más deteriorados.

Los números oficiales del INDEC confirman la misma tendencia: en el primer trimestre de 2025 la informalidad alcanzó el 42%, por encima del 40,8% registrado un año atrás. En paralelo, la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) trepa al 17,9%, mientras que la presión efectiva sobre el mercado laboral llega al 24%.

En este escenario, el gobierno celebra un aumento mínimo del empleo total, de apenas 0,1%. Pero la realidad detrás de esa cifra es que el crecimiento se apoya en sectores de baja productividad y alta informalidad, mientras que el trabajo formal retrocede. Desde la llegada de Milei al poder se destruyeron casi 99 mil empleos registrados en todo el país.

Organizaciones como Fundar remarcan que la informalidad en la Argentina es hoy “más alta que hace 40 años”. Tras un descenso durante los primeros años del nuevo siglo, desde 2015 la tendencia volvió a ser ascendente, y con la actual gestión se consolida un escenario de precarización estructural.

La conclusión de los especialistas es clara: lejos de generar empleo de calidad, el modelo libertario profundiza un mercado laboral segmentado y frágil, donde la mayoría de los nuevos trabajadores se suman a la economía sin derechos ni protección.

La legisladora Patricia Vázquez fue increpada en el Hospital Mercante de José C. Paz a donde fue a provocar y hacer campaña electoral, pero la gente le recordó que votó en contra de la ley de discapacidad y el aumento a los jubilados.

La diputada nacional del PRO, Patricia Vázquez, fue escrachada en el Hospital Mercante de José C. Paz, donde pacientes y trabajadores la enfrentaron por su voto en contra de la ley de emergencia en discapacidad y del aumento a los jubilados.

Vázquez, dirigente cercana a Patricia Bullrich y alineada con el gobierno de Javier Milei, se presentó en el hospital con críticas al estado del establecimiento, pero la visita terminó en un abierto rechazo a su presencia. Un joven la increpó públicamente, grabando la escena que rápidamente se viralizó.

“El deterioro de los servicios públicos es consecuencia de lo que ustedes votan en el Congreso. La emergencia en discapacidad la votaste en contra, igual que el aumento a los jubilados. La gente como vos no tiene que estar acá”, le espetó con dureza, señalando la contradicción entre su discurso y sus decisiones políticas.

El malestar se extendió entre quienes se encontraban en el hospital, que reprocharon a la diputada haber respaldado las políticas de ajuste impulsadas por el oficialismo y haber sido parte de una gestión que, según denunciaron, dejó en abandono a la salud pública.

El episodio no fue aislado: días antes, Vázquez había sido increpada en el Hospital Pacheco de Tigre, donde también le recordaron sus votos en contra de jubilados y personas con discapacidad.

Visiblemente incómoda, la legisladora tuvo que retirarse del Hospital Mercante ante la presión de los presentes, que insistieron en que su presencia allí era una provocación y que no era bienvenida.

El gobierno de Javier Milei sufrió un golpe institucional de magnitud luego de que el Juzgado Federal de Campana declarara inválido el decreto que había vetado la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada previamente por el Congreso.

En su fallo, el juez remarcó que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”, una afirmación que deja sin sustento el argumento central de la Casa Rosada para justificar el veto.

La sentencia subraya que los afectados son personas en “múltiple situación de vulnerabilidad”, tanto por ser niños como por su condición de discapacidad, lo que obliga al Estado a otorgarles una protección especial, según lo establece la Constitución Nacional.

El Gobierno había fundamentado su decisión en el Decreto 534/2025, alegando que la aplicación de la ley implicaba un costo adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento claras. Sin embargo, la Justicia entendió que las razones fiscales no pueden estar por encima de los derechos fundamentales.

Con este fallo, Milei enfrenta un duro traspié político y judicial, que reabre el debate sobre los límites de su política de ajuste y la prioridad que debe otorgarse a los sectores más vulnerables.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un fuerte aumento en las partidas destinadas a programas de discapacidad, en un gesto que busca marcar un rumbo opuesto al cruel ajuste impulsado por el gobierno nacional en esta área vulnerable de la población.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un fuerte aumento en las partidas destinadas a programas de discapacidad, en un gesto que busca marcar un rumbo opuesto al ajuste impulsado por la administración nacional en esta área sensible. La medida contempla una inversión anual superior a los $9.400 millones, con impacto directo en más de 7.000 personas beneficiarias, y abarca incrementos en incentivos económicos, ampliación de programas y la creación de nuevas líneas de financiamiento.

El anuncio fue detallado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien subrayó que la decisión se toma “frente a un ajuste sin precedentes del Gobierno nacional en las políticas públicas en materia de discapacidad”. En esa línea, sostuvo que la Provincia busca “redoblar esfuerzos para sostener y fortalecer distintas herramientas que acompañen a sectores que necesitan de la presencia del Estado”.

Con un mensaje político claro, Larroque afirmó: “A la crueldad, vamos a responderle con más comunidad”, dejando en evidencia la distancia entre la estrategia provincial y los recortes aplicados por la Casa Rosada.

Los alcances del aumento

• Se dispuso un incremento del 100% en el incentivo económico para las personas con discapacidad que trabajan en los Talleres Protegidos.
• Se estableció un aumento del 40% en las líneas que financian Talleres Protegidos, Centros de Día, Hogares, Actividades Ecuestres y Vida en Comunidad.
• Se lanzó una nueva línea de créditos de Fuerza Solidaria, con tasa subsidiada, destinada exclusivamente a los Talleres Protegidos, que podrán emplearse para capital de trabajo, inversiones e infraestructura.
• Se incorporará también una línea específica de equipamiento para Escuelas de Educación Especial, con el objetivo de reforzar los comedores que forman parte del Servicio Alimentario Escolar en esos establecimientos.

Con este paquete de medidas, el gobierno bonaerense busca garantizar la continuidad y el fortalecimiento de políticas de inclusión y acompañamiento en un área particularmente golpeada por la reducción de recursos a nivel nacional.