La noticia cayó como una bomba en Bahía Blanca y generó un profundo malestar entre los vecinos y las autoridades locales: el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, le está cobrando al municipio más de 50 millones de pesos por los puentes desmontables que el Ejército instaló tras el devastador temporal de marzo.

El hecho, revelado a través del Boletín Oficial Municipal, desató una ola de indignación y enojo. En un momento en que la ciudad aún intenta levantarse de los destrozos, el Gobierno nacional —que ya había recortado a la mitad la ayuda prometida— ahora le pasa una factura millonaria por lo que en su momento se presentó como un gesto de asistencia humanitaria.

Según se conoció, la Municipalidad deberá pagar más de 43 millones de pesos cada tres meses por los dos puentes Bailey, además de un seguro adicional superior a 8 millones. “Tuvimos que acceder a pagar para no dejar incomunicada a Bahía”, admitió con frustración el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, quien confirmó la medida en declaraciones radiales.

La indignación también alcanzó al arco político local. En el presupuesto nacional 2026, Bahía Blanca no figura con ninguna obra asignada, a pesar de que la reconstrucción de los puentes arrasados por el agua —en la Ruta Nacional 35 y la Ruta Nacional 3— es una necesidad urgente.

La diputada bonaerense Natalia Dziakowski fue una de las voces más críticas. En redes sociales, denunció que el Gobierno nacional “factura la ayuda” mientras mantiene vetada la ley de emergencia y sigue recortando los fondos para la recuperación de la ciudad. “No hay federalismo sin justicia territorial”, escribió la legisladora, reclamando empatía e inversión real del Estado.

Los puentes modulares —de tipo COMPAC BAILEY, con rampas de 36,5 metros— fueron instalados sobre el canal Maldonado, en las avenidas Malvinas y Santa Cruz, para restablecer la conectividad entre barrios afectados. Hoy, esa infraestructura de emergencia se transformó en una nueva carga económica para una comunidad que aún llora a sus 18 víctimas fatales y lucha por reconstruirse.

La paradoja no pasa inadvertida: mientras Bahía Blanca enfrenta el peso del abandono y la factura de su propia desgracia, Javier Milei y La Libertad Avanza fueron la fuerza más votada en la ciudad. La pregunta resuena entre vecinos y funcionarios por igual:
¿cómo se puede cobrar lo que se prometió como ayuda solidaria?
Y, quizás la más punzante de todas:
¿a quién votarán los bahienses el 26 de octubre?

La profunda crisis que atraviesa la industria automotriz argentina sumó un nuevo capítulo con la decisión de Renault de despedir a 300 trabajadores de su histórica planta de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba.

El caso expone con crudeza el deterioro de la producción nacional, afectada por la caída de la demanda interna, el avance de los vehículos importados y el creciente reemplazo de empleados con antigüedad por mano de obra más barata y precarizada.

Durante los últimos días, numerosos operarios denunciaron haber recibido llamados de la empresa para comunicarles que no continuarían en sus puestos. Según relataron, las autoridades ofrecen “acuerdos” o “retiros voluntarios” como una forma encubierta de despido, buscando evitar que las cesantías figuren oficialmente como tales.

Desde la firma, sin embargo, aseguran que las desvinculaciones fueron “de común acuerdo” y justifican la medida en el final de la producción de la Nissan Frontier, que arrastra también al modelo Renault Alaskan, además de un “reordenamiento productivo” que concentrará la fabricación en un utilitario pequeño previsto para 2026.

Un reflejo de una crisis más amplia

Más allá de los argumentos empresariales, los trabajadores afirman que los despidos alcanzaron a diferentes áreas de la planta y no solo a los sectores vinculados a los modelos discontinuados. Denuncian que la empresa está reemplazando empleados con larga trayectoria por contratados, con el fin de reducir costos laborales. “Con uno de nosotros pagan hasta tres contratados”, señaló uno de los despedidos, quien acusó a la automotriz de “hacer un colador para quedarse solo con la gente que quiere y bajar el costo humano”.

El caso Renault se inscribe en un contexto de fuerte recesión industrial. El sector automotriz, históricamente motor de la producción nacional, enfrenta una caída sostenida en la demanda interna, mientras los vehículos importados ganan mercado por sus precios más bajos. Esta situación ha provocado una cadena de suspensiones, cierres parciales y despidos en distintas terminales y autopartistas del país.

Trabajadores de la planta cordobesa recordaron además que existe un recurso de amparo presentado ante la Justicia para frenar los despidos, aunque la empresa no reconoce su vigencia. En paralelo, reclamaron medidas que impidan que las automotrices utilicen estrategias de reemplazo de personal “viejo” por contratados temporarios.

“La prioridad debería ser mantener la fuente laboral de los empleados de planta. No podemos permitir que el ajuste se haga sobre los trabajadores con más años y más derechos”, concluyeron.

El costo de viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a subir en noviembre, con un aumento del 4,1% en las tarifas de transporte público, un ajuste que supera a la inflación del mes pasado y se da en medio de una política oficial que apunta a reducir los subsidios al sector al nivel más bajo en dos décadas.

Este nuevo incremento llega en un contexto en el que los hogares del AMBA ya destinan cada vez más dinero al transporte: el gasto en movilidad creció 33% interanual, por encima de la inflación, mientras la cantidad de pasajeros sigue cayendo.

Tarifas que suben más que los salarios

Luego de que el INDEC informara una inflación de 2,1% en septiembre, se confirmó el porcentaje del aumento tarifario previsto por el esquema de actualización automática que rige para el subte y los colectivos de jurisdicción porteña: la suba será del doble, con un 4,1% que se aplicará desde noviembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, tanto el subte como los colectivos actualizan sus precios de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, con un plus de dos puntos porcentuales. En la provincia de Buenos Aires se toma el IPC del Gran Buenos Aires, que también fue de 2,1% en septiembre.

Así, los nuevos valores quedarán aproximadamente en:

• Subte: $1.114,91
• Colectivo mínimo en CABA: $547,57
• Colectivo mínimo en PBA: $550,69

Por ahora, los colectivos de jurisdicción nacional y los trenes metropolitanos no tendrán cambios: sus tarifas permanecen congeladas desde julio y septiembre, respectivamente.

Ajuste sobre subsidios y horizonte de aumentos

El aumento de noviembre no será el último. El Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno al Congreso confirma que se mantendrá el recorte sobre las transferencias para subsidiar el transporte público, que caerían al nivel más bajo desde 2005 en relación al PBI.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), aunque nominalmente las partidas aumentan un 13% respecto a 2025, ese incremento no alcanza para cubrir los costos reales del servicio.

Los especialistas advierten que, salvo un fuerte recorte de frecuencias o un repunte inesperado en la cantidad de pasajeros, las tarifas deberían subir al menos 30% durante 2026 para que el sistema sea sustentable bajo la actual política de ajuste.

Más gasto, menos pasajeros

Mientras los subsidios se achican y las tarifas suben, los datos muestran que cada vez se viaja menos. Entre enero y julio, la cantidad de pasajeros transportados cayó 7,26% en trenes, 6,52% en subte, y 0,82% en colectivos, respecto al año pasado.

En comparación con 2019, la caída es todavía más pronunciada: casi 28% menos pasajeros en trenes y más del 40% menos en el subte.

Al mismo tiempo, los hogares del AMBA gastan cada vez más en moverse. En septiembre, un hogar promedio destinó $74.692 al mes al transporte público, un 33% más que un año atrás, y con salarios que siguen rezagados.

El ajuste que se siente en el día a día

El encarecimiento del transporte golpea directamente a los trabajadores, en un contexto de ingresos estancados y precios que no dejan de subir. El rubro transporte fue uno de los que más aumentó en el último índice de precios, con una suba promedio del 3% en septiembre y picos de hasta 4,6% en la Patagonia, empujado por el impuesto a los combustibles, la volatilidad del dólar y el alza internacional del petróleo.

Así, entre tarifas que se ajustan por encima de la inflación y subsidios que se reducen, cada viaje en el AMBA se convierte en un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que dependen del transporte público para llegar a sus empleos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el cierre de campaña de “Provincias Unidas” y aprovechó su discurso para lanzar fuertes cuestionamientos al rumbo económico del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

“Cada 3 meses le golpea las puertas al FMI y cada 3 días a Estados Unidos”, disparó el mandatario santafesino, en una frase que marcó el tono de su intervención. Pullaro acusó al Gobierno de estar “enredado en el mundo financiero” y de haber dejado de lado las políticas de desarrollo productivo que, según él, el país necesita con urgencia.

“El desafío es corregir las variables macroeconómicas, pero sobre todo desarrollar la Argentina. Queremos generar trabajo y que el país crezca”, afirmó. En ese marco, llamó a construir “una alternativa real” desde Provincias Unidas para “sacar a la República Argentina adelante”.

"Cada 3 meses le golpea las puertas al FMI y cada 3 días a Estados Unidos porque alguien lo tiene que salvar"

Maximiliano Pullaro aseguró que Provincias Unidas es una "alternativa para sacar a Argentina adelante" y afirmó: "En esta elección se perfila el futuro de nuestro país". pic.twitter.com/wdQJD4jZVT

— Corta (@somoscorta) October 15, 2025

El gobernador también cuestionó la distribución de recursos y denunció que “ni el kirchnerismo cortó tanto el flujo de fondos al interior del país”. Recordó que Santa Fe ya ganó juicios en la Corte Suprema por la quita de fondos nacionales, pero advirtió que “esta vez los números son aún peores”.

Con un discurso que combinó crítica y convocatoria, Pullaro se posicionó como una de las voces más firmes dentro del espacio opositor que busca ofrecer una alternativa al actual modelo libertario.

Un comentario impreciso de Federico Sturzenegger bastó para desatar un nuevo temblor en los mercados y volver a poner en evidencia que, más que factores externos, el principal riesgo para la estabilidad económica proviene del propio Gobierno.

El 14 de octubre, durante su participación en el Bloomberg Global Regulatory Forum, el ministro de Desregulación afirmó que “Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto”, según reprodujo la agencia Bloomberg. La frase, interpretada como un anticipo de devaluación, encendió las alarmas del mercado: el dólar MEP saltó 3% y el CCL trepó 2,5% en cuestión de minutos, en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Horas después, Sturzenegger intentó desactivar el ruido con una aclaración en X (ex Twitter): “De ninguna manera dije ni quise expresar la posibilidad de un cambio de régimen cambiario”. Atribuyó el malentendido a una mala interpretación periodística, pero el daño ya estaba hecho. El episodio reavivó las dudas sobre la coordinación del equipo económico y la falta de una estrategia comunicacional clara en temas tan sensibles como el dólar.

Según su entorno, Sturzenegger se refería al actual esquema de bandas cambiarias del Banco Central, que se ajusta entre los $1.000 y $1.400 mediante el “crawling peg”, y explicó que esas bandas se “abrirán gradualmente” cuando la economía se estabilice. Bloomberg interpretó esa explicación como un anuncio inminente de flotación libre, provocando una reacción en cadena.

Desde el Ministerio de Economía, Luis “Toto” Caputo salió rápidamente a respaldar a su colega y a despejar cualquier rumor: “Las bandas no se van a modificar, ni antes ni después de las elecciones”, insistió su equipo. Aun así, analistas coincidieron en que el incidente sumó ruido innecesario a un escenario ya frágil, mostrando que la incertidumbre económica también se alimenta de los propios funcionarios.

Aunque la aclaración oficial logró calmar parcialmente al mercado y estabilizar las cotizaciones, el episodio dejó al descubierto el frágil equilibrio del plan económico y la vulnerabilidad del Gobierno frente a sus propios mensajes. En un contexto donde cada palabra puede mover los dólares financieros, el error de comunicación de Sturzenegger sirvió como recordatorio de que la principal fuente de inestabilidad no está en el mercado, sino dentro del propio Ejecutivo.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Ejecutivo subejecutó el 83% de los fondos destinados al Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación, una de las áreas clave para el desarrollo del conocimiento y la producción local.

El gobierno de Javier Milei destina millones de pesos a financiar la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional, al mismo tiempo que mantiene virtualmente paralizado el sistema científico y tecnológico argentino. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Ejecutivo subejecutó el 83% de los fondos destinados al Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación, una de las áreas clave para el desarrollo del conocimiento y la producción local.

El informe detalla que, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto total de la Administración Pública Nacional cayó un 31% en términos reales respecto al año anterior, reflejando un ajuste generalizado en sectores sensibles como salud, educación, obra pública y ciencia. En contraposición, se registró un aumento del 35% en la ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado, mientras los pagos por deuda pública siguen absorbiendo el 9% del gasto total.

Ciencia en emergencia, fondos paralizados

El ajuste golpea de lleno al corazón del sistema científico argentino. El Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación está en “virtual parálisis”, según el CEPA, con una caída del 83% de su ejecución.
Otros organismos también sufren fuertes recortes: CONICET (-30%), INTA (-38%), INTI (-45%), CNEA (-44%), CONAE (-19%), SEGEMAR (-30%), SMN (-35%) y la Fundación Miguel Lillo (-26%).

El panorama se completa con la cancelación de proyectos estratégicos como los reactores nucleares CAREM y RA-10, el satélite ARSAT SG1, y la paralización de los programas de la Agencia I+D+i. La inversión pública en ciencia y tecnología se desploma al 0,2% del PBI, un piso histórico, mientras se incumple la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que establecía elevarla al 1%.

Obra pública y educación también en caída libre

La parálisis no se limita a la ciencia. El informe muestra que la obra pública registra caídas de entre el 89% y el 100% en programas de infraestructura, pavimentación y construcción. En educación, se eliminaron programas esenciales como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con ejecución cero.

Millones para las tropas de EE.UU.

Mientras el ajuste interno asfixia a los organismos nacionales, el gobierno autorizó el desembarco de tropas estadounidenses para ejercicios conjuntos financiados con fondos del presupuesto argentino.
El operativo —cifrado en $60.211.157— será cubierto por la Armada y contempla actividades en Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia. El objetivo declarado es “intercambiar procedimientos y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales”.
En la práctica, esto implica que el Estado argentino pagará la estadía, la logística y las operaciones de las fuerzas norteamericanas, en un contexto de recorte extremo a la ciencia, la educación y la infraestructura local.

Entre la desinversión y la humillación

Mientras los científicos enfrentan salarios congelados, despidos y laboratorios vacíos, el presidente Milei no duda en calificarlos de “casta” o “canallas”. Organismos como el CONICET, el INTI y el INTA —referentes continentales en investigación aplicada— están hoy al borde del colapso operativo.

La paradoja es brutal: el Estado argentino financia tropas extranjeras mientras abandona a sus investigadores, universidades y centros tecnológicos. En nombre del “ajuste”, el gobierno desmantela el conocimiento nacional para sostener un modelo de subordinación y dependencia.

En promedio, el consumo cayó 6,3% frente a septiembre de 2024 y 7,9% en comparación con agosto, una tendencia negativa que también se repite en el interior del país, donde las ventas retrocedieron 2,9% interanual.

Las ventas en autoservicios y comercios pyme se desploman en medio de la incertidumbre política y económica que domina al país. Según un informe de Scanntech, los autoservicios del AMBA registraron en septiembre una baja del 12,5% interanual y del 16,7% respecto de agosto, marcando uno de los peores meses del año para el consumo masivo.

En promedio, el consumo cayó 6,3% frente a septiembre de 2024 y 7,9% en comparación con agosto, una tendencia negativa que también se repite en el interior del país, donde las ventas retrocedieron 2,9% interanual. El informe, basado en 725 puntos de venta y 238 categorías de productos, muestra que la contracción afecta a todos los formatos, mientras los precios subieron 1% en promedio, con los artículos de limpieza del hogar y cosmética encabezando los incrementos.

EN SEPTIEMBRE, LAS VENTAS MINORISTAS CAYERON 4,2% ⬇️

En la comparación mensual, la variación fue de -2%. En lo que va del año, acumulan un incremento interanual del 5%.

🛍️ En el análisis por rubros, la situación fue homogénea, con caídas interanuales en todos los sectores. Los… pic.twitter.com/KkKiNYaVH9

— CAME (@redcame) October 12, 2025

Pymes en retroceso

En paralelo, los comercios pyme tampoco escaparon al derrumbe. De acuerdo con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas se hundieron 4,2% interanual en septiembre y 2% respecto de agosto, con una caída más pronunciada en el rubro Textil e indumentaria, que se desplomó 10,9%.

El retroceso fue generalizado: Bazar cayó 6,2% interanual, Perfumería 6%, Calzado y marroquinería 4,3%, y Alimentos y bebidas 3,1%. Incluso sectores tradicionalmente más estables, como Farmacia y Ferretería, mostraron bajas del 1,4% y 0,5% respectivamente.

Incertidumbre sin final a la vista

La CAME advirtió que los números reflejan la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre política y económica, en un escenario donde la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento familiar y la falta de estímulos comerciales restringen la demanda.

El 38% de los comerciantes consultados aseguró que su situación empeoró respecto al año pasado, mientras que el 55% dijo mantenerse igual. Solo un 47,6% confía en una mejora durante el próximo año, frente a un 10,8% que prevé un empeoramiento.

En los comercios de alimentos y bebidas se percibe una marcada cautela: los empresarios señalan dificultades para sostener márgenes de ganancia ante la suba de precios de los proveedores y un consumidor cada vez más prudente, en un clima de expectativas sombrías y consumo retraído.

En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook), el organismo corrigió a la baja todas sus proyecciones para la Argentina, reflejando el deterioro del escenario económico tras el último trimestre de crisis bajo el gobierno de Javier Milei.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó un mensaje claro y preocupante para la economía argentina: el país crecerá menos, tendrá menos dólares y enfrentará una inflación más alta en 2025. En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook), el organismo corrigió a la baja todas sus proyecciones para la Argentina, reflejando el deterioro del escenario económico tras el último trimestre de crisis bajo el gobierno de Javier Milei.

Según las nuevas estimaciones, el Producto Bruto Interno (PBI) argentino crecerá solo 4,5% en 2025, un punto menos que el 5,5% proyectado en julio pasado. Para 2026, el crecimiento también se ajustó a la baja, del 4,5% al 4%. La revisión implica que, en apenas tres meses, el FMI redujo sensiblemente su confianza en la recuperación de la economía local.

Pero el golpe más fuerte llega por el lado de los dólares. El balance de la cuenta corriente, que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones, se hunde en terreno negativo: el FMI espera ahora un déficit del 1,2% del PBI en 2025, tres veces mayor al previsto en abril (-0,4%). Esto significa que el país tendrá menos divisas disponibles para sostener el comercio exterior y la estabilidad cambiaria, en un contexto de reservas frágiles y presiones sobre el tipo de cambio.

En paralelo, el Fondo prevé una inflación del 28% para 2025, ocho puntos más que su estimación anterior (20%), y un mayor desempleo, que sube del 6,3% proyectado en abril al 7,5%. El panorama, según el organismo, muestra una economía golpeada, con menor crecimiento, más precios y menos empleo.

Una crisis que no da tregua

Estas cifras reflejan el impacto de un cierre de año convulsionado. El último trimestre de 2024 estuvo marcado por la desaceleración de la actividad, las tensiones cambiarias y la persistencia de la inflación. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central anticipa incluso una caída del 0,6% del PBI entre julio y septiembre, con una proyección de crecimiento del 3,9% para 2025, aún más pesimista que la del propio FMI.

En los hechos, el repunte que se espera para 2025 responde más a un “efecto arrastre” estadístico que a una verdadera reactivación: el bajo nivel de actividad de 2024 genera un punto de partida que mejora los promedios, aunque la economía siga estancada.

Menos dólares, más incertidumbre

La pérdida de competitividad del tipo de cambio también preocupa. Pese a la volatilidad del dólar y a la intervención de Estados Unidos en los mercados financieros, el peso argentino mantiene prácticamente el mismo nivel de competitividad que en julio. Esto deja a la economía con poco margen para recuperar reservas o impulsar exportaciones.

En suma, el diagnóstico del FMI es contundente: Argentina enfrentará en 2025 un escenario más adverso que el previsto, con menos crecimiento, más inflación, más desempleo y una mayor escasez de dólares. Un cuadro que anticipa que la estabilidad y el crecimiento prometidos por el Gobierno seguirán lejos de concretarse.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó un duro rechazo y fuerte preocupación ante la inminente llegada de tropas de Estados Unidos a distintos puntos estratégicos del territorio bonaerense, en el marco de los ejercicios conjuntos conocidos como “Operación Tridente“.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que la medida carece de la autorización del Congreso Nacional, tal como exige la Constitución, y denunció que el presidente Javier Milei habilitó el ingreso de tropas extranjeras por decreto, un procedimiento que calificó como “totalmente irregular”.

“El presidente autorizó por decreto la realización de ejercicios militares por parte del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Es una habilitación inconstitucional, porque el ingreso y egreso de tropas extranjeras solo puede aprobarlo el Congreso Nacional”, advirtió Bianco.

#POLEMICA 🪖 Carlos Bianco denunció la polémica “Operación Tridente”, que fue autorizada por decreto por la administración de Javier Milei y que implica la realización de ejercicios militares por parte del Ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio.

💬 “Se trata de una… pic.twitter.com/Bg9C1cOu24

— ANDigital (@ANDigitalOK) October 13, 2025

El funcionario —uno de los principales colaboradores del gobernador Axel Kicillof— destacó además que dos de las tres bases elegidas para el operativo se encuentran en la provincia de Buenos Aires, específicamente Puerto Belgrano y Mar del Plata, lo que podría generar impactos ambientales, logísticos y de seguridad. “Hemos presentado un pedido de informes al Ministerio de Defensa y todavía no obtuvimos respuesta”, agregó.

El decreto presidencial, fechado el 30 de septiembre, incluye también una tercera locación en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Según Bianco, la decisión sienta un precedente riesgoso, al habilitar la presencia de fuerzas extranjeras “sin el debido control parlamentario y con argumentos excepcionales que no se sostienen”.

La Operación Tridente se llevará a cabo entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, y fue justificada por el Ejecutivo nacional como una medida “estratégica” y de “naturaleza excepcional” que, según el texto oficial, “hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución”.

El momento elegido para firmar el decreto generó suspicacias políticas, ya que coincidió con la antesala de la visita de Milei a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, quien días antes había anunciado un salvataje financiero al gobierno de Javier Milei.

El decreto, rubricado además por los ministros Luis Petri (Defensa), Lisandro Catalán (Interior) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), sostiene que el ejercicio con tropas estadounidenses representa “una oportunidad estratégica” y “un recurso invaluable para potenciar las capacidades nacionales”.

Sin embargo, desde el gobierno bonaerense insisten en que la decisión vulnera las competencias constitucionales y pone en riesgo la soberanía y la institucionalidad democrática.

Mientras el gobierno de Javier Milei predica aplica un ajuste feroz que recorta fondos a la educación, la ciencia y la defensa nacional, destinará más de 60 millones de pesos para cubrir los gastos de las fuerzas militares de Estados Unidos durante su polémico despliegue en territorio argentino.

El dato, revelado en un documento oficial al que accedió el portal En Orsai, encendió la indignación: el Estado argentino pagará por la presencia de tropas extranjeras en tres enclaves estratégicos —Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia—, puntos clave para el control marítimo y antártico.
El colmo del cipayismo: Argentina financia su propia ocupación.

Un desembolso que hiere la soberanía

Según el documento, el operativo asciende a $60.211.157, cubiertos con fondos del presupuesto de la Armada. El objetivo declarado del ejercicio conjunto sería “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales para operar en escenarios complejos”.

En la práctica, esto significa que el Estado argentino financiará la estadía, la logística y las operaciones de las tropas estadounidenses que desembarcarán en bases nacionales para “entrenar” a nuestras fuerzas.
Tres puntos neurálgicos —Mar del Plata, la base naval de Puerto Belgrano y Ushuaia, en el extremo sur ,serán escenario de esta “cooperación” que deja más dudas que beneficios.

Cooperación o subordinación

El texto oficial habla de “potenciar las capacidades nacionales” mediante el “aporte doctrinario y técnico novedoso” de la Armada estadounidense. Sin embargo, más que una instancia de intercambio, el planteo suena a subordinación: las fuerzas argentinas asumen el rol de aprendices frente a una potencia que ha intervenido una y otra vez en América Latina bajo el pretexto de la “asistencia técnica”, “seguridad hemisférica” y la “coordinación multinacional”.

Paradójicamente, el documento destaca como “recurso invaluable” la experiencia militar de Estados Unidos, sin mencionar que buena parte de esa experiencia proviene de invasiones, golpes de Estado y operaciones encubiertas en países del continente y la comisión de delitos de lesa humanidad en distintas partes del mundo.

La retórica de la “asistencia humanitaria” junto con la de la “lucha contra el terrorismo” vuelven a funcionar como pantalla para justificar la presencia de tropas extranjeras, mientras el gobierno argentino no solo la legitima, sino que además la financia con dinero público.

Subordinación absoluta con Washington

Lejos de ser un hecho aislado, esta decisión se inscribe en la línea de alineamiento absoluto del gobierno de Milei con los Estados Unidos.
Desde el respaldo a la OTAN y a Israel hasta el abandono de los vínculos con el BRICS y el relajamiento del reclamo por Malvinas, la política exterior argentina muestra un giro drástico hacia la dependencia.

Mientras se paralizan proyectos estratégicos de INVAP y Fabricaciones Militares, y se desmantelan programas de defensa nacional, el Ministerio de Defensa —a través de la Armada— destina recursos públicos a sostener la presencia militar extranjera en nuestras bases.

Ejercicios combinados o ensayo de control regional

Estos llamados “ejercicios combinados” no son nuevos, pero en el contexto actual adquieren otra lectura: son mecanismos de inserción operativa de fuerzas extranjeras, con acceso a información sensible y control sobre zonas estratégicas.

La inclusión de Ushuaia en el operativo es especialmente significativa.
Posicionada como puerta de ingreso privilegiada a la Antártida, la base naval del extremo sur argentino es una puerta de acceso a recursos naturales y rutas marítimas de enorme valor geopolítico.
El desembarco de tropas estadounidenses allí no puede entenderse como un simple entrenamiento, sino como un gesto de control y monitoreo del Atlántico Sur.

Un país convertido en protectorado militar extranjero

Que el propio Estado argentino pague la estadía de las fuerzas estadounidenses es más que un gesto diplomático: es una decisión política que expone un modelo de país subordinado y semicolonial.
Un país donde la soberanía se terceriza, los recursos se entregan y la defensa nacional se convierte en un apéndice del Pentágono con un disfraz discursivo de engañosa defensa de la soberanía.

Mientras los salarios de las Fuerzas Armadas locales permanecen congelados y los institutos de formación padecen recortes, la cúpula militar destina más de 60 millones de pesos para hospedar y entrenar a soldados extranjeros de una potencia militar que gasta miles de millones de dólares todos los días en mantener su brutal maquinaria militar a la largo y ancho del mundo.

La “libertad” que pregona el gobierno se traduce, en los hechos, en la entrega de los resortes estratégicos del Estado. En el mientras tanto Argentina paga su propia ocupación.
Y lo hace en medio de un ajuste brutal, con fondos públicos, y a costa de su propia soberanía.