A dos años del inicio del Gobierno de Javier Milei, el funcionario reconoció que la recuperación económica todavía no alcanza a todos los sectores, pero pidió tiempo para que los supuestos beneficios del modelo finalmente lleguen al conjunto de la economía.

“Llevamos dos años y no es fácil”, admitió Santilli al ser consultado por los misioneros y argentinos que no llegan a fin de mes, tienen dificultades para pagar la luz o directamente están sin trabajo. Aunque aseguró que “la recuperación va a llegar”, también reconoció que “todavía hay sectores que la están padeciendo” y que “hay problemas”.

La particularidad del planteo oficial apareció cuando Santilli habló de los plazos. Mientras justificó el ajuste señalando que las transformaciones estructurales en otros países demandaron entre tres y siete años, fue mucho más lejos al proyectar los resultados del modelo libertario: “En 30 años, la Argentina crecerá a un ritmo que nunca antes hemos visto”, aseguró.

De este modo, frente a quienes hoy sufren la caída del consumo, la pérdida de ingresos, el desempleo o el aumento de los servicios, la respuesta del Gobierno parece trasladarse cada vez más hacia un futuro lejano. El alivio no sería para mañana ni para el próximo año: según Santilli, habrá que esperar décadas para comprobar el éxito prometido.

El jefe de Gabinete defendió además la idea de que Argentina ya está creciendo, aunque admitió que lo hace de manera desigual: “Crece en algunos sectores y en otros sectores no”. También sostuvo que el país está pasando de una economía que “destruía los sectores productivos” a otra que los fortalece, pese a que el propio funcionario debió reconocer que existen actividades que continúan atravesando dificultades y fábricas que cierran.

Frente a las críticas, Santilli apeló al argumento del “atajo” y afirmó que ese camino llevó al país al 57% de pobreza. También pidió valorar “el esfuerzo” realizado por la sociedad durante estos dos años. Sin embargo, para quienes todavía padecen las consecuencias del ajuste, el mensaje resulta difícil de digerir: el esfuerzo es presente, mientras la promesa de bienestar queda proyectada a 30 años.

Santilli también negó la crisis yerbatera

En Posadas, el jefe de Gabinete también relativizó los problemas de la producción yerbatera y aseguró que el sector no atraviesa una crisis porque “está exportando mucho” y viene batiendo récords. La respuesta volvió a contrastar con los reclamos de los productores, que plantean dificultades concretas en el mercado y cuestionan la situación de la actividad.

Santilli también aseguró que “el 90% de los problemas de los gobernadores está resuelto”, una afirmación que choca con los permanentes reclamos de las provincias por recursos, obras y respuestas del Gobierno nacional.

Ante las consultas por el cierre de fábricas, el funcionario respondió que “también se abren muchas”, sin precisar cuáles ni explicar cómo se compatibiliza ese argumento con las dificultades que atraviesan distintas ramas de la producción.

El mensaje dejado en Misiones fue, en definitiva, el de un Gobierno que reconoce que una parte importante de la sociedad todavía no ve los resultados del ajuste, pero que insiste en que el tiempo terminará dándole la razón. Por ahora, la fecha de vencimiento de la promesa quedó bastante lejos: 30 años de espera para ver la Argentina crecer “a un ritmo que nunca antes hemos visto”

Un nuevo escándalo vuelve a sacudir a La Libertad Avanza y amenaza con convertirse en otro caso Adorni: el senador Joaquín Benegas Lynch quedó bajo la lupa por una lujosa propiedad en Entre Ríos que no habría sido incorporada a su declaración patrimonial, su actividad empresarial vinculada al negocio de tierras y un préstamo de casi $120 millones otorgado por el Banco Nación.

Según un informe periodístico, Benegas Lynch adquirió una imponente propiedad frente al río Paraná, en La Paz, valuada en hasta US$500.000, aunque el legislador aseguró que pagó US$250.000. La vivienda tampoco habría aparecido en una declaración jurada rectificatoria presentada ante la Oficina Anticorrupción.

El senador explicó que el año pasado había abonado apenas el 10% de la operación y que terminó de pagar y escriturar el inmueble en julio de este año. Por eso, sostuvo que deberá incorporarlo en su próxima declaración patrimonial.

La propiedad también quedó en el centro de la polémica por el festejo de los 50 años de Benegas Lynch, realizado allí en noviembre del año pasado y extendido durante tres días. Vecinos denunciaron música durante la madrugada, ruidos y problemas derivados de las obras de remodelación.

Pero el caso no termina en la casa. Benegas Lynch es fundador y administrador de Glocal Terra SRL, una empresa dedicada al asesoramiento de extranjeros interesados en invertir y adquirir tierras en Argentina. Su actividad privada quedó bajo cuestionamiento por su participación en debates legislativos vinculados con la Ley de Tierras y la protección de la propiedad privada.

A esto se suma un dato que profundiza la polémica: una investigación periodística reveló que en mayo de este año el senador recibió un crédito del Banco Nación por $119.495.000.

El escándalo vuelve a poner en discusión el discurso de austeridad y transparencia que La Libertad Avanza construyó alrededor de la supuesta lucha contra “la casta”. Mientras el Gobierno reclama sacrificios y ajuste a trabajadores, jubilados y sectores medios, uno de sus dirigentes enfrenta cuestionamientos por su patrimonio, sus negocios privados y el acceso a un millonario crédito de un banco público.

El caso Benegas Lynch, por ahora, abre nuevos interrogantes y vuelve a instalar una pregunta incómoda para el oficialismo: ¿la motosierra y el discurso contra los privilegios se aplican también dentro de la propia Libertad Avanza?

La promesa de Javier Milei de llevar la inflación a cero vuelve a quedar bajo presión. El IPC registró una suba del 2,1% en julio, según informó el INDEC, y mostró una aceleración respecto del 1,9% de junio.

El dato representa un quiebre en la tendencia de desaceleración que se había observado durante los tres meses anteriores. En los primeros siete meses de 2026, los precios acumularon un aumento del 19,3%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 33,8%.

El mayor incremento del mes se registró en Recreación y cultura, con 5%, impulsado principalmente por el efecto estacional de las vacaciones de invierno. Le siguieron Restaurantes y hoteles, con 2,8%, y Salud, con 2,5%. En contraste, Prendas de vestir y calzado cayó 1,3%.

#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en julio con respecto de junio y acumularon un alza de 19,3% en el añohttps://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/pFOMXfomOB

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

Por categorías, la inflación núcleo avanzó 1,8%, mientras que los precios estacionales aumentaron 4,5% y los regulados 2,1%, estos últimos principalmente por subas en transporte público, prepagas y electricidad.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires registró la mayor inflación, con 2,3%, mientras que Cuyo tuvo el menor incremento, con 1,9%.

Con estos números, el Gobierno enfrenta un nuevo desafío para sostener su relato de una inflación en vías de desaparición. La suba de julio no solo frenó la desaceleración, sino que volvió a mostrar que la promesa de “inflación cero” de Milei todavía está lejos de convertirse en realidad.

La construcción volvió a mostrar señales de deterioro y profundizó la tendencia contractiva que atraviesa al sector. En julio, la actividad registró una caída interanual del 6,5%, mientras que los despachos de cemento se desplomaron 8,2%, con cuatro meses consecutivos de retrocesos.

Los datos del Grupo Construya y de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) muestran que las bajas fueron incluso más pronunciadas que las registradas en junio. Se trata de dos indicadores relevantes para seguir la evolución de la actividad, aunque todavía no corresponden al dato oficial del Indec, que difundirá el indicador de construcción de julio el próximo 8 de septiembre.

El deterioro también aparece en la evolución acumulada. Entre enero y julio, el Índice Construya acumula una caída del 0,6%, mientras que los despachos de cemento retrocedieron 3,8% respecto del mismo período del año pasado.

En el caso del cemento, el panorama resulta todavía más preocupante: durante julio se despacharon 817.528 toneladas, un 8,2% menos que un año atrás. En los primeros siete meses del año, los despachos alcanzaron 5.497.952 toneladas, una baja del 3,6% interanual y del 28,4% frente al mismo período de 2023, antes del inicio de la gestión de Javier Milei.

El mercado interno concentra buena parte del retroceso. Los despachos destinados al país cayeron 8,1% interanual en julio, mientras que las exportaciones se redujeron un 50,2%. El dato vuelve a poner el foco sobre la debilidad de la demanda y el freno de la actividad vinculada al mercado interno.

Aunque desde el Grupo Construya esperan una leve recuperación en los próximos meses si mejoran las condiciones macroeconómicas y bajan las tasas de interés, los números de julio muestran que la construcción todavía no logra salir del ciclo contractivo. La caída de la actividad y el retroceso sostenido del consumo de cemento vuelven a funcionar como una señal de alerta sobre el nivel de actividad económica.

La crisis industrial vuelve a golpear a una empresa emblemática de Córdoba. Pauny, la histórica fábrica de tractores de Las Varillas, atraviesa una situación crítica y puso sobre la mesa una propuesta para reducir la jornada laboral a apenas tres días por semana, en un intento por sostener los puestos de trabajo y evitar un escenario todavía más grave.

La propuesta fue discutida este miércoles en una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, con participación de directivos de la compañía y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Sin embargo, la reunión terminó sin acuerdo y los trabajadores rechazaron la reducción de la jornada. Las partes volverán a encontrarse el próximo miércoles 19 de agosto.

La empresa planteó la reducción horaria como una medida paliativa frente al deterioro de la actividad. Según la UOM, Pauny expuso la delicada situación que atraviesa y la necesidad de adoptar medidas para intentar preservar la totalidad de los puestos laborales.

No es la primera señal de alarma. Desde septiembre de 2025 la compañía viene aplicando esquemas de reducción de jornada, con las líneas de producción detenidas los lunes durante varios meses. En esos días sin actividad, los trabajadores llegaron a percibir el 70% de sus haberes. A fines del año pasado también se discutieron suspensiones de entre 14 y 21 días y otros mecanismos para reducir el impacto de la crisis.

El problema trasciende a Pauny. La histórica fabricante cordobesa es la cuarta marca de tractores del país y sostiene unos 500 empleos directos y hasta 800 si se contabilizan los puestos indirectos de su cadena productiva. Por eso, cualquier nuevo ajuste en la planta genera preocupación en toda Las Varillas.

El trasfondo es un mercado de tractores que atraviesa fuertes oscilaciones y una creciente competencia de maquinaria importada, especialmente de origen asiático. En 2025 las ventas de tractores cayeron 3,3% en unidades respecto de 2024, mientras que la facturación medida en moneda constante retrocedió 15,2%.

Aunque durante los primeros meses de 2026 hubo señales de recuperación, el mercado volvió a enfriarse en junio, cuando los patentamientos bajaron 3,9% interanual y 28,5% respecto de mayo. Recién en julio se registró una fuerte recuperación interanual del 45%, aunque el escenario continúa marcado por la volatilidad.

La apertura de las importaciones agregó presión sobre los fabricantes nacionales. Los tractores extranjeros, especialmente los provenientes de China y otros países asiáticos, ganan espacio en el mercado y profundizan la competencia para las empresas locales.

Pauny nació en 2002 como una cooperativa de trabajadores luego de la quiebra de Zanello y llegó a convertirse en líder del mercado argentino de tractores. Hoy, aquella empresa que se convirtió en símbolo de la recuperación de la industria nacional enfrenta un escenario de reducción de actividad, suspensiones y ahora la posibilidad de trabajar apenas tres días por semana.

La nueva audiencia del 19 de agosto será clave para determinar cómo continúa el conflicto. Mientras tanto, la crisis de Pauny vuelve a encender las alarmas sobre el futuro de la producción nacional de maquinaria agrícola y sobre el impacto que la apertura importadora y la debilidad del mercado interno están teniendo sobre una industria histórica de Córdoba.:::

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a ofrecer una particular defensa del rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y dejó una frase que rápidamente podría convertirse en el nuevo slogan oficial: “No estamos bien pero vamos bien”.

Durante una exposición ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Caputo aseguró que “los datos son contundentes” y que demuestran que el país “va por el camino correcto”. En ese marco, intentó relativizar la fuerte caída de la industria y sostuvo que, aunque “no estamos bien”, la economía estaría avanzando en la dirección adecuada.

“Hay muchísimo camino que recorrer pero por lo menos desde que yo tengo uso de razón es la primera vez que vamos por el camino correcto”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda, apelando nuevamente a la promesa de una recuperación futura que todavía no logra traducirse en resultados concretos para buena parte de la sociedad y del entramado productivo.

El ministro también aseguró que el flujo de dólares “es cada vez más alto” y que eso garantizará que no haya problemas cambiarios como en el pasado y permitirá la llegada de nuevas inversiones. Sin embargo, reconoció implícitamente que esas inversiones todavía no se materializaron al señalar que “van a estar entrando muchas más”.

Caputo incluso volvió a pedir a los argentinos a sacar los dólares del “colchón” y llevarlos a los bancos, al sostener que quienes mantienen sus ahorros fuera del sistema “pierden plata” por no animarse a depositarlos.

Mientras tanto, la realidad económica continúa mostrando fuertes contrastes con el optimismo oficial: persisten las dificultades para la industria, el consumo, el empleo y los ingresos, mientras empresas y trabajadores enfrentan un escenario cada vez más complejo.

La frase de Caputo resume, quizás involuntariamente, la principal paradoja del discurso económico del Gobierno: admitir que los argentinos todavía “no estamos bien”, pero pedirles que confíen en que “vamos bien”, aun cuando los resultados positivos tangibles siguen sin aparecer.

Un informe de la UBA reveló que el 35,5% de los argentinos acudió durante el último año a una institución religiosa en busca de algún tipo de ayuda poniendo en evidencia la gravedad de la crisis social y económica que atraviesa el país.

La creciente incertidumbre económica y el deterioro de las condiciones de vida están empujando a cada vez más argentinos a buscar ayuda en lugares de culto. Iglesias y templos comienzan a cumplir una función que va mucho más allá de la asistencia espiritual: para miles de personas se transformaron en espacios donde pedir alimentos, apoyo económico, capacitación, trabajo y contención.

Un informe de la UBA reveló que el 35,5% de los argentinos acudió durante el último año a una institución religiosa en busca de algún tipo de ayuda. Entre quienes recurrieron a estos espacios, el 45% lo hizo por necesidades económicas, alimentarias o laborales, una cifra que expone con crudeza hasta qué punto la crisis comienza a impactar en la vida cotidiana.

El escenario social profundiza la preocupación. La pobreza volvió a ubicarse alrededor del 30% durante el primer trimestre de 2026, mientras la informalidad laboral alcanzó el 44,2%. A esto se suma que más del 90% de los nuevos ocupados necesita trabajar más horas para intentar mejorar sus ingresos.

Cuando la necesidad llega hasta los templos

El Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) del CBC-UBA, dimensionó el fenómeno. Del total de la población encuestada, el 16% se apoya en instituciones religiosas para resolver problemas de base material, económica o laboral.

La investigadora Mariela Mosqueira señaló que esta problemática se acentúa entre las personas con menor nivel de formación. Gabriela Irrazábal, por su parte, destacó que, en un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para quienes buscan desde consuelo emocional hasta asistencia material.

El dato revela una transformación preocupante: la crisis ya no se expresa solamente en los bolsillos, sino también en los lugares donde los argentinos buscan ayuda para sobrevivirla. Ante la falta de empleo estable, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para cubrir necesidades básicas, las redes religiosas aparecen como un último sostén para familias que sienten que las alternativas se van agotando.

La búsqueda de alimentos, trabajo o asistencia económica dentro de los templos funciona así como una señal de alarma sobre la profundidad de la crisis social. Para una parte creciente de la población, la religión no solo representa un refugio espiritual frente a la incertidumbre, sino también una red de contención material ante una realidad económica que cada vez ofrece menos respuestas.

El deterioro del entramado productivo nacional comienza a traducirse en una ola de despidos que golpea a empresas de sectores estratégicos. Granja Tres Arroyos, Unilever y Metalfor anunciaron fuertes recortes de personal, en un escenario que expone las dificultades que atraviesa la industria para sostener el empleo y los niveles de producción.

En Entre Ríos, Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de unos 900 empleados. La empresa atribuyó la crisis a las restricciones internacionales derivadas de la gripe aviar, la caída de las exportaciones, la sobreoferta en el mercado interno y el incremento de los costos.

El gremio de la alimentación, sin embargo, denunció una situación todavía más grave: los trabajadores acumularían más de cinco quincenas de salarios adeudados y entre los despedidos habría delegados sindicales. Desde FTIA calificaron los despidos como una medida que profundiza la crisis y advirtieron sobre el riesgo de que los trabajadores sean utilizados como “variable de ajuste”.

La situación de la compañía no es nueva. En diciembre de 2024 había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis y actualmente enfrenta una pesada carga financiera, con una deuda de USD 350,9 millones que negocia reestructurar con sus acreedores.

Unilever

A miles de kilómetros, Unilever cerró una histórica planta de Guaymallén, Mendoza, y desvinculó a unos 60 trabajadores, poniendo fin a más de seis décadas de producción de vegetales deshidratados vinculada a la elaboración de productos Knorr. La multinacional aseguró que la marca continuará operando en el país, pero no informó qué ocurrirá con las instalaciones.

La posibilidad de que parte de esa producción sea reemplazada por proveedores externos o incluso por productos importados encendió otra señal de alarma sobre el futuro de la producción local.

Metalfor

El caso de Metalfor completa un preocupante panorama. La fabricante de maquinaria agrícola busca reducir en alrededor de un 60% el personal de su planta de Marcos Juárez, con la salida de 225 trabajadores sobre una plantilla directa de 375. La empresa había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis y reconoció dificultades financieras, demoras salariales y un pasivo superior a $52.000 millones.

Además, acumula pedidos de quiebra y evalúa presentarse en concurso preventivo. El fracaso de las negociaciones dejó abierta la posibilidad de nuevos despidos directos.

Los tres casos, aunque responden a situaciones particulares, exhiben una misma tendencia: la pérdida de puestos de trabajo y el achicamiento de capacidades productivas comienzan a dejar de ser hechos aislados para convertirse en una señal de deterioro del entramado industrial argentino.

La combinación de caída de la demanda, dificultades financieras, apertura comercial, pérdida de competitividad y aumento de costos pone contra las cuerdas a empresas que durante décadas formaron parte de la estructura productiva del país.

Mientras el Gobierno sostiene su programa de ajuste y desregulación como vía para transformar la economía, en las fábricas la discusión empieza a tener una consecuencia concreta: menos trabajadores, menos producción y una creciente incertidumbre sobre qué empresas podrán atravesar el nuevo escenario sin cerrar o reducir drásticamente sus operaciones.

El hombre, de 42 años, fue detenido por la Policía Federal y trasladado a Villa María, donde fue liberado horas después. Denunció que el procedimiento estuvo vinculado a una supuesta amenaza contra una senadora y que le secuestraron el celular para peritarlo.

Un grave episodio ocurrido en Río Tercero encendió las alarmas sobre el respeto a la libertad de expresión durante la gestión de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad. Un hombre de 42 años fue detenido en su domicilio por la Policía Federal y trasladado a Villa María por una supuesta amenaza contra el Gobierno difundida en redes sociales.

El hombre relató que los efectivos tenían una orden de allanamiento y que le hablaron de una amenaza de muerte contra una senadora a la que aseguró no conocer. También contó que le secuestraron el celular para realizar una pericia y que, tras ser liberado horas después, los policías le pidieron disculpas.

La causa continúa abierta y deberá presentarse a indagatoria. Su madre describió el episodio como “de terror” y aseguró: “Todavía nos tiemblan las piernas”.

El caso generó preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad frente a expresiones realizadas en redes y volvió a poner bajo la lupa los límites del poder estatal. Si una crítica o publicación puede derivar en una detención y el secuestro de un teléfono, el episodio plantea una seria alarma sobre la libertad de expresión y el creciente autoritarismo del Gobierno.

Canceló 66 vuelos en cinco días, acumula deudas y reclamos laborales, pasajeros y proveedores, y esta semana podría ingresar en concurso de acreedores. El caso expone los límites del modelo de “libertad” que promovieron el macrismo y el gobierno de Javier Milei.

Flybondi, una de las empresas que durante años fue exhibida como símbolo de la supuesta “revolución de los aviones”, quedó al borde de una convocatoria de acreedores después de atravesar cinco días de severas interrupciones operativas. Entre el jueves 6 y el lunes 10 de agosto canceló 66 vuelos y prácticamente dejó de operar con normalidad.

Según fuentes del sector, la decisión de avanzar con el concurso de acreedores ya estaría tomada y podría definirse formalmente durante esta semana. De confirmarse, la compañía entraría en una nueva etapa para intentar ordenar un cuadro financiero y operativo que viene deteriorándose desde hace meses.

El derrumbe adquiere una dimensión política porque Flybondi fue mucho más que una aerolínea privada: fue presentada como uno de los grandes ejemplos de las políticas de apertura, desregulación y flexibilización del mercado aerocomercial.

La empresa desembarcó en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y fue defendida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como parte de una transformación destinada a introducir competencia y terminar con el supuesto dominio de las compañías tradicionales.

Años después, el gobierno de Javier Milei profundizó esa misma orientación. Con Federico Sturzenegger como uno de sus principales impulsores, la desregulación volvió a convertirse en una de las banderas centrales del oficialismo.

Ahora, una de las empresas que funcionó como vidriera de ese modelo enfrenta una situación límite.

Cinco días, 66 vuelos cancelados

Los números de los últimos días muestran la magnitud del colapso operativo:

• Jueves 6 de agosto: 14 vuelos cancelados.
• Viernes 7: 14 vuelos cancelados.
• Sábado 8: 12 vuelos cancelados.
• Domingo 9: 12 vuelos cancelados.
• Lunes 10: 14 vuelos cancelados.

En total, 66 vuelos cancelados en apenas cinco días.

El problema no comenzó esta semana. En mayo, Flybondi transportó un 66% menos de pasajeros que un año antes y llegó a operar con apenas tres aeronaves, pese a haber alcanzado una flota de 13 aviones.

La compañía también perdió participación en el mercado doméstico. Según exempleados citados en el material, actualmente transportaría alrededor del 6% de los pasajeros locales.

La postal resulta difícil de conciliar con la promesa que acompañó durante años a la expansión de las low cost: más competencia, más vuelos y pasajes más accesibles.

Más de 700 ex trabajadores esperan cobrar

El deterioro también golpeó de lleno a los trabajadores.

Más de 700 exempleados llevan más de tres meses sin cobrar indemnizaciones correspondientes a despidos sin causa o acuerdos de retiro voluntario. Algunos convenios fueron homologados ante el SECLO y otros firmados ante escribano, pero los pagos continúan pendientes y varios de los afectados ya recurrieron a la Justicia.

La situación alcanza también al personal que continúa trabajando en la empresa. Según el documento difundido, hay trabajadores que todavía no cobraron los salarios correspondientes a junio y julio ni el aguinaldo.

A esto se suma la falta de pago de aportes, que habría provocado problemas de cobertura de medicina prepaga y obra social tanto para empleados actuales como para exempleados.

Pasajeros, proveedores y organismos estatales, en la lista de acreedores

Los problemas tampoco terminan en el frente laboral.

Flybondi acumula reclamos de pasajeros por cancelaciones y reembolsos pendientes, mientras distintos proveedores llevan meses esperando cobrar pese a que, en algunos casos, ya se habían establecido planes de pago.

También existen deudas con organismos y empresas estatales por tasas e impuestos.

En paralelo, distintas provincias aplicaron multas por incumplimientos vinculados con los pasajeros. Las sanciones de Río Negro, Neuquén y la provincia de Buenos Aires alcanzarían unos $630 millones, según el material difundido.

La lista de conflictos crece al mismo tiempo que la capacidad operativa de la empresa se reduce.

De la “revolución de los aviones” al concurso de acreedores

El caso de Flybondi expone una contradicción difícil de ocultar.

Durante el macrismo, la llegada de las low cost fue presentada como una muestra de modernización del mercado aerocomercial. Con Milei, la desregulación volvió a ser reivindicada como una herramienta para liberar fuerzas privadas y ampliar la competencia.

Flybondi ocupó un lugar privilegiado en ese relato.

Pero el presente de la compañía ofrece una imagen muy diferente: menos aviones, menos pasajeros, vuelos cancelados, trabajadores que reclaman salarios e indemnizaciones, proveedores impagos, pasajeros esperando respuestas y una posible convocatoria de acreedores.

La llamada “libertad de volar” queda así frente a una prueba mucho más concreta que cualquier discurso oficial: garantizar que los aviones efectivamente vuelen, que los trabajadores cobren y que los pasajeros reciban el servicio por el que pagaron.

El problema ya no parece ser solamente una dificultad puntual de una empresa. También obliga a revisar qué ocurre cuando la desregulación es presentada como solución para todos los problemas, pero una compañía convertida en ejemplo del modelo termina al borde de una crisis financiera y operativa de enormes proporciones.

Una nueva etapa, pero ninguna garantía

Si finalmente Flybondi ingresa en concurso de acreedores, se abrirá un proceso destinado a ordenar sus deudas y determinar cómo continuará su actividad.

Pero el concurso, por sí mismo, no resolverá el problema central: la compañía lleva cinco días sin operar con normalidad y acumuló 66 cancelaciones en apenas una semana.

Las próximas horas serán decisivas.

La empresa que alguna vez fue presentada como símbolo de la “revolución de los aviones” enfrenta ahora una situación que parece muy alejada de aquella promesa de eficiencia, competencia y libertad.

El modelo que el macrismo inauguró y el gobierno libertario profundizó tiene, en Flybondi, una de sus vidrieras más incómodas: la empresa que debía demostrar las virtudes de la desregulación ahora podría terminar en concurso de acreedores.