El Gobierno nacional dispuso de un nuevo aumento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que vuelve a impactar de lleno en el bolsillo de millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que dependen diariamente de colectivos y trenes para movilizarse.

Desde este lunes 18 de mayo, el boleto mínimo de las líneas de colectivos nacionales sube un 2%, mientras que los pasajes de trenes registran un fuerte incremento del 18%, en el marco del esquema de actualización tarifaria que seguirá aplicándose hasta septiembre.

La decisión fue formalizada mediante la resolución 27/2026 publicada en el Boletín Oficial y se suma a una seguidilla de aumentos que profundizan la pérdida del poder adquisitivo frente a salarios que siguen corriendo detrás de la inflación.

Cómo quedaron las tarifas

En los colectivos de jurisdicción nacional que unen la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo pasó de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. Para los usuarios con Tarifa Social el valor quedó en $321,30, mientras que quienes viajen con SUBE sin registrar deberán pagar $1.428.

Además, el Gobierno ya tiene previsto aplicar nuevas subas del 2% en junio y julio. De esta manera, el boleto mínimo alcanzará los $728 el 15 de junio y llegará a $742 el 15 de julio.

Las nuevas tarifas de colectivos quedaron de la siguiente manera:

• De 0 a 3 km: $714
• De 3 a 6 km: $807,07
• De 6 a 12 km: $894,17
• De 12 a 27 km: $983,78
• Más de 27 km: $1085,49

Trenes: el aumento más fuerte

El ajuste más duro se dio en el sistema ferroviario. Desde hoy, el boleto mínimo pasó de $280 a $330, aunque para muchos usuarios el valor base informado es de $310 con SUBE registrada.

Las próximas subas ya están definidas:

• Junio: $379
• Julio: $428
• Agosto: $480
• Septiembre: $528

El boleto de segunda sección quedó en $420 y el de tercera sección en $520. En tanto, quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada deberán pagar una tarifa diferencial que llega hasta los $1100 en efectivo.

Aunque continúa vigente la Tarifa Social con un descuento del 55%, el aumento representa otro duro golpe para quienes utilizan el transporte todos los días para trabajar o estudiar.

Menos subsidios y conflicto con las empresas

Desde la Secretaría de Transporte justificaron los incrementos asegurando que buscan “reducir el atraso tarifario” y disminuir la dependencia de subsidios estatales. Según datos oficiales, las tarifas ferroviarias cubrían apenas el 2% del costo operativo en diciembre de 2023 y actualmente rondan el 5%.

Sin embargo, el aumento también se produce en medio de fuertes tensiones entre el Gobierno y las empresas de colectivos del AMBA. Las compañías denuncian que las tarifas siguen por debajo de la inflación y reclaman una deuda de $35.000 millones vinculada al denominado “atributo social”.

En las últimas semanas varias líneas redujeron frecuencias debido al aumento de costos operativos, especialmente por el combustible, perjudicando a miles de pasajeros que deben esperar más tiempo para viajar.

Más presión sobre la inflación

El nuevo tarifazo también tendrá impacto directo sobre la inflación de mayo. Según el INDEC, el rubro Transporte fue el que más aumentó en abril, con una suba del 4,4%.

Pese a todo, el Gobierno sostiene que las tarifas del AMBA continúan siendo las más bajas del país. Actualmente, el boleto mínimo cuesta alrededor de $1.900 en Santa Fe capital, $1.720 en Córdoba y Rosario, $1.550 en Mar del Plata y $1.140 en Neuquén.

El presidente Javier Milei salió en una fuerte defensa pública del economista José Luis Espert luego de que Fred Machado, empresario que financió parte de su actividad política, se declarara culpable en Estados Unidos por lavado de activos y fraude electrónico.

El mandatario aseguró que el dirigente liberal fue víctima de una “operación política y mediática infame” que destruyó su imagen y lo obligó a bajar su candidatura el año pasado.

El respaldo presidencial llegó después de conocerse que Machado, detenido desde noviembre en Oklahoma, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía norteamericana: admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y fraude, mientras que la acusación por narcotráfico fue retirada del expediente judicial.

A partir de este cambio en la causa, Milei utilizó sus redes sociales para reivindicar a Espert y cuestionar con dureza a los medios de comunicación. “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, expresó el jefe de Estado.

El Presidente también defendió la trayectoria personal y profesional del economista liberal. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, escribió Milei, quien cerró su mensaje ratificando su alianza política: “Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad”.

Sin embargo Machado reconoció ante la Justicia estadounidense haber encabezado una estructura dedicada a conspiración para lavar activos y fraude electrónico. Según la acusación, el empresario desarrolló maniobras fraudulentas vinculadas con la venta irregular de aeronaves pertenecientes a otras compañías.

Las figuras penales admitidas por Machado contemplan penas de hasta 20 años de prisión, además de multas económicas y libertad supervisada. Este lunes, el juez federal Amos Mazzant III deberá decidir si homologa el acuerdo alcanzado con la fiscalía.

La relación entre Espert y Machado había quedado expuesta durante la campaña electoral pasada, cuando trascendió que el economista utilizó aeronaves privadas del empresario para viajes políticos. Además, Espert reconoció haber recibido un adelanto de USD 200.000 en el marco de un contrato de consultoría por USD 1 millón para una empresa minera en Guatemala vinculada a Machado.

Desde el entorno de Milei y Espert sostienen que esos fondos provenían de actividades legales y que no existía ningún vínculo con el narcotráfico. No obstante, la confesión del empresario por delitos financieros volvió a poner bajo discusión el origen del dinero que financió parte de la estructura política liberal en sus inicios.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras asegurar que “la calidad de vida en Argentina, gracias a Trump, mejoró enormemente”, en una declaración que muchos interpretaron como un insólito gesto de adulación hacia el líder republicano estadounidense.

La frase fue pronunciada durante una entrevista en el programa de Alejandro Fantino, donde el mandatario desplegó su ya habitual combinación de tecnicismos económicos, agresividad verbal y referencias ideológicas.

En un tono exaltado, Milei defendió el rumbo de su programa económico y reivindicó el alineamiento político con Estados Unidos, aunque sorprendió al atribuirle indirectamente a Donald Trump una supuesta mejora en la calidad de vida de los argentinos. La afirmación generó desconcierto incluso entre sectores afines al oficialismo en especial considerando las políticas de proteccionismo económico impulsadas por Trump contrarias al dogma libertario de globalización económica.

Durante la entrevista, el Presidente también aprovechó para lanzar ataques contra economistas críticos, dirigentes opositores y periodistas, a quienes acusó de intentar desacreditar su gestión. Entre conceptos financieros y descalificaciones, Milei construyó un discurso cargado de épica ideológica y admiración hacia referentes internacionales de la derecha conservadora.

Las declaraciones se suman a una larga serie de intervenciones públicas en las que el mandatario prioriza los gestos políticos y las provocaciones discursivas, muchas veces por encima de explicaciones concretas sobre el impacto real de sus medidas económicas en una sociedad atravesada por el ajuste, la inflación y la caída del consumo.

A la persistente pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y la incertidumbre laboral, se suman crecientes cuestionamientos políticos y escándalos que erosionan la confianza pública y aceleran la caída de la imagen presidencial.

La crisis económica profundiza el desgaste del gobierno de Javier Milei y empieza a impactar de lleno en el humor social. A la persistente pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y la incertidumbre laboral, se suman crecientes cuestionamientos políticos y escándalos que erosionan la confianza pública y aceleran la caída de la imagen presidencial.

Según una nueva edición de QMonitor, el sistema de monitoreo estratégico elaborado por QSocial Big Data, apenas el 19% de los argentinos evalúa positivamente la situación económica del país, un desplome de 23 puntos respecto de diciembre. En paralelo, el 46% considera que la situación económica es directamente negativa y el pesimismo sobre el futuro no deja de crecer.

El informe correspondiente a mayo de 2026 registró la tercera caída consecutiva del clima social y ubicó a la economía como el principal factor de desgaste de la gestión libertaria. La percepción sobre la situación general del país también se deterioró fuertemente: la evaluación positiva cayó del 28% al 14% en apenas cuatro meses.

El impacto de la crisis ya atraviesa la vida cotidiana de millones de argentinos. El 75% de los hogares debió recortar gastos para llegar a fin de mes, mientras que el 58% asegura no tener capacidad de ahorro. Además, el 67% tuvo dificultades para pagar deudas o cuotas durante el último año.

La encuesta revela también un nivel creciente de fragilidad financiera. El 61% utilizó la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos como alimentos, servicios o medicamentos, y el 58% recurrió a ahorros previos para afrontar gastos corrientes del hogar. A esto se suma que el 65% considera que el Gobierno no está logrando controlar la inflación, percepción que aumentó 14 puntos desde febrero.

En el plano laboral, el deterioro también se hace evidente. Más de la mitad de los trabajadores considera que su empleo es poco o nada estable, mientras que el 37% sufrió una caída de ingresos o reducción de horas laborales en los últimos seis meses. Además, el 41% percibe señales de posibles despidos o recortes de personal, cifra que trepa al 55% en el Gran Buenos Aires.

El desgaste económico comienza además a traducirse en costos políticos concretos para Milei. El informe detectó una cuarta caída mensual consecutiva en la aprobación presidencial: la imagen positiva cayó del 36% al 32%, mientras que la negativa subió al 55%. En total, el Gobierno perdió 17 puntos de respaldo en apenas cinco meses.

Al mismo tiempo, se debilita el respaldo social al ajuste. A comienzos de año, el 43% consideraba que “las políticas de Milei son necesarias aunque duelan en el corto plazo”. Hoy, ese apoyo cayó al 32%, especialmente entre votantes independientes y sectores que anteriormente acompañaban al oficialismo.

En paralelo, los conflictos internos y las polémicas que rodean al Gobierno también comienzan a impactar en el terreno digital. QMonitor registró una caída histórica en las interacciones del Presidente en redes sociales: entre enero y abril, los “me gusta” de Milei cayeron 79% en Facebook, 66% en Instagram y 59% en X. En TikTok, directamente dejó de publicar y sus interacciones se desplomaron por completo.

El informe además señala un dato político llamativo: por primera vez desde el inicio de la gestión, un funcionario superó a Milei en interés digital. El vocero presidencial Manuel Adorni lo superó en búsquedas online en siete oportunidades entre marzo y mayo, impulsado por el escándalo de la denominada “cascada”, un episodio que volvió a poner al Gobierno en el centro de las controversias públicas.

Con una economía cada vez más deteriorada, señales de agotamiento social frente al ajuste y una sucesión de episodios que golpean la credibilidad oficial, el gobierno de Milei enfrenta uno de sus momentos de mayor desgaste desde que llegó al poder.

En las últimas horas, Patricia Bullrich volvió a cruzar con extrema dureza al jefe de Gabinete y dejó al descubierto el nivel de fractura que atraviesa al Gobierno, incluso después de los fuertes reproches que recibió del propio Presidente en la última reunión de gabinete.

Durante la sesión de este jueves en el Senado, la ex ministra de Seguridad mantuvo conversaciones reservadas con legisladores opositores y aliados en los pasillos del recinto, mientras se debatía el pliego del juez Carlos “Coco” Mahiques. Según reconstruyeron distintos senadores, Bullrich lanzó acusaciones demoledoras contra Adorni y hasta alentó a la oposición a avanzar políticamente contra él.

“Todos sabemos que Adorni está sucio”, habría afirmado la titular del bloque libertario, para luego agregar una frase que encendió alarmas dentro de la Casa Rosada: “No entiendo por qué Milei lo defiende”.

Las declaraciones impactaron aún más cuando Bullrich reveló que el Gobierno ya había evaluado desplazar políticamente a Adorni el año pasado. “Querían mandarlo como diputado porque había que bajarle el copete, ya se sabía lo que estaba haciendo”, comentó ante los legisladores, en referencia a la candidatura legislativa que el funcionario finalmente no asumió.

Pero el momento más explosivo llegó cuando, sin intentar disimular la profundidad de la interna, lanzó una frase que cayó como una bomba en el Senado: “Si ustedes lo quieren matar, mátenlo, no es mi problema”.

El trasfondo de las acusaciones es todavía más delicado porque Bullrich dejó entrever que Javier Milei y su entorno conocían desde hace tiempo las irregularidades atribuidas a Adorni. Esa sospecha alimenta versiones sobre una presunta cobertura política desde la cúpula del poder y profundiza el desgaste del Presidente en medio del escándalo.

La ofensiva de Bullrich no quedó limitada al Senado. En reuniones recientes con empresarios, gobernadores y dirigentes del denominado “círculo rojo”, la ex ministra volvió a cuestionar la continuidad de Adorni y hasta deslizó que el funcionario podría arrastrar políticamente al propio Milei. “Milei va a perder por Adorni”, repitió en distintos encuentros, según coinciden fuentes políticas.

En paralelo, dentro del establishment ya comenzaron a moverse sectores que observan a Bullrich como una posible alternativa presidencial para 2027 ante el deterioro de la imagen del mandatario. Las últimas encuestas reflejan un fuerte impacto del escándalo en la figura presidencial y alimentan la sensación de crisis dentro del oficialismo.

Así, el caso Adorni ya dejó de ser solamente un problema judicial o administrativo: se convirtió en el epicentro de una feroz disputa de poder dentro del Gobierno, con acusaciones cruzadas, operaciones internas y dirigentes que empiezan a posicionarse para un escenario de recambio político.

El FMI confirmó que la próxima semana aprobará un nuevo desembolso de US$1.000 millones para la Argentina, una medida que vuelve a exponer la dependencia del gobierno de Javier Milei de los dólares del organismo internacional pese a su discurso de autonomía económica y ajuste “sin asistencia”.

El Fondo Monetario Internacional informó que su directorio discutirá la revisión de metas del programa financiero argentino, paso clave para habilitar el giro destinado a reforzar las reservas del Banco Central y garantizar los pagos de deuda. La confirmación fue realizada por la vocera del organismo, Julie Kozack, durante su habitual conferencia semanal.

El desembolso llegará después de más de tres meses de demora y se enmarca en el acuerdo de facilidades extendidas firmado en 2025 por US$20.000 millones. Aunque el Gobierno insiste en presentar el programa económico como un modelo de independencia y disciplina fiscal, la administración de Luis Caputo continúa dependiendo de nuevos préstamos del FMI para sostener las reservas y afrontar vencimientos con el propio organismo.

De acuerdo con fuentes oficiales, el giro podría concretarse el próximo 20 de mayo y será utilizado principalmente para el repago de deuda con el Fondo, lo que profundiza el esquema de refinanciación permanente que mantiene condicionada la política económica argentina.

Durante la conferencia, Kozack elogió el “plan de estabilización” impulsado por Milei y aseguró que “continúa dando resultados importantes”. También destacó el compromiso del Gobierno con el déficit cero, al que el FMI considera el eje central del programa económico.

El organismo sostuvo además que la reducción de la inflación, la baja del riesgo país y la caída de la pobreza forman parte de los avances del actual programa. Sin embargo, el propio Fondo reconoció que la acumulación de reservas seguirá dependiendo de financiamiento externo y de nuevas compras de divisas.

Según las metas acordadas, la Argentina deberá incrementar sus reservas internacionales netas en al menos US$8.000 millones durante 2026, en gran medida a través de nuevo financiamiento en dólares. El dato refleja que, lejos de romper con la lógica de endeudamiento, el gobierno libertario continúa atado al respaldo financiero del FMI para sostener su esquema económico.

Desde la institución advierten que la decisión oficial no solo agrava la crisis presupuestaria, sino que tensiona al límite la relación con el Ejecutivo y pone en jaque la atención de más de 700 mil pacientes anuales.

El enfrentamiento entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno nacional alcanzó un nuevo punto crítico luego de que la casa de estudios denunciara el corte total en el envío de fondos operativos para su red de hospitales durante los primeros cuatro meses del año. Desde la institución advierten que la decisión oficial no solo agrava la crisis presupuestaria, sino que tensiona al límite la relación con el Ejecutivo y pone en jaque la atención de más de 700 mil pacientes anuales.

En un contexto de creciente confrontación, las autoridades universitarias calificaron la situación como una “asfixia financiera” y alertaron sobre el impacto inmediato en el sistema de salud. Como señal de la gravedad del conflicto, los directores de los centros médicos convocaron a una conferencia de prensa de urgencia para este martes a las 8:30 en las escalinatas del Hospital de Clínicas.

Según detalló la UBA, el Presupuesto 2026 contempla una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei no giró los fondos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril, acumulando una deuda cercana a los 20.000 millones. Esta retención, denuncian, paraliza la compra de insumos, el mantenimiento de infraestructura y el funcionamiento básico de los servicios sanitarios.

El impacto golpea de lleno a toda la red hospitalaria universitaria —incluidos el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto Roffo y el Lanari, entre otros— y suma un nuevo frente de conflicto en la disputa más amplia por el financiamiento del sistema público educativo. Sindicatos docentes y no docentes acusan al Ejecutivo de incumplir tanto la Ley de Financiamiento Universitario como el Presupuesto vigente, lo que profundiza la disputa en el plano legal e institucional.

La controversia se da en un escenario ya marcado por fallos judiciales adversos al Gobierno. Tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en 2025, la Justicia ratificó su validez y ordenó la ejecución de partidas clave, como salarios y becas. Pese a ello, el oficialismo apeló mediante un recurso extraordinario, lo que mantiene abierto un frente judicial que alimenta la tensión con las universidades.

Con el riesgo de paralización de los hospitales, la comunidad universitaria redobló la presión y se prepara para la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que prevé una convocatoria masiva en todo el país. La protesta se perfila como una nueva demostración de fuerza en un conflicto que ya desbordó lo presupuestario para convertirse en una pulseada política de alto voltaje.

En paralelo, el cruce también se trasladó al plano académico. El Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases en medio de los paros docentes, exigiendo planes de contingencia para resguardar el derecho a la educación. La respuesta de la UBA fue inmediata y en tono confrontativo: el vicerrector Emiliano Yacobitti ironizó sobre el planteo oficial y sostuvo que el propio Gobierno reconoce, con esa intimación, que no está garantizando ese derecho.

Yacobitti fue más allá y responsabilizó directamente a la Casa Rosada por la profundización de la crisis, al señalar que existe una política deliberada de desfinanciamiento. Así, el conflicto entre la UBA y el Gobierno suma nuevos capítulos y se encamina hacia una escalada mayor, con consecuencias que ya impactan tanto en la educación superior como en el sistema de salud público.

En medio de cuestionamientos por su deteriorada imagen pública y un escenario económico adverso, el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos, concretando así su cuarta visita al país norteamericano en lo que va del año.

Según informaron desde Casa Rosada, Milei disertará el miércoles 6 de mayo a las 18:00 (hora argentina) en la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, un foro que reúne a dirigentes políticos, empresarios y especialistas para debatir sobre los principales desafíos globales en materia económica, tecnológica y social. El encuentro, que este año lleva como lema “Liderando en una nueva era”, contará con la participación de referentes internacionales de distintos sectores.

La actividad marcará la segunda participación de Milei como expositor en este evento, que en ediciones anteriores tuvo entre sus figuras destacadas al ex presidente estadounidense Bill Clinton y a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Previo a su exposición, el Presidente mantendrá un encuentro con el fundador del Instituto Milken y un grupo reducido de empresarios. Finalizada su participación, la comitiva oficial emprenderá el regreso al país, con arribo previsto para la tarde del jueves.

El nuevo viaje internacional se produce en un contexto delicado a nivel local, con críticas crecientes por la situación económica y por la frecuencia de las giras presidenciales al exterior. A pesar de ello, desde el Gobierno sostienen que estas visitas forman parte de una estrategia para reforzar vínculos con el mundo financiero, tecnológico y empresarial, con especial énfasis en Estados Unidos.

La crisis en el Gobierno suma un nuevo foco de conflicto judicial con una acusación que agrava la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: ahora enfrenta un pedido de detención tras una denuncia por presuntas presiones a un testigo clave en la causa por enriquecimiento ilícito.

La diputada Marcela Pagano solicitó ante el juez Ariel Lijo que el funcionario sea apresado, al sostener que intentó “apretar” y condicionar la declaración del arquitecto Matías Tabar, considerado un testigo central. Según la presentación, Adorni habría mantenido contactos previos con el contratista, ofreciéndole “ayuda” e incluso sugiriendo la eliminación de mensajes vinculados a la causa, lo que configura —según la legisladora— una maniobra directa de entorpecimiento de la investigación.

El pedido se apoya en la doctrina “Irurzun”, que permite dictar prisión preventiva cuando existen riesgos de interferencia en el proceso, especialmente en casos de funcionarios con poder. Pagano argumentó que, al estar en ejercicio de su cargo, Adorni cuenta con capacidad suficiente para influir sobre testigos y el desarrollo del expediente, lo que agrava el escenario judicial.

La denuncia tomó fuerza tras la declaración de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. De acuerdo con versiones recogidas por la diputada, el contratista habría sido contactado para borrar conversaciones a cambio de beneficios. Este punto es clave, ya que podría implicar manipulación de pruebas en una causa donde aún restan testigos por declarar.

En paralelo, el testimonio del arquitecto también complicó la situación patrimonial investigada. Tabar describió pagos en efectivo, sin facturación ni recibos, por una remodelación integral de una vivienda en el country Indio Cuá. Según indicó, el primer desembolso fue de 35.000 dólares y el total de la obra habría alcanzado unos 245.000 dólares, todos abonados en efectivo y sin respaldo documental.

Ante este escenario, Pagano advirtió que medidas alternativas serían insuficientes para evitar nuevas interferencias, aunque propuso como opción restricciones estrictas como la prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte y peritajes sobre los dispositivos involucrados.

Así, la causa suma un nuevo eje crítico: no solo las sospechas sobre el origen de los fondos, sino también una denuncia por presunta manipulación de testigos que podría agravar significativamente la situación judicial del jefe de Gabinete.

Lejos de reactivar el turismo interno, el movimiento fue más débil: menos viajeros, estadías más cortas y un gasto cada vez más restringido marcaron la tendencia dominante.

El último fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un balance negativo que vuelve a poner en evidencia la pérdida de poder adquisitivo en la Argentina. Lejos de reactivar el turismo interno, el movimiento fue más débil: menos viajeros, estadías más cortas y un gasto cada vez más restringido marcaron la tendencia dominante.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre el 1° y el 3 de mayo —el cuarto fin de semana largo de 2026— se movilizaron 1.066.464 turistas en todo el país, con un impacto económico de $235.008 millones. Sin embargo, el dato central no es el volumen nominal, sino su composición: el gasto se concentró en consumos básicos como alimentos, bebidas y transporte, dejando en segundo plano las actividades recreativas.

El diagnóstico de la entidad es claro: hubo una desaceleración en la actividad turística. Los viajes fueron más austeros, con una estadía promedio de apenas dos días y un gasto real en retroceso. Predominaron las escapadas de cercanía, un indicador directo del ajuste en los bolsillos. Aunque se organizaron eventos en distintos puntos del país para incentivar la demanda, no alcanzaron para movilizar a un segmento de la población cada vez más condicionado por la caída de sus ingresos.

En la comparación interanual, la cantidad de turistas cayó un 8% respecto de 2025, aun considerando que el año pasado el feriado se extendió por cuatro días. Más significativo aún es el deterioro del gasto: el promedio diario por visitante fue de $110.181, con una baja real del 1,6%, mientras que el gasto total se desplomó un 32,9%. La duración de las estadías también se redujo con fuerza, un 25,9% menos que el año anterior.

TURISMO EN EL FERIADO DEL 1° DE MAYO ✈️

El cuarto fin de semana largo del año movilizó a 1.066.464 turistas 🧳 en todo el país, que generaron un impacto económico directo de $ 235.008 millones.

⬇️ En comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8% (el año pasado el fin… pic.twitter.com/mN6X6sXiRQ

— CAME (@redcame) May 3, 2026

Si bien frente a 2023 —cuando el feriado también fue de tres días— se registra un crecimiento del 16% en la cantidad de viajeros, el contexto actual muestra un patrón distinto: más personas viajando, pero gastando menos y por menos tiempo. Es decir, un turismo claramente más empobrecido.

Otro rasgo destacado fue la fuerte segmentación territorial: el movimiento se concentró en destinos con eventos específicos o atractivos consolidados, mientras que muchas plazas quedaron relegadas, evidenciando una demanda selectiva y limitada.

Ni siquiera el exterior escapa a la caída

El deterioro del poder adquisitivo no solo afecta al turismo interno. También impacta en los viajes al exterior, tradicionalmente asociados a sectores de mayores ingresos. En el primer trimestre del año, la cantidad de argentinos que viajaron fuera del país cayó de manera sostenida: un 8,5% interanual en enero, 10,7% en febrero y 19,9% en marzo, según el Indec.

Desde el sector, reconocen que la caída del consumo es generalizada. “Nos pasa lo mismo que al resto de las actividades: hay poco consumo, y eso golpeó fuerte al turismo emisivo”, señaló Aldo Elías, referente hotelero. Además, advirtió que la mejora de algunos indicadores macroeconómicos no se traduce en alivio para la economía cotidiana: sin recuperación del ingreso real, el consumo —y con él el turismo— sigue sin repuntar.

El balance del fin de semana largo es contundente: el turismo, históricamente sensible al humor económico, se consolida como uno de los termómetros más claros del ajuste. Menos viajes, más cortos y más austeros reflejan una realidad que se repite en distintos sectores: el ingreso no alcanza y el consumo se retrae.