La situación de José Luis Espert sumó un nuevo revés luego de que la Justicia de Estados Unidos declarara culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico a Federico “Fred” Machado, el empresario que financió su campaña presidencial de 2019 y que mantiene un estrecho vínculo con el economista libertario.

La resolución fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Tribunal del Distrito Este de Texas, quien homologó la declaración de culpabilidad presentada por Machado tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense. Aunque la pena aún deberá definirse una vez concluido el informe pre-sentencial, la responsabilidad penal del empresario ya quedó establecida.

La condena representa un nuevo golpe para Espert, ya que Machado no solo fue uno de los principales aportantes de su campaña presidencial, sino que además su nombre aparece en una investigación por lavado de dinero que involucra al legislador argentino.

Durante el proceso judicial, Machado admitió haber encabezado un esquema de fraude mediante el cual captó millones de dólares de inversores ofreciendo la venta de aeronaves que en realidad nunca estuvieron disponibles. La maniobra se realizaba a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, radicadas en Florida.

Como parte del acuerdo con la fiscalía, el empresario consiguió que se retirara el cargo de narcotráfico que pesaba sobre él desde 2020, un delito que contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión. A cambio, aceptó declararse culpable por lavado de dinero y fraude electrónico, dos delitos que prevén penas de hasta veinte años de cárcel cada uno, además de multas y el decomiso de bienes.

El expediente estadounidense tiene una derivación directa en la Argentina. Entre las pruebas incorporadas por la fiscalía de Texas figura una transferencia de 200.000 dólares enviada a José Luis Espert en enero de 2020 a través del Bank of America, operación vinculada a una aeronave utilizada por Machado en sus viajes al país.

Ese giro de dinero es investigado por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa por presunto lavado de dinero en la que Espert se encuentra imputado. El diputado sostiene que el pago correspondía a una supuesta consultoría por un proyecto minero en Guatemala que finalmente no prosperó debido a la pandemia, aunque la investigación judicial continúa en trámite.

Las revelaciones sobre el financiamiento recibido de Machado tuvieron además un fuerte impacto político. Tras conocerse la magnitud del vínculo económico entre ambos, Espert desistió de competir como principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Mientras la Justicia estadounidense avanza hacia la sentencia definitiva contra Machado, la condena del empresario vuelve a colocar bajo escrutinio la relación que mantuvo con Espert y agrega un nuevo elemento de presión sobre la situación judicial y política del economista libertario.

La líder de la Coalición Cívica aseguró que la iniciativa responde a intereses vinculados a magnates de Silicon Valley y al narcotráfico, y afirmó que incluso podría denunciar al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich por el delito de traición a la patria.

La discusión por el proyecto del Gobierno para modificar la ley de tierras sumó un nuevo foco de tensión tras las explosivas declaraciones de Elisa Carrió, quien acusó a la administración de Javier Milei de impulsar una iniciativa que pone en riesgo la soberanía nacional y favorece intereses extranjeros vinculados al poder tecnológico global y al narcotráfico.

La líder de la Coalición Cívica sostuvo que la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, actualmente en debate en el Senado, podría habilitar la entrega de territorios estratégicos, recursos naturales, agua y zonas de frontera a capitales extranjeros. “Es el modelo que quieren Peter Thiel, Silicon Valley y los narcos”, afirmó, al advertir que la Argentina podría convertirse en el primer laboratorio de un “tecnofeudalismo” donde existan “Estados sin impuestos dentro del Estado”.

Carrió reveló que analizó el último borrador del proyecto enviado por Patricia Bullrich y cuestionó especialmente el límite del 25% de tierras que podrían adquirir personas o sociedades extranjeras. Según explicó, ese porcentaje podría concentrarse en una misma provincia o en áreas sensibles de frontera, afectando la integridad territorial del país.

La exdiputada consideró que la reforma debilita los mecanismos de control estatal y sostuvo que la protección de las zonas fronterizas no puede quedar sujeta a decisiones de gobernadores o funcionarios del Poder Ejecutivo, ya que involucra directamente la soberanía nacional.

En ese marco, lanzó una de sus advertencias más contundentes al asegurar que, si la ley es aprobada, está dispuesta a denunciar penalmente al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich por el delito de traición a la patria. Además, afirmó que los impulsores del proyecto ya podrían estar alcanzados por el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe delegar facultades extraordinarias que comprometan el orden constitucional.

Durante la entrevista, Carrió vinculó la iniciativa con los intereses del empresario tecnológico Peter Thiel, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, y aseguró que detrás de la reforma existe un proyecto para facilitar el establecimiento de enclaves con escaso control estatal destinados a grandes corporaciones tecnológicas y otros actores con enorme capacidad financiera.

“¿Para qué reivindicar Malvinas si después permitimos que compañías extranjeras controlen territorios estratégicos?”, cuestionó, al insistir en que la reforma representa un riesgo para la integridad territorial argentina y profundiza la controversia en torno a uno de los proyectos más sensibles impulsados por el Gobierno.

El abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez, identificado con el espacio político de Javier Milei y con estrechos vínculos con el Presidente y su hermana Karina Milei, volvió a quedar en el centro de la polémica tras lanzar una serie de violentas declaraciones en el canal de streaming Carajo, donde llegó a proponer “bombardear con napalm el Conurbano”.

Los dichos fueron pronunciados durante una emisión del programa de streaming libertario La Trinchera, donde el militante oficialista Sarubbi Benítez describió al Conurbano bonaerense como “una inmensa porción de gente que ya no tiene salvación” y aseguró que allí “ya no hay retorno” por un supuesto problema “cultural y de marginalidad”.

Al enumerar posibles “soluciones”, el abogado afirmó que una de ellas sería la “esterilización”. “La primera sería, bueno, la esterilización, esa me gustó, de hecho es muy buena, en serio”, expresó, antes de redoblar la apuesta con nuevas propuestas de extrema violencia.

En ese sentido, planteó cercar todo el Conurbano con “un muro de 15 metros de altura con snipers arriba” para impedir el paso de personas y sostuvo que el ingreso y la salida del territorio deberían resolverse de manera “totalmente arbitraria”, según la “portación de cara” y definiendo previamente quiénes serían “las personas que uno considera que hay que salvar”.

🚨 Polémica en Carajo, el 6-7-8 libertario

Durante el programa La Trinchera, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez realizó una serie de polémicas declaraciones sobre el Conurbano bonaerense: habló de "esterilización", propuso "un muro de 15 metros con francotiradores" y planteó… pic.twitter.com/0YeAeveuJZ

— LaNoticia1.com (@lanoticia1) August 4, 2026

Propuesta libertaria: Aplicar la doctrina Gaza en el conurbano

Sin embargo, la declaración que provocó mayor repudio llegó cuando propuso utilizar armamento incendiario sobre la población. “La tercera, que quizás a priori presupuestariamente hablando puede parecer un poco cara, pero en realidad no lo es… es de todas las mañanas tirar napalm desde aviones“, afirmó durante la transmisión. En ese mismo intercambio, los participantes también hicieron referencias a la práctica militar conocida como “roof knocking”, utilizada por Israel en la Franja de Gaza.

Los fragmentos del programa se viralizaron rápidamente en redes sociales y despertaron una ola de cuestionamientos por el tenor de las expresiones, consideradas por numerosos usuarios como una apología de la violencia contra millones de bonaerenses.

La polémica también volvió a poner bajo la lupa al canal oficialista Carajo, no es la primera vez que sus contenidos generan rechazo: en emisiones anteriores ya había sido cuestionado por expresiones discriminatorias, ataques contra periodistas y dirigentes políticos, comentarios considerados homofóbicos y la utilización de una imagen generada con inteligencia artificial para ridiculizar a un dirigente político atribuyéndole rasgos de síndrome de Down.

Sarubbi Benítez, además, acumula denuncias por presuntos delitos de extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación de la ley antidiscriminatoria, antecedentes que vuelven a colocar sus declaraciones bajo un fuerte escrutinio público.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, lanzó una de sus críticas más duras contra el presidente Javier Milei al afirmar que “quiere llenar de ‘otras Malvinas’ todo el territorio de la República Argentina”, al cuestionar el proyecto oficial para modificar la Ley de Tierras.

“Milei ha sido mandado por el poder económico mundial de la ultraderecha a llenar el territorio argentino de otras ‘Malvinas’, es decir, enclaves extranjeros en suelo nacional cuyos ocupantes se apropian de los recursos en su beneficio y eluden nuestras leyes fundacionales“, sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, diferenció la ocupación británica de las Islas Malvinas de lo que, según afirmó, busca el Gobierno nacional: “Nuestras islas fueron ocupadas por la fuerza de las armas; las nuevas y múltiples ‘Malvinas’ que impulsa Javier Milei, desde La Quiaca hasta Ushuaia, serán ocupadas por efecto del proyecto de extranjerización del suelo argentino”.

MILEI QUIERE LLENAR DE “OTRAS MALVINAS” TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. EN ESO CONSISTE EL PROYECTO DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS.
NO A LA LEY DE EXTRANJERIZACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS

— Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) August 3, 2026

Espinoza aseguró que la iniciativa oficial representa un salto respecto de anteriores procesos de privatización. “Ya no se trata de ‘entregar a precio vil’ o de ‘vender al mejor postor’ el patrimonio nacional; ahora se trata de regalar nuestros recursos y convertir grandes porciones del territorio en propiedades privadas no reguladas por nuestras leyes”, afirmó.

El intendente también sostuvo que, mientras otros países protegen sus recursos estratégicos, “Javier Milei no”, y advirtió que el Gobierno pretende abrir la puerta a la apropiación extranjera de activos clave como el litio, el shale gas, el agua dulce, el shale oil y la producción agropecuaria.

“Argentina tiene litio para disputar el liderazgo mundial, cobre para transformar su matriz exportadora, oro, plata y uranio para desarrollar la energía nuclear. Pero Javier Milei procura regalarles las tierras que los contienen a sus jefes, los magnates mundiales“, remarcó.

Finalmente, Espinoza vinculó esta política con la situación de las Islas Malvinas y advirtió: “Hoy vemos cómo la producción de petróleo de nuestras Islas Malvinas se va a manos extranjeras. Si Javier Milei avanza con su Ley de Tierras, lo mismo pasará con todos nuestros recursos“.

Para cerrar, citó una frase de Manuel Belgrano: “Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzosamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación”, y concluyó: “Sigue vigente”.

La desregulación del sistema de practicaje impulsada por el ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, desató un fuerte conflicto que mantiene paralizados los principales puertos exportadores del país.

Un paro por tiempo indeterminado de los prácticos ya dejó 140 buques sin operar, provocando demoras, desvíos de cargas al exterior y un fuerte impacto sobre el comercio internacional argentino.

La medida de fuerza comenzó en la madrugada del lunes 3 de agosto en rechazo al Decreto 690/2026, que modifica las reglas de la actividad de prácticos y pilotos, profesionales indispensables para asistir a los capitanes en maniobras complejas y en la navegación por canales, pasos fluviales y accesos portuarios. Su conocimiento de las corrientes, profundidades y riesgos de cada zona resulta clave para la seguridad de las operaciones.

El Gobierno sostiene que la reforma elimina requisitos que considera obsoletos, habilita una mayor competencia entre prestadores, permite la libre contratación de prácticos por parte de los usuarios y actualiza las condiciones para eximir del uso obligatorio del servicio. Además, reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de la zona y dominio del inglés, en línea con estándares internacionales.

Sin embargo, el conflicto ya comenzó a generar fuertes consecuencias. En una nota enviada a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyM), el Centro de Navegación —que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino— advirtió que al menos 140 buques permanecen a la espera de la confirmación de los servicios de practicaje y pilotaje, una cifra que podría incrementarse con el correr de las horas a medida que nuevos barcos deban ingresar o salir de la Vía Navegable Troncal.

La entidad también alertó que varias operaciones previstas en puertos argentinos fueron canceladas y redireccionadas hacia el puerto de Montevideo y terminales del sur de Brasil. Según señalaron, la situación afecta a los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, los complejos del Up River, Quequén y Bahía Blanca, entre otros, provocando pérdidas de operaciones de transbordo que habían sido recuperadas para la Argentina tras años de trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Con el conflicto sin una resolución a la vista, crece la preocupación por el impacto económico de la paralización portuaria. La continuidad del paro amenaza con profundizar las demoras logísticas, encarecer los costos del comercio exterior y afectar el ingreso de divisas en uno de los sectores más estratégicos para la economía argentina.

La Casa Rosada sigue con preocupación el deterioro de la imagen digital del presidente Javier Milei, luego de que un estudio privado detectara un abrupto cambio en el humor de las redes sociales, uno de los principales bastiones políticos del mandatario desde su irrupción en la escena nacional.

El relevamiento advierte un fuerte crecimiento de los comentarios negativos en las publicaciones oficiales del Presidente y una marcada caída de la interacción en todas las plataformas, configurando un termómetro social cada vez más adverso para el oficialismo.

El informe, elaborado por la consultora QSocial, revela que el 80% de los comentarios en las publicaciones de Instagram de Milei son negativos, mientras que apenas el 20% mantiene una valoración positiva. La tendencia también se replica en Facebook y X, donde se observa una fuerte disminución de la participación de los usuarios y un incremento de las opiniones críticas.

La investigadora María Fernanda Ruíz explicó que el monitoreo combina una encuesta nacional con un seguimiento mensual de la actividad digital desde agosto del año pasado. Según sostuvo, ambos indicadores muestran un deterioro sostenido de la imagen presidencial. “Desde noviembre, y con mayor intensidad desde enero, observamos un declive tanto en la valoración de la gestión como en la territorialidad digital de Milei. A eso se suma una caída muy significativa de la actividad en sus redes oficiales y un crecimiento de la negatividad en los comentarios”, señaló.

Los datos reflejan un cambio drástico respecto de meses atrás. En Instagram, las interacciones —entre “me gusta”, comentarios y publicaciones compartidas— pasaron de 6 millones en enero a apenas 1,11 millones en junio. Paralelamente, la percepción de los usuarios se invirtió por completo: de un escenario con 80% de comentarios positivos y 20% negativos se pasó a otro con el 80% de críticas y solo el 20% de respaldo.

El fenómeno también alcanza al resto de las plataformas utilizadas por el Presidente. Según QSocial, la actividad en Facebook cayó un 79%, mientras que en X el descenso fue del 59%. En TikTok, además, Milei dejó de publicar contenido en su cuenta oficial, profundizando la pérdida de presencia digital.

El estudio incorpora además una encuesta nacional sobre 1.323 casos que refuerza las señales de desgaste en el humor social. La mitad de los consultados afirmó que ya no está dispuesta a seguir esperando una mejora económica, mientras que solo dos de cada diez dijeron que podrían mantener esa expectativa hasta las elecciones presidenciales de 2027.

El panorama se completa con otros indicadores preocupantes para el Gobierno. Apenas el 16% calificó como buena la situación actual del país, frente a un 48% que la consideró mala. Además, el 47% cree que la economía empeorará durante los próximos doce meses, el 61% manifestó no confiar en la capacidad del Gobierno para resolver los principales problemas del país y el 64% opinó que la gestión de Javier Milei gobierna para sectores específicos y no para el conjunto de la sociedad.

Respecto del ajuste económico, el 67% consideró que el esfuerzo realizado hasta el momento no valdrá la pena ni traerá beneficios futuros. En contraste, alrededor de un tercio de los encuestados respaldó las políticas económicas impulsadas por el oficialismo.

El informe refleja así un doble frente de preocupación para el Gobierno: mientras el respaldo social muestra signos de desgaste en las encuestas, también se deteriora el desempeño de Milei en las redes sociales, un terreno que hasta hace poco constituía uno de sus principales activos políticos y comunicacionales.

La crisis del mercado laboral argentino continúa agravándose. Mientras el empleo registrado acumula cientos de miles de puestos perdidos desde fines de 2023, el salario mínimo volvió a quedar rezagado frente a la inflación y ya perdió el 40% de su poder adquisitivo, ubicándose incluso por debajo de los niveles previos al colapso de la convertibilidad.

Así lo revela el último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, elaborado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

Los datos muestran que durante abril el empleo asalariado formal volvió a retroceder, con una pérdida de 8.400 puestos registrados respecto del mes anterior. En total, el país contabilizó 9,97 millones de trabajadores registrados, lo que representa 142.000 empleos menos que un año atrás y 330.000 menos que en noviembre de 2023.

El sector privado acelera la destrucción de empleo

La mayor parte de las pérdidas volvió a concentrarse en las empresas privadas, que eliminaron cerca de 11.700 puestos de trabajo durante abril. Con este resultado, el empleo privado acumula ocho meses consecutivos de caída y registra 235.000 puestos menos que al inicio de la actual gestión.

Actualmente existen alrededor de 6,14 millones de trabajadores privados registrados, prácticamente la misma cantidad que hace una década, reflejando el fuerte retroceso del mercado laboral formal.

Los indicadores más recientes muestran además que la tendencia continúa. La Encuesta de Indicadores Laborales registró nuevas bajas del empleo privado durante marzo, abril y mayo, sin señales de recuperación.

Industria y comercio, los sectores más golpeados

La destrucción de empleo volvió a impactar especialmente sobre la industria manufacturera y el comercio, dos actividades que concentran gran parte del trabajo formal del país.

Durante abril, la industria perdió 3.900 puestos registrados y el comercio eliminó otros 3.600 empleos, consolidando una tendencia negativa que se mantiene desde septiembre de 2025.

En la industria ya desaparecieron cerca de 86.000 puestos desde septiembre de 2023, mientras que la construcción continúa entre los niveles de empleo más bajos de toda la serie estadística, con 91.000 trabajadores menos respecto de su máximo alcanzado en 2023.

En total, nueve de las trece ramas de actividad relevadas registraron retrocesos durante abril.

Crece la economía, pero no genera empleo

Uno de los datos más preocupantes del informe es la creciente desconexión entre la actividad económica y el mercado laboral.

Aunque el nivel de actividad se ubicó en abril un 2,2% por encima del registrado en noviembre de 2023, el empleo privado continúa muy por debajo de aquel nivel. Según los investigadores, el crecimiento está impulsado por sectores con escasa capacidad de generar puestos de trabajo, por lo que la recuperación económica no se traduce en nuevas oportunidades laborales.

Incluso actividades con fuerte expansión, como la minería, aumentaron su producción mientras reducían personal registrado.

La crisis laboral alcanza a casi todo el país

El deterioro del empleo formal ya tiene alcance nacional. Durante abril, quince provincias perdieron trabajadores registrados, mientras solo ocho lograron incrementarlos.

Santa Fe encabezó la destrucción de empleo en términos absolutos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, concentrando buena parte de los puestos eliminados durante el mes.

El salario mínimo se desploma y perfora niveles históricos

La pérdida de empleo viene acompañada por un fuerte deterioro de los ingresos.

El salario mínimo alcanzó en junio los $367.800 mensuales, pero volvió a perder frente a la inflación y acumuló doce meses consecutivos de aumentos inferiores al alza de los precios.

Desde noviembre de 2023 perdió alrededor del 40% de su poder adquisitivo y, según el informe, su valor real ya se encuentra por debajo del registrado antes de la crisis de 2001. Además, representa apenas un tercio del poder de compra que alcanzó en su máximo histórico de 2011.

🗞️#EDILEnLosMedios

El informe Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones citado en @Cronistacom en diálogo con @roxana_maurizio https://t.co/0W87OZMcY5

— EDIL-IIEP (@edil_iiep) August 3, 2026

Los salarios registrados también siguen perdiendo

El deterioro no se limita al salario mínimo. De acuerdo con un relevamiento de Invecq y los datos del INDEC y del SIPA, los salarios de los trabajadores registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación durante mayo.

Las remuneraciones del sector privado registraron una nueva caída en términos reales, mientras que los empleados públicos sufrieron un deterioro aún mayor. En promedio, durante los primeros cinco meses de 2026 los salarios formales acumularon una pérdida cercana al 3% frente al mismo período del año anterior.

En el caso del empleo público, el retroceso resulta todavía más profundo: los salarios reales ya se ubican casi un 18% por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y más de un 40% por debajo de los máximos registrados una década atrás.

Los datos reflejan un escenario de creciente fragilidad para el mercado laboral argentino, donde la destrucción de empleo formal se combina con una persistente pérdida del poder adquisitivo, afectando tanto a los trabajadores como al consumo y a la actividad económica en su conjunto.

El resultado representa uno de los peores desempeños electorales del oficialismo nacional desde que llegó al poder y vuelve a encender señales de preocupación por el deterioro de su imagen registrado en los últimos sondeos de opinión publica.

El Frente Cívico, liderado por el gobernador Gerardo Zamora, se impuso con amplitud en la mayor parte del territorio provincial. En la capital santiagueña obtuvo más del 60% de los votos, mientras que La Libertad Avanza, pese al fuerte despliegue de campaña y a la presencia de referentes nacionales, apenas superó el 12%, quedando muy lejos de disputar el triunfo.

La candidata libertaria Beatriz Yunez había cerrado su campaña acompañada por los dirigentes Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, en un intento por potenciar la lista local que finalmente no logró traducirse en un mejor desempeño en las urnas.

Las principales apuestas del oficialismo nacional eran La Banda y Termas de Río Hondo, pero en ambos distritos los resultados estuvieron muy por debajo de las expectativas.

En La Banda, el segundo municipio más importante de la provincia, la participación electoral fue inferior al 40% del padrón. Allí el Frente Cívico superó el 50% de los votos y recuperó la ciudad después de dos décadas de administraciones peronistas, mientras que La Libertad Avanza apenas rozó el 5%.

En Termas de Río Hondo, el peronismo dio la sorpresa al volver al gobierno municipal tras veinte años de hegemonía del Frente Cívico. En ese escenario, la lista libertaria terminó en el último lugar con apenas 4,71% de los votos.

Tras la magra cosecha electoral, las críticas se concentraron en Tomás Figueroa, principal armador de La Libertad Avanza en Santiago del Estero y dirigente cercano al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pese a haber conseguido el respaldo público de figuras nacionales como Diego Santilli y Patricia Bullrich durante la campaña, el espacio no logró consolidar una estructura competitiva ni capitalizar esos apoyos en las urnas.

El revés santiagueño se suma a una serie de resultados adversos para el oficialismo en distintos distritos y alimenta las dudas sobre la capacidad de La Libertad Avanza para construir poder territorial de cara a los próximos desafíos electorales.

Sin mencionarlo directamente por su nombre, lo señaló como un integrante de la “casta política”, lo acusó de atentar contra la institucionalidad y le exigió que “respete el voto popular”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que este le reclamara públicamente que renunciara si no comparte el rumbo del Gobierno. Sin mencionarlo por su nombre, lo señaló como un integrante de la “casta política”, lo acusó de atentar contra la institucionalidad y le exigió que “respete el voto popular”.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió Villarruel en su cuenta de X.

La titular del Senado defendió además la legitimidad de la fórmula presidencial que integró junto a Javier Milei y remarcó que ambos fueron elegidos por la ciudadanía. “Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, disparó.

Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria.

Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 31, 2026

El mensaje llegó después de que Santilli calificara de “barbaridad” y “disparate” las recientes declaraciones de la Vicepresidenta y sostuviera que, si no está de acuerdo con el Gobierno, debería “dar un paso al costado”, formar su propio espacio y competir electoralmente.

La disputa profundiza la crisis interna del oficialismo, que se agravó tras las recientes críticas de Villarruel al presidente Javier Milei. Días atrás, la vicepresidenta expresó su “genuina preocupación” por el estado mental del mandatario y aseguró que el jefe de Estado difunde “persecuciones imaginarias”, en respuesta a acusaciones de la diputada libertaria Lilia Lemoine.

En ese contexto, el enfrentamiento con Santilli volvió a dejar expuesta la creciente fractura dentro del Gobierno nacional.

El relevamiento, realizado por la consultora QSocial sobre 1.323 casos en todo el país, expone un escenario de creciente descontento. La mitad de los consultados respondió que “ya no puede esperar más” para que las medidas del Gobierno tengan un impacto positivo en su economía cotidiana.

El respaldo social al ajuste económico del gobierno de Javier Milei muestra señales de desgaste. Una encuesta nacional reveló que el 50% de los argentinos afirma que ya no está dispuesto a seguir soportando los efectos de las políticas económicas a la espera de una mejora en su situación personal, mientras crece el pesimismo sobre el futuro del país.

El relevamiento, realizado por la consultora QSocial sobre 1.323 casos en todo el país, expone un escenario de creciente descontento. La mitad de los consultados respondió que “ya no puede esperar más” para que las medidas del Gobierno tengan un impacto positivo en su economía cotidiana. En contraste, apenas el 20% aseguró que está dispuesto a esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027, un 10% hasta fin de este año y un 8% hasta mediados de 2027, mientras que el 12% no tomó una posición.

La percepción sobre la situación actual también refleja un fuerte malestar. Solo el 16% calificó el presente como “bueno”, frente a un 35% que lo definió como “regular” y un 48% que consideró que el país atraviesa un momento “malo”. Aunque el 31% cree que Argentina está mejor que en diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia, esa visión no alcanza para revertir el clima de incertidumbre.

Las expectativas hacia adelante tampoco son alentadoras para el oficialismo. El 47% de los encuestados considera que dentro de un año la economía estará peor, mientras que apenas el 26% espera una mejora y un 21% cree que permanecerá igual.

El estudio también muestra cuáles son las principales preocupaciones de la población. El trabajo y la pobreza encabezan la lista, ambos con el 21% de las menciones, seguidos por la corrupción (19%), la inflación (11%), la inseguridad (8%) y el funcionamiento de la Justicia (6%).

La confianza en la capacidad del Gobierno para revertir esa situación también aparece debilitada: el 61% cree que la administración de Milei no podrá resolver esos problemas, frente a un 32% que mantiene expectativas positivas.

Además, una amplia mayoría cuestiona el rumbo de las políticas oficiales. El 64% considera que el Presidente gobierna “para algunos sectores”, mientras que solo el 25% cree que lo hace “para la mayoría de la población”.

El rechazo al ajuste económico también es contundente. El 67% de los consultados no comparte la idea de que las políticas actuales sean necesarias aunque impliquen sacrificios en el corto plazo y el mismo porcentaje considera que el esfuerzo que hoy realiza la sociedad no terminará valiendo la pena. Los resultados reflejan un creciente agotamiento social frente a un ajuste que, para buena parte de la población, no muestra resultados concretos en la vida cotidiana.