La nueva planta de ABSA, ubicada en Ensenada, producirá 8.400 bidones diarios y permitirá al Estado bonaerense dejar de contratar a empresas privadas para el embotellamiento.

En medio de la disputa política por el rol que debe ocupar el Estado en la economía, el gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró en Ensenada la primera planta embotelladora de agua potable de Aguas Bonaerenses (ABSA). La obra representa una apuesta concreta por ampliar las capacidades productivas de una empresa estatal y garantizar desde el sector público la provisión de un recurso esencial.

La instalación cuenta con capacidad para producir 8.400 bidones por día y permitirá que ABSA deje de tercerizar el embotellamiento con proveedores privados. Para ponerla en funcionamiento se construyó un nuevo edificio de acopio, se incorporaron equipos y se acondicionó el circuito de tratamiento de agua.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; y el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Durante el acto, Kicillof presentó la iniciativa como parte de una estrategia más amplia para recuperar y fortalecer las capacidades del Estado provincial. “Estamos llevando adelante una verdadera transformación en ABSA: recuperamos capacidad operativa, incorporamos vehículos y avanzamos con una nueva planta que permitirá duplicar la potabilización de agua y que estará finalizada el próximo año”, sostuvo.

El gobernador remarcó además que la recuperación de la empresa pública no implica solamente una cuestión de eficiencia, sino también de derechos. “Esto es eficiencia, pero también es justicia social: una empresa estatal fortalecida para brindar un mejor servicio en 100 municipios de la provincia”, afirmó.

Ensenada tiene lista la primera planta embotelladora de @ABSAOficial y 62 vehículos destinados a la limpieza y desobstrucción de colectores.

La planta tiene capacidad para producir 8400 bidones diarios y junto a las camionetas y camiones forma parte de las políticas preventivas… pic.twitter.com/XAIWOLHJoM

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 28, 2026

Una señal política frente al modelo de Milei

La puesta en marcha de la embotelladora tiene, además, una fuerte carga política. Mientras el Gobierno nacional impulsa privatizaciones, reducción del Estado y transferencia de actividades estratégicas al sector privado, la Provincia de Buenos Aires apuesta por ampliar la capacidad de sus empresas públicas.

Kicillof volvió a utilizar la inauguración para cuestionar el rumbo de la administración de Milei y reivindicar un modelo de Estado presente.

“Mientras Milei vuelve a impulsar privatizaciones y abandona obras que después se deterioran, nosotros demostramos que una empresa pública puede invertir, mejorar su funcionamiento y dar resultados”, afirmó el mandatario bonaerense.

En esa línea, recordó las experiencias de privatización de décadas anteriores y sostuvo que la Provincia eligió transitar un camino diferente: “La Argentina ya atravesó procesos de privatización que terminaron en vaciamiento y fracaso. En la Provincia estamos orgullosos de ir en otra dirección: trabajo bonaerense, empresa estatal y resultados”.

El mensaje de Kicillof busca así instalar una diferencia de fondo: frente a un Gobierno nacional que propone retirar al Estado de distintas áreas de la economía, la administración bonaerense reivindica su capacidad para producir, invertir y gestionar directamente bienes y servicios esenciales.

La discusión adquiere particular relevancia cuando se trata del agua, un recurso indispensable que la Provincia plantea administrar bajo una lógica de servicio público y no exclusivamente bajo criterios de rentabilidad privada.

Más inversión y capacidad operativa para ABSA

La jornada también incluyó la entrega de 60 nuevas camionetas pick up y dos camiones destinados a tareas de limpieza y desobstrucción de colectores cloacales. Con estas incorporaciones, la flota de ABSA alcanzó las 236 unidades.

Obed destacó que la nueva infraestructura forma parte de la decisión de fortalecer la empresa estatal para mejorar la prestación del servicio. “Esta obra es una muestra más de la decisión de fortalecer ABSA para que pueda cumplir cada vez mejor con su responsabilidad de brindar un servicio esencial”, sostuvo.

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, profundizó el contraste con la política nacional. “En tiempos donde el Gobierno nacional repudia el rol del Estado, nosotros estamos demostrando cómo una empresa pública puede crecer y mejorar”, afirmó.

La inauguración de la primera embotelladora provincial se convierte así en un símbolo de la disputa entre dos modelos de gestión: uno que propone achicar el Estado y avanzar con privatizaciones, y otro que busca recuperar capacidades públicas y mantener bajo gestión estatal recursos y servicios considerados esenciales.

Para Kicillof, la planta de Ensenada no es solamente una nueva instalación productiva. Es una demostración de que el Estado también puede producir, invertir y gestionar eficientemente; y una respuesta política al proyecto nacional que promueve la privatización y el repliegue del sector público.

El grupo de Paolo Rocca cuestionó el rumbo económico y advirtió que el “orden macro” ya no alcanza. Frente al avance de China y la crisis de sectores industriales, reclamó una estrategia que vaya más allá de los recursos naturales y permita recuperar tecnología, conocimiento y valor agregado.

Una fuerte advertencia sobre el rumbo económico surgió desde el propio corazón del empresariado industrial. Techint alertó que la Argentina corre el riesgo de profundizar la reprimarización de su economía si el Gobierno de Javier Milei mantiene como principal horizonte el desarrollo de los sectores que generan dólares rápidamente, sin una política destinada a fortalecer la industria, la tecnología y las cadenas de valor nacionales.

Durante el tradicional Boletín Informativo Techint, Javier Martínez Álvarez, vicepresidente del Grupo Techint, sostuvo que “Argentina requiere una profunda reflexión para aprovechar una oportunidad histórica”, frente al avance de China, la guerra comercial y el nuevo escenario de la economía mundial.

El mensaje fue claro: el orden macroeconómico era necesario, pero ya no alcanza como programa de desarrollo. Para el holding de Paolo Rocca, la Argentina necesita comenzar a definir qué sectores productivos quiere preservar, cuáles pretende desarrollar y cómo incorporará conocimiento y tecnología para evitar quedar reducida a una economía exportadora de recursos naturales.

“Lo que determina el ingreso futuro de un país no es solamente cuánto exporta, sino cuán diversa y sofisticada es la red de conocimientos y capacidades que sustentan aquello que se produce”, planteó Martínez Álvarez. Y remarcó: “Limitarse a la renta de los recursos naturales no alcanza: el desafío es construir más conocimiento, más capacidades y más valor agregado”.

El riesgo de una Argentina cada vez más primaria

La preocupación expuesta en el encuentro apunta directamente al corazón del modelo económico oficial. Vaca Muerta, la minería y el agro pueden generar una importante cantidad de divisas, pero no necesariamente garantizan por sí mismos un proceso de desarrollo industrial.

El riesgo es que la Argentina termine exportando petróleo, gas, minerales y productos agropecuarios mientras importa cada vez más bienes industriales y tecnológicos.

Marcos Buscaglia, fundador de Alberdi Partners, sintetizó esa amenaza al advertir que, si no se modifica el rumbo, “Argentina tiene una posibilidad de una economía donde el sector primario crece fuertemente”.

El problema, según Buscaglia, es que no aparece el impulso necesario al sistema científico, tecnológico e institucional. “Sí vamos a crecer, pero con un crecimiento más pobre”, alertó.

La definición resulta especialmente significativa porque cuestiona la idea de que cualquier crecimiento del PBI implique necesariamente desarrollo. Una economía puede crecer por el aumento de sus exportaciones primarias y, al mismo tiempo, perder complejidad productiva, empleo industrial y capacidades tecnológicas.

China expone las debilidades del modelo

El avance de China constituye el otro gran frente de preocupación. Mientras el gigante asiático aumenta su capacidad industrial y busca nuevos mercados para colocar su producción, la industria argentina enfrenta una competencia cada vez mayor.

En Techint plantearon que la respuesta no puede ser simplemente abrir la economía y esperar que las empresas locales sobrevivan por su propia capacidad de adaptación. La inserción internacional, sostienen, debe ser estratégica y definir qué sectores resultan fundamentales para el desarrollo nacional.

Un directivo industrial citado durante la jornada puso como ejemplo a Brasil, que mantiene vínculos comerciales con China pero también aplica barreras antidumping para proteger determinados sectores.

Leland Miller, cofundador y CEO de China Beige Book y miembro de la U.S.-China Economic & Security Review Commission, fue todavía más explícito: el desafío consiste en identificar qué industrias nacionales podrían desaparecer si no se las protege y desarrolla frente a la competencia china.

La discusión, por lo tanto, no pasa por romper relaciones con China, sino por evitar que la Argentina quede integrada al mundo en una posición subordinada: exportando materias primas e importando productos elaborados.

El “drama tecnológico” argentino

El problema industrial se combina con otro déficit estructural: la pérdida de capacidades científicas y tecnológicas.

Ricardo Hausmann, fundador y director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, cuestionó la idea de que una macroeconomía ordenada sea suficiente para garantizar el crecimiento sostenido.

Según los datos expuestos durante el encuentro, China cuenta con un 40% más de investigadores por millón de habitantes que Argentina y genera 113 veces más patentes.

“La brecha de ingresos no se cierra porque se amplió la brecha tecnológica”, advirtió Hausmann, quien además señaló que “la complejidad económica argentina no está subiendo, ha estado bajando”.

El diagnóstico deja expuesta una de las principales contradicciones del modelo: mientras Argentina apuesta a atraer inversiones hacia sus recursos naturales, sus capacidades para desarrollar tecnología, industria y productos de mayor valor agregado continúan rezagadas.

El peligro del modelo de enclaves

Andrés López, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET, advirtió sobre el riesgo de consolidar un modelo de enclaves, en el que grandes proyectos extractivos generan exportaciones y divisas pero mantienen débiles vínculos con el resto de la economía.

La comparación con Australia, Canadá y Noruega resulta clave. Esos países lograron desarrollar cadenas de proveedores, investigación, innovación y capacidades tecnológicas alrededor de sus recursos naturales.

Argentina, en cambio, todavía presenta enormes dificultades para transformar su riqueza natural en una plataforma de industrialización.

El contraste tecnológico es contundente: mientras Noruega registra un índice de patentamiento en petróleo y gas de 0,76 en relación con su participación en la producción global, Argentina apenas alcanza 0,007.

“No vamos en camino de construir los activos complementarios que nos permitan ir diversificando las exportaciones”, sostuvo López. Y resumió el problema: “No es que nos falta capacidad inventiva: lo que falta es todo lo demás”.

La advertencia que interpela al modelo de Milei

El planteo surgido del encuentro de Techint deja así una advertencia de fondo para el Gobierno: la estabilidad macroeconómica puede ser una condición necesaria, pero no constituye por sí sola un modelo de desarrollo.

Si la política económica concentra sus esfuerzos en petróleo, gas, minería y agro, mientras la industria enfrenta importaciones crecientes, cae el consumo y se debilitan las capacidades tecnológicas, la Argentina corre el riesgo de profundizar una estructura primario-exportadora que ya demostró sus límites históricos.

El desafío no es solamente producir más y exportar más. Es producir mejor, agregar valor, desarrollar tecnología, generar empleo calificado y construir cadenas industriales capaces de competir internacionalmente.

Por eso, la advertencia de Techint resulta particularmente incómoda para el rumbo oficial: hasta uno de los principales grupos industriales del país señala que no alcanza con ordenar la macroeconomía ni con apostar a los recursos naturales. Sin una estrategia industrial y tecnológica, la Argentina puede crecer en dólares y, al mismo tiempo, retroceder en desarrollo.

Estados Unidos amplió por 90 días el ingreso de carne vacuna magra sin aranceles para reforzar la oferta de carne molida. Brasil aparece entre los principales beneficiados, mientras la Argentina no podrá aprovechar el nuevo cupo por contar ya con una cuota específica.

El gobierno de Donald Trump abrió una nueva ventana para el ingreso de carne vacuna a Estados Unidos sin aranceles, con un volumen de hasta 300.000 toneladas durante 90 días. La medida comenzará a regir el 1° de septiembre de 2026 y permitirá el ingreso de hasta 100.000 toneladas mensuales hasta alcanzar el límite establecido.

La decisión busca incrementar la disponibilidad de carne destinada principalmente a la elaboración de carne molida, en un escenario marcado por la menor oferta interna y la reducción del stock ganadero estadounidense. Sin embargo, la apertura no representa una nueva oportunidad para todos los países exportadores.

Argentina quedó afuera del nuevo beneficio. La razón es que el país ya cuenta con un contingente arancelario específico para ingresar carne vacuna al mercado estadounidense. Por lo tanto, no podrá aprovechar el cupo adicional habilitado por la administración Trump.

La misma situación alcanza a Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, que también disponen de cuotas específicas. En cambio, Brasil aparece en una posición más favorable, ya que actualmente no cuenta con un cupo preferencial específico para sus exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos y podría aprovechar la ampliación dispuesta por Washington.

Una oportunidad que Argentina no podrá aprovechar

Según la proclamación de la Casa Blanca, el nuevo esquema tendrá una vigencia de tres meses y estará destinado exclusivamente a determinados cortes magros. La carne deberá utilizarse para ser mezclada con producción estadounidense en la elaboración de carne molida.

Además, los productos deberán comercializarse con un descuento cercano al 25% respecto de los valores habituales de importación, con el objetivo de aumentar la oferta y contribuir a contener los precios para los consumidores estadounidenses.

La medida tampoco modifica los compromisos comerciales de Estados Unidos con los países que poseen tratados de libre comercio ni altera las condiciones de las naciones que ya cuentan con contingentes específicos.

Así, mientras Brasil puede encontrar una nueva puerta de entrada al estratégico mercado estadounidense, la Argentina deberá continuar operando bajo su cuota habitual.

La decisión vuelve a poner en evidencia las limitaciones que enfrenta la industria cárnica argentina para ampliar su participación en uno de los mercados más importantes del mundo. El alineamiento político entre Javier Milei y Donald Trump no se traduce, en este caso, en un beneficio comercial adicional para las exportaciones argentinas, mientras competidores regionales pueden aprovechar la nueva oportunidad abierta por Washington.

El Gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés judicial luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara inconstitucional un artículo de la reforma laboral que establecía un mecanismo perjudicial para los trabajadores al momento de actualizar sus indemnizaciones.

La decisión representa un importante límite al avance de una reforma cuestionada por afectar derechos laborales y reducir el valor real de los resarcimientos.

El fallo de la Sala I, firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, cuestionó el artículo 55 de la Ley 27.802 y sostuvo que la disposición viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, además del artículo 14 bis, que establece garantías específicas para los trabajadores.

La sentencia se originó a partir del despido de un trabajador de un lavadero y concluyó que el artículo cuestionado “no supera el examen de constitucionalidad”. Según explicó el juez Catani, incluso aplicando el piso mínimo establecido por la propia norma —el 67% del importe resultante de actualizar el capital según la variación del IPC más una tasa del 3% anual— el mecanismo terminaba provocando “la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Uno de los principales cuestionamientos de la Justicia fue que la norma colocaba en una situación todavía más desfavorable a quienes debían recurrir a los tribunales para reclamar una indemnización. Para Catani, esa diferencia resulta irrazonable porque no se basa en la naturaleza del crédito ni en la fecha en que se generó, sino exclusivamente en el hecho de que el trabajador haya tenido que judicializar su reclamo.

El magistrado remarcó además que el artículo 55 sometía a un régimen menos favorable precisamente a quienes habían acudido al Poder Judicial para obtener tutela de sus derechos, algo que contradice el principio constitucional que impide imponer cargas o perjuicios por ejercer legítimamente el derecho de reclamar ante la Justicia.

En la misma línea, el fallo rechazó la posibilidad de aplicar la denominada “doctrina del esfuerzo compartido”, al considerar que la Constitución no habilita a distribuir entre trabajador y empleador la pérdida del valor de un crédito que corresponde al primero.

De esta manera, la Justicia estableció un límite concreto a una de las disposiciones más cuestionadas de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Si bien la declaración de inconstitucionalidad no implica automáticamente el regreso al régimen anterior a la Ley 27.802, el tribunal determinó que deberán aplicarse los parámetros previstos en su artículo 54.

Ese artículo establece que los créditos derivados de las relaciones laborales deben actualizarse según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, más una tasa de interés del 3% anual sobre el capital actualizado hasta el momento del efectivo pago.

El fallo constituye así un importante freno judicial al intento del Gobierno de reducir el alcance económico de las indemnizaciones laborales y reafirma que cualquier modificación de las reglas de trabajo debe respetar las garantías establecidas por la Constitución. Para los trabajadores, la decisión representa un respaldo frente a una reforma que buscaba reducir el costo de las indemnizaciones y una señal de que los derechos laborales no pueden ser avasallados sin límites.

El costo de viajar volverá a dispararse en septiembre y sumará presión sobre los bolsillos de millones de argentinos. Colectivos, trenes y subtes tendrán nuevos aumentos, en un escenario donde el transporte vuelve a encarecerse por encima de la inflación general.

La suba se sumará a los incrementos previstos para septiembre en agua, luz, gas, peajes, prepagas y colegios privados, configurando otro mes de fuerte presión sobre los gastos cotidianos de las familias.

Colectivos: aumentos que duplican la inflación

A pesar de que la inflación de julio fue del 2,1%, los colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires volverán a aumentar por encima de ese índice. Aunque resta la oficialización de las respectivas jurisdicciones, las tarifas se incrementarían 4,1% en CABA y 4,3% en PBA.

En la Ciudad, el boleto mínimo pasaría de $852,90 a $887,87, mientras que en la provincia treparía de $1.111,19 a $1.158,97.

En territorio bonaerense, además, los pasajeros deberán afrontar tarifas de hasta $2.043,84 para recorridos superiores a 27 kilómetros.

Trenes: una suba que golpea con fuerza

El impacto también llegará a los trenes. Desde el 1° de septiembre, el boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca y Belgrano Norte y Sur pasará de $420 a $480 para usuarios con SUBE registrada.

Se trata de un incremento del 14,29%, muy por encima de la inflación de julio, lo que representa un nuevo encarecimiento del costo de trasladarse diariamente.

Subtes: otro aumento en plena presión sobre los ingresos

Los subtes porteños tampoco quedarán al margen. La tarifa aumentará alrededor de 4% y llegará a $1.753.

Para quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo será todavía mayor: $2.541,10 para el subte y $975,54 para el premetro. En tanto, los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $613,55, mientras que la tarifa estudiantil llegará a $245,42.

De esta manera, septiembre volverá a comenzar con un nuevo golpe al bolsillo. Para quienes dependen del transporte público para trabajar, estudiar o realizar sus actividades cotidianas, cada aumento implica destinar una porción mayor de sus ingresos a algo tan básico como trasladarse.

Con tarifas que avanzan por encima de la inflación en varios casos, el costo de viajar se convierte nuevamente en una pesada carga para millones de trabajadores, mientras se acumulan aumentos en servicios esenciales y otros gastos familiares.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados calificó de “llorones” a quienes tienen deudas y aseguró que algunos dejaron de pagar los televisores que compraron para ver el Mundial porque “Argentina no salió campeón”.

En una polémica e insólita declaración, Bertie Benegas Lynch responsabilizó a los propios endeudados por los altos niveles de morosidad y cuestionó los proyectos de la oposición que buscan brindar asistencia a quienes no pueden afrontar sus compromisos financieros.

El legislador libertario sostuvo que muchas personas tomaron créditos para comprar un televisor “para el Mundial” y que, tras la eliminación de Argentina, decidieron no pagar sus deudas. “Ahora que Argentina no salió campeón, no quieren pagar la deuda”, afirmó.

Benegas Lynch rechazó así cualquier abordaje general del problema del endeudamiento y cuestionó la idea de “defender a los deudores”. “Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero en las estadísticas se agarra todo”, argumentó el economista, que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

El diputado también acusó a sus pares de la oposición de sostener un supuesto “discurso contra el sistema financiero”, al mismo tiempo que impulsan medidas que, según su interpretación, terminarían funcionando como un rescate para los bancos.

La polémica se profundizó con la intervención de Patricia Vázquez, diputada de la bancada libertaria, quien planteó una particular interpretación sobre quién se encuentra en una situación de vulnerabilidad: “¿Ustedes quieren que salgamos a bancar al acreedor?”. Y agregó: “¿Quién es el que está en situación de debilidad? El acreedor, porque es el que supuestamente no puede cobrar”.

Las declaraciones de ambos legisladores generaron cuestionamientos por trasladar la responsabilidad de la creciente morosidad a los propios deudores, en lugar de poner el foco en el deterioro de los ingresos y la capacidad de pago de los hogares. El planteo libertario reduce así un problema económico que afecta a miles de familias a una supuesta falta de voluntad de quienes contrajeron las deudas.

La fiscalía encontró gastos por $43 millones superiores a los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen todavía no estaría corroborado. El insólito plazo otorgado por la justicia vuelve a poner bajo la lupa el abultado patrimonio de Adorni y alimenta las sospechas sobre su origen.

El juez federal Ariel Lijo le otorgó otros 15 días hábiles a Manuel Adorni para que intente justificar el origen de sus bienes, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión genera fuertes interrogantes, especialmente porque la fiscalía ya detectó importantes inconsistencias en las cuentas del exfuncionario.

El fiscal Gerardo Pollicita reclamó explicaciones sobre 20 puntos vinculados con dólares declarados, operaciones inmobiliarias y distintos movimientos de dinero. Entre las principales observaciones aparecen $43 millones en gastos que superarían los ingresos familiares y unos US$400.000 cuyo origen no estaría debidamente acreditado.

La defensa de Adorni solicitó la prórroga argumentando que no había podido acceder a documentación mencionada en el expediente. Así, el exfuncionario consiguió 15 días adicionales para reunir explicaciones y documentación con las que intentar despejar las dudas sobre su patrimonio.

La investigación también puso el foco en un incremento patrimonial registrado durante su paso por la función pública, además de los bienes y movimientos económicos de su cónyuge. La Justicia analiza la trazabilidad de los fondos declarados ante los organismos correspondientes.

Mientras tanto, las inconsistencias siguen sin explicación. El dato que más indignación genera es que, frente a diferencias millonarias y cientos de miles de dólares cuyo origen no estaría corroborado, la respuesta judicial sea otorgar más tiempo para justificar un patrimonio que ya se encuentra bajo sospecha.

Si las explicaciones finalmente no resultan satisfactorias, Adorni podría ser citado a indagatoria, lo que elevaría aún más la gravedad de una investigación que continúa acumulando interrogantes.

Se filtraron los explosivos mensajes que Javier Milei le habría enviado a Agustín Laje luego de que el titular de la Fundación Faro cuestionara el rumbo económico del Gobierno. “Hijo de puta”, “traidor” y “ya vas a ver” habrían sido algunas de las expresiones utilizadas por el Presidente, que luego bloqueó al dirigente.

El episodio, revelado por el periodista Alejandro Bercovich en C5N, expone una severa crisis interna en el entorno presidencial y muestra hasta qué punto las críticas sobre la marcha de la economía generan tensión dentro del oficialismo.

Según el relato, Milei se encontraba en la Quinta de Olivos cuando vio una entrevista de Laje, uno de sus principales defensores ideológicos y referentes de la denominada “batalla cultural” libertaria. El politólogo había marcado diferencias con el Gobierno y advertido sobre el deterioro de la situación social y económica.

Entre sus cuestionamientos, Laje sostuvo que “no le estaba mejorando el metro cuadrado a la gente”, advirtió que el péndulo político podía ir “para el otro lado” y remarcó que “la gente no come batalla cultural”. Las declaraciones habrían desatado la furia presidencial.

De acuerdo con Bercovich, Milei totalmente sacado tomó su teléfono y comenzó a enviarle mensajes en mayúsculas, con fuertes insultos y amenazas. Poco después, habría bloqueado al titular de la Fundación Faro, profundizando una crisis que amenazaba con provocar una nueva ruptura dentro del armado libertario.

La intervención de Santiago Caputo

La escalada del conflicto habría obligado a intervenir a Santiago Caputo, uno de los principales operadores políticos del Gobierno, para evitar que Laje abandonara la Fundación Faro, espacio central para el despliegue ideológico y político del oficialismo.

El episodio resulta particularmente significativo porque Laje no es un dirigente opositor: es uno de los principales referentes intelectuales del universo libertario y estuvo estrechamente vinculado a la construcción de la “batalla cultural” impulsada por el Gobierno.

El fuerte enfrentamiento revela así una fractura que va más allá de una disputa personal. Las diferencias sobre la situación económica y social comienzan a atravesar incluso al núcleo de aliados que hasta ahora habían sido fundamentales para defender el proyecto de Milei.

La reacción del Presidente también expone una creciente dificultad para procesar las críticas internas en un momento en que el malestar económico amenaza con convertirse en uno de los principales problemas políticos del oficialismo.

Según Bercovich, el episodio con Laje habría sido apenas un anticipo de la ira que posteriormente Milei descargó en sus discursos ante empresarios. La “batalla cultural” que el Gobierno convirtió en una de sus principales banderas empieza así a chocar con una realidad incómoda: las críticas sobre la economía ya no llegan solamente desde la oposición, sino también desde sus propios aliados.

El polémico consultor político de Javier Milei, detenido en Bolivia y acusado en una causa por el asesinato de su pareja embarazada, desembarcó en el estratégico negocio de los servicios portuarios del Gran Rosario.

Su ingreso a Sanabria SRL se produjo a través de una financiera vinculada a él y fue seguido por una rápida obtención de autorizaciones nacionales, en un mercado caracterizado por las altas barreras de acceso y la fuerte concentración.

Fernando Cerimedo, uno de los operadores políticos vinculados al universo libertario, consiguió ingresar a un negocio estratégico y de alto valor económico de la Hidrovía Paraná-Paraguay: los servicios portuarios y navales del complejo agroexportador del Gran Rosario.

El desembarco se produjo a través de Sanabria SRL, una empresa radicada en Puerto General San Martín, a unos 35 kilómetros de Rosario, que originalmente funcionaba como guardería náutica y luego se reconvirtió para prestar servicios navales. Entre sus actividades se encuentra la provisión de diésel para remolcadores de barcazas, un negocio estratégico, dolarizado y concentrado en pocos operadores.

El ingreso de Cerimedo se concretó mediante Surlibre Inversiones, una financiera vinculada al consultor que, en julio de 2024, adquirió el 30% de Sanabria SRL. Según registros societarios citados por LPO, la operación implicó el traspaso de 150 cuotas sobre un total de 500.

Una habilitación que despierta interrogantes

Para comenzar a operar en la Hidrovía, Sanabria necesitaba obtener autorizaciones de la Agencia de Puertos y Vías Navegables, organismo que depende del área conducida por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según fuentes del sector citadas por LPO, la velocidad con la que Sanabria consiguió las autorizaciones nacionales llamó especialmente la atención, debido a las dificultades que habitualmente enfrentan las empresas que buscan ingresar a este mercado.

Empresarios vinculados a la actividad portuaria sostienen que se trata de un sector con fuertes barreras de entrada y que el acceso a las habilitaciones requiere importantes inversiones y contactos con funcionarios de alto nivel. En ese contexto, el denominado “trámite exprés” para la reconversión de Sanabria aparece como uno de los principales interrogantes alrededor del desembarco de Cerimedo.

La operación societaria se produjo apenas dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. El funcionario, vinculado al macrismo, quedó a cargo de un área estratégica para la administración de la principal vía navegable del país y del proceso de privatización de la Hidrovía.

Un negocio estratégico y millonario

El caso adquiere especial relevancia por la dimensión económica de la Hidrovía y el peso que tienen los servicios portuarios en el complejo agroexportador argentino. La provisión de combustible para remolcadores, los servicios navales y las actividades vinculadas al tránsito de barcazas constituyen negocios de enorme importancia para el comercio exterior.

De acuerdo con empresarios del sector, ingresar a ese mercado resulta particularmente complejo. Por eso, la rapidez con la que una empresa parcialmente controlada por una firma vinculada a Cerimedo obtuvo autorizaciones nacionales genera dudas y cuestionamientos dentro del propio sector portuario.

Mientras tanto, desde la Municipalidad de Puerto General San Martín señalaron que Sanabria todavía tenía pendiente parte de la documentación necesaria para completar su habilitación local y afirmaron desconocer tanto la presencia de Cerimedo como su vínculo con Surlibre Inversiones.

La expansión empresarial del operador libertario

El desembarco en la Hidrovía se suma a la expansión del entramado empresarial de Cerimedo tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El consultor, conocido por su actividad política y comunicacional, incorporó durante ese período sociedades vinculadas con inversiones, tecnología y energía.

Su situación judicial en Bolivia agregó otro elemento de controversia. El consultor se encuentra detenido en ese país y enfrenta una investigación penal, mientras la fiscalía reconstruye movimientos financieros y el origen de fondos que habrían pasado por una casa de cambios.

En paralelo, cobró relevancia una supuesta vinculación con la CAF. Uno de sus abogados sostuvo que el organismo regional financiaba una consultoría que Cerimedo habría realizado para el gobierno boliviano, aunque la institución negó tener una relación contractual con el consultor.

La CAF sí aprobó en marzo de 2025 un crédito de 150 millones de dólares para un programa de infraestructura y logística del Gran Rosario, que incluye un componente destinado al fortalecimiento del sector portuario.

Aunque el organismo negó haber contratado a Cerimedo, su desembarco en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario vuelve a poner bajo la lupa la magnitud de los negocios construidos por el operador libertario y, especialmente, sus vínculos con áreas estratégicas bajo control del Gobierno nacional.

La pregunta que queda instalada en el sector es inevitable: ¿cómo logró una empresa vinculada a Cerimedo ingresar con tanta rapidez a uno de los mercados más concentrados y estratégicos del país?

Según la investigación judicial, el ex agente de la SIDE habría comandado durante décadas una estructura que operaba locales nocturnos y cabarets en la Ciudad de Buenos Aires y Cancún.

Raúl Luis Martins Coggiola, ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue extraditado desde México hacia la Argentina y quedó a disposición de la Justicia federal, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa una presunta trama de crimen organizado, corrupción y extorsiones que durante años habría tenido ramificaciones en ámbitos políticos, judiciales y empresariales.

La causa tramita ante el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, y tiene como eje una investigación de extrema gravedad. Martins está procesado como presunto jefe de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres, trata de personas, proxenetismo, asociación ilícita y lavado de activos.

Según la investigación judicial, el ex agente habría comandado durante décadas una estructura que operaba locales nocturnos y cabarets en la Ciudad de Buenos Aires y Cancún. La acusación sostiene que mujeres eran captadas mediante falsas promesas laborales y posteriormente sometidas a la prostitución, mientras la organización habría utilizado bares, cafés y whiskerías como fachada para desarrollar sus actividades.

El expediente tomó impulso en 2012 a partir de una denuncia presentada por Lorena Martins, hija del acusado, con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. En sus declaraciones, denunció el presunto entramado de protección institucional que habría permitido el funcionamiento de la organización y apuntó a los contactos que su padre habría conservado dentro de los servicios de inteligencia y otros sectores de poder.

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación son las denuncias sobre la utilización de cámaras ocultas y filmaciones realizadas dentro de los establecimientos. Según lo expuesto en el expediente y en declaraciones públicas, ese material habría sido utilizado para ejercer presión y presuntamente extorsionar a personas vinculadas con la política, la Justicia y el mundo empresarial.

En ese contexto, Lorena Martins también sostuvo públicamente que su padre mantenía una relación de amistad y negocios con Mauricio Macri y realizó acusaciones sobre el supuesto destino de fondos provenientes de los locales nocturnos. Se trata de señalamientos formulados en el marco de las denuncias y que deberán ser establecidos o descartados por la Justicia.En su presentación, incluso sostuvo que el dinero habría sido entregado en un sobre en una dependencia de la Ciudad. Se trata de una acusación que deberá ser corroborada en el ámbito judicial.

A estas denuncias se sumó una fotografía difundida públicamente en 2012, en la que Mauricio Macri aparece junto a Juliana Awada y Gabriel Conde en el local nocturno Mix Sky Lounge, de Cancún. Según Lorena Martins, el establecimiento formaba parte del entramado de negocios que habría estado bajo control de su padre. La imagen volvió a cobrar relevancia en el marco de las acusaciones sobre los presuntos vínculos entre Martins y sectores cercanos al poder político.

La historia judicial de Martins se remonta a octubre de 2019, cuando fue detenido en el aeropuerto de Cancún por personal de Interpol luego de que la Justicia argentina emitiera una alerta roja internacional. Tras años de recursos judiciales y un período de prisión domiciliaria en México, finalmente se concretó su extradición.

Su llegada a la Argentina vuelve a abrir una causa que durante años permaneció atravesada por acusaciones de impunidad, protección institucional y presuntas extorsiones. Ahora, Martins deberá enfrentar a la Justicia federal y responder por las graves imputaciones que pesan sobre él, mientras la investigación vuelve a poner bajo el foco los vínculos que la presunta organización habría mantenido con sectores del poder.