La crisis económica profundiza su impacto sobre el sector productivo: la mora empresarial aumentó un 53% interanual y casi 2.000 compañías ingresaron en incumplimiento durante septiembre. Entre las familias, más de 6,3 millones de personas registran dificultades crediticias y los casos de deuda irrecuperable más que se duplicaron desde enero de 2025.

La crisis económica comienza a mostrar una de sus caras más preocupantes: el endeudamiento ya no golpea solamente a los hogares, sino que también pone contra las cuerdas a miles de empresas. En septiembre, otras 1.937 firmas cayeron en mora y el universo de compañías con atrasos en el sistema bancario llegó a 58.982, con un salto del 53% en apenas doce meses, según un informe de Fidelitas.

Los números exponen el deterioro de la capacidad de pago del sector empresario en una economía atravesada por la debilidad del consumo, la caída de la actividad en ramas clave y el encarecimiento del financiamiento. Con tasas elevadas y ventas que no alcanzan para recomponer los ingresos, cada vez más compañías enfrentan dificultades para cumplir sus obligaciones, sostener sus operaciones y financiar inversiones. La alarma crece ante el riesgo de que esta situación termine profundizando la paralización productiva y la pérdida de puestos de trabajo.

La situación de las familias tampoco ofrece señales tranquilizadoras. Aunque la cantidad de personas físicas con algún grado de mora bajó un 1,1% en septiembre, hasta los 6,3 millones de CUITs, la mejora se concentró en los atrasos más recientes. En contraste, los casos más graves continúan escalando: 3,7 millones de CUITs ya se encuentran en situación crediticia 5, considerada irrecuperable, frente a los 1,8 millones de enero de 2025. En ese período, la cifra más que se duplicó.

El deterioro también aparece en el crédito a los hogares. Según un relevamiento de EcoGo y la Universidad Austral correspondiente a agosto de 2026, la morosidad alcanzó el 18,4% del monto total de los préstamos a familias. Se trata de un aumento de 9,8 puntos porcentuales interanuales y de 22 meses consecutivos de subas, una señal contundente de las dificultades crecientes para llegar a fin de mes y cumplir con las deudas.

La situación es todavía más delicada en el financiamiento no bancario, donde la irregularidad alcanzó el 31,7% del crédito, prácticamente el doble del 16,1% registrado en el sistema financiero tradicional. En provincias como Misiones, la mora de los proveedores no financieros llegó al 39,6%, mientras que en San Luis trepó al 37,3%. El encarecimiento del crédito y la acumulación de obligaciones impagas profundizan así la vulnerabilidad de los sectores que recurren a estas alternativas de financiamiento.

El mapa provincial también refleja fuertes desigualdades. La Rioja encabeza los niveles de morosidad familiar por monto, con el 26,2%, seguida por Santa Cruz y San Luis, ambas con el 24,2%. En el extremo opuesto aparecen La Pampa, con el 9,6%, y la Ciudad de Buenos Aires, con el 12,5%.

La combinación de empresas endeudadas, familias con dificultades para pagar y crédito cada vez más caro enciende una señal de alarma sobre la profundidad de la recesión. El Sistema de Evaluación de Riesgo Fidelitas se ubicó en 37,7 puntos y permaneció en la categoría de riesgo elevado. Aunque algunos indicadores muestran mejoras parciales, el deterioro crediticio y la debilidad de la actividad siguen condicionando cualquier recuperación.

La brecha entre sectores económicos agrava el panorama. Mientras la minería sostiene un desempeño favorable, la construcción retrocedió un 4,4% interanual y la industria manufacturera cayó un 3,2%, de acuerdo con los datos incorporados al informe. El superávit comercial tampoco alcanza para compensar el deterioro de las actividades que dependen del mercado interno y generan empleo.

A esta fragilidad se suma el costo del financiamiento. Las tasas elevadas encarecen los préstamos, restringen el consumo y postergan las inversiones, mientras empresas y familias deben destinar una porción cada vez mayor de sus recursos a cubrir compromisos financieros. El resultado es un círculo de difícil salida: menos consumo, menor actividad, ingresos debilitados y más incumplimientos.

El escenario financiero también enfrenta desafíos hacia 2027, cuando los vencimientos de deuda soberana alcanzarían los 25.000 millones de dólares entre capital e intereses, según el informe. La evolución de las reservas y la capacidad de refinanciamiento serán variables centrales en una economía que todavía no logra consolidar una recuperación amplia.

Los datos dejan al descubierto una contradicción central del programa económico: la estabilidad de algunos indicadores financieros convive con una creciente asfixia crediticia de empresas y hogares. Detrás de las cifras de mora hay compañías con dificultades para sostenerse, familias cada vez más comprometidas con sus deudas y sectores productivos que siguen perdiendo dinamismo. La crisis ya no se mide únicamente en inflación o caída del consumo: también se refleja en la incapacidad creciente de pagar lo que se debe.

El juez federal Martín Cormick sancionó al jefe de Gabinete con una multa de $100.000 por cada día de incumplimiento de la cautelar que obliga al Gobierno de Javier Milei a recomponer los salarios universitarios y actualizar los fondos para becas. La decisión llega a horas de una nueva Marcha Federal Universitaria y vuelve a poner en el centro de la escena el conflicto entre el Ejecutivo y las universidades públicas.

La Justicia avanzó contra el Gobierno nacional por no acreditar el cumplimiento de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). A pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Cormick hizo efectiva la sanción económica contra Santilli, luego de que vencieran dos prórrogas de cinco días sin que el Ejecutivo demostrara haber acatado la resolución.

La multa se aplicará por cada jornada de demora y el magistrado dejó abierta la posibilidad de extender las sanciones a otros integrantes del gabinete libertario. La decisión constituye una nueva presión judicial sobre una administración que mantiene el conflicto presupuestario con las universidades públicas, pese a las resoluciones que respaldan la aplicación de la norma.

Salarios atrasados y becas, en el centro del reclamo

La cautelar exige recomponer de manera inmediata los ingresos del personal docente y no docente para compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, además de actualizar las partidas destinadas a las becas estudiantiles.

Según las estimaciones incorporadas a la causa, la recomposición salarial prevista equivale a un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025. La ley también establece actualizaciones periódicas vinculadas con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y contempla la actualización de los fondos para sostener a los estudiantes.

El Gobierno argumentó que otorgó aumentos y mantuvo las negociaciones paritarias, pero el juez consideró insuficientes las pruebas presentadas para demostrar el cumplimiento efectivo de la orden judicial.

La cautelar sigue vigente pese a la ofensiva del Gobierno

La medida fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, según los antecedentes del expediente, la Corte Suprema rechazó el 25 de junio un recurso presentado por el Estado.

En paralelo, continúa la controversia por el decreto 759/2025, cuyo artículo que condicionaba la aplicación de la ley a la disponibilidad presupuestaria fue declarado inconstitucional. La apelación del Gobierno sobre esa cuestión de fondo no suspendió los efectos de la cautelar.

La sanción contra Santilli se produce en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, en un escenario de reclamos por salarios, becas y financiamiento. La Justicia puso un costo económico diario al incumplimiento: el Gobierno deberá responder por no demostrar que acata una orden judicial que exige garantizar los recursos previstos por ley para las universidades públicas.

Mientras Luis Caputo promete un rápido rebote de la economía, el Presidente sorprendió con una explicación insólita para justificar la demora: el crecimiento se evalúa a un siglo. El ajuste se siente hoy, pero para disfrutar de la prosperidad que promete el Gobierno parece que habrá que tener paciencia por varias generaciones.

Javier Milei volvió a correr el arco de las expectativas económicas. Cuestionado por las promesas de recuperación del ministro de Economía, Luis Caputo, y por la demora en la reactivación del consumo y la industria, el Presidente salió a relativizar los indicadores de corto plazo con una frase que parece sacada de un manual para justificar promesas incumplidas: “En general se mira a 100 años, pero, como estamos en política, miramos de a cuatro”.

La explicación presidencial abre un interrogante inevitable: si el Gobierno asegura que la economía está a punto de despegar, ¿por qué necesita ahora un horizonte de cien años para evaluar sus resultados? La respuesta de Milei parece sencilla: cuando los números del presente incomodan, siempre se puede ampliar el calendario.

El problema es que el ajuste de la motosierra no se mide a cien años. Los recortes, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para sostener el consumo se sienten todos los días. Las familias no pueden postergar el pago del alquiler, las tarifas o los alimentos hasta el próximo siglo, por más que el Presidente invite a observar la economía con una perspectiva centenaria.

Milei defendió su programa económico y atribuyó las dificultades de determinados sectores a la volatilidad internacional y al reordenamiento de los precios relativos. También destacó los avances en energía, minería y balanza comercial, con especial énfasis en Vaca Muerta y las exportaciones de hidrocarburos.

Sin embargo, el crecimiento de algunos sectores exportadores no resuelve por sí solo las dificultades del mercado interno. Una cosa es exhibir récords de producción energética y otra muy distinta es conseguir que la recuperación llegue a los comercios, las fábricas y los bolsillos de los trabajadores.

El mandatario también insistió en que su gestión debe evaluarse a partir de la supuesta situación heredada en diciembre de 2023 y defendió el superávit fiscal y la desregulación como pilares de una futura expansión económica. Pero esa argumentación vuelve a chocar con las expectativas que el propio Gobierno alimentó al anunciar una recuperación acelerada.

La contradicción es evidente: Caputo proyecta el rebote, Milei pide paciencia y la sociedad sigue esperando resultados concretos. Si la actividad no despega al ritmo prometido, el horizonte se estira; si los indicadores mensuales no acompañan, se invoca el largo plazo.

En definitiva, el Gobierno parece haber encontrado una nueva unidad de medida para la recuperación: el siglo. La motosierra funciona en tiempo presente, pero la prosperidad prometida todavía no tiene fecha cierta de llegada. Y mientras Milei invita a pensar en los próximos cien años, millones de argentinos necesitan saber cómo van a llegar a fin de mes.

El abogado Gregorio Dalbón presentó un pedido de detención contra el ministro de Economía, el titular del Banco Central y el director de la entidad por las operaciones con derivados de oro que, según la AGN, dejaron un saldo negativo de más de mil millones de dólares. También solicitó la prohibición de salida del país y medidas para evitar una eventual obstrucción de la investigación.

El escándalo por las operaciones con oro del Banco Central escala en los tribunales y golpea de lleno al equipo económico de Javier Milei. El abogado Gregorio Dalbón pidió la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet, a quienes vinculó con las operaciones financieras realizadas durante 2025 que terminaron con un resultado negativo de US$ 1.023 millones, según la Auditoría General de la Nación (AGN).

La presentación fue realizada ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo la investigación. Dalbón apuntó a presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, y reclamó que se investigue el papel de cada uno de los funcionarios involucrados.

Pero el pedido no se limita a las detenciones. El abogado también solicitó que los tres funcionarios tengan prohibido salir del país, que se les restrinja el acceso a las áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía donde se conserva documentación relevante para la causa y que no puedan comunicarse con funcionarios, auditores o testigos vinculados con la investigación.

Más de mil millones de dólares bajo sospecha

El núcleo del escándalo son las operaciones con derivados de oro que realizó el BCRA durante 2025. De acuerdo con los datos citados de la auditoría, las transacciones arrojaron pérdidas por $1.400.793 millones —equivalentes a US$ 960,2 millones— en opciones y otros $68.362 millones —US$ 62,8 millones— en primas de opciones.

En contraste, la tenencia de oro registró una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones. El balance de estas operaciones financieras quedó bajo cuestionamiento por su impacto y por la necesidad de esclarecer cómo se tomaron las decisiones que derivaron en semejante resultado negativo.

La dimensión del monto vuelve inevitable una pregunta: ¿quién autorizó las operaciones, bajo qué criterios se realizaron y quién debe responder por sus consecuencias? La AGN, presidida por Juan Manuel Olmos, advirtió que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud en el organismo.

Dalbón apuntó contra Caputo y denunció una posible obstrucción

En declaraciones televisivas, el abogado sostuvo que las operaciones deben investigarse bajo las figuras de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También planteó la hipótesis de asociación ilícita y señaló a Caputo como posible jefe, una calificación que deberá ser evaluada por la Justicia.

Dalbón también cuestionó el desempeño de los funcionarios ante los organismos de control y afirmó que existen elementos que, a su entender, demostrarían intentos de obstruir la investigación y declaraciones falsas durante la auditoría. Esas afirmaciones forman parte de sus argumentos y deberán ser corroboradas judicialmente.

El abogado puso además el foco en el juez Lijo y el fiscal Pollicita, al reclamar que investiguen el destino de las operaciones y que tomen en serio las medidas solicitadas.

El expediente tiene otro antecedente: el 10 de agosto, la diputada Marcela Pagano había denunciado penalmente a Caputo y Bausili por la presunta desaparición de casi $4 billones de fondos públicos que, según sostuvo, quedaron sin un destino públicamente trazable.

La legisladora cuestionó entonces la respuesta atribuida al presidente del Banco Central —«En algún lado están»— y reclamó explicaciones sobre el manejo de los recursos.

Aunque se trata de planteos que deben analizarse en sus respectivos expedientes, ambas controversias alimentan los interrogantes sobre la transparencia en la administración de los fondos públicos y el funcionamiento de los mecanismos de control durante la gestión libertaria.

La Justicia tiene la palabra

El pedido de detención coloca a Caputo, Bausili y Curutchet en el centro de una controversia judicial de enorme relevancia económica e institucional. La investigación deberá determinar cómo se ejecutaron las operaciones, qué información manejaban sus responsables, si hubo irregularidades y si corresponde atribuirles responsabilidad penal.

Por ahora, la solicitud de Dalbón no equivale a una orden de detención ni demuestra por sí misma la comisión de delitos. Pero la magnitud de las pérdidas informadas por la AGN y los cuestionamientos sobre la transparencia de las operaciones exigen respuestas documentadas.

Más de mil millones de dólares en pérdidas y una investigación que apunta a las máximas autoridades económicas: el manejo del oro del Banco Central se convirtió en otro frente judicial

Los informes detectaron contrataciones por fuera de los mecanismos legales, medicamentos con diferencias millonarias de precios y graves fallas en los controles médicos e informáticos. Además, una empresa privada mantuvo acceso privilegiado al sistema del organismo durante más de tres años sin un contrato formal. Los hallazgos profundizan las sospechas de corrupción en la gestión de Diego Spagnuolo y comprometen al Gobierno.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos comprometedores para el Gobierno de Javier Milei. Tres auditorías realizadas entre octubre de 2025 y abril de 2026 detectaron irregularidades en las compras de medicamentos, prótesis, insumos médicos y sillas de ruedas durante la gestión de Diego Spagnuolo, con diferencias de precios de hasta 1.068% y operaciones realizadas al margen de los procedimientos obligatorios del Estado.

Uno de los casos más impactantes fue la compra del medicamento Macitentán, utilizado para tratar la hipertensión arterial pulmonar. En febrero de 2025, una droguería facturó cada unidad a $5.299.081, mientras que otra empresa vendió el mismo producto a $453.621 apenas un mes después. La diferencia fue de casi $4,85 millones por unidad. También se detectaron variaciones de precios en medicamentos oncológicos e inmunosupresores, además de preferencias por determinados proveedores sin justificaciones documentadas.

Las auditorías revelaron que la ANDIS realizó adquisiciones sin utilizar el sistema obligatorio COMPR.AR, sin licitaciones ni comparación documentada de ofertas y sin fundamentos legales suficientes para recurrir a contrataciones directas. El problema alcanzó también a compras de medicamentos por $11.925 millones para Entre Ríos y $837 millones para Neuquén, que no contaban con respaldo documental de convenios o adendas vigentes durante el período examinado.

Las fallas no fueron solamente administrativas. Los auditores encontraron expedientes sin constancias de evaluación médica, ausencia de controles sobre las solicitudes de medicamentos y remitos firmados por personas cuya relación con los beneficiarios no pudo acreditarse. En una muestra de 219 expedientes, que representaba $29.713 millones en compras, también detectaron 21 casos por $2.510 millones en los que los domicilios de entrega consignados en las órdenes no coincidían con los de los remitos de recepción.

Otro hallazgo comprometedor involucra a GMS SA, una empresa tecnológica que mantuvo durante más de tres años el mantenimiento y soporte de un sistema informático de la ANDIS sin un contrato formal vigente. La firma contaba con accesos privilegiados a la base de datos y al sistema operativo del organismo. Los auditores, además, no pudieron verificar que el código fuente entregado en enero de 2026 correspondiera efectivamente con la versión en funcionamiento. La empresa aparece mencionada en la investigación judicial por corrupción en la agencia y había continuado como contratista estatal durante la gestión libertaria.

Los resultados se conocen mientras avanza la causa judicial que investiga un presunto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos. En febrero de 2026, el juez Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, en una investigación que estimó un desvío de al menos $6.000 millones. Los procesamientos no equivalen a una condena, pero los hallazgos administrativos agregan elementos que deberán ser examinados en el expediente.

El dato más grave es que las irregularidades alcanzaron a un organismo del que dependen personas con discapacidad que necesitan medicamentos oncológicos, tratamientos para trasplantes y prótesis, muchas veces sin alternativas fuera del sistema público. Mientras el Gobierno de Milei hizo de la reducción del gasto estatal una de sus principales banderas, las auditorías exponen serias deficiencias en el control de miles de millones de pesos y abren interrogantes sobre quiénes se beneficiaron con las contrataciones y qué responsabilidades corresponden a los funcionarios involucrados.

El presidente de la Cámara de Diputados obtuvo un crédito de la banca pública por $197,4 millones para Gentech, la empresa de suplementos dietéticos de la que es titular. La firma saldó esa deuda en marzo, pero volvió a recibir otro préstamo por $18 millones. El caso suma un nuevo capítulo a la polémica por los créditos del Banco Nación a funcionarios y allegados al poder, en medio de la recesión y las dificultades que enfrentan miles de pequeñas y medianas empresas.

El escándalo por los préstamos millonarios del Banco Nación a dirigentes y personas vinculadas al oficialismo suma un nuevo nombre de peso: Martín Menem. El titular de la Cámara de Diputados accedió, a través de Gentech, su compañía de barritas de cereal y suplementos nutricionales, a un crédito de $197.430.000 en octubre de 2024, durante los primeros meses del ajuste impulsado por Javier Milei.

La revelación vuelve a poner bajo la lupa los criterios con los que la entidad estatal distribuye el financiamiento, mientras la política económica del Gobierno golpea los ingresos de los trabajadores, desploma el consumo y deja a numerosas pequeñas y medianas empresas al borde del cierre. En ese contexto, el acceso de una compañía vinculada a la máxima autoridad de la Cámara baja a recursos de la banca pública plantea interrogantes que exigen explicaciones.

Pero el caso no se limita a aquel desembolso. Según la información publicada por el portal de noticias Diagonales, Gentech recibió hace aproximadamente 40 días otro préstamo del Banco Nación, esta vez por $18 millones, después de haber cancelado en marzo de este año el crédito anterior, cuyo costo total había ascendido a $225.673.000.

Créditos millonarios y ajuste para las mayorías

El contraste resulta difícil de ignorar: mientras el Gobierno sostiene que no hay recursos para atender las necesidades sociales y mantiene una política de ajuste fiscal, una empresa presidida por uno de los principales referentes del oficialismo obtuvo financiamiento de una institución estatal por casi $200 millones.

El crédito original, que actualizado equivale aproximadamente a $350 millones o US$230.000 según la publicación, permitió a Gentech atravesar las dificultades financieras de los primeros meses de la gestión libertaria. La cuestión central es bajo qué condiciones se otorgó ese financiamiento, qué garantías se exigieron y si la operación respondió a criterios equivalentes a los aplicados al resto de las empresas que recurren al banco.

Gentech funciona desde 1997 y Martín Menem asumió su conducción en 2017. En su última declaración jurada, el diputado informó participaciones accionarias del 37%, 21%, 18% y 4% en la compañía, según los datos consignados en el informe. Además, mantiene una deuda de aproximadamente $68 millones con su propia empresa.

La dimensión institucional del caso exige especial atención: no se trata de un empresario ajeno al Estado que solicita financiamiento, sino de un funcionario de primera línea cuya compañía recibió préstamos de un banco público durante el ejercicio de su cargo. Esa circunstancia vuelve indispensable transparentar las condiciones de las operaciones y determinar si existieron posibles conflictos de intereses.

De los créditos estatales al negocio con la Selección

La trama también incluye a Tech Security SRL, empresa fundada por Menem y cedida a sus hermanos al comienzo de la gestión libertaria. En julio de 2025, la firma obtuvo un contrato con el Banco Nación por más de $3.900 millones para prestar servicios de seguridad privada durante 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros 24.

De esta manera, dos compañías vinculadas al titular de Diputados quedaron relacionadas con operaciones millonarias en la órbita de la banca estatal: una recibió un crédito para financiar su actividad y la otra obtuvo un contrato para prestar servicios de seguridad a la misma institución.

A su vez, Gentech logró posicionarse como sponsor oficial de los suplementos dietéticos de la Selección Argentina. Durante la despedida internacional de Lionel Messi, las barritas energéticas de la marca estuvieron presentes en el entorno del equipo nacional.

La combinación de financiamiento bancario, contratación pública y expansión comercial no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades, pero sí refuerza la necesidad de conocer en detalle cómo se tomaron las decisiones y qué controles se aplicaron.

Mientras miles de comerciantes, industriales y emprendedores enfrentan tasas elevadas, caída de ventas y dificultades para sostener sus negocios, el caso Menem vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿qué condiciones ofrece la banca pública y a quiénes llegan sus recursos?

En un Gobierno que hizo de la lucha contra los privilegios y la llamada casta política una de sus principales banderas, la transparencia no puede ser una exigencia reservada a los adversarios. Los préstamos, los contratos y los eventuales conflictos de intereses de los funcionarios deben esclarecerse con información verificable y controles públicos, sin excepciones.

La Auditoría General de la Nación encendió una señal de alarma sobre las operaciones financieras del BCRA con las reservas de oro durante 2025. Su titular, Juan Manuel Olmos, advirtió que nunca se había registrado una pérdida de semejante magnitud ni se habían utilizado reservas físicas de oro para operaciones de riesgo. La gestión de Luis Caputo y Santiago Bausili queda bajo fuertes cuestionamientos por el manejo de uno de los activos estratégicos del país.

El manejo de las reservas de oro del Banco Central quedó envuelto en una nueva polémica después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) identificara pérdidas por USD 1.023 millones durante 2025, equivalentes a unos $1,5 billones. Se trata de un resultado que expone la magnitud de las apuestas financieras realizadas con activos de la entidad y abre interrogantes sobre las decisiones adoptadas bajo la conducción económica de Javier Milei.

El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, fue contundente al describir la operatoria: el BCRA realizó operaciones financieras apostando a una determinada trayectoria del precio internacional del oro, calculó mal su evolución y terminó registrando una pérdida millonaria. Según advirtió, desde que el organismo fiscaliza los estados contables de la entidad, «nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud».

La gravedad del caso excede cualquier discusión contable. El organismo identificó operaciones con derivados liquidables en dólares que utilizaron parte de las reservas de oro como activo subyacente. Aunque fueron registradas con fines de cobertura, sus resultados negativos y la exposición al riesgo quedaron bajo observación. La pregunta es inevitable: ¿por qué se comprometieron activos estratégicos del Banco Central en operaciones que terminaron arrojando semejante quebranto?

Una pérdida millonaria para el país

El informe corresponde a la auditoría de los estados contables del BCRA cerrados al 31 de diciembre de 2025. Si bien la AGN consideró que los balances reflejan razonablemente la situación patrimonial de la entidad desde el punto de vista técnico, formuló una observación específica sobre las operaciones vinculadas al oro.

Olmos también señaló el carácter excepcional de la operatoria: nunca antes, según su advertencia, se habían utilizado las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo con pérdidas de semejante magnitud. La cifra de USD 1.023 millones coloca bajo escrutinio las decisiones financieras del Banco Central y la responsabilidad política de las autoridades económicas.

En un país donde el Gobierno justifica el ajuste sobre jubilados, trabajadores, universidades y servicios públicos con el argumento de que no hay recursos disponibles, las pérdidas millonarias registradas en operaciones financieras plantean un fuerte contraste y exigen explicaciones públicas.

Las 37 toneladas de oro que siguen desaparecidas

El escándalo se suma a los cuestionamientos por el traslado al exterior de aproximadamente 37 toneladas de oro de las reservas argentinas. Hace un mes, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, defendió ante el Congreso la decisión de enviar el metal al extranjero y sostuvo que su destino y sus movimientos habían sido auditados y aprobados por la AGN.

Sin embargo, Olmos aclaró que la evaluación específica sobre la trazabilidad del oro depositado en el exterior todavía no había concluido y que la documentación entregada por el Banco Central continuaba bajo análisis. Por lo tanto, no corresponde presentar esa auditoría como una aprobación definitiva del destino y los movimientos de las reservas.

La senadora Juliana Di Tullio reclamó información sobre el paradero del oro y cuestionó la falta de precisiones oficiales. Bausili sostuvo que las reservas se encuentran en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza, mientras que Di Tullio afirmó que el metal estaría en Londres. La ubicación efectiva de las tenencias y la documentación que permita reconstruir sus movimientos siguen siendo cuestiones centrales del debate.

Ante las contradicciones y la falta de una confirmación definitiva por parte de la AGN sobre la trazabilidad, la oposición presentó un proyecto para interpelar a Bausili en el Senado y exigir respuestas sobre el destino de las reservas.

El Gobierno, obligado a dar explicaciones

La pérdida de USD 1.023 millones y las dudas sobre el traslado del oro colocan al Banco Central frente a una exigencia ineludible de transparencia. No alcanza con defender las operaciones como decisiones técnicas ni con invocar objetivos de cobertura: es necesario explicar qué riesgos se asumieron, cómo se ejecutaron las transacciones y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.

La advertencia de la AGN instala un interrogante de enorme relevancia institucional: cómo se administraron las reservas estratégicas de la Argentina y quién debe rendir cuentas por las pérdidas registradas. Mientras el Gobierno exige sacrificios a la sociedad en nombre del equilibrio fiscal, el manejo del oro argentino reclama información verificable, controles efectivos y responsabilidades claramente establecidas.

Bajo el argumento de combatir al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, Estados Unidos avanza con una nueva estructura de seguridad en Argentina que amplía de manera significativa la presencia operativa de Washington en el país. La instalación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) estará acompañada por US$13,35 millones destinados a equipamiento, capacitación, proyectos de seguridad e intercambio de inteligencia.

El desembarco representa un nuevo paso en el alineamiento estratégico del gobierno de Javier Milei con Washington. Aunque oficialmente se trata de una unidad regional de carácter civil dependiente del Departamento de Estado, y no de una base militar estadounidense, su alcance excede la cooperación bilateral estrictamente antidrogas: la estructura tendrá una función regional y estará vinculada al intercambio de información de inteligencia y a la coordinación de acciones contra organizaciones criminales que operan a través de las fronteras.

El dato que dimensiona el acuerdo es el financiamiento. Estados Unidos aprobó un paquete de US$13,35 millones, de los cuales US$7,5 millones estarán destinados a proyectos aun no declarados dentro de Argentina, mientras que otros US$5,85 millones financiarán iniciativas regionales en las que también participará el país. Según el Gobierno argentino, la inversión multiplica por diez los recursos destinados hasta ahora a la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Una estructura de inteligencia con alcance regional

La justificación oficial es la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, el aspecto más relevante del acuerdo es que la nueva oficina estará orientada también a mejorar el intercambio de inteligencia y a fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas argentinas.

El Departamento de Estado financiará equipamiento, capacitación y proyectos destinados a incrementar las capacidades de las fuerzas de seguridad lo que se lee como un adoctrinamiento encubierto de cuadros profesionales civiles, de fuerzas de seguridad y militares. Al mismo tiempo, la unidad tendrá una dimensión regional: casi la mitad de los fondos —US$5,85 millones— estará destinada a iniciativas que exceden las fronteras argentinas.

Ese esquema convierte a la Argentina en un punto de articulación para la cooperación estadounidense en materia de seguridad en el Cono Sur. El objetivo declarado es compartir información y coordinar respuestas frente a las redes criminales transnacionales, pero la creación de una estructura permanente con acceso a información regional también abre un debate sobre el alcance de la presencia estadounidense y el manejo de información sensible dentro del país.

No está del todo claro si la nueva unidad tendrá autorización para realizar espionaje interno contra ciudadanos argentinos. Sin embargo, su participación en tareas de inteligencia criminal y su capacidad para articular información con organismos estadounidenses y fuerzas de distintos países plantean interrogantes sobre hasta dónde llegará la intervención de Washington en las estructuras argentinas de seguridad e inteligencia.

Del combate al narcotráfico a una mayor presencia estadounidense

El desembarco de la INL tampoco ocurre de manera aislada. Durante la gestión de Milei se profundizó la cooperación de seguridad con Estados Unidos, incluyendo intercambio de información, capacitación, operaciones conjuntas con organismos estadounidenses y ejercicios militares desarrollados con participación del Comando Sur y lo más grave sin autorización del Congreso Nacional.

En ese contexto, la nueva unidad puede ser interpretada como una pieza adicional dentro de una arquitectura de cooperación cada vez más amplia. Su carácter regional le permite a Washington utilizar a la Argentina como plataforma de coordinación con otros países sudamericanos, mientras el Gobierno de Milei presenta la iniciativa como una demostración de confianza de Estados Unidos hacia su política de seguridad.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, celebró públicamente la decisión y sostuvo que Argentina y Estados Unidos son “socios estratégicos” en materia de seguridad. También destacó que el país fue elegido para albergar la nueva unidad regional y cerró su mensaje con la consigna oficialista “Ley y orden”.

Una nueva discusión sobre soberanía y seguridad

La cuestión de fondo, entonces, no se limita a cuánto dinero aportará Washington para combatir al narcotráfico. La discusión pasa por qué nivel de participación tendrá Estados Unidos en la seguridad argentina, qué información podrá circular a través de esta nueva estructura y hasta dónde se extenderá la cooperación con organismos y fuerzas estadounidenses.

La instalación de la unidad no implica, según la información oficial disponible, el establecimiento de una base militar estadounidense ni el despliegue de tropas norteamericanas. Pero sí supone la creación de una estructura estadounidense de alcance regional dedicada a seguridad, capacitación, equipamiento e intercambio de inteligencia dentro de la Argentina.

En paralelo, la existencia de una red de cooperación que conecta fuerzas argentinas, agencias estadounidenses y organismos de otros países podría facilitar futuras operaciones coordinadas de dudosos objetivos. Su eventual utilización para apoyar despliegues militares o ampliar las capacidades de vigilancia dependerá de los acuerdos concretos que se suscriban y de las atribuciones que finalmente tenga la unidad.

Así, bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, Argentina se convierte en un nuevo nodo de la arquitectura de seguridad impulsada por Washington en Sudamérica, mientras el gobierno de Milei profundiza su alineamiento con Estados Unidos y abre un nuevo capítulo del debate sobre soberanía, inteligencia y presencia extranjera en territorio nacional.

Una de las principales medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que un remolcador paraguayo chocara contra las estructuras de protección del puente General Manuel Belgrano, que une las ciudades de Resistencia y Corrientes.

El accidente ocurrió cuando el remolcador Tío Jan, que trasladaba cinco barcazas, impactó contra la defensa flotante del puente. El choque desplazó parte de la infraestructura de protección, rompió el amarre del convoy y dejó a las barcazas a la deriva, generando una situación de riesgo en un punto estratégico de la navegación sobre el río Paraná.

El episodio adquiere especial relevancia porque se produjo poco después de que el Gobierno flexibilizara las normas para la navegación comercial en aguas argentinas mediante el Decreto 690/2026, una reforma impulsada por Sturzenegger que modificó el régimen de practicaje y pilotaje.

La reforma eliminó o flexibilizó restricciones que el Gobierno consideraba obsoletas, entre ellas algunas vinculadas con las dimensiones de los convoyes y con la obligatoriedad de contar con prácticos. El argumento oficial fue reducir regulaciones, agilizar la navegación y bajar los costos de la actividad comercial.

Pero ahora, tras el accidente, Prefectura Naval volvió a establecer límites para los convoyes que atraviesan la zona del puente: 180 metros de eslora y 50 metros de manga. Es decir, una de las restricciones que habían sido flexibilizadas vuelve a aparecer después de un incidente que puso en riesgo infraestructura estratégica.

"Hay un negocito" dijo Sturzenegger en junio y eliminó las dimensiones exigidas para los convoy de barcazas que bajan desde Paraguay por el río Paraná. Tres meses después: un convoy de barcazas paraguayas se lleva puesto parte del puente General Belgrano a la altura de Corrientes. ¿Quién va a pagar los daños? La desregulación de Sturzenegger pone en riesgo la vida de los argentinos y te carga el costo a vos. PD: hoy, domingo 4 de octubre, la prefectura volvió a restringir las dimensiones máximas permitidas…¿no es que era un “negocito”? Burros, bestias e irresponsables. @fedesturze te menciono a ver si tenés alguna respuesta para dar.

— Julia Strada (@Juli_Strada) October 4, 2026

La secuencia vuelve a encender las alarmas sobre los efectos concretos de una política que busca eliminar controles y restricciones en nombre de la desregulación. El interrogante no es menor: si esas limitaciones eran consideradas innecesarias, ¿por qué Prefectura decidió reinstalarlas precisamente después del choque?

El antecedente inmediato tampoco había sido sencillo para el Gobierno. En agosto, la flexibilización del régimen de practicaje provocó un fuerte conflicto con los profesionales del sector, que paralizó durante varios días la actividad y afectó el movimiento de buques en distintos puntos del país.

Ante la gravedad del conflicto, el Ejecutivo suspendió temporalmente la aplicación del Decreto 690 y abrió una mesa de trabajo para discutir un nuevo esquema regulatorio. También acordó una reducción del 20% en las tarifas del practicaje.

Ahora, el incidente en el puente General Belgrano vuelve a colocar bajo escrutinio el criterio con el que el Gobierno está llevando adelante su programa de desregulación. La reducción de controles puede significar menores costos para determinados sectores, pero también plantea interrogantes cuando se aplica sobre actividades que involucran seguridad, infraestructura estratégica y circulación de grandes convoyes.

La responsabilidad directa por el choque corresponde al remolcador que impactó contra las defensas y deberá ser determinada con precisión por las investigaciones correspondientes. Pero el episodio abre otra discusión: si la flexibilización de las reglas modificó los márgenes de seguridad de la navegación y si las restricciones que Prefectura acaba de reinstalar deberían haber continuado vigentes.

La imagen resulta difícil de ignorar: primero se flexibilizan las reglas; después ocurre un accidente; y finalmente el Estado vuelve a imponer límites en el mismo punto donde había reducido las restricciones. Esa secuencia vuelve a poner en debate hasta dónde puede avanzar la motosierra regulatoria cuando están en juego la seguridad y la protección de infraestructura crítica.

La inflación volvió a tomar impulso en septiembre y puso en tensión el discurso oficial de estabilización de la economía. El índice alcanzó el 2,1%, por encima del 1,8% registrado en agosto, mientras la Canasta Básica Total ya trepó a $2.076.505 y la Canasta Básica Alimentaria superó los $1,13 millones.

El dato surge del nuevo Informe Económico y Social del IETSE correspondiente a septiembre de 2026 y marca una interrupción de la desaceleración observada en los meses anteriores. La inflación acumulada durante 2026 alcanza el 24%, mientras que la variación interanual llega al 32,8%.

El repunte inflacionario adquiere especial relevancia frente al discurso oficial que viene destacando la estabilización de las principales variables económicas. Sin embargo, los datos relevados muestran que la presión sobre los precios persiste y continúa impactando directamente sobre los ingresos y las condiciones de vida de los hogares.

Una canasta básica que ya supera los $2 millones

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó los $2.076.505, el ingreso mínimo que necesita el hogar de referencia para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

A su vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) llegó a $1.130.236, estableciendo el umbral de ingresos necesario para superar la línea de indigencia.

Los valores muestran la magnitud del esfuerzo que deben realizar los hogares para sostener consumos considerados esenciales, en un escenario en el que los precios continúan avanzando y el poder de compra enfrenta crecientes dificultades.

El consumo se desploma y las compras de alimentos se resienten

El deterioro también aparece con claridad en las ventas de los comercios minoristas de proximidad. Según el IETSE, las ventas en volumen de alimentos y bebidas cayeron 8,3% interanual en septiembre, un retroceso que el informe vincula con las dificultades que atraviesan los hogares para sostener sus niveles de consumo.

La situación también golpea a los propios comerciantes. Consultados sobre cuánto tiempo consideran que podrían sostener su actividad, el 34,7% respondió que podría hacerlo durante un año o menos:

• Más de 12 meses: 65,3%
• Entre 6 y 12 meses: 18,6%
• Entre 3 y 6 meses: 10,2%
• Menos de 3 meses: 5,9%

Cada vez menos margen para afrontar una emergencia

El deterioro de los ingresos también queda reflejado en la situación financiera de los hogares. El 28,5% tuvo que pedir dinero para afrontar gastos básicos, mientras que la capacidad para resistir una interrupción de los ingresos aparece severamente limitada.

Ante una pérdida o interrupción de sus ingresos, el 61,3% de los hogares podría sostenerse menos de una semana. Otro 32,7% podría hacerlo entre una semana y un mes.

El margen de maniobra, por lo tanto, es reducido: para una amplia mayoría de las familias, cualquier imprevisto puede convertirse rápidamente en un problema para cubrir las necesidades esenciales.

La comida, cada vez más condicionada por la falta de dinero

El informe expone además un escenario crítico en materia alimentaria. Apenas el 42,4% de los hogares accede plenamente a los alimentos que necesita, mientras que el 57,6% restante enfrenta algún tipo de dificultad o restricción.

La situación resulta todavía más preocupante en los hogares con menores. En septiembre, el 28,6% informó que algún niño, niña o adolescente tuvo que reducir la cantidad de comida por falta de dinero.

Entre los adultos, el 39,1% de los hogares señaló que algún integrante redujo voluntariamente lo que comió para que los alimentos alcanzaran para el resto de la familia.

Fiado, tarjeta y préstamos para llegar a fin de mes

Ante la insuficiencia de los ingresos, el endeudamiento y el financiamiento cotidiano aparecen como mecanismos cada vez más utilizados para sostener la alimentación.

El 38,4% de los hogares recurrió al fiado, el 36,5% utilizó tarjetas de crédito y el 13,9% tomó préstamos para comprar alimentos.

En conjunto, el 88,8% de los hogares utilizó alguna modalidad de financiamiento para acceder a la comida, un dato que refleja el estrecho margen con el que muchas familias afrontan sus gastos cotidianos.

Así, mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en la estabilización y la recuperación, los indicadores relevados por el IETSE muestran otra dimensión de la economía: la inflación volvió a acelerarse, la canasta básica ya supera los $2 millones, el consumo de alimentos se contrajo y millones de hogares deben recurrir al crédito, al fiado o a reducir su alimentación para poder sostenerse.