A los recientes cruces por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ahora se suma una nueva diferencia de peso: la senadora adelantó que no acompañará el pedido del Gobierno para retirar el pliego de María Verónica Michelli como candidata a jueza del Tribunal Criminal Federal N°3 de La Plata.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Bullrich confirmó que ya le comunicó personalmente su decisión al Presidente. “Voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, sostuvo la legisladora, quien además reivindicó su derecho a expresar posiciones propias dentro del oficialismo.

La decisión representa un nuevo gesto de desaire político frente a la Casa Rosada y, especialmente, frente al círculo más cercano al mandatario. El Gobierno impulsa la impugnación de Michelli por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien participó de investigaciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción que salpican a funcionarios libertarios.

Bullrich justificó su postura apelando a principios institucionales y aclaró que la diferencia no implica una ruptura con el proyecto político de Milei. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente”, afirmó. Sin embargo, remarcó que el respeto por las convicciones individuales y el debate interno también forman parte del cambio que propone el oficialismo.

El episodio se suma a las diferencias que la senadora ya había exhibido semanas atrás durante la controversia que rodeó a Adorni. En aquella oportunidad, Bullrich fue una de las primeras dirigentes oficialistas en reclamar públicamente medidas para despejar las sospechas surgidas tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete.

Su postura generó malestar en el entorno presidencial, particularmente en Karina Milei, una de las principales defensoras de Adorni dentro del Gobierno. La senadora incluso buscó acelerar la publicación de información patrimonial por parte del funcionario y del propio Presidente, al difundir su propia declaración jurada como forma de presión política.

Con este nuevo desacuerdo por el caso Michelli, Bullrich vuelve a marcar diferencias con la estrategia de la Casa Rosada y alimenta las versiones sobre una creciente distancia con Milei y el núcleo duro del poder libertario.

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente y mientras aumentan las preocupaciones internacionales por una posible ampliación del conflicto regional, el presidente Javier Milei volvió a ratificar su apoyo irrestricto a Israel y llamó a respaldarlo al considerar que representa “el bastión de Occidente”.

Durante la inauguración del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), realizado en Buenos Aires, el mandatario formuló una serie de declaraciones que profundizan su alineamiento político e ideológico con el gobierno israelí y que fueron interpretadas por críticos como una peligrosa identificación de los intereses argentinos con los de una potencia involucrada en un conflicto bélico cada vez más complejo.

“Israel es el bastión de Occidente. Si cayera, luego viene Occidente. Debemos defender la posición de Israel”, afirmó Milei, quien sostuvo además que el respaldo al Estado israelí constituye tanto una obligación moral como una necesidad estratégica.

El Presidente fue más allá y presentó una visión conspirativa del escenario internacional al advertir sobre una presunta “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”, una afirmación de fuerte contenido ideológico que no estuvo acompañada por evidencias concretas y que se inscribe en la narrativa de polarización global que caracteriza sus intervenciones públicas.

Según Milei, el antisemitismo actual no habría disminuido sino que simplemente se habría reorganizado bajo nuevas formas de expresión. En ese marco, vinculó las críticas a Israel con una supuesta hostilidad general hacia Occidente y sostuvo que detrás de esos cuestionamientos operan fuerzas políticas e ideológicas que buscarían socavar los valores de la civilización occidental.

Las declaraciones llegan en un momento particularmente sensible de la situación internacional y refuerzan una política exterior que ha convertido al respaldo a Israel en uno de los ejes centrales del gobierno libertario. Diversos sectores cuestionan que esta postura implique abandonar la tradicional prudencia diplomática argentina para asumir posiciones cada vez más involucradas en disputas geopolíticas ajenas al interés nacional.

Durante su discurso, Milei también reivindicó las medidas adoptadas por su administración contra organizaciones y funcionarios vinculados al régimen iraní, entre ellas la declaración de Hamas, la Guardia Revolucionaria iraní y las Fuerzas Quds como organizaciones terroristas, así como la expulsión de representantes diplomáticos iraníes.

Asimismo, celebró los acuerdos de Isaac, impulsados para fortalecer la cooperación entre Israel y países considerados aliados estratégicos en América Latina, consolidando una orientación internacional que privilegia la alineación con Washington y Tel Aviv por sobre las tradicionales posiciones de equilibrio mantenidas por la diplomacia argentina.

Según el Índice Global de los Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), el país ingresó por primera vez al grupo de las diez naciones con peores condiciones para los trabajadores, tras registrar un deterioro sin precedentes en materia de derechos laborales durante los últimos dos años.

El informe ubica a la Argentina en la categoría 5, la más baja de la clasificación internacional, reservada para aquellos países donde los derechos de los trabajadores no están garantizados. Comparte ese lugar con Panamá, Ecuador, Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía.

La CSI atribuye este fuerte retroceso al contexto político y laboral generado bajo el gobierno de Javier Milei. “Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei“, sostiene el documento.

La organización internacional remarcó que Argentina descendió de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años, una caída que calificó como “brusca y sin precedentes” desde la creación del índice en 2014. Se trata además del segundo año consecutivo de empeoramiento de la calificación del país.

Entre los factores señalados figura la implementación del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad, que según la CSI habilita un uso desproporcionado de la fuerza para disolver manifestaciones y restringe el ejercicio de derechos vinculados a la protesta social y sindical.

Para el organismo, la situación argentina dejó de caracterizarse por violaciones regulares de derechos laborales para pasar a un escenario en el que los trabajadores ya no cuentan con garantías efectivas para ejercer derechos fundamentales como la organización sindical, la negociación colectiva o la protesta.

El contraste con otros países de la región resulta contundente. Mientras Argentina cayó al último escalón de la clasificación, Uruguay se mantiene como el único país latinoamericano ubicado en la categoría 1, junto a naciones como Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia. La CSI destacó al país vecino como una excepción en una región marcada por la represión sindical y la explotación laboral.

El informe también advierte sobre un deterioro generalizado de los derechos de los trabajadores en América Latina. En casi nueve de cada diez países de la región se registraron restricciones al derecho de huelga o trabas para la inscripción de sindicatos, mientras que en aproximadamente la mitad de los países relevados hubo detenciones o encarcelamientos de trabajadores.

El Índice Global de los Derechos analiza 151 países a partir de 97 indicadores basados en los convenios y la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para la CSI, los resultados de 2026 muestran una tendencia preocupante: la erosión de los derechos laborales ya no afecta únicamente a regímenes autoritarios, sino también a democracias donde los gobiernos avanzan sobre las garantías de los trabajadores.

“Los gobiernos ya no protegen a los trabajadores y, en algunos casos, contribuyen activamente a debilitar sus derechos”, afirmó el secretario general de la CSI, Luc Triangle. En el caso argentino, los datos reflejan una caída histórica que coloca al país entre los peores del mundo en materia de protección laboral.

Mientras gran parte de la atención pública permanece concentrada en otras causas que involucran al funcionario, el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli se enfoca en los presuntos vínculos comerciales entre la consultora creada por Angeletti y empresas que mantienen o mantuvieron contratos con el Estado nacional.

Una tercera investigación judicial avanza en los tribunales federales y suma presión sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, la empresaria Bettina Angeletti. Mientras gran parte de la atención pública permanece concentrada en otras causas que involucran al funcionario, el expediente que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli se enfoca en los presuntos vínculos comerciales entre la consultora creada por Angeletti y empresas que mantienen o mantuvieron contratos con el Estado nacional.

La investigación busca determinar si existieron incompatibilidades, conflictos de interés o eventuales beneficios derivados de la posición política alcanzada por Adorni. Según documentación incorporada al expediente, tres compañías proveedoras o contratistas de organismos públicos realizaron pagos a +Be, la firma de coaching ontológico impulsada por Angeletti, durante el período de crecimiento político del actual jefe de Gabinete.

Fuentes vinculadas a la causa sostienen que los investigadores ya reunieron documentación sobre contrataciones y desembolsos efectuados por empresas que operan con distintas dependencias estatales. En ese marco, la Justicia analiza si los vínculos comerciales registrados responden a prestaciones efectivamente realizadas o si podrían encuadrarse en figuras penales como negociaciones incompatibles con la función pública o cohecho.

Entre las compañías bajo análisis aparece Grupo Datco, proveedor tecnológico con actividad en organismos estatales como el Banco Central, AYSA y SOFSE. También figura National Shipping, empresa vinculada históricamente a contrataciones de YPF. A ellas se suma Grupo Foggia, productora relacionada con procesos de licitación y explotación de espacios públicos que actualmente son objeto de atención judicial.

Los investigadores consideran que esta línea de investigación podría resultar clave para reconstruir el flujo de ingresos de la empresa vinculada a Angeletti y determinar si existió algún tipo de relación entre esos contratos privados y la creciente influencia política de Adorni dentro del Gobierno nacional.

La causa no se limita a las contrataciones comerciales. Los movimientos patrimoniales de la familia también quedaron bajo observación judicial. Entre los puntos analizados aparecen la adquisición de una propiedad en el country Indio Cua, registrada a nombre de Angeletti, y distintos gastos cuya financiación busca ser reconstruida por los investigadores para establecer si guardan relación con los ingresos declarados por el matrimonio.

De esta manera, la Justicia amplía el foco más allá de la situación personal del jefe de Gabinete y comienza a examinar un entramado más amplio de relaciones empresariales, contratos y movimientos patrimoniales que involucran a su entorno familiar. El resultado de estas pesquisas podría convertirse en un elemento central para definir la evolución de las distintas causas que hoy rodean a uno de los funcionarios más relevantes del gobierno de Javier Milei.

“La tiene que presentar”, lanzó el diputado del PRO, intentando marcarle la cancha al vocero presidencial en medio de la creciente discusión por la transparencia de los funcionarios.

En una declaración que generó sorpresa y fuertes críticas, Cristian Ritondo salió a exigirle públicamente a Manuel Adorni que presente su declaración jurada. “La tiene que presentar”, lanzó el diputado del PRO, intentando marcarle la cancha al vocero presidencial en medio de la creciente discusión por la transparencia de los funcionarios.

Sin embargo, las palabras de Ritondo rápidamente quedaron bajo la lupa por una razón incómoda: el propio dirigente arrastra cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio y nunca terminó de dar explicaciones convincentes sobre sus bienes y propiedades.

La escena llamó la atención incluso dentro del arco político, ya que Ritondo eligió apuntar contra otro funcionario mientras todavía persisten interrogantes sobre su situación patrimonial, que en distintas oportunidades fue objeto de investigaciones periodísticas y pedidos de aclaración pública.

Pese a ese historial, el diputado insistió en reclamar transparencia ajena y sostuvo que “todos los funcionarios tienen que rendir cuentas”. Las declaraciones reavivaron el debate sobre la doble vara en la política y dejaron expuesta la contradicción de dirigentes que exigen controles hacia otros, pero evitan responder sobre sus propios bienes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un contundente diagnóstico sobre las debilidades institucionales de la Argentina y cuestionó directamente los “retrasos en la publicación” de las declaraciones juradas de funcionarios públicos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un contundente diagnóstico sobre las debilidades institucionales de la Argentina y cuestionó directamente los “retrasos en la publicación” de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, en medio del escándalo de corrupción que golpea al gobierno de Javier Milei y que tiene bajo fuerte presión política al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las observaciones forman parte del informe técnico presentado tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, mediante la cual el organismo habilitó un desembolso de US$1.000 millones. Sin embargo, junto con el respaldo financiero, el staff técnico del Fondo incluyó severas advertencias sobre transparencia estatal, control patrimonial, conflictos de interés e independencia judicial.

El capítulo más sensible aparece en el apartado titulado “Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks” (Evaluación de los marcos de gobernanza económica y lucha contra la corrupción), donde el FMI señala que “los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”.

En particular, el organismo apuntó contra el sistema argentino de declaraciones juradas patrimoniales. Según el documento, “los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.

La referencia adquirió una inmediata dimensión política debido a la situación de Manuel Adorni, cuya declaración jurada patrimonial todavía no fue presentada formalmente ante la Oficina Anticorrupción. Aunque el vencimiento original estaba previsto para el 30 de mayo, el Gobierno decidió extender el plazo hasta el 31 de julio.

El FMI también cuestionó con dureza los mecanismos de prevención de incompatibilidades dentro del Estado. “Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, sostuvo el reporte técnico.

Para el organismo internacional, la combinación entre declaraciones patrimoniales con escasa transparencia y controles débiles sobre posibles incompatibilidades representa uno de los principales problemas institucionales de la Argentina actual.

Las críticas no se limitaron al Poder Ejecutivo. El informe también incluyó observaciones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial argentino. “La percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, advirtió el staff técnico.

Además, el Fondo remarcó que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”, una formulación inusualmente dura para el lenguaje diplomático habitual del organismo.

Según el FMI, esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y mejorar los mecanismos de transparencia judicial para garantizar investigaciones sin interferencias políticas.

Las observaciones del organismo internacional llegan en un momento especialmente delicado para la Casa Rosada, atravesada por denuncias, cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y crecientes sospechas de conflictos de interés que involucran a funcionarios de primera línea del oficialismo.

La provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre por la presunta inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión, en una investigación iniciada de oficio por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

La principal fintech argentina deberá ahora presentar un descargo formal y proponer modificaciones sobre los puntos observados. De no hacerlo, podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones.

La medida fue impulsada por la cartera encabezada por Augusto Costa, luego de una fiscalización sobre los instrumentos contractuales publicados por la empresa fundada por Marcos Galperin. Según informó el Gobierno bonaerense, se detectaron más de diez cláusulas que podrían infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

La investigación incluyó las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI”, además de los términos y condiciones vinculados a préstamos personales, compras financiadas y servicios de Mercado Pago.

Desde la administración de Axel Kicillof remarcaron además que Mercado Libre encabeza el ranking de reclamos de consumidores en la provincia, con 2.396 denuncias individuales registradas durante el primer cuatrimestre del año.

Qué cláusulas fueron cuestionadas

Según el informe oficial, las cláusulas observadas generarían un “desequilibrio entre derechos y obligaciones” en perjuicio de los usuarios, en los términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor.

Entre los principales puntos cuestionados aparecen:

• Falta de precisión en el cobro de tarifas.
• Modificaciones contractuales aceptadas automáticamente.
• Traslado de responsabilidad al usuario por uso indebido de cuentas.
• Mecanismos de compensación entre cuentas.
• Limitaciones de responsabilidad de la empresa ante fallas técnicas.
• Débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato.
• Vencimientos automáticos por incumplimientos futuros no determinados.
• Cláusulas de jurisdicción exclusiva que podrían perjudicar a consumidores.

Mercado Libre tendrá cinco días hábiles para responder la imputación, acreditar domicilio y presentar una propuesta de adecuación o eliminación de las cláusulas observadas. Si la empresa acepta realizar modificaciones, el expediente administrativo podría cerrarse sin sanciones.

La disputa con bancos y Modo

La imputación provincial ocurre además en medio de la creciente tensión entre Mercado Libre y el sistema bancario tradicional. En paralelo, la fintech enfrenta un sumario abierto por la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), tras una denuncia presentada por Modo, la billetera digital impulsada por más de 30 bancos.

Modo acusó a Mercado Libre de aplicar prácticas anticompetitivas, entre ellas exigir el uso exclusivo de Mercado Pago para operar dentro de su marketplace y restringir el uso de otras billeteras digitales en pagos dentro de la plataforma.

A su vez, Mercado Libre respondió con una contradenuncia en la que acusó a Modo y a las entidades bancarias de intentar limitar el crecimiento del ecosistema fintech y restringir la competencia en medios de pago digitales.

Las ventas registraron una caída de 4,7% respecto de marzo y de 3,8% en comparación con el mismo mes de 2025. De esta manera, el sector acumula una retracción de 3,3% en el primer cuatrimestre de 2026.

Los datos corresponden a un informe de la consultora Scentia, que releva la evolución de las ventas en supermercados, autoservicios independientes, mayoristas, kioscos, farmacias y comercio electrónico. El relevamiento reflejó que prácticamente todos los canales tradicionales continúan en retroceso, una señal clara de la persistente debilidad del consumo cotidiano.

Entre los rubros más golpeados aparecen los productos impulsivos, como golosinas, que se desplomaron 12% interanual. También se registraron fuertes caídas en alimentos perecederos, con una baja de 7,8%. El informe muestra que los consumidores siguen ajustando gastos y priorizando compras esenciales ante la pérdida de ingresos reales.

Supermercados y mayoristas, entre los sectores más afectados

Las ventas en supermercados volvieron a caer y siguen sin mostrar signos de recuperación. En abril registraron una baja interanual de 4,5%, mientras que las grandes cadenas acumulan una contracción de 5,2% en lo que va del año.

Dentro de ese canal, los productos impulsivos encabezaron las pérdidas con una caída de 14,1%, seguidos por alimentos perecederos (-10,5%) y bebidas sin alcohol (-6,4%). Incluso los artículos de higiene y cosmética mostraron retrocesos, con una merma de 1%.

La situación también afecta a los autoservicios independientes, donde el consumo cayó 2,2% respecto de marzo y acumula un retroceso de 4% en el primer cuatrimestre. En términos interanuales, las ventas bajaron 3%, reflejando el deterioro de uno de los canales más vinculados al consumo diario de los hogares.

El canal mayorista también sufrió una caída de 4,5%, mientras que los kioscos y comercios tradicionales registraron una baja aún más pronunciada, de 4,8%, confirmando el freno generalizado del mercado interno.

La inflación desacelera, pero el consumo no reacciona

Aunque los alimentos aumentaron 1,5% en abril, por debajo de la inflación general de 2,6% informada por el INDEC, la desaceleración de precios todavía no se traduce en una recuperación del consumo.

Entre los productos que más aumentaron se ubicaron la cebolla, la lechuga, la batata, la naranja y el queso cremoso, incrementos que siguen afectando el presupuesto cotidiano de las familias.

Ecommerce y farmacias, las únicas excepciones

En medio del escenario recesivo, el comercio electrónico volvió a destacarse con un crecimiento interanual de 40,4%, impulsado principalmente por el rubro alimentos, que concentra el 60,7% de las ventas online. Sin embargo, el avance del ecommerce todavía no alcanza para compensar la fuerte caída de los canales físicos tradicionales.

Las farmacias fueron el único otro segmento con resultado positivo en abril, con una suba marginal de 0,1%. Aun así, en la comparación acumulada del año, también muestran una caída de 1%, lo que evidencia que la retracción del consumo atraviesa a casi todos los sectores.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a marcarle la cancha al gobierno de Javier Milei y reclamó una reforma tributaria que implique más ajuste sobre trabajadores, monotributistas y pequeños contribuyentes.

Entre las principales exigencias del organismo aparecen ampliar la cantidad de asalariados alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y encarecer de manera significativa el régimen del Monotributo.

Las propuestas figuran en el informe “Argentina: temas seleccionados”, incorporado al último Staff Report del programa vigente con el país. Allí, el organismo sostiene que el sistema impositivo argentino es “complejo, altamente distorsivo e inestable” y reclama cambios orientados a aumentar la recaudación en torno a 3,3 puntos del PBI.

El concepto central que impulsa el FMI es reducir el llamado “gasto tributario”, es decir, eliminar exenciones, beneficios fiscales y regímenes especiales que permiten pagar menos impuestos. Bajo ese argumento, el organismo plantea avanzar sobre distintos sectores de la economía, pero especialmente sobre los ingresos laborales y los pequeños contribuyentes.

Más trabajadores pagando Ganancias

Uno de los puntos más sensibles del informe es la exigencia de ampliar la base del Impuesto a las Ganancias. El FMI cuestiona que, tras los cambios introducidos en 2023, apenas el 1% de los trabajadores quedó alcanzado por el tributo.

La propuesta del organismo es volver a niveles similares a los de 2019 y lograr que al menos el 20% de los asalariados pague Ganancias. Según sus cálculos, esa medida permitiría incrementar la recaudación en un 0,4% del PBI.

En la práctica, esto implicaría que miles de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por un impuesto que durante años fue cuestionado por gravar salarios en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Fuerte aumento para monotributistas

El FMI también apunta directamente contra el Monotributo. Aunque no plantea eliminarlo, sí exige “alinearlo” con el régimen general y con las contribuciones que pagan los autónomos.

Traducido a términos concretos, eso implicaría una fuerte suba de las cuotas del componente impositivo y previsional que pagan millones de trabajadores independientes, pequeños comerciantes y profesionales.

El organismo estima que esta modificación podría aportar otro punto del PBI en recaudación, consolidando así un esquema de mayor presión fiscal sobre sectores medios y trabajadores por cuenta propia.

Más impuestos y menos beneficios fiscales

Entre otras medidas, el Fondo propone:

• Eliminar exenciones y beneficios de IVA.
• Quitar regímenes especiales y zonas libres de impuestos.
• Actualizar impuestos a los combustibles y al tabaco por inflación.
• Fortalecer los impuestos provinciales sobre la propiedad.
• Simplificar Ganancias para empresas con una alícuota uniforme del 30%.

Según el documento, estas medidas permitirían luego reducir impuestos considerados “distorsivos”, como el impuesto al cheque o Ingresos Brutos. Sin embargo, en el corto plazo el eje del planteo pasa claramente por aumentar la recaudación mediante una mayor carga tributaria sobre trabajadores y sectores medios.

Un reclamo que choca con el discurso libertario

Las recomendaciones del FMI contrastan con el discurso del gobierno de Javier Milei, que llegó al poder prometiendo bajar impuestos y reducir el peso del Estado sobre el sector privado.

Sin embargo, la caída de la recaudación y las exigencias del acuerdo con el Fondo limitan el margen oficial para avanzar en rebajas tributarias. Incluso el propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el ajuste del gasto público “llegó a un límite”.

En ese contexto, el FMI empuja una reforma que incremente los ingresos fiscales mediante la ampliación de impuestos existentes y la eliminación de beneficios tributarios. El resultado sería una mayor presión impositiva efectiva sobre trabajadores registrados, monotributistas y pequeños contribuyentes, en medio de una economía golpeada por la recesión, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.

La decisión, según trascendió, fue ordenada directamente por Karina Milei y habría estado motivada por el vínculo familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores más críticos de la actual gestión libertaria.

El Gobierno nacional pidió este miércoles al Senado de la Nación el retiro del pliego de María Verónica Michelli, nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

Michelli es cuñada del reconocido periodista de La Nación, quien en los últimos meses publicó investigaciones que incomodaron al oficialismo, entre ellas trabajos vinculados al caso $LIBRA y otras denuncias que salpicaron a referentes cercanos al presidente Javier Milei. Desde distintos sectores judiciales y políticos interpretaron la maniobra como un intento de disciplinamiento y presión sobre el Poder Judicial en función de afinidades políticas y mediáticas.

La postulación de Michelli ya había conseguido las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para quedar habilitada para su tratamiento en el recinto. Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador libertario por La Rioja Juan Carlos Pagotto, se negó durante semanas a presentar el dictamen correspondiente, trabando de hecho el avance de la candidatura.

Finalmente, la Casa Rosada formalizó el veto mediante una nota enviada al Senado con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos que sí avanzaron tras negociaciones políticas

En contraste con el caso Michelli, el Gobierno decidió habilitar el avance de los pliegos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, candidatos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Ambos magistrados habían sido inicialmente cuestionados por Javier Milei debido a sus presuntos vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. No obstante, según informó la Agencia Noticias Argentinas, tras negociaciones con representantes del oficialismo ligados a Patricia Bullrich y al entorno libertario, el veto político fue levantado y el senador Pagotto permitió reunir las firmas necesarias para avanzar con sus designaciones.

La diferencia de criterios volvió a encender cuestionamientos sobre el uso discrecional de los pliegos judiciales y la creciente intervención política del Ejecutivo en decisiones que deberían regirse por criterios institucionales y profesionales, y no por relaciones personales o posicionamientos periodísticos.