El empresario Gerardo Ferreyra, exvicepresidente de Electroingeniería SA, lanzó explosivas declaraciones que vuelven a poner bajo la lupa el origen y la construcción de la denominada “causa Cuadernos”, el expediente judicial impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri y utilizado para perseguir y proscribir políticamente a Cristina Fernández de Kirchner.

En declaraciones radiales, Ferreyra describió con detalles cómo fue presionado por el fiscal federal Carlos Stornelli para que se acogiera a la figura del arrepentido y declarara contra la expresidenta y el exmandatario Néstor Kirchner. “Tenía que decir que colaboré con ‘los mugrientos’”, reveló el empresario sobre la frase que, asegura, escuchó directamente de boca del fiscal.

La declaración golpea el corazón de una causa que durante años fue presentada mediáticamente como el mayor escándalo de corrupción de la Argentina, pero que desde sus inicios acumuló denuncias por irregularidades, extorsiones y utilización política de la Justicia. Ferreyra sostuvo que todo el expediente “se organizó con fines políticos, no jurídicos”, y denunció que existió un mecanismo sistemático de coerción para fabricar testimonios contra dirigentes kirchneristas.

Según contó, las presiones comenzaron apenas fue detenido e incomunicado. Después de tres días, fue llevado a declarar ante Stornelli. “Me dijo que la ley del arrepentido la estaban estrenando y que si colaboraba me iba con mi familia; si no, iba a ir preso”, recordó. Cuando preguntó de qué debía arrepentirse, recibió la respuesta que terminó revelando públicamente: debía admitir supuestas maniobras de corrupción junto a “los mugrientos”, en referencia a los Kirchner.

Ferreyra aseguró que se negó a mentir y rechazó firmar declaraciones falsas sobre sobreprecios o pago de coimas. “No tenía nada de qué arrepentirme”, afirmó. Sus palabras reavivan las denuncias sobre el uso de la prisión preventiva como método de presión psicológica y disciplinamiento judicial durante el macrismo.

La trama geopolítica de la causa cuadernos

Pero el empresario fue más allá y vinculó el armado de la causa Cuadernos con intereses geopolíticos internacionales. Según explicó, la ofensiva judicial apuntó especialmente contra empresarios argentinos que trabajaban con capitales chinos en proyectos estratégicos de infraestructura y financiamiento. “Había que sacar a China de la región”, sostuvo, al señalar que Electroingeniería participó en acuerdos vinculados a represas, centrales energéticas y obras ferroviarias impulsadas junto al gigante asiático.

En ese sentido, Ferreyra relacionó la causa con una avanzada regional que también tuvo expresiones en Brasil y Ecuador. Recordó el proceso judicial que terminó con la prisión de Luiz Inácio Lula da Silva y mencionó la existencia de investigaciones similares en otros países latinoamericanos. Para el empresario, existió una estrategia coordinada para desplazar gobiernos populares y perseguir dirigentes que promovían vínculos económicos independientes de Estados Unidos.

Las confesiones del exdirectivo de Electroingeniería vuelven a alimentar las denuncias de lawfare realizadas en reiteradas oportunidades por Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo que la causa Cuadernos fue utilizada como herramienta de persecución política, condicionamiento electoral y proscripción.

Mientras el juicio oral continúa avanzando, las revelaciones de Ferreyra abren nuevos interrogantes sobre el accionar de fiscales, jueces y operadores judiciales durante la etapa de instrucción. También dejan expuesto el funcionamiento de un entramado político, judicial y mediático que, según denunció, buscó construir condenas anticipadas antes que investigar hechos concretos.

La inflación mayorista pegó un fuerte salto en abril y encendió señales de alerta para el Gobierno. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una suba del 5,2%, muy por encima del 2,6% que marcó la inflación minorista, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El dato implicó una aceleración de 1,8 puntos porcentuales respecto de marzo y obligó al ministro de Economía, Luis Caputo, a salir a explicar públicamente las causas del incremento.

En términos interanuales, la inflación mayorista acumuló un avance de 30,8%, mientras que en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 11,6%. El fuerte despegue del índice reflejó el impacto de los precios internacionales de la energía, especialmente del petróleo y sus derivados, sobre la estructura de costos de la economía.

El IPIM mostró una suba mensual impulsada principalmente por los productos nacionales, que aumentaron 5,3%, mientras que los importados avanzaron 2,5%. La presión más fuerte provino de sectores ligados a la cadena hidrocarburífera, que explicaron gran parte de la aceleración inflacionaria.

Frente al dato, Caputo utilizó sus redes sociales para relativizar el impacto y atribuyó el salto a factores externos. El ministro sostuvo que cerca del 85% de la variación estuvo vinculada al aumento del petróleo y productos asociados, en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

“Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados”, afirmó el funcionario. Según detalló, las divisiones de Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos de los 5,2% registrados en el nivel general.

Caputo incluso aseguró que, excluyendo esos rubros afectados por el shock externo, la variación del resto del índice habría sido cercana al 1,1% mensual, con un acumulado de 4,4% en lo que va del año y 23% interanual.

Sin embargo, otros indicadores mayoristas también mostraron una aceleración. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos internos, subió 4,8% en abril, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó otro 4,8%, impulsado principalmente por el incremento de 7,5% en productos primarios.

Los datos reflejan que la presión inflacionaria no proviene solamente de factores tributarios o regulados, sino de un encarecimiento más profundo en los costos de producción, que podría trasladarse a los consumidores en los próximos meses.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacaron Petróleo crudo y gas (22,9%), Productos pesqueros (16,8%), Productos refinados del petróleo (13,6%), Productos de caucho y plástico (7,4%) y Sustancias y productos químicos (5,1%). Cuatro de los cinco sectores que más subieron están vinculados directa o indirectamente con la industria energética.

El panorama hacia mayo también aparece condicionado por el frente externo. La escalada del conflicto en Medio Oriente ya comenzó a impactar en los precios internacionales de la energía y amenaza con trasladarse a los costos locales. Según estimaciones privadas, el valor de importación del Gas Natural Licuado (GNL) y del gasoil podría aumentar hasta un 30% durante el invierno.

A esto se suman nuevos incrementos regulados, como las subas en colectivos del AMBA, peajes y tarifas de gas, factores que podrían dificultar la desaceleración inflacionaria que el Gobierno esperaba consolidar.

En ese contexto, las consultoras advierten que la moderación del IPC de abril podría haber sido transitoria. Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) señalan que recién en agosto la inflación mensual podría perforar el 2%, mientras persiste la incertidumbre sobre el impacto de la energía, los combustibles y la volatilidad internacional en la dinámica de precios.

La convocatoria, que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, buscará visibilizar el impacto de los recortes presupuestarios sobre hospitales, centros de salud y programas esenciales de atención médica.

La Marcha Federal en defensa de la Salud Pública reunirá este miércoles a sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores del sistema sanitario en una masiva movilización contra las políticas de ajuste y desfinanciamiento impulsadas por el gobierno nacional. La convocatoria, que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, buscará visibilizar el impacto de los recortes presupuestarios sobre hospitales, centros de salud y programas esenciales de atención médica.

Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, la movilización partirá a las 13 desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, donde se leerá un documento conjunto. La protesta se inscribe en una creciente ola de reclamos contra las medidas económicas del Gobierno, en línea con las recientes manifestaciones universitarias en defensa de la educación pública.

Las organizaciones convocantes denunciaron un “creciente deterioro del sistema sanitario” y alertaron sobre el desfinanciamiento de políticas públicas clave. Entre los principales reclamos señalaron la interrupción del programa Remediar, las dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional y el abandono de políticas de salud mental.

“Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, afirmó Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, espacio que reúne a profesionales, trabajadores y usuarios del sistema sanitario.

Desde la CTA Autónoma advirtieron que entre 2023 y 2025 el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Salud sufrió una caída del 34%, a lo que se sumó un recorte administrativo de $63.000 millones en mayo de 2026. Según denunciaron, la reducción de recursos ya tiene consecuencias concretas sobre la atención sanitaria y las condiciones laborales del sector.

En la misma línea, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su respaldo a la marcha y sostuvo que el sistema sanitario atraviesa un “profundo deterioro” producto de las políticas de ajuste. “La salud pública es un pilar democrático y no puede ser una variable de ajuste”, remarcaron desde la entidad.

Por su parte, desde el gobierno bonaerense de Axel Kicillof señalaron que desde fines de 2023 unas 742 mil personas dejaron de pagar su obra social o prepaga debido al fuerte incremento de cuotas, que alcanzó el 398% en ese período. También alertaron sobre el aumento de la demanda en hospitales públicos y la presión sobre las camas de terapia intensiva.

En paralelo a la movilización sanitaria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará cortes sobre la Avenida General Paz para denunciar el cierre de 25.000 pequeñas y medianas empresas durante la actual gestión nacional. “Milei ha dañado más que la pandemia”, afirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, al cuestionar el impacto económico y social de las políticas oficiales.

El gobierno de quedó envuelto en una fuerte controversia tras firmar un acuerdo militar con Estados Unidos que habilita durante cinco años el patrullaje y monitoreo del Mar Argentino Sur por parte de fuerzas vinculadas a la Armada norteamericana. La decisión generó críticas por considerar que implica una cesión de soberanía sobre un área estratégica para el país.

El convenio no fue anunciado por la Casa Rosada ni por el Ministerio de Defensa argentino, sino directamente por el, organismo del Departamento de Defensa estadounidense encargado de las operaciones militares en América Latina y el Caribe. El dato alimentó las críticas opositoras sobre la relación asimétrica entre ambos gobiernos y el alineamiento automático de Milei con Washington.

El programa fue presentado bajo el nombre de “Protección de los Bienes Comunes Globales”, una definición que despertó especial rechazo porque el propio Comando Sur describió al Atlántico Sur como un “bien común global”, relativizando el carácter soberano del Mar Argentino y de una región atravesada por disputas geopolíticas, recursos estratégicos y la cuestión Malvinas donde persiste la ocupación militar británica.

La Carta de Intención fue firmada por el contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota estadounidense, junto al almirante Juan Carlos Romay por la Armada Argentina. Según Washington, el objetivo será “fortalecer la seguridad regional” y combatir amenazas marítimas mediante intercambio tecnológico, asistencia operativa y entrenamiento militar.

La primera etapa contempla la entrega de equipamiento de vigilancia para aeronaves argentinas, aunque el plan prevé una creciente participación estadounidense a través de tecnología, capacitación y tareas de control marítimo en el Atlántico Sur.

¿Que son los global commons?

El termino tiene su origen en el derecho anglosajón bajo cuyo significado histórico remitía a las tierras y recursos de usufructo comunal, pero que en las últimas décadas se ha tornado más dinámico en cuanto a su alcance incluyendo a espacios sujetos a una débil jurisdicción estatal como así también a aquellos donde la misma es inexistente, pasando de esta manera a formar parte de las agendas de seguridad de las potencias de la angloesfera que se atribuyen para si mismas la necesidad de “protegerlos y controlarlos”.

Críticas por “entrega de soberanía”

Desde distintos sectores políticos advirtieron que el acuerdo representa una avanzada extranjera sobre una zona estratégica bajo jurisdicción argentina. Uno de los primeros en cuestionarlo fue el ministro bonaerense, quien rechazó que el Mar Argentino pueda ser catalogado como un espacio internacional.

“El Mar Argentino no es un bien común global. Es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos”, expresó el funcionario, quien además acusó al gobierno nacional de convertir el Atlántico Sur en un área de entrenamiento y monitoreo para potencias extranjeras.

La Armada Argentina firmó hoy con EE.UU. un programa para la “protección global de bienes comunes”. El anuncio ni siquiera fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Defensa argentino. Lo hicieron exclusivamente la Embajada de EE.UU. y el Comando Sur.

El Mar Argentino no… pic.twitter.com/fNiv7yzA2J

— Carli Bianco (@Carli_Bianco) May 19, 2026

Bianco vinculó además la firma del acuerdo con el avance de intereses petroleros sobre las Islas Malvinas. Ese mismo día, la petrolera canadiense anunció su incorporación al consorcio integrado por la israelí y la británica, que planea explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte a partir de 2028.

Para sectores opositores, mientras empresas extranjeras avanzan sobre recursos estratégicos en torno a Malvinas, el gobierno argentino profundiza acuerdos militares con Estados Unidos sin impulsar acciones diplomáticas firmes contra la explotación petrolera en territorio en disputa.

Un alineamiento militar cada vez más profundo

El acuerdo firmado ahora aparece como un nuevo eslabón en la creciente cercanía entre la administración Milei y las Fuerzas Armadas estadounidenses. En abril, el presidente visitó el portaaviones frente a las costas de Mar del Plata durante ejercicios conjuntos organizados por el Comando Sur.

La relación con Washington también incluyó reuniones con la exjefa del Comando Sur, y posteriormente con su sucesor, con quien el gobierno coordinó despliegues militares regionales y ejercicios conjuntos, además en dichos encuentros quedó patente el interés de Washington por tutelar las infraestructuras estratégicas del país como la base naval conjunta de Ushuaia.

En octubre de 2025, Milei autorizó además el ingreso de tropas estadounidenses en mediante decreto, evitando el tratamiento legislativo requerido por la normativa vigente para ejercicios militares extranjeros, a lo que se suma diversos acuerdos en materia de ciberseguridad y ciberdefensa entre ellos con la polémica empresa Palantir señalada por ser un tentáculo de la CIA.

“Atlántico Sur” o “Mar Argentino”: la disputa por el sentido

La polémica también dejó expuesta una discusión geopolítica de fondo. Mientras Washington habla de “Atlántico Sur” y de “bienes comunes globales”, los críticos remarcan que se trata concretamente del, un espacio bajo soberanía nacional y parte integral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La diferencia no es solamente semántica. Para especialistas y dirigentes opositores, definir la región como un “espacio global” diluye la jurisdicción argentina y legitima la intervención de potencias extranjeras sobre un territorio estratégico por sus recursos pesqueros, energéticos y su cercanía con las Islas Malvinas, el cruce bioceánico en el estrecho de Magallanes y la Antártida.

En ese contexto, el acuerdo firmado por Milei reavivó el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región y sobre los límites del alineamiento argentino con Washington en materia de defensa y soberanía.

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia el historial de sueldos, designaciones y documentación laboral de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo que envuelve a la familia Adorni sumó un nuevo capítulo judicial y amenaza con convertirse en otro dolor de cabeza para el Gobierno nacional. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa entregó a la Justicia el historial de sueldos, designaciones y documentación laboral de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán y a cargo del juez federal Sebastián Casanello, apunta a determinar si el patrimonio del legislador libertario tuvo un crecimiento injustificado desde su desembarco en cargos públicos nacionales, adonde llegó de la mano de su hermano.

El expediente se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien puso bajo sospecha la evolución patrimonial de Francisco Adorni y cuestionó la velocidad con la que canceló un crédito millonario otorgado por el Banco Provincia. Según la legisladora, los ingresos declarados por el diputado libertario no alcanzarían para justificar el incremento de bienes registrado entre 2024 y 2025.

Desde Comodoro Py ya comenzaron a analizar los movimientos salariales y administrativos del dirigente libertario durante su paso por el Ministerio de Defensa y por el Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares (IAF), donde ocupó cargos estratégicos tras la llegada de Javier Milei al poder.

La Justicia sospecha de un “presunto incremento patrimonial no justificado” desde diciembre de 2023, período en el que Francisco Adorni pasó a integrar la estructura nacional bajo la órbita política de su hermano Manuel, uno de los hombres más cercanos al Presidente.

En sus declaraciones juradas, el diputado informó un salto patrimonial de más de $40 millones en apenas un año. Entre los movimientos observados aparecen la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación acelerada de un crédito de $60 millones, operaciones que despertaron dudas en la fiscalía.

Pero el caso no termina ahí. La investigación también incluirá informes de ARCA, ARBA, AGIP, Migraciones, Banco Central, UIF y registros de propiedades, con el objetivo de reconstruir toda la trama financiera y patrimonial del legislador libertario. Incluso se cruzarán datos con la causa que ya investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

En medio del creciente escándalo, Francisco Adorni intentó despegarse de las críticas lanzando un polémico sorteo de becas financiadas con fondos públicos para estudiantes secundarios de La Plata. La movida, difundida en redes sociales, fue interpretada por opositores y usuarios como un intento desesperado por mejorar la imagen del apellido Adorni justo cuando la presión judicial comenzaba a crecer.

La estrategia generó aún más controversia: mientras el oficialismo sostiene un discurso contra “la casta” y el gasto estatal, las críticas apuntaron a que el legislador utilizó recursos públicos para realizar una campaña de posicionamiento personal.

El avance de la causa golpea además las aspiraciones políticas de Francisco Adorni, que ya se perfilaba como posible candidato libertario para disputar la intendencia de La Plata en 2027. Ahora, el apellido Adorni quedó definitivamente bajo la lupa judicial y política.

La cadena Farmacity reportó pérdidas operativas millonarias y y admitio que la rentabilidad de su negocio “continúa siendo acotada”, en un escenario que se suma al reciente colapso de la cadena farmacéutica Doctor Ahorro.

Según el balance trimestral presentado por la compañía, Farmacity cerró el primer trimestre de 2026 con una pérdida operativa de $12.297 millones, afectada por la caída del poder adquisitivo, el freno del consumo y la persistencia de la inflación.

Aunque el resultado neto final mostró una ganancia de $4.961 millones, la mejora no provino de la actividad comercial sino del resultado financiero derivado de la revaluación del peso y del efecto de la inflación sobre su posición monetaria. El negocio operativo, en cambio, mostró señales de fuerte estancamiento.

Entre enero y marzo de este año, la empresa facturó $501.705 millones, apenas un 0,4% más que en igual período de 2025, reflejando una virtual parálisis del mercado de consumo masivo.

En su informe, Farmacity reconoció que el contexto económico continúa golpeando de lleno al comercio minorista. “El consumo, el comercio y la industria continuaron rezagados, afectando directamente el desempeño del consumo masivo”, señaló la empresa.

La cadena también advirtió sobre el cambio de comportamiento de los consumidores, que comenzaron a priorizar productos esenciales, buscar precios más bajos y reemplazar marcas tradicionales por segundas marcas. Ese fenómeno impactó especialmente en categorías clave para el grupo, como perfumería, cosmética y cuidado personal.

La presión sobre los márgenes quedó reflejada en el fuerte incremento de costos operativos. El costo de mercaderías vendidas alcanzó los $346.710 millones, mientras que los gastos de comercialización y administración sumaron más de $149.000 millones, absorbiendo buena parte de la rentabilidad generada por la operación.

Pese a haber reducido el rojo operativo frente al primer trimestre de 2025 —cuando había perdido $18.532 millones—, la compañía reconoció que todavía no logra recuperar niveles consistentes de rentabilidad y que el escenario macroeconómico sigue siendo “exigente”.

Dentro del grupo, el negocio de farmacias continuó sosteniendo la mayor parte de los ingresos, con ventas por $463.114 millones. Sin embargo, otras unidades como Get The Look continuaron arrojando pérdidas operativas, mientras que Simplicity mostró una desaceleración en sus resultados.

La situación de Farmacity se produce apenas meses después de la quiebra de Doctor Ahorro, que expuso la fragilidad financiera de muchas cadenas farmacéuticas frente a la caída del consumo y el aumento de costos. En el sector ya advierten que, si la economía no muestra señales de recuperación, podrían profundizarse los cierres, ajustes y reestructuraciones en una actividad históricamente considerada defensiva frente a las crisis.

Según los últimos relevamientos del sector, el consumo cayó un 6,8% interanual y alcanzó uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, reflejando el impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo sobre los hábitos cotidianos de millones de familias.

La carne vacuna, históricamente vinculada a la identidad cultural y alimentaria del país, se convirtió en uno de los indicadores más visibles de la crisis de consumo. El aumento sostenido de los precios obligó a muchos hogares a reducir las compras de cortes tradicionales, optar por cantidades menores o reemplazar directamente la carne vacuna por alternativas más económicas como pollo, cerdo o productos elaborados.

El cambio se percibe tanto en supermercados como en carnicerías barriales. Comerciantes aseguran que las ventas continúan en caída y que cada vez más clientes buscan promociones, cortes baratos, carne picada o menudencias para sostener el consumo. En algunos casos, incluso el asado dejó de formar parte de las reuniones familiares habituales debido al costo que implica.

Desde cámaras frigoríficas y entidades agropecuarias advirtieron que el consumo per cápita anual se encuentra en mínimos históricos para un país tradicionalmente ganadero. Durante décadas, Argentina se ubicó entre las naciones con mayor consumo de carne vacuna del mundo, pero la combinación entre inflación, salarios rezagados y aumento de costos comenzó a modificar esa realidad.

A la caída del poder de compra se suma el incremento de los costos de producción. Productores señalan que el precio del alimento para el ganado, los combustibles, la logística y los servicios impacta directamente sobre el valor final que pagan los consumidores. El resultado es un mercado interno debilitado, donde las familias priorizan gastos esenciales y restringen consumos considerados históricos dentro de la dieta argentina.

El retroceso también preocupa a la industria frigorífica, que observa una desaceleración en la actividad y una menor demanda local, tradicionalmente uno de los pilares del sector. Frente a este escenario, muchas empresas apuestan a las exportaciones como vía para sostener la producción y amortiguar la caída del mercado interno.

Economistas coinciden en que la baja del consumo de carne vacuna funciona como un termómetro social y económico. En un país donde el asado simboliza parte de la vida cotidiana y cultural, la reducción en las compras no sólo refleja un cambio alimentario, sino también el alcance de una crisis que impacta de lleno sobre la capacidad de consumo de los hogares.

Aunque algunos sectores mantienen expectativas de recuperación si mejora el poder adquisitivo, reconocen que el escenario sigue siendo incierto y que muchos hábitos podrían transformarse de manera permanente incluso en un contexto económico más favorable.

Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un explosivo pedido de informes al Gobierno de Javier Milei por el envío de dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina a Bolivia, en medio de las denuncias por represión estatal y creciente conflictividad social en ese país.

La oposición advierte que podría tratarse de un nuevo episodio de asistencia encubierta a fuerzas represivas, reeditando el antecedente del envío de armamento durante el gobierno de Mauricio Macri en 2019.

La iniciativa, encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por referentes como Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, exige conocer qué tipo de carga transportaban las aeronaves militares, quién autorizó la operación y cuáles son los acuerdos vigentes entre la Argentina, Bolivia y el programa “Escudo de las Américas”, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las sospechas crecieron luego de que el diputado opositor boliviano Rolando Pacheco denunciara públicamente que los Hércules argentinos no estarían trasladando ayuda humanitaria sino materiales destinados a reforzar la represión contra las protestas sociales que reclaman la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira.

“Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión”, afirmó Marino, quien advirtió que “la sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza”.

El reclamo opositor pone nuevamente bajo la lupa el rol de la Argentina en la crisis boliviana y revive el escándalo internacional por el envío de armas y municiones antidisturbios al régimen de facto de Jeanine Áñez tras el golpe de Estado de 2019, una causa judicial que todavía continúa abierta.

Además del pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social y contra “toda forma de represión estatal e injerencia externa” en Bolivia. Allí cuestionó el alineamiento del gobierno de Milei con los comunicados del Departamento de Estado de Estados Unidos, al considerar que omiten las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

“La Argentina no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez”, sostuvo el legislador, quien insistió en que “ningún recurso del Estado argentino puede ser utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano”.

La Justicia puso bajo la lupa una polémica licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia y el caso amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno de Javier Milei.

El expediente, que involucra directamente a Karina Milei, ya comenzó a ser analizado por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió al Ejecutivo toda la documentación vinculada al proceso.

La contratación cuestionada corresponde al servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Antes de definir si avanza formalmente con una investigación penal, el fiscal solicitó acceder al expediente completo para conocer el estado actual de la licitación y determinar si existieron irregularidades.

Según trascendió, el principal foco de sospecha apunta a la participación de las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA. De acuerdo con un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ambas empresas integrarían un mismo grupo económico, situación que podría haber generado una competencia ficticia dentro del proceso licitatorio.

“El procedimiento podría haber sido simulado para aparentar una compulsa entre oferentes”, sostienen los cuestionamientos incorporados al expediente judicial, una situación que abre interrogantes sobre la transparencia de la contratación promovida desde el área que conduce la hermana del Presidente.

La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza hoy enfrentada políticamente con el oficialismo. En la presentación judicial se mencionan posibles delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario.

La licitación pública N° 23-0005-LPU26 quedó así en el centro de una investigación que vuelve a colocar a Karina Milei en una situación incómoda y suma un nuevo capítulo de tensión política para la Casa Rosada.

El dato surge del Inform Risk Index, una herramienta elaborada por organismos vinculados a Naciones Unidas y la Unión Europea para medir el riesgo de crisis humanitarias y desastres en 191 países.

Cuando Javier Milei prometía durante la campaña que la Argentina podría convertirse en “Alemania en 20 años”, el mensaje apuntaba a un país ordenado, próspero y desarrollado. Sin embargo, apenas un año y medio después del inicio de su gestión, la Argentina acaba de quedar, por primera vez en su historia reciente, en condiciones de ser considerada receptora de ayuda humanitaria internacional.

El dato surge del Inform Risk Index, una herramienta elaborada por organismos vinculados a Naciones Unidas y la Unión Europea para medir el riesgo de crisis humanitarias y desastres en 191 países. En su última edición, la Argentina aparece en el puesto 94 y deja de ser catalogada como un país de “riesgo bajo” para ingresar en la categoría de “riesgo medio”.

No se trata de un detalle técnico ni estadístico. El índice es utilizado por gobiernos y organismos internacionales para orientar la asignación de fondos de cooperación y asistencia. Hasta ahora, la Argentina quedaba afuera de muchos programas porque era considerada una nación con capacidades suficientes para responder a crisis sociales y económicas. Eso cambió.

El deterioro se explica principalmente por tres variables que el informe considera centrales: el aumento de la vulnerabilidad socioeconómica, el debilitamiento de la capacidad estatal de respuesta y el deterioro de indicadores estructurales vinculados a desigualdad, infraestructura y protección social.

La dimensión que más impactó en la recategorización del país fue la de “vulnerabilidad”, donde se evalúan factores como desigualdad económica, pobreza, brecha de género, deterioro de ingresos y condiciones sociales. A eso se suma la caída en la capacidad de respuesta institucional, asociada al retroceso de la inversión pública, el deterioro de infraestructura y el debilitamiento de áreas sensibles del Estado.

Especialistas que trabajan desde hace años en cooperación internacional admiten que la situación representa un quiebre histórico. “Siempre fuimos un país de riesgo bajo. Este año aparecemos en rojo”, señaló una fuente del sector humanitario con más de 15 años de experiencia.

La paradoja es contundente: mientras el Gobierno sostiene un discurso de estabilidad macroeconómica y promete un futuro de prosperidad comparable al de las principales potencias europeas, la Argentina empieza a ser observada internacionalmente con parámetros similares a los que se aplican a países que requieren asistencia externa para afrontar crisis sociales.

El informe además advierte que la tendencia podría agravarse. La paralización de la obra pública, el deterioro de rutas, la pérdida de capacidad estatal y el retiro de políticas de contención social podrían profundizar en los próximos años los indicadores que hoy colocan al país en una zona inédita de vulnerabilidad.

De la promesa de convertirse en Alemania, a entrar en la lista de países que podrían necesitar ayuda humanitaria: el contraste resume, para muchos analistas, el verdadero saldo social del ajuste.