Mientras las rutas nacionales acumulan deterioro, obras paralizadas y falta de mantenimiento, el Gobierno reconoció que utiliza para ordenar las cuentas públicas recursos que por ley deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial. Más de $1 billón permanece colocado en inversiones financieras mientras las rutas siguen esperando obras.

El Gobierno de Javier Milei reconoció que una parte de los fondos recaudados específicamente para construir, reparar y mantener las rutas nacionales es utilizada para sostener el “equilibrio fiscal”. La admisión fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que el Ministerio de Economía dispone de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), pese a que tienen un destino legal específico.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas”, admitió Ravier, para luego reconocer que “la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”.

La revelación adquiere especial gravedad en un contexto en el que las rutas nacionales atraviesan una situación cada vez más crítica, con tramos deteriorados, obras inconclusas y una infraestructura que requiere mantenimiento permanente. El problema no es solamente económico: el deterioro de las rutas representa un riesgo concreto para quienes diariamente deben utilizarlas y para el transporte de cargas que sostiene buena parte de la actividad productiva del país.

Rutas x votos:

Durante los primeros cinco meses de este año, el Ministerio de Economía giró más de $33.000 millones para obras viales a un puñado de provincias cuyos legisladores acompañaron, de inmediato, al oficialismo en las sesiones más sensibles del Congreso.

Link a la… pic.twitter.com/gbvURaba56

— Hugo Alconada Mon (@halconada) August 11, 2026

Más de $1 billón que no llegó a las rutas

El SisVial se financia con una porción del impuesto a los combustibles líquidos y tiene un objetivo legal preciso: financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional. Sin embargo, desde la llegada de Milei al Gobierno, la subejecución de esos recursos alcanza el 73,8%.

Entre 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso recaudó $1.503.252 millones, pero solamente $394.406 millones fueron ejecutados en obras viales. Es decir, apenas una parte de los recursos terminó cumpliendo el propósito para el que fueron recaudados.

Los números muestran la magnitud del desvío: durante 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, solamente el 18,5%.

Para fines de mayo, más de $1 billón permanecía sin ser aplicado a obras viales. De ese total, $1.001.018 millones estaban colocados en inversiones financieras, mientras otros $37.761 millones permanecían inmovilizados en una cuenta corriente. En conjunto, $1.038.779 millones que deberían haber contribuido a mejorar la infraestructura vial no llegaron al asfalto.

El ajuste fiscal a costa de las rutas

La explicación oficial resulta particularmente polémica: mientras el Gobierno presenta el equilibrio fiscal como uno de sus principales logros, utiliza recursos que tienen un destino específico para sostener ese resultado contable.

La contradicción es evidente. Los argentinos pagan impuestos sobre los combustibles que tienen, entre otros objetivos, financiar la infraestructura vial, pero una parte sustancial de ese dinero termina colocada en instrumentos financieros mientras las rutas se deterioran y las obras necesarias quedan postergadas.

Ravier intentó relativizar la situación al asegurar que las rutas “se están manteniendo” y puso como ejemplo la Ruta Nacional 5. Sin embargo, la existencia de tareas puntuales de mantenimiento no responde a la cuestión central: por qué fondos creados legalmente para las rutas permanecen invertidos o son utilizados para otros objetivos mientras la red vial nacional acumula necesidades urgentes.

El caso del SisVial expone así el costo oculto del ajuste: el Gobierno puede mostrar las cuentas públicas ordenadas, pero lo hace postergando inversiones indispensables y acumulando un enorme déficit de infraestructura.

Porque detrás de esos números no hay solamente una cuenta financiera. Hay rutas por las que circulan miles de personas todos los días, obras que no se terminan y una infraestructura cuyo deterioro puede terminar pagándose con accidentes, pérdidas económicas y vidas humanas.

La diputada Marcela Pagano llevó a la Justicia al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a otros funcionarios por el destino de casi $4 billones del Estado, en una denuncia que incluyó acusaciones de malversación, peculado y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El conflicto se originó tras la licitación de deuda del 29 de julio, que dejó un excedente de unos $3,8 billones. La polémica creció luego de que el titular del Banco Central, Santiago Bausili, no pudiera precisar inicialmente dónde se encontraba ese dinero y afirmara que los fondos estaban “en algún lado”. Para Pagano, la explicación fue insuficiente y decidió acudir a los tribunales.

“La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”, disparó la diputada, que reclamó investigar el recorrido de cada peso y apuntó directamente contra la conducción económica del Gobierno.

Pero Pagano fue todavía más lejos. En medio de la escalada, acusó a Caputo de ser un “chorro” y “canalla” y lo vinculó con el controvertido manejo de las reservas de oro del Banco Central. La legisladora llegó a sostener que el ministro “se robó el oro” durante la gestión de Mauricio Macri, una acusación de extrema gravedad que ahora quedó instalada en el centro de la disputa política.

Caputo respondió con una amenaza de querella por calumnias y sostuvo que los fondos son perfectamente rastreables. Desde el Ministerio de Economía explicaron que los $3,8 billones no desaparecieron, sino que fueron depositados en cuentas del Tesoro dentro de bancos comerciales para evitar una inyección masiva de liquidez que pudiera presionar sobre las tasas.

La pelea terminó involucrando directamente a Javier Milei. El Presidente salió en defensa de su ministro y atacó públicamente a Pagano, a quien calificó de “mentirosa serial” y cuestionó duramente por su actividad periodística.

La diputada, lejos de retroceder, redobló sus críticas contra el mandatario. Lo acusó de ser un “mitómano”, cuestionó su gestión económica y afirmó que el poder “develó quién realmente eras”. También lanzó una dura advertencia: “Tus delirios son un peligro para la Nación”.

Así, la disputa por los $4 billones terminó transformándose en una guerra abierta dentro del universo libertario, con una denuncia penal, acusaciones cruzadas, amenazas judiciales y fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos y las reservas de oro del país.

El reclamo se conoce en plena escalada diplomática entre ambos países, desde los insultos de Javier Milei al presidente brasileño y de su decisión de respaldar abiertamente a sectores opositores. Mientras Brasil busca bajar la tensión, el mandatario argentino vuelve a atacar a Lula replicando en redes mensajes de un congresista republicano de Estados Unidos.

La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil comienza a traducirse en consecuencias concretas. La Casa de la Moneda argentina no pagó las dos primeras cuotas de una deuda reconocida en un acuerdo firmado en diciembre, por un total de 63,6 millones de reales, correspondiente a la impresión de billetes realizada por Brasil entre 2021 y 2023.

Los vencimientos estaban previstos para junio y julio, pero los pagos nunca llegaron. Ahora, la Casa de la Moneda brasileña evalúa cómo recuperar el dinero mientras el gobierno de Lula reclama explicaciones a su principal socio comercial de la región.

El incumplimiento se produce en el peor momento de la relación bilateral. A fines de julio, Javier Milei viajó a San Pablo, respaldó públicamente a un dirigente opositor y lanzó durísimos ataques contra Lula, a quien calificó de “ladrón” y “presidiario”. También cuestionó a instituciones brasileñas, en una intervención que provocó una fuerte reacción del gobierno de Brasil.

La administración de Lula llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y citó al representante diplomático argentino para pedir explicaciones. Desde Brasil advirtieron, además, que no existen antecedentes recientes de un jefe de Estado extranjero que haya realizado agresiones de semejante magnitud contra las autoridades brasileñas en territorio del país.

Pero lejos de buscar descomprimir la situación, Milei alentado desde Washington volvió a echar nafta al fuego. El Presidente argentino compartió en sus redes sociales los ataques contra Lula publicados por el congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez, quien calificó al mandatario brasileño de “criminal comunista corrupto” y lo acusó de encabezar un proyecto autoritario.

Milei acompañó una de esas publicaciones con un irónico “UPs!” y volvió a replicar otros mensajes contra Lula. El episodio expone nuevamente el alineamiento y subordinación del gobierno argentino con sectores políticos de Estados Unidos que tienen al presidente brasileño como uno de sus principales adversarios en la región.

La disputa, de este modo, deja de ser solamente una sucesión de insultos y cruces en redes sociales. La relación bilateral comienza a pagar costos concretos, con un reclamo financiero pendiente, un deterioro de los canales diplomáticos y un enfrentamiento político cada vez más abierto entre los gobiernos de Buenos Aires y Brasilia.

La deuda reclamada por Brasil tiene además un origen anterior a la actual crisis. La Casa de la Moneda argentina había recurrido a su par brasileña para imprimir billetes ante la imposibilidad de cubrir toda la demanda interna. Las diferencias posteriores derivaron en un litigio que finalmente buscó cerrarse mediante el acuerdo firmado en diciembre.

Hasta ahora, el gobierno de Milei no brindó explicaciones públicas convincentes sobre el incumplimiento ni informó si pretende negociar nuevos plazos de pago. El silencio adquiere mayor relevancia porque el conflicto económico aparece en paralelo con una escalada política provocada por el propio Gobierno.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y una pieza central del Mercosur. El deterioro de ese vínculo no es una cuestión menor: afecta a empresas, trabajadores, exportadores, importadores y a las economías de ambos lados de la frontera.

La creciente confrontación también expone una definición estratégica de la política exterior de Milei. Mientras Washington profundiza sus disputas geopolíticas con gobiernos latinoamericanos que no responden a su orientación, el Presidente argentino se coloca cada vez más cerca de los sectores estadounidenses que cuestionan a Lula y utiliza su poder político y diplomático para amplificar esas posiciones en lugar de propugnar mayor margen de autonomía en la política exterior argentina.

Así, el gobierno de Milei parece convertir a la Argentina en un ariete regional de la estrategia de Washington contra Lula, aun cuando el costo de esa confrontación recae sobre los propios intereses argentinos.

El reclamo brasileño por los millones adeudados es, en ese sentido, una primera señal de alarma. La crisis con el principal socio regional ya no se limita a las declaraciones de Milei: empieza a tener consecuencias económicas y diplomáticas concretas.

Cuando le preguntaron al titular del BCRA dónde estaba el dinero, Santiago Bausili no pudo responder: “Estoy seguro que si buscamos bien, en algún lado están”. La insólita explicación encendió las alarmas sobre el manejo de los fondos públicos.

El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente bajo la lupa por la falta de transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Esta vez, el protagonista del escándalo es el Banco Central, que no pudo brindar precisiones sobre el destino de un excedente de casi $4 billones, generado luego de una millonaria licitación de deuda del Tesoro.

La Secretaría de Finanzas había recibido ofertas por $13,98 billones y terminó adjudicando $12,21 billones en efectivo en la operación del 29 de julio. El monto superó ampliamente los vencimientos que debían renovarse ese día, que rondaban los $8 billones, y dejó un diferencial positivo cercano a los $4 billones.

La cifra equivale a aproximadamente USD 2.600 millones y abrió un interrogante elemental: ¿dónde está ese dinero?

La pregunta dejó expuesto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien reconoció no tener precisiones sobre el destino puntual de los fondos. “No tengo mucha respuesta, porque es una pregunta que corresponde hacer al Tesoro”, sostuvo.

Pero la explicación posterior fue todavía más llamativa. Bausili afirmó: “No creo que hayan desaparecido. Puede ser que no las haya traído acá. Estoy seguro que si buscamos bien en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”.

La insólita respuesta generó cuestionamientos sobre la forma en que se registra y controla la liquidez del Estado. No se trata de unos pocos millones perdidos en una cuenta: son $4 billones, equivalentes a unos USD 2.600 millones, cuyo destino inmediato no pudo ser precisado por una de las máximas autoridades económicas del país.

La licitación alcanzó un rollover del 144,5%, muy por encima de los vencimientos que debían cubrirse. Desde mayo, el Tesoro viene registrando niveles de refinanciamiento superiores al 120%, lo que permitió reducir la necesidad de emisión monetaria y extender los plazos de la deuda en pesos.

Sin embargo, el éxito financiero de las licitaciones no elimina el problema de fondo: la ciudadanía tiene derecho a saber dónde están y cómo se utilizan los excedentes de semejante magnitud.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que los fondos forman parte del flujo de caja general del Estado y pueden utilizarse para afrontar obligaciones corrientes, financiar partidas presupuestarias o reforzar la liquidez para futuros vencimientos. Pero la falta de información detallada y diaria sobre los movimientos de caja dificulta el seguimiento público de estos recursos.

El episodio resulta particularmente incómodo para un Gobierno que hizo de la austeridad, el orden fiscal y la supuesta eficiencia en la administración pública uno de sus principales argumentos políticos. Mientras Milei sostiene que “no hay plata” para financiar distintas políticas públicas, aparecen ahora $4 billones sobre los que las propias autoridades no pudieron explicar con precisión dónde se encuentran.

El oficialismo asegura que las operaciones están auditadas y registradas y que no existe ninguna irregularidad. Pero la respuesta de Bausili dejó una imagen difícil de borrar: ante la pregunta de dónde están USD 2.600 millones, la máxima autoridad monetaria del país respondió, en los hechos, que “en algún lado están”.

La polémica queda abierta y exige una explicación concreta: ¿dónde están los $4 billones y cómo fueron contabilizados?

El ministro de Desregulación viajó a República Dominicana para participar de un foro mientras el oficialismo negociaba a contrarreloj en el Congreso y terminaba dando marcha atrás con algunos de los puntos centrales de su proyecto.

En medio de una semana marcada por derrotas legislativas, cruces internos y preocupación por la caída en las encuestas, Federico Sturzenegger quedó nuevamente en el centro de la escena. El ministro de Desregulación fue fotografiado en el aeropuerto de Punta Cana mientras, a miles de kilómetros, el oficialismo intentaba sostener en el Congreso un proyecto que llevaba su sello.

Desde el entorno del funcionario explicaron que el viaje estaba programado con anterioridad y que Sturzenegger había sido invitado por el presidente de República Dominicana para participar de un foro sobre el proceso de desregulación argentino. Según esa versión, la actividad se desarrolló en Santo Domingo y la presencia en Punta Cana obedeció únicamente a una escala para tomar el vuelo de regreso.

Sin embargo, la explicación no logró disipar el malestar dentro del propio oficialismo. En los sectores que debieron negociar hasta último momento los cambios al proyecto cuestionaron que el principal impulsor de la iniciativa no estuviera en el país durante una instancia decisiva y, sobre todo, que no hubiera asumido el costo político de defender públicamente una reforma que había generado un fuerte rechazo.

El episodio adquirió mayor relevancia porque el Gobierno terminó retirando dos capítulos centrales de la iniciativa: la modificación de la Ley de Tierras y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. La presión política y social en torno a la extranjerización de tierras obligó al oficialismo a retroceder justo cuando buscaba evitar una nueva derrota parlamentaria.

El contraste es difícil de ignorar: mientras el Gobierno exige sacrificios y ajuste a amplios sectores de la sociedad, uno de sus ministros se encontraba participando de un foro internacional en el Caribe en el momento en que sus propios compañeros de espacio intentaban salvar su proyecto en el Congreso.

Pero la semana negra de Sturzenegger no terminó allí. También quedó bajo cuestionamiento por el decreto 690/2026, vinculado a la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje. La medida terminó provocando un paro que afectó el movimiento de más de 140 buques y obligó al Gobierno a suspender la normativa.

El traspié legislativo también expuso otro problema para la Casa Rosada: la dificultad para construir acuerdos con los gobernadores y sostener sus alianzas parlamentarias. Una situación especialmente sensible para un oficialismo que necesita avanzar con su agenda legislativa antes del año electoral y que pretende impulsar cambios en el sistema electoral.

Mientras tanto, la filtración de las imágenes de Sturzenegger en República Dominicana abrió un nuevo capítulo de la interna libertaria. Dentro del Gobierno comenzaron a circular versiones sobre quién dejó trascender la información y aparecieron nuevamente los reproches cruzados por la estrategia legislativa.

En la Casa Rosada, la preocupación excede al ministro de Desregulación. Dirigentes cercanos al oficialismo admiten inquietud por los últimos sondeos y por el deterioro de los números del Gobierno. Con ese telón de fondo, la derrota parlamentaria no solo dejó expuestas las dificultades del oficialismo para conseguir votos: también reactivó la búsqueda de responsables y profundizó las peleas internas.

Mientras Karina Milei intenta recomponer la relación con los legisladores y la mesa política vuelve a reunirse para ordenar la tropa, Sturzenegger quedó en una posición incómoda. El ministro que impulsa una de las agendas más profundas de desregulación del Gobierno deberá ahora explicar por qué, mientras su proyecto naufragaba en el Congreso, él estaba a miles de kilómetros de distancia.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y las cámaras pyme cuestionaron el tono del funcionario y le reclamaron al Gobierno abrir un debate sobre los elevados costos que enfrenta producir en el país.

Durante un evento de la Cámara de Agentes de Bolsa, Caputo desestimó los reclamos del sector al afirmar que entre 2011 y 2023 la industria cayó un 10% “a pesar de estar subsidiada” y remató: “Para todos los tarados que hablan de la industria”.

La respuesta fue inmediata. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, sostuvo que “no son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante” y remarcó que defender la industria “no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía”.

Además, advirtió que la industria enfrenta una “competencia desleal” agravada por la apertura de importaciones, la caída del consumo y la retracción de la actividad en numerosos sectores. En ese marco, reclamó avanzar sobre los problemas estructurales que afectan la competitividad, como la presión impositiva, la infraestructura y el acceso al financiamiento. “No estamos defendiendo privilegios; queremos las mismas condiciones para competir”, afirmó.

Rappallini también pidió que el Gobierno valore el rol del empresariado industrial. “Hay que empezar a reconocer al empresario que invierte, innova y exporta. Somos el motor fiscal de la Argentina”, señaló, al tiempo que manifestó su preocupación por la tensión diplomática con Brasil, principal socio comercial del país.

Las cámaras pyme también cuestionaron con dureza al ministro. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), su presidente Daniel Rosato acusó a Caputo de desconocer la realidad que atraviesan las fábricas y sostuvo que el verdadero problema no es la industria, sino los costos de producir en Argentina.

“Antes de descalificar a la industria, discutamos cuánto cuesta producir en la Argentina”, reclamó Rosato, quien atribuyó la falta de competitividad a una estructura de costos e impuestos que, según afirmó, no existe en otros países. “No es que las empresas quieran ganar más; producir en Argentina implica una carga que castiga a quienes invierten y generan empleo”, concluyó.

Las críticas llegan en un contexto complejo para la actividad manufacturera. La apertura de importaciones y la caída del consumo ya impactan en numerosos sectores: la metalurgia retrocedió cerca de un 6% en el primer semestre, la industria textil perdió más de 15.000 puestos de trabajo en el último año y la producción automotriz registró en julio una baja del 16% respecto del mismo mes de 2025, un escenario que continúa profundizando los despidos y la crisis del aparato productivo.

En medio del debate por la reforma de la Ley de Tierras, el funcionario afirmó que “la soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado” y sostuvo que, si un extranjero quisiera comprar incluso una provincia entera, no debería existir impedimento mientras respete la propiedad privada y las reglas del mercado.

Las afirmaciones despertaron preocupación por el rumbo que propone el Gobierno en materia de recursos estratégicos y control territorial. La postura contrasta con la de numerosas potencias que consideran la defensa de la soberanía, el control de sus recursos naturales y la protección de áreas estratégicas como pilares centrales de sus políticas de desarrollo y seguridad nacional.

Durante una entrevista, Quirno defendió la flexibilización del régimen que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y descartó que ello represente un riesgo para el país. “La soberanía es un discurso que para nosotros es anticuado”, afirmó, al argumentar que la prioridad debe ser atraer inversiones y brindar seguridad jurídica.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la protección de zonas de frontera, recursos hídricos, minerales y otros activos estratégicos, actualmente alcanzados por regulaciones que buscan preservar el interés nacional frente al avance de capitales extranjeros.

La posición expresada por Quirno va a contramano de la política adoptada por numerosos países desarrollados, que mantienen fuertes restricciones o mecanismos de control sobre la adquisición de tierras y activos estratégicos por parte de inversores extranjeros, especialmente en sectores vinculados a la seguridad nacional, la producción de alimentos, la energía y los recursos naturales.

Las críticas sostienen que considerar la soberanía como un concepto “anticuado” implica relegar una herramienta utilizada por muchas de las principales economías del mundo para resguardar intereses estratégicos y orientar sus modelos de desarrollo.

Otra controversia: las acusaciones contra Brasil

En la misma jornada, Quirno también quedó envuelto en otra polémica al admitir que no posee pruebas para sostener la acusación formulada previamente por el presidente Javier Milei, quien había señalado al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como responsable de financiar una supuesta campaña contra Argentina en redes sociales.

Consultado sobre esas afirmaciones, el funcionario reconoció que, si bien detectaron actividad proveniente de Brasil, no podía afirmar que hubiera sido financiada por el gobierno brasileño. “No tengo pruebas para incriminar a nadie”, admitió, marcando una diferencia con la acusación realizada por el Presidente.

El Gobierno debió retirar el capítulo sobre tierras

Mientras tanto, la iniciativa para modificar la Ley de Tierras sufrió un revés en el Congreso. Ante la falta de votos en el Senado, el oficialismo decidió retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y avanzar por separado con esa discusión.

El rechazo reunió a legisladores de distintos espacios, organizaciones ambientales y sectores vinculados a la defensa del territorio, que advirtieron sobre las implicancias que una mayor apertura a la compra de tierras por parte de extranjeros podría tener para la soberanía y el control de recursos estratégicos del país.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aprovechó la inauguración del nuevo Centro de Salud Ramón Carrillo en la ciudad de Bolívar para lanzar un duro cuestionamiento contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de quitarle recursos a las provincias para beneficiar al sistema financiero y a sectores económicos privilegiados.

Acompañado por el intendente Eduardo “Bali” Bucca y los ministros provinciales Nicolás Kreplak, Gabriel Katopodis, Daniela Vilar y Jésica Rey, Kicillof sostuvo que la administración nacional lleva adelante un ajuste que golpea a la educación, la salud y la obra pública mientras desvía los fondos públicos hacia otros intereses.

“Es un robo que nos saque los recursos y se los dé a los bancos, a la timba, a las empresas extranjeras y a sus amigos”, afirmó el mandatario provincial. En la misma línea, aseguró que el Gobierno nacional “le roba recursos al pueblo de la provincia de Buenos Aires” al retener fondos que históricamente regresaban a las jurisdicciones mediante obras, escuelas, hospitales y programas sociales.

Kicillof recordó que la provincia de Buenos Aires genera cerca del 40% del Producto Bruto del país y aporta una proporción similar de la recaudación tributaria nacional. Sin embargo, cuestionó que esos recursos “no son propiedad del Gobierno nacional” y denunció que la gestión libertaria interrumpió las transferencias destinadas a infraestructura, educación y salud.

Más de 37 mil vecinos de Bolívar van a contar con una atención de salud más cercana y de calidad gracias al nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud Ramón Carrillo, el primero del distrito. Una obra que fortalece la prevención y permitirá descomprimir la demanda del Hospital… pic.twitter.com/job1Kx7PxC

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 5, 2026

El gobernador también señaló que la Provincia presentó un reclamo ante la Corte Suprema por los fondos retenidos y calificó la política de coparticipación del Ejecutivo como “injusta” y perjudicial para los bonaerenses. “Nos han cortado todo, a nosotros y al resto de las provincias”, enfatizó.

Las declaraciones fueron realizadas durante la inauguración del Centro de Salud Ramón Carrillo, un edificio de aproximadamente 500 metros cuadrados que contará con consultorios de clínica médica, ginecología, odontología y pediatría, además de vacunatorio y farmacia. En la jornada también se entregaron escrituras a familias del distrito y equipamiento para el municipio, entre ellos un camión destinado a la planta de reciclado local.

En la Casa Rosada la responsabilizan directamente por el revés legislativo y aseguran que ocultó el verdadero panorama de apoyos, lo que terminó exponiendo al oficialismo a una derrota que pudo haberse evitado.

Según trascendió desde el entorno presidencial, Bullrich sostuvo hasta último momento que contaba con los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger. Sin embargo, la situación comenzó a derrumbarse cuando Diego Santilli se comunicó con la senadora salteña Flavia Royón, quien le confirmó que rechazaría el proyecto, pese a que la ministra la contabilizaba como un voto favorable.

La decisión de Royón respondió al cambio de postura del gobernador Gustavo Sáenz, quien se sumó a otros mandatarios provinciales que rechazaron una norma que había generado un fuerte rechazo social y amenazaba con convertirse en un nuevo foco de conflicto para el Gobierno.

El malestar en Balcarce 50 creció aún más cuando quedó al descubierto que Bullrich tampoco había informado que el senador mendocino Rodolfo Suárez no asistiría a la sesión para evitar votar la iniciativa. A esas bajas se sumaron los anuncios de la tucumana Beatriz Ávila y de la neuquina Julieta Corroza, quienes también decidieron votar en contra, dejando sin chances al oficialismo.

Con ese escenario, la Casa Rosada optó por retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras antes de sufrir una derrota en el recinto. La decisión fue interpretada como un intento de minimizar el costo político de una negociación que ya estaba perdida.

La indignación alcanzó también a los bloques aliados. Varios legisladores reprocharon a Bullrich haberlos expuesto asegurando que existían los votos suficientes. “Si no tenés los 37, no nos hagas quedar pegados para terminar empatando”, habría sido el reclamo de una de las senadoras que acompañaba al oficialismo.

El episodio profundizó la desconfianza que Javier y Karina Milei mantienen hacia Bullrich. En el Gobierno afirman que la sucesión de errores políticos, las filtraciones de sus enfrentamientos con Victoria Villarruel y ahora el manejo de la negociación por la ley de tierras deterioraron aún más su relación con la cúpula libertaria.

En la Casa Rosada aseguran que el ocultamiento de la falta de apoyos obligó incluso al Presidente a modificar su agenda internacional para intentar neutralizar una eventual intervención de Villarruel en la sesión, una maniobra que terminó resultando inútil y que incrementó el enojo contra la ministra. El fracaso legislativo dejó así una nueva herida en el oficialismo y profundizó la interna entre Bullrich y el círculo más cercano de los Milei.

Un fuerte escándalo político sacude al oficialismo luego de que se conociera que el senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, integra una empresa dedicada a asesorar a inversores extranjeros para la compra de tierras rurales, mientras impulsaba un proyecto que pretendía flexibilizar los límites a la extranjerización de esos inmuebles.

La revelación motivó a la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, a presentar una impugnación ante la Presidencia del Senado para exigir que Benegas Lynch se abstenga de participar del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Según sostuvo, el legislador enfrenta un “severo conflicto de intereses” que compromete su imparcialidad y vulnera los principios de ética pública.

La denuncia señala que Benegas Lynch es fundador y director de Glocal Terra, una firma que ofrece asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir terrenos agrícolas, campos, áreas de conservación y fincas de lujo en la Argentina. De acuerdo con la presentación, el objeto social de la empresa incluye la intermediación y el asesoramiento comercial, legal y financiero para la compra de inmuebles y tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros.

Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo… pic.twitter.com/Ht66dTH84n

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 5, 2026

El planteo cobra especial relevancia porque el proyecto impulsado por el Gobierno contemplaba originalmente modificar la Ley de Tierras para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros. Si bien ese capítulo fue retirado a último momento por la resistencia de bloques aliados, la oposición sostiene que la iniciativa habría generado un beneficio económico directo para la actividad desarrollada por la empresa vinculada al senador libertario.

En su presentación, Di Tullio pidió que Benegas Lynch no intervenga en el debate, no firme dictámenes y se abstenga de votar la iniciativa. Argumentó que cualquier flexibilización de la normativa sobre la adquisición de tierras por extranjeros impactaría directamente en el negocio de Glocal Terra, incrementando sus oportunidades comerciales y sus beneficios económicos.

“La situación configura una directa y manifiesta colisión entre el interés público y el interés privado del legislador”, sostuvo la senadora, quien fundamentó su planteo en el artículo 66 de la Constitución Nacional y en la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública.

La denuncia suma un nuevo frente de conflicto para el oficialismo y vuelve a poner bajo la lupa la reforma de la Ley de Tierras, luego de que el Gobierno se viera obligado a retirar el capítulo más controvertido del proyecto ante la falta de respaldo político y las crecientes denuncias sobre los intereses económicos que orbitaban detrás de la iniciativa.