El presidente Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2026 la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría, lo que implica un cambio drástico para millones de usuarios de gas en la provincia de Buenos Aires y en otras regiones del país.

De prosperar la iniciativa, quienes hoy reciben descuentos del 30% y 50% en sus facturas volverán a pagar tarifas plenas en un contexto económico marcado por el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo.

La medida figura en el artículo 72 del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, donde se derogan los artículos centrales de la Ley 27.637, sancionada en 2021. Esa norma extendió el beneficio original —vigente desde 2002 para zonas de climas extremos como la Patagonia, la Puna y Malargüe— hacia distritos templados y cálidos-templados. Gracias a esa ampliación, más de 3,1 millones de hogares accedieron a tarifas diferenciales en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y San Luis.

Con la derogación propuesta por Milei, solo quedarían dentro del esquema los 850.000 usuarios del régimen original de 2002. El resto perdería los descuentos: 30% para usuarios residenciales y de gas por redes, y 50% para beneficiarios de la Tarifa Social y hogares vulnerables registrados en ANSES.

Desde el Gobierno nacional argumentaron que la medida responde a la necesidad de “racionalizar subsidios” y sostener el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica oficial. Sin embargo, para los distritos afectados, el recorte se traducirá en un fuerte impacto en el bolsillo, especialmente en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo.

No es la primera vez que el Ejecutivo avanza sobre el tema. Durante el debate de la Ley Bases, Milei ya había intentado restringir el beneficio exclusivamente a las provincias del sur, aunque la propuesta fue rechazada en el Senado. En mayo, el Gobierno aplicó un ajuste parcial reduciendo los descuentos para usuarios con más de un medidor.

Con el Presupuesto 2026, la apuesta se redobla: municipios bonaerenses como Azul, Olavarría, Saladillo, Bolívar y Tandil, entre muchos otros, quedarían excluidos del beneficio, pese a su alto consumo de gas para calefacción durante gran parte del año.

Rechazo en el Congreso

El diputado bonaerense Gustavo Pulti (Unión por la Patria) cuestionó duramente la decisión de Milei y pidió al Congreso que restituya el beneficio. “Estos descuentos no solo aliviaron el bolsillo de los hogares; también sostuvieron el consumo, ayudaron a las pymes, dieron aire a los comercios y fueron un alivio fundamental para jubilados, pensionados y personas con discapacidad”, señaló.

Repudiamos la decisión de Milei de derogar los beneficios de la Zona Fría y reclamamos al Congreso Nacional que restituya el beneficio.

Una decisión que afecta al Partido de General Pueyrredón y al sur y sudeste de la Provincia de Buenos Aires

La Ley 27.637, sancionada en 2021,… pic.twitter.com/hK7gR91BpB

— Gustavo Pulti (@GustavoPulti) September 16, 2025

Según el legislador marplatense, “quitar los descuentos es encarecer la vida diaria y reducir aún más el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ya deterioradas”. Además, advirtió que la medida “debilitará la actividad económica, profundizará la recesión y golpeará a los sectores más vulnerables”.

Más allá de los discursos oficiales, los números son claros: el Presupuesto 2026 proyecta un nuevo recorte en la inversión destinada a la educación universitaria.

En términos del Producto Bruto Interno (PBI), la partida para el sector pasó de representar el 0,718% en 2023 a 0,569% en 2024, descendió a 0,495% en 2025 y, de acuerdo al proyecto enviado por Javier Milei al Congreso, caerá todavía más en 2026, hasta el 0,462%.

Este retroceso se produce en vísperas de una masiva movilización universitaria convocada para este miércoles 17 en la Plaza de los Dos Congresos, donde se busca respaldar el rechazo parlamentario al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

La comparación histórica tampoco deja lugar a dudas: el nivel de inversión proyectado para 2026 es equivalente al de 2003, cuando el país aún trataba de recuperarse de la crisis de 2001.

El deterioro se refleja también en los salarios docentes, que se redujeron un 29,1% entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Según datos del Consejo Universitario Nacional, alrededor de 10.000 docentes dejaron sus cátedras en los últimos años. El organismo calcula que se necesitarían 7,3 billones de pesos para sostener el sistema en condiciones mínimas, pero el proyecto oficial prevé solo 4,8 billones.

Para Claudio Martínez, periodista y divulgador científico, esta caída presupuestaria revela la raíz del conflicto: “Las universidades son fábricas de conocimiento. Su modelo económico no necesita un país de personas cultas y formadas”.

El debate parlamentario y la movilización social de esta semana marcan un punto de inflexión: no se trata únicamente de un presupuesto, sino de la definición del rumbo que tomará el país en relación con el conocimiento, la innovación y el futuro de la educación pública.

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri, Javier González Fraga, y a su entonces vice, Lucas Llach, junto a otros 24 exdirectores del Banco Nación y de la agroexportadora Vicentin, en el marco de la causa que investiga un presunto fraude contra el Estado por más de US$260 millones.

La decisión judicial, tomada tras un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita luego de cinco años de pesquisa, incluyó también la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados, con el objetivo de evitar maniobras de ocultamiento patrimonial.

Los implicados

Entre los convocados figuran, además de González Fraga y Llach, el exdirector del Nación Carlos Castellani. Por parte de Vicentin fueron citados Daniel Buyatti, Alberto Macua, Herman y Roberto Vicentin, Martín Colombo y Máximo Padoan, integrantes de la cúpula que llevó a la empresa a la cesación de pagos en 2019.

La acusación

De acuerdo con la fiscalía, entre agosto y diciembre de ese año, las autoridades del Banco Nación concedieron créditos irregulares a Vicentin aun cuando la compañía ya acumulaba deudas impagas, había perdido su calificación crediticia y se encontraba en riesgo de default.

La operatoria incluyó la liberación de garantías, la otorgación de nuevos préstamos por más de US$105 millones y la simulación de un plan de cobro que en los hechos favoreció la falta de pago. Parte de esos fondos —alrededor de US$16 millones— habrían sido derivados a cuentas en paraísos fiscales, mientras que otra porción se encubrió mediante facturación apócrifa por casi $223 millones.

El fiscal Pollicita señaló que los funcionarios macristas del Nación “se apartaron deliberadamente de la conducta debida para beneficiar a los empresarios, en claro perjuicio del Estado”.

Lo que viene

Las indagatorias se llevarán a cabo entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre. Están citados exdirectores, gerentes y síndicos del banco, así como los principales responsables de la agroexportadora.

El tribunal destacó la “gran complejidad” de los hechos, que involucran a una de las compañías más influyentes del sector agroindustrial y al mayor banco público del país.

Lo que en su momento se presentó bajo el lema “Somos todos Vicentin”, hoy aparece resignificado: cuando se defrauda al Estado, los estafados “somos todos”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó distancia tanto del presidente Javier Milei como del expresidente Mauricio Macri al rechazar la frase “lo peor ya pasó”, utilizada por ambos mandatarios en distintos momentos de crisis.

En cadena nacional, Milei lanzó la expresión que recordó inevitablemente al 2018, cuando Macri la utilizó poco antes de que Argentina se hundiera en la deuda con el FMI y en una de sus peores crisis económicas. Sin embargo, Bullrich —que fue funcionaria de ambos gobiernos— se desmarcó rápidamente.

En una entrevista con TN, negó haber recurrido a ese tipo de diagnóstico:
“Yo no dije ‘lo peor ya pasó’”, aclaró con firmeza, marcando distancia tanto del discurso actual de Milei como del fallido pronóstico macrista de cuyo gobierno fue parte.

Cuando el periodista le recordó que la frase la había pronunciado el Presidente, la ministra insistió en diferenciarse: “Bien, pero en marzo [de 2018] estábamos mejor que ahora. Ahí empezó la guerra política”.

El gesto de Bullrich no pasó desapercibido: buscó lavarse las manos del fracaso económico del macrismo y, al mismo tiempo, mostrarse cautelosa frente a un Milei que apuesta a instalar optimismo en medio de un panorama angustiante e incierto.

El ministro de Defensa, Luis Petri, vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, por un intento de desprenderse de 13.000 hectáreas estratégicas del Ejército en La Calera, Córdoba, un área de altísimo valor inmobiliario rodeada de barrios privados y proyectos de lujo.

La maniobra, que nunca fue formalizada, ya generó un fuerte pedido de explicaciones en el Congreso y reavivó las sospechas sobre el rumbo de su gestión.

El diputado del PRO, Oscar Agost Carreño, presentó un pedido formal para que Petri dé cuenta de la operación. Según advirtió, el plan despierta serias dudas por tratarse de un posible negocio privado a costa del patrimonio estatal. El interrogante es inevitable: ¿qué gana el Estado desprendiéndose de tierras militares estratégicas en una zona tan codiciada? Para muchos, la respuesta es clara: se trataría de una nueva privatización encubierta, bajo el eufemismo de “optimización de recursos”.

EXPLICACIONES YA‼️

Desde ámbitos militares nos llegó una alerta grave sobre la posible venta o cesión de 13.000 hectáreas en el camino a La Calera. Se habla de negociaciones bajo la mesa, como canjes impositivos o de deuda, sin definición clara de Defensa ni del Ministerio… pic.twitter.com/Te1KGyVMrZ

— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 12, 2025

El caso de La Calera encaja a la perfección con el manual del gobierno de Javier Milei, dispuesto a rematar activos estatales sin medir costos políticos ni patrimoniales. Pero la polémica llega en el peor momento para Petri, quien ya enfrenta un escenario crítico dentro y fuera de su ministerio.

La obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se encuentra al borde del colapso financiero, con denuncias internas que responsabilizan directamente a su conducción. A esto se suma una investigación judicial sobre contrataciones con la droguería Suizo-Argentina, que pone bajo sospecha a la cartera de Defensa por posibles hechos de corrupción. Y como si fuera poco, Petri sostiene una doble agenda: la de ministro y la de candidato a diputado por Mendoza, un cruce de intereses que mina su credibilidad.

La venta de las 13.000 hectáreas promete convertirse en un nuevo campo de batalla político. Varios bloques legislativos ya advirtieron sobre el riesgo de desprenderse de bienes estratégicos de las Fuerzas Armadas para favorecer negocios privados. Lo que está en juego no es solo el patrimonio militar, sino también la transparencia de un ministerio que acumula denuncias y parece más enfocado en maniobras políticas que en defender los recursos del Estado.

En este escenario, la figura de Luis Petri se tambalea entre sospechas de corrupción, mala gestión y oportunismo electoral. Lo que debería ser una conducción firme al servicio del interés nacional se convierte, cada vez más, en un símbolo de crisis y desconfianza en el gobierno de Javier Milei.

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en el segundo trimestre a 132.000 personas, lo que representa al 7,7% de la población económicamente activa (PEA). Este nivel marca un aumento interanual, ya que en el mismo período de 2024 la tasa se ubicaba en 7,3%.

Este nivel marca un aumento interanual, ya que en el mismo período de 2024 la tasa se ubicaba en 7,3%, según el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

El reporte detalla que el desempleo sumó 7.500 personas más que el año pasado, cuando el total de desocupados era de 124.500. En relación con el primer trimestre de 2025, la tasa se mantuvo estable, con un comportamiento similar en los sectores de construcción e industria, que habían registrado una caída interanual.

Subocupación y brechas territoriales

La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias— se ubicó en 10,3%, sin variaciones significativas.
Al combinar desocupación y subempleo por insuficiencia de horas, el indicador asciende al 18,1%, con fuertes diferencias territoriales: en la Zona Sur llega al 23,4%, mientras que en la Zona Norte baja al 12,2%.

Mujeres y jóvenes, los más afectados

La desocupación afecta más a las mujeres (8,8%) que a los varones (6,7%). También se observan disparidades por barrio: en la Zona Sur, la tasa se eleva al 10,5%, superando con amplitud al promedio de la Ciudad.
Por edades, los extremos muestran menor participación laboral: 27,8% en los jóvenes de hasta 24 años y 26,8% en los mayores de 65, frente al 92,1% en la franja de 25 a 49 años.

Radiografía del empleo en la Ciudad

• Distribución por sectores: el 73,5% del empleo se concentra en Servicios, 14,6% en Comercio y 10,9% en Industria y construcción.
• Condición laboral: el 72,6% de las personas ocupadas trabaja en relación de dependencia; sin embargo, el 28,4% no recibe aportes jubilatorios de sus empleadores, lo que representa una caída de 2,3 puntos en la cobertura interanual.
• Origen del desempleo: entre quienes perdieron su empleo, el 89,6% de asalariados y el 81% de cuentapropistas lo atribuyó a causas laborales.

El empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, fue condenado por la Justicia a realizar una serie de sanciones tras haber publicado en redes sociales amenazas de muerte contra dirigentes sociales y sindicales.

El Tribunal Oral Federal N°5 dispuso que Chediek deberá donar dos millones de pesos al Hospital Garrahan, además de entregar otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de Benavídez. La sentencia también incluye la realización de tareas comunitarias durante un año y la obligación de pedir disculpas públicas en TikTok.

La denuncia fue presentada por Juan Grabois y Roberto Baradel, luego de que el empresario difundiera mensajes intimidatorios contra ellos, así como contra Rubén “El Pollo” Sobrero y Hugo Moyano, en diciembre de 2023.

En esos videos, Chediek advertía que quienes protestaran contra el gobierno de Javier Milei podían ser víctimas de disparos o agresiones, llegando incluso a amenazar directamente a Grabois: “Te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente… Llevá matafuegos y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”.

El juez Daniel Rafecas concluyó que Chediek “excedió ampliamente la libertad de expresión” y que sus mensajes buscaban generar temor. La denuncia fue respaldada por Argentina Humana, el CELS y Suteba, organizaciones que intervinieron frente a la difusión de los discursos de odio en redes sociales.

En una entrevista con Carlos Pagni en Odisea Argentina, el mandatario provincial sostuvo que Milei repite siempre los mismos argumentos desde que asumió. “Son los mismos planteos de siempre. Incluso volvió a utilizar una frase tristemente célebre de Mauricio Macri: ‘lo peor ya pasó’“, ironizó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del mensaje en cadena nacional del presidente Javier Milei y lo definió sin rodeos: “El discurso en sí fue un disco rallado”.

En una entrevista con Carlos Pagni en Odisea Argentina, el mandatario provincial sostuvo que Milei repite siempre los mismos argumentos desde que asumió. “Son los mismos planteos de siempre. Incluso volvió a utilizar una frase tristemente célebre de Mauricio Macri: ‘lo peor ya pasó’”, ironizó.

Se le va la voz a Axel Kicillof cuando le dice a Pagni "hay problemas graves Carlos, yo no estoy exagerando". El tipo siente lo que está diciendo, y ve con impotencia que el gobierno nacional asfixia la provincia y profundiza el hambre y la pobreza en todo el país. pic.twitter.com/0mhc1auwRV

— La Coima Avanza (@La_CoimaAvanza) September 16, 2025

Kicillof apuntó directamente contra las promesas incumplidas del Gobierno: “Lo que le pasa a Milei, el drama que tiene, es que nos viene mintiendo hace mucho. Dijo que la recuperación iba a ser en tres meses, que la economía iba a rebotar como una V corta. La verdad es que lo que estamos viendo desde la devaluación con la que arrancó su gestión es una caída muy fuerte y dramática, que todavía persiste sobre salarios, jubilaciones, actividad económica, obra pública y presupuestos”.

El gobernador advirtió además que, lejos de mejorar, la situación se deteriora: “La economía está mucho peor desde que llegó Milei. Y lejos de haber rebotado, desde marzo volvió a caer”.

En defensa de la expropiación de YPF

En otro tramo de la entrevista, Kicillof reivindicó la decisión del Estado de recuperar el control de YPF. “Estuvo bien hecho. Había que recuperar YPF, porque con Repsol la producción de gas y petróleo había caído 40% y el país pasó de superávit a déficit energético”, explicó.

El mandatario remarcó que la expropiación contó con amplio respaldo parlamentario: “La ley fue votada por 208 diputados. No fue una estatización, sino recuperar el 51% de las acciones. Era un derecho constitucional del Estado argentino”.

4 minutos para pasar en las escuelas. Pagni quiso correr a Kicillof con la recuperación de YPF (hoy le está salvando todo el gobierno a Milei y usa su mameluco). Le dio una clase total y Pagni lo tuvo que cortar jajsaj
-Bueno hablemos de otra cosa mejor 😭 pic.twitter.com/fHzQ6G6ywm

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 16, 2025

Respecto al reciente fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que condena al país a pagar más de 16.000 millones de dólares, Kicillof insistió en que el tribunal de Nueva York carece de jurisdicción: “La ley es argentina. Ese juicio no tiene validez”.

Aseguran que la Secretaría General de la Presidencia distribuyó de manera discrecional bienes incautados por la Aduana a provincias, municipios y ONGs cercanas a punteros de La Libertad Avanza.

En plena crisis política del gobierno de Javier Milei, un nuevo escándalo estalla en el corazón de la Casa Rosada y compromete directamente a su hermana y mano derecha, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Según distintas denuncias, bajo su conducción y con la supervisión del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, se habrían concretado 257 entregas de bienes incautados por la Aduana a 104 entidades, entre ellas ministerios, fuerzas de seguridad, municipios y ONGs, muchas de ellas vinculadas a La Libertad Avanza.

La ley permite disponer de rezagos aduaneros en casos de emergencia social, pero la gestión actual intensificó esta práctica, con un reparto que habría privilegiado a aliados políticos y estructuras clientelares cercanas al oficialismo.

Entre los principales beneficiados aparecen el Ministerio de Seguridad (29 donaciones), la Policía Federal (22) y el Ministerio de Capital Humano (10). También se registraron envíos al PAMI (7) y a la Anses (3), principalmente en La Rioja y Santiago del Estero, donde ya surgieron disputas internas por el manejo de esos recursos.

El reparto alcanzó a varias provincias: Misiones (12 donaciones), Salta (10), Jujuy (6), Tucumán, San Juan y Chaco (4 cada una), además de Mendoza, Entre Ríos y Catamarca. Municipios gobernados por aliados libertarios, como Gualeguaychú, Concordia y Villa El Chacay, también recibieron cargamentos.

Pero lo más polémico es la inclusión de ONGs como intermediarias, pese a que el propio Milei había prometido eliminarlas de la asistencia social. La Fundación Conin obtuvo 7 envíos, el Banco de Alimentos de Federación 5 y la Fundación Garrahan 3. Varias de las organizaciones favorecidas mantienen vínculos directos con dirigentes libertarios, como la Fundación Manos Abiertas, la Fundación Gea-Madre Tierra Mitología Griega o la Fundación Cristiana Cielos Abiertos.

La lista de beneficiados también incluye al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, creado por Patricia Bullrich, y a la Fundación Darío Donolo, cuyos referentes fueron investigados en causas aduaneras. A ellas se suman entidades religiosas evangélicas, judías y católicas, así como fundaciones cuestionadas como Remar Argentina o Los Sueños Se Cumplen.

Los bienes entregados fueron de lo más diverso: ropa, calzado, artículos de primera necesidad, celulares e incluso repuestos aeronáuticos. Algunos cargamentos terminaron en fundaciones riojanas vinculadas a dirigentes opositores, lo que alimenta aún más las sospechas sobre el uso discrecional de estos recursos.

El escándalo coloca a Karina Milei en el centro de la tormenta política, como responsable directa de un esquema de distribución que, lejos de ajustarse a la emergencia social, parece haberse convertido en una herramienta de clientelismo y favores políticos.

El medio británico Financial Times advirtió en un reciente artículo que Argentina atraviesa “la crisis más grande” desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, marcada por un fuerte freno económico, un creciente malestar social y resonantes casos de corrupción.

El análisis surge tras la derrota del oficialismo frente al peronismo en Buenos Aires, un revés considerado clave rumbo a las elecciones legislativas de octubre, que desató una combinación de turbulencia política y volatilidad en los mercados.

Golpe electoral y repercusiones económicas

Según el FT, el revés electoral del oficialismo aceleró la inestabilidad: el peso argentino sufrió una abrupta caída y los bonos soberanos se desplomaron, reflejando la desconfianza del sector financiero. A la par, aumentó la preocupación ciudadana por el deterioro de los salarios y el retroceso de la actividad económica.

En respuesta, Milei suspendió un viaje a España para encabezar reuniones de gabinete en la Casa Rosada, designó a Lisandro Catalán como ministro del Interior e intentó recomponer vínculos con gobernadores opositores. El Fondo Monetario Internacional, mientras tanto, emitió un respaldo formal al gobierno.

Argentina’s stocks, bonds and currency tumbled on Monday after President Javier Milei’s party lost by a landslide in elections in the country’s largest province, ahead of midterm national polls. https://t.co/HZfmr9zSoa pic.twitter.com/TLcrYbdMMb

— Financial Times (@FT) September 8, 2025

Karina Milei, blanco de cuestionamientos

El FT también resalta la presión interna sobre el oficialismo. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en la estrategia política del gobierno, quedó bajo fuego por audios que la vinculan con presuntos casos de corrupción. Pese a que el presidente desestimó las acusaciones como “mentiras”, encuestas recientes muestran que la mayoría de los ciudadanos cree en la veracidad de las grabaciones.

Analistas internacionales citados por el diario señalan además que Karina Milei fue clave en el fracaso electoral, al excluir alianzas con sectores moderados y apostar por candidatos sin trayectoria.

Necesidad de acuerdos y tensiones internas

Los especialistas advierten que la actual coyuntura obliga al oficialismo a construir consensos políticos, aunque hasta ahora no se perciben señales claras de apertura. “El gobierno necesita mostrar acuerdos reales con aliados o señales de fortaleza política”, afirmó Ramiro Blazquez Giomi, de StoneX, mientras que otros referentes remarcan las dificultades del presidente para dialogar con sectores moderados.

Economía en retroceso y creciente malestar social

A pesar de la baja de la inflación anual —de 289% en abril de 2024 a 34% en los últimos 12 meses—, el Financial Times subraya que la mejora macroeconómica no se traduce en bienestar social: los salarios reales siguen 8% por debajo de los niveles de inicios de 2023, el desempleo aumentó y la economía volvió a caer en el segundo trimestre.

Este deterioro repercute en la opinión pública: una encuesta de Trespuntozero revela que el apoyo al gobierno cayó por debajo del 40%. En palabras de un dirigente cercano al oficialismo: “A Milei le gusta verse a sí mismo como un león; (pero) el león ha sido rociado con una manguera”.

Kezia McKeague, directora de McLarty Associates, sintetizó la mirada internacional: “Estamos en un período de incertidumbre política más profunda de lo que esperábamos. Los inversores no encienden alarmas, pero reconocen que el escenario se ha vuelto mucho más complejo”.