El régimen de incentivo sobre las exportaciones incrementales no se renovó como en años anteriores. Las automotrices hablan de perjuicio a la competitividad y riesgo de perder mercados

En una medida tan insólita como perjudicial para la industria nacional, el Gobierno decidió no renovar el régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales del sector automotriz. A partir de julio, las terminales comenzarán a pagar derechos de exportación por los vehículos que superen el umbral establecido, afectando directamente a las empresas que más producen y más dólares generan para el país.

Desde 2021, se había implementado un esquema que liberaba del pago de retenciones a las exportaciones que superaran las 137.000 unidades anuales, con el objetivo de incentivar la producción nacional y fortalecer el ingreso de divisas. Este incentivo clave, que cada año se renovaba hacia mayo, quedó este 2025 en un limbo: el tope se alcanzó, pero la prórroga nunca llegó.

Una medida contra el que más produce

En lugar de premiar a quienes más exportan y generan empleo, esta decisión castiga precisamente a las automotrices más competitivas. “No sólo es un pésimo impuesto, sino un pésimo mensaje”, denuncian desde una terminal. El sistema, además, penaliza a quienes integran más componentes nacionales en sus vehículos, encareciendo aún más su producto final en los mercados externos. “Una locura que no se entiende”, lamentan en el sector.

Las retenciones, con una alícuota nominal del 4,5%, afectan desigualmente según el nivel de integración nacional de los vehículos. Aquellos con mayor contenido local terminan pagando más. En promedio, la carga efectiva ronda el 2,5%, pero puede llegar al 3,1% en los modelos con mayor producción nacional.

Riesgo real de perder mercados

Solo en mayo se exportaron más de 26.000 vehículos, y en lo que va del año ya se superaron las 130.000 unidades. Con el ritmo actual, el umbral de las 137.000 será sobrepasado justo al comenzar julio, obligando a las empresas a pagar retenciones por cada unidad adicional. “Esto nos pone en desventaja frente a competidores de otros países y amenaza nuestra posición en mercados clave. Recuperar un cliente perdido puede llevar años, si es que se recupera”, advierten desde una automotriz, recordando el caso de Ford y la Ranger en México.

Retroceso en plena crisis

Lo más preocupante es que esta medida contradice los esfuerzos recientes por mejorar la competitividad del sector exportador, en un contexto de estancamiento del mercado interno y necesidad de divisas. “Estuvimos trabajando con el Gobierno para bajar impuestos distorsivos. Esto es un paso atrás que tira por la borda todo lo avanzado”, afirman con frustración.

Lejos de promover la producción nacional y el agregado de valor, la falta de renovación del incentivo envía un mensaje desalentador: es más rentable importar componentes que desarrollarlos en el país. Y peor aún, se penaliza precisamente a las automotrices que más invierten, más integran proveedores locales y más exportan.

En un momento en el que la economía argentina necesita crecer y exportar más, el Gobierno da un golpe inesperado a una de las pocas industrias que aún genera empleo, tecnología y dólares genuinos. La falta de continuidad en una política que funcionaba no solo genera incertidumbre, sino que mina la competitividad de la industria automotriz nacional y pone en juego su presencia en el mundo.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, lanzó duras críticas al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por la nacionalización de la empresa realizada en 2012. En diálogo con El Destape 1070, Rucci reclamó una defensa firme de la soberanía energética y de los recursos naturales del país:

“Argentina puede apelar el fallo o directamente desconocerlo”, sostuvo.

Rucci remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros, en especial en un contexto en el que el país busca potenciar su producción en Vaca Muerta.

“Las cortes extranjeras nunca van a fallar a favor de nuestro país. Poner un recurso estratégico como el energético en manos de un juez extranjero es inadmisible”, advirtió.
Y fue aún más categórico:
“Vivir de los fondos buitres es poner a la Argentina de rodillas ante los norteamericanos”.

El dirigente sindical, con amplia experiencia en el sector, advirtió sobre el modus operandi de los fondos especulativos:

🗨️ Marcelo Rucci se opinó sobre la noticia de la entrega del 51% de las acciones de YPF: "Esta dependencia de las Cortes extranjeras nunca van a favor de nuestro país porque históricamente nunca lo han hecho" pic.twitter.com/8eDE0xWn9C

— eldestape1070 (@eldestape_radio) June 30, 2025

“Ya sabemos cómo actúan los fondos buitres. Por eso, hay que litigar en la Argentina y defender nuestra soberanía jurídica”.

Críticas a la gestión energética y advertencia por el gasoducto

Además del reclamo geopolítico, Rucci apuntó contra el Gobierno por no avanzar en decisiones clave para el desarrollo energético del país. En ese sentido, expresó su preocupación por el estancamiento de la infraestructura de transporte de gas y petróleo.

“El gobierno no ha dado pasos para la reversión del gasoducto”, señaló.

“Las inversiones están puestas en los caños que van hacia Río Negro, pero estamos en un cuello de botella y no se puede sacar toda la producción”, agregó.

Para Rucci, el desarrollo de los hidrocarburos representa una de las principales salidas económicas para la Argentina:

“Una de las grandes salidas para este país es el gas y el petróleo. No creo que haya un gobierno que quiera desaprovechar esa posibilidad, pero hoy se lo está ignorando”.

Con sus declaraciones, Rucci no solo dejó en claro su rechazo al fallo judicial extranjero, sino que también llamó a una defensa activa de los intereses nacionales frente a presiones externas, en especial en el ámbito de los recursos estratégicos como el petróleo y el gas.

El gobernador encabezó este lunes en Berazategui la apertura de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses y aprovechó el acto para cuestionar al gobierno nacional por los recortes en deporte, cultura y educación.

Durante el lanzamiento oficial de los Juegos Bonaerenses 2025, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto cargado de contenido político, donde arremetió con fuerza contra los recortes impulsados por la administración de Javier Milei. Ante un auditorio colmado en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, el mandatario bonaerense denunció el desfinanciamiento en áreas clave como el deporte, la cultura y la educación.

“Estamos en una época donde gobierna Javier Milei. Desfinanció a las universidades, al INCAA, al Instituto del Teatro. La motosierra se la están poniendo a la cultura argentina”, disparó Kicillof, elevando el tono frente a intendentes, funcionarios, deportistas y docentes presentes en el evento.

Sin escatimar en críticas, el gobernador también apuntó contra la lógica de gobierno del presidente: “El otro día lo escuché decir que el Estado no está para cumplirle los sueños a nadie. Eso se lo puede decir a un millonario, pero no a los millones de pibes y pibas de esta provincia que esperan estos Juegos para competir, disfrutar y tener más oportunidades”.

Una de sus frases más contundentes resonó con fuerza en la jornada:
“Plata hay, de a montones. Nada más que se la están dando a los que más tienen, a los que viven afuera, a los grandes empresarios. Yo tengo una regla: los recursos bonaerenses son para el pueblo de la Provincia”.

Kicillof también criticó el desmantelamiento de programas nacionales, como los Juegos Evita, y reivindicó la continuidad de los Juegos Bonaerenses como una política activa de inclusión y acceso. En sintonía, el ministro Andrés “Cuervo” Larroque denunció que “de 25 mil finalistas de la provincia, solo llevaron 8 mil. Gobernar para un tercio de la población es lo que tienen en la cabeza”.

El evento también tuvo espacio para reconocimientos: Tornquist recibió la Copa Comunidad, Lomas de Zamora la Copa Desafío Bonaerense, y se homenajeó a trabajadores históricos de la competencia. Kicillof celebró en sus redes sociales: “¡Felicitaciones por llevar en alto #LaPasiónDeLaProvincia!”.

Para cerrar, Kicillof recordó que esta competencia nació en 1992 y que, pese a los vaivenes políticos, la Provincia sigue apostando a la cultura y el deporte como políticas de Estado. “Que no les digan que no hay plata. El problema es que no quieren invertir en el pueblo”, remató.

En un fallo histórico, la Justicia invalidó el DNU 340/2025, que restringía derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho de huelga. La CGT celebró la decisión que refuerza la división de poderes y marca un límite claro al Ejecutivo libertario.

En un fallo categórico y definitivo, la Justicia laboral propinó un durísimo revés al gobierno de Javier Milei: declaró la inconstitucionalidad del DNU 340/2025, que intentaba restringir el derecho a huelga y la libertad sindical. La sentencia, dictada el 30 de junio por la jueza Moira Fullana, constituye un golpazo judicial que refuerza los límites constitucionales del Poder Ejecutivo y blinda los derechos laborales.

El fallo invalida los artículos 2 y 3 del decreto que pretendía imponer severas restricciones al derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales”. Según la Justicia, el gobierno libertario violó no solo la Constitución Nacional sino también tratados internacionales que protegen la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.

Un decreto inconstitucional y sin justificación

La acción fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que denunció que el DNU avanzaba sobre facultades exclusivas del Congreso –en pleno funcionamiento– y atacaba de forma directa el derecho a huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución, el Convenio 87 de la OIT y otros instrumentos internacionales.

La jueza Fullana remarcó que el Ejecutivo no justificó la supuesta urgencia ni las condiciones excepcionales requeridas para legislar por decreto, lo que dejó al DNU sin sustento legal. “El artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional no deja margen de interpretación: el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto salvo en situaciones extraordinarias, y este no fue el caso”, expresó en los fundamentos.

Además, el decreto imponía servicios mínimos del 50% al 75% en sectores como la Marina Mercante y actividades conexas, lo cual fue considerado una “avanzada regresiva” por parte de la CGT y una clara erosión de la libertad sindical.

Impacto político y laboral

El fallo es más que una resolución judicial: es un freno institucional al autoritarismo normativo del gobierno de Milei, que busca concentrar poder mediante decretos sin aval legislativo. La CGT celebró el fallo como una victoria en defensa de los derechos laborales y la división de poderes. “Este fallo no solo derriba el DNU, sino que deja en claro que no todo vale en nombre del ajuste o la emergencia”, declaró un vocero sindical.

La jueza también señaló que la ampliación de más de 60 sectores como “esenciales” desbordaba tanto la legislación nacional como los estándares internacionales. “La libertad sindical no puede ser erosionada bajo pretextos de emergencia económica o sectorial”, sentenció.

Próximos pasos y tensión institucional

El gobierno aún no reaccionó oficialmente, pero se prevé que apelará ante la Corte Suprema, que ya tiene pendiente pronunciarse sobre otro decreto clave del oficialismo: el controvertido DNU 70/2023.

Mientras tanto, la Justicia impuso costas al Estado y fijó honorarios legales elevados, en lo que constituye también una sanción económica al intento del Ejecutivo de legislar por decreto en detrimento de los derechos sociales.

El fallo de Fullana representa una alerta temprana frente a los intentos del gobierno de gobernar por fuera del Congreso. La sentencia deja un mensaje claro: ni la urgencia autodeclarada ni la ideología de mercado justifican la vulneración de derechos constitucionales.

El banco más influyente de Wall Street encendió una señal de alarma sobre el rumbo económico de la Argentina. En un giro respecto de su postura previa, JP Morgan recomendó a los inversores desarmar posiciones en bonos en pesos y refugiarse en dólares, citando preocupaciones por la fragilidad cambiaria y el incierto panorama político.

El informe, titulado “Tomándose un respiro”, refleja un volantazo en la estrategia del banco, que hasta hace pocas semanas mantenía una posición favorable al carry trade argentino, alentado por la estabilidad del tipo de cambio y la promesa de desinflación.

“Preferimos dar un paso atrás y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos”, señalaron los economistas de JP Morgan, aludiendo a factores como el fin del pico de ingresos del agro, la presión por la salida de dólares vía turismo, y señales de intervención en el mercado de futuros.

En abril, tras el levantamiento parcial del cepo y la implementación de un nuevo régimen cambiario, el banco había apostado por instrumentos en pesos a corto plazo, anticipando una brecha cambiaria acotada y un escenario más predecible. Esa apuesta ahora parece haberse agotado.

Aunque la entidad mantiene una mirada optimista para el mediano plazo —destacando avances fiscales y desaceleración inflacionaria—, considera que el contexto actual amerita cautela. “Estamos tomando ganancias y reduciendo exposición”, concluyó el informe.

La recomendación de JP Morgan marca un fuerte cambio de clima entre los grandes jugadores financieros y pone en duda la estabilidad del esquema económico argentino a corto plazo.

Lejos de disipar las dudas, colocan en el centro de la escena al presidente argentino Javier Milei, a quien Davis responsabilizó por el derrumbe del proyecto y la pérdida de millones de dólares de pequeños inversores.

La investigación judicial por el colapso de la criptomoneda $LIBRA dio un giro decisivo en las últimas horas, luego de que Hayden Davis, el empresario estadounidense sindicado como el creador del proyecto, declarara ante la Justicia federal de Nueva York. En una comparecencia esperada, Davis apuntó directamente al presidente argentino Javier Milei, a quien responsabilizó por el derrumbe del token y las millonarias pérdidas sufridas por miles de pequeños inversores.

“La eliminación del posteo alimentó las sospechas de fraude y destruyó la confianza en $LIBRA”, afirmó Davis ante el tribunal, en referencia al mensaje que Milei había publicado —y luego borrado— en la red social X, donde inicialmente promocionó el proyecto.

En su testimonio, Davis negó que $LIBRA haya sido una estafa. Aseguró que la criptomoneda nació como una iniciativa legítima, destinada a impulsar a pequeñas empresas y financiar proyectos educativos en Argentina. Según su relato, la caída fue consecuencia directa del retiro público del respaldo presidencial y de la posterior intervención judicial, que paralizó el desarrollo del token.

Además, el empresario se desligó de los llamados “snipers”, inversores que compraron masivamente en el lanzamiento del token para luego vender con ganancias rápidas. “No tenía conocimiento previo de su existencia ni vínculo alguno con ellos”, declaró, en un intento por desmarcarse de las acusaciones de manipulación del mercado.

Davis también buscó limitar el alcance territorial del caso. Sostuvo que no participó en la administración del sitio web del proyecto desde Nueva York ni dirigió campañas promocionales en ese estado.

Aunque Javier Milei no figura como imputado en la causa, su nombre quedó en el centro de la escena judicial y mediática. Las declaraciones de Davis abren un debate profundo sobre la responsabilidad política y ética del mandatario frente a un escándalo que afectó a miles de ahorristas.

Mientras tanto, la Justicia de EE.UU. mantiene congelados cerca de 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados al caso. La investigación continúa para determinar si hubo delitos financieros, manipulación del mercado o uso de información privilegiada en la operatoria de $LIBRA.

Gildo Insfrán, ratificó su dominio electoral bajo el sello del Partido Justicialista, sacando casi el 67% de los votos. Cristina celebró el triunfo del PJ y felicitó al gobernador formoseño en las redes sociales. 

El gobernador Gildo Insfrán volvió a demostrar su indiscutido liderazgo político en Formosa. En unas elecciones legislativas donde por primera vez se aplicó la Ley de Lemas, el Partido Justicialista logró un abrumador respaldo popular al alcanzar el 66,88% de los votos válidos, con el 75% de las mesas escrutadas.

Bajo el lema Frente de la Victoria, el justicialismo se impuso con claridad y ratificó su hegemonía electoral en la provincia del norte, consolidando el mandato de Insfrán y asegurando la renovación de 9 de sus 20 bancas legislativas. La fuerza oficialista compitió con una estructura amplia de 56 sublemas, en una muestra de organización y territorialidad que volvió a dar frutos en las urnas.

Hace unos minutos me comuniqué con el compañero gobernador @insfran_gildo para felicitarlo por el excelente resultado del peronismo en la elección de Convencionales Constituyentes y de legisladores provinciales. Un abrazo grande a todos los formoseños y formoseñas.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 30, 2025

Muy por detrás, en segundo lugar, quedó la Confederación Frente Amplio Formoseño —una alianza de partidos opositores como la UCR, el PRO y el MID—, que obtuvo el 21,55% de los votos, con Francisco Paoltroni como su principal figura. En tercer lugar se ubicó La Libertad Avanza, con un 10,65%, mientras que Libres del Sur cosechó apenas el 0,92%.

Aunque los comicios estuvieron marcados por una baja participación, el resultado no dejó dudas: el electorado formoseño volvió a respaldar masivamente al peronismo local y a la figura del gobernador Gildo Insfrán, quien reafirma su condición de referente central del justicialismo en el norte argentino.

En un marco de importante abstención, este domingo 29 de junio se desarrollaron las elecciones en la provincia de Santa Fe para votar intendentes, presidentes comunales y concejales en más de 300 localidades.

El mapa político de Santa Fe se tiñó de celeste y blanco tras las elecciones municipales del domingo. El gobernador Maximiliano Pullaro celebró el amplio triunfo de su fuerza, Unidos para Cambiar Santa Fe, que se impuso en el 80% de las localidades de la provincia. “La bota quedó pintada de un solo color”, destacó el mandatario, al remarcar que su espacio ganó en 247 de las 304 localidades computadas hasta ese momento.

¡Una muy buena elección de Unidos en toda la provincia de Santa Fe! Más del 80% de los santafesinos tendrán gobiernos locales de la coalición oficialista, consolidando un proyecto de gestión que avanza con orden, trabajo y resultados.

Que la bota se haya pintado del color de… pic.twitter.com/iXPQ769q1Z

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) June 30, 2025

Sin embargo, la gran sorpresa llegó desde Rosario, donde el peronismo logró una resonante victoria de la mano de Juan Monteverde, quien derrotó al candidato de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, en la principal ciudad santafesina. Este resultado le amargó la jornada al espacio libertario, que había salido a festejar anticipadamente con el respaldo directo de Karina Milei y la diputada nacional Romina Diez.

Rosario concentró la mayor atención política, no sólo por su peso electoral sino por la expectativa de una posible polarización entre el PJ y los libertarios. Contra todos los pronósticos, Monteverde —referente del espacio progresista Ciudad Futura en alianza con sectores del PJ— logró consolidar el voto opositor y alzarse con una victoria que revitaliza al peronismo local.

El traspié fue especialmente duro para La Libertad Avanza. Aleart, ex periodista con alto nivel de conocimiento público, debutaba en la arena política con el impulso de los referentes nacionales del espacio, pero sufrió el impacto de un voto dividido en el campo no peronista. El repunte de la candidata oficialista, Valeria Labayru, impulsado por Pullaro y el intendente Pablo Javkin, terminó quitándole terreno clave al libertario.

Ganamos Rosario !! #MasParaSantaFe
Ganó la lista encabezada por Juan Monteverde y el peronismo pasa a ser la fuerza política más votada de la ciudad.

Un triunfo de la construcción colectiva y la unidad del campo nacional y popular.

Enormes felicitaciones a Juan y toda la… pic.twitter.com/sKuPfrMIQX

— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) June 29, 2025

A pesar del dominio oficialista a nivel provincial, la derrota en Rosario dejó un sabor amargo en el oficialismo provincial y fue capitalizada por figuras peronistas como Agustín Rossi y el diputado Eduardo Toniolli. “Ganó la lista encabezada por Juan Monteverde y el peronismo pasa a ser la fuerza política más votada de la ciudad”, afirmó Rossi.

Monteverde, por su parte, agradeció a los rosarinos y destacó que “este triunfo es el espaldarazo que necesitábamos para seguir adelante”. En tanto, Toniolli remarcó que cumplieron tres objetivos: tender puentes, construir unidad y ganar Rosario. Y fue más allá: “¡Derrotamos a Milei y a Pullaro! Ahora vamos por un octubre victorioso en toda la Argentina”.

El organismo cuenta con una caja millonaria, en menos de un año, el compañero de teatro del Presidente recibió alrededor de $ 17 mil millones. Una cifra superior al último aumento de partidas para el Hospital Garrahan.

En plena aplicación del “ajuste más grande de la historia”, el Gobierno destina más recursos públicos a un organismo conducido por un amigo personal del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, que al Hospital Garrahan, uno de los centros médicos pediátricos más emblemáticos del país.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), presidida por el actor y conductor Diego Sucalesca —compañero de teatro y allegado al presidente— recibió en los últimos nueve meses más de $17.200 millones, superando así el último aumento otorgado al Garrahan, que fue de $16.651 millones.

Sucalesca asumió en julio de 2024, y desde entonces ha manejado una caja millonaria con fondos provenientes de la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei. Sólo en 2025, la Agencia ya recibió $4.322 millones, con un presupuesto proyectado de más de $13.000 millones para este año. Si se suman los montos de 2024 y los previstos para 2025, el total asciende a casi $26.000 millones.

Los giros hacia la AAICI se distribuyeron en varias entregas:

• 14 de agosto de 2024: $2.831 millones
• 24 de octubre de 2024: $5.041 millones
• 26 de diciembre de 2024: $5.007 millones
• 20 de febrero de 2025: $1.795 millones
• 21 de abril de 2025: $2.526 millones

Todo esto en un contexto donde el Hospital Garrahan —símbolo de la salud pública de alta complejidad infantil— mantuvo su presupuesto congelado durante meses, pese a las denuncias de bajos sueldos, protestas del personal y condiciones laborales precarias. Hasta hace semanas, había residentes que cobraban menos de $800 mil mensuales.

La contradicción es aún más marcada si se considera que la función principal de la AAICI supuestamente es atraer inversiones extranjeras, un objetivo que no ha mostrado avances concretos: según datos del Banco Central, la inversión extranjera directa tuvo un saldo negativo de US$ 356 millones en el último trimestre de 2024.

Pese a los recursos disponibles, la Agencia destinó millones a participación en ferias internacionales. Por ejemplo, gastó más de $52 millones en la Offshore Technology Conference en EE.UU., $41 millones adicionales en la misma feria, otros $17 millones en una exposición minera en Chile, y más de $3 millones en una feria de literatura infantil en Italia.

Consultada sobre el salario de su titular, el Gobierno no respondió, argumentando que se trata de una entidad de “naturaleza jurídica privada”, aunque funciona con fondos estatales, es decir de los contribuyentes.

En un gesto que generó polémica, el propio presidente anunció que prepara una obra teatral llamada “Juicio al capitalismo”, en la que participará Sucalesca y que, según Milei, donará lo recaudado al Hospital Garrahan. La declaración fue calificada de “pavada” por trabajadores del hospital, quienes cuestionaron que la salud pública de los niños dependa de una obra de teatro, mientras se destinan cifras multimillonarias a organismos sin resultados comprobables.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que es “sano y hasta absolutamente razonable” que haya un déficit en la cuenta corriente de dólares de la Argentina, respondiendo de esta forma a las críticas que recibe por el saldo negativo en la cuenta corriente, que superó los 5 mil millones de dólares en el primer trimestre del año.

En una declaración que marca un giro discursivo respecto a la narrativa oficial del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, al que definió como “sano y hasta absolutamente razonable”. La afirmación sorprendió por venir del mismo funcionario que, durante meses, insistió en la necesidad de un ajuste fiscal severo y en la urgencia de equilibrar las cuentas públicas.

Durante el congreso Somos Pymes, realizado en La Rural, Caputo relativizó la magnitud del desequilibrio externo —que alcanzó más de 5.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, según el INDEC— al señalar que responde a un “cambio de modelo” económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Según el ministro, este déficit refleja una recuperación de la inversión y una mayor demanda externa, elementos que, a su entender, acompañan el “crecimiento” de la actividad económica.

“No es que no le prestamos atención al rojo de dólares, pero hago esta explicación para que no se dejen engañar por gente que no entiende o tiene otros objetivos”, sostuvo Caputo ante una audiencia de empresarios pymes. Aseguró, además, que el déficit ya no se debe al gasto del Estado sino que corresponde al sector privado, y calificó como “obvio” que esto ocurriría en un país “totalmente descapitalizado”.

El giro en su mensaje —pasando de la austeridad estricta a una visión más permisiva del déficit— busca desactivar las crecientes críticas al rumbo económico. Caputo aprovechó la ocasión para exhortar al empresariado a “cambiar el chip” y adaptarse al nuevo modelo, que, según explicó, promoverá la inversión, reducirá impuestos y avanzará hacia una apertura comercial gradual.

Finalmente, el ministro reconoció que el proceso será “duro” y no dará frutos inmediatos, pero insistió en que “es el único camino”. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas y reavivaron el debate sobre la coherencia del plan económico y las tensiones entre el discurso del ajuste y la realidad de los indicadores macroeconómicos.