Los académicos del Instituto Ludwig von Mises de Alemania advirtieron que haber premiado a Milei podría causar “un daño duradero e irreparable al Instituto y a la Escuela Austriaca en su conjunto”.
El Instituto Ludwig von Mises de Alemania, una de las referencias académicas de la escuela austríaca de economía, atraviesa una crisis interna tras la propuesta de otorgar al presidente argentino Javier Milei el “Premio Conmemorativo en honor a Ludwig von Mises”.
La decisión generó un quiebre dentro del organismo: tres de los cinco miembros de su Consejo Asesor Científico —Rolf W. Puster, Jörg Guido Hülsmann y Hans-Hermann Hoppe— presentaron su renuncia en rechazo a la iniciativa. Los académicos advirtieron que premiar a Milei podría causar “un daño duradero e irreparable al Instituto y a la Escuela Austriaca en su conjunto”.
En un extenso comunicado, los renunciantes explicaron que la creación del galardón y la selección del mandatario argentino se hicieron sin consulta previa, lo que da la impresión de un aval que —aseguraron— nunca existió. Si bien reconocieron el impacto político de Milei, señalaron que su aporte intelectual resulta insuficiente: “Su conocimiento de ideas y teorías es superficial y deficiente”.
Los profesores también cuestionaron las políticas impulsadas por el presidente argentino desde su llegada al poder, a las que calificaron como de “resultados inciertos” y, en algunos casos, contrarias a los principios libertarios. Entre sus críticas mencionaron la centralización política, la continuidad del banco central pese a sus promesas de eliminarlo, el acercamiento con la “casta” política local y una política exterior alineada con Estados Unidos e Israel.
“El éxito futuro de sus políticas es altamente cuestionable”, subrayaron, al tiempo que remarcaron que la evaluación de su gestión debe hacerse con perspectiva y no a tan solo veinte meses de iniciado su mandato.
La ruptura expone la incomodidad de un sector del liberalismo europeo con la figura de Javier Milei, quien en reiteradas ocasiones se ha proclamado como referente del liberalismo clásico. Sin embargo, ahora ve cuestionada su legitimidad intelectual por una de las instituciones más reconocidas en este campo.
El ministro de Desarrollo de La Rioja, Alfredo Menem, arremetió contra sus primos Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, operador político cercano al oficialismo, a quienes acusó de aprovechar la gestión pública para enriquecerse mediante prácticas corruptas.
“Todos los hechos de corrupción comprobables del Gobierno de Javier Milei los protagonizan ellos. Están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno que solamente busca negocios y su rédito económico, lejos de poder resolver los problemas de la gente y de nuestra provincia”, denunció el funcionario riojano.
En la misma línea, Alfredo Menem describió un patrón de conducta en el oficialismo nacional: “Este grupo de personajes que rodea al Presidente, o a su hermana, llegó a la política para hacer plata. No tienen otro interés que el de los negocios personales”.
Críticas a Martín Menem por su rol como diputado
El ministro también cuestionó el desempeño legislativo de Martín Menem, a quien acusó de desatender a los riojanos: “Martín fue elegido diputado por nuestra provincia y casi nunca viene. Sortea su sueldo, lo cual me daría vergüenza, porque ya hace muchísimo dinero con los manejos que tiene dentro del Gobierno. Mientras tanto, en La Rioja hay gente que sigue esperando explicaciones”, sentenció.
Respaldo a Quintela y diferenciación política
Alfredo Menem respaldó al gobernador Ricardo Quintela en su enfrentamiento con la Casa Rosada: “Para nosotros en La Rioja, esto no es novedad. Quintela fue el primero en levantar la voz contra los atropellos del gobierno nacional”.
Asimismo, expresó su distancia ideológica con sus familiares y con el espacio libertario: “Sentimos vergüenza e impotencia”. Incluso destacó que dentro de La Libertad Avanza hay legisladores sorprendidos por la magnitud de las irregularidades.
El ministro cerró con un mensaje interno: “La gente se está desencantando de La Libertad Avanza, pero necesitamos que el peronismo vuelva a ser opción, con autocrítica y convicción, para ser alternativa en octubre y de cara al 2027”.
El periodista oficialista se sumó a la ola de críticas que ya había iniciado Alejandro Fantino y apuntó con dureza contra los funcionarios libertarios mas próximos al presidente involucrados en presuntas maniobras turbias.
Jonatan Viale explotó en su editorial y cargó contra el Gobierno de Javier Milei por los casos de corrupción que salpican a su círculo más cercano. El conductor, indignado por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, recordó las promesas de campaña sobre “terminar con los curros del Estado” y le marcó un límite al oficialismo: “No hay lugar para retornos del 8%. No cuenten conmigo para bancar el afano estructural”.
Viale fue tajante al enumerar episodios recientes que golpean la credibilidad del Gobierno: “El caso Libra que no terminó. Tuvimos corrupción en ANSES, en el PAMI, en provincias donde se pedía un diezmo para La Libertad Avanza. También el caso de la empresa de la familia Menem contratada por el Banco Nación, que es éticamente incompatible. Todo eso lo contamos y lo volvemos a contar”.
CHICOS JONY VIALE DICE QUE YA ES MUCHO Y SE BAJA DEL BARCO!! SANTI CAPUTO DÓNDE ESTÁS?? TENÉS QUE COUCHEARLO AL OÍDO!! pic.twitter.com/6fW8fpE25d
Con un tono encendido, contrastó la realidad con el discurso de Milei: “La motosierra era para terminar con los curros del Estado. Eso prometieron. Pero ahora vemos retornos en Discapacidad, silencio en el Ministerio de Salud con el caso Fentanilo y explicaciones que no convencen a nadie. No alcanza con un ministro llorando, la gente merece respuestas porque ustedes se presentan como el partido anticasta”.
El periodista puso un límite ético y dejó claro su repudio: “Jamás van a contar conmigo para bancar el afano estructural. Si hay un corrupto que robó con los discapacitados o con la droguería, que se vaya y que lo metan preso”.
Las durísimas declaraciones de Viale se suman a las de otros comunicadores como Alejandro Fantino, quien también pidió la cabeza de funcionarios. Cada vez más voces del periodismo exigen explicaciones concretas y medidas ejemplificadoras en un Gobierno que había prometido terminar con los privilegios y la corrupción.
“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este viernes una dura acusación contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, en el marco del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió en su cuenta de X, donde además calificó el caso como “más vergonzoso” que cualquier otro.
Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?… ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.
En un extenso posteo titulado irónicamente “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, la exmandataria recordó el argumento judicial que se utilizó en su contra en la causa de obra pública, y advirtió que, bajo ese mismo criterio, el actual presidente debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto del esquema de sobornos en la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
La denuncia pública se produce luego de la difusión de audios de Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la ANDIS, en los que asegura haber informado al Presidente sobre los hechos de corrupción. “Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, acusó Cristina.
La ex presidenta también vinculó la maniobra con la droguería La Suizo Argentino S.A., cuyo directivo Jonathan Kovalivker —a quien señaló como “amigo personal” de Mauricio Macri— habría participado en el circuito de retornos. En su publicación mencionó además al exfuncionario Daniel Garbellini, relacionado en los audios con la operatoria.
Por último, Cristina Kirchner cargó contra el Poder Judicial, al que acusó de funcionar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”. “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, concluyó.
Países del ALBA, Colombia y Brasil advierten sobre los riesgos de desestabilización en la región que implica la desproporcionada presencia militar de los Estados Unidos.
La decisión de Washington de enviar buques de guerra y miles de tropas al sur del mar Caribe ha provocado una ola de rechazo unánime en América Latina y el Caribe, donde diversos gobiernos han coincidido en denunciar la medida como un acto innecesario, desproporcionado y de alto riesgo para la estabilidad regional. Bajo el pretexto de reforzar la lucha contra el narcotráfico, la operación del Comando Sur es percibida como una maniobra de intimidación quevulnera la soberanía de los Estados latinoamericanos y eleva la tensión geopolítica en Sudamérica.
Repercusiones regionales
Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fijaron una posición firme durante una cumbre virtual celebrada esta semana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que la región atraviesa “tiempos de enormes desafíos” que no se resuelven con una “ofensiva hegemonista y agresiva”. Según el mandatario, la presencia militar de EE.UU. en el Caribe constituye una “inaceptable amenaza de agresión” y un atentado contra el régimen de paz que las naciones latinoamericanas y caribeñas han defendido durante décadas. “El citado despliegue de unidades militares hacia el sur del Caribe bajo el mando del Comando Sur, según afirmó Canel, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los EE.UU”.
Desde Bolivia, el presidente Luis Arce calificó la operación como una “inadmisible provocación” que evidencia la persistencia de la visión colonial estadounidense de considerar a América Latina su “patio trasero”. En la misma línea, el nicaragüense Daniel Ortega cuestionó el silencio de otros organismos regionales y alertó que la inacción frente al hostigamiento contra Venezuela abre la puerta a que cualquier otro país termine siendo víctima de la misma política intervencionista.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agradeció las muestras de respaldo y denunció que se enfrenta a una “coyuntura de amenazas enloquecidas a granel”, al tiempo que advirtió que Venezuela no permitirá la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio. Como respuesta, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos para reforzar la defensa nacional.
El rechazo no se limitó a los países de la Alianza. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue categórica al señalar que las maniobras militares estadounidenses son actos de injerencia contrarios al principio constitucional de no intervención. “No al intervencionismo, está en nuestra historia y en nuestra Constitución”, recalcó.
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, alertó sobre las consecuencias devastadoras de una eventual incursión militar en Venezuela: “Los gringos están equivocados si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Solo lograrían arrastrar a Colombia y a toda la región a un escenario similar al de Siria”.
En Brasil, el asesor de política exterior de la presidencia, Celso Amorim, expresó la “profunda preocupación” del gobierno de Lula da Silva por el arribo de tres destructores estadounidenses equipados con sistemas de misiles Aegis cerca de las aguas territoriales venezolanas. Amorim subrayó que el principio de no intervención es un pilar histórico de la diplomacia brasileña y advirtió que la lucha contra el crimen organizado debe darsemediante cooperación internacional, no a través de despliegues militares unilaterales.
Escalada militar
El operativo incluye destructores de la clase Arleigh Burke, buques anfibios de gran porte como el USS Iwo Jima, y miles de efectivos con capacidad de desembarco y ataque aéreo. Con estas unidades, EE.UU. no solo fortalece su presencia naval en el Caribe, sino que instala un clima de provocación directa hacia Venezuela, país al que acusa —sin pruebas— de liderar un cartel de drogas.
El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima.
Expertos advierten que el despliegue excede con creces cualquier necesidad de interdicción al narcotráfico, dado que las capacidades ofensivas de estas naves están diseñadas para escenarios de guerra convencional y no para operaciones antidrogas. En este sentido, gobiernos y analistas coinciden en que la verdadera motivación es ejercer presión política y militar sobre Caracas, en un contexto de tensiones abiertas con la administración de Nicolás Maduro.
Amenazando con el garrote a la región
El denominador común entre los distintos pronunciamientos es claro: la región rechaza que, bajo falsos argumentos, se utilice la lucha antidrogas como excusa para militarizar el Caribe y abrir la puerta a escenarios de intervención. La condena expresa la voluntad de defender la paz, la soberanía y la cooperación regional frente a lo que se percibe como un intento de reeditar las políticas intervencionistas de la Doctrina Monroe.
La voz unánime de América Latina y el Caribe envía así un mensaje directo a Washington: no se aceptará que, en nombre de la seguridad, se impongan acciones militares que amenazan con desestabilizar toda la región.
Según un informe de la Policía Federal de Brasil (PF), el exmandatario habría redactado una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei en la que solicita asilo político en territorio argentino.
La crisis judicial que rodea al ex presidente Jair Bolsonaro sumó un capítulo explosivo. Según un informe de la Policía Federal de Brasil (PF), el exmandatario habría redactado una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei en la que solicita asilo político en territorio argentino. El documento fue hallado en su propio celular, incautado durante las investigaciones por la supuesta trama golpista que analiza el Supremo Tribunal Federal (STF).
Un archivo clave en la investigación
De acuerdo con la PF, el escrito —de 33 páginas— fue guardado el 10 de febrero de 2024, apenas dos días después de la Operación Tempus Veritatis, que obligó a Bolsonaro a entregar su pasaporte. En la misiva, redactada en primera persona, el expresidente se describe como “perseguido por motivos políticos” y solicita asilo “en régimen de urgencia”.
Aunque la carta no lleva firma, los metadatos apuntan a que fue creada y editada por un usuario registrado como Fernanda Bolsonaro, presuntamente vinculada a la familia del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
El pedido de asilo político de Bolsonaro al Gobierno Argentino.
El nexo con la intentona golpista
El hallazgo se incorpora al mismo informe en el que la PF imputó a Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por intentar obstruir el proceso judicial sobre el fallido intento de golpe. Los investigadores sostienen que el documento tenía como fin “viabilizar la evasión del expresidente hacia la República Argentina” en un contexto en que se agravan las acusaciones por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y formación de organización criminal.
La PF recordó, además, que en diciembre de 2023 Bolsonaro ya había comunicado al juez Alexandre de Moraes su intención de viajar a Buenos Aires para asistir a la asunción de Javier Milei, entre el 7 y el 11 de ese mes.
El Gobierno logró mantener en pie el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones gracias a una combinación de abstenciones estratégicas y el alineamiento de legisladores provinciales. La exgobernadora del PRO María Eugenia Vidal.
La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la entrerriana Marcela Antola —referenciada en Rogelio Frigerio— y los cuatro diputados misioneros que responden a Carlos Rovira fueron determinantes para que la Casa Rosada alcanzara el tercio necesario y blindara la decisión presidencial.
La paradoja quedó expuesta en el caso de Vidal, quien semanas atrás en Córdoba había declarado que “los jubilados no pueden esperar una respuesta”, pero este miércoles cambio de discurso y optó por abstenerse. Su postura, junto a la de Antola y los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, achicó el número de votos necesarios para la oposición y facilitó que, con apenas 83 voluntades, el oficialismo sostuviera el recorte.
El clima en el recinto fue tenso. Tras la derrota previa del oficialismo en la votación sobre la emergencia en discapacidad, los diputados opositores denunciaron “negociaciones espurias” y acusaron al Gobierno de canjear recursos por votos. “No sean crápulas, cambiar ATN por jubilados es corrupción”, lanzó el formoseño Fernando Carbajal. En la misma línea, el radical Pablo Juliano acusó a quienes variaron su posición de “traicionar a los jubilados que no llegan a fin de mes”.
La bancada peronista también expuso sus críticas. Germán Martínez, jefe del bloque, interrumpió el debate para advertir que “los derechos de los jubilados no pueden estar arriba de ninguna mesa de negociación” y apuntó contra quienes habían habilitado el tratamiento y luego “miraron para otro lado”.
Además de las abstenciones decisivas, hubo ausencias que favorecieron a Milei, como la de la macrista Silvia Lospennato, el rionegrino Agustín Domingo y el formoseño Gerardo González, recientemente distanciado de La Libertad Avanza pero vinculado a Gildo Insfrán.
Dentro de la UCR, el cordobés Rodrigo De Loredo aportó nueve votos en favor del rechazo al veto, aunque recibió críticas por intentar inicialmente una fórmula intermedia. “De Loredo, felpudeaste todo el año, ahora hay que votar a favor o en contra”, lo increpó el diputado del FIT, Christian “Chipi” Castillo. Finalmente, el bloque radical quedó dividido: mientras algunos respaldaron a los jubilados, otros, como Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Gerardo Cipolini, Atilio Benedetti y Soledad Carrizo, se alinearon con el oficialismo bajo la influencia de Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Frigerio.
El desenlace fue categórico: la oposición reunió 160 votos, pero no alcanzó los dos tercios requeridos. La abstención de seis legisladores se transformó en el salvavidas político de Milei, que logró consolidar su veto.
Así, no habrá aumento ni moratoria: los haberes jubilatorios seguirán atados a la política de ajuste del Gobierno, que en nombre del “equilibrio fiscal” vuelve a postergar a uno de los sectores más castigados por la inflación y la crisis económica.
En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.
La crisis política dentro del oficialismo sumó un capítulo explosivo. En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.
En esas grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo asegura que existe un mecanismo de recaudación ilegal a través de la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker y con lazos estrechos con Martín y Eduardo “Lule” Menem. Según el funcionario, la empresa exige a los proveedores un retorno del 8%, del cual el 3% va a parar a Karina Milei, la todopoderosa secretaria general de la Presidencia.
“Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%”, se lo escucha decir al funcionario en un encuentro informal. Spagnuolo insiste en que el Presidente no participa del negocio, pero reconoce que se trata de “toda la gente de él” la que recauda a través de estos contratos.
El caso estalla en un momento especialmente delicado: Karina Milei ya se encuentra golpeada por el escándalo Libra, y ahora vuelve a quedar en el ojo de la tormenta por una trama de corrupción que la conecta con un negocio multimillonario de medicamentos.
La filtración, que habría contado con la intervención de Santiago Caputo, sacude el tablero político. Caputo y su socio Rodrigo Lugones ya enfrentan cuestionamientos por la crisis sanitaria del fentanilo adulterado, y las tensiones internas en el gobierno se multiplican. En este contexto, las acusaciones contra los Menem y la hermana del Presidente potencian la disputa entre las distintas facciones del oficialismo.
Los audios son contundentes: Spagnuolo describe cómo la droguería vinculada a los Menem centraliza la recaudación ilegal y presiona a los proveedores. También relata cómo Lule Menem intentó colocar funcionarios en la Andis con el aval de Karina, a quienes señala como parte de un esquema organizado de corrupción.
La denuncia contra la Suizo Argentina ya había surgido en 2023, impulsada por la ministra Sandra Pettovello, y señalaba contratos por más de 27 mil millones de pesos. Ahora, con la voz del propio Spagnuolo detallando la operatoria, la causa adquiere una nueva dimensión y compromete directamente a la hermana del Presidente.
Este nuevo escándalo deja a Karina Milei en una posición política frágil. Si el “caso Libra” había erosionado su poder, las revelaciones sobre las coimas en medicamentos podrían marcar un punto de no retorno para la figura central del armado presidencial.
El gobierno de Javier Milei sigue pasando la gorra en el exterior. Tras recurrir a diferentes mecanismos financieros internacionales y desembolsos del FMI, ahora negocia apoyo directo del Tesoro de Estados Unidos, buscando un nuevo salvavidas para sostener la frágil situación cambiaria y fiscal de la Argentina.
Fuentes cercanas a las tratativas confirmaron que las conversaciones en Washington están “avanzadas” y, aunque aún no se definió el monto, la asistencia de la primera potencia mundial representaría un espaldarazo clave en un momento de fuerte inestabilidad en los mercados locales.
La iniciativa habría surgido del propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien en abril visitó Buenos Aires y planteó la posibilidad de activar un crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos. En aquel momento, Bessent había condicionado el eventual apoyo a que el gobierno argentino “mantenga el rumbo” de sus reformas y la subordinación política a Washington.
Mientras tanto, el Banco Central sigue mostrando una débil acumulación de reservas y el dólar atraviesa semanas de fuertes fluctuaciones, contenidas solo a costa de tasas de interés que duplican o triplican la inflación esperada. Analistas privados alertan que esta fragilidad aumenta la dependencia del financiamiento externo en plena antesala electoral.
El pedido de respaldo estadounidense también se lee como parte del alineamiento político e ideológico entre Javier Milei y Donald Trump, quien ve en el presidente argentino a su principal aliado en Latinoamérica, en contraste con su relación distante con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil quien persigue un proyecto de país con mayor margen de autonomía y soberanía.
Un aspecto no menor es que el Tesoro norteamericano busca desplazar la influencia de China en la región. Durante su visita, Bessent instó a que la Argentina cancele el swap vigente con el Banco Popular de China, por un total de 18.000 millones de dólares en yuanes, de los cuales 5.000 millones fueron utilizados por el gobierno anterior y aún permanecen pendientes.
Lejos de reducir la dependencia financiera, la estrategia del oficialismo se concentra en seguir abriendo nuevas líneas de endeudamiento externo. Ahora, la expectativa está puesta en si la administración de Milei logrará cerrar un acuerdo directo con el Tesoro de Estados Unidos para intentar estabilizar una economía en permanente tensión.
Las renuncias del director de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec, y de la directora del Índice de Precios al Consumidor, despertaron las sospechas sobre la manipulación de las estadísticas oficiales por parte del organismo que dirige Marco Lavagna.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) atraviesa una seria crisis de credibilidad tras las renuncias de dos de sus principales especialistas en áreas sensibles: Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ambos tenían bajo su responsabilidad los indicadores más críticos para evaluar la situación social y económica: la medición de la pobreza y la inflación.
Las dimisiones, sin explicaciones claras por parte de la conducción del organismo, intensifican las sospechas de interferencia política en la elaboración de las estadísticasy disciplinamiento de sus cuadros técnicos.Manzano, considerado uno de los técnicos más respetados del Indec y artífice de la nueva metodología para medir pobreza, dejó su cargo en medio de la parálisis de ese sistema, que por alguna razón nunca llegó a implementarse.La actualización del IPC, a su vez, también permanece congelada, en un contexto en que se teme que los números reales choquen con el discurso oficial.
La salida de Giglio, comunicada como un “regreso por razones personales” a la Dirección Provincial de Estadística bonaerense, tampoco disipó las dudas. Su reemplazo por Josefina Rim se dio en paralelo a las denuncias de sectores sindicales y opositores que advierten sobre un posiblesubregistro deliberado de la inflación.
Las renuncias golpean el corazón del Indec y reavivan el recuerdo de los años en los que el organismo perdió legitimidad por manipulación de datos. Hoy, encuestas reflejan que gran parte de la población desconfía de las cifras oficiales, especialmente de las que informan sobre la inflación y los niveles de pobreza.
Con estas salidas, la gestión de Marco Lavagna enfrenta undesgaste interno y externo: dentro del Indec, por la pérdida de técnicos de peso sin reemplazos a la altura; y hacia afuera, por la percepción de que el organismo se aparta de su misión de garantizar información confiable y transparente. En definitiva, el Indec se encuentra en el centro de un escenario de desconfianza que amenaza con minar la credibilidad de sus estadísticas en el momento en que resultan más necesarias.
