Según recientes revelaciones de la revista británica The Economist, el gobierno de Javier Milei mantiene conversaciones militares reservadas con el Reino Unido que podrían implicar un abrupto cambio de enfoque histórico respecto al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas debilitando la posición argentina.

De acuerdo al semanario británico, el Ejecutivo argentino estaría explorando un entendimiento con Londres que destrabaría el embargo británico a la venta de armamento y abriría la puerta a una alianza más estrecha con la OTAN, a cambio de moderar —o incluso desactivar— su posición sobre las islas.

El artículo describe un “diálogo militar secreto” entre ambos países, con el objetivo de forjar un nuevo acuerdo estratégico en el Atlántico Sur, visto como clave tanto para los intereses de Estados Unidos como para contrarrestar la influencia creciente de China y Rusia en la región.

Entre los principales incentivos que motivan a Buenos Aires está el acceso a armas de segunda mano de Estados Unidos y sus aliados, hoy sujetas al veto británico impuesto tras la guerra de 1982. Este embargo limita la capacidad de Argentina para adquirir equipamiento militar moderno, dado que muchos sistemas occidentales contienen componentes de origen británico.

La presión de Washington sobre Londres también es un factor central. Estados Unidos busca que Argentina se mantenga alineada con los estándares militares de la OTAN y teme que, sin acceso a equipamiento occidental, el país pueda volcarse hacia proveedores como China ,Rusia o peor aun desarrolle sus propios sistemas de armas y colabore con países de los BRICS. En este sentido, la reciente compra de aviones de segunda mano F-16 a Dinamarca —sin componentes británicos— es una muestra de cómo el gobierno de Milei ha logrado sortear parcialmente esas restricciones. En este sentido no son pocos los que confiesan que el hecho de que el “rearme argentino” como algunos voceros oficialistas lo han dado a llamar, este auspiciado por los Estados Unidos, es la mayor garantía de seguridad que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña. Confirmado este punto de vista, recientemente un medio británico especializado “UK Defense Jornal” en temas de defensa destaco en un articulo lo siguiente:

“Además de los problemas financieros, Argentina enfrenta importantes limitaciones diplomáticas. Dado que los F-16 son de fabricación estadounidense, cualquier uso significativo de los aviones requeriría la aprobación de Estados Unidos, especialmente para el mantenimiento y las piezas. Esta dependencia hace muy poco probable que Argentina pueda desplegarlos contra las fuerzas británicas sin enfrentar mayores obstáculos”.

El informe de The Economist también detalla cómo el Ministerio de Defensa argentino, liderado por Luis Petri, impulsa la integración del país como “socio global” de la OTAN, una categoría superior al actual estatus de “aliado extra OTAN” obtenida por Argentina en los 90s al calor de las relaciones carnales del menemismo. Al mismo tiempo, Argentina se ha incorporado a iniciativas como la Fuerza Marítima Combinada en Medio Oriente y ha intensificado su participación en ejercicios militares internacionales, incluso con fuerzas británicas.

Sin embargo, el acercamiento no está exento de tensiones internas. Mientras Defensa impulsa el diálogo con Londres, la Cancillería argentina mantiene reservas, consciente de la carga simbólica y política que tiene el reclamo por la soberanía de las islas.

El gobierno británico, por su parte, sigue firme en mantener el embargo militar, aunque reconoce “una apertura para un nuevo acuerdo estratégico en el Atlántico Sur”, potenciado por la postura atípica de Milei respecto a Malvinas y su genuflexa subordinación a Washington.

En este contexto, un informe del Center for Maritime Strategy en EE.UU. advirtió que la región podría convertirse en un nuevo foco de tensiones geopolíticas. El documento incluso plantea la posibilidad de establecer una base permanente de buques de guerra estadounidenses en las Islas Malvinas, en caso de conflicto global o de una nueva escalada en el Atlántico Sur.

La hipótesis de una renuncia implícita o progresiva al reclamo de soberanía por parte del gobierno argentino ha generado preocupación, especialmente considerando que China y Rusia —rivales estratégicos de Washington— continúan respaldando abiertamente la posición histórica de Argentina sobre las islas.

Con un Milei funcional a los intereses geoestratégicos de EE.UU. y el Reino Unido, la soberanía sobre Malvinas parece estar siendo relegada en favor de beneficios materiales e inserción internacional, un giro que podría marcar un antes y un después en la política exterior argentina.

El exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Carlos Menem, Alberto Kohan, lanzó una polémica propuesta al cuestionar duramente el funcionamiento del Congreso de la Nación y sugerir su posible disolución, al considerar que se ha convertido en un freno para la gestión del presidente Javier Milei.

“En los gobiernos parlamentarios vos podés disolver el Parlamento, si llega un momento que se convierte en un obstáculo. Y no estoy yendo para los regímenes autoritarios”, expresó Kohan tratando de justificarse, al referirse a los incidentes ocurridos en la Cámara de Diputados durante una sesión especial convocada por la oposición. En ese contexto, hubo fuertes cruces e insultos entre legisladores mientras se discutían proyectos como el financiamiento universitario y la emergencia del Hospital Garrahan.

El exfuncionario menemista calificó el accionar parlamentario de este año como “tristes espectáculos” y planteó la necesidad de repensar el sistema institucional argentino:

“A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema”.

Kohan también criticó la estructura actual del Congreso, particularmente el tamaño del Senado, y lo comparó con el de otros países:

“Estados Unidos, con 500 millones de habitantes, tiene 100 senadores. Nosotros, con 52 millones, tenemos 72 senadores. Fue uno de los errores de la reforma del ’94”.

Aunque reconoció que el país necesita tiempo para mejorar sus instituciones —“Inglaterra tiene 800 años de sistema legislativo y aún así tiene líos”—, insistió en que la situación actual del Parlamento argentino obstaculiza la posibilidad de llevar adelante cambios profundos y propuso en ese contexto a una salida a la Fujimori aunque maquillada de parlamentarismo británico.

En una línea más política, Kohan elogió a Milei y lo vinculó ideológicamente con el expresidente Menem:

“Milei es menemista en el fondo de todo porque reconoce lo que Menem hizo durante su gobierno. Ojalá sepa cómo aplicar la autoridad”.

Finalmente, subrayó la necesidad de renovación política:

“Hoy estamos en una época en la que necesitamos algo distinto y no se puede seguir gobernando con los mismos de siempre”.

Un avión del empresario Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi y vinculado al Gobierno, registró múltiples irregularidades, según la Justicia, al ingresar al país en febrero de este año. Manuel Adorni había asegurado que se cumplieron con todos los controles.

Un escándalo sacude al Gobierno de Javier Milei tras confirmarse que un jet privado vinculado a su entorno más cercano ingresó al país con 10 valijas sin control aduanero, provenientes de Miami. Las nuevas pruebas difundidas por la Justicia revelan que el vuelo, operado por la empresa Royal Class y perteneciente al empresario Leonardo Scatturice —nuevo dueño de Flybondi y asesor con línea directa a la Casa Rosada—, violó múltiples protocolos de ingreso al país el pasado 26 de febrero.

Imágenes, valijas y un “orden de arriba”

La aeronave, un Bombardier N18RU, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery con una tripulación que incluía a Laura Belén Arrieta, azafata y militante de la CPAC, el espacio fundamentalista y ultraconservador internacional que hoy articula con sectores del Gobierno libertario. En el avión también viajaban José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. Según imágenes obtenidas por la Justicia y reveladas este domingo por el programa ¿Y mañana qué? (TN), el avión declaró solo cinco valijas, pero se observa el ingreso de diez al territorio nacional sin pasar por el escáner ni control policial.

Estas revelaciones contradicen directamente la versión oficial. El vocero presidencial Manuel Adorni había negado cualquier irregularidad y aseguró que el avión fue sometido a los “controles de rutina”. Sin embargo, el dictamen judicial apunta a una “orden directa del personal aduanero” para desviar a los pasajeros sin revisión, en un contexto donde no había congestión ni razones operativas para el trato preferencial.

Zonas grises y una Justicia en alerta

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) lidera la causa, que ya arrojó evidencias sobre graves irregularidades: falta de registros migratorios precisos, inconsistencias en los datos del origen y destino del vuelo (figura Fort Lauderdale, pero salió de Opa-locka, Miami) y vacíos de vigilancia en las grabaciones del hangar privado donde el avión permaneció ocho días. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por su parte, tampoco dejó constancia del movimiento de la aeronave.

La sospecha de connivencia estatal en un posible caso de contrabando no solo se sostiene en los registros irregulares, sino también en el perfil del empresario al mando del avión.

Scatturice: del espionaje a los negocios con el Estado

Leonardo Scatturice no es un nombre más. Ex agente de inteligencia y vinculado al mundo de los espías —cercano a Fernando Pocino y enfrentado a Antonio Stiuso—, hoy opera desde Miami como lobbista y organizador de eventos para la CPAC. Su empresa, Tactic Global, tiene nexos con el trumpismo y ha proveído al Estado argentino a través de plataformas como Educ.Ar y Trenes Argentinos.

En los últimos meses, su cercanía a Santiago Caputo, cerebro estratégico del Gobierno quien esta fortaleciendo el aparato de espionaje del triangulo de hierro del gobierno, se volvió cada vez más visible. Fue clave en la designación de Andrés Vázquez al frente de la DGI y, junto a Arrieta, orquestó la participación de Javier Milei en la CPAC de Washington, donde el presidente anunció su intención de firmar un tratado de libre comercio con Donald Trump.

El escándalo también expone una nueva dimensión del conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Fue el canal TN quien accedió al dictamen judicial de más de 60 páginas y lo difundió en medio del enfrentamiento con el oficialismo. Así, mientras el Ejecutivo intenta desmentir cualquier anomalía, parte del aparato mediático —hasta hace poco afín al mileísmo— exhibe pruebas del tratamiento privilegiado que recibió el vuelo del entorno presidencial.

Una sombra sobre el discurso anticasta

El caso de “los bolsos de Milei” golpea directamente la retórica anticorrupción del presidente que se suma a otros escándalos como el de la criptoestafa de $Libra y el destino de los fondos reservados de la SIDE. Mientras se ajustan cuentas, se reducen partidas sensibles y se proclama una cruzada contra los privilegios de la casta, un jet privado vinculado al poder aterriza en Aeroparque, burla todos los controles y desaparece ocho días después rumbo a París.

La Justicia sigue investigando. Pero los hechos ya desataron un temblor político que deja al descubierto una red de influencias, opacidad y privilegios que contradicen de lleno el relato libertario.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas de las pymes sufrieron en junio una caída del 6,7% respecto a mayo, lo que marca un retroceso significativo en un contexto de enfriamiento del consumo.

En la comparación interanual, la baja fue más leve, del 0,5%, aunque también refleja una tendencia preocupante.

El informe de CAME advierte que la situación económica de los comercios sigue siendo delicada: el 58,3% de los empresarios pyme considera que su actividad se mantuvo igual que el año pasado, mientras que un 27,5% afirmó que empeoró. Sin embargo, hay expectativas moderadamente positivas: el 50% cree que su situación mejorará en los próximos doce meses, frente a un 7,8% que espera un escenario más negativo.

Entre los rubros más afectados, se destacan calzado y marroquinería, con una caída del 5,2%, y textil e indumentaria, que retrocedieron 4,7% en ventas.

Feriados de junio: 30% menos de gasto turístico real

El turismo tampoco logró traccionar el consumo. Según CAME, durante los dos fines de semana largos de junio se movilizaron 2.162.750 turistas que gastaron $412.372 millones, pero a precios constantes eso implicó una caída del 30% frente a los mismos feriados del año pasado.

“El turista fue más austero”, señala el informe, destacando una reducción en el gasto en servicios recreativos, compras y, sobre todo, en la duración del viaje. La estadía promedio bajó de 2,9 noches en 2023 a 2,2 en 2024.

A pesar de los esfuerzos de las 24 provincias por atraer visitantes con eventos culturales, festivales regionales y propuestas gastronómicas, los números reflejan el impacto del deterioro del poder adquisitivo en el comportamiento del consumidor.

Desde que asumió, Milei suspendió obras clave que permitirían transportar ese gas a los centros de consumo. Esto no solo redujo la disponibilidad interna, sino que obligó al Estado a importar combustibles a precios tres veces superiores y en dólares, en un contexto de escasez de divisas.

Con temperaturas bajo cero en gran parte del país y una demanda energética en alza, la Argentina quedó esta semana sin gas. Industrias paralizadas, estaciones de GNC cerradas y hogares con suministro limitado. Pero lo más grave no es la emergencia actual, sino la causa estructural: el freno a obras de infraestructura fundamentales que el gobierno de Javier Milei paralizó deliberadamente al asumir.

Gas de sobra, infraestructura abandonada

En Vaca Muerta hay gas para más de 30 años de autoabastecimiento, con un excedente que podría generar saldos exportables millonarios. Sin embargo, la crisis de abastecimiento revela el profundo desacople entre una producción hidrocarburífera en niveles récord y una infraestructura inconclusa. El motivo es claro: el ajuste libertario y el freno total a la obra pública.

Desde que asumió, Milei suspendió obras clave que permitirían transportar ese gas a los centros de consumo. Esto no solo redujo la disponibilidad interna, sino que obligó al Estado a importar combustibles a precios tres veces superiores y en dólares, justo en un contexto de escasez de divisas.

Las obras paralizadas por Milei que agravaron la crisis

1. Finalización de las Plantas Compresoras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK)
   Estas instalaciones permitirían duplicar la capacidad de transporte del gasoducto desde Vaca Muerta. Con un avance del 80% al final del gobierno anterior, fueron abandonadas por Milei pese a que su finalización costaba unos 50 millones de dólares. Hoy, por no terminarlas, el Estado deberá gastar más de 500 millones en importaciones de GNL.
2. Segundo Tramo del GPNK hasta San Jerónimo, Santa Fe
   La obra ampliaría significativamente el alcance del gas patagónico al centro y norte del país. Su paralización impide expandir la red nacional de gas natural y restringe tanto el consumo interno como las exportaciones.
3. Reversión del Gasoducto Norte
   Esta obra permitiría llevar gas de Vaca Muerta al noroeste argentino, reemplazando el suministro boliviano, que hoy cubre apenas una sexta parte del consumo de esa región. Aunque el gobierno anunció su reactivación, las obras avanzan con extrema lentitud. El proyecto contempla:
   • 123 km de nuevo tendido entre Tío Pujio y La Carlota
   • 62 km de ampliación del Gasoducto Norte
   • Adaptación de plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta
   A pesar de su urgencia, nada de esto estará operativo en el invierno de 2025.

¿Privados al rescate? Un modelo inviable

El modelo libertario que propone Milei —obra pública financiada 100% por privados— no tiene sustento real. Ni siquiera en Chile, país que el presidente usa como ejemplo, esto ocurre: solo el 15% de la obra pública es financiada por el sector privado. En Argentina, intentos anteriores como los PPP impulsados por Mauricio Macri fracasaron. Recién con intervención estatal, y gracias a fondos como el impuesto a las grandes fortunas de 2021, se avanzó con el GPNK.

Hoy, ningún actor privado quiere asumir el riesgo de financiar obras de semejante envergadura, menos aún con tarifas congeladas o inciertas y una economía en recesión.

El costo del ajuste: frío, parálisis y dependencia

Mientras se proclama un ajuste “heroico”, el freno a estas obras estratégicas no solo paraliza la economía, sino que incrementa la dependencia energética externa, desperdicia el potencial exportador de Vaca Muerta y deja sin gas a miles de argentinos. La pregunta es inevitable: ¿a dónde va la plata del ajuste y de la motosierra libertaria, si no se invierte en lo esencial?

El Gobierno de Javier Milei oficializó en las últimas horas dos medidas que van en línea con su agenda de ajuste fiscal y desregulación del mercado energético, en medio de la crisis de abastecimiento inédita de gas natural que golpea a buena parte del país.

En medio de una de las crisis más severas de abastecimiento de gas en años y con una ola de frío polar que afecta a buena parte del país, el Gobierno nacional decidió aplicar un nuevo aumento en el recargo que pagan los usuarios residenciales, una medida que impactará directamente en las facturas del servicio y en el precio de las garrafas en un momento extremadamente delicado para buena parte de la población.

El Ministerio de Economía, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), elevó del 6,2% al 6,4% la sobretasa que pagan más de la mitad de los hogares del país para financiar los subsidios del régimen de “zona fría”. Esta suba, que se oficializó mediante la Resolución 444/2025, se convierte en el tercer incremento consecutivo del año y se da en un contexto de fuerte presión sobre los usuarios que ya enfrentan inexplicables interrupciones en el suministro y aumentos acumulados.

También aumentan las garrafas

Además, el Gobierno eliminó los precios de referencia para las garrafas de gas licuado, que hasta ahora servían para contener los valores en zonas sin acceso a la red. Esto significa que el precio quedará totalmente liberado al mercado, una medida que, según especialistas, podría generar fuertes aumentos en regiones aisladas y con menor competencia golpeando especialmente a los sectores mas humildes que utilizan este tipo de suministro.

Ambas decisiones se enmarcan en el plan oficial de ajuste fiscal y desregulación del sector energético, que busca reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas. Sin embargo, el efecto directo es un mayor costo para millones de familias que dependen del gas para cocinar y calefaccionarse en pleno invierno.

La sobretasa por zona fría fue creada para reducir el impacto tarifario en regiones con climas más hostiles, pero su financiamiento proviene de un recargo sobre el resto de los usuarios del país. El actual Gobierno considera que el régimen, ampliado en 2021 para incluir a más provincias, es insostenible y está motivado por razones políticas más que climáticas. Por eso, analiza una posible reforma que podría dejar fuera del beneficio a numerosas localidades.

En paralelo, también se redujo el beneficio a usuarios que tenían más de un medidor bajo el régimen de zona fría: sólo el domicilio principal mantendrá el 50% de descuento, mientras que los adicionales recibirán un recorte al 30%.

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) advirtió que la demanda de garrafas se disparó por las bajas temperaturas, y que el sector está trabajando al límite para sostener el abastecimiento. Según el Censo 2022, el 46,3% de la población argentina utiliza garrafas o cilindros como fuente principal de energía, lo que pone en evidencia la gravedad del impacto que podría tener la liberalización de precios en este segmento.

Así, mientras gran parte del país soporta temperaturas bajo cero y cortes de gas, las decisiones oficiales en nombre del ajuste fiscal trasladan más presión a los hogares, especialmente a los más vulnerables y a quienes viven fuera del sistema de redes.

La Fundación atiende a 3800 personas con hemofilia, casi el 80% de las personas que tienen esa patología en el país.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, sumó un nuevo capítulo al desmantelamiento del sistema sanitario. En una decisión que generó indignación generalizada, se eliminó un subsidio histórico que sostenía entre el 50% y el 70% del funcionamiento de la Fundación de la Hemofilia, una institución de referencia con más de 80 años de trayectoria en el país.

La medida, tomada de forma abrupta y sin alternativas de transición, pone en riesgo la continuidad de esta organización pionera en la atención, investigación y acompañamiento de personas que viven con hemofilia, una enfermedad crónica que requiere tratamientos especializados e interdisciplinarios.

Desde la Fundación lanzaron una “carta abierta a la comunidad” en la que advierten que la situación es crítica: “Hoy nos encontramos con la enorme limitación económica que nos trae la incertidumbre de si podremos continuar”. Denuncian que el Estado nacional les negó el subsidio sin previo aviso, impidiéndoles adaptarse o buscar soluciones sostenibles. “Este aporte hoy nos fue negado en forma abrupta, lo que no nos permite reinventarnos al ritmo que necesitaríamos”, lamenta el comunicado.

El impacto de la decisión se hizo sentir rápidamente en redes sociales, donde la frase “La crueldad avanza” se volvió eco del repudio generalizado. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también se pronunció con dureza: “El gobierno nacional sigue todos los caminos posibles para continuar el desguace y desfinanciamiento del sistema de salud. Ahora, el turno de organizaciones de la sociedad civil que hace décadas trabajan en la atención, cuidado e investigación de pacientes con hemofilia”.

María Belén Robert, presidenta de la Fundación, expresó en diálogo con Radio 10: “Estamos pidiendo ayuda y una reconsideración por parte del Estado. Sabemos que podemos colaborar, pero exigimos que en salud se manejen otros conceptos, no es la suma ni la resta”.

Mientras tanto, la Fundación lanzó una campaña de emergencia para recibir donaciones individuales que les permitan seguir operando. “Hoy estamos en peligro”, advierten. El alias bancario para colaborar es SOMOS.FUNDACION.FH (Banco Nación).

Este nuevo acto de insensibilidad del gobierno de Javier Milei no solo ataca una institución fundamental para la salud pública, sino que expone el avance de una lógica despiadada que deja a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. La salud, nuevamente, es víctima del ajuste.

Se prevén desembolsos iniciales por algo más de 380 millones de dólares para la compra de vehículos blindados y otros equipamientos.

En medio de un contexto nacional marcado por recortes presupuestarios en áreas sensibles como la salud, la educación y la ciencia, el gobierno de Javier Milei avanza sin reparos en importantes desembolsos de fondos y endeudamiento para la compra de armas. Esta semana, el ministro de Defensa, Luis Petri, viajará a Washington para mantener una reunión de alto nivel con el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, donde se discutirán nuevas compras de armamento que comprometerán cientos de millones de dólares.

El encuentro forma parte de la actualización del llamado “diálogo estratégico” entre Argentina y Estados Unidos, en el que se profundizará la cooperación en materia de defensa, ciberseguridad y ejercicios militares conjuntos. Sin embargo, uno de los ejes centrales de la visita será la negociación para la adquisición de vehículos blindados a rueda Stryker 8×8, fabricados por la empresa General Dynamics. La operación, según lo planteado por el propio gobierno en el presupuesto 2025, implicaría un desembolso inicial de más de 380 millones de dólares.

Esta compra se suma a la reciente incorporación de 24 cazas supersónicos F-16 adquiridos de segunda mano a Dinamarca, pero de origen estadounidense, en una operación que Petri calificó como “la más importante en décadas”. Ahora, Defensa planea adquirir 209 vehículos blindados en distintas versiones, incluyendo caza tanques, transportes de tropas y otras versiones especializadas, a través del programa estadounidense FMS (Foreign Military Sales), reservado para países aliados.

Mientras se afianzan los vínculos militares con Estados Unidos, el gobierno de La Libertad Avanza justifica internamente la necesidad de estas adquisiciones en nombre de la modernización del Ejército. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras se ajustan partidas esenciales y se promueven discursos de “austeridad” y “sacrificio” hacia la ciudadanía, se destinan recursos públicos millonarios a la compra de armamento en el exterior y en desconexión con la propia industria de defensa.

El viaje de Petri al Pentágono, acompañado por el secretario de Asuntos Internacionales Juan Battaleme, se da además en un momento propicio para fortalecer los lazos geopolíticos con Washington. Allí también se avanzará en acuerdos sobre ciberdefensa, en base a un memorándum firmado en marzo, y en la participación de Argentina en ejercicios combinados como UNITAS, maniobras con fuerzas especiales estadounidenses en regiones extremas del país y la posible instalación de una base militar estadounidense en la Isla de Tierra del Fuego.

El plan de “rearme nacional”, diseñado y defendido por el gobierno de Milei, se presenta como un avance estratégico. Pero para vastos sectores de la sociedad, golpeados por el ajuste, representa una clara señal de prioridades invertidas: se congelan fondos para la salud pública, se desfinancia la investigación científica y se limita el acceso a la educación superior verdaderos multiplicadores de la soberanía nacional, mientras se destinan cientos de millones de dólares a equipamientos de dudosa utilidad ya que responden mas a los alineamientos geopolíticos de turno que a las reales necesidades del instrumento militar del país.

La empresa Molinos Río de la Plata no acató la conciliación obligatoria, y procederá a nuevos despidos, además presiona para aplicar una rebaja salarial.

El conflicto laboral en la planta de Molinos Río de la Plata, ubicada en Esteban Echeverría, atraviesa su momento más crítico. La empresa no solo continúa con el despido de trabajadores, sino que también desconoce abiertamente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, mientras presiona para imponer una rebaja salarial bajo amenaza de cierre.

Según denunció el delegado sindical Luciano Greco, la empresa impide el reingreso del personal cesanteado y avanza en una ofensiva que combina ajuste de plantilla, deterioro de condiciones laborales y un intento de disciplinamiento gremial. “Desde el 18 de junio, Molinos no acata la conciliación obligatoria y continúa con los despidos. Ahora, además, buscan aplicar una baja salarial extorsiva: nos dicen que si no aceptamos, pueden cerrar la planta”, advirtió.

El conflicto comenzó el 9 de mayo con un primer recorte de personal. Sin embargo, la situación se agravó con seis nuevos despidos el pasado 17 de junio, lo que desencadenó un paro por tiempo indeterminado impulsado por la filial Buenos Aires del Sindicato de la Alimentación (STIA).

A la pérdida de puestos de trabajo se suma la intensificación de ritmos de producción con menos personal, lo que, según Greco, compromete la seguridad e higiene en la planta y pone en riesgo la salud de los trabajadores, al violar normativas vigentes.

Desde la Comisión Interna denuncian además que la empresa está llevando adelante una “segunda etapa de reforma laboral y sindical de hecho”, en sintonía con el clima político nacional. Entre sus objetivos estarían el desmantelamiento de la negociación colectiva, la eliminación de derechos adquiridos y el reemplazo de personal sindicalizado por mano de obra precarizada.

El conflicto sigue sin solución a la vista. Con trabajadores en estado de alerta y movilización permanente, el reclamo central sigue siendo claro: cumplimiento inmediato de la conciliación obligatoria y reincorporación de los despedidos.

El hecho, que fue registrado por un peatón y difundido en redes sociales, muestra a varios policías de la Ciudad y agentes rodeando al trabajador, mientras se escucha la indignación de testigos: “A los laburantes les hacen eso, vergüenza les tiene que dar“.

Un nuevo episodio de violencia institucional tuvo lugar en pleno corazón de Balvanera, frente a la estación Once del tren Sarmiento. Efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a inspectores de Espacio Público, protagonizaron un operativo que terminó con el descarte intencional de los termos de café de un vendedor ambulante en una alcantarilla. Además, le incautaron una caja con facturas, dejándolo sin su fuente de ingreso.

El hecho, que fue registrado por un peatón y difundido en redes sociales, muestra a varios policías y agentes rodeando al trabajador, mientras se escucha la indignación de testigos: “A los laburantes les hacen eso, vergüenza les tiene que dar”.

Policía CABA y el Cafetero

Le tiraron los termos con leche, café, agua caliente y mate cocido a la alcantarilla.
Este hombre no robaba, trabajaba dignamente, para q otros laburantes pudieran tomar algo calentito por unas monedas.
Parece q ser pobre fuera un delito.
VERGÜENZA… pic.twitter.com/zNuXM1RAm8

— Juan Carlos (@27juancarlos27) July 1, 2025

Este tipo de escenas se repiten cada vez con más frecuencia desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzó su política de persecución hacia la venta ambulante, tras el desalojo de los manteros en octubre de 2024. En nombre del orden, se persigue y humilla a quienes solo intentan ganarse la vida en un contexto de profunda crisis económica.

La actitud de los efectivos no solo es injustificable, sino profundamente vergonzosa. Tirar a la basura el trabajo de un vendedor ambulante no es “hacer cumplir la ley”, es ejercer violencia contra los más vulnerables. Es criminalizar la necesidad de miles de personas que buscan sobrevivir en el dia a dia.

Estos operativos ya no sorprenden, pero siguen indignando. Urge una respuesta social y política que ponga freno a estas prácticas represivas. Porque la pobreza no se combate con uniformes, se enfrenta con justicia, dignidad y trabajo.