“Este naufragio es más fraudulento que el de 2018. Argentina tiene una exposición impagable del 1300 % de su cuota como país miembro”, aseguró un técnico al tanto de las negociaciones.

Ceyla Pazarbasioglu, poderosa directora del Departamento de Estrategia, Política y Revisión (SPR) del Fondo Monetario Internacional, anunció que dejará el organismo antes de fin de año. Su salida sacude al staff técnico, donde crece el temor de que un nuevo fracaso económico en Argentina arrastre nuevamente a altos funcionarios del Fondo.

La renuncia no es menor: Pazarbasioglu fue quien en abril firmó un capítulo completo sobre el caso argentino dentro del Staff Level Agreement que rubricó Luis “Toto” Caputo. En ese documento, con tono quirúrgico, dejó asentado que la deuda del país es “prácticamente impagable”, una admisión inusual que incomodó tanto al mercado como a la conducción política del FMI.

El SPR es considerado el “cerebro” del organismo, encargado de definir la estrategia global de préstamos, revisar cada programa y redactar los informes que pesan como sentencia en los mercados. Bajo el mando de Pazarbasioglu, este departamento endureció sus criterios de sostenibilidad de deuda y puso bajo la lupa a países con alto riesgo de impago, entre ellos, Argentina.

Su salida se suma a otras dimisiones resonantes, como la de Gita Gopinath —ex número dos del Fondo— que migró a la vida académica en Harvard. Ahora, la partida de Pazarbasioglu ocurre justo cuando el acuerdo con el gobierno de Javier Milei ingresa en zona de turbulencias, con vencimientos por más de USD 20 mil millones el próximo año y crecientes dudas sobre la capacidad de pago.

“Este naufragio es más fraudulento que el de 2018. Argentina tiene una exposición impagable del 1300 % de su cuota como país miembro”, aseguró al portal LPO un técnico al tanto de las negociaciones.

En Washington reconocen que los riesgos de incumplimiento son cada vez más visibles: la recesión se profundiza, la industria y el consumo caen, y los problemas de inflación, riesgo país y gobernabilidad alejan inversores. El comunicado oficial del FMI sobre la renuncia fue breve y protocolar, resaltando su rol durante la pandemia y en la creación de nuevas líneas de crédito, pero sin mención al caso argentino.

Para algunos dentro del organismo, la salida de Pazarbasioglu allana el camino a una relación más “flexible” con Milei. “Fue muy dura en su diagnóstico; su retiro abre la puerta a renegociar sin tanta presión técnica”, admitió un funcionario.

La historia del FMI con Argentina está marcada por fracasos y renuncias: desde el stand-by de 2018 con Christine Lagarde, Mauricio Macri y Toto Caputo, hasta las salidas de Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, cada programa inconcluso terminó cobrándose funcionarios. Como ironizó un técnico del Fondo: “Cada vez que firmamos un acuerdo con Buenos Aires, también firmamos nuestra renuncia”.

El riesgo país de Argentina volvió a escalar y ya se ubica por encima de economías con severas inestabilidades como Congo, Kenia y Pakistán, generando creciente inquietud en los mercados internacionales.

Según un informe de la consultora Quantum, dirigida por el exsecretario de Financiamiento Daniel Marx, el rendimiento de los bonos argentinos se disparó hasta 14,2% anual tras la derrota electoral del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires. Esta cifra supera ampliamente los retornos de Congo (10,6%), Kenia (8,3%) y Pakistán (7,9%), y se aproxima a los niveles de Bolivia.

El estudio advierte que, a diferencia de otros países emergentes, la volatilidad argentina responde a factores internos: la dificultad para acumular reservas, la presión cambiaria y los compromisos de deuda en moneda extranjera. A esto se sumó el resultado electoral bonaerense, que incorporó un nuevo elemento de incertidumbre de cara a las legislativas de octubre.

Una curva de rendimientos invertida

Un dato que preocupa particularmente a los inversores es la inversión de la curva de rendimientos. El bono más corto (GD29) rinde 18%, mientras que el más largo (GD46) apenas llega al 14,7% anual. Esta señal refleja que el mercado teme más por el riesgo inmediato que por el de largo plazo.

La presión se agudiza por los vencimientos de deuda: en 2026 se deberán afrontar u$s 14.000 millones, incluidos los compromisos del BOPREAL, con pagos concentrados en enero y julio por u$s 4.500 millones.

En paralelo, el clima político añade tensión. La derrota en Buenos Aires debilitó la estrategia oficial y gobernadores opositores, como el de Corrientes, Gustavo Valdés, endurecieron su postura frente al gobierno nacional.

Mercado cambiario e incertidumbre financiera

El dólar cerró la semana en $1.465 en el Banco Nación, rozando el techo de la banda cambiaria. Mientras tanto, las tasas de interés reales superan el 40%, un nivel que, aunque atractivo para inversores de corto plazo, refleja el fuerte apretón monetario que golpea la actividad económica.

El Banco Central busca aliviar la falta de crédito con medidas para aumentar la liquidez, aunque los analistas advierten que la estabilidad dependerá de la coordinación entre Tesoro y BCRA y de la capacidad para cumplir los compromisos externos.

La fotografía actual expone un escenario crítico: riesgo país en niveles récord, curva de rendimientos invertida y reservas escasas. Para los inversores, la clave será la definición de una política fiscal y monetaria clara, junto con un plan creíble para enfrentar los próximos vencimientos de deuda.

En este marco, Argentina no solo compite con su propio historial de crisis, sino que ya aparece como más riesgosa que países africanos y asiáticos en conflicto, un dato que alimenta la desconfianza y pone al país en el radar rojo de los mercados globales.

La crisis económica continúa golpeando al mercado laboral argentino y en julio dejó una nueva señal de alerta: el empleo formal en el sector privado cayó tanto en la comparación mensual como en la interanual, mientras que la tasa de despidos alcanzó su nivel más alto en ocho años.

La crisis económica continúa golpeando al mercado laboral argentino y en julio dejó una nueva señal de alerta: el empleo formal en el sector privado cayó tanto en la comparación mensual como en la interanual, mientras que la tasa de despidos alcanzó su nivel más alto en ocho años, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Capital Humano.

Tras un leve repunte en junio, el empleo registrado en empresas de más de diez trabajadores retrocedió un 0,2% en julio en las principales zonas urbanas. Este retroceso refleja el freno de la actividad económica y la presión que enfrentan las compañías para sostener sus plantillas.

La contracción se concentró en sectores sensibles al ciclo económico: la Construcción y los Servicios financieros mostraron las caídas más fuertes, con un 0,5% menos de empleo. Transporte, almacenamiento y comunicaciones retrocedió un 0,3%, Comercio, restaurantes y hoteles un 0,2% y los Servicios comunales, sociales y personales un 0,1%. Solo la industria logró mantener estable su nivel de empleo.

En la comparación interanual, el empleo formal también retrocedió un 0,2%, ubicándose en niveles similares a los de 2018 y 2019, períodos marcados por recesión.

El deterioro laboral se explica principalmente por el aumento de las desvinculaciones: mientras las incorporaciones se mantuvieron en 1,8%, las bajas crecieron hasta 2,0%, lo que generó una caída neta del empleo. La tasa de despidos sin causa subió a 0,6 por cada 100 trabajadores, el valor más alto del año y el más elevado desde 2016.

Estos datos confirman que la crisis económica no solo afecta a la producción y el consumo, sino que también erosiona cada vez más la estabilidad laboral, golpeando con fuerza a los trabajadores formales.

La decisión dejó a miles de chicos y chicas sin un lugar donde encontrar apoyo en medio de la crisis social y el crecimiento del narcotráfico en los barrios populares.

Después de perder por amplio margen la elección en la Provincia de Buenos Aires frente a Axel Kicillof, el gobierno de Javier Milei avanzó con una medida que fue leída en los territorios como un castigo directo: el cierre de 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), espacios gestionados por Sedronar y organizaciones sociales que brindaban contención y acompañamiento a jóvenes con consumos problemáticos.

La decisión dejó a miles de chicos y chicas sin un lugar donde encontrar apoyo en medio de la crisis social y el crecimiento del narcotráfico en los barrios populares. El argumento oficial fue la existencia de “irregularidades”, pero trabajadores y referentes comunitarios desmienten esa versión y denuncian un vaciamiento deliberado. Señalan que la motosierra de Milei apuntó selectivamente a los dispositivos vinculados a movimientos sociales, mientras los ligados a sectores eclesiásticos permanecieron abiertos.

“El cierre de las CAAC es condenar a la juventud más vulnerable a quedar a merced de las drogas y del narcomenudeo. Este programa tiene más de diez años y atravesó cuatro gobiernos porque funciona”, advirtió Fernanda Popolizio, psicóloga y referente de Casa Pueblo.

La medida generó críticas desde las provincias, las organizaciones sociales y también desde la Iglesia, que ya en junio había advertido que “la retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.

En Santa Fe, la diputada socialista Varinia Drisun calificó la decisión como “un golpe mortal a las políticas públicas de salud” y acusó al Gobierno nacional de precarizar a la Sedronar, desfinanciar el sistema de salud y desmantelar espacios estratégicos como el Hospital Nacional Laura Bonaparte.

En los barrios, el cierre se vive como una represalia que no solo debilita la política pública contra las adicciones, sino que también clausura uno de los pocos espacios de esperanza y cuidado. Allí donde antes había talleres, comidas compartidas y escucha, ahora queda solo un portón cerrado.

Al mediodía, el Banco Nación ofrecía el dólar minorista a $1465, veinte pesos más que el cierre previo y a un paso del límite fijado. En los bancos privados, el precio era aún más alto, reflejo de la presión creciente de la demanda.

El dólar volvió a encender las alarmas y marcó otra jornada de fuerte tensión en los mercados. La divisa alcanzó este jueves el techo de la banda cambiaria acordada con el FMI, lo que obligó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a intervenir con la venta de 100 millones de dólares del Tesoro. La señal, lejos de calmar, acentuó la preocupación por el margen de maniobra cada vez más limitado del Gobierno.

Al mediodía, el Banco Nación ofrecía el dólar minorista a $1465, veinte pesos más que el cierre previo y a un paso del límite fijado. En los bancos privados, el precio era aún más alto, reflejo de la presión creciente de la demanda.

Los dólares financieros —MEP y Contado con Liquidación— ya habían perforado el techo pactado con el Fondo, confirmando la tensión en todos los frentes. La maniobra de Caputo buscó frenar la corrida, pero en el mercado advierten que las reservas disponibles difícilmente soporten un ritmo sostenido de ventas si la presión cambiaria se mantiene.

Con los vencimientos de deuda a la vista y un contexto internacional adverso, los analistas remarcan que el Gobierno enfrenta un escenario crítico: contener la escalada del dólar sin recursos suficientes y bajo la mirada expectante del FMI. La pulseada por la divisa se consolida como el termómetro más claro de la fragilidad económica y política del oficialismo.

En lo que va del Gobierno de Javier Milei sólo se iniciaron 2 obras nuevas y se paralizó casi el 80% de las que recibió.

La inversión del Gobierno nacional en obras de agua potable y cloacas se desplomó un 95,2% real en 2025 respecto de 2023. Según datos oficiales, hasta agosto se destinaron apenas $58.157 millones, cuando en el mismo período de 2023 se habían invertido, a precios actuales, $1,2 billones.

En paralelo, la ejecución presupuestaria revela otra señal de retroceso: se utilizó sólo el 12,8% de los $453.650 millones previstos para este año. Para equiparar los niveles de inversión del último año del Frente de Todos, deberían destinarse $1,9 billones.

La situación es aún más crítica en la provincia de Buenos Aires: en los primeros 8 meses de 2025 la inversión nacional en agua y cloacas fue de casi $300 millones, un 99,9% menos que en 2023. Del total presupuestado, apenas se ejecutó el 1,7%.

Obras paralizadas y sin avances

Durante la gestión de Alberto Fernández se habían iniciado 2.540 obras de agua y cloacas, de las cuales el 62,4% se concluyó. El actual gobierno heredó 954 proyectos en marcha, pero en nueve meses sólo terminó 99 y dejó prácticamente congelado el 80% restante, que registra menos de un 10% de avance.

De las obras nuevas, apenas se iniciaron dos proyectos: uno en Concordia (Entre Ríos), ya finalizado, y otro en San Justo (Santa Fe), que no muestra avances.

En el caso bonaerense, de las 444 obras recibidas, sólo se completaron 46. El 85,4% de los proyectos quedaron con avances inferiores al 10%.

El impacto en la vida cotidiana

Aunque en redes sociales algunos discursos cargan contra los votantes bonaerenses con frases como que “cagan en un balde”, los datos del Censo 2022 muestran otra realidad: en el Conurbano 87,4% de las viviendas tiene baño con inodoro con arrastre de agua, pero sólo el 57,8% accede a la red de cloacas.

Es decir, la paralización y el recorte no afectan privilegios, sino servicios básicos que determinan la salud, la dignidad y la calidad de vida de millones de personas, sobre todo de los sectores más vulnerables.

La crisis de la industria siderúrgica en Argentina entró en una fase crítica. Esta semana, Ternium (la mayor productora de acero del país, perteneciente al Grupo Techint) confirmó otros 200 despidos en su planta de San Nicolás.

El conflicto entre la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ya lleva más de quince días de paro, con crecientes tensiones. El líder sindical Abel Furlán denunció que Paolo Rocca impulsa un “ajuste” en medio de balances millonarios y salarios que el gremio asegura se ubican por debajo de la línea de pobreza. “No vamos a aceptar que Rocca nos pague el salario que quiera”, afirmó en un acto masivo en la Plaza Mitre.

Una industria en retroceso

La UOM insiste en que los despidos responden directamente a las medidas de fuerza gremiales, pero el trasfondo es más amplio: la siderurgia argentina se enfrenta a una combinación de caída de la demanda interna, paralización de la construcción, y los aranceles al acero impuestos por la administración Trump, que golpearon de lleno a Ternium.

La planta de San Nicolás opera con altos niveles de capacidad ociosa y, según Rocca, las trabas comerciales externas “impactarán en la rentabilidad y los costos de todo el sector”. Aunque el Gobierno gestiona excepciones en Washington, los avances han sido nulos y las tensiones empresarias crecen.

Rocca, la UOM y la política

Mientras los sindicatos denuncian precarización, Rocca empieza a trasladar su malestar al terreno político. El exsenador Ernesto Sanz, cercano al empresario, calificó al Gobierno de Milei como “amateur”, y el diputado Miguel Pichetto cuestionó en el Congreso al jefe de Gabinete por la falta de resultados frente a los aranceles estadounidenses.

El derrumbe siderúrgico se convierte así en un campo de batalla múltiple: los trabajadores enfrentan despidos y pérdida de poder adquisitivo, las empresas reclaman reglas claras y apoyo estatal, y el Gobierno queda atrapado entre presiones internas y externas.

En paralelo, en los círculos del poder económico —con Rocca y Magnetto como voces de peso en la AEA— se reaviva un temor: que la parálisis industrial y el malestar social terminen abonando el terreno para el retorno del peronismo.

El caso deja en evidencia que el gobierno nacional utilizó una mentira deliberada como justificación para implementar un ajuste brutal sobre la población más vulnerable.

El gobierno de Javier Milei, con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse a la cabeza, construyó un relato: aseguraron que una auditoría había demostrado que la mitad de los comedores comunitarios eran “fantasmas”. Ese argumento fue utilizado para suspender la entrega de alimentos a miles de espacios de asistencia, mientras toneladas de comida permanecían almacenadas en galpones oficiales y estuvieron a punto de pudrirse.

Pero todo fue una mentira. Ahora, en un documento oficial, el propio Ministerio de Capital Humano reconoció que dicha auditoría nunca existió.

La revelación surge a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por la diputada Natalia Zaracho, inmediatamente después de que Posse, en el Congreso, afirmara categóricamente: “casi el 50 por ciento de los comedores no existían”. Ante la insistencia de Zaracho y luego de una batalla judicial, Pettovello se vio obligada a responder: no hubo auditoría alguna.

En la contestación oficial, el ministerio admitió que solo realizaron “supervisiones y verificaciones territoriales”, pero aclaró que estas “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría”. En otras palabras: lo que Posse, Pettovello y Milei presentaron como un informe contundente era, en realidad, un simple cruce de datos administrativos sin validez técnica ni legal. La propia cartera lo explicitó: “la referencia al Informe de Auditoría resulta ser inexistente”.

El relato oficial se desmorona aún más con los números. El gobierno solo relevó 2.193 espacios de los más de 35.000 inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM): apenas el 6%. Incluso si la mitad de esos casos relevados hubieran sido irregulares, la proporción real sobre el total sería mínima. Además, organizaciones sociales como La Poderosa señalan que en la práctica nunca hubo inspecciones presenciales: solo se revisaron formularios, sin pisar los comedores.

El caso deja en evidencia que el gobierno nacional utilizó una mentira deliberada como justificación para implementar un ajuste brutal sobre la población más vulnerable. Con el pretexto de una auditoría inexistente, suspendieron la asistencia alimentaria y profundizaron la crisis en barrios donde los comedores son el único sostén frente al hambre.

El presidente decidió presentar el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional grabada desde Casa Rosada, en lugar de concurrir al Congreso, como marca la tradición institucional. El mensaje se emitirá el próximo lunes a las 17, en el límite legal para el envío del proyecto.

La determinación de eludir el recinto legislativo ocurre en un contexto de extrema tensión con diputados y senadores, tras una dura derrota electoral y los sucesivos vetos presidenciales a leyes aprobadas por el Parlamento. El gesto refuerza la distancia con el Congreso y evidencia la fragilidad política del Ejecutivo en su vínculo con el resto de las fuerzas.

El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) September 10, 2025

En paralelo, el Gobierno busca recomponer su estrategia interna. Tras los comicios bonaerenses, decidió reactivar una “mesa de política nacional”, ampliar la de campaña provincial y devolver rango ministerial a Interior, con Lisandro Catalán al frente. Mientras tanto, Milei retomará su agenda internacional: tras suspender un viaje a España para atender la coyuntura local, partirá el martes rumbo a Paraguay.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva pulseada social y política. Aún duramente golpeado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, deberá definir si veta dos normas claves aprobadas con amplio consenso en el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva pulseada social y política. Aún golpeado por la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, deberá definir mañana si veta dos normas claves aprobadas con amplio consenso en el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica. Ambas apuntan a garantizar fondos para el sistema universitario y para hospitales pediátricos como el Garrahan, que hoy funcionan con recursos al límite.

En caso de que el Presidente avance con el veto, docentes, trabajadores y profesionales de la salud confirmaron un plan de lucha inmediato. La CONADU resolvió por unanimidad que habrá un paro nacional al día siguiente, acompañado de una protesta frente al Palacio Pizzurno. A esto se sumaría la convocatoria a una nueva Marcha Federal, que coincidiría con la sesión parlamentaria donde el Congreso podría insistir en la sanción con los dos tercios de ambas cámaras.

“Hay que consolidar y ampliar el respaldo social en las calles. La próxima Marcha Federal debe presionar para que diputados y senadores rechacen el veto y pongan un freno a la política de ajuste que destruye la universidad”, sostuvo Carlos De Feo, secretario general de CONADU.

Los decanos de las 13 facultades de la UBA también hicieron un llamado público al Ejecutivo para que reglamente la ley aprobada. En un video institucional, junto al rector Ricardo Gelpi, pidieron: “Cuidemos la educación pública. Cuidemos lo que funciona”.

El conflicto involucra no solo a los trabajadores y estudiantes, sino también a miles de pacientes que dependen de los hospitales universitarios y pediátricos. La ley de emergencia sanitaria, aprobada con 62 votos positivos en el Senado, garantiza recursos extra, recomposición salarial y el sostenimiento pleno del Hospital Garrahan, considerado referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad.

De confirmarse el veto presidencial, los gremios ya anticiparon que la movilización será de carácter federal, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Con un amplio respaldo social y político, el oficialismo se arriesga a quedar aislado frente a un reclamo que une a la comunidad universitaria, al personal de salud y a la sociedad en general.