La hermana del presidente le puso un freno a las ambiciones de Bullrich al vetarle cuatro candidatos clave y terminó de correrla de la mesa chica del poder.

El cierre de listas nacionales expuso una jugada letal de Karina Milei contra Patricia Bullrich. La hermana presidencial la humilló públicamente al vetarle cuatro candidatos clave, la obligó a dejar el Ministerio de Seguridad y terminó de correrla de la mesa chica del poder.

Bullrich, que hasta ahora era la principal carta electoral del gobierno para octubre, solo logró colar un diputado en Provincia y otro en Capital. Demasiado poco para quien venía posicionándose como la dirigente libertaria con mejor imagen después de Javier Milei.

Karina fue implacable: la sacó de Seguridad, desplazó a Luis Petri de Defensa y dejó afuera del Congreso a Pablo Walter, su principal armador político. También bloqueó a Gerardo Milman, que se quedará sin fueros, y vetó a Daniela Reich y a Felicitas Beccar Varela. Cuatro rechazos consecutivos que dejaron a la ministra en ridículo y sin margen de maniobra.

La explicación fue política: Karina busca vaciar de poder a Patricia porque la ve como una amenaza real para las presidenciales de 2027 pudiendo generar un cisma al interior de la derecha. La ministra, con estructura propia y mediciones apenas dos puntos por debajo de Milei, se había convertido en una alternativa de recambio en caso de que el proyecto libertario se desgaste.

Ni siquiera su condición de “cara fuerte” para las legislativas la salvó. “Patricia negoció muy mal y no supo usar el peso que debería tener como principal candidata del gobierno”, reconocieron en su propio entorno.

En los hechos, Karina trituró a Bullrich: le sacó poder en el gabinete, le cerró las listas y la aisló políticamente. El mensaje es claro: la hermana presidencial no está dispuesta a permitir que otra figura, por más aliada que sea, dispute el liderazgo de su hermano de cara al 2027.

El derrumbe del consumo golpeó con fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según un informe de la consultora Focus Market, las ventas en supermercados y autoservicios se desplomaron un 11,7% interanual en julio, configurando el dato más alarmante del mes a nivel nacional.

El derrumbe del consumo golpeó con fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según un informe de la consultora Focus Market, las ventas en supermercados y autoservicios de la región —que incluye al Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires— se desplomaron un 11,7% interanual en julio, configurando el dato más alarmante del mes a nivel nacional.

En el resto del país, el retroceso también se constató aunque fue menor: el consumo masivo cayó un 4,3% respecto de julio de 2024, aunque con una suba del 3,4% frente a junio, impulsada por el cobro del aguinaldo de asalariados, jubilados y pensionados.

Radiografía del derrumbe

El informe, elaborado a partir de datos recolectados en 756 supermercados y autoservicios de todo el país, muestra un escenario de fuerte contracción en la zona más poblada del país, donde vive casi el 40% de los argentinos. Allí, la caída casi triplicó el promedio nacional y puso en evidencia la fragilidad del poder de compra de los hogares metropolitanos.

A nivel general, la facturación de las empresas creció un 24% interanual en pesos corrientes, aunque muy por debajo de la inflación. En los primeros siete meses del año el aumento acumulado fue del 41,3%, mientras que los precios de alimentos y bebidas —eje central del consumo— subieron un 30,6% interanual.

El ticket promedio en julio alcanzó los $8.795, un 34% más que un año atrás, pero con una baja del 7,4% en la cantidad de tickets emitidos, lo que evidencia menos visitas a los puntos de venta. A su vez, las unidades por ticket crecieron un 6%, señal de compras más espaciadas y enfocadas en reponer lo indispensable.

Cambios en el patrón de compra

Para Damián Di Pace, director de Focus Market, el comportamiento de los hogares refleja una “normalización” del consumo en un contexto de menor inflación. Sin embargo, aclaró que esa normalización ocurre con “volúmenes más ajustados a la necesidad inmediata”, lo que explica la fuerte contracción en zonas de ingresos más golpeados como el Conurbano.

Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, celebraron este viernes en Alaska su primer encuentro bilateral en más de cuatro años, en un ambiente que ambos describieron como “constructivo y de respeto mutuo”.

El tema principal de la agenda bilateral fue el conflicto en Ucrania. Putin aseguró que Moscú percibe la voluntad de la administración Trump de contribuir a una solución y subrayó que Rusia está interesada en poner fin a la guerra. Al mismo tiempo, insistió en que cualquier acuerdo debe atender las preocupaciones de seguridad rusas y restablecer un equilibrio en Europa.

Trump, por su parte, afirmó que hubo “grandes progresos” y coincidencias en la mayoría de los puntos tratados, aunque reconoció diferencias en algunos temas clave. Señaló que la decisión final dependerá del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, y adelantó que consultará con los aliados de la OTAN.

Reconstrucción de vínculos

Putin remarcó que las relaciones bilaterales “se hundieron a su nivel más bajo desde la Guerra Fría” y llamó a “pasar página y retomar la cooperación” en ámbitos como el comercio, la energía, la exploración espacial y el Ártico. Ambos líderes coincidieron en que, de haberse mantenido Trump en la Casa Blanca en 2022, la guerra en Ucrania podría haberse evitado.

¿Próximo encuentro en Moscú?

Trump y Putin dejaron abierta la posibilidad de una segunda reunión “muy pronto”, posiblemente en Moscú. El mandatario ruso lo expresó en inglés con un “Next time in Moscow”, a lo que Trump respondió entre sonrisas que “podría suceder”, aunque admitió que la invitación generará críticas.

Una cumbre histórica

La reunión, de casi tres horas y celebrada a puerta cerrada en formato reducido, marcó el primer cara a cara entre ambos desde 2019 y el primero de Putin con un presidente estadounidense tras el inicio del conflicto ucraniano. El encuentro busca sentar las bases para un nuevo capítulo en las relaciones entre Moscú y Washington.

🇷🇺🇺🇸📢Rueda de prensa conjunta de Putin y Trump sobre las negociaciones que mantuvieron en la ciudad de Anchorage, en Alaska

🎥VERSIÓN COMPLETA: Cobertura especial de RT🎙

Detalles minuto a minuto del encuentro
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— RT en Español (@ActualidadRT) August 16, 2025

En medio de una fuerte inestabilidad interna y con un programa económico que genera más dudas que certezas, el presidente Javier Milei prepara dos viajes clave a Estados Unidos en los próximos 45 días para buscar respaldo político y financiero que le permita recrear la confianza perdida.

Con el dólar contenido y las tasas de interés como piezas centrales de su estrategia, Milei intentará seducir a inversores en Nueva York y California, y luego aprovechar su presencia en la Asamblea General de la ONU. El objetivo es reducir el riesgo país, anclado en 750 puntos básicos, y destrabar financiamiento a menores tasas, mientras el mercado local de deuda en pesos atraviesa tensiones crecientes.

La última licitación apenas renovó el 61% de los vencimientos, obligando al Gobierno a lanzar una colocación de emergencia para absorber $6 billones y contener la presión sobre el dólar. Sin embargo, las tasas del 69,5% amenazan con erosionar el superávit fiscal, uno de los pilares del modelo libertario, y podrían enfriar aun más la actividad en plena recta final electoral.

Aunque el respaldo del Tesoro de EE.UU. al acuerdo con el FMI da oxígeno, las reservas negativas y los vencimientos siguen presionando. En Washington, Milei buscará seducir a los capitales en sectores extractivos como litio, cobre como así también dar un nuevo guiño a la presencia militar de EEUU en la región ofreciendo a Argentina como base de apoyo y contrapeso político de Brasil. Pero si bien Washington es consciente de la oportunidad que representa una Argentina subordinada dispuesta a acatar los mandatos de la casa blanca, no deja de verla como un socio secundario y con futuro político incierto, por lo tanto de momento, la esperada reunión bilateral con Donald Trump sigue sin fecha confirmada, mientras tanto la incertidumbre ya se instaló en los inversores.

La relación entre el sistema financiero y el Gobierno está en uno de sus puntos más críticos. La decisión del equipo económico de aumentar nuevamente los encajes bancarios y obligarlas a destinar ese dinero a la compra de bonos encendió todas las alarmas.

La relación entre el sistema financiero y el Gobierno está en uno de sus puntos más críticos. La decisión del equipo económico de aumentar nuevamente los encajes bancarios —los fondos que las entidades deben mantener inmovilizados por orden del Banco Central— y, además, obligarlas a destinar ese dinero a la compra de bonos que se habían negado a adquirir en la licitación del miércoles, encendió todas las alarmas. En el sector, la jugada fue interpretada como un “corralón”, evocando la medida que Domingo Cavallo implementó en 2001.

La reacción fue inmediata. Un encuentro virtual entre las autoridades del Banco Central, encabezadas por Santiago Bausili, y directivos de bancos terminó en tensión. “Fue una perorata técnica, no nos escucharon”, resumió al portal LPO uno de los participantes.

Es la segunda vez en menos de un mes que el Gobierno incrementa los encajes, una maniobra que busca inmovilizar más depósitos de los ahorristas y canalizar esos fondos hacia la deuda pública. Sin embargo, los banqueros advierten que esto golpea directamente el patrimonio de las entidades y de sus clientes.

La tensión también se sintió dentro del propio Banco Central. Más de 200 personas —entre técnicos de Adeba, ABA, ABE y Abappra— participaron de una reunión donde la señal oficial fue clara: los fondos de los bancos no deben alimentar la presión sobre el dólar. La instrucción fue “no mover” ese dinero.

El malestar creció con las declaraciones de algunos banqueros:

“No nos dejaron opinar. Tienen un problema político que quieren resolver con un apretón monetario. Esto puede generar un caos. Están secando al sistema financiero y destruyeron nuestras acciones en Wall Street”, sostuvo uno de ellos.

La reacción internacional no tardó. Los ADR de bancos argentinos en Nueva York sufrieron fuertes caídas: Banco Supervielle se desplomó 8,7%, Galicia retrocedió 5,3% y BBVA cayó 4,2%. Afuera, la percepción es que el sistema financiero local está bajo seria amenaza.

En medio de la crisis, el ministro Luis Caputo intentó desesperadamente explicar la estrategia, atribuyendo la extrema volatilidad al contexto “político-electoral”. Sin embargo, su argumentación técnica dejó dudas incluso entre sus propios aliados.

Desde Max Capital apuntaron contra la falta de previsibilidad: recordaron que, desde la eliminación de las Leliqs hace un mes, la política monetaria se volvió errática y que anunciar cambios por redes sociales después de las 20 horas sólo empeora la incertidumbre. “El esquema de política monetaria se ha vuelto cada vez menos claro”, advirtieron.

El fallo advierte que dichas medidas “implican una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025 en los artículos que permitían interrumpir el servicio de agua potable y desagües cloacales a usuarios residenciales por falta de pago.

En su resolución, la magistrada subrayó que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”. Consideró “improcedente” el cese del suministro cuando la mora obedezca a situaciones de vulnerabilidad social o afecte a adultos mayores, niños o personas con discapacidad, y ordenó restablecer el servicio en caso de que ya se hubiera interrumpido.

La acción judicial fue presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores y por Consumidores Libres, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de las disposiciones que habilitaban los cortes tras 60 días de mora en usuarios residenciales y 15 días en no residenciales. Forns advirtió que dichas medidas implican “una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.

En el fallo, la jueza citó instrumentos internacionales como la resolución 64/292 de la ONU, que reconoce el agua potable y el saneamiento como derechos humanos esenciales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También recordó jurisprudencia de la Corte Suprema que prohíbe el uso abusivo de la facultad de suspender el suministro de agua.

La decisión judicial, que regirá hasta que se dicte sentencia definitiva, constituye un freno a la política oficial de mercantilización de servicios esenciales, preservando el carácter fundamental del acceso al agua como derecho humano.

Mientras América Latina expresa un firme repudio al accionar genocida de Israel en la Franja de Gaza, Javier Milei eligió la complicidad, destinando un millón de dólares a una organización auspiciada por el régimen de Netanyahu.

En un momento en que su gobierno aplica recortes severos a universidades públicas, hospitales y programas sociales —incluido el Hospital Garrahan—, Javier Milei decidió destinar un millón de dólares a financiar una alianza proisraelí en América Latina, reforzando así su apoyo a un Estado señalado por la ONU y por expertos internacionales como responsable de crímenes de guerra y actos de genocidio en Gaza.

El dinero proviene del Premio Génesis —apodado el “Nobel Judío”— que Milei recibió este año por su “apoyo inquebrantable” a Israel. En lugar de invertirlo en atender la crisis interna, el presidente optó por transferirlo a la creación de la organización Amigos Americanos de los Acuerdos de Isaac (AFOIA), con sede en Nueva York, cuyo objetivo es expandir la influencia política, económica y cultural de Israel en América Latina.

Inspirada en los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump, la AFOIA busca estrechar vínculos con gobiernos afines y revertir el creciente aislamiento diplomático de Tel Aviv en la región. El plan inicial apunta a Uruguay, Panamá y Costa Rica, con la mira puesta en sumar a Brasil, Colombia, Chile y El Salvador.

Mientras países como Colombia y Bolivia rompieron relaciones con Israel y Brasil se sumó a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, Milei se coloca del lado opuesto, consolidándose como uno de los defensores más fervientes del gobierno de Benjamin Netanyahu, acusado de llevar adelante una ofensiva militar que ya dejó más de 61.500 palestinos asesinados y a miles más al borde de la hambruna.

La donación, presentada como un “gesto de cooperación”, funciona en realidad como un respaldo financiero y diplomático a un aparato político y militar denunciado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. En el país, la decisión se conoció en medio de marchas multitudinarias en repudio a la guerra y a la posible visita de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

Así, mientras Milei recorta fondos a la educación y a la salud pública, decide transferir un millón de dólares a multimillonarios y estructuras de lobby proisraelí, alineándose con un genocidio en curso y alejándose de las demandas y urgencias de la población argentina.

Se trata de la diputada libertaria Juliana Santillán, quien en contraste con sus numerosos viajes en avión, apenas asistió 14 veces al Congreso para cumplir con sus funciones.

Mientras se presenta como abanderada de la “lucha contra la casta” y repite el mantra libertario de achicar el gasto político, la diputada oficialista Juliana Santillán protagoniza un caso que desnuda la distancia entre el discurso y los hechos.

De acuerdo con datos oficiales, en el período 2024–2025 Santillán —autodenominada “diplomada en economía austríaca”— realizó 95 viajes pagados con fondos del Estado, la mayoría en avión, con un costo millonario que terminaron pagando los contribuyentes. En paralelo, apenas registró 14 asistencias al Congreso en todo el año legislativo.

En un país donde el presidente Javier Milei exige sacrificios al pueblo bajo la bandera de la austeridad, el accionar de Santillán resulta difícil de justificar. Desde la Fundación “El Cumplimiento del Deber” advirtieron que “la disparidad entre la actividad parlamentaria y los gastos de traslado es abrumadora” y recordaron que, mientras millones ajustan para llegar a fin de mes, en la política aún hay quienes no parecen dispuestos a dar el ejemplo.

“La promesa de achicar la política se desvanece con episodios como este. La ciudadanía merece representantes comprometidos con su tarea y con un uso responsable de cada peso que sale de los bolsillos de los argentinos”, señaló la organización presidida por Claudio Venchiarutti.

La pregunta, una vez más, queda flotando: ¿quién controla realmente el uso de los recursos públicos? Y, sobre todo, ¿cómo se sostiene un discurso anti casta cuando las prácticas reproducen lo mismo que se critica?

Porque, al final, la transparencia no se predica: se practica. Y el ajuste, por ahora, sigue cayendo sobre los mismos de siempre: la gente común. Para algunos en la política, parece que nada ha cambiado.

Se trata de la obra del viaducto del Belgrano Sur a Constitución, la misma está paralizada desde principios de 2024 por decisión de la actual gestión: pese a su alto porcentaje de avance y a su potencial impacto sobre el sistema de transporte.

Un documento oficial al que accedió el portal especializado enelSubte revela que la finalización del viaducto del Belgrano Sur hasta Plaza Constitución es “necesaria” por motivos de “emergencia social”. Sin embargo, la actual gestión paralizó la obra a comienzos de 2024, pese a su alto grado de avance, a su potencial transformador para el transporte metropolitano y a que cuenta con financiamiento internacional asegurado.

El informe, elaborado por el Gabinete Asesor para la Emergencia Ferroviaria, advierte que mantener el proyecto inconcluso generará “conflictividad” en los barrios afectados, agravando problemas de movilidad y aislamiento. Pese a estas alertas, el viaducto no fue incluido en la lista de obras prioritarias, bajo el argumento de que no está directamente vinculado con la seguridad operativa.

La paralización obedece a lo establecido en la ley Bases, que ordena suspender contratos con menos del 80% de avance. El viaducto tiene un progreso del 68,5%, pero su contrato con la constructora DYCASA sigue vigente y el Gobierno estudia una eventual prórroga.

La obra —iniciada en 2021— estaba destinada a extender el viaducto existente desde Sáenz hasta Constitución, incorporando una nueva estación elevada y mejorando la conexión con el Subte. Se estima que su puesta en marcha incrementaría notablemente el flujo de pasajeros y la integración de la línea Belgrano Sur con el resto del sistema de transporte, beneficiando a miles de usuarios de zonas históricamente relegadas.

Con una inversión prevista de 122 millones de dólares, de los cuales la mayor parte proviene de créditos de la CAF y FONPLATA, el proyecto quedó como un esqueleto de hormigón que simboliza el retroceso en políticas de transporte inclusivo. Mientras el tiempo pasa y la obra se deteriora, vecinos, especialistas y trabajadores reclaman que el Gobierno deje de lado la indiferencia y reactive de inmediato esta infraestructura vital para el sur del Área Metropolitana.

Un estudio detectó que en julio 9 de cada 10 personas financiaron la compra de comida y un 30,7% reconoció que alguien tuvo hambre en su hogar y no tuvo para comer.

La pérdida sostenida del poder adquisitivo está modificando de forma alarmante los hábitos alimentarios en Córdoba. Un estudio reciente revela que el 50% de los hogares ha debido retrasar la merienda o directamente eliminar la cena por no poder costear alimentos básicos. La gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanesa Ruiz, alerto además que la mitad de los hogares salteó comidas en julio, mientras crece el endeudamiento de las familias.

En julio, 9 de cada 10 personas se vieron obligadas a financiar la compra de comida, mientras que un 30,7% admitió que algún integrante de su hogar sintió hambre y no pudo comer. El 19,6% reconoció haberse quedado sin comida en la casa, y el 10,5% señaló que algún miembro solo comió una vez al día o pasó un día entero sin ingerir alimentos.

Aunque la inflación de julio en Córdoba (1,5%) fue aparentemente la más baja de los últimos cinco años, la realidad económica empeora para las familias. El 57,8% no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria con sus ingresos, y un 72,5% solo alcanzó a cubrirla gracias a programas estatales como la AUH o la Tarjeta Alimentar.

La pérdida de ingresos también repercute en el comercio: las ventas en volumen de alimentos en negocios de cercanía cayeron un 19% en los primeros siete meses de 2025 frente al mismo período de 2024. La menor capacidad de compra obliga a comerciantes a liquidar productos próximos a vencer y buscar alianzas con bancos y tarjetas para ofrecer descuentos.

La situación ha generado una presión social creciente. El 18,9% de los encuestados admitió haber tenido que pedir comida o dinero para alimentarse, y los comedores comunitarios se encuentran desbordados, lo que llevó al Arzobispado de Córdoba a conformar una mesa de emergencia alimentaria.

El informe concluye que la pérdida del poder adquisitivo limita severamente el acceso a alimentos básicos, provocando una crisis de pobreza alimentaria que vulnera un derecho humano esencial: poder comer todos los días.