La crisis en las universidades nacionales no se detiene y alcanza niveles alarmantes. Ya son 10 mil los docentes que abandonaron sus cargos debido al colapso salarial y a la falta de presupuesto que atraviesa el sistema universitario público argentino desde la asunción de Javier Milei.

Desde diciembre de 2023, los salarios universitarios perdieron casi el 100% de su poder adquisitivo frente a la inflación. Hoy, un docente con dedicación simple que recién inicia cobra apenas 150 mil pesos, mientras que un investigador ronda los 300 mil pesos, cifras muy por debajo del costo de vida.

La infrafinanciación golpea en todos los frentes. La inversión en universidades no llega ni al 1% del PBI, y los recortes presupuestarios impactan de lleno en el funcionamiento básico: luz, gas, comedores, becas, bibliotecas y transporte. Las autoridades universitarias advierten que se está perdiendo al cuerpo docente, especialmente a quienes tienen dedicación simple, porque directamente “no les conviene seguir dando clases”.

Ante esta situación crítica, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó este lunes una conferencia de prensa en la que se anunciaron medidas frente al ahogo presupuestario. En paralelo, las ocho universidades públicas de Córdoba invitaron a los 21 legisladores nacionales por la provincia para pedir su respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el CIN.

“Nos están mandando apenas dos tercios de lo que enviaban en 2023. No hay presupuesto aprobado y tampoco convocatoria a paritaria salarial”, denunciaron los rectores.

La falta de fondos pone a las universidades al borde del colapso. Desde enero, muchas instituciones están recibiendo apenas el 30% del presupuesto necesario para funcionar.

“Estamos en una crisis profunda. Este 2025 nos encuentra aún peor. Necesitamos una nueva ley de financiamiento que garantice la continuidad del sistema universitario público y, al mismo tiempo, repensarnos. Iniciamos el camino hacia una segunda reforma universitaria”, sostuvieron desde el CIN.

A pesar del panorama sombrío, las universidades renovaron su compromiso con la educación pública y gratuita, y buscan el respaldo político necesario para evitar su desmantelamiento.

La polémica se desató tras la publicación del decreto 383/2025, que amplía por decreto las facultades de la Policía Federal y le otorga atribuciones para realizar ciberpatrullajes, requisas y tareas de inteligencia criminal sin orden judicial.

Diputados de distintos bloques opositores redoblaron la presión sobre el Congreso Nacional para que intervenga con urgencia ante lo que definen como un nuevo capítulo de la deriva autoritaria del gobierno de Javier Milei, en tándem con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La polémica se desató tras la publicación del decreto 383/2025, que amplía por decreto las facultades de la Policía Federal y le otorga atribuciones para realizar ciberpatrullajes, requisas y tareas de inteligencia criminal sin orden judicial.

El proyecto para anular el decreto fue impulsado por legisladores de Unión por la Patria (UxP), quienes alertan sobre el grave retroceso institucional que implica esta medida, incompatible —según afirman— con los principios del Estado de derecho. “Este decreto otorga facultades a la Policía propias de un gobierno dictatorial y no de uno democrático”, advirtió la diputada Mónica Macha, quien denunció que la norma permite requisas sin orden judicial ni sospecha de delito, configurando “una carta de impunidad muy fuerte”.

Macha vinculó el contenido y el momento de la publicación del decreto con la movilización en apoyo a Cristina Kirchner tras el fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad. “Es coherente en la lógica del Gobierno que esto se publique el mismo día de la manifestación en Plaza de Mayo”, afirmó, y recordó que varios manifestantes fueron demorados por la Policía Federal. “Estas prácticas nos remiten a los peores recuerdos de la dictadura”, advirtió.

La diputada también destacó que el rechazo al decreto no se limita a su bloque: “Este atropello generó ruido en varios espacios parlamentarios, lo que abre la posibilidad de articular una respuesta legislativa más amplia”. Para Macha, se trata de “otro ataque a la democracia en un contexto de creciente debilitamiento institucional”.

Desde otros sectores, también se alzaron voces críticas. El diputado Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, confirmó que su espacio presentó un proyecto de derogación y alertó: “Está en juego la vigencia del sistema democrático”. Carbajal aseguró que el Gobierno está avanzando hacia la construcción de un “Estado policial” y señaló que el decreto contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.

Además de impulsar la vía legislativa, el bloque de Carbajal también elevó un reclamo a instancias internacionales, dada la preocupación que genera el impacto del decreto en el sistema de garantías constitucionales.

Qué establece el decreto 383/2025

La norma firmada por Milei, Francos y Bullrich reformula las funciones de la Policía Federal, redefiniéndola como una fuerza de prevención e inteligencia criminal orientada a delitos federales y complejos. Entre otros puntos polémicos, permite el ciberpatrullaje en redes sociales sin autorización judicial, autoriza requisas personales y vehiculares sin orden judicial, y formaliza tareas de inteligencia en el marco de políticas del Ministerio de Seguridad. También propone cambios en el sistema de formación de agentes, incorporando perfiles universitarios y adoptando “estándares del FBI”, según detalla el texto oficial.

Frente a este escenario, la oposición busca acelerar el tratamiento del proyecto de nulidad, con el objetivo de contener lo que consideran un avance autoritario sin precedentes desde el retorno de la democracia. “Podemos tener diferencias en muchos temas, pero coincidimos en defender la democracia”, concluyó Macha, confiada en que el Congreso podrá revertir la medida.

Fue presentado en el Vaticano el “Informe Jubilar: un programa para abordar las crisis de la deuda y el desarrollo”, elaborado a pedido del pontífice con el objetivo de enfrentar el endeudamiento estructural que ahoga a los países más vulnerables.

Aunque falleció en abril de 2025, el Papa Francisco dejó como uno de sus últimos legados un llamado firme y urgente a transformar el sistema financiero global. Este lunes fue presentado en el Vaticano el “Informe Jubilar: un programa para abordar las crisis de la deuda y el desarrollo”, elaborado a pedido del pontífice con el objetivo de enfrentar el endeudamiento estructural que ahoga a los países más vulnerables.

El informe, redactado por la Comisión del Jubileo, convocada por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia, reúne el trabajo de más de 30 economistas y académicos de renombre internacional, bajo la dirección de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Martín Guzmán, exministro argentino. El documento traza un camino para una reestructuración profunda de la arquitectura financiera internacional, y cuestiona el rol de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la perpetuación de modelos de deuda insostenibles.

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, transmitió un mensaje de respaldo “en nombre del Pontífice”, reafirmando el pedido de Francisco de reducir —e incluso cancelar— la deuda de los países que nunca podrían pagarla. “Es una cuestión de justicia, no solo de magnanimidad”, remarcó.

Informe Jubilar sobre la deuda: replantearse la arquitectura financiera – Vatican News https://t.co/ciQCIHz5PF

— Vatican News (@vaticannews_es) June 20, 2025

El informe denuncia que más de 3.300 millones de personas viven en países donde el pago de la deuda supera la inversión en salud, y 2.100 millones donde es mayor que el gasto en educación. En 2023, los países en desarrollo destinaron 1,4 billones de dólares solo al servicio de la deuda. Además de proponer mecanismos concretos de alivio y reestructuración, el informe pide normas éticas para guiar el diálogo entre acreedores y deudores.

“El sistema financiero debe estar al servicio de las personas y de la Creación”, recordó el cardenal Peter Turkson, mientras que sor Helen Alford, presidenta de la PASS, subrayó la necesidad de combatir también la “deuda ecológica” entre el Norte y el Sur global.

Stiglitz señaló que el informe combina “valores morales con propuestas técnicas viables”, y será presentado en foros clave como la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (junio, Sevilla), la Asamblea General de la ONU y la cumbre del G20 en Johannesburgo.

“Es hora de actuar con responsabilidad”, concluyó Guzmán. El llamado del Papa Francisco —ahora convertido en hoja de ruta— busca construir una economía centrada en el bien común y en la dignidad de los más excluidos.

Es uno de los corredores industriales más importantes del país junto con Gran Buenos Aires. Ambas zonas registraron un dramático aumento de la desocupación en comparación con el año pasado, la cifra más preocupante desde que asumió Milei.

La desocupación en el Gran Córdoba alcanzó un preocupante 9,2% durante el primer trimestre de 2025, ubicando a esta región como una de las más afectadas del país. Se trata de un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, y representa la cifra más alta desde que Javier Milei asumió la presidencia, según datos oficiales del INDEC.

El dato no es menor: el Gran Córdoba, junto al Gran Buenos Aires —que registró una tasa similar del 9,1%—, conforma uno de los principales corredores industriales del país. La suba del desempleo en estas zonas industriales emblemáticas no solo enciende alarmas, sino que refleja con crudeza los efectos sociales del rumbo económico actual.

A nivel nacional, el desempleo alcanzó el 7,9%, con una pérdida estimada de 350.000 puestos de trabajo solo en los primeros tres meses del año. En Córdoba, el impacto se tradujo en 11.000 empleos menos, marcando un deterioro directo del mercado laboral.

Precarización en aumento

Más allá del crecimiento de la desocupación, otro fenómeno inquietante es el avance de la precarización: el empleo por cuenta propia creció en casi 250.000 personas respecto al año pasado, mientras que también aumentaron los asalariados no registrados. De esta manera, aunque la tasa general de desempleo se mantenga dentro de ciertos márgenes, la calidad del trabajo se ha deteriorado drásticamente.

“Lo relevante no es solo la suba del desempleo, sino el cambio en la composición del empleo. Hoy hay más cuentapropismo y empleo informal. Eso implica más precariedad”, explicó Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

El último informe del INDEC sobre el mercado de trabajo deja al descubierto un panorama de creciente incertidumbre laboral y debilidad estructural. Las cifras revelan que, lejos de consolidarse una recuperación, se profundiza la crisis de empleo en regiones clave del país. El modelo económico libertario muestra así sus consecuencias más palpables: pérdida de empleo de calidad, crecimiento del trabajo informal y un horizonte incierto para miles de familias.

Un nuevo informe del ODSA-UCA reveló que la pobreza infantil alcanzó su pico más alto desde la crisis de 2001-2002 en el primer semestre de 2024.

Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló un dato estremecedor: en el primer semestre de 2024, la pobreza infantil trepó al 67,3%, el nivel más alto registrado desde la crisis de 2001-2002. Esto significa que dos de cada tres niñas, niños y adolescentes en Argentina vivían en hogares con ingresos por debajo del umbral necesario para cubrir sus necesidades básicas.

El estudio, elaborado por Valentina González Sisto e Ianina Tuñón, advierte sobre la profunda y persistente desigualdad estructural en la sociedad argentina. Aunque en el segundo semestre del año pasado se había observado una leve mejora —cuando el índice bajó al 52,8% gracias a cierta estabilidad macroeconómica y al refuerzo de programas sociales como la AUH y la Tarjeta Alimentar—, la recuperación fue parcial, frágil y desigualmente distribuida entre las distintas regiones del país.

Los datos, basados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), muestran una escalada preocupante: entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2024, la pobreza infantil aumentó del 56,6% al 67,3%, coincidiendo con una inflación acumulada del 62,4%, la devaluación establecida por el gobierno libertario a poco de asumir y una fuerte caída del poder adquisitivo de los hogares. Durante ese lapso, los ingresos de las familias pobres se ubicaron un 42,6% por debajo de la Canasta Básica Total (CBT).

El deterioro golpeó con especial fuerza a las regiones del NOA y NEA, donde ciudades como Concordia, Gran Resistencia, La Rioja, Formosa y Gran Salta presentaron los niveles más alarmantes del país. En Concordia, por ejemplo, tres de cada cuatro niños viven en la pobreza, con un índice que alcanza el 75%, el más alto de toda la Argentina.

En contraste, algunas zonas como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la región Centro y la Patagonia registraron mejoras más sostenidas. Aglomerados como Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén y Gran Buenos Aires cerraron 2024 con descensos en los niveles de pobreza infantil. Sin embargo, las autoras del informe advierten que, aunque el promedio nacional mejoró en la segunda mitad del año, la mitad de los aglomerados urbanos del país vio empeorar su situación.

Durante 2024, el Gobierno nacional intentó mitigar el impacto del ajuste económico con aumentos en la Asignación Universal por Hijo (100% en enero, 27% en marzo y 41% en junio) y una ampliación de la Tarjeta Alimentar. Estas medidas amortiguaron parcialmente la pérdida de poder adquisitivo, pero no lograron revertir el golpe estructural que la inflación y la recesión provocaron en los sectores más vulnerables.

El informe pone sobre la mesa un panorama preocupante y plantea un llamado de atención urgente: la pobreza infantil no solo persiste, sino que se agrava en muchos rincones del país, configurando una emergencia que exige respuestas integrales y sostenidas por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

Desde su departamento en Constitución, y en el marco del multitudinario banderazo del Día de la Bandera en Parque Lezama, Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro de la escena política con un potente mensaje donde no escatimó en críticas y fulminó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde su departamento en Constitución, y en el marco del multitudinario banderazo del Día de la Bandera en Parque Lezama, Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro de la escena política con un mensaje contundente. La expresidenta no escatimó en críticas y fulminó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de buscar protagonismo generando caos.

“Esa mujer nefasta es capaz de cualquier cosa, su historial lo demuestra. Estuvo en todos los gobiernos que le causaron un desastre al país: el de De la Rúa, el de Macri y ahora como frutilla del postre, el de Milei”, sentenció Cristina en un audio reproducido ante miles de militantes.

Pero la frase más demoledora llegó después, cuando sin vueltas la comparó con el expresidente Macri: “Al igual que Macri, es una gran y absoluta fracasada”. La exmandataria también calificó de provocador y sin sustento legal el operativo de seguridad montado por Bullrich en las inmediaciones de su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Hoy, durante la madrugada, sin orden judicial y en forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron.

Todas las manifestaciones de estos días, incluso…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2025

Advirtiendo que la ministra intenta generar tensión para obtener visibilidad política, Cristina pidió expresamente a la militancia que no se movilice a su domicilio: “Esa mujer quiere protagonismo. No le demos el show que está buscando”, exhortó.

En otro pasaje del mensaje, la presidenta del PJ nacional alertó sobre la situación económica del país y criticó duramente el modelo del gobierno de Javier Milei: “Las cuentas públicas necesitan dólares que no tienen. Esta economía los consume con la voracidad de un drogadicto”, disparó. También alertó sobre el crecimiento del desempleo en los principales polos industriales, que ya alcanzó los dos dígitos.

🗨️"Ya estamos en casi dos dígitos de desocupación en los principales centros industriales del país"

👉Cristina se refirió a la crisis económica que atraviesa el país: "Pensar que vinieron a hablar de futuro y solo nos traen lo peor del pasado" pic.twitter.com/CZCsD25qyC

— El Destape (@eldestapeweb) June 20, 2025

“Si el Estado solo cobra impuestos y no devuelve nada a la sociedad, ¿para qué está? ¿Solo para reprimir y ajustar? Este modelo es inviable y se va a caer solo”, advirtió, y puso en duda el superávit fiscal del que se jacta Milei, al considerar que son los gobiernos provinciales y municipales quienes sostienen la gestión pública.

Cristina cerró su mensaje con un llamado a la unidad y a la defensa del pueblo: “Hoy la patria, que no es ni más ni menos que el pueblo mismo, necesita ser defendida una vez más. Viva Manuel Belgrano. ¡Viva la patria!”

Antes de despedirse, volvió a pedir a los presentes que desconcentren en paz y no se acerquen a su domicilio: “Quedémonos con la foto más linda, todos juntos, con nuestras banderas argentinas, con alegría, con amor y con fuerza”, concluyó.

Señalada por su doble vara, la Corte Suprema realizó nuevos movimientos en la Causa Correo Argentino, que involucra principalmente al expresidente Mauricio Macri.

Luego de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Corte Suprema de Justicia activó nuevos movimientos en un expediente que involucra directamente al expresidente Mauricio Macri: la causa Correo Argentino. La reactivación del caso, que llamativamente llevaba años en un limbo judicial, se da en un momento en que crecen las críticas al Poder Judicial por aplicar una “doble vara” al juzgar a distintos actores políticos.

La decisión del máximo tribunal incluyó el rechazo a un recurso de queja presentado por Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher —directivos del Correo Argentino S.A., empresa históricamente ligada al Grupo Macri—, y ratificó la continuidad del expediente que desde 2017 instruye el juez federal Ariel Lijo. Además, la Corte denegó el pedido de apartamiento de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, acusados por los imputados de tener una supuesta “enemistad manifiesta” con el expresidente.

La resolución firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no solo ratifica el avance de la investigación, sino que también incluye una exigencia económica a los acusados, bajo apercibimiento de ejecución, consolidando la vigencia procesal del expediente.

Este renovado impulso judicial se produce en un contexto donde gran parte de la sociedad cuestiona la credibilidad del sistema judicial. Un reciente estudio de opinión reveló que el 49,6% de la ciudadanía cree que existe una “doble vara” en la Justicia argentina, aplicando mayor rigurosidad contra ciertos sectores políticos —particularmente el kirchnerismo— y siendo más benevolente o directamente haciendo la vista gorda con figuras vinculadas al establishment económico y sus representantes políticos como ser el caso de ciertas figuras del PRO como Mauricio Macri. En este sentido el estudio de la consultora arrojo que solo el 24,5% cree que los jueces fallan en base a pruebas, mientras que el 38,3% considera que lo hacen por presiones políticas o mediáticas.

Frente a esta percepción de parcialidad, la reactivación de la causa que compromete al entorno y a decisiones tomadas por el propio Macri durante su gobierno, podría ser interpretada como un intento del máximo tribunal de equilibrar la balanza. Pero también persiste la sospecha: ¿estamos ante una genuina intención de impartir justicia con la misma vara, o frente a una maniobra destinada a dar imagen de imparcialidad sin afectar realmente a los sectores protegidos del poder?

La causa Correo Argentino se remonta a 2016, cuando, durante la presidencia de Macri, el Estado firmó un acuerdo para saldar la deuda millonaria que la empresa mantenía desde la rescisión de su contrato en 2003. El convenio fue denunciado por la fiscal Gabriela Boquin, quien lo calificó de “ruinoso y abusivo” al contemplar una quita del 98,87% del monto adeudado, lo que detuvo judicialmente su ejecución.

Entre los imputados se encuentran, además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, el exministro de Comunicaciones ( y también de defensa durante el siniestro del ARA San Juan) Oscar Aguad y el exdirector de Asuntos Jurídicos del ministerio, Juan Manuel Mocoroa. La investigación busca determinar si, durante el mandato de Macri, hubo un uso indebido del aparato estatal para beneficiar a una empresa familiar.

Por ahora, el entorno de Mauricio Macri no se ha pronunciado públicamente sobre el reciente fallo, aunque insiste en que el acuerdo contó con respaldo de órganos de control y tramitó por las vías administrativas correspondientes.

La causa sigue en etapa de instrucción. Pero con el nuevo impulso de la Corte Suprema, que hasta ahora se había mostrado reticente a intervenir, el expediente vuelve a instalarse en el centro del debate político y judicial. Las próximas decisiones pondrán seriamente a prueba al poder judicial pudiendo determinar si la Justicia logra despegarse del estigma de selectividad o si confirma, una vez más, que su vara no mide a todos por igual.

La economía argentina no deja de emitir señales preocupantes. En medio de un contexto de recesión, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el desempleo subió al 7,9% en el primer trimestre de 2025.

Esto representa un fuerte aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2024, cuando la desocupación se ubicaba en el 6,4%.

La cifra proyecta que cerca de 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período, lo que evidencia el creciente deterioro del mercado laboral argentino. Aunque la comparación interanual muestra una suba más leve –de 0,2 puntos–, el salto en relación al trimestre anterior marca un quiebre significativo en la tendencia.

#DatoINDEC
La tasa de empleo cayó de 45,7% a 44,4% y la de desocupación subió de 6,4% a 7,9% entre el 4° trimestre 2024 y el 1° de 2025. La de actividad fue de 48,2%, sin cambio estadísticamente significativo en la comparación intertrimestral e interanual https://t.co/Nro2ESuxLl pic.twitter.com/qtFKu9OFTu

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 19, 2025

Los datos surgen del relevamiento realizado por el INDEC en 31 aglomerados urbanos del país, y se elaboran a partir del análisis de la población económicamente activa (PEA), es decir, aquellas personas que están en condiciones y disposición de trabajar.

Además, la tasa de actividad (la proporción de personas que integran la PEA respecto del total de la población) alcanzó el 48,2%, mientras que la tasa de empleo (quienes efectivamente están ocupados) se ubicó en 44,4%. Ambas cifras reflejan un estancamiento que golpea tanto a los trabajadores como a quienes buscan empleo sin éxito.

Este nuevo aumento en la desocupación se suma a una serie de indicadores negativos que han venido marcando el pulso de la economía en los últimos meses, y refuerza la preocupación por el impacto del ajuste económico en la vida cotidiana de millones de argentinos.

La empresa Futura, dedicada a producir bridas para el sector petrolero, anunció su cierre definitivo tras 50 años de trayectoria. Desde la firma señalan que las empresas operadoras en Vaca Muerta optaron por importar piezas, dejando de lado la industria nacional.

El proceso de desindustrialización que atraviesa el país suma un nuevo capítulo con el cierre de Futura, una histórica metalúrgica bonaerense con sede en Gualeguaychú desde 1998, que durante décadas fue un motor de empleo calificado en la región.

La compañía, especializada en la fabricación de bridas para la industria del gas y el petróleo, se vio fuertemente afectada por el desplazamiento de proveedores locales frente al avance de las importaciones. Según sus propietarios, Oscar y Rubén Rodríguez, la razón principal del cierre es que “las empresas del yacimiento no convencional de Vaca Muerta optaron por la importación directa de piezas”, en lugar de adquirir productos fabricados en el país.

Esta decisión empresarial tuvo consecuencias inmediatas: el envío de telegramas de despido a los 20 trabajadores restantes de la planta, sumándose a los 11 que ya habían sido despedidos en mayo de 2024 como parte de un ajuste por “reducción de costos”. En aquel momento, la empresa ya había advertido que la sustitución de producción nacional por componentes importados estaba destruyendo el mercado interno.

Los trabajadores denuncian que las propuestas de retiro voluntario ofrecidas por la empresa —con resarcimientos muy por debajo de lo que marca la ley— fueron rechazadas por la mayoría, y ahora algunos evalúan iniciar acciones legales conjuntas para reclamar el pago total de las indemnizaciones.

El caso de Futura expone con crudeza los efectos del desarme del tejido industrial en sectores estratégicos, como el energético. La falta de políticas que protejan la industria local y el creciente sesgo importador de proyectos como Vaca Muerta no solo afectan a empresas nacionales, sino que también erosionan empleos, capacidades técnicas y autonomía productiva.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, realizo un rimbombante anuncio según el cual la SIDE identificó una “red de espías rusos”, la embajada de ese país salió al cruce: “forma parte de una estrategia promovida por actores externos”.

En un nuevo giro con claras implicancias geopolíticas, el vocero presidencial Manuel Adorni generó un serio incidente diplomático con Rusia al anunciar que la SIDE había identificado y detenido a dos supuestos espías rusos acusados de realizar campañas de desinformación en favor del Kremlin. Según Adorni, los ciudadanos rusos Lev Andriashvili e Irina Yakovenko estarían operando en Argentina bajo órdenes del presidente Vladimir Putin.

El anuncio fue leído por muchos analistas como una jugada alineada con los intereses de Estados Unidos en la región, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei ha profundizado su acercamiento a Washington y ha tomado distancia de sus tradicionales vínculos con Moscú.

En su intervención pública, Adorni afirmó que “la SIDE detectó a un grupo de residentes rusos en la Argentina que estaría realizando tareas sospechosas en favor de los intereses geopolíticos de Rusia”, y vinculó estas actividades con un presunto organismo denominado “La Compañía”, asociado al conocido “proyecto Lakhta”, una operación que –según el portavoz– Rusia habría lanzado hace una década para manipular comportamientos sociales mediante redes sociales.

La acusación incluyó señalamientos directos a los ciudadanos rusos radicados en Argentina, a quienes Adorni presentó como “líderes de una red de desinformación” que actuaría en articulación con fundaciones, ONGs y ciudadanos argentinos.

La respuesta de la embajada de Rusia

La embajada de Rusia en Buenos Aires no tardó en responder con firmeza. En una declaración oficial, desmintió categóricamente las acusaciones y puso en duda la veracidad y seriedad de las afirmaciones del vocero:

“Las personas mencionadas no están registradas en la sección consular de la Embajada. Hemos enviado una Nota Verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina solicitando aclaraciones sobre su estatus legal”.

❗Hemos prestado atención a la declaración de Manuel Adorni sobre el descubrimiento de un “grupo de residentes rusos que estarían realizando tareas sospechosas”. Lamentablemente esta no es primer intento de perjudicar las relaciones ruso-argentinas.

🔗 https://t.co/EYqP6QH9GG pic.twitter.com/dKiYIavonC

— Embajada de Rusia,AR (@EmbRusiaEnArgEs) June 18, 2025

Más aún, desde Moscú advirtieron que estas acusaciones forman parte de una estrategia promovida por actores externos con intereses claros:

“Lamentablemente, esta no es la primera oleada de una manía de espionaje relacionada con los intentos de los adversarios de nuestro país de perjudicar las relaciones ruso-argentinas”.

La tensión generada por estas declaraciones de Adorni ocurre en un momento de plena alineación del gobierno de Milei con la política exterior estadounidense, y marca un nuevo capítulo en el progresivo enfriamiento de los vínculos entre Buenos Aires y Moscú. Desde la diplomacia rusa, el mensaje fue claro: no aceptarán imputaciones infundadas y exigen explicaciones formales.