Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte sobre señales de agotamiento en el consumo y un enfriamiento en la actividad comercial.

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron un 2,9% interanual en mayo, marcando un punto de inflexión tras varios meses consecutivos de crecimiento. Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte sobre señales de agotamiento en el consumo y un enfriamiento en la actividad comercial.

El retroceso interanual se suma a una baja del 0,7% respecto de abril, lo que representa el segundo mes consecutivo de caída en la comparación mensual desestacionalizada. Estos datos contrastan con el fuerte repunte registrado a comienzos de año, cuando el sector minorista exhibía subas interanuales de 25,5% en enero y 24% en febrero, que luego se fueron moderando: 10,5% en marzo y 3,7% en abril.

EN MAYO, LAS VENTAS MINORISTAS DESCENDIERON UN 2,9% INTERANUAL

📈 En la comparación mensual desestacionalizada, se observó un descenso del 0,7% respecto a abril. Con estos valores, el acumulado de 2025 muestra una suba del 11%, en comparación con el mismo período de 2024.

De… pic.twitter.com/OXCNvGV9G5

— CAME (@redcame) June 8, 2025

Desde CAME señalaron que el comercio atraviesa un contexto complejo, con una retracción progresiva impulsada por “una menor disponibilidad de recursos, ajustes de precios y mayores exigencias operativas”. La entidad advirtió que en mayo se observó “una tendencia hacia compras más medidas, una circulación reducida en los centros comerciales y una competencia creciente de canales online e informales”.

En ese marco, varios rubros clave presentan caídas de consumo:

• Alimentos y bebidas: -7,6% interanual.
• Textil e indumentaria: -1,6%.
• Ferretería y construcción: -2,6%.
• Bazar y decoración: sin variación, pero con una baja mensual del 3,8%.

A pesar de ciertos repuntes en sectores puntuales como Farmacia (+1,5%) o Perfumería (+5,2%), el sector comercial en su conjunto muestra señales de alerta: márgenes estrechos, dificultades para sostener la rentabilidad y una fuerte incertidumbre.

Frente a este panorama, desde la gremial empresaria reclamaron “medidas que impulsen la demanda” y mayor previsibilidad para revertir la tendencia. Muchos comercios recurren a liquidaciones anticipadas o reducen sus inversiones como mecanismo de supervivencia.

En cuanto a las expectativas, el 49,2% de los comerciantes encuestados cree que su situación económica mejorará dentro de un año, aunque el 55,9% considera que no es un buen momento para invertir.

La nueva caída del consumo pone en entredicho la narrativa oficial sobre una recuperación sostenida, y refleja que la reactivación económica aún no se traduce en mejoras tangibles para el mercado interno.

Los gobernadores provinciales levantaron su voz en un unánime rechazo al intento del Gobierno Nacional de desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución clave para el desarrollo productivo, tecnológico y científico del país.

La embestida contra el organismo, impulsada sin diálogo y sobre la base de argumentos sin sustento técnico, ha provocado una fuerte reacción en defensa del federalismo y del sistema agroproductivo nacional.

Llaryora: “Desde el Obelisco, y sin diálogo, es imposible comprender la realidad del campo”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue uno de los más enfáticos al cuestionar la reforma impulsada desde la Casa Rosada. A través de sus redes sociales, advirtió que el Gobierno “ensucia para vaciar” al INTA, y señaló que pretender suprimir el modelo de gobernanza plural —basado en la participación de universidades y entidades rurales— para concentrar todo el poder en el Ejecutivo nacional, constituye un retroceso peligroso.

“Quienes toman decisiones deberían venir al interior, recorrer nuestros campos y escuchar a los productores. Desde el Obelisco y sin diálogo, es imposible comprender la realidad de nuestra gente de campo”, sentenció. Llaryora recordó que el INTA es en muchos casos el único sostén tecnológico de las economías regionales, y que desmantelarlo implicaría “cerrar otra puerta al progreso y la innovación”.

Kicillof: “Es un crimen que quieran cerrar el INTA”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó directamente como “un crimen” el intento del gobierno nacional de cerrar el INTA. “No se puede explicar, no se entiende”, declaró durante un acto en General Villegas, donde recibió una nota de preocupación por parte de los trabajadores del organismo.

Acompañado por su ministro de Desarrollo Agrario, Kicillof denunció un verdadero “cientificidio” y acusó al Gobierno de llevar adelante “un plan de liquidación”. “No van a entender nunca que están destruyendo cosas que después no tienen arreglo. El INTA es conocimiento, vínculo con el territorio y aporte constante al desarrollo humano y productivo”, afirmó. Subrayó también la contradicción del oficialismo: “Quieren volver al modelo agroexportador, pero sin agro”.

Pullaro: “El INTA es sinónimo de federalismo, ciencia y tecnología”

También el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su respaldo al INTA durante la inauguración de Agroactiva. Frente al jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, sostuvo: “El INTA es federalismo, el INTA es ciencia, el INTA es tecnología. Es un organismo que tenemos que cuidar y pedimos que así lo haga el Gobierno nacional”.

Pullaro remarcó el rol estratégico del instituto en el desarrollo agroindustrial y la generación de conocimiento aplicado en todo el país, especialmente en las provincias productivas.

En una decisión que generó un amplio rechazo entre los usuarios, el Gobierno Nacional, a través de la empresa Trenes Argentinos, aplicó desde esta semana un fuerte recorte en los servicios del tren Roca, el ramal ferroviario con mayor cantidad de pasajeros diarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En una decisión que generó un amplio rechazo entre los usuarios, el Gobierno Nacional, a través de la empresa Trenes Argentinos, aplicó desde esta semana un fuerte recorte en los servicios del tren Roca, el ramal ferroviario con mayor cantidad de pasajeros diarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida impacta directamente en los más de 600.000 usuarios que utilizan esta línea cada día para trasladarse entre el sur del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

La reducción de frecuencias afecta a todos los ramales del servicio, tanto eléctricos como diésel. Los cambios más severos se registran los domingos: el ramal Bosques vía Temperley pasa de 52 a 38 trenes por sentido, mientras que en el Bosques vía Quilmes la cantidad baja de 47 a 36. El ramal Alejandro Korn también sufre recortes, con la eliminación de varios servicios directos, y los pocos que se mantienen ahora deberán detenerse en más estaciones intermedias.

Los servicios diésel presentan el mayor ajuste. El ramal Temperley-Haedo pasa de nueve a apenas cinco trenes por día y por sentido. El ramal Cañuelas-Monte reduce su frecuencia de cuatro a dos trenes, y el tramo Alejandro Korn-Chascomús cae de seis a cuatro servicios diarios.

Desde la implementación de los recortes, se multiplicaron las quejas de los pasajeros, quienes denuncian mayores demoras, trenes más abarrotados y dificultades para llegar a sus destinos. “Es un desastre. Cada vez viajamos peor. Está claro que buscan deteriorar el servicio para justificar una futura privatización, como en los años ’90”, lamentó Cristian Venturini, usuario habitual y vecino de Temperley.

El tren Roca, administrado por Trenes Argentinos, es el más utilizado del país. Sus múltiples ramales —que conectan Plaza Constitución con La Plata, Ezeiza, Alejandro Korn, Bosques, Cañuelas, Chascomús y Haedo— lo convierten en un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y vecinos del conurbano sur. Esta medida representa un retroceso en el acceso al transporte público y evidencia una política de ajuste con fuerte impacto social.

Para consultar los nuevos horarios o verificar qué servicios fueron eliminados, los pasajeros pueden ingresar al sitio oficial, utilizar la aplicación de Trenes Argentinos o acercarse a las boleterías.

Patricia Bullrich, avanza con un proyecto polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.

El Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, avanza con un proyecto altamente polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.

El documento, de circulación restringida y revelado por el portal Ámbito, expone la intención del gobierno nacional de modificar la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965) para habilitarla a actuar sin intervención judicial, incluyendo el patrullaje de redes sociales, la recopilación de datos personales y detenciones sin orden de juez, en clara violación del Estado de Derecho y los principios constitucionales de privacidad, debido proceso y libertad de expresión.

Uno de los puntos más alarmantes del borrador es la propuesta de que la Policía Federal pueda realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” —como redes sociales y sitios web— sin necesidad de autorización judicial, lo que abre la puerta a la vigilancia masiva, la persecución ideológica y la criminalización de la disidencia. Aunque se menciona que estas tareas deben “respetar” la privacidad y los datos personales, en la práctica se habilita un monitoreo arbitrario y sin garantías.

Además, el proyecto permitiría detenciones preventivas sin orden judicial si los agentes consideran que una persona “pudiere cometer un delito” y no acredita debidamente su identidad. Esta ambigüedad normativa pone en riesgo la libertad ambulatoria y facilita abusos policiales al dejar a criterio subjetivo de los efectivos la posibilidad de privar de libertad a cualquier ciudadano.

El plan incluye también la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con estructuras de inteligencia propias, como las nuevas Agencias Federales de Investigación (AFDI), lo que indica un claro intento de concentrar el poder de investigación criminal en una fuerza que responderá directamente al Ministerio de Seguridad, por encima de jueces, fiscales y otros controles del sistema democrático.

Dentro de las propias fuerzas federales hay malestar y preocupación. Integrantes de Gendarmería y Prefectura calificaron el proyecto como “excesivo” y advirtieron sobre el impacto institucional que tendría una Policía Federal con “facultades extraordinarias” que la coloquen por encima del resto de las fuerzas.

En definitiva, esta reforma impulsada por Patricia Bullrich representa un salto hacia un modelo de Estado policial autoritario similar a otras dictaduras, que no sólo erosiona el equilibrio entre seguridad y libertad, sino que desconoce flagrantemente las garantías constitucionales que protegen a la ciudadanía frente al poder estatal. Bajo el pretexto de combatir el delito complejo y el crimen organizado, se esconde un intento por legitimar la vigilancia digital sin control y reinstalar prácticas propias del espionaje interno.

El Congreso, la Justicia y la sociedad civil deben estar alerta ante este intento de reformar el rol de la Policía Federal por decreto o resolución ministerial, sin debate público ni control democrático. La seguridad no puede convertirse en excusa para avanzar sobre los derechos fundamentales.

El intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador por el PJ en Corrientes, Martín Ascúa lanzó una advertencia al presidente Javier Milei y expresó su respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner durante el acto que compartieron en esa ciudad.

En un encendido discurso, el candidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Corrientes lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por lo que calificó como una “brutal política de ajuste” que está asfixiando a las provincias y golpeando a los sectores más vulnerables.

Con tono desafiante y visiblemente indignado, el referente justicialista no se guardó nada:
“Si seguís atacando al pueblo correntino, te vamos a meter la motosierra en el culo”, lanzó ante una multitud que lo aplaudía. La frase, cargada de indignación, hace alusión directa al símbolo más representativo del discurso libertario de Milei, pero con un giro provocador y confrontativo.

El candidato también acusó al gobierno nacional de “abandonar a Corrientes a su suerte” y denunció la paralización de obras públicas, el recorte de subsidios y la falta de respuestas ante la crisis sanitaria y económica que atraviesa la provincia.

“Corrientes no es tierra de cobardes ni de sumisos. Vamos a defender a nuestra gente con uñas y dientes, y no vamos a permitir que desde Buenos Aires nos sigan ajustando sin medir consecuencias”, aseguró.

Las declaraciones generaron revuelo en el ámbito político y fueron rápidamente replicadas en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones tanto de apoyo como de repudio.

Con un clima electoral cada vez más tenso, este cruce directo con la Casa Rosada marca un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno nacional y los gobernadores del interior, especialmente aquellos que denuncian haber sido relegados por el ajuste libertario.

Desde Paso de los Libres, Corrientes, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio político y lanzó un mensaje contundente que resuena con fuerza en el escenario nacional: denunció un “evidente clima de persecución y proscripción” tras su reciente candidatura a diputada bonaerense.

Desde Paso de los Libres, Corrientes, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio político y lanzó un mensaje contundente que resuena con fuerza en el escenario nacional: denunció un “evidente clima de persecución y proscripción” tras su reciente candidatura a diputada bonaerense.

“Dicen que estoy acabada, entonces: ¿por qué no me dejan competir y me derrotan?”, desafió la ex presidenta durante un acto en apoyo a Martín Ascúa, candidato a gobernador de Corrientes. Kirchner vinculó directamente su candidatura con el recrudecimiento de las presiones judiciales y mediáticas: “Anuncié mi candidatura y se desataron los demonios. Salieron de todos lados a pedir que me metan presa”.

La verdad es que estoy muy feliz de estar acá en Corrientes, tierra de coraje y tierra de valientes. Cuando el coraje y la valentía se hacen propósito estamos frente a la organización y la decisión política de transformar las cosas peleando lo que hay que pelear.

Me acuerdo que… pic.twitter.com/PQnr2desSQ

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 8, 2025

La expresidenta no evitó referirse a los rumores sobre una inminente decisión de la Corte Suprema que podría confirmar su condena y habilitar su detención. “Piden que me metan presa. Me gatillaron en la cara, pero no van a poder evitar que vuelva el pueblo”, advirtió, en alusión al intento de magnicidio que sufrió en 2022 y a la historia de violencia política que ha atravesado el peronismo.

Proscripciones de ayer y de hoy

En tono desafiante y visiblemente combativa, Cristina comparó su situación con la proscripción sufrida por Juan Domingo Perón: “En los sesenta Perón fue candidato a vicegobernador de Framini y no lo dejaron competir. Pero sirvió para darle visibilidad”. Así, envió un claro mensaje al establishment político y judicial: no piensa callarse ni hacerse a un lado.

Kirchner también hizo una crítica interna al peronismo al afirmar que “a diferencia de algunos dirigentes de nuestra fuerza, el poder económico no tropieza dos veces con la misma piedra”. Según su lectura, los sectores de poder buscan evitar que sea candidata para no repetir el impacto que tuvo su regreso en 2019 sobre el gobierno de Mauricio Macri.

La exmandataria apuntó duramente contra el presidente Javier Milei por los recortes en áreas sensibles: “Tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios, ¿cómo se puede ser tan energúmeno, tan hijo de puta?”, lanzó, en referencia a la reducción de ayudas a personas con discapacidad.

Y también criticó a los gobernadores que acompañaron al actual gobierno libertario: “A los que creyeron que votando cualquier cosa tenían asegurado algo, se los van a comer los piojos”. Cerró con una advertencia política: “El gobierno del libertario es como el yogur, tiene vencimiento. Sólo que no trae en la tapa la fecha”.

Cristina Kirchner vuelve al centro del escenario con un discurso que denuncia sin rodeos la persecución política, reivindica su rol histórico y deja en claro que no piensa retirarse en silencio.

En un hecho que genera fuertes sospechas, el juez Jorge Gorini miembro del Tribunal Oral Federal N°2 y uno de los tres magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, habría realizado una discreta inspección a una dependencia de la Policía Federal en Palermo Chico.

En un hecho que genera fuertes sospechas y conmoción política, el juez Jorge Gorini —miembro del Tribunal Oral Federal N°2 y uno de los tres magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad— realizó según filtraciones periodísticas una visita discreta a una dependencia de la Policía Federal en Palermo Chico. El objetivo: enviar un mensaje de amedrentamiento con la visita a un posible lugar de detención para la expresidenta. Lo grave del hecho es que lo hizo antes de que la Corte Suprema siquiera se pronunciara sobre la sentencia.

La visita se produjo en el edificio policial ubicado en Cavia y Figueroa Alcorta, y fue revelada públicamente por el periodista Gustavo Sylvestre en C5N. Lo llamativo no es solo la acción en sí, sino el contexto político en el que se encuadra: Cristina Kirchner acaba de anunciar su candidatura como legisladora provincial por la Tercera Sección Electoral en Buenos Aires, y el fallo de la Corte aún está pendiente. Es decir, la condena todavía no está firme.

Además, sobre la causa hay múltiples recursos presentados: el Ministerio Público Fiscal reclama endurecer la pena a doce años y aplicar la figura de asociación ilícita, mientras que la defensa solicita la absolución de la exmandataria. No obstante, Gorini ya se estaría moviendo como si la prisión fuera inminente, pese a que legalmente no puede ejecutarse ninguna pena sin el fallo definitivo de la Corte Suprema.

Una Corte Suprema bajo presión

El episodio se vuelve más oscuro al considerar los tiempos políticos. La Corte no tiene plazos establecidos para decidir, pero se especula con que podría pronunciarse antes del 19 de julio, fecha límite para la presentación de listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Este supuesto “apuro” judicial instigado además por una persistente presión mediática, coincidente con los tiempos electorales, despierta inquietud en sectores cercanos a la expresidenta.

Como presidente del TOF 2, Gorini es el encargado de ejecutar la eventual detención si la condena queda firme. Y su visita, justo en este momento, no parece un gesto inocente ni propio de una justicia neutral. Por el contrario, para algunos analistas y dirigentes, constituye un claro indicio de que ciertos actores judiciales ya operan en base a un escenario que, en los hechos, aún no existe jurídicamente pero si en los medios que responden a ciertos grupos económicos que obran como tribunales mediáticos y ejercen presión directa sobre las instituciones.

El movimiento de Gorini se suma a un historial ya polémico: su colega en el tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, fue fotografiado jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri durante el juicio, hecho que motivó denuncias por parcialidad.

Este nuevo capítulo reaviva las dudas sobre la neutralidad del proceso judicial contra Cristina Kirchner. La visita a un centro de detención antes del fallo final de la Corte no solo es llamativa: es profundamente sospechosa, y refuerza la idea de que la Justicia, en este caso, podría estar actuando con una hoja de ruta preestablecida y condicionada por los tiempos políticos, en especial cuando la ex presidenta se halla sólidamente posicionada de cara a las comicios a desarrollarse en territorio bonaerense.

La morosidad en tarjetas, préstamos personales y cheques alcanzó niveles récord, según un reciente informe del BCRA, revelando una preocupante fragilidad en la cadena de pagos y una presión creciente sobre hogares y empresas.

El sistema financiero argentino atraviesa un momento de creciente tensión. En un contexto económico marcado por la recesión, la inflación persistente y la caída del poder adquisitivo, se encienden fuertes señales de alerta por el deterioro acelerado de la calidad del crédito. La morosidad en tarjetas, préstamos personales y cheques alcanzó niveles récord, revelando una preocupante fragilidad en la cadena de pagos y una presión creciente sobre hogares y empresas.

Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en tarjetas de crédito se disparó al 2,8% en marzo, el nivel más alto en tres años. En los préstamos personales, el incumplimiento alcanzó el 4,1%, máximo en nueve meses. Pero quizás la señal más crítica proviene del mundo empresarial: el rechazo de cheques trepó al mayor nivel en cinco años, afectando de lleno la circulación de fondos entre empresas.

Los datos oficiales muestran que los cheques rechazados representaron el 1,3% del total compensado, con más de 64.000 casos registrados. Aún más preocupante es la dinámica interanual: los rechazos totales crecieron 91,7% respecto a marzo de 2023, mientras que los rechazos por falta de fondos se dispararon un alarmante 221,9%.

Este panorama, advierte el propio BCRA, revela una ruptura en la cadena de pagos, con impactos directos sobre la solvencia de hogares y la operatividad del entramado productivo. Para el organismo que preside Santiago Bausili, la creciente morosidad pone en riesgo la estabilidad del sistema crediticio y obliga a los bancos a endurecer condiciones de financiamiento, lo que a su vez profundiza la contracción de la actividad.

Desde el sector financiero, también emergen voces de preocupación. Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, alertó que “el cobro de créditos se está volviendo más difícil”, y calificó la situación como una clara “luz amarilla” para la economía.

En paralelo, las empresas medianas —motor clave del empleo y la producción— comienzan a perder acceso al crédito, tanto en el sistema bancario como en los mercados de capitales. Esta restricción compromete no solo su capacidad de inversión, sino también su funcionamiento cotidiano.

En definitiva, los últimos datos encienden una advertencia seria: el deterioro del crédito ya no es solo un problema financiero, sino una señal estructural del frágil momento que atraviesa la economía argentina. Si la tendencia no se revierte, el riesgo de una parálisis en la cadena de pagos y un colapso en el acceso al financiamiento podría tener consecuencias duraderas.

Los viajes costaron $ 1.763 millones entre pasajes, hospedajes y viáticos. El top 3 de viajes más costosos está conformado por tres vuelos privados del presidente Javier Milei y su comitiva para ver a Trump y sacarse una foto.

Mientras el Gobierno nacional repite que “no hay plata” para actualizar jubilaciones ni aumentar salarios del sector público y los presupuestos de educación y salud, el presidente Javier Milei y su gabinete acumulan en lo que va del 2024 más de $1.763 millones gastados en viajes, incluyendo pasajes, viáticos y hospedajes.

Según un relevamiento realizado por Poder Ciudadano y analizado por el medio Ruido, se realizaron 645 viajes oficiales en apenas seis meses. En su mayoría, fueron traslados internacionales que contrastan con el ajuste fiscal que afecta directamente a jubilados, docentes y trabajadores estatales.

[NUEVO] ✈️ El presidente Javier Milei comienza hoy una nueva gira internacional que lo llevará a Italia, España, Francia e Israel.

🔴 Durante 2024, Milei y su gabinete realizaron 645 viajes que costaron $ 1.763 millones entre pasajes, hospedajes y viáticos.#Investigación pic.twitter.com/fYiyBsCseE

— Chequeado (@Chequeado) June 5, 2025

Los números del despilfarro

$1.763 millones gastados en viajes oficiales.

La Secretaría General de la Presidencia concentró el mayor gasto, con $1.289 millones.

Le siguieron el Ministerio de Economía, el de Defensa, Relaciones Exteriores y Seguridad.

Solo los 17 viajes del presidente Milei representaron el 72% del gasto total: unos $1.280 millones, de los cuales el 90% fue destinado al alquiler de vuelos privados. Entre ellos, figuran vuelos a Estados Unidos (Idaho, Nueva York, Miami), Francia y recorridos internos en EE.UU.

Los tres viajes más caros

Conferencia de Sun Valley (EE.UU.) – $344 millones.

Inauguración de los Juegos Olímpicos (París) – $314 millones.

Asamblea General de la ONU (Nueva York) – $302 millones.
Los tres fueron realizados en aviones privados y contratados a empresas como Flyzar y Pacific Ocean SA.

¿Quién viajó más?

Luis Petri, ministro de Defensa, con 48 traslados, en su mayoría a Mendoza, su provincia natal.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, con 40 viajes, el 75% dentro del país.

Diana Mondino, ex canciller, con 34 viajes internacionales.

El viaje más caro dentro del gabinete fue justamente de Petri, que gastó $32 millones para visitar Dinamarca, Bélgica y Noruega, donde se firmó la compra de 24 aviones F-16 de segunda mano.

Acceso a la información: opacidad oficial

La investigación se basó en 13 pedidos de acceso a la información pública. Sin embargo, la Secretaría General de la Presidencia —que concentra el mayor gasto— se negó a entregar información completa, demostrando una preocupante falta de transparencia en el uso de recursos estatales.

“Los gobiernos tienen que publicar en forma proactiva información que es de interés para la ciudadanía”, reclamó Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano.

El contraste no podría ser más claro: mientras el ajuste cae sobre los sectores más vulnerables con el argumento de que “no hay plata”, el gasto en traslados VIP del presidente y su entorno no sólo persiste, sino que se multiplica. La “motosierra” no parece aplicarse a los aviones privados.

Mientras el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que los argentinos deben “sacar los dólares del colchón” para reactivar la economía y engrosar las reservas del Banco Central, sus propios depósitos están a buen resguardo en el exterior.

Mientras el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que los argentinos deben “sacar los dólares del colchón” para reactivar la economía y engrosar las reservas del Banco Central, sus propias declaraciones patrimoniales revelan una realidad muy distinta: el presidente, su gabinete y los directores del BCRA poseen al menos 73 millones de dólares fuera del país. Y eso es solo lo declarado.

El gobierno busca remonetizar la economía e incentivar el consumo, apuntando a los ahorros en divisas no declaradas que muchos ciudadanos resguardan en efectivo o tienen en el exterior. Pero mientras se predica confianza en el sistema financiero argentino, quienes están al mando parecen elegir otras jurisdicciones para proteger su dinero.

Cuántos dólares afuera tienen los ministros de Milei y el equipo económico? pic.twitter.com/loBw5OS2ue

— Alejandro Rebossio (@ale_rebossio) June 3, 2025

Según las declaraciones juradas al asumir sus cargos, Milei y su equipo suman millones en efectivo, cuentas bancarias, acciones, bonos y participaciones societarias fuera del país. No se incluyen en este cálculo inmuebles ni inversiones locales en el extranjero, lo que podría elevar considerablemente la cifra final.

Entre los principales tenedores de divisas fuera del país figuran:

• Gerardo Werthein (Canciller): US$24,6 millones en cuentas, inversiones y sociedades en EE.UU. y otros destinos no especificados.
• Mariano Cúneo Libarona (Justicia): US$13,9 millones en cuentas en EE.UU., Suiza, Puerto Rico y Uruguay.
• Luis Caputo (Economía): US$3,5 millones entre depósitos en EE.UU., la Isla de Man y una sociedad financiera.
• Federico Sturzenegger (Desregulación): US$1,7 millones en depósitos en el exterior.

Incluso el propio Milei, que se jactaba de cobrar miles de dólares por charlas como consultor, declaró apenas US$20.000 en efectivo. El resto de su equipo, incluyendo secretarios de Estado y miembros del Banco Central, también muestra altos niveles de tenencia de dólares fuera del sistema local. Entre ellos, destacan:

• José Luis Daza (Política Económica): US$10,4 millones en inversiones y efectivo.
• Daniel González (Energía y Minería): US$6,9 millones en cuentas e inversiones extranjeras.
• Nicolás Ferro (Director BCRA): US$4,6 millones entre efectivo, bonos y cuentas en EE.UU.
• Baltasar Romero Krause (Director BCRA): US$3,5 millones.

En total, sólo el gabinete económico de Caputo suma casi US$19 millones en el exterior (oficialmente declarado). Y los directores del BCRA aportan otros US$9,6 millones. En muchos casos, estas fortunas están en paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación.

¿El dato más llamativo? Este retrato patrimonial corresponde al inicio de sus funciones. Habrá que esperar hasta 2026 para saber si, en línea con lo que le exigen a la ciudadanía, repatrían sus fondos y los incorporan al sistema financiero argentino. Por ahora, el mensaje es claro: piden dólares ajenos mientras los propios siguen afuera.