En la ampliación de la denuncia realizada en los Estados Unidos, los abogados que impulsan la demanda colectiva, destacan que Karina Milei, en su rol de Secretaria General de la Presidencia, fue quien autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa de Gobierno.

El caso del megafraude vinculado al token cripto $LIBRA dio un giro clave esta semana en la justicia estadounidense. Los abogados que impulsan la demanda colectiva contra el empresario Hayden Davis y otros implicados presentaron una ampliación del expediente que introduce, por primera vez, a figuras del círculo presidencial argentino: Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, aparece mencionada en el nuevo documento judicial.

Aunque Karina Milei de momento no está formalmente imputada, los abogados sostienen que fue quien facilitó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada en su rol como secretaria general de la Presidencia. La presentación, firmada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, representa una ampliación de la demanda colectiva (“class action”) en el fuero federal de Estados Unidos, y apunta a que los acusados enfrenten un juicio oral y público por crimen organizado, estafa y enriquecimiento ilícito.

El apellido Milei —en alusión al presidente argentino— aparece más de 50 veces en el texto judicial, principalmente en relación con la promoción pública que hizo del token $LIBRA desde sus redes sociales oficiales, lo cual, según los denunciantes, tuvo un impacto directo en el volumen de operaciones y en la cotización del criptoactivo.

“El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio del presidente Milei”, señala la demanda en referencia a un posteo realizado por el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter), donde respaldaba el proyecto.

La mención directa a Karina Milei marca un punto de inflexión en el caso: hasta ahora, ninguna figura del entorno presidencial había sido vinculada en los documentos judiciales presentados ante la justicia norteamericana. Si bien no se trata aún de una imputación formal, su inclusión en el expediente suma tensión política al escándalo.

Desde el Gobierno argentino no se emitieron declaraciones oficiales sobre esta nueva etapa del proceso. No obstante, tanto en el ámbito político como en el financiero se sigue de cerca la evolución del caso, que podría escalar aún más si la justicia estadounidense decide avanzar hacia un juicio con jurado.

El caso $LIBRA ya es considerado uno de los mayores escándalos financieros recientes vinculados al mundo cripto, y la causa continúa expandiéndose con nuevas revelaciones y protagonistas.

Gobernadores de cinco provincias lanzaron un frente electoral para impulsar una agenda federal, en medio de las tensiones con Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra publica.

En medio de las crecientes tensiones con el presidente Javier Milei por la falta de recursos y el abandono de la obra pública, cinco gobernadores provinciales oficializaron la creación de “Grito Federal”, un nuevo frente político que buscará llevar al Congreso la voz del interior productivo y avanzar con una agenda federal.

La alianza fue sellada este miércoles en la Casa de Chubut, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El espacio, que se proyecta hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, se presenta como una tercera vía frente a la polarización política actual y apunta a defender los intereses de las provincias frente al centralismo de la administración nacional.

El acta fundacional del nuevo frente, titulada justamente “Un grito federal”, marca el tono de la iniciativa: “Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso”. En el documento, los mandatarios destacaron su compromiso con el equilibrio fiscal, pero advirtieron que ese esfuerzo no puede sostenerse sin inversión pública ni obras de infraestructura que permitan desarrollar el potencial productivo del interior del país.

𝐔𝐍 𝐆𝐑𝐈𝐓𝐎 𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐋

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina.

Todos, el gobierno… pic.twitter.com/GEwKKzAign

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 30, 2025

“No estamos pidiendo plata, estamos exigiendo un reparto justo y previsible de los recursos que corresponden a cada provincia”, subrayaron.

Uno de los ejes centrales del reclamo es el recorte de fondos y la parálisis de la obra pública. En particular, los gobernadores denunciaron la interrupción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y su uso discrecional como mecanismo de premio y castigo político por parte del Gobierno nacional. Ignacio Torres, vocero del nuevo frente, cuestionó con dureza esa práctica, al calificarla de “látigo y chequera”, y propuso además una reforma para que recursos clave —como los derivados del impuesto al combustible— se distribuyan según índices de coparticipación, garantizando mayor equidad.

La coalición “Grito Federal” reúne a referentes del peronismo, el radicalismo, el PRO y partidos provinciales, en un intento por superar las divisiones ideológicas y centrarse en una agenda común basada en el desarrollo regional, la inversión en infraestructura y una distribución más justa de los fondos públicos.

Aunque el armado aún se encuentra en una etapa inicial, sus impulsores anticiparon que la reunión en la Casa de Chubut fue apenas la primera de muchas. El objetivo: construir una alternativa nacional que represente al interior, con una mirada puesta en el futuro y una decisión firme de dejar atrás “el pasado que dividió y frenó el desarrollo del país”.

“Llegó la hora de que te vayas”. Así arranca una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en estos días a menores migrantes que entraron en EEUU no acompañados.

La administración de Donald Trump ha mostrado, una vez más, su insensible y despiadada postura hacia los migrantes, especialmente contra los menores no acompañados. En una reciente muestra de autoritarismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a enviar cartas a estos niños, exigiéndoles que “se vayan inmediatamente” del país. El tono de estas misivas es claro y aterrador: “Llegó la hora de que te vayas”. Con esta amenaza, el gobierno busca presionar a los menores para que abandonen los Estados Unidos, cancelando el permiso condicional humanitario que muchos de ellos habían recibido al llegar como menores no acompañados.

Activistas y defensores de los derechos humanos, como Julie Contreras de la organización United Giving Hope, alertan sobre el aumento de estos casos, señalando que cientos de menores que llegaron legalmente bajo condiciones humanitarias ahora están siendo despojados de sus protecciones y se enfrentan a un futuro incierto y lleno de miedo. Contreras afirma que estos menores no son criminales, sino víctimas de violaciones de derechos humanos. La amenaza de deportación no solo representa una acción administrativa, sino un profundo daño psicológico a niños que ya han sufrido suficientes traumas en sus países de origen.

El gobierno de Trump, lejos de garantizar la seguridad de estos menores, ha intensificado la persecución. Aunque las cartas no significan necesariamente que el ICE se presente en la puerta de los hogares, la constante amenaza ha creado un clima de terror. Y en muchos casos, como el de Xally Pastor, una niña de 13 años, los menores se ven obligados a luchar solos por su futuro legal, sin el respaldo de sus padres, quienes no pueden representarlos en las vistas de inmigración debido a su estatus.

El número de deportaciones de menores es alarmante. En abril, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8,300 niños de 11 años o menos. Desde que Trump asumió la presidencia, más de 53,000 niños han sido objeto de órdenes de deportación. Aunque muchos de estos menores tienen solicitudes de asilo pendientes, el gobierno ha decidido acelerar sus procesos de expulsión, sin tener en cuenta su vulnerabilidad.

Además de las cartas, la administración ha implementado una política aún más cruel: los adolescentes mayores de 14 años tienen ahora la opción de autodeportarse. A los menores se les ofrece la posibilidad de regresar rápidamente a sus países de origen, a pesar de las graves amenazas que enfrentan en muchos de ellos. Este cambio de política refleja un profundo desprecio por la seguridad y los derechos de los niños, priorizando la expulsión masiva por encima de su bienestar.

La situación es aún más grave cuando se considera que muchos de estos niños llegaron a Estados Unidos huyendo de contextos de violencia extrema en sus países de origen donde el propio Estados Unidos tiene su cuota de responsabilidad con el trafico incesante de armas, y se enfrentan ahora a una nueva pesadilla: ser obligados a regresar a esas mismas circunstancias sin ninguna protección.

Esta política es parte de la estrategia general de Trump para controlar la inmigración, que se ha intensificado en los últimos años. La administración ha mostrado un total desprecio por los derechos de los migrantes, y su actuar frente a los menores migrantes es una de las evidencias más claras de su crueldad. ¿Qué futuro les espera a estos niños? Uno de terror, huida y desamparo, sin garantías de seguridad ni apoyo legal.

Agosto arranca con aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

El inicio de agosto trae consigo una serie de aumentos en diversos rubros que afectarán la economía familiar y contribuirán a la inflación en las próximas semanas.

A días de conocerse los datos del IPC de julio, que se espera reflejen nuevamente un aumento significativo, los nuevos ajustes en tarifas y precios ya comienzan a sentirse, impactando en los gastos diarios de las familias argentinas.

Transporte público: Los boletos de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentarán a $506,29, mientras que en las líneas provinciales del conurbano alcanzarán los $509,19. Por su parte, las tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para las líneas nacionales permanecerán en $451. En el subte, el pasaje con tarjeta SUBE llegará a $1.032, incrementando notablemente el costo para los usuarios.

Servicios públicos: Las facturas de electricidad, gas y agua también verán sus precios elevarse. Las tarifas eléctricas en el AMBA aumentarán en promedio un 2%, mientras que el gas tendrá un incremento entre 2,6% y 2,8%. El agua, en tanto, subirá un 1%, impactando en los gastos mensuales de las familias.

Prepagas: Los planes de salud en las prepagas subirán entre 1,3% y 1,95%, en línea con la inflación, lo que representará un gasto adicional para las familias que dependen de estos servicios.

Alquileres: Quienes tienen contratos regidos por la ley anterior afrontarán una actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL), que marca un incremento anual del 121,6% para agosto, duplicando los costos en comparación con años anteriores.

Combustibles: Durante julio, YPF aplicó dos aumentos acumulados del 6% en nafta y gasoil, tras la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al dióxido de carbono. Para agosto, se espera que vuelvan a subir, completando la suba correspondiente al primer trimestre de 2024, en un contexto de aumentos constantes que presionan los bolsillos de los consumidores.

Estos nuevos aumentos en tarifas y precios son una muestra clara de cómo la inflación y las decisiones económicas continuarán afectando el poder adquisitivo en el mes de agosto y, probablemente, en meses próximos.

En una decisión que desata una nueva ola de indignación, el gobierno de Javier Milei formalizó la entrega de la represa hidroeléctrica de Lago Escondido a Hidden Lake SA, la firma que encubre los intereses del billonario británico Joe Lewis —socio de Mauricio Macri y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude.

Esta polémica adjudicación no solo legaliza el control de una fuente estratégica de energía por parte de un extranjero, sino que lo hace en favor de un empresario ampliamente cuestionado por la justicia argentina y condenado por fraude financiero en el exterior. La represa, ubicada dentro de las 12 mil hectáreas que Lewis se apropió de manera ilegal en la Patagonia, ahora queda bajo su control absoluto, consolidando un enclave privado en una zona estratégica y en abierta violación a la Ley de Seguridad de Fronteras.

Según el acta firmada por el Ejecutivo nacional, el contrato otorga a Hidden Lake —una sociedad denunciada por la IGJ como “ficticia” y usada para encubrir los negocios de Lewis— la operación y explotación de la represa. Dicha empresa lleva años resistiendo fallos judiciales que exigen la apertura del acceso público al Lago Escondido, en tierras adquiridas de forma irregular a través de una maniobra de triangulación societaria.

La IGJ había solicitado su intervención judicial en 2022, señalando que Hidden Lake es una pantalla para ocultar la verdadera titularidad del magnate. No obstante, el gobierno de Milei ignoró todas esas advertencias y avanzó con una adjudicación directa a una empresa que ni siquiera cumple con su objeto social declarado.

La central hidroeléctrica —que empezó a inyectar energía al sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el Programa RenovAr, recibiendo tarifas preferenciales— produce 7,2 MW y le permite a Lewis facturar el megavatio a diez veces el valor que se paga a Salto Grande, una de las represas más grandes del país. Mientras tanto, el acceso al Lago Escondido sigue siendo bloqueado por su seguridad privada, con complicidad del poder político.

El prontuario de Lewis suma capítulos escandalosos: usurpación de tierras, cercamiento de bienes públicos, represión a manifestantes y hasta la financiación de un viaje secreto de jueces, fiscales y empresarios de medios que visitaron su mansión patagónica. El mismo Nicolás Van Ditmar, gerente de Hidden Lake y organizador de ese encuentro con magistrados cercanos a Macri, fue denunciado por piratería y privación de libertad.

Condenado en los Estados Unidos

En abril de 2024, la justicia de Manhattan condenó a Lewis a tres años de prisión en suspenso por fraude bursátil. El multimillonario admitió haber usado información confidencial para beneficiar a sus choferes, amantes y empleados, provocando un beneficio económico ilícito de millones de dólares.

A pesar de este prontuario, Javier Milei —que prometió combatir la “casta”— decide ahora entregar uno de los recursos estratégicos del país a este empresario extranjero, en un acto que muchos dirigentes políticos ya califican como una forma de financiar las campañas del oficialismo libertario.

“La están juntando para la campaña”, graficó un dirigente político al tanto de los movimientos del oficialismo. Lo que está en juego no es solo una represa, sino la soberanía, el acceso público a recursos naturales, y el control del territorio argentino por parte de intereses privados y extranjeros.

Con esta decisión, el gobierno de Milei consagra uno de los capítulos más oscuros de la entrega del patrimonio nacional, beneficiando a un empresario condenado y abiertamente vinculado al entramado judicial y mediático que protege sus intereses desde hace más de dos décadas.

Carlos Raimundi acusó al futuro embajador norteamericano Peter Lamelas de querer hacer negocios con los recursos naturales. “Vienen por el agua para el fracking y las cripto”, alerta, porque su verdadero objetivo es quedarse con ese recurso clave de la Argentina.

El exembajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, lanzó una fuerte advertencia sobre la llegada de Peter Lamelas, el futuro embajador estadounidense en Argentina. Según Raimundi, Lamelas no llega con fines diplomáticos sino con intereses económicos concretos: apropiarse de los recursos naturales clave del país, en especial el agua.

“Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios. Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, la inteligencia artificial y las criptomonedas”, denunció Raimundi en declaraciones a Splendid AM 990.

El excanciller criticó duramente el discurso de Lamelas ante el Senado de EE.UU., donde el designado embajador aseguró que planea “viajar por las provincias, apoyar a Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia”.

Para Raimundi, esas declaraciones son “coloniales e inaceptables”:

“Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso a intervenir en nuestra soberanía”.

Un plan para balcanizar al Estado nacional

Raimundi también alertó sobre el riesgo de una “balcanización” del país, al promover relaciones directas entre Estados Unidos y las provincias, salteando al gobierno federal:

“Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación. Es un intento de desmembrar al Estado”.

El agua en la mira: la privatización de AySA y la llegada de empresas extranjeras

La advertencia cobra especial gravedad en el marco del posible avance en la privatización de AySA, la empresa estatal que administra el agua potable en el AMBA. Raimundi vinculó esta maniobra con los intereses de Lamelas y apuntó directamente a Mekorot, la empresa estatal israelí que controla el suministro de agua en los territorios ocupados de Palestina:

“Imaginen si eso pasa acá. Mekorot hoy le corta el agua al pueblo palestino. No es una fantasía, es un riesgo real para la soberanía argentina”.

El exembajador subrayó que hay herramientas legales para frenar este intento de privatización:

“Existe un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza la mayoría estatal en AySA. Además, podría requerirse mayoría especial en el Congreso”.

Raimundi también responsabilizó al Congreso por su pasividad ante estos avances:

“Muchos legisladores aceptan estas cosas por miedo o conveniencia. Es consecuencia de una derrota cultural. Pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que reconstruir sentido y explicarle a cada argentino lo que está en juego”.

Finalmente, exigió una respuesta institucional clara y contundente ante las declaraciones del futuro embajador:

“Es inadmisible que un representante extranjero nos diga con quién comerciar o qué hacer con nuestra vicepresidenta. El Parlamento debe pronunciarse en bloque. Si no reaccionamos, la entrega será total”.

Y concluyó con un mensaje de esperanza:

“Esto va a cambiar cuando cambie el clima político. La gente va a volver a ver con claridad el desquicio que están haciendo con la Argentina. No tengo dudas de que va a reaccionar”.

Un informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

Un nuevo informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar dirigida por el analista Daniel Schteingart, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

La situación es especialmente grave entre los asalariados: el 36% trabaja sin estar registrado, es decir, sin aportes a la seguridad social ni acceso a derechos laborales básicos como cobertura médica, jubilación o licencias. Si se suman los trabajadores independientes en situación informal (como feriantes, vendedores ambulantes o albañiles no inscriptos en el monotributo), el panorama es aún más preocupante.

Desigualdad regional: el Norte Grande, más afectado

La informalidad no impacta de forma homogénea en todo el país. Las provincias del Norte Grande, como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, registran los peores indicadores, con más del 50% de los asalariados sin registrar. Estas regiones, con baja industrialización y economías centradas en el agro o el trabajo informal, enfrentan mayores obstáculos para la creación de empleo formal.

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires se ubica en un punto intermedio dentro del ranking nacional.

El empleo formal, estancado; crecen las “changas” y el cuentapropismo informal

A pesar de ciertos indicadores positivos en materia salarial, el empleo formal en Argentina se encuentra estancado, según el especialista en mercado laboral Luis Campos, quien advirtió que “no se pierden puestos, pero tampoco se crean”.

Tras un 2024 marcado por la destrucción de miles de empleos, el mercado laboral muestra señales de precarización: aumentan las changas, los empleos informales y el cuentapropismo sin aportes previsionales, incluso entre personas que mantienen un empleo formal pero necesitan ingresos extra. Sin embargo, muchos de ellos ni siquiera logran cubrir el costo del monotributo.

Expertos coinciden en que sin crecimiento sostenido no habrá mejoras reales en la calidad del empleo, pero también subrayan que el crecimiento por sí solo no alcanza. Se requiere una reforma integral del sistema tributario, políticas activas que incentiven la registración laboral y fortalecimiento institucional para garantizar derechos y ampliar la cobertura de la seguridad social.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu está ultimando los detalles de su visita a nuestro pais para reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, seria hacia fines de agosto, según publicaron hoy distintos medios de Israel.

En un contexto de creciente indignación global frente a lo que múltiples organismos internacionales, gobiernos y organizaciones humanitarias —incluidas algunas israelíes— ya califican abiertamente como un genocidio en la Franja de Gaza, el presidente argentino Javier Milei se alista para recibir en Buenos Aires al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hacia fines de agosto.

La visita, según confirmaron medios israelíes como Times of Israel y la emisora pública Kan, estaría en proceso de organización avanzada y se presenta como una “devolución de gentilezas” tras el reciente viaje de Milei a Israel, donde ratificó su alineamiento incondicional con el gobierno israelí y anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

El aliado de Milei con orden de arresto de la Corte Penal Internacional

Sin embargo, Netanyahu no llega como un líder cualquiera. Sobre él pesa una orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la actual ofensiva en Gaza, en la que, según informes recientes, más de 58 mil personas han muerto y más de 139 mil han resultado heridas desde octubre de 2023.

A esta tragedia se suma el colapso total del sistema de salud, la destrucción de infraestructura civil y la imposición de un bloqueo alimentario que, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el Marco Integrado de Clasificación de Seguridad Alimentaria (IPC), ha colocado a Gaza en “el peor escenario de hambruna en este siglo”, comparable con los desastres humanitarios de Etiopía o Biafra.

Incluso dentro de Israel, organizaciones como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel acusan abiertamente a Netanyahu de liderar “acciones sistemáticas y deliberadas para destruir a la sociedad palestina” y califican la ofensiva como un acto de genocidio.

Pese a todo esto, y mientras 27 países —incluidos Francia, Italia y el Reino Unido— junto con Brasil y Sudáfrica exigen un alto al fuego y acusan formalmente a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno argentino ha optado por profundizar su alianza política con un mandatario señalado por la justicia internacional.

La visita de Netanyahu, de concretarse, lo convertiría en el primer jefe de Estado con orden de arresto por crímenes de guerra recibido oficialmente por la Casa Rosada en tiempos democráticos recientes.

En una región y un mundo cada vez más conmovidos por las imágenes de niños esqueléticos, periodistas muriendo de hambre y poblaciones enteras atrapadas bajo fuego, la recepción a Netanyahu por parte de Milei no sólo representa un alineamiento político: también implica una toma de posición frente a las normas del derecho internacional humanitario y los valores universales de los derechos humanos.

Mariano Cúneo Libarona presentó la declaración jurada del período fiscal 2024 ante la Oficina Anticorrupción. Los datos evidencian un incremento en su fortuna del 47,7%. 

El ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, declaró un aumento patrimonial explosivo del 47,7% en apenas un año, alcanzando una fortuna oficial de $18.089 millones según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Esto representa un incremento de casi $6 mil millones respecto a los $12.242 millones que había declarado en 2023.

El crecimiento es tan significativo como llamativo: $5.846 millones en doce meses, una cifra que no encuentra respaldo en sus ingresos laborales o rentas, que apenas alcanzaron los $975 millones. La evolución de su patrimonio se explica, en cambio, por la revaluación de inmuebles, la compra de nuevas propiedades en Buenos Aires, y un fuerte incremento de depósitos bancarios en el exterior, especialmente en Suiza y Estados Unidos.

Menos activos en el país, más dinero afuera

Mientras su riqueza global se disparó, sus activos en Argentina cayeron casi un 50%, marcando una clara tendencia a trasladar su capital fuera del país. También se redujeron notablemente sus tenencias en fondos comunes de inversión y fideicomisos. En contraste, sus depósitos en el extranjero crecieron en más de $1.000 millones, con una presencia destacada en bancos de Suiza, Puerto Rico, Estados Unidos y Uruguay.

Dos nuevas propiedades y 28 inmuebles en Argentina

Cúneo Libarona declaró en total 28 inmuebles en Argentina y sumó dos nuevas propiedades en 2024: un departamento de 60 m² por $72 millones y otro de 187 m² por más de $309 millones, ambos en Capital Federal. El valor de su cartera inmobiliaria subió de manera notable, pasando de $600 millones a más de $2.587 millones, gracias a una revalorización de bienes que cuadruplicó su valor.

Su vivienda personal también experimentó una fuerte revaluación: de $74 millones en 2023 pasó a casi $297 millones en 2024.

En el extranjero, el ministro es dueño de un departamento de 70 m² en Miami Beach, valuado en $336 millones, y posee el 25% de una casa de veraneo en Punta del Este, valuada en más de $20 millones.

Bancos en el exterior

El titular de la cartera de Justicia informó tener $14.123 millones en depósitos bancarios en el exterior, un salto respecto a los $13.124 millones del año anterior. En Suiza, su principal plaza financiera, declaró $6.746 millones. También posee una cuenta en Puerto Rico con $2.422 millones, depósitos en EE.UU. por $4.688 millones (más de $1.200 millones adicionales respecto a 2023) y una sorprendente alza en su cuenta uruguaya, que pasó de apenas $3,8 millones a $265 millones, un incremento del 6.800%.

Otros bienes y deudas

En paralelo, el ministro declaró más de $151 millones en bonos y títulos, una reducción en sus fondos comunes (de $63 millones a solo $3 millones) y una baja drástica en créditos declarados. También desapareció de su patrimonio el fideicomiso Lacroze, uno de sus activos más relevantes en 2023.

Llamativamente, los bienes del hogar también se multiplicaron, pasando de $51 millones a casi $167 millones. Sus deudas, por otro lado, crecieron a $4,7 millones, una cifra marginal si se la compara con su patrimonio total.

El rubro acumula dos años de fuertes caídas. Aumentos en insumos, tarifas y alquileres superan a la inflación y no pueden trasladarse a los precios.

El sector gastronómico atraviesa su peor momento en años. En lo que va de 2025, bares y restaurantes registran una caída del 20% al 30% en el consumo, duplicando la baja de 2024. La crisis golpea tanto al turismo como al público local, que ajustó sus hábitos y prioriza salidas más económicas o esporádicas.

La caída de ingresos se combina con un aumento sostenido en los costos fijos. Tarifas de servicios que se duplicaron, alquileres en alza y un costo laboral creciente deterioran la rentabilidad. A pesar de un contexto de menor inflación, los precios de mercadería, energía y alquileres siguen subiendo por encima del promedio y no pueden trasladarse al menú sin perder clientela.

“El consumo gastronómico está completamente deprimido. No se pueden subir los precios porque la demanda no los convalida”, señaló Carlos Yanelli, presidente de la Cámara de Restaurantes.

Daniel Prieto, titular de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), confirmó que la caída interanual ronda el 30% y remarcó que, a diferencia de otras crisis, el turismo tampoco actúa como amortiguador. “Antes bajaba el turismo, pero subía el consumo local. Hoy cayeron ambos”, advirtió.

Adaptación forzada y cambios en el consumo

Para sostenerse, los establecimientos ajustan sus estrategias: cartas reducidas, porciones para compartir, promociones con tarjetas y acuerdos con proveedores. Platos más accesibles reemplazan cortes premium y las propuestas tradicionales ganan terreno. Los bodegones, pizzerías y cafeterías también apuestan a combos promocionales y turnos rotativos para aumentar la rotación.

La pérdida de poder adquisitivo se refleja en cada decisión: el cliente que antes salía tres veces por semana, ahora lo hace una y con menor gasto. Incluso la merienda, opción antes considerada accesible, cayó en volumen.

Cierres, achique y empleo en riesgo

El sector acusa cierres de pequeños locales, sobre todo en barrios con baja circulación. Muchos debieron reducir personal o reemplazarlo por servicios tercerizados, afectando la calidad y estabilidad laboral. Otros consolidaron operaciones en una sola sede para evitar costos redundantes.

“La estructura anterior es inviable. Hay que achicar”, sentenció Yanelli.

Desde la Cámara advierten que se trata de uno de los rubros más vulnerables: de los primeros en sentir el impacto de la crisis y de los últimos en recuperarse. La pérdida de empleos ya es visible.

El turismo no alcanza y el gasto cae

Zonas como San Telmo, Recoleta o el Centro porteño se ven particularmente afectadas por la caída del turismo. “En La Boca o San Telmo no hay casi nada de turistas”, sostuvo Prieto. El déficit turístico alcanzó un récord en el primer cuatrimestre, con un saldo negativo de 5,1 millones de personas.

¿Qué se necesita para recuperarse?

Los referentes del sector coinciden en que es clave sostener la demanda —aunque sea a menor escala— y aliviar la presión sobre los costos. Proponen una desregulación impositiva que incluya la revisión de tasas locales, cargas laborales y habilitaciones, para permitir márgenes más sostenibles sin trasladar aumentos al consumidor.

Las expectativas están puestas en el repunte del turismo hacia la primavera, aunque sin una mejora en el ingreso real, la situación seguirá siendo crítica.

A pesar del panorama adverso, algunos locales exploran nuevas vías: venta de platos listos para terminar en casa, delivery reforzado o acciones conjuntas con marcas barriales. La visibilidad en redes también se volvió esencial para fidelizar al público.

“No se sale solo. El rubro no es una isla. Tiene que haber una reactivación general”, concluyó Yanelli.