A las pocas horas de haber confirmado la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la polémica causa Vialidad, la Corte Suprema se otorgó así misma un aumento salarial por el cual pasarán a cobrar 20 millones de pesos.
A tan solo 48 horas de haber confirmado la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Corte Suprema de Justicia firmó una acordada que les otorga a sus propios integrantes —y al resto del Poder Judicial— un aumento salarial retroactivo del 2,2% a partir del 1 de abril.
La resolución fue firmada en medio de un fuerte hermetismo institucional y sin anuncio público, lo que incrementó las críticas. En los hechos, los ministros del máximo tribunal ya percibían más de18 millones de pesos mensuales, y con este nuevo aumento pasarán a ganar más de 19 millones, posicionándose entre los funcionarios mejor pagos del país.
Los montos actualizados reflejan la magnitud del privilegio:
Horacio Rosatti: $19.147.398,84
Ricardo Lorenzetti: $19.534.215,98
Carlos Rosenkrantz: $18.567.176,62
Estas cifras no incluyen únicamente el salario básico, sino que se componen además de adicionales por antigüedad, título universitario y permanencia en el cargo. Mientras tanto, jueces comoJulián Ercolini, quien instruyó la causa Vialidad, cobran más de$11 millones mensuales, y otros magistrados superan los $16 millones.
La acordada justificó el aumento como una medida “para mantener el poder adquisitivo”, aunque el privilegio judicial es evidente: además de los altos ingresos, los jueces que ingresaron antes de 2017 continúan exentos del impuesto a las ganancias, lo que eleva su salario neto de forma considerable.
El momento elegido para firmar este beneficio personal no pasó desapercibido. Apenas unos días antes, la Corte había intervenido para convocar de urgencia la reunión que dejó firme la condena a la exmandataria, en un fallo impulsado por el propio presidente del tribunal, Horacio Rosatti.
El contraste entre el ajuste económico que enfrenta gran parte de la población y el incremento millonario que se asignan los jueces supremos reavivó las críticas sobre los privilegios del Poder Judicial y su escasa rendición de cuentas lo que renueva las exigencias de la ciudadanía por una mayor apertura democrática del poder judicial tal somo los demuestran recientes sondeos de consultoras privadas.
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Pablo Antonio Ceferino Dahua, acusado de haber provocado la explosión en el local de La Cámpora ocurrida hace cuatro años.
La medida fue resuelta por los jueces Pablo Larriera y Roberto Amábile, quienes ratificaron el fallo de primera instancia de la jueza María Gabriela Marrón, rechazando así el recurso presentado por la defensa oficial.
Dahua, actualmente detenido, también enfrenta un proceso penal en la justicia provincial por el homicidio de Emanuel Alarcón, ocurrido en septiembre del año pasado en el marco de una disputa por tierras. Durante la investigación de ese crimen, se hallaron en su domicilio materiales explosivos y otros elementos clave que permitieron vincularlo al atentado del 25 de mayo de 2021.
La causa federal lo acusa de incendio o estrago con peligro de muerte, fabricación o tenencia de materiales explosivos —encontrados en allanamientos realizados en domicilios de Mallea al 1200 y Guido Spano al 2100—, y asociación ilícita destinada a combatir ideologías mediante el uso de la fuerza o el temor, además de actos discriminatorios.
El ataque contra el local de La Cámpora, ubicado en Donado y Berutti, fue cometido por al menos dos personas que huyeron en un auto gris, según registros de cámaras de seguridad y testimonios. Aunque en un principio no se logró identificar a los responsables, el hallazgo de un Fiat Siena gris en poder de Dahua —coincidente con el utilizado en el atentado— y el secuestro de materiales explosivos en su domicilio, reactivaron la investigación.
Con estos elementos, la Justicia federal avanzó en la causa y consolidó las pruebas que llevaron a confirmar el procesamientode Dahua como principal acusado por este grave hecho.
Se trata del abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez, de estrechos lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina y que ya cuenta con denuncias por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria.
Las recientes declaraciones del abogado e influencer libertario Alejandro Sarubbi Benítez, con fuertes lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina, han encendido las alarmas por su peligrosidad y profundo contenido antidemocrático. En una transmisión del canal de streaming “Carajo”, Sarubbi lanzó una escalofriante incitación a la violencia contra estudiantes identificados con el peronismo: “Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos”, sostuvo sin ambigüedades. Y agregó: “Si son de la JP, hay que meterles dos tiros”, en un llamado explícito a ejercer violencia armada por razones ideológicas.
Estas expresiones son inadmisibles en una sociedad democrática y constituyen una peligrosa apología de la violencia política que podría derivar en hechos trágicos. Resulta especialmente alarmante y grave que provengan de un profesional del derecho, con vínculos estrechos con la cúpula del poder político nacional.
Esta es la propuesta para las tomas universitarias de los muchachos de Carajo Stream pagos con la nuestra
"Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos" dice el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y agrega que si son de la JP hay que meterles "dos tiros" pic.twitter.com/6KLxM5q2VG
Pero este no es un hecho aislado. En otro fragmento del mismo canal, durante el programa La Trinchera, Sarubbi propuso cometer fraude electoral en caso de que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata a diputada en 2025 por la Tercera Sección Electoral. “Si tengo que fiscalizar ahí, robo las boletas. Me chupa un huevo, me preparé toda mi vida para esto”, afirmó sin ningún pudor. Ante la advertencia de que tal acto constituiría un delito, redobló la apuesta con ironía: “Podemos cambiar el domicilio a La Matanza”, entre risas y burlas sobre Avellaneda y “Avellanegra”, en un tono clasista y despectivo.
El contexto legal de Sarubbi Benítez es igualmente inquietante. El 19 de mayo de 2025 fue denunciado en la Justicia Federal por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria. La causa, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 5 (Expediente CFP 2006/2025), fue impulsada por el periodista Mario Marcelo Bassano, quien también promovió una actuación disciplinaria en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Sarubbi ya fue citado a audiencia presencial en su sede de Juncal 931.
Entre las pruebas presentadas se incluyen capturas de escraches digitales, amenazas, publicación de domicilios privados y expresiones de tono sexista y racista. Bassano también denunció que el abogado intentó obstaculizar la investigación eliminando evidencias, como el cambio de su usuario en la red social X (ex Twitter) de @ASB2509 a @GordoLeyes, maniobra que fue denunciada como un intento de borrar su rastro digital.
Sarubbi Benítez se ha hecho conocido por su militancia digital libertaria, su apoyo incondicional a las políticas del presidente Milei, y su participación en actos junto a Karina Milei. Sin embargo, sus métodos —que incluyen hostigamiento en redes, difusión de datos privados y llamados a la violencia— lo colocan en el centro de una peligrosa deriva autoritaria y antidemocrática que no puede ser ignorada.
Frente a estos antecedentes y declaraciones, es urgente que el sistema institucional actúe con firmeza. La naturalización del odio, la amenaza física y el fraude electoral no sólo son delitos: son una amenaza directa a la democracia argentina.
Según un reciente estudio de la consultora Zuban-Córdoba, 6 de cada 10 argentinos consideran que los jueces deben elegirse mediante el voto popular, como sucede con los otros dos poderes del Estado.
Una reciente encuesta de la consultora Zuban-Córdoba reveló un dato clave en el debate sobre la justicia en Argentina: seis de cada diez argentinos están a favor de que los jueces sean elegidos por voto popular, como ocurre con los otros poderes del Estado. Este resultado surge tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción.
El sondeo se realizó entre el 10 y 11 de junio, justo después de que la Corte dejara firme la sentencia que condena a CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La encuesta relevó 1.200 casos a nivel nacional, con un margen de error de ±2,83%.
Además de mostrar una sociedad dividida respecto a la culpabilidad de la exmandataria —el 53% la considera culpable, mientras que el 40,8% cree lo contrario—, el estudio también expone profundas diferencias según el voto en el balotaje presidencial: el 95% de quienes eligieron a Javier Milei creen en su culpabilidad, frente al 87,3% de votantes de Sergio Massa que opinan que es inocente.
La “grieta” también se reproduce en la opinión sobre la actuación de la Justicia: el 49,2% cree que los jueces actuaron honestamente en esta causa, mientras que el 46,5% desconfía del accionar judicial. En cuanto al momento en que se conoció el fallo —un mes antes del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires—, el 45,4% expresó sospechas sobre su oportunidad, frente al 51,7% que no ve motivos para desconfiar.
Los datos muestran un fuerte rechazo a que se designen miembros de la CSJ por decretos presidenciales.
Pero el dato más relevante del relevamiento aparece al abordar la posibilidad de elegir jueces mediante el voto popular. El 61,1% de los encuestados respalda esta reforma, mientras que solo el 30,4% se opone. El apoyo crece significativamente entre quienes votaron por Massa (87,8% a favor), mientras que entre los votantes de Milei predomina una postura más dividida: el 40,5% se muestra a favor y el 48,9%, en contra.
Este resultado reabre el debate sobre la democratización del Poder Judicial en un contexto político altamente polarizado, y retoma una propuesta que Cristina Kirchner impulsó durante su gobierno —la elección por voto de los integrantes del Consejo de la Magistratura— pero que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2013.
La industria frigorífica argentina atraviesa una crisis sin precedentes. La histórica caída en el consumo interno de carne, el desplome de las exportaciones y, más recientemente, el ingreso de carne importada desde Brasil están generando un escenario crítico que ya produjo despidos masivos y paralización de plantas.
Uno de los últimos golpes lo recibió el frigorífico Anselmo, un establecimiento emblemático de Tres Arroyos, que acaba de despedir a 26 trabajadores. Este episodio se suma a los cierres y cesantías en frigoríficos como Las Heras y Natural Beef en Azul, afectados por la misma tormenta perfecta que sacude al sector.
“El consumo de carne lleva quince meses consecutivos de caída, y los frigoríficos exportadores, al no poder colocar su producción afuera, están volcando su oferta al mercado interno, rompiendo la competitividad de los más pequeños”, explicó Néstor García, secretario general del Sindicato de la Carne de Tres Arroyos. “Para la ciudad es una catástrofe”, agregó.
Desde enero de 2025, la situación ha empeorado drásticamente: el frigorífico Anselmo acumuló despidos mes a mes, mientras arrastra cuatro balances negativos consecutivos. La pérdida del poder adquisitivo de la población se refleja en las carnicerías: “El carnicero que dice que vende más de dos medias reses por día, miente; antes vendíamos cuatro o cinco”, ejemplificó García.
En Azul, la planta de Natural Beef también sufrió fuertes recortes tras el cierre del mercado mexicano, su principal destino exportador, a raíz de problemas sanitarios. García denunció que la desregulación del Senasa impidió anticipar la situación: “Los inspectores mexicanos llegaron antes que los argentinos. Es una locura lo que está pasando”.
A este cuadro se suma un dato sin precedentes: por primera vez en décadas, Argentina está importando carne. En los primeros cuatro meses de 2025, el país compró 4.717 toneladas de carne bovina —mayoritariamente a Brasil— por casi 19 millones de dólares. En el mismo período de 2024, las importaciones habían sido nulas.
En este contexto, la industria frigorífica argentina enfrenta una combinación explosiva de factores internos y externos que amenaza con desmantelar un sector históricamente estratégico para el país.
El conflicto en Medio Oriente escaló de forma dramática este viernes, luego de que Israel lanzara un ataque militar directo contra instalaciones nucleares y objetivos estratégicos en territorio iraní.
La operación, calificada por el primer ministro Benjamín Netanyahu como un “ataque preventivo”, marca un punto de no retorno en la tensión regional, y podría desencadenar una cadena de represalias con efectos imprevisibles en toda la región.
En respuesta inmediata, Irán activó su capacidad de defensa y lanzó más de 100 drones hacia territorio israelí, en lo que las autoridades militares iraníes describieron como la “primera ofensiva” y una señal clara de que “todas las líneas rojas han sido cruzadas”.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que todos sus sistemas de defensa están activos para interceptar las amenazas aéreas, mientras que en el país se ha declarado estado de emergencia. Las sirenas antiaéreas suenan en varias ciudades, y la población civil se encuentra en máxima alerta.
El ministro de Defensa israelí afirmó que el operativo militar —bautizado como Operación León Ascendente— “durará tantos días como sea necesario” y tiene como objetivo neutralizar lo que Tel Aviv considera una amenaza existencial: el avance del programa nuclear iraní. “Irán podría producir un arma nuclear en cuestión de días si no se le detiene”, advirtió un alto funcionario israelí, aunque sin dar mayores evidencias.
La ofensiva ocurre en un momento de total estancamiento en las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, lo que agudiza la incertidumbre global. Si bien Estados Unidos negó cualquier participación en el ataque, el presidente Donald Trump expresó su apoyo a Israel y lanzó una advertencia directa a Irán: “Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero los próximos ataques serán aún más brutales si no se alcanza un acuerdo nuclear”.
Desde la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que la acción fue unilateral por parte de Israel y que la prioridad de su país es proteger al personal estadounidense en la región. “No participamos en los ataques y advertimos que Irán no debe amenazar los intereses ni al personal de EE.UU.”, afirmó.
El nuevo capítulo del conflicto entre Israel e Irán plantea un giro crítico en la geopolítica de Medio Oriente. Las consecuencias aún son inciertas, pero analistas coinciden en que este enfrentamiento puede escalar a un conflicto regional de gran envergadura, con repercusiones internacionales en materia de seguridad, economía y diplomacia.
El Presidente argentino, anunció que destinará el monto a iniciativas diplomáticas y organizaciones afines al relato del régimen gobernado por Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional.
En un país donde los hospitales públicos como el Garrahan enfrentan serios recortes presupuestarios y se niega un mísero aumento a los jubilados, el presidente Javier Milei decidió destinar un millón de dólares —provenientes del Premio Génesis, otorgado por el Estado de Israel— a organizaciones que promueven su agenda geopolítica bajo la bandera de la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo.
El mandatario argentino, primer no judío en recibir dicho premio, anunció que el dinero será donado a iniciativas diplomáticas alineadas con los intereses de Israel, incluyendo unimpulso regional para replicar los llamados Acuerdos de Abraham, que buscan el reconocimiento del Estado israelí por parte de más países latinoamericanos. El gesto, celebrado por sectores afines al gobierno israelí, llega en un momento en el que ese país es ampliamente cuestionado por la comunidad internacional por los crímenes de guerra y el genocidio en curso en Gaza.
Breaking News: The ICC's Pre-Trial Chamber has just issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant. As the int'l community braces for potential repercussions, we must work together to keep the flame of accountbility… https://t.co/Z8Qdutt0az
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 21, 2024
Durante su discurso, Milei volvió a reiterar su alineamiento ideológico con Israel, citando a Borges y afirmando que “toda persona occidental es, en esencia, griega y judía”, en clara sintonía con la narrativa oficial israelí.
En un contexto nacional marcado por el ajuste feroz, la inflación galopante, el abandono de los sectores más vulnerables y el desmantelamiento de políticas públicas esenciales, la decisión de Milei de donar este dinero a un país seriamente cuestionado por la comunidad internacional, refuerza una vez más las prioridades de su gobierno: afianzar alianzas internacionales ideológicas, aunque sea a costa del sufrimiento de su propio pueblo y la sangre de miles de inocentes en la Franja de Gaza.
José Luis Espert fue echado de un simposio en la Universidad Católica Argentina luego de referirse a Florencia Kirchner como una “hija de una gran puta”.
Un escándalo sacudió la Universidad Católica Argentina (UCA) durante el simposio de comunicación política “#CongresoBA”, cuando el diputado libertario y candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, protagonizó un episodio lamentable que terminó con su expulsión del evento en medio de un abucheo generalizado.
En un tono eufórico y provocador, Espert se refirió a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con una frase absolutamente violenta y ofensiva: “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?”, lanzó sin reparos desde el escenario, buscando una complicidad que no encontró.
Lejos de generar risas o aprobación, como aparentemente esperaba, el comentario encendió la indignación del auditorio. Jóvenes asistentes comenzaron a insultarlo y a tildarlo de “gorila”, mientras el clima se tornaba cada vez más tenso y su presencia en el lugar se hacia insostenible. El abucheo fue masivo e inmediato, y obligó a Espert a abandonar el recinto escoltado por personal de seguridad.
El bochornoso episodio, además de exponer el nivel de violencia verbal al que algunos dirigentes están dispuestos a llegar, generó un rechazo transversal por el tono misógino y deshumanizante del insulto, impropio de cualquier espacio democrático y aún más grave viniendo de un funcionario electo.
El comunicado de la UCA tras el escándalo protagonizado por José Luis Espert.
Espert intentó luego minimizar lo ocurrido, asegurando que no fue expulsado sino que “cerró el panel”. Sin embargo, tras su intervención continuaron en el programa los dirigentes Maxi Abad (UCR) y Sergio Uñac (PJ), desmintiendo sus dichos.
El incidente no solo empañó el desarrollo del evento, sino que reavivó la discusión sobre los límites del discurso político y la necesidad urgente de erradicar la violencia verbal y el odio en el espacio público.
Mediante la Resolución 261/2025, publicada este jueves (12/6) en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional incrementó en un 2% el precio del biodiésel, lo que repercutirá directamente en los surtidores con un nuevo aumento del gasoil en los próximos días.
La medida fue adoptada por la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, y establece un nuevo valor mínimo de adquisición del biodiésel utilizado en la mezcla obligatoria con el gasoil.
El nuevo valor fijado es de$1.276.874 por toneladade biodiésel para las operaciones que se realicen durante junio de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio. Además, la normativa establece que el pago por la adquisición del biodiésel no podrá exceder los 7 días corridos desde la emisión de la factura correspondiente.
Desde el sector energético señalan que los precios de los biocombustibles forman parte del costo del gasoil que llega a los consumidores, por lo quecada ajuste impacta en el precio final que se paga en las estaciones de servicio, como ya ocurrió el mes pasado con un alza del 0,4%.
Advertencia sobre los costos
La resolución aclara que el nuevo precio es el mínimo obligatorio para todas las operaciones en el mercado interno. En los fundamentos, la Secretaría de Energía justificó el aumento al señalar que debe corregir desfasajes entre los precios vigentes y los costos reales de elaboración, así como evitar distorsiones en el precio del combustible en surtidores, en un contexto económico complejo.
Por el momento, no se actualizaron los precios del bioetanol, ni el producido a base de caña de azúcar ni el elaborado a partir de maíz, ambos destinados a la mezcla con la nafta. Por lo tanto, continúan vigentes los valores de mayo, que fueron:
En un hecho que generó profunda indignación y bronca, se conoció que la ministra Bullrich intervino directamente en la entrega de 160 viviendas del plan Procrear ubicadas en Avellaneda, pese a que estas ya habían sido sorteadas y adjudicadas a familias y vecinos de la zona.
En un hecho que desató un fuerte repudio social y político, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó este martes un nuevo escándalo al encabezar la entrega de160 viviendas del plan Procreara las fuerzas federales, pese a queesas propiedades ya habían sido sorteadas y adjudicadas legalmente a familias trabajadoras del partido bonaerense de Avellaneda.
La entrega, realizada en el complejo habitacional conocido comoedificio Sagol, se llevó adelante con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de un acto oficial que expuso una decisión altamente cuestionada tanto desde el punto de vista ético como legal.
Los vecinos indignados , manifestaron su bronca contra la decisión arbitraria de la ministra con distintas pintadas en los edificios.
Los departamentos, ubicados a pocas cuadras del centro de Avellaneda, forman parte de un desarrollo urbanístico iniciado en 2021 como parte del plan Procrear II, que fue desmantelado oficialmente este lunes mediante la Resolución 764/2025, firmada por Caputo. A través de esta maniobra administrativa, el Gobierno nacional logró disolver el fideicomiso que sustentaba el programa y disponer de las viviendas ya adjudicadas como si se tratara de un bien ocioso.
Horas antes del acto, los edificios amanecieron con pintadas anónimas que expresaban el rechazo popular: “Bullrich usurpadora” y “Roban casas como en la dictadura” fueron algunas de las frases que reflejan el malestar vecinal. Las familias adjudicatarias, muchas de las cuales habían sido notificadas formalmente y esperaban desde hace meses la entrega de las llaves, fueron desplazadas sin ninguna explicación oficial.
Según fuentes del municipio de Avellaneda, la decisión fue unilateral y arbitraria, sin consulta ni coordinación con autoridades locales ni con las familias afectadas. “Se vulneró el derecho constitucional a la vivienda y se desmanteló un programa que garantizaba el acceso justo y transparente a un techo digno”, denunció Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda. “Esto es un atropello. Las casas son de los vecinos y vecinas que las ganaron por sorteo”, agregó.
El acto fue justificado por el Gobierno como parte de una “respuesta estructural” a las necesidades habitacionales del personal de las fuerzas federales. En un comunicado, la Policía Federal Argentina aseguró que las propiedades serán ahora administradas directamente por las fuerzas, con el objetivo de “garantizar su cuidado y mantenimiento”.
Sin embargo, desde diversos sectores advierten que se está utilizando el aparato del Estado para militarizar una política pública pensada para familias trabajadoras, despojando a ciudadanos comunes del fruto de años de espera y esfuerzo.
Desmantelamiento del Procrear
El escándalo se inscribe en una política sistemática de desmantelamiento de los programas de vivienda implementada por el Gobierno desde fines de 2023. A través de distintos decretos y resoluciones —entre ellos el Decreto 1018/2024 (eliminación del Procrear original), el Decreto 6/2025 (supresión del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social), y el Decreto 312/2025 (disolución del Fondo de Integración Socio Urbana)— se fueron desarticulando los pilares del sistema de acceso habitacional subsidiado.
El impacto del Procrear en números
Lanzado en 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Procrear fue una de las políticas más importantes en materia de acceso a la vivienda. A través de créditos accesibles y desarrollos urbanísticos, el programa permitió que decenas de miles de familias accedieran a su primer hogar.
Solo entre 2021 y 2023, bajo el programa Procrear II, se liquidaron más de 65 mil créditos para construcción, y se levantaron más de 4 millones de metros cuadrados de viviendas, generando también empleo en el sector de la construcción.
Los perfiles de beneficiarios revelan una clara orientación social:
El 85% eran menores de 45 años
El 52% tenía hijos a cargo
El 57% de los hogares estaba encabezado por mujeres
Y el 85% contaba con trabajo formal en relación de dependencia
Hoy, muchas de esas familias ven frustrado su sueño por una decisión política que prioriza a las fuerzas de seguridad por sobre el derecho social a la vivienda, en un acto que ya ha sido comparado con los métodos autoritarios de los años más oscuros de la historia argentina.
Reacciones y posibles medidas judiciales
Desde el municipio, se evalúa iniciar acciones judiciales para frenar la entrega y restituir los derechos de los adjudicatarios originales. Diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ya manifestaron su rechazo y convocan a movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda.
Mientras tanto, Patricia Bullrich sumaotro episodio a su extensa lista de controversias. Esta vez, con consecuencias directas sobre la vida de cientos de familias que ven cómo el Estado les da la espalda y vulnera derechos adquiridos en nombre de una supuesta “reorganización” que encubre el desmantelamiento de las políticas sociales.
