Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron en las últimas horas un pedido de informes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por los memorandos firmados con la secretaria del Departamento de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, en materia migratoria.

Desde la Cámara de Diputados se intensifican los cuestionamientos hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de los recientes acuerdos firmados con Estados Unidos en materia de política migratoria y cooperación en seguridad. Legisladores nacionales, encabezados por la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, presentaron un pedido formal de interpelación para que la funcionaria rinda cuentas ante el Congreso.

La preocupación central radica en el posible alcance de los compromisos asumidos con la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, durante su visita a Argentina el pasado 28 de julio. Propato advirtió que es indispensable conocer si dichos acuerdos habilitan algún grado de injerencia extranjera en cuestiones clave de seguridad nacional.

La Ministra Patricia Bullrich mantuvo una reunión bilateral con la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, en la que se abordaron temas clave para profundizar la cooperación en materia de seguridad bilateral.

Durante el encuentro se… pic.twitter.com/4ixQZxuPvZ

— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) July 28, 2025

“Nos preocupa que la Argentina asuma compromisos de evaluación y monitoreo en materia de seguridad pública por parte de los Estados Unidos, y que esto implique aspectos injerencistas bajo los argumentos de lograr los estándares requeridos para el ingreso al programa de exención de visados”, expresó la legisladora.

Asimismo, Propato cuestionó el alineamiento con una funcionaria del entorno de Donald Trump, conocida por sostener políticas migratorias que vulneran los derechos humanos, el cierre de fronteras y deportaciones masivas. En ese marco, exigió que la ministra Bullrich aclare públicamente el contenido y los alcances de los acuerdos firmados.

Los puntos clave del pedido de informes

El proyecto elevado al Poder Ejecutivo solicita información detallada sobre los términos del entendimiento bilateral. Entre los puntos destacados, se requiere:

1-Copia del texto original del memorándum firmado.

2-Listado completo de las autoridades intervinientes en la negociación.

3-Cronograma de trabajo previsto para la implementación de los acuerdos.

4-Detalle sobre destino y origen de recursos financieros o técnicos involucrados.

5-Condiciones del acceso de personal argentino o fuerzas extranjeras en territorio nacional.

6-Especificaciones sobre posibles colaboraciones en ciberseguridad, designación de asesores nacionales o extranjeros, y provisión de equipamiento técnico.

7-Alcance territorial de los acuerdos, incluyendo posibles impactos en el Atlántico Sur, la Antártida Argentina y las Islas Malvinas.

El pedido se da en un contexto en el que el oficialismo celebró la posibilidad de que los argentinos puedan acceder en un futuro al programa de exención de visado (Visa Waiver Program). Tras la firma del acuerdo, tanto el Gobierno argentino como las autoridades estadounidenses destacaron el “compromiso inédito” en materia de seguridad fronteriza.

Sin embargo, desde sectores opositores advierten que ese objetivo no puede justificarse con la entrega de atribuciones estratégicas a potencias extranjeras. En palabras de la propia Propato:

“Resulta muy importante que el Congreso conozca el contenido de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad alcanzados”.

Según especialistas se pierde un actor estratégico en momentos donde proliferan productos ultraprocesados, aditivos cuestionados y falsas promesas nutricionales en las góndolas.

En una nueva ofensiva contra los organismos técnicos y participativos del Estado, el gobierno de Javier Milei disolvió la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), una institución clave para la seguridad alimentaria en el país. Lo que antes se decidía en un espacio federal, científico y plural, ahora queda en manos de unos pocos funcionarios y empresas, sin instancias de debate ni control ciudadano.

El desmantelamiento de la CONAL fue formalizado a través del decreto 538/2025, que modifica el Código Alimentario Argentino y transfiere la toma de decisiones al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de ANMAT, y al SENASA. Aunque estos organismos cuentan con experiencia técnica, lo que desaparece con esta medida es la arquitectura participativa y federal que aseguraba una regulación equilibrada y orientada al bien público.

Con un decreto inconsulto, Milei disolvió la CONAL y dejó afuera a las provincias.

Menos control sobre la sanidad e inocuidad de los alimentos y otro golpe al corazón del federalismo. Centraliza el poder y debilita la seguridad alimentaria. pic.twitter.com/7Mm9Iz1LR2

— Javier Rodríguez (@JavoRodriguezL) August 5, 2025

Durante décadas, la CONAL funcionó como un ámbito de construcción colectiva entre el Estado nacional, las provincias, la academia, sectores científicos y la industria. Allí se definían normas esenciales: qué puede considerarse alimento, bajo qué condiciones se produce y qué parámetros sanitarios debe cumplir para garantizar la salud de la población.

La eliminación de este espacio implica mucho más que una reestructuración administrativa: representa un retroceso en términos de transparencia, control social y resguardo del interés público frente a los intereses del mercado. El argumento oficial —”agilizar procesos” mediante plataformas como el SIFEGA— esconde el verdadero impacto: sin deliberación plural, el sistema alimentario argentino queda más expuesto a presiones corporativas y decisiones discrecionales.

Expertos y referentes del sector ya advierten las consecuencias: debilitamiento de los consensos sanitarios, pérdida de participación ciudadana y federal, y mayor opacidad en las decisiones regulatorias. Todo esto ocurre en un contexto donde proliferan alimentos ultraprocesados, aditivos controvertidos y estrategias publicitarias engañosas, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

La decisión de eliminar la CONAL no fortalece la protección de los consumidores. Al contrario: desarma uno de los pocos espacios donde confluyen ciencia, salud pública, producción y territorio para garantizar que lo que llega a nuestras mesas sea seguro. En nombre de la eficiencia, el gobierno está sacrificando derechos fundamentales.

Golpe a la ley de etiquetado frontal: más marketing, menos salud

Este ataque a la seguridad alimentaria no es aislado. En paralelo, el gobierno de Milei avanzó en la flexibilización de la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021 con amplio consenso social y científico. La norma establecía sellos de advertencia para alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, y regulaba la publicidad dirigida a niñas y niños, así como la oferta de productos en entornos escolares.

La modificación de su reglamentación —pese a las advertencias de organizaciones especializadas como la Fundación Interamericana del Corazón— debilitó varios puntos clave de la ley. Se redujo la información disponible para los consumidores y se flexibilizaron las estrategias de marketing, incluyendo el uso de personajes y técnicas de manipulación visual que apelan especialmente a la infancia.

“Con estos cambios, retrocedemos en políticas diseñadas para prevenir enfermedades crónicas y combatir la obesidad infantil, que en Argentina alcanza niveles alarmantes”, alertan desde el sector sanitario.

¿Quién define ahora qué es seguro comer?

La eliminación de la CONAL y el vaciamiento de la Ley de Etiquetado Frontal responden a una misma lógica: debilitar el rol del Estado como garante de derechos, en beneficio de un mercado cada vez menos regulado. En lugar de fortalecer los controles, se desmantelan. En lugar de escuchar a la ciencia, se prioriza la rentabilidad.

Lo que está en juego no es solo un modelo de gestión pública, sino la salud de millones de personas. Sin una regulación sólida, transparente y participativa, el acceso a alimentos seguros y de calidad deja de ser un derecho para convertirse en una cuestión de suerte.

información detallada sobre reuniones privadas, movilizaciones gremiales, y actividades de partidos opositores, pero omite cualquier referencia a La Libertad Avanza y sus funcionarios.

Una nueva tormenta política sacude al Gobierno tras la filtración de un documento interno de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que revela un presunto esquema de espionaje masivo sobre figuras de la oposición, gremios, jubilados y organizaciones sociales. El escándalo escaló rápidamente con la denuncia penal presentada por el diputado nacional Facundo Manes, quien apuntó directamente contra el asesor presidencial Santiago Caputo, acusándolo de estar vinculado a estas maniobras ilegales de inteligencia.

En respuesta al impacto político del caso, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso fue convocada de manera urgente para el próximo martes, con el objetivo de analizar el documento filtrado y exigir explicaciones a las autoridades responsables. Según trascendió, el informe —redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, una de las áreas que integra la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert— contiene información detallada sobre reuniones privadas, movilizaciones gremiales, y actividades de partidos opositores, pero omite cualquier referencia a La Libertad Avanza y sus funcionarios.

Milei sigue la peor tradición de la casta, espiar a los que piensan distinto. Se ve que para eso el Estado no le molesta: desfinancia al Garrahan, pero le aumenta el sueldo a los “servicios”. Lo que sale a la luz sobre la SIDE es una vergüenza. Esto no nos va a dar miedo. Vamos a… pic.twitter.com/Z40t5jtqKp

— Facundo Manes (@ManesF) August 3, 2025

Entre los espiados figuran dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes, Wado de Pedro y Guadalupe Tagliaferri, así como también agrupaciones como el PJ bonaerense, La Cámpora, la UCR y la Coalición Cívica. También se detallan acciones de las centrales sindicales CGT y CTA, actividades culturales, y hasta convocatorias de jubilados y personas con discapacidad, previstas para los próximos días.

La denuncia de Manes sostiene que la SIDE documentó una reunión privada en su domicilio con el exintendente de Lanús, Néstor Grindetti, y solicita que este hecho se sume como prueba en la causa abierta contra Caputo por “amenaza coactiva”, tras su agresiva reacción durante la apertura de sesiones legislativas en marzo pasado. El legislador remarcó que estos reportes no solo constituyen una práctica antidemocrática, sino que también podrían configurar delitos graves tipificados en el Código Penal.

El titular de la Bicameral, Martín Lousteau, confirmó que el tema será incorporado formalmente al orden del día. Mientras tanto, crece la presión para que el Congreso cite a declarar a Santiago Caputo y Sergio Neiffert, en medio de una crisis que remite a los peores antecedentes de inteligencia estatal utilizados con fines políticos.

El organismo reveló que el Banco Central intervino con más de US$ 3.000 millones en contratos de dólar futuro durante julio para contener la corrida cambiaria, y advirtió que estas operaciones deben ser “limitadas y temporales”.

Aunque aprobó la primera revisión del acuerdo por US$ 20.000 millones con Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una advertencia contundente al Gobierno de Javier Milei: reveló que el Banco Central intervino con más de US$ 3.000 millones en contratos de dólar futuro durante julio para contener la corrida cambiaria, y advirtió que estas operaciones deben ser “limitadas y temporales” para evitar mayores desequilibrios a futuro.

El dato surge del staff report publicado por el FMI, que monitoreó la evolución económica del país entre abril y julio. Aunque el organismo reconoció avances en el plan económico libertario, manifestó preocupaciones sobre el manejo cambiario, la acumulación de reservas y las intervenciones del BCRA en los mercados de futuros.

“Las intervenciones en el mercado de contratos a futuro deberían ser temporales y limitarse a condiciones desordenadas del mercado”, advirtió el FMI, remarcando que no deben sustituir otras herramientas clave de política monetaria para controlar la liquidez y la volatilidad de tasas de interés.

Un recurso riesgoso en medio de la presión cambiaria

El FMI estimó que la posición neta abierta del BCRA en contratos a futuro (NDF) creció hasta los US$ 5.000 millones en julio, mientras que en junio era de US$ 1.909 millones. Esto implica una intervención de más de US$ 3.000 millones en solo un mes, en un contexto de tensiones cambiarias y una suba del 13% en el tipo de cambio.

Aunque estos contratos se liquidan en pesos y no afectan directamente las reservas internacionales, el organismo advirtió que pueden generar pérdidas significativas en el balance del Banco Central, y alterar las expectativas del mercado si se convierten en una herramienta recurrente.

Recomendaciones del FMI: disciplina, reservas y claridad monetaria

El informe técnico del FMI instó al Gobierno a:

• Fortalecer la acumulación de reservas con un cronograma más claro de compras de divisas.
• Evitar el uso excesivo de instrumentos financieros que no corrigen los desequilibrios de fondo.
• Avanzar en mayor claridad sobre el régimen monetario y cambiario a mediano plazo.
• Perfeccionar el esquema de metas monetarias para anclar expectativas de inflación.

Pese a los elogios por el rumbo económico general, el FMI fue enfático en que las intervenciones en el dólar futuro no deben convertirse en una política sistemática, dado el alto grado de vulnerabilidad macroeconómica.

El padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo lanzó un duro diagnóstico sobre la situación económica actual y cuestionó el rumbo adoptado por el presidente Javier Milei. “No hay estabilidad ni crecimiento”, sentenció.

En un artículo publicado en su blog personal, titulado “Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimiento”, Cavallo expresó su decepción con los resultados del plan libertario. Si bien reconoció que el salto cambiario de diciembre de 2024 no provocó un nuevo brote inflacionario, afirmó que tampoco logró lo más importante: reactivar la economía ni consolidar un clima de confianza.

Lejos de su anterior respaldo parcial al ideario de Milei, el “padre de la Convertibilidad” advirtió que su propia expectativa de un shock estabilizador se frustró. “No acerté respecto a que podría significar la consolidación de la estabilidad y el crecimiento, porque ello no parece estar ocurriendo”, admitió, en una autocrítica que reforzó su actual visión negativa.

Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimientohttps://t.co/V7wQ7GDFfG

— Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) August 1, 2025

Uno de los principales blancos de sus críticas fue el cepo cambiario, cuya continuidad —aunque parcial— considera el mayor obstáculo para la recuperación. Según Cavallo, las restricciones a la libre disponibilidad de divisas siguen generando desconfianza, ahuyentan inversiones productivas y alimentan las expectativas de nuevas devaluaciones. “Los capitales productivos son muy sensibles al riesgo de quedar atrapados si no pueden salir cuando lo necesiten”, advirtió.

Además, apuntó contra la falta de reglas claras en materia monetaria y cambiaria, señalando que muchas decisiones del gobierno son “difíciles de comprender y explicar”, lo cual, según sostuvo, alimenta aún más la percepción de inestabilidad.

Respaldado en los principios de la Escuela de Chicago, Cavallo insistió en que sin un marco normativo previsible y sin una apertura total del mercado cambiario, será imposible atraer inversiones ni generar las condiciones para el crecimiento. “Que no haya ninguna restricción para la compraventa de monedas extranjeras es un requisito indispensable para que la economía funcione con competencia de monedas a la peruana”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que mientras persista el actual esquema de controles, la economía seguirá atrapada en un ciclo de estancamiento, con tasas de interés elevadas, desconfianza generalizada y sin señales concretas de reactivación. En su visión, el experimento libertario está fracasando en sus objetivos fundamentales: lograr estabilidad y generar crecimiento.

El último informe del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA analizó la situación del empleo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo más destacado es la caída del empleo registrado y el poder adquisitivo.

Según el informe, en abril de 2025 (último dato disponible), se generaron 2.157 empleos registrados privados en la Ciudad. “Con este resultado durante el mandato de Javier Milei se perdieron 13.173 puestos, lo que implica una caída del 0,9% del empleo privado registrado”, indicaron y agregaron que los sectores más afectados son construcción, transporte y almacenamiento, industria manufacturera y electricidad, gas y agua.
 
Otro dato que golpea a la clase trabajadora es la remunaración. “El último dato disponible (marzo 2025) indica una caída real de la remuneración promedio del 3,5% respecto al mes anterior”, detallaron.
 
Y advirtieron que el salario real en la Ciudad en diciembre 2024 se encuentra 10,1% por debajo del nivel de diciembre de 2015, y 3,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Según detalla la denuncia, Bausili declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial que pasó de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, lo que representa un aumento superior al 880%.

Una grave denuncia por presunto enriquecimiento ilícito sacude al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, tras conocerse que su patrimonio creció un 880% en apenas un año. La presentación judicial, radicada este lunes en los tribunales de Comodoro Py, expone cifras que ya encendieron las alarmas en el ámbito político y económico.

La denuncia fue presentada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, miembro de la Asociación Civil en formación “Arco Social”, quien apunta contra Bausili por inconsistencias en sus declaraciones juradas y vínculos directos con sectores del poder económico. Según el documento, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, una cifra que, a todas luces, desborda los ingresos legales de cualquier funcionario público.

“El incremento no guarda proporción con los ingresos habituales ni está debidamente respaldado por antecedentes patrimoniales u operaciones comerciales conocidas”, sostiene la denuncia, a la que tuvo acceso la periodista Vanesa Petrillo (C5N). Este crecimiento súbito y descomunal despierta sospechas no sólo por su magnitud, sino también por el contexto: Bausili mantiene lazos históricos con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartió años de negocios en el sector financiero.

Otro dato que refuerza el escándalo: en su declaración de 2024 figuran acciones por más de $400 millones en Pampa Holding SA, una empresa estrechamente vinculada al poder económico concentrado y con nexos con el propio Caputo.

El denunciante pidió una pericia contable integral para analizar la evolución patrimonial del titular del BCRA en los últimos cinco años, con el objetivo de contrastar sus activos declarados con los ingresos lícitos que percibió y determinar la legalidad de ese incremento extraordinario.

La explosiva denuncia ya genera repercusiones en el escenario político y podría abrir una nueva etapa de tensión institucional, en momentos en que se discute la transparencia y el rol de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos.

Las políticas de ajuste del gobierno de ese país, coordinadas con el FMI, de incrementar un 33% el precio del diésel, como parte de una estrategia para reducir la presión de los subsidios sobre las finanzas públicas, derivaron en un violento estallido social.

Las trágicas consecuencias de las políticas de ajuste promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelven a golpear a África. En Angola, al menos 22 personas murieron y más de 1.200 fueron detenidas en solo tres días de protestas contra el aumento del precio del combustible. La medida fue adoptada por el gobierno angoleño como parte de un plan de reformas exigido por el FMI, orientado a reducir los subsidios estatales y “corregir” los desequilibrios fiscales del país.

El incremento del 33% en el precio del diésel, implementado con el aval del organismo financiero internacional, desató una grave crisis social. El sector del transporte, directamente afectado por la medida, fue el primero en reaccionar: la Asociación Nacional de Taxistas de Angola (ANATA) inició una huelga que rápidamente ganó apoyo popular. El aumento de las tarifas de los taxis tipo candongueiros duplicó los costos de traslado, disparando los precios de alimentos y bienes básicos, y afectando aún más el ya precario poder adquisitivo de la población.

Lo que comenzó como una protesta pacífica se transformó en una ola de disturbios tras la represión policial. La respuesta del gobierno fue violenta y masiva: además de los muertos y detenidos, se registraron al menos 197 heridos, mientras las movilizaciones se extendían desde Luanda a otras seis provincias. En un comunicado oficial, la administración de João Lourenço intentó justificar la represión acusando a los manifestantes de intentar desestabilizar el país.

Pero lo cierto es que la situación económica de Angola es crítica. Aunque el país es el tercer productor de petróleo de África y este recurso representa cerca del 90% de sus ingresos externos, la riqueza está concentrada en manos de elites político-empresariales. Más del 40% de la población vive en la pobreza, el desempleo supera el 30%, y el salario mínimo —de apenas 75 dólares mensuales— no alcanza para cubrir los costos básicos en las principales ciudades.

La supervisión del FMI en Angola ha implicado un paquete de reformas neoliberales que, como en tantas otras naciones del Sur Global, han significado recortes a subsidios esenciales, aumento de precios, privatizaciones y desprotección social. En este caso, las medidas pactadas entre el gobierno y el Fondo han intensificado la inflación, el desempleo juvenil (que supera el 50%) y el descontento generalizado.

Lejos de resolver los problemas estructurales de Angola, la intervención del FMI ha profundizado las desigualdades, generado violencia y socavado aún más la ya frágil estabilidad del país. Lo ocurrido es una nueva advertencia sobre los costos humanos de las políticas de austeridad impuestas desde fuera, sin considerar las realidades sociales de quienes más las sufren.

“Por favor, presidente Milei, transfiera la finalización de esta obra en Autopista RN19 y mantenga las rutas. Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti en una carta abierta dirigida al jefe del Estado difundida hoy.

Luego de un devastador accidente en la Ruta Nacional 19, en el que murieron cuatro personas —entre ellas tres menores—, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, lanzó un desesperado reclamo al presidente Javier Milei, exigiendo la reactivación de las obras paralizadas en esa carretera nacional.

A través de una carta pública, Benedetti apuntó directamente al Gobierno nacional:
“¿Hasta cuándo vamos a tener que ver morir a nuestros vecinos por consecuencia de las obras que no se terminan y del egoísmo político de algunos funcionarios?”, escribió con indignación, denunciando el abandono del tramo que une Córdoba con Santa Fe.

El jefe comunal describió como “deplorable” el estado de un tramo de 63 kilómetros de la Ruta Nacional 19, paralizado desde que el Gobierno libertario suspendió toda obra pública. Por esa ruta transitan 15 mil vehículos diarios y, según Benedetti, los accidentes no dejan de aumentar. Solo en los últimos meses, el hospital municipal tuvo que atender a 63 personas heridas en choques ocurridos en los sectores inconclusos.
“El promedio es un accidente cada tres días”, alertó el intendente, y recordó que entre enero y julio ya se registraron cinco muertes.

El último siniestro, ocurrido en la madrugada del domingo entre El Tío y El Fuertecito, fue el detonante de su reclamo: un Volkswagen Bora embistió a un Fiat 147 donde viajaban seis personas. Cuatro de ellas murieron —tres eran niños— y otras dos resultaron gravemente heridas.
“Es muy doloroso despertarnos con noticias como las de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pasar por esto? Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti conmovido.

El intendente radical, que días atrás ya había criticado abiertamente el ajuste libertario en una reunión con otros jefes comunales, volvió a poner sobre la mesa las consecuencias del recorte nacional.
“Votaron a Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo”, había dicho en ese encuentro, reflejando la tensión de gobernar en municipios donde el apoyo a Milei fue contundente —en Arroyito, por ejemplo, La Libertad Avanza obtuvo el 75% en el balotaje.

La situación no es aislada. Otros intendentes cordobeses también comenzaron a colocar carteles denunciando el abandono de las rutas nacionales, y la misma estrategia fue adoptada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. A nivel nacional, los gobernadores comenzaron a presionar para modificar el reparto de fondos federales, con el cordobés Martín Llaryora participando activamente en alianzas regionales con sus pares de Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Mientras el país discute el rol del Estado en la infraestructura vial, el drama se cobra nuevas víctimas. El conductor del Bora, un joven de 19 años, fue detenido por la Justicia. Pero para Benedetti y su comunidad, la verdadera responsabilidad recae en un Estado ausente que, por decisión política, condena a miles de argentinos a transitar rutas que matan.

Compañías líderes del sector alimenticio, bebidas, limpieza y artículos de tocador comenzaron a notificar a supermercados y comercios minoristas una nueva lista de precios con aumentos que oscilan entre el 3% y el 9%.

La reciente escalada del dólar en Argentina ya comenzó a impactar directamente en los precios de productos esenciales. Las principales empresas alimenticias del país decidieron aplicar aumentos de hasta el 9% en sus listas, medida que comenzará a sentirse en góndolas desde este martes. La suba del tipo de cambio —que en julio acumuló más del 13% y marcó nuevos récords— desencadenó una ola de actualizaciones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal.

El traslado a precios no se hizo esperar: compañías líderes del sector como Arcor, Mondelez y Unilever ya notificaron a supermercados y comercios minoristas los nuevos valores. En promedio, los incrementos van del 3% al 9%, dependiendo de la marca y el rubro. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que agrupa a los principales fabricantes del sector, oficializó los ajustes a través de nuevas listas enviadas a las grandes cadenas.

Subas diferenciadas según empresa y producto

Entre los aumentos más altos se encuentran los aplicados por Mondelez —que comercializa marcas como Milka y Oreo— con subas de entre el 7% y el 9%. Le siguen Unilever, con un incremento promedio del 8% en productos de limpieza y cuidado personal, y Softys, que trasladará un 7% en papel higiénico, pañales y toallas femeninas.

En el sector alimenticio, Arcor ajustará entre un 3% y un 5%, mientras que Mastellone (La Serenísima) lo hará en un 4% y Danone en 3,5%. Aceitera General Deheza y Cañuelas aplicarán subas del orden del 5%, y SC Johnson, dedicada a productos de limpieza del hogar, anunció aumentos del 7%.

Impacto directo en comercios de cercanía

Los comercios barriales también comenzaron a actualizar precios, con incrementos que ya alcanzan hasta el 8% en productos como cigarrillos, harinas, panificados y galletitas. Desde el sector supermercadista aseguran estar negociando con los proveedores para moderar los ajustes. “Se busca que los aumentos se acerquen al 5% y no al 10%”, reveló una fuente del sector.

En este contexto, una de las principales empresas alimenticias ya presentó listas con aumentos que van del 4% al 8%, confirmando que la tendencia alcista comienza a consolidarse en todos los canales de venta.