Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que los amplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.

La oposición en el Congreso Nacional se moviliza para poner un freno a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la polémica denuncia contra periodistas que difundieron audios de Karina Milei. Legisladores de Unión por la Patria (UP) y la UCR sostienen que Bullrich se excedió en sus atribuciones y advierten que los amplios poderes policiales otorgados por un decreto presidencial podrían revertirse.

El conflicto surgió a raíz del decreto 383/2025, firmado este año por Bullrich y Milei, que reestructuró funciones de la Policía Federal, incorporando tareas de espionaje. Según la oposición, estas competencias entran en conflicto con la Ley de Inteligencia Nacional Nº25.520 y eliminan el control parlamentario sobre las actividades de inteligencia.

El senador Martín Lousteau, presidente de la comisión bicameral que supervisa las tareas de espionaje, junto a su correligionaria Mariela Colett y legisladores de UP, enviaron notas a los presidentes de ambas cámaras, cuestionando el decreto. En ellas, señalan que la medida habilita a la Policía Federal a actuar en el marco de la Ley 25.520 sin el necesario control legislativo, generando riesgos de uso arbitrario de información y vulneración de derechos.

“La PFA debe observar lineamientos claros en el desarrollo de sus tareas y respetar el control parlamentario, un pilar esencial del Estado de Derecho”, advirtieron Lousteau y los legisladores opositores. Agregaron que la superposición de funciones debilita la coordinación del sistema de inteligencia y compromete la transparencia de las acciones estatales.

La nota de la bicameral deja en claro que la ministra no puede atribuirse facultades sobre inteligencia sin pasar por la supervisión legislativa, como ocurre regularmente con los agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según la oposición, la cercanía de Bullrich con Milei podría estar motivada por la pérdida de confianza de este último en los servicios tradicionales de inteligencia.

Lousteau calificó de “acto de autoritarismo” el pedido de allanamiento a periodistas, destacando que se trata de un ataque a la democracia y al secreto de las fuentes, en medio de denuncias de corrupción, incluido el desvío de fondos para personas con discapacidad.

La unidad opositora anticipa que el decreto que amplía los poderes de Bullrich podría ser rechazado en el recinto mediante una mayoría simple en ambas cámaras, fácilmente alcanzable con los acuerdos ya consolidados. No obstante, la ministra podría conservar influencia hasta diciembre, cuando planea asumir un cargo en el Senado, postulada por Milei como presidenta provisional. Sin embargo, UP no garantiza su aval a la línea sucesoria, y podrían negociar otras alternativas con La Libertad Avanza.

La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia el pasado 12 de agosto desató una fuerte polémica en Tierra del Fuego, donde crece la preocupación por el alcance de los ejercicios militares realizados en conjunto con fuerzas argentinas y las intenciones de Estados Unidos en la provincia austral.

La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia y las reiteradas presiones de Washington para instalar infraestructura militar en Tierra del Fuego encendieron fuertes alarmas sobre la soberanía nacional en el extremo austral del país.

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, presentó en el Senado un enérgico pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique las circunstancias bajo las cuales se permitió el ingreso de tropas extranjeras el pasado 12 de agosto, en el marco de ejercicios militares combinados con fuerzas argentinas.

“Es inaceptable que las fuerzas del principal aliado de Gran Bretaña pisen nuestro suelo fueguino”, advirtió la legisladora en declaraciones a El Sureño, acusando al presidente Javier Milei de una “entrega de soberanía” que pone en riesgo no solo la seguridad provincial, sino también los intereses estratégicos de la Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

Los interrogantes planteados al Gobierno

El documento presentado en el Senado exige que se aclare:

• Autorización legal: si el ingreso de tropas contó con aval del Congreso, como marca la Constitución, o si se habilitó mediante un DNU inconstitucional.
• Acceso a instalaciones sensibles: si los marines accedieron a la Base Naval Almirante Berisso u otros sistemas estratégicos de comunicación.
• Implicancias geopolíticas: si la operación compromete la logística antártica o información relativa a las Islas Malvinas.
• Protección de la soberanía: qué medidas se tomaron para resguardar la seguridad nacional.

López insistió en que no se opone a la cooperación internacional, pero subrayó que esta debe realizarse respetando la Constitución y la soberanía. “No podemos permitir que la Base Naval de Ushuaia se convierta en una plataforma extranjera en lugar de un centro argentino de investigación y desarrollo antártico”, agregó.

La presión de Estados Unidos por el radar y una base naval

El contexto se vuelve aún más complejo tras las visitas del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien este año se reunió dos veces con autoridades argentinas para impulsar la reactivación de un radar instalado en Tolhuin y promover una base de submarinos en Ushuaia.

Ese radar, operado por la empresa LeoLabs, quedó envuelto en polémica luego de que el gobierno fueguino le revocara los permisos a fines de 2023, al denunciar sus vínculos con el Ministerio de Defensa del Reino Unido y advertir sobre un posible uso militar. Según documentos oficiales, Gran Bretaña accede a la información generada por las antenas de la compañía en distintos puntos del mundo.

Washington sostiene que se trata de un sistema de “rastreo de basura satelital”(aunque la misma empresa reconoce en su sitio web sus capacidades duales) y presiona para que vuelva a funcionar, mientras niega cualquier control británico. Sin embargo, en Tierra del Fuego advierten que su reactivación pondría en riesgo información estratégica sobre el Atlántico Sur permitiendo entre otras cosas una alerta temprana a las fuerzas británicas que conforman junto a los Estados Unidos la alianza UKUSA de espionaje electrónico global que jugó un papel clave en la guerra de Malvinas proporcionando información vital a Gran Bretaña.

Paralelamente, Estados Unidos insiste en establecer un atracadero para submarinos nucleares en Ushuaia, lo que en los hechos consolidaría una base integrada de operaciones en el Cono Sur. Según fuentes locales, esta pretensión se enmarca en la estrategia global de Washington de limitar la influencia china en la región, pero a costa de debilitar la autonomía argentina en su territorio más austral.

Riesgo de una “rendición silenciosa”

El reclamo de la senadora López cobra aún mayor relevancia al recordar que durante la Guerra de Malvinas, en 1982, Estados Unidos apoyó activamente al Reino Unido con logística, inteligencia satelital y armamento. Permitir hoy la instalación de tropas y bases estadounidenses en Tierra del Fuego —afirma la legisladora— constituye una “rendición silenciosa” frente a los mismos actores que colaboraron en la derrota argentina.

“Se está traicionando la esencia misma de nuestra identidad nacional”, advirtió. “La soberanía no se negocia, y mucho menos en el suelo más austral de la patria”.

La medida refleja un evidente seguidismo de la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”.

En una decisión que marca un fuerte giro en la política exterior argentina, el gobierno de Javier Milei anunció que el país dejará de participar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno de los principales órganos internacionales dedicados a la promoción y protección de las libertades fundamentales.

La medida refleja una clara sintonía con la estrategia desplegada por Donald Trump durante su presidencia en Estados Unidos, cuando en 2018 decidió abandonar el Consejo bajo el argumento de que el organismo estaba “politizado”. Ahora, la Casa Rosada justifica su salida con un discurso similar, al afirmar que la Argentina no se someterá a “estructuras burocráticas internacionales” que, según el oficialismo, limitan la soberanía nacional.

Sin embargo, el costo político y simbólico es elevado. Argentina había consolidado en este ámbito un prestigio singular: desde la recuperación democrática en 1983, el país fue referente en materia de derechos humanos, en gran parte gracias a la lucha de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a las políticas de memoria, verdad y justicia. Esa tradición le permitió ocupar un rol de liderazgo, presidiendo en varias ocasiones el Consejo y promoviendo resoluciones clave en la agenda global.

Amnistía Internacional lamenta que Argentina retire su candidatura al @UN_HRC de la ONU. Este órgano, integrado por 47 Estados, es central para promover y proteger los DD.HH. en el mundo. ¿Qué significa la retirada de nuestro país del Consejo de Derechos Humanos? Abrimos hilo: pic.twitter.com/QYsDwtoo5m

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 26, 2025

La salida del organismo implica, por tanto, un retroceso histórico y una pérdida de influencia diplomática. Expertos en política internacional señalan que con esta decisión Milei no solo aísla a la Argentina de los consensos multilaterales, sino que también erosiona un capital simbólico que le otorgaba al país legitimidad moral en foros internacionales. En un escenario global marcado por conflictos bélicos, crisis humanitarias, el genocidio en curso en Gaza ( no casualmente avalado por el gobierno de Javier Milei) y un creciente cuestionamiento a las democracias, la ausencia de Argentina en este espacio debilita su capacidad de incidencia y reduce su margen de negociación frente a otras potencias.

El anuncio ya generó críticas de sectores opositores, organismos de derechos humanos y especialistas en relaciones internacionales, quienes advierten que este tipo de gestos pueden deteriorar aún más la posición de la Argentina en el mundo, en un momento en que el gobierno de Milei apuesta por una política exterior centrada en alianzas de subordinación bilaterales selectivas y en un marcado sometimiento a las agendas de política exterior de Estados Unidos e Israel.

La comparación con Donald Trump, lejos de ser casual, es inevitable: ambos líderes, con discursos disruptivos, ven en los organismos multilaterales un obstáculo antes que una oportunidad de cooperación. Pero mientras Estados Unidos puede sostener su influencia global por su peso económico y militar, Argentina carece de esos recursos y dependía, en gran medida, de su prestigio diplomático para proyectar poder en la escena internacional.

Con esta decisión, el gobierno libertario rompe con una de las tradiciones más reconocidas de la política exterior argentina y deja al país más aislado que nunca en el terreno de los derechos humanos, un ámbito donde supo ser escuchado, respetado y considerado ejemplo.

Una vez más la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos.

En lugar de dar explicaciones sobre el escándalo que salpica a Karina Milei por los audios de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, optó por una salida ya habitual en su repertorio: inventar un enemigo nuevo. Esta vez, denunció la existencia de “un servicio de inteligencia paralelo” integrado, según ella, por kirchneristas, rusos y venezolanos, como si se tratara de una burda remake de la Guerra Fría.

Bullrich justificó así los pedidos de allanamientos contra periodistas y medios críticos, asegurando que lo que en realidad está en juego es “una operación impresionante de inteligencia” para grabar reuniones en Casa Rosada. Lo que la ministra presentó como “inédito e increíble” no es que haya un funcionario hablando de coimas, sino que los audios se hayan difundido.

Lejos de reconocer la gravedad del contenido de esas grabaciones, Bullrich prefirió hablar de conspiraciones extranjeras. Con tono dramático, advirtió sobre “exagentes rusos” y el “chavismo”, mezclando en un mismo párrafo el avión venezolano, el Tren de Aragua y hasta el secuestro de un gendarme. Todo servía para sostener el relato de que detrás de los audios no hay corrupción, sino un plan internacional para desestabilizar al Gobierno.

Como si no bastara, también apuntó contra periodistas y canales de televisión, a los que acusó de “operar electoralmente” más que informar.

El patrón es claro: frente a un escándalo que compromete a la hermana del presidente, Bullrich responde con teorías conspirativas cada vez más inverosímiles. Hoy son espías rusos y chavistas; mañana, quién sabe. Lo único evidente es que el Gobierno prefiere hablar de fantasmas antes que explicar lo que pasó en su propia casa.

El dato fue confirmado por Martín Pintos, del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires. La contracción de la demanda, advirtió, obliga a los panaderos a trabajar al 50% de su capacidad.

La recesión y la caída del poder adquisitivo golpearon de lleno a las panaderías en Argentina. En los últimos 18 meses, cerraron 14.000 establecimientos en todo el país, según advirtió Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires (CIPAN).

La contracción del consumo llevó al sector a trabajar apenas al 50% de su capacidad instalada. “Hoy solo seis de cada diez máquinas están encendidas. Antes había mostradores repletos de panes, facturas y sándwiches; ahora producimos lo justo, apagamos equipos para ahorrar energía y evitamos pérdidas”, señaló Pinto, con más de tres décadas de experiencia en el rubro.

El consumo de pan cayó un 50% en el último año y medio, un dato que el dirigente considera alarmante, dado que este alimento suele ser un indicador del nivel de pobreza en muchos países. “La gente empezó a hacer pan en su casa para ahorrar, porque destina el dinero a comprar leche o carne”, explicó.

A la caída de la demanda se suma un incremento descontrolado en los costos: la bolsa de harina de 25 kilos pasó de $3.500 a $15.000, la levadura de $700 a $2.500 y la grasa de $18.000 a $28.000. Todo ello acompañado de tarifas de servicios en alza.

La situación golpea con especial fuerza a productos emblemáticos como las facturas, cuyas ventas se redujeron un 85%. Muchas panaderías producen únicamente por encargo, ofrecen dos o tres variedades básicas y mantienen apagadas las heladeras para evitar pérdidas.

El panorama no es exclusivo del sector panadero: los kioscos también atraviesan un retroceso histórico. En el último año cerraron 16.000 locales y, por primera vez, el total cayó por debajo de los 100.000 en todo el país.

El derrumbe de las panaderías y otros comercios de cercanía refleja con crudeza el impacto de la recesión sobre el consumo masivo y pone en evidencia la fragilidad de negocios que históricamente fueron parte de la vida cotidiana de los argentinos.

La inversión se hunde y los dólares se agolpan para salir. Los datos presentados por el Banco Central son contundentes. La Inversión Extranjera Directa (IED) en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI.

La fotografía que acaba de publicar el Banco Central no deja lugar a matices: la economía perdió en siete meses más de USD 14.000 millones, una fuga de divisas mayor al desembolso que realizó el FMI este año.

La Inversión Extranjera Directa (IED) tampoco trae alivio: en 2024 fue la más baja de todo el siglo XXI, y los datos de 2025 solo encuentran un antecedente peor en 2017. La inversión, motor de cualquier recuperación, está en su punto más débil en casi una década.

En el balance cambiario, el rojo es asfixiante. Solo en julio, la formación de activos externos del sector privado no financiero marcó un negativo de USD 5.432 millones. En paralelo, 1,3 millones de personas corrieron a comprar dólares por un total de USD 3.408 millones, mientras apenas 576 mil se animaron a vender.

El déficit de turismo y consumos con tarjeta también marcó récord: USD 963 millones en julio, de los cuales 728 millones fueron por viajes, 146 millones por servicios digitales y 89 millones por compras vía courier.

La ironía en la City sintetiza el humor del mercado: “El FMI entra por Ezeiza, los dólares salen por Aeroparque”, graficó un banquero. El economista Jorge Neyro sumó: “Casi 90 millones de dólares al mes se van solo por Shein y Amazon”.

El ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, comparó el escenario con el macrismo: “La compra de dólares entre abril y julio supera lo girado por el FMI este año y está muy por encima del promedio mensual de la fuga en tiempos de Macri”.

Mientras tanto, en redes sociales, el analista Juancito Nieve lo resumió con sarcasmo: “Déficit de cuenta corriente por boom de inversiones. Confirmen después si importamos más bienes de capital que camperas de Zara”.

El contraste con el discurso oficial es brutal. El Gobierno habla de confianza y reformas, pero los datos muestran lo contrario: los dólares se escapan y la inversión se hunde. Un industrial lo dijo en voz baja, pero con contundencia: “Este modelo nos pide paciencia, pero los capitales ya votaron. Y votaron irse”.

Septiembre arrancó con una fuerte batería de aumentos en servicios esenciales, transporte, colegios y otros rubros que impactarán directamente en el bolsillo de todos los argentinos.

Con el gas y los alquileres a la cabeza de los incrementos, septiembre comenzó con una fuerte batería de aumentos que golpean de lleno el bolsillo de las familias argentinas. Los ajustes abarcan desde servicios esenciales como gas, agua y transporte, hasta cuotas escolares, prepagas y alquileres.

Gas y agua

El gas registra en septiembre un aumento del 6,8% sobre el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), medida que busca sostener el esquema de subsidios residenciales, y que anticipa nuevos cuadros tarifarios. El agua, bajo la órbita de AySA, también se encarece luego del ajuste del 1% aplicado en agosto con el coeficiente K, tendencia que continuará este mes.

Alquileres

Los contratos regidos por la Ley 2020 se actualizarán con un incremento del 50,3% según el Índice de Contrato de Locación (ICL), lo que representa una fuerte carga adicional para los inquilinos.

Salud

Las empresas de medicina prepaga aplicarán subas de entre 1,68% y 1,9%, parte de un esquema de ajustes mensuales que viene acumulándose desde principios de año.

Educación

En el ámbito escolar, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires se autorizaron aumentos en las cuotas de los colegios privados subsidiados: 2,8% en Provincia y 3,2% en Ciudad, vigentes desde este mes.

Transporte

El transporte público también se encarece. El subte aumenta 3,87%, llevando la tarifa base a $1.071, mientras que el boleto mínimo de colectivos sube alrededor de 3,9%, alcanzando $526,13 en la Ciudad y $529,25 en el Conurbano. Estos incrementos responden al mecanismo de actualización automática que combina la inflación mensual más un 2% adicional.

Combustibles

En cuanto a naftas y gasoil, septiembre será un mes clave: si el Gobierno nacional aplica los impuestos postergados, los precios podrían subir más del 15%, aunque no se descarta una prórroga para evitar un mayor impacto inflacionario.

La llegada de estos aumentos ocurre en medio de un escenario político marcado por las elecciones bonaerenses y las tensiones internas en el Gobierno nacional. Además, la inflación de julio cerró en 1,9%, acumulando en lo que va del año un 17,3% y un 36,6% en los últimos doce meses, con transporte, alimentos y recreación entre los rubros de mayor suba.

El presidente de la Fábrica Argentina de Aviones quedó en medio de una incómoda y confusa situación tras denuncias de un pago irregular reclamado a empresas privadas.

El gobierno de Javier Milei vuelve a quedar bajo la lupa. Esta vez, en Córdoba, donde la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se ve envuelta en un explosivo caso de presuntos pagos irregulares que podrían configurar un esquema de “retornos” en beneficio de la cúpula libertaria.

El presidente de FAdeA, Julio Manco, quedó en el centro de la polémica tras las denuncias que lo involucran a él y a su entorno en un acuerdo estratégico con las empresas Hangar Uno y Alta Aviación, destinado a desarrollar nuevos servicios de mantenimiento para aeronaves ejecutivas y helicópteros.

Según trascendió, una empleada vinculada al gerente comercial de FAdeA, Pablo Salort, habría retirado de manera insólita una suma en efectivo cercana a 10 mil dólares, tras solicitar originalmente 30 mil. El hecho fue filmado, denunciado internamente y quedó registrado ante escribano público. El episodio, con fuertes sospechas de “retorno” en contratos inflados, fue elevado al área de Asuntos Legales, Ética y Compliance de la propia fábrica.

La denuncia recuerda al caso Spagnuolo, donde también se investigan supuestos retornos a través de contratos con empresas privadas que involucran al Laboratorio Suizo-Argentino, a Lule y Martín Menem, e incluso a Karina Milei.

Una trama de poder y negocios

Manco, designado en febrero de 2025 tras la renuncia de Fernando Sibilla, intentó bajar el perfil del escándalo. Según versiones internas, incluso habría buscado desplazar a los empleados denunciantes, entre ellos Juan Ronco, analista de Desarrollo de Negocios.

Las sospechas también alcanzan al contrato firmado con Alta Aviación, que en la gestión anterior estaba tasado en 10 mil dólares mensuales por el arrendamiento de un hangar y horas técnicas a 45 dólares. Con Manco, el monto bajó a 2 mil dólares mensuales, con seis meses de gracia y 25 dólares la hora, lo que disparó las críticas internas y acrecentó las dudas sobre la transparencia de la operación.

Manco y Salort se conocen desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando el hoy presidente de FAdeA estuvo a cargo de la flota aérea presidencial y mantuvo vínculos con Airbus, donde Salort oficiaba de intermediario. Testigos de la época recuerdan incluso viajes juntos a la planta de Airbus Helicopters en Francia.

Escándalo en puerta y la justicia en la mira

El caso ya llegó al despacho de Diego Chaher, secretario de Empresas y Sociedades del Estado, quien tiene bajo supervisión a FAdeA en el marco del plan de privatizaciones. El affaire Manco-Salort amenaza con convertirse en otro escándalo nacional y agravar la crisis política de Milei, cuya gestión viene golpeada por denuncias de corrupción en distintos frentes.

Lejos de ser un hecho aislado, lo ocurrido en Córdoba parece confirmar que la ola de coimas y retornos empieza a salpicar también al sector científico-tecnológico, hasta ahora presentado como “intocable” por el oficialismo.

La camioneta Ford Ranger blanca matricula ABO35IH utilizada por el presidente Javier Milei durante su fallida caravana por Lomas de Zamora, tiene un extenso historial de infracciones impagas, acumulando un total de $41.095.095.

La fallida caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora no solo dejó imágenes de violencia y caos, sino también un nuevo escándalo alrededor del vehículo en el que se trasladó el Presidente. La camioneta Ford Ranger blanca en la que viajó acumula 213 multas de tránsito impagas en la Ciudad de Buenos Aires, que totalizan $41.095.095.

El historial de infracciones se remonta a 2019 y está encabezado por 138 excesos de velocidad, además de 66 sanciones por circular indebidamente en carriles rápidos, diferenciados o del Metrobus. El listado incluye también multas por manejar con el celular, usar auriculares, pasar semáforos en rojo, estacionar en zonas prohibidas, evadir peajes, no identificar al conductor y hasta transitar en áreas restringidas por peso o tamaño.

El miércoles, Milei encabezó una recorrida por el sur del conurbano junto a su hermana Karina, José Luis Espert y Sebastián Pareja. La actividad, pensada para mostrar candidatos de La Libertad Avanza, terminó abruptamente cuando la caravana fue atacada a pedradas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. La comitiva apenas pudo avanzar unas veinte cuadras antes de detenerse en medio de los incidentes, que forzaron a Milei a continuar en un vehículo alternativo fuertemente blindado y la bochornosa huida del candidato José Luis Espert en una motocicleta.

Lejos de condenar lo ocurrido, el Presidente relativizó la violencia al día siguiente en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP): “Era muy emocionante enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe Espert y mi hermana. Era un espectáculo increíble, se veía la desesperación. La verdad que eso a mí no me va a asustar”.

Ahora, a la polémica por la fallida gira se suma el fuerte cuestionamiento por el uso de una camioneta con una deuda millonaria en infracciones de tránsito, que pone bajo la lupa los cuidados y responsabilidades del entorno presidencial.

El conductor oficialista Alejandro Fantino no dejó pasar la bochornosa escena y, en su programa, liquidó al legislador libertario.

La fallida caravana presidencial en Lomas de Zamora, que terminó con incidentes y la evacuación de urgencia del presidente Javier Milei y su comitiva, sigue dando que hablar. Una de las postales más comentadas fue la del diputado José Luis Espert escapando aterrado del lugar en moto y sin casco.

El conductor oficialista Alejandro Fantino no dejó pasar la escena y, en su programa, liquidó al legislador libertario con una catarata de frases irónicas:

—“Pelado, nunca vi correr a alguien así. No podés correr así”, lanzó indignado el periodista y amigo del presidente.

Fantino fue más allá y ridiculizó al economista por su huida en dos ruedas:
—“Espert, corriste al pedo. Yéndote en la moto como Poncharelo, el de CHiPs. Nunca vi correr a alguien así”.

En tono de advertencia, el conductor incluso le envió un mensaje al propio Gobierno:
—“Le voy a dar un consejo al Gobierno: no podés correr así. Esto no es para tibios. A Espert no hay que ponerle ni una moto cerca. No podés correr como Espert, tenés que pararte, boludo. Parate, papá”.

Para cerrar, insistió con su crítica a la actitud del diputado:
—“José, corriste al pedo. A mí me pasa eso y me plantó”.

Finalmente, Fantino advirtió sobre el clima político que atraviesa el país:
—“Lo que se acaba de desbloquear en Argentina es algo nunca visto. Yo no sé cómo termina esto. Por ahí se calma después de las elecciones en Buenos Aires”.

¿QUÉ ES ESTO?
Fantino le dijo a Espert que es un CAGÓN y que CORRIÓ EN CULO.

Todas las ratas saltando del barco.
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— M (@MConurbasic) August 30, 2025