Para mantener el equilibrio fiscal y como condición para futuros desembolsos, le exigió al gobierno un súper ajuste extra sobre las jubilaciones, los subsidios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el rumbo del programa económico del Gobierno argentino y, a cambio de flexibilizar la exigencia de acumulación de reservas para todo 2025, reclamó un ajuste aún más severo en áreas sensibles del gasto público. En el reciente Staff Level Agreement (SLA) que acompañó el desembolso de USD 2.000 millones, el organismo endureció sus condiciones y pidió un recorte adicional en jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y subsidios energéticos, lo que implicará una poda aún más profunda en sectores vulnerables de la sociedad.

Sostenibilidad de la deuda

Para el año próximo, el FMI elevó la meta de superávit primario al 1,6 % del PBI (frente al 1,3 % previsto en abril), y planteó que, a partir de 2027, Argentina deberá alcanzar un superávit del 2,5 % del PBI para absorber el creciente pago de intereses y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Aunque el organismo reconoce avances en materia fiscal, advirtió que el riesgo soberano sigue siendo “alto” debido a la frágil posición de reservas, la elevada necesidad de financiamiento bruto y el acceso limitado a los mercados internacionales.

Ajuste previsional

En el terreno previsional, el FMI apuntó que, tras una caída del 28 % en 2024, el gasto en jubilaciones volvería a crecer alrededor del 6 % interanual bajo la fórmula actual. Por eso, reclamó una reforma estructural antes de diciembre de 2026 que simplifique el sistema previsional y alinee mejor los aportes con los beneficios. En el corto plazo, exigió que el Ejecutivo evite cualquier aumento no financiado y mencionó explícitamente el proyecto del Congreso para aumentar un 7 % los haberes y elevar el bono mínimo de $70.000 a $110.000, que el presidente ya anunció que vetará.

Motosierra a la AUH

Respecto a la AUH y las pensiones por discapacidad, el Fondo acordó con el Gobierno la implementación de controles más estrictos de elegibilidad. Para ello, se desarrollará un Registro Social Único que integrará distintas bases de datos sociales antes de diciembre de 2025. Esta medida apunta a reducir el universo de beneficiarios mediante la “mejora en la eficiencia” del gasto social, es decir, una depuración del padrón.

Tarifas y subsidios energéticos

En cuanto a los subsidios energéticos, el FMI exigió un ajuste adicional. A partir de junio de 2025, las tarifas de electricidad deberán aumentar mensualmente durante los siguientes 30 meses, con el objetivo de que se acerquen al “costo real“. Si bien el organismo reconoce que esta medida generará presión inflacionaria, la considera esencial para reducir los subsidios y aliviar la cadena de pagos del sector energético. Además, se impulsarán reformas para aumentar la competencia en el mercado mayorista y evitar atrasos entre las distribuidoras y CAMMESA, la empresa estatal encargada de la administración del sistema eléctrico.

En el plano financiero, el FMI indicó que el Tesoro deberá seguir convalidando tasas de interés “lo suficientemente altas” como para asegurar el rollover de la deuda en pesos. Aunque el Gobierno mantiene un buen nivel de depósitos en efectivo y ha logrado cierto orden en la curva de pesos, el Fondo advierte que la situación sigue siendo frágil. La deuda pública, según sus proyecciones, bajaría del 85 % del PBI en 2024 al 55 % en 2030, pero solo si se cumple estrictamente la consolidación fiscal requerida. Por eso, el informe concluye que la deuda argentina es “sostenible, pero no con alta probabilidad”.

Con estas nuevas exigencias, el FMI redobla la presión sobre el Gobierno en un contexto políticamente sensible. El alivio en materia de reservas viene acompañado de un pedido explícito de profundizar el ajuste sobre jubilaciones, AUH y subsidios, lo que tensiona aún más el delicado equilibrio entre la disciplina fiscal y la tolerancia social en un año electoral.

El dato más llamativo es que casi dos tercios de esa suma están radicados fuera del país, principalmente en depósitos bancarios y acciones en sociedades extranjeras.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y reveló un patrimonio de $11.851 millones al cierre de 2024. El dato más llamativo es que casi dos tercios de esa suma están radicados fuera del país, principalmente en depósitos bancarios y acciones en sociedades extranjeras.

Según la información oficial, Caputo duplicó su patrimonio en tan solo un año: a fines de 2023 había declarado $4.996 millones. Así, durante 2024 su riqueza creció un 137% en pesos y entre un 88% y 102% en dólares, dependiendo del tipo de cambio utilizado para el cálculo.

El ministro se posiciona entre los tres funcionarios más ricos del gabinete, solo por detrás del canciller Gerardo Werthein y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Bienes en el exterior

La mayor parte de la fortuna de Caputo se encuentra fuera de Argentina:

• $5.937 millones están depositados en cuentas bancarias en el exterior.
• $1.870 millones corresponden a su participación en la compañía Ancora Investments, también radicada fuera del país.

En total, $7.807 millones —más del 65% de su patrimonio— están fuera de la Argentina. En contraste, sus cuentas bancarias en el país suman solo $2,1 millones y poco menos de un millón de pesos en dólares.

Propiedades, vehículos y sociedades locales

Caputo también declaró múltiples propiedades:

• Dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires.
• Un extenso campo en Santiago del Estero.
• Lotes en Benavídez y Pilar (provincia de Buenos Aires).
• Una casa en Villa La Angostura (Neuquén) y tres cocheras.

En cuanto a vehículos, informó la posesión de tres camionetas, un yate, un gomón y un cuatriciclo Yamaha.

En el plano societario local, declaró participaciones en las firmas Sacha Rupaska SA, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico SA, así como inversiones en fondos comunes.

Declaración fiscal vs. valor real

Es importante aclarar que estos montos no reflejan necesariamente el valor de mercado de los bienes, ya que por ley deben declararse a su valor fiscal, lo que muchas veces representa cifras considerablemente menores. Por ejemplo, el cuatriciclo Yamaha está valuado oficialmente en apenas $24.600.

El presidente de la entidad, Martín Rappallini, alertó que la industria está perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes desde marzo, producto de la contracción sostenida, el desplome del consumo interno y el avance de las importaciones.

La Unión Industrial Argentina (UIA) lanzó una grave advertencia sobre el deterioro acelerado del aparato productivo nacional. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, alertó que la industria está perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes desde marzo, en un contexto de contracción sostenida, marcado por el desplome del consumo interno y el avance de las importaciones.

“La importación impacta, pero lo que más nos preocupa es la baja de la actividad”, subrayó Rappallini, al señalar que el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, está generando un deterioro estructural del sector manufacturero. Según la UIA, la combinación de ajuste fiscal, apertura comercial y caída del mercado interno está empujando a cientos de empresas a una situación límite.

Las cifras son elocuentes: las ventas en sectores como la construcción, el textil, el calzado y los cueros han caído entre un 15% y un 30%, mientras que algunos rubros como alimentos y farmacéutica apenas muestran repuntes marginales, insuficientes para revertir la tendencia general.

Ante este panorama, las empresas apelan a medidas de emergencia: reducción de jornadas laborales, suspensiones, pagos parciales de salarios y postergación de aportes patronales se vuelven prácticas extendidas para evitar cierres definitivos.

Rappallini también reclamó reformas laborales e impositivas urgentes para corregir distorsiones acumuladas durante décadas y permitir que las empresas puedan sostenerse en un entorno competitivo. “Desde abril los números están amesetados, pero eso no significa que estemos mejor”, remarcó.

Con una industria paralizada, pérdida de empleos y sin señales claras de reactivación, la UIA endurece su postura frente a un modelo económico que, advierte, pone en riesgo el futuro del trabajo y la producción nacional.

El sector gastronómico argentino atraviesa una fuerte crisis equivalentes a las del 2001 y la pandemia en plena cuarentena. Crecen los cierres de restaurantes en todo el país y la caída del consumo y la falta de turismo golpea fuerte a zonas.

El sector gastronómico argentino atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La recesión económica, la abrupta caída del consumo y la ausencia de turismo —tanto nacional como extranjero— han provocado el cierre de al menos 100 restaurantes en los últimos meses en todo el país, una cifra que ya supera el peor momento de la pandemia y deja atrás incluso la crisis del 2001.

Los barrios más afectados son aquellos históricamente asociados al turismo y la gastronomía de alto nivel: Palermo, San Telmo, Puerto Madero y Recoleta. Allí, las ventas se desplomaron hasta un 30%, según datos de la Cámara de Restaurantes. El golpe es tal que incluso locales con estrellas Michelin han tenido que bajar la persiana.

“El sector acumula una baja del 55% en su facturación en el último año y medio. Esta crisis es más profunda y más prolongada que la del 2001. En aquel momento, la reactivación llegó rápidamente con el turismo. Hoy no tenemos turistas ni nacionales ni internacionales. Desde marzo, la caída se acentuó drásticamente”, explicó Carlos Yanelli, presidente de la Cámara de Restaurantes, en diálogo con el portal BAE Negocios.

Entre los establecimientos cerrados se cuentan lugares emblemáticos como The Coffee Town del Mercado de San Telmo, Franca y Sal (ambos con estrella Michelin), La Locanda de Recoleta, Ya Cabrón de Palermo, Citadino de Parque Patricios, Amador, Green Bamboo, Sede, Manhattan Club Grand Café y el tenedor libre Gourmet Porteño, entre muchos otros.

Costos desbordados y consumo en caída libre

A los alquileres impagables y el derrumbe de la demanda, se suman los aumentos exponenciales en servicios: “Pasamos de pagar $600.000 a más de $5 millones en luz. La actividad ya no da para sostener esos costos”, afirmó Yanelli.

Según un estudio de la consultora Kantar, el 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer afuera, y en los sectores socioeconómicos más bajos (D1-D2) la caída llega al 85%.

La recesión no solo golpea a los empresarios: los mozos ven desplomarse sus ingresos por propinas, que en muchos casos pasaron del tradicional 10% a apenas un 3% o 5% del valor del ticket. “Cuando cae la facturación, las propinas caen en la misma proporción”, señaló el gerente de un restaurante tradicional.

Estrategias de supervivencia

En este contexto crítico, algunos locales intentan resistir con promociones agresivas y estrategias de ajuste. Desde menús ejecutivos tanto al mediodía como por la noche, hasta platos grandes para compartir o combos semanales con precios populares, la prioridad es mantener el flujo mínimo de comensales. Los bodegones y pizzerías de precios accesibles, por ahora, son los únicos con algo de oxígeno gracias a su propuesta más económica y popular.

Aún así, la incertidumbre domina el panorama. “No vemos señales de mejora a corto plazo. Hay mucha expectativa puesta en las elecciones, pero necesitamos un cambio estructural urgente. Esta situación es insostenible”, concluyó Yanelli.

La transmisión en vivo de la expedición científica del CONICET superó los 52 mil espectadores en simultáneo, mientras que la charla del Presidente con Fantino en Neura apenas llegó a 20 mil.

Mientras el gobierno nacional impulsa el desmantelamiento del CONICET, el organismo científico público logró un hecho contundente: su transmisión en vivo desde el fondo del mar fue lo más visto del país en plataformas digitales, superando no solo a todos los canales de noticias tradicionales —TN, C5N, A24 y La Nación+— sino también a la entrevista del presidente Javier Milei en Neura Media.

Según datos del ranking de audiencias de YouTube obtenidos por Noticias Argentinas, el streaming de la expedición “Talud Continental IV”, organizada por el Schmidt Ocean Institute con participación del CONICET, alcanzó un pico de 51.821 espectadores en vivo, ubicándose en el primer lugar de visualizaciones simultáneas en el país.

Muy por detrás, TN quedó segundo con 51.251 espectadores, seguido por C5N con 36.157. Más abajo, la entrevista de Milei con Alejandro Fantino en Neura Media apenas alcanzó los 25.391, mientras que La Nación+ sumaba 20.211.

La expedición, que explora la biodiversidad del cañón submarino frente a Mar del Plata, no solo generó un interés masivo por su contenido científico, sino que provocó un debate en redes sobre las prioridades del público frente a la constante cobertura política de los grandes medios y la narrativa oficialista.

En plena ofensiva contra la ciencia y los organismos públicos de investigación, la sociedad eligió mirar hacia otro lado: hacia las profundidades del océano, donde un grupo de científicos argentinos investiga y divulga conocimiento desde lo público. Una clara señal de que la ciencia, lejos de estar en retirada, sigue despertando vocaciones, admiración y, ahora también, récords de audiencia.

El Presidente aseguró que detrás de la suba del dólar hay una confabulación liderada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y secundada por el kirchnerismo y el sistema bancario.

La disparada del dólar de las ultimas jornadas volvió a poner en evidencia la inestabilidad económica que atraviesa el país, pero también provocó un estallido de furia por parte del presidente Javier Milei, quien responsabilizó a aliados, opositores y referentes internacionales en un discurso cargado de acusaciones, desconfianza y enojo.

Durante una entrevista radial y en una exposición en el canal Neura, el mandatario buscó minimizar la corrida cambiaria con gráficos y explicaciones técnicas en un estado de notable nerviosismo, pero terminó perdiendo los estribos. Su blanco principal fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de ser la responsable directa de la escalada del dólar por haber habilitado la sesión del Senado en la que la oposición logró revertir vetos clave y avanzar en iniciativas contra el ajuste oficial.

Además de culpar a Victoria Villarruel por la suba del dólar, Milei también responsabilizó al premio nobel de economía, Joseph Stiglitz pic.twitter.com/GmPKlin0dn

— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) August 1, 2025

“La traidora generó ruido y habilitó una corrida”, lanzó Milei, visiblemente alterado, al referirse a Villarruel. Consideró que su accionar fue “un ataque” al Gobierno y lo vinculó directamente con la caída en la demanda de dinero: “Lo hace justo cuando estamos mudando el balance del Banco Central”.

Milei fue más allá: calificó la sesión legislativa como “una estafa” y acusó a Villarruel de haber sido “cómplice” de una maniobra que puso en riesgo el equilibrio fiscal. “En ese mes se armó un bolsón de liquidez. Y en ese mes, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso habilitó una corrida. Un ataque especulativo”, insistió.

Javier Milei ahora culpó a "la traidora" Victoria Villarruel por el aumento del dólar: "Habilitó una corrida" pic.twitter.com/gRlgjakSUn

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Continuando con la búsqueda de chivos expiatorios, el Presidente también dirigió sus ataques al kirchnerismo, al que acusó —sin ofrecer pruebas— de “jugar sucio” y promover un colapso económico. Y sumó a la lista de enemigos al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, luego de que este advirtiera que el acuerdo con el FMI dejaría a la Argentina “a las puertas de otra crisis”.

“Mandaron a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis”, dijo Milei, en una declaración que expone el tono virulento con el que enfrentó las críticas y el contexto adverso.

Pero la catarata de acusaciones no terminó allí. También apuntó contra el sistema financiero, y en particular, contra “dos bancos” que —según él— están involucrados en una operación para desestabilizar su plan económico. Afirmó que tras la eliminación de las LEFI, algunos sectores “dinamizaron una corrida” y denunció una presunta alianza entre entidades bancarias y dirigentes opositores.

“Están armando una operación para hacernos fracasar”, aseguró en diálogo con Radio Mitre, y calificó la nueva ley de movilidad jubilatoria aprobada en el Congreso como “golpista” y “desestabilizadora”.

El estallido emocional de Milei refleja la tensión extrema dentro del propio oficialismo y pone en evidencia la creciente fragilidad política de su gestión, justo cuando la economía muestra signos crecientes de desconfianza.

En medio de una nueva disparada del dólar que puso al Gobierno contra las cuerdas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a intervenir: aprobó la primera revisión del acuerdo por USD 20.000 millones con la Argentina y autorizó el giro inmediato de USD 2.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central.

El Directorio del organismo se reunió este jueves para debatir el desempeño del programa, y aunque marcó el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales netas (RIN), consideró que la implementación del plan económico fue “sólida”. Según el comunicado oficial, se valoraron las políticas “adecuadamente restrictivas” aplicadas por el Gobierno de Javier Milei, que facilitaron —según el Fondo— una transición hacia un régimen cambiario más flexible.

El desembolso aprobado equivale a 1.529 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), elevando el total transferido bajo el acuerdo a unos USD 14.000 millones. El programa, de 48 meses de duración, contempla un acceso total de USD 20.000 millones.

Incumplimientos y advertencias

Si bien se incumplió la meta de acumulación de divisas a mediados de junio, el FMI destacó que se cumplieron otros criterios clave y que se adoptaron medidas correctivas. Aún resta confirmar si el organismo otorgó un “waiver” (exención) por esa falta, algo que se sabrá una vez se publique el informe técnico (“staff report”), previsto para este viernes, también alertó por la persistencia de tasas de interés elevadas.

Dólar, reservas y reformas

Georgieva también advirtió sobre la necesidad de preservar la flexibilidad cambiaria y continuar reconstruyendo reservas internacionales. En un llamado a la prudencia, señaló que se requiere una mayor claridad sobre el régimen monetario a mediano plazo y pidió continuar optimizando la gestión de liquidez para mitigar la volatilidad financiera.

Finalmente, la titular del FMI instó a avanzar en una reforma laboral, atraer inversiones extranjeras y profundizar la desregulación económica. En un contexto de alta fragilidad, destacó que será clave sostener el consenso político y social alrededor del programa económico con medidas focalizadas de contención social

María Eugenia Vidal, cruzó con todo a Javier Milei: “El ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente” pero reconoció que el PRO le votó todas las leyes y volvería a hacerlo.

En plena puja por el armado de listas y con el tablero político en plena ebullición, la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal reapareció en la escena con fuertes críticas al presidente Javier Milei. En una entrevista con La Voz del Interior, lanzó una de las frases más duras contra el discurso libertario: “El ajuste no lo pagó la casta, lo pagó la gente”.

Vidal advirtió sobre la política fiscal “eso no alcanza” y apuntó directamente al costo social del programa económico de Milei: “El ajuste no lo pagó la casta, lo cargó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario”, disparó.

Vidal bancó el ajuste del gobierno: “lo volvería a hacer”

Su intervención no pasó desapercibida no sólo por el contenido, sino por el contexto: se produce mientras su partido, el PRO se debate por su existencia política y su relación con el oficialismo. Pese a sus críticas, Vidal ratificó el respaldo que su espacio le dio a La Libertad Avanza en 2023: “Acompañamos a LLA porque la Argentina estaba en una situación crítica. Lo volvería a hacer”.

Dice María Eugenia Vidal que la gente se está cagando de hambre gracias a que ella y sus compañeros del PRO le votaron todas las leyes a Milei. En serio lo dice, escuchen hasta el final porque no se puede creer.pic.twitter.com/tplZqch5bp

— PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) July 30, 2025

También dejó una frase que apunta al descrédito institucional: “Me da vergüenza el Congreso”, dijo, al tiempo que remarcó que en las elecciones de octubre “no sólo elegimos partidos, sino personas”.

La reaparición de Vidal, con un tono más confrontativo pero contradictorio y sin romper con el oficialismo, deja en evidencia las tensiones internas dentro del PRO y la compleja relación que muchos de sus dirigentes mantienen con el Gobierno libertario: cuestionan el rumbo, pero siguen acompañando las leyes clave.

El acuerdo de Milei con el gobierno de Donald Trump implicaría que agentes estadounidenses realicen los controles en Argentina.

Bajo el pretexto de facilitar los viajes de argentinos a Estados Unidos sin necesidad de visa, el gobierno de Javier Milei impulsa un acuerdo con la administración de Donald Trump que podría implicar una cesión sin precedentes de soberanía nacional: permitir que agentes migratorios y aduaneros estadounidenses operen directamente en territorio argentino.

El gobierno libertario anunció con entusiasmo el inicio del proceso para reingresar al Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés), del cual Argentina formó parte brevemente en los años 90 en el marco de las relaciones carnales del menemismo. Sin embargo, lo que no se transparenta es que uno de los requisitos centrales para volver a integrar este programa es aceptar que personal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se instale en el país para realizar controles migratorios previos a la salida de viajeros.

Esta medida ya ha sido rechazada por otros países de la región, como México, por considerarla una violación directa a su soberanía. En ese caso, el gobierno mexicano se negó a permitir la instalación de puestos del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.), justamente porque implicaba que funcionarios extranjeros actuaran con autoridad dentro de sus fronteras.

En cambio, la administración Milei parece dispuesta a ceder ante estas presiones, incluso cuando las implicancias de seguridad y autonomía son gravísimas. De concretarse, sería la primera vez que agentes migratorios de una potencia extranjera operen en suelo argentino con capacidad de control y decisión sobre ciudadanos locales y extranjeros.

Además de los aspectos simbólicos y políticos, existen también cuestionamientos técnicos y legales. El sistema argentino de documentación para inmigrantes ha sido señalado como “laxo” por funcionarios estadounidenses, lo que supone una presión adicional para endurecer normativas internas según estándares ajenos.

La foto de Milei montando a caballo junto a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., puede parecer pintoresca, pero detrás de esa imagen se esconde una negociación que podría colocar al país en una posición de subordinación inédita. Lo que se presenta como una “facilidad” migratoria, en realidad podría ser la puerta de entrada para la intervención directa de agencias estadounidenses en funciones que competen exclusivamente al Estado argentino.

El acuerdo, aún en etapa de evaluación, será revisado por Stephen Miller, figura clave en la política antiinmigratoria de Trump, y quien no ha ocultado su intención de endurecer al máximo las condiciones para países que busquen ingresar al VWP.

Aceptar este tipo de condiciones no sólo compromete la autonomía nacional, sino que sienta un precedente alarmante sobre el alcance que podrían tener agentes extranjeros en asuntos internos. Lo que está en juego va mucho más allá de la eliminación de una visa: es la capacidad de un país de decidir soberanamente sobre quién actúa dentro de sus fronteras.

La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

Una profunda crisis se desató en el Hospital Naval Buenos Aires tras el anuncio de la disolución del convenio que lo sostiene desde hace más de tres décadas. La decisión de la Armada Argentina pone en jaque no solo la continuidad laboral de 560 trabajadores y trabajadoras del centro médico, sino también el futuro mismo del hospital, que podría quedar al borde del cierre o ser entregado a manos privadas.

El conflicto estalló luego de que se confirmara que el convenio entre la Armada y la Fundación de Sanidad de la Armada (FUSANA), vigente desde 1991, se dará por terminado el próximo 31 de diciembre. Esta medida, que afecta a médicos, enfermeros y personal administrativo, generó una inmediata respuesta sindical: la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) convocó a un paro general en defensa del hospital y los puestos de trabajo.

Desde la conducción gremial advierten que la intención detrás del vaciamiento es clara: “Sin trabajadores no hay Hospital Naval. No hay reestructuración legítima con los trabajadores afuera”, sostuvo Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad y miembro del triunvirato de la CGT. La preocupación crece ante la posibilidad de que el Estado no garantice la continuidad laboral, ni respete la antigüedad ni el convenio colectivo vigente.

Aunque voceros de la Armada niegan que se trate de un cierre o una privatización, diversas fuentes internas señalan que ya se baraja la posibilidad de ceder la gestión del hospital a una empresa privada, y que si no se consigue ese gerenciamiento, el hospital directamente cerraría sus puertas a fin de año. “Si no lo gerencian, se cierra”, fue la frase tajante de un funcionario naval.

El Hospital Naval alberga una infraestructura crítica: 350 camas de internación, 10 quirófanos, laboratorios y consultorios de 39 especialidades. Su cierre implicaría una grave pérdida para el sistema de salud no solo militar, sino también civil, ya que brinda servicios a otras obras sociales además de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, Prefectura y Gendarmería.

Este nuevo conflicto se suma al complejo escenario que atraviesa IOSFA, que acumula una deuda superior a los $160.000 millones y una sucesión de renuncias en su dirección. La obra social, tercera más grande del país, se encuentra envuelta en una crisis de cobertura que ya afecta a cientos de miles de afiliados con recortes en medicamentos, tratamientos y estudios.

Referentes gremiales y del sector salud denuncian que se está llevando adelante un proceso de vaciamiento deliberado, con fines privatizadores. De concretarse, se perdería una institución histórica fundada en 1946, dejando a miles de pacientes sin atención y a cientos de familias sin sustento.