“Creo que AmCham pidió directamente la condena”, denunció el gobernador, que lo vinculó con la decisión de Estados Unidos de prohibirle el ingreso.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una grave acusación contra la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), al señalar que la entidad empresarial norteamericana presionó para que la Justicia dictara la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

“Creo que AmCham pidió directamente la condena”, afirmó Kicillof en declaraciones a Radio El Destape, vinculando esta supuesta presión con la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de revocarle la visa a la ex mandataria. “Parecía que era algo sin conexión directa, pero esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión. Obviamente tiene una magnitud internacional”, advirtió.

Kicillof no dudó en calificar el fallo de la Corte como un “desastre”, y subrayó que la causa judicial estuvo “absolutamente toqueteada y preparada para condenarla sin pruebas y por fuera del derecho”. Para el mandatario provincial, la sentencia no sólo carece de sustento jurídico, sino que tiene un claro carácter político y geopolítico: “El fallo tiene vínculos tremendamente significativos en el terreno de la política y la geopolítica”.

En ese sentido, denunció que la condena busca disciplinar a la dirigencia política y silenciar voces opositoras. “La condenan a Cristina por algo absolutamente inexplicable. No se encontraron subejecuciones ni desvíos de fondos. Ni siquiera hay un hecho comprobable, una afirmación concreta”, aseguró.

“Desde el punto de vista de la democracia, esto es gravísimo. Si no les gusta lo que hace determinado funcionario, aunque haya sido dos veces presidenta, te cae una condena sin pruebas”, cuestionó el gobernador, y señaló que la ofensiva judicial y política se inscribe en un contexto más amplio: “Hoy la derecha, la ultraderecha, se ha convertido en una especie de club trasnacional del que Milei forma parte”.

Kicillof concluyó con un mensaje desafiante: “El mensaje es que no les tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando. Buscaremos la forma, los caminos. Y desde la dirigencia ahora se redoblan los esfuerzos. Nadie va a aflojar ni va a tomar amenazas, por más tremendas que sean”.

El destacado jurista no dudó en calificar la resolución como “una detestable farsa jurídica” y aseguró que se trata de un caso claro de lawfare, con graves consecuencias institucionales.

El reconocido constitucionalista Eduardo Barcesat lanzó duras críticas contra la Corte Suprema tras el fallo que dejó firme la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En declaraciones a Canal E, Barcesat calificó la resolución como “una detestable farsa jurídica” y advirtió que se trata de un claro ejemplo de lawfare con profundas implicancias para la institucionalidad democrática del país.

“Estoy enfadado, indignado, asqueado”, comenzó diciendo Barcesat, y sostuvo que el máximo tribunal no abordó el fondo del caso, sino que se limitó a rechazar el recurso presentado utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Según el jurista, esta maniobra constituye “una arbitrariedad absoluta”, ya que no contiene el análisis constitucional mínimo que se exige para ejercer jurisdicción.

“El fallo fue emitido sin conocimiento real de la causa. Decidieron a ciegas y malversaron su competencia”, sentenció Barcesat, cuestionando además la imparcialidad de los jueces supremos. Afirmó que los magistrados actuaron en violación de los tratados internacionales ratificados por Argentina, lo que agrava aún más la irregularidad del procedimiento.

El abogado también alertó sobre el daño institucional que provoca esta decisión judicial. “Tenemos una justicia que proscribe por razones políticas y no jurídicas, lo que hiere gravemente el principio de soberanía popular”, advirtió. Según Barcesat, el fallo representa una amenaza directa al derecho del pueblo de elegir libremente a sus representantes.

Consultado sobre el contenido técnico del documento, no ahorró críticas: “Es una paginita de mierda que no lleva más de 15 minutos de tipeo. Carece de toda racionalidad jurídica”. Consideró que si esa resolución hubiera sido firmada por un juez de primera instancia, habría sido anulada por cualquier tribunal superior. Y fue categórico al señalar que el momento en que se emitió el fallo —pocos días después del anuncio de Cristina Kirchner sobre su posible candidatura— no fue producto de eficiencia, sino de “cretinismo”.

Acciones internacionales y advertencia constitucional

Barcesat anunció que este caso será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión de la ONU, mientras que el abogado Gregorio Dalbón ya inició una presentación ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Él mismo aseguró que acompañará todas las acciones judiciales disponibles para revertir lo que considera una gravísima violación institucional.

Incluso, expresó su disposición a asistir legalmente a los ciudadanos del partido de La Matanza si deciden presentar un amparo por la afectación de sus derechos políticos.

Finalmente, Barcesat fue contundente: “Estamos atravesando una situación de excepcionalidad institucional”, afirmó, y recordó que el artículo 36 de la Constitución Nacional reconoce el derecho del pueblo argentino a resistir los actos de violencia institucional.

Mientras el “Plan Bandera” de Patricia Bullrich mantiene su estética cinematográfica y despliegue propagandístico, las calles de Rosario mantienen un clima el terror.

El arranque de la semana fue una prueba irrefutable de que la violencia jamás se fue: dos homicidios en menos de diez horas y una nueva balacera con sello mafioso reactivaron el clima de terror en la ciudad.

Doble crimen en menos de un día

El lunes fue brutal. A las 13:30, Samuel Maldonado, un joven de 23 años, fue asesinado a balazos en la zona noroeste de la ciudad, en inmediaciones de Sorrento y Camino a Puente Negro. El 911 recibió el alerta y personal policial encontró a la víctima aún con vida, pero en estado crítico. Murió horas después en el hospital de Granadero Baigorria. Hasta ahora, no hay detenidos ni precisiones oficiales sobre la mecánica del crimen.

Horas más tarde, alrededor de las 21, un segundo homicidio sacudió la zona oeste. Frente a un club con decenas de personas participando en actividades deportivas, un joven fue ejecutado a tiros. Testigos afirman haber escuchado al menos diez detonaciones. La víctima sería hijo de una vecina del barrio que atiende un kiosco. La escena fue asegurada por un fuerte operativo policial conjunto, pero, nuevamente, sin resultados ni respuestas.

Con estas dos muertes, el Departamento Rosario acumula ya 66 homicidios en lo que va del año. Un número que desmiente cualquier intento oficial por instalar una narrativa de control.

Como si fuera poco, en la madrugada del martes (10/06), una mujer de 35 años fue baleada dentro de su vivienda en la zona oeste. Recibió impactos en el tórax y permanece internada con pronóstico reservado. El ataque fue perpetrado por dos hombres en moto que, además de disparar contra la casa, dejaron una nota mafiosa. La policía secuestró seis vainas servidas calibre 9mm y constató daños en un portón, una ventana y una pared.

El Plan Bandera, entre el discurso y la realidad

Desde su lanzamiento en diciembre de 2023 por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Bullrich, el “Plan Bandera” se presentó como la respuesta integral al crimen organizado. Lo que vino después fue una seguidilla de amenazas contra funcionarios, una escalada de violencia sin freno, y un pico de terror en marzo de 2024 con asesinatos de varias personas inocentes.

Si bien en los meses siguientes hubo una relativa “calma”, el descenso parcial de homicidios fue rápidamente capitalizado por las autoridades para sostener el relato de éxito. Pero la calle sigue contando otra historia: puestos de venta de droga, ajustes de cuentas y barrios sitiados por el miedo.

Ya en 2025, a más de un año de su implementación, el Plan Bandera muestra sus límites. Rosario vuelve a estar sitiada por el crimen, mientras el operativo —más cerca del espectáculo que de una política efectiva— sigue en pie. El marketing puede maquillar discursos, pero no tapa la sangre que sigue corriendo en las calles.

Mas del 80% de los empresarios de la construcción creen que el sector no mejorará en los próximos meses.

La industria de la construcción atraviesa una crisis de magnitudes históricas, sin señales de recuperación en el corto plazo. La paralización casi total de la obra pública por parte del Gobierno Nacional ha dejado un saldo devastador: más de 120 mil puestos de trabajo perdidos y 7.000 empresas cerradas entre agosto de 2023 y 2024.

Durante la reciente 70ª convención de la Cámara Argentina de la Construcción, empresarios y analistas coincidieron en señalar un panorama alarmante, producto del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno y de la transferencia de responsabilidades a las provincias. “Desde agosto del año pasado todo sigue igual: no hubo más pérdidas, pero tampoco hubo recuperación”, advirtió el periodista Ariel Maciel, al detallar la magnitud del derrumbe.

Obra pública paralizada, economía regional afectada

La obra pública nacional, tradicional motor de desarrollo y empleo, quedó prácticamente desactivada. Salvo algunas iniciativas aisladas en provincias como Tucumán, Chaco, Catamarca y Pinamar —de escasa escala—, el Estado Nacional se retiró como actor clave del sector. Las pocas obras en pie se sostienen con esfuerzo provincial o municipal.

Este parate arrastra efectos en cadena: sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería y el agro —que dependen de infraestructura básica— se ven limitados por la falta de inversión estatal. “El Gobierno nacional está celebrando su retiro, pero miles de empresas quedaron a la deriva”, señaló Maciel.

Los datos económicos confirman la gravedad del escenario. El Índice Construya, que mide la demanda de materiales básicos, se desplomó un 32,8% interanual, señalando que el freno afecta incluso a la autoconstrucción. Marzo marcó un punto de inflexión: lo que se percibía como una desaceleración momentánea se consolidó como una recesión profunda.

Empresarios del rubro coinciden en que el poder adquisitivo desplomado y la incertidumbre macroeconómica congelaron cualquier expectativa de inversión. “La gente no puede gastar ni para arreglar su casa”, resumió el dueño de una pyme del conurbano bonaerense.

Sin expectativas: el 80% de las constructoras no ve mejoras

Según un informe del INDEC, el 85,2% de las empresas de obra privada y el 80,4% de las dedicadas a obra pública no espera mejoras en los próximos meses. Solo una minoría (menos del 20%) es levemente optimista.

Las causas de esta percepción negativa son claras: altos costos, atraso en pagos, caída de la actividad económica y ausencia de crédito. La esperanza de una reactivación se asocia únicamente al hipotético reinicio de la obra pública y a cierta estabilidad de precios, aunque esas condiciones hoy parecen lejanas.

Aunque el INDEC informó un crecimiento del 25,9% interanual de la actividad en abril y un repunte del 5,1% mensual, desde el sector advierten que estos datos parten de una base extremadamente baja. “Estamos tan hundidos que cualquier movimiento se ve como recuperación, pero las empresas siguen quebrando”, explicó José Pizone, de la Federación Argentina de la Piedra.

Una crisis sin final a la vista

La construcción, históricamente generadora de empleo y dinamizadora de la economía, enfrenta una crisis estructural agravada por la política de ajuste. Con miles de empleos perdidos, empresas cerradas y sin señales de reactivación estatal, el sector se encamina hacia una parálisis prolongada. El efecto dominó impacta también en otras ramas productivas que dependen de infraestructura básica, consolidando un escenario donde la crisis no solo persiste: se profundiza.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) consumó este martes un capítulo sombrío y bochornoso de la historia Argentina, al dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, sellando no solo un fallo judicial, sino una decisión de carácter eminentemente política: la proscripción de una de las principales figuras políticas del país en pleno contexto electoral.

Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cuyos nombres quedarán en la infamia de la historia política y judicial del país, el máximo tribunal rechazó de forma unánime los recursos de queja presentados por la defensa de la expresidenta en la causa conocida como “Vialidad”, ratificando así una sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión, que llega tras años de denuncias por persecución judicial, excluye a Cristina Kirchner de la competencia electoral en un año clave.

La exmandataria no irá a prisión por razones de edad, pero el verdadero efecto del fallo está en su imposibilidad de competir electoralmente. La Corte no solo cerró las puertas de la justicia nacional a la expresidenta, sino también las de la voluntad popular: el fallo cristaliza una proscripción que impide a millones de argentinos y argentinas votar por quien gobernó el país durante dos mandatos.

La sentencia, originada en acusaciones sobre la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, se basa en interpretaciones discutidas y largamente denunciadas como parte de un esquema de utilización del Poder Judicial para fines políticos. Cristina y su defensa sostienen desde el inicio que se trata de un caso emblemático de lawfare, el uso del aparato judicial para eliminar adversarios del mapa político.

Cristina denuncia el “cepo al voto popular”

Desde la sede del Partido Justicialista, Cristina Kirchner calificó el fallo como un “cepo al voto popular”. En su mensaje, denunció la sinergia entre el poder económico, el Gobierno nacional y el aparato judicial: “A la persecución económica que viven los argentinos, ahora se le suma la persecución política, con nombre y apellido”.

La líder peronista relacionó la sentencia con el actual contexto de crisis institucional, económica y social, bajo la gestión del presidente Javier Milei, y advirtió sobre la gravedad democrática de inhabilitar judicialmente a una dirigente con amplio respaldo popular.

Camino a tribunales internacionales: la esperanza en la CIDH

Agotadas las vías en la justicia argentina, la defensa de Cristina Kirchner acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde buscará exponer las múltiples violaciones a las garantías del debido proceso. Según sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, el fallo violó principios básicos de imparcialidad y defensa en juicio.

El proceso ante el sistema interamericano, aunque prolongado, podría ofrecer una reparación internacional si se determina que el Estado argentino incurrió en una vulneración de los derechos políticos de la expresidenta.

Consecuencias inmediatas: una proscripción activa

Cristina Kirchner no podrá ser candidata en las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. Aunque puede pedir prisión domiciliaria, su inhabilitación política continúa siendo un obstáculo insalvable mientras no se revierta por una instancia superior. El fallo deja además un precedente peligroso para la democracia: la judicialización como método para excluir opositores.

En medio de una crisis social sin precedentes, el fallo de la Corte Suprema no solo agrava la polarización política, sino que consolida la percepción de que el Poder Judicial argentino actúa más como un actor político que como un garante imparcial de la Constitución.

La diputada libertaria Juliana Santillán volvió a protagonizar un episodio bochornoso que, más allá de lo patético, expone su bajo nivel de formación y escaso conocimiento de la historia y cultura argentina. Esta vez, en su intento por criticar a Cristina Kirchner, terminó asegurando que a Mariano Moreno lo “fusilaron”.

La diputada libertaria Juliana Santillán “experta en economía austriaca”, volvió a protagonizar un bochornoso error público que, más allá del blooper, expone su bajo nivel de formación y escaso conocimiento de la historia argentina. Esta vez, en su intento por criticar a Cristina Kirchner, terminó asegurando que a Mariano Moreno lo “fusilaron”.

El episodio ocurrió este lunes, luego de que la expresidenta participara de un acto por el Día de la Resistencia Peronista. Allí, Cristina se definió como una “fusilada que vive”, retomando la frase que inmortalizó Rodolfo Walsh en Operación Masacre, en alusión a los fusilamientos de militantes peronistas por parte de la dictadura de 1956. Pero Santillán, en lugar de comprender la referencia histórica, publicó en su cuenta de X:

“Va a ir presa y se compara con el Fusilamiento a Moreno. Desquiciada.”

La insólita frase desató una ola de críticas y burlas, no solo por su contenido ofensivo, sino por el grosero error que encierra: Mariano Moreno, uno de los próceres fundadores de la patria, no fue fusilado. Falleció en altamar en 1811, en circunstancias aún debatidas por los historiadores, pero muy lejos del tipo de ejecución al que aludía la diputada.

Este nuevo traspié se suma a una lista que ya incluye errores ortográficos como “cluacas”, “tubimos” y “atraza”, y desaciertos conceptuales como confundir el costo de la canasta básica individual con el de una familia entera. Pese a todo, Santillán mantiene una presencia activa en redes y en medios, donde actúa como una de las voces más combativas de La Libertad Avanza, aunque su discurso suele ir de la mano de la desinformación.

Lejos de corregir su publicación —algo que podría hacer fácilmente, dado que paga por su cuenta verificada en X—, la diputada dejó el tuit tal como estaba, apostando una vez más a la lógica de “que hablen, aunque sea mal”. En definitiva, su estrategia parece no ser la de informar ni argumentar, sino la de generar escándalo para amplificar su mensaje, aún a costa de revelar una preocupante ignorancia.

Así, Santillán encarna un fenómeno político cada vez más frecuente: el del dirigente que no solo se equivoca, sino que convierte su desconocimiento en bandera, logrando desplazar la discusión de los temas de fondo —como el ajuste, el endeudamiento o la represión— hacia el terreno de lo absurdo.

Este fin de semana, la multinacional Kimberly-Clark despidió sorpresivamente a 220 trabajadores tras anunciar el cierre definitivo de su planta en Pilar, mientras que la histórica empresa alimenticia Georgalos enfrenta un conflicto gremial por despidos y recortes, lo que agita aún más el escenario laboral.

El caso de Kimberly-Clark generó una fuerte conmoción. La empresa de capitales estadounidenses —propietaria de marcas como Huggies, Kleenex y Scott— comunicó el cierre inmediato de su planta en el Parque Industrial de Pilar, donde se producían toallitas húmedas y protectores diarios. Los 220 despidos llegaron sin previo aviso, luego de que la empresa informara falsamente a los operarios que se trataba de una simple parada técnica por mantenimiento.

Según denunciaron desde el Sindicato de Papeleros, el sábado comenzaron a llegar los telegramas, mientras que el domingo a la madrugada los trabajadores se enteraron oficialmente del cierre, durante una asamblea organizada para discutir medidas de acción. El sindicato no descarta movilizaciones esta semana y advirtió que “las multinacionales, cuando toman decisiones, son difíciles de revertir”. La empresa justificó la medida como parte de una reestructuración que centralizará toda su producción nacional en la planta de San Luis, donde proyecta invertir 15 millones de dólares en los próximos 18 meses.

Georgalos: despidos y ajuste en el corazón de la industria alimenticia

A la par, la compañía Georgalos —dueña de marcas como Mantecol y Toddy— despidió a cinco trabajadores en su planta de San Fernando y suspendió el bono por productividad, lo que provocó la intervención del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y una paralización de actividades.

Desde el gremio denuncian que los despidos fueron represalias por reclamos laborales y que existe una marcada desigualdad en el pago de bonos entre distintas plantas. El STIA ya presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y advirtió que, de no haber avances, el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

La tensión en Georgalos se produce en medio de una búsqueda de inversores por parte de la compañía, que espera recaudar hasta 100 millones de dólares para financiar su expansión en América Latina. Sin embargo, el conflicto gremial en su planta local pone en duda la viabilidad de estos planes en el corto plazo.

Un síntoma de una crisis más amplia

Estos casos no son aislados. En lo que va del año, empresas como Molinos Río de la Plata, SanCor, Tía Maruca y Verónica también han protagonizado conflictos laborales, marcando una preocupante tendencia de ajuste en el sector industrial.

La creciente ola de despidos, suspensiones y recortes en beneficios laborales en grandes compañías refleja un contexto económico adverso, donde la caída del consumo interno, el encarecimiento del crédito y la incertidumbre macroeconómica están comenzando a impactar directamente en el empleo. Sindicatos de diversos rubros advierten que el panorama podría agravarse si no se implementan políticas urgentes de protección al trabajo y reactivación productiva.

Mientras el Gobierno lanza medidas para seducir los billetes en negro, los ahorristas los esconden cada vez más.

Mientras el Gobierno lanza medidas cada vez más urgentes para tentar a los dólares fuera del sistema —los famosos “canutos”—, los ahorristas parecen responder con una señal clara: desconfianza total. Lejos de ingresar sus billetes al circuito formal, muchos optan por retirarlos y reforzar el colchón como refugio.

Desde que se puso en marcha el programa de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el pasado 22 de mayo, los depósitos en dólares retrocedieron en US$ 429 millones, según Profit Consultores. En vez de atraer los fondos escondidos, el efecto fue el contrario: más fuga.

Esto ocurre incluso después de que, en abril, un millón de personas compraron US$ 2.000 millones vía homebanking tras la salida del cepo. Pero una porción significativa de esos dólares no ingresó al sistema financiero: volvió directamente al resguardo personal.

Según Econviews, durante el período 2016-2019, la demanda de dólares para atesoramiento rondaba los US$ 1.806 millones mensuales, con la diferencia de que entonces también las empresas podían acceder al mercado. Hoy, ese flujo busca salidas alternativas: se aceleró el gasto en turismo y continúa la fuga por Inversión Extranjera Directa, según advierte la consultora 1816.

Economistas como Lucas Llach y Camilo Tiscornia anticipan que el impacto de los nuevos incentivos será limitado: no se espera un regreso masivo de billetes al sistema. Para ellos, el problema es estructural.

Carlos Melconian lo resumió con crudeza: “El canuto no se mancha. ¿Por qué? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en Argentina? Por las dudas”.

En síntesis: mientras el Gobierno ofrece herramientas para formalizar los dólares escondidos, los ahorristas duplican la apuesta y profundizan su desconfianza. El colchón, lejos de ceder, sigue ganando.

Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.

La causa contra Facundo Daniel Aguilar Fajardo, el joven oficial de la Policía Federal que disparó y mató a Thiago Correa, un niño de apenas 7 años durante un presunto intento de robo, dio un giro clave este fin de semana. El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios, recaratuló el expediente como homicidio con dolo eventual, una figura mucho más severa que podría derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.

La decisión judicial se basó en nuevos elementos que desestiman la versión inicial de legítima defensa. Según la investigación, Fajardo disparó al menos once veces en tan solo nueve segundos, desde una posición fija y en plena vía pública, sin que mediara una persecución directa. Los disparos provocaron la muerte de Brandon Corpus (18 años) e hirieron gravemente a otros dos jóvenes, uno de los cuales permanece internado en estado crítico.

En su declaración, el oficial alegó que actuó para proteger a su madre, quien habría sido amenazada por los supuestos agresores. Sin embargo, la Justicia determinó que hubo un claro exceso en el uso de la fuerza, descartando la eximición de responsabilidad penal que hubiera implicado la legítima defensa.

Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar del policía, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.

El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado y la peligrosidad de avalar operativos armados en espacios públicos. La combinación de un accionar desproporcionado y un respaldo político explícito vuelve a poner en cuestión el rumbo de las fuerzas de seguridad bajo la actual gestión.

Fajardo continúa detenido mientras se profundiza la investigación. Los próximos días serán clave para determinar si el caso se encamina a un juicio con una condena ejemplar o si el respaldo institucional logra atenuar las responsabilidades del acusado.

Mientras miles de familias enfrentan crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna, el gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento del Estado como garante de derechos básicos generando oportunidades de negocio para los privados sin un claro criterio de prioridades sociales.

Esta vez, la medida recayó sobre el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), un fondo fiduciario público que desde 2012 había facilitado el acceso a la vivienda para sectores de clase media y trabajadora.

Con la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se oficializó la disolución del Pro.Cre.Ar, cumpliendo lo establecido por el Decreto 1018/2024 del pasado noviembre. A partir de ahora, la gestión de los créditos será transferida al Banco Hipotecario S.A., una entidad privada, desplazando al Estado de su rol central en la política habitacional.

El Gobierno justifica la medida señalando que el programa representaba una “pesada carga” fiscal y argumentando, sin evidencia concluyente, que su ejecución era deficiente. La auditoría citada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) señala demoras, fallas en la habitabilidad y problemas administrativos, elementos que el oficialismo utiliza como pretexto para abandonar su responsabilidad y delegarla al mercado.

Con esta decisión, Milei profundiza el vaciamiento del Estado y transforma un derecho esencial en una oportunidad de negocio para el sector privado mas preocupado en el lucro y la rentabilidad que en impulsar medidas que satisfagan al conjunto de la sociedad. En lugar de mejorar y auditar el programa para garantizar su transparencia y efectividad, el Gobierno opta por facilitar el acceso de empresarios vinculados al poder a un área estratégica, sin establecer criterios claros de equidad social ni prioridades en la asignación de recursos.

Además de la transferencia de la administración de los créditos, el Ministerio de Economía se reserva el manejo de bienes inmuebles y podrá acordar su venta o cesión a otros organismos, lo que abre la puerta a operaciones inmobiliarias que podrían beneficiar a actores privados más interesados en el lucro que en la función social de la vivienda.

En paralelo, el Ejecutivo justifica esta reestructuración apelando a la Ley N° 27.742, que le otorga facultades para modificar, unificar o liquidar fondos fiduciarios públicos en el marco de la emergencia económica. Sin embargo, lo que se presenta como un ajuste técnico es, en el fondo, una decisión ideológica: desmantelar toda política pública que implique presencia estatal, sin importar las consecuencias sociales.

En un contexto donde la construcción de viviendas por parte del Estado está paralizada y la inflación golpea con fuerza a los sectores populares, eliminar el Pro.Cre.Ar no es solo una medida administrativa: es un retroceso en materia de derechos y una nueva concesión al capital privado, sin garantías de que las necesidades habitacionales de la población sean atendidas.