Los datos surgen de un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), cuyo titular, Germán Romero, comentó: “los resultados son lamentables”.

La mesa de los argentinos cambió de manera drástica: donde antes había carne, frutas y verduras, hoy predominan la papa, la polenta, el pan y otros carbohidratos baratos que desplazan a los alimentos con mayor valor nutricional. La recesión y el derrumbe del poder adquisitivo están moldeando una dieta cada vez más pobre y desequilibrada.

Un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) revela un panorama crítico. Su titular, Germán Romero, fue contundente: “Los resultados son lamentables. El patrón de consumo está muy lejos de lo recomendado. Se ponderan mucho más los carbohidratos, lo barato y llenador, frente a la imposibilidad de acceder a frutas, verduras y proteínas”.

Los datos lo confirman: mientras que el consumo de carnes registra caídas históricas —el asado vacuno se ubica 68% por debajo de su promedio histórico, la carne molida 73% y la carne para milanesas 60%—, las harinas y derivados se disparan. La polenta aumentó un 142%, la harina un 40%, los fideos un 28% y el arroz también ganó terreno.

El contraste es alarmante. Los lácteos, frutas y verduras sufren una marcada subalimentación. Apenas algunos vegetales de bajo costo, como la papa (+28%) y la cebolla (+40%), logran sostenerse, en gran parte por su precio accesible y su capacidad de “llenar”.

Así, la dieta argentina atraviesa una mutación que responde menos a las recomendaciones nutricionales que a la urgencia económica. Con sueldos ajustados y precios en alza, las familias reemplazan proteínas y alimentos frescos por un menú basado en harinas, azúcar y carbohidratos. Una transformación silenciosa, pero con efectos que pueden ser graves en la salud colectiva a mediano plazo.

Desde la asunción de Luis Petri como ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas de Argentina enfrentan una crisis sin precedentes: más de 15.000 efectivos presentaron su baja voluntaria desde diciembre de 2023, reflejando el profundo malestar en filas militares ante salarios de miseria y una obra social, IOSFA, al borde del colapso.

El Informe 144 de la Jefatura de Gabinete reveló que entre el 10 de diciembre de 2023 y la fecha de cierre del reporte, al menos 15.415 integrantes de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea pidieron la baja voluntaria. A esa cifra se suman retiros anticipados, renuncias, rescisiones de contrato y destituciones, lo que eleva todavía más el número de uniformados que abandonan las filas.

Los datos oficiales muestran que la mayor sangría se da entre el personal voluntario, pero también incluye oficiales y suboficiales con años de formación y experiencia, lo que compromete seriamente la capacidad operativa de las tres Fuerzas.

• Armada Argentina: 89 oficiales, 779 suboficiales y marineros voluntarios.
• Fuerza Aérea: 137 oficiales, 344 suboficiales y 1.989 voluntarios.
• Ejército: 421 oficiales, 1.327 suboficiales y 10.329 soldados voluntarios.

En total, 647 oficiales, 2.450 suboficiales y 12.318 voluntarios decidieron abandonar la carrera militar en apenas poco más de ocho meses de gestión libertaria.

El informe también reconoce que la principal razón de las bajas es económica, seguida por motivos personales o profesionales. Sin embargo, las críticas internas apuntan directamente a la política de Defensa de Petri, a quien se acusa de haber dejado la obra social militar “detonada” y de impulsar compras de armamento costosas mientras los uniformados no llegan a fin de mes.

El ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, fue contundente al calificar a Petri como “el peor ministro de Defensa de la democracia”. Denunció que IOSFA se encuentra “en estado catastrófico, con servicios cortados, farmacias desabastecidas y tratamientos oncológicos interrumpidos”, y acusó a Petri de haber “huido del ministerio” para competir electoralmente.

La crisis ya impacta en la operatividad militar: la salida de personal formado y capacitado genera vacantes que resultan cada vez más difíciles de cubrir. A modo de ejemplo, en la Fuerza Aérea entre 2020 y 2024 egresaron 252 oficiales, pero en el mismo período 268 pidieron la baja y otros 420 se retiraron.

Con salarios por debajo de la línea de pobreza, una obra social desfinanciada y un futuro incierto, las Fuerzas Armadas atraviesan un proceso de deserción masiva que expone no solo el fracaso de la política de Defensa, sino también la pérdida de capacidades estratégicas para el país.

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, protagonizó una entrevista televisiva en la que lanzó durísimas acusaciones contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina.

La exdiputada aseguró que el mandatario “ha visto mucha pornografía infantil”, una declaración de enorme gravedad que, según ella, refleja una “cuestión perversa” en la manera en que ejerce el poder. “Esta sociedad está siendo muy herida por los insultos, las palabras y la perversidad casi anal de alguien que ha visto mucha pornografía infantil. Ese daño es irreparable”, sentenció.

Carrió también apuntó directamente contra Karina Milei, a quien calificó como “el personaje más oscuro del Gobierno”, vinculándola con presuntos manejos irregulares de fondos y negocios vinculados a criptomonedas y al sistema de salud. “Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Javier. Karina Milei es Javier”, sostuvo.

La dirigente denunció además la existencia de una “trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país”, y comparó al actual oficialismo con el menemismo de los años 90.

En otro pasaje de la entrevista, cuestionó al diputado José Luis Espert, al que acusó de promover “la balacera y la guerra civil”, y también criticó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al que definió como un “cínico del poder” capaz de “defender lo indefendible”.

Con estas declaraciones, Carrió no solo reavivó las tensiones con el Gobierno, sino que colocó en el centro de la escena una acusación inédita contra el propio presidente y su círculo íntimo.

Los resultados preliminares del informe se basan en la comparación de los precios de siete medicamentos adquiridos tanto por la ANDIS como por la cartera sanitaria. En el caso de un fármaco, el organismo de discapacidad habría pagado un 27% más que el Ministerio.

Los primeros resultados de la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirman lo que el Gobierno intentó relativizar: la existencia de sobreprecios significativos en la compra de fármacos. El informe preliminar, a cargo del interventor Alejandro Vilches, señala que el organismo pagó hasta un 27% más por medicamentos en comparación con adquisiciones realizadas por el propio Ministerio de Salud.

El caso más evidente es el del PEG Asparaginasa, clave en tratamientos de leucemia linfoblástica aguda. La ANDIS lo adquirió en agosto de 2025 por $13.500.176, mientras que la cartera sanitaria lo había comprado un año antes a $8.274.027. Descontada la inflación, la diferencia alcanza el 27%, lo que pone en evidencia un manejo irregular de fondos públicos en un área particularmente sensible.

Estos hallazgos tensionan la estrategia oficial, que hasta ahora había buscado minimizar el impacto de las denuncias y responsabilizar al kirchnerismo. El escándalo tomó fuerza tras la salida del exdirector Diego Spagnuolo, involucrado en audios que mencionan presuntas coimas y una red de corrupción que rozaría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. Desde la Casa Rosada niegan las acusaciones.

El presidente Javier Milei, al ser consultado, prometió llevar a Spagnuolo a la Justicia y lo calificó de “mentiroso”. Sin embargo, el nuevo dato de los sobreprecios complica el discurso oficial: ya no se trata solo de acusaciones cruzadas, sino de un informe técnico que empieza a mostrar números concretos.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, evitó dar explicaciones y faltó a una reunión clave en Diputados, lo que reforzó las críticas opositoras. El propio Vilches, designado interventor en reemplazo de Spagnuolo, tampoco acudió al plenario de comisiones.

En paralelo, el Gobierno avanza en un rediseño institucional: busca que la ANDIS deje de ser un organismo descentralizado para transformarse en una secretaría bajo la órbita de Salud. Con esto, Lugones ganaría control directo sobre las compras de medicamentos, aunque hasta ahora ha guardado silencio público frente a las irregularidades señaladas.

En plena crisis política por la filtración de audios que revelan supuestos pedidos de coimas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que Javier Milei cometió un error al confiar en Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”, señaló Francos, quien además reconoció que el exfuncionario era un visitante frecuente de la Quinta de Olivos, donde participaba de las reuniones privadas que el mandatario organiza.

El ministro, sin embargo, buscó marcar diferencias dentro del círculo presidencial y defendió a Eduardo “Lule” Menem, otro de los mencionados en la causa. Consultado en Radio Mitre si pondría “las manos en el fuego” por él, respondió:

“Yo no tengo nada que reprocharle. Lo conozco del trabajo en la gestión y me parece una persona irreprochable. Como funcionario, me resulta alguien de confianza”.

Francos remarcó que, a diferencia de Spagnuolo, Menem sí integra el núcleo de colaboradores de Milei. “Claramente Spagnuolo no lo era. No sé si era cercano, pero el Presidente lo conocía y lo invitó en varias ocasiones a Olivos. Si confiaba en él, bueno, no debió haber confiado”, insistió.

“Estamos pagando las consecuencias de las fallas del programa de estabilización de Macri”, afirmó José Luis Daza, el número dos del equipo de Toto Caputo.

El aumento del riesgo país encendió las alarmas dentro del gobierno de Javier Milei y, en un giro inesperado, uno de los principales funcionarios del Ministerio de Economía señaló a Mauricio Macri como responsable de las dificultades actuales.

Durante una charla virtual organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el secretario de Política Económica, José Luis Daza, afirmó que la resistencia del índice del JP Morgan a bajar, incluso en un contexto de fuerte ajuste fiscal, se explica por las “fallas del programa de estabilización” implementado durante la gestión de Macri entre 2015 y 2019.

“Estamos pagando las consecuencias de las fallas del programa de estabilización de Macri”, lanzó Daza, quien ocupa el cargo de número dos en el ministerio que conduce Luis Caputo. El funcionario agregó que la desilusión de los mercados internacionales en aquella etapa sigue condicionando a la Argentina: “Una vez más, la desilusión que tuvo el capital internacional con la Argentina nos está pasando la cuenta en forma muy seria. No hay conciencia del daño que se ha hecho en estos años”.

Consultado por la demora en el regreso a los mercados internacionales de crédito, Daza remarcó que “estamos condicionados por la elección”, aunque confió en que tras las legislativas se abrirá un escenario más favorable: “Yo visualizo que hay un antes y un después con respecto a las elecciones”.

En su exposición, el viceministro comparó la situación actual con la del macrismo: “A estas alturas de su administración, Macri tenía las cuentas sustancialmente peores de las que tenemos nosotros: déficit de cuenta corriente del 6% y números cíclicos muy malos. Sin embargo, el riesgo país estaba en 400 puntos básicos”.

Daza admitió que, por ahora, el gobierno de Milei no logra acceder a los mercados y debe afrontar los vencimientos de deuda con ahorros propios, aunque se mostró optimista respecto a revertir la tendencia: “Si mantenemos la disciplina fiscal, avanzamos con la desinflación y después de las elecciones aceleramos las reformas estructurales, eso va a ayudar a bajar el riesgo país y a reabrirnos la puerta a los mercados internacionales”.

El plan de ajuste estatal impulsado por el Gobierno sufrió un nuevo traspié, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó una cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Ejecutivo dejar sin efecto la resolución que disponía el pase a disponibilidad de 300 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La medida incluye una multa de 10 millones de pesos por cada día de incumplimiento, un golpe económico y político que limita severamente la estrategia oficial.

El fallo llega en un contexto de decisiones cruzadas. La semana pasada, el mismo tribunal ya había suspendido el decreto 462/25, que habilitaba el pase a disponibilidad de estatales, y ordenó que no se aplicara en el INTA. A ese revés se sumó luego el rechazo del Senado al DNU que daba sustento al recorte. Sin embargo, el Gobierno avanzó a través de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, volviendo a poner en riesgo los puestos de trabajo, lo que derivó en la nueva intervención judicial.

Desde ATE celebraron el pronunciamiento y denunciaron la insistencia del Ejecutivo en desconocer la división de poderes. “En serio Presidente @JMilei, ¿van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?”, planteó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien calificó de “cabeza dura” al Gobierno y sostuvo que cada fallo a favor del sindicato representa una victoria para los trabajadores frente a lo que considera una “política de ajuste sin sustento legal”.

El conflicto en el INTA se suma a un escenario de mayor tensión en el sistema científico y tecnológico nacional. En organismos como el CONICET, el SENASA y Agricultura Familiar ya se registraron despidos y cierres bajo el mismo argumento oficial de “eficiencia” y “achicamiento del Estado”. Pero la Justicia, en este caso, decidió ponerle un freno al avance del ajuste.

Mientras el Gobierno de Javier Milei subordinado a Trump se hace el duro con Venezuela e instiga una eventual intervención, hace silencio ante la intensificación de la presencia militar británica en las Islas Malvinas.

Mientras el gobierno de Javier Milei, alineado con Washington, asume una postura beligerante contra Venezuela bajo el argumento del “narcoterrorismo”, la Cancillería argentina calla frente a la creciente militarización británica en las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la incorporación del “Cartel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), calificando a Nicolás Maduro y a su entorno como “narcoterroristas”. Con ello, el Ejecutivo se suma a la narrativa impulsada por Estados Unidos, que desde hace años acusa al chavismo de encabezar una red criminal vinculada al narcotráfico internacional.

La decisión fue celebrada por Washington en momentos en que la Casa Blanca intensifica la presión militar en el Caribe, desplegando buques de guerra frente a Venezuela en un gesto de intimidación que revive lógicas de intervención propias del siglo XIX.

Avance británico en Malvinas sin respuesta oficial

En paralelo, el Reino Unido realizó recientes ejercicios militares en las Islas Malvinas, encabezados por efectivos del Tercer Batallón del Regimiento de Paracaidistas (3 PARA). Las maniobras incluyeron entrenamientos de combate urbano en Puerto Argentino, operaciones en trincheras y despliegue de drones de reconocimiento.

Estas acciones forman parte de la estrategia británica de consolidar su presencia en el Atlántico Sur bajo la doctrina de “Global Britain”, que refuerza la infraestructura militar en Monte Agradable, moderniza puertos y suma capacidades de defensa aérea y cibernética. Londres busca proyectar poder sobre los recursos estratégicos de la región —hidrocarburos, pesca y rutas hacia la Antártida— y disuadir el reclamo argentino reconocido en la ONU.

A diferencia de gobiernos anteriores, que repudiaban públicamente este tipo de despliegues, la administración Milei evitó pronunciarse. El silencio oficial contrasta con la dureza verbal hacia Venezuela y ha sido interpretado como un aval implícito a la ocupación británica.

Autodeterminación y debilitamiento diplomático

La postura del presidente Milei, quien llegó a defender el “derecho de autodeterminación” de los habitantes británicos de Malvinas, marca un quiebre con la política histórica argentina. Este giro debilita la capacidad de presión diplomática del país justo cuando el Reino Unido refuerza su posición militar en el Atlántico Sur.

Mientras tanto, Londres confirmo que mantendrá inalterable el embargo de armas a Argentina, vigente desde 1982, pese a contactos secretos entre funcionarios de ambos países. Ni siquiera el tono conciliador de la Casa Rosada ha bastado para que el Reino Unido flexibilice restricciones que limitan la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.

El Fondo Monetario Internacional sospecha de lo datos proporcionados por el organismo e insiste con la actualización del IPC desde 2024 “para mejorar la calidad de los datos”.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) atraviesa una crisis interna que expone su fragilidad en un momento de fuerte presión internacional. La salida de dos funcionarios técnicos clave, sumada a la demora en la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), pone en duda la credibilidad del organismo. En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige al gobierno que actualice “lo antes posible” la metodología de medición de la inflación.

En su último Staff Report, el organismo multilateral fue categórico: “Se debería publicar un IPC actualizado lo antes posible para reflejar con mayor precisión los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos”. El reclamo coincide con la aprobación de la primera revisión del programa en curso y el desembolso de U$S 2.000 millones.

Aunque el nuevo índice está listo desde 2024 —con pruebas finalizadas en marzo de 2025—, su puesta en marcha depende de una decisión política que el gobierno de Javier Milei sigue postergando. El reemplazo es urgente: hoy el IPC nacional se calcula con una canasta de consumo de 2004/2005, desactualizada frente a los cambios de los últimos 20 años. La nueva versión, basada en la Encuesta de Hogares 2017/2018, incorpora consumos actuales como telefonía móvil, internet o plataformas digitales, además de dar mayor peso a los servicios.

Renuncias que golpean la credibilidad del INDEC

La crisis se profundizó con las renuncias de Georgina Giglio, responsable del IPC, quien dejó su cargo para sumarse a la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires, y de Guillermo Manzano, encargado de la medición de pobreza y trabajo, cuya salida se atribuyó a fuertes diferencias metodológicas con el director Marco Lavagna.

Ambos movimientos generan ruido político y técnico, ya que el cálculo del índice de pobreza en Argentina depende directamente de la evolución de precios y del costo de las canastas básicas. Cualquier cambio metodológico puede modificar sustancialmente los niveles de pobreza.

El trasfondo político y económico

El retraso en la implementación del nuevo IPC responde a motivos políticos y fiscales. Un índice nacional más cercano a los provinciales podría encarecer el gasto público, ya que gran parte de la deuda en pesos y las jubilaciones se ajustan por inflación. En un año electoral, el gobierno evita un cambio que podría tener alto costo político.

La especulación es que el nuevo IPC comience a aplicarse recién con la medición de enero de 2026, cuyo resultado se conocería en febrero. El FMI ya anticipó que discutirá la fecha precisa de su publicación en la próxima revisión del programa, hacia fines de 2025, tras las elecciones legislativas.

El dato más preocupante de las últimas horas llegó desde los mercados: el riesgo país escaló hasta los 829 puntos básicos, uno de los peores niveles para el Gobierno de Javier Milei, que necesita llevarlo a la zona de 300/400 puntos para poder encarar la refinanciación de la deuda en dólares que vence en 2026.

El fuerte repunte del indicador se produjo tras una marcada caída de los bonos soberanos, que retrocedieron hasta un 3,5% en una sola jornada. La huida de los inversores respondió al creciente ruido político y a las tensiones con los bancos, factores que reforzaron la percepción de que el actual esquema económico podría no ser sostenible.

El riesgo país, elaborado por el banco JP Morgan, mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos respecto de los del Tesoro de los Estados Unidos. Un salto cercano a los 100 puntos en tan solo un día refleja el deterioro en la confianza sobre la capacidad del Gobierno de sostener el rumbo económico.

“Este movimiento muestra que los mercados están dudando de la viabilidad del modelo”, advirtió Leonardo Anzalone, director del Cepec. Según explicó, la combinación de tasas altas, falta de reservas y clima político tenso alimenta la percepción de riesgo, golpeando el precio de los títulos y ampliando la brecha frente a la deuda norteamericana.

Aunque en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía confían en que, una vez despejada la incertidumbre electoral, el indicador pueda bajar hacia niveles más manejables, el salto reciente es un duro golpe para la estrategia oficial.

“Todo dependerá de las señales políticas y de la capacidad del Banco Central para sostener el control cambiario sin sacrificar demasiadas reservas”, agregó Anzalone. “Si el mercado interpreta que el ajuste pierde consistencia o que el proceso electoral puede desordenar la economía, el riesgo país seguirá escalando. En cambio, un respaldo político claro o un apoyo financiero externo podría ayudar a moderarlo”.

Por ahora, la cifra de 829 puntos representa un desafío inmediato: es la peor noticia para un Gobierno que necesita mostrar confianza a los mercados y todavía se encuentra muy lejos del umbral de estabilidad que exige la refinanciación futura.