Países del ALBA, Colombia y Brasil advierten sobre los riesgos de desestabilización en la región que implica la desproporcionada presencia militar de los Estados Unidos.

La decisión de Washington de enviar buques de guerra y miles de tropas al sur del mar Caribe ha provocado una ola de rechazo unánime en América Latina y el Caribe, donde diversos gobiernos han coincidido en denunciar la medida como un acto innecesario, desproporcionado y de alto riesgo para la estabilidad regional. Bajo el pretexto de reforzar la lucha contra el narcotráfico, la operación del Comando Sur es percibida como una maniobra de intimidación que vulnera la soberanía de los Estados latinoamericanos y eleva la tensión geopolítica en Sudamérica.

Repercusiones regionales

Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fijaron una posición firme durante una cumbre virtual celebrada esta semana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que la región atraviesa “tiempos de enormes desafíos” que no se resuelven con una “ofensiva hegemonista y agresiva”. Según el mandatario, la presencia militar de EE.UU. en el Caribe constituye una “inaceptable amenaza de agresión” y un atentado contra el régimen de paz que las naciones latinoamericanas y caribeñas han defendido durante décadas. “El citado despliegue de unidades militares hacia el sur del Caribe bajo el mando del Comando Sur, según afirmó Canel, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los EE.UU”.

Desde Bolivia, el presidente Luis Arce calificó la operación como una “inadmisible provocación” que evidencia la persistencia de la visión colonial estadounidense de considerar a América Latina su “patio trasero”. En la misma línea, el nicaragüense Daniel Ortega cuestionó el silencio de otros organismos regionales y alertó que la inacción frente al hostigamiento contra Venezuela abre la puerta a que cualquier otro país termine siendo víctima de la misma política intervencionista.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agradeció las muestras de respaldo y denunció que se enfrenta a una “coyuntura de amenazas enloquecidas a granel”, al tiempo que advirtió que Venezuela no permitirá la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio. Como respuesta, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos para reforzar la defensa nacional.

El rechazo no se limitó a los países de la Alianza. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue categórica al señalar que las maniobras militares estadounidenses son actos de injerencia contrarios al principio constitucional de no intervención. “No al intervencionismo, está en nuestra historia y en nuestra Constitución”, recalcó.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, alertó sobre las consecuencias devastadoras de una eventual incursión militar en Venezuela: “Los gringos están equivocados si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Solo lograrían arrastrar a Colombia y a toda la región a un escenario similar al de Siria”.

En Brasil, el asesor de política exterior de la presidencia, Celso Amorim, expresó la “profunda preocupación” del gobierno de Lula da Silva por el arribo de tres destructores estadounidenses equipados con sistemas de misiles Aegis cerca de las aguas territoriales venezolanas. Amorim subrayó que el principio de no intervención es un pilar histórico de la diplomacia brasileña y advirtió que la lucha contra el crimen organizado debe darse mediante cooperación internacional, no a través de despliegues militares unilaterales.

Escalada militar

El operativo incluye destructores de la clase Arleigh Burke, buques anfibios de gran porte como el USS Iwo Jima, y miles de efectivos con capacidad de desembarco y ataque aéreo. Con estas unidades, EE.UU. no solo fortalece su presencia naval en el Caribe, sino que instala un clima de provocación directa hacia Venezuela, país al que acusa —sin pruebas— de liderar un cartel de drogas.

Expertos advierten que el despliegue excede con creces cualquier necesidad de interdicción al narcotráfico, dado que las capacidades ofensivas de estas naves están diseñadas para escenarios de guerra convencional y no para operaciones antidrogas. En este sentido, gobiernos y analistas coinciden en que la verdadera motivación es ejercer presión política y militar sobre Caracas, en un contexto de tensiones abiertas con la administración de Nicolás Maduro.

Amenazando con el garrote a la región

El denominador común entre los distintos pronunciamientos es claro: la región rechaza que, bajo falsos argumentos, se utilice la lucha antidrogas como excusa para militarizar el Caribe y abrir la puerta a escenarios de intervención. La condena expresa la voluntad de defender la paz, la soberanía y la cooperación regional frente a lo que se percibe como un intento de reeditar las políticas intervencionistas de la Doctrina Monroe.

La voz unánime de América Latina y el Caribe envía así un mensaje directo a Washington: no se aceptará que, en nombre de la seguridad, se impongan acciones militares que amenazan con desestabilizar toda la región.

Según un informe de la Policía Federal de Brasil (PF), el exmandatario habría redactado una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei en la que solicita asilo político en territorio argentino.

La crisis judicial que rodea al ex presidente Jair Bolsonaro sumó un capítulo explosivo. Según un informe de la Policía Federal de Brasil (PF), el exmandatario habría redactado una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei en la que solicita asilo político en territorio argentino. El documento fue hallado en su propio celular, incautado durante las investigaciones por la supuesta trama golpista que analiza el Supremo Tribunal Federal (STF).

Un archivo clave en la investigación

De acuerdo con la PF, el escrito —de 33 páginas— fue guardado el 10 de febrero de 2024, apenas dos días después de la Operación Tempus Veritatis, que obligó a Bolsonaro a entregar su pasaporte. En la misiva, redactada en primera persona, el expresidente se describe como “perseguido por motivos políticos” y solicita asilo “en régimen de urgencia”.

Aunque la carta no lleva firma, los metadatos apuntan a que fue creada y editada por un usuario registrado como Fernanda Bolsonaro, presuntamente vinculada a la familia del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

El nexo con la intentona golpista

El hallazgo se incorpora al mismo informe en el que la PF imputó a Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por intentar obstruir el proceso judicial sobre el fallido intento de golpe. Los investigadores sostienen que el documento tenía como fin “viabilizar la evasión del expresidente hacia la República Argentina” en un contexto en que se agravan las acusaciones por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y formación de organización criminal.

La PF recordó, además, que en diciembre de 2023 Bolsonaro ya había comunicado al juez Alexandre de Moraes su intención de viajar a Buenos Aires para asistir a la asunción de Javier Milei, entre el 7 y el 11 de ese mes.

El Gobierno logró mantener en pie el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones gracias a una combinación de abstenciones estratégicas y el alineamiento de legisladores provinciales. La exgobernadora del PRO María Eugenia Vidal.

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la entrerriana Marcela Antola —referenciada en Rogelio Frigerio— y los cuatro diputados misioneros que responden a Carlos Rovira fueron determinantes para que la Casa Rosada alcanzara el tercio necesario y blindara la decisión presidencial.

La paradoja quedó expuesta en el caso de Vidal, quien semanas atrás en Córdoba había declarado que “los jubilados no pueden esperar una respuesta”, pero este miércoles cambio de discurso y optó por abstenerse. Su postura, junto a la de Antola y los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, achicó el número de votos necesarios para la oposición y facilitó que, con apenas 83 voluntades, el oficialismo sostuviera el recorte.

El clima en el recinto fue tenso. Tras la derrota previa del oficialismo en la votación sobre la emergencia en discapacidad, los diputados opositores denunciaron “negociaciones espurias” y acusaron al Gobierno de canjear recursos por votos. “No sean crápulas, cambiar ATN por jubilados es corrupción”, lanzó el formoseño Fernando Carbajal. En la misma línea, el radical Pablo Juliano acusó a quienes variaron su posición de “traicionar a los jubilados que no llegan a fin de mes”.

La bancada peronista también expuso sus críticas. Germán Martínez, jefe del bloque, interrumpió el debate para advertir que “los derechos de los jubilados no pueden estar arriba de ninguna mesa de negociación” y apuntó contra quienes habían habilitado el tratamiento y luego “miraron para otro lado”.

Además de las abstenciones decisivas, hubo ausencias que favorecieron a Milei, como la de la macrista Silvia Lospennato, el rionegrino Agustín Domingo y el formoseño Gerardo González, recientemente distanciado de La Libertad Avanza pero vinculado a Gildo Insfrán.

Dentro de la UCR, el cordobés Rodrigo De Loredo aportó nueve votos en favor del rechazo al veto, aunque recibió críticas por intentar inicialmente una fórmula intermedia. “De Loredo, felpudeaste todo el año, ahora hay que votar a favor o en contra”, lo increpó el diputado del FIT, Christian “Chipi” Castillo. Finalmente, el bloque radical quedó dividido: mientras algunos respaldaron a los jubilados, otros, como Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Gerardo Cipolini, Atilio Benedetti y Soledad Carrizo, se alinearon con el oficialismo bajo la influencia de Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Frigerio.

El desenlace fue categórico: la oposición reunió 160 votos, pero no alcanzó los dos tercios requeridos. La abstención de seis legisladores se transformó en el salvavidas político de Milei, que logró consolidar su veto.

Así, no habrá aumento ni moratoria: los haberes jubilatorios seguirán atados a la política de ajuste del Gobierno, que en nombre del “equilibrio fiscal” vuelve a postergar a uno de los sectores más castigados por la inflación y la crisis económica.

En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.

La crisis política dentro del oficialismo sumó un capítulo explosivo. En las últimas horas trascendieron audios comprometedores de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y abogado personal de Javier Milei, en los que detalla un sistema de coimas en la compra de medicamentos que involucra directamente a Karina Milei y a los hermanos Menem.

En esas grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo asegura que existe un mecanismo de recaudación ilegal a través de la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Kovalivker y con lazos estrechos con Martín y Eduardo “Lule” Menem. Según el funcionario, la empresa exige a los proveedores un retorno del 8%, del cual el 3% va a parar a Karina Milei, la todopoderosa secretaria general de la Presidencia.

“Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%”, se lo escucha decir al funcionario en un encuentro informal. Spagnuolo insiste en que el Presidente no participa del negocio, pero reconoce que se trata de “toda la gente de él” la que recauda a través de estos contratos.

El caso estalla en un momento especialmente delicado: Karina Milei ya se encuentra golpeada por el escándalo Libra, y ahora vuelve a quedar en el ojo de la tormenta por una trama de corrupción que la conecta con un negocio multimillonario de medicamentos.

La filtración, que habría contado con la intervención de Santiago Caputo, sacude el tablero político. Caputo y su socio Rodrigo Lugones ya enfrentan cuestionamientos por la crisis sanitaria del fentanilo adulterado, y las tensiones internas en el gobierno se multiplican. En este contexto, las acusaciones contra los Menem y la hermana del Presidente potencian la disputa entre las distintas facciones del oficialismo.

Los audios son contundentes: Spagnuolo describe cómo la droguería vinculada a los Menem centraliza la recaudación ilegal y presiona a los proveedores. También relata cómo Lule Menem intentó colocar funcionarios en la Andis con el aval de Karina, a quienes señala como parte de un esquema organizado de corrupción.

La denuncia contra la Suizo Argentina ya había surgido en 2023, impulsada por la ministra Sandra Pettovello, y señalaba contratos por más de 27 mil millones de pesos. Ahora, con la voz del propio Spagnuolo detallando la operatoria, la causa adquiere una nueva dimensión y compromete directamente a la hermana del Presidente.

Este nuevo escándalo deja a Karina Milei en una posición política frágil. Si el “caso Libra” había erosionado su poder, las revelaciones sobre las coimas en medicamentos podrían marcar un punto de no retorno para la figura central del armado presidencial.

El gobierno de Javier Milei sigue pasando la gorra en el exterior. Tras recurrir a diferentes mecanismos financieros internacionales y desembolsos del FMI, ahora negocia apoyo directo del Tesoro de Estados Unidos, buscando un nuevo salvavidas para sostener la frágil situación cambiaria y fiscal de la Argentina.

Fuentes cercanas a las tratativas confirmaron que las conversaciones en Washington están “avanzadas” y, aunque aún no se definió el monto, la asistencia de la primera potencia mundial representaría un espaldarazo clave en un momento de fuerte inestabilidad en los mercados locales.

La iniciativa habría surgido del propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien en abril visitó Buenos Aires y planteó la posibilidad de activar un crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos. En aquel momento, Bessent había condicionado el eventual apoyo a que el gobierno argentino “mantenga el rumbo” de sus reformas y la subordinación política a Washington.

Mientras tanto, el Banco Central sigue mostrando una débil acumulación de reservas y el dólar atraviesa semanas de fuertes fluctuaciones, contenidas solo a costa de tasas de interés que duplican o triplican la inflación esperada. Analistas privados alertan que esta fragilidad aumenta la dependencia del financiamiento externo en plena antesala electoral.

El pedido de respaldo estadounidense también se lee como parte del alineamiento político e ideológico entre Javier Milei y Donald Trump, quien ve en el presidente argentino a su principal aliado en Latinoamérica, en contraste con su relación distante con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil quien persigue un proyecto de país con mayor margen de autonomía y soberanía.

Un aspecto no menor es que el Tesoro norteamericano busca desplazar la influencia de China en la región. Durante su visita, Bessent instó a que la Argentina cancele el swap vigente con el Banco Popular de China, por un total de 18.000 millones de dólares en yuanes, de los cuales 5.000 millones fueron utilizados por el gobierno anterior y aún permanecen pendientes.

Lejos de reducir la dependencia financiera, la estrategia del oficialismo se concentra en seguir abriendo nuevas líneas de endeudamiento externo. Ahora, la expectativa está puesta en si la administración de Milei logrará cerrar un acuerdo directo con el Tesoro de Estados Unidos para intentar estabilizar una economía en permanente tensión.

Las renuncias del director de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec, y de la directora del Índice de Precios al Consumidor, despertaron las sospechas sobre la manipulación de las estadísticas oficiales por parte del organismo que dirige Marco Lavagna.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) atraviesa una seria crisis de credibilidad tras las renuncias de dos de sus principales especialistas en áreas sensibles: Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, y Georgina Giglio, directora del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ambos tenían bajo su responsabilidad los indicadores más críticos para evaluar la situación social y económica: la medición de la pobreza y la inflación.

Las dimisiones, sin explicaciones claras por parte de la conducción del organismo, intensifican las sospechas de interferencia política en la elaboración de las estadísticas y disciplinamiento de sus cuadros técnicos. Manzano, considerado uno de los técnicos más respetados del Indec y artífice de la nueva metodología para medir pobreza, dejó su cargo en medio de la parálisis de ese sistema, que por alguna razón nunca llegó a implementarse. La actualización del IPC, a su vez, también permanece congelada, en un contexto en que se teme que los números reales choquen con el discurso oficial.

La salida de Giglio, comunicada como un “regreso por razones personales” a la Dirección Provincial de Estadística bonaerense, tampoco disipó las dudas. Su reemplazo por Josefina Rim se dio en paralelo a las denuncias de sectores sindicales y opositores que advierten sobre un posible subregistro deliberado de la inflación.

Las renuncias golpean el corazón del Indec y reavivan el recuerdo de los años en los que el organismo perdió legitimidad por manipulación de datos. Hoy, encuestas reflejan que gran parte de la población desconfía de las cifras oficiales, especialmente de las que informan sobre la inflación y los niveles de pobreza.

Con estas salidas, la gestión de Marco Lavagna enfrenta un desgaste interno y externo: dentro del Indec, por la pérdida de técnicos de peso sin reemplazos a la altura; y hacia afuera, por la percepción de que el organismo se aparta de su misión de garantizar información confiable y transparente. En definitiva, el Indec se encuentra en el centro de un escenario de desconfianza que amenaza con minar la credibilidad de sus estadísticas en el momento en que resultan más necesarias.

La senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) y aliada del oficialismo, sugirió durante el plenario de comisiones donde se debatía la emergencia pediátrica por el ajuste contra el Garrahan que ese hospital sólo debería atender a los niños porteños.

La senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, dejó atónitos a propios y ajenos al afirmar en pleno debate sobre la emergencia pediátrica por el ajuste al Hospital Garrahan que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”.

La frase, tan descarnada como despiadada, provocó un inmediato rechazo en el recinto. Con frialdad, la legisladora defendió la idea de que cada jurisdicción debería hacerse cargo de la salud de sus habitantes, negando de plano el carácter federal del acceso a tratamientos de alta complejidad.

“Quiero hacer un aporte: yo no creo que los niños argentinos tengan el derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco”, lanzó, en una intervención que varios de sus colegas calificaron de violenta, ignorante e inhumana.

“No creo que los niños Argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Esto dijo una senadora del PRO, aliada libertaria, uno mas impresentable que el otro pic.twitter.com/kfohf2Gf2Q

— TUGO News (@TugoNews) August 19, 2025

Las reacciones fueron inmediatas. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri le recordó que la salud de niños, niñas y adolescentes tiene rango constitucional. Martín Lousteau (UCR) retrucó con dureza: “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar donde uno nace. Que alguien diga que los niños no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan muestra un grado de injusticia y de violencia inusitado”.

La peronista Carolina Moisés fue aún más tajante: “Nunca hay que subestimar la audacia de los ignorantes y, cuando la ignorancia es tan explícita, es una pérdida de tiempo responder”.

En medio de los abucheos, Álvarez Rivero intentó justificarse alegando que había sido “malinterpretada”, pero insistió en que los hospitales de alta complejidad deben limitarse a los habitantes de su zona.

La senadora libertaria-propuesta se mostró así como una férrea defensora de la lógica del ajuste del gobierno de Milei, incluso a costa de desconocer derechos básicos y de exhibir un desprecio brutal hacia la niñez más vulnerable del país.

“Les duele el éxito de una película sin financiamiento del Estado” había afirmado el presidente, pero los documentos oficiales muestran una realidad muy diferente.

Javier Milei volvió a quedar en evidencia. Aunque el presidente celebró el estreno de Homo Argentum asegurando que la película “no recibió financiamiento del Estado”, documentos oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prueban lo contrario: el film obtuvo $150 millones a través del programa BA Producciones Internacionales, con la obligación de devolver apenas un 12,13% del monto otorgado.

En declaraciones a Ámbito el pasado 14 de agosto, Milei destacó el estreno de la película dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, con Guillermo Francella como protagonista, como un ejemplo de éxito “independiente de la ayuda estatal”. Sin embargo, los registros oficiales confirman que la producción fue beneficiada con una millonaria inyección de fondos públicos pertenecientes a los contribuyentes.

El contraste es evidente. Mientras el presidente intenta instalar la idea de un triunfo cultural desligado del financiamiento estatal, los documentos demuestran que la inversión pública fue determinante.

El caso expone una vez más la contradicción del discurso presidencial: Milei sostiene que la cultura “vive del Estado” y critica el financiamiento público, pero uno de los proyectos que él mismo celebra no podría haberse concretado sin recursos estatales.

Alejandro Fantino cruzó fuerte al ministro de Salud por el escándalo del fentanilo: “renuncia viejo choto, estás más sucio que una papa”. Pero inmediatamente le avisaron desde la producción de la radio que alguien estaba llamando para frenarlo. “Ya lo sé, Leo. Y bueno, lo sé, lo lamento, hermano. Cien muertos, que me chupe bien la pija” contestó Fantino.

La interna libertaria sumó un nuevo capítulo explosivo tras el escándalo por el fentanilo adulterado, que desató una crisis sanitaria de proporciones y golpeó de lleno al gobierno nacional. En ese contexto, Alejandro Fantino salió al aire con una embestida directa contra el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien le exigió la renuncia inmediata.

“Murieron cien personas, Mario agarrá los bolsos y volá. No estás a la altura”, disparó el conductor, acusando al funcionario de dar explicaciones “berretas” y “asquerosas” tras la tragedia. Fantino incluso sugirió que Lugones podría tener responsabilidad penal por las muertes vinculadas al lote contaminado.

Pero lo más llamativo ocurrió durante la transmisión: mientras criticaba con dureza al ministro, Fantino fue advertido desde la producción de que alguien estaba llamando para frenarlo. La reacción del periodista fue furibunda. “Que me chupe bien la pija el que está llamando. No me rompan los huevos, no me hagan sonar el teléfono”, lanzó en vivo, dejando expuesto un intento de disciplinarlo desde las entrañas del poder.

El episodio no sólo volvió a exhibir la frontalidad del conductor, sino que también dejó en evidencia la feroz disputa interna dentro del oficialismo. No es la primera vez que Fantino interviene en la interna libertaria: semanas atrás había cargado contra Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en la Provincia de Buenos Aires. Ahora, al golpear a Lugones —padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo—, muchos interpretan que se trata en realidad de un tiro por elevación contra el asesor estrella del Presidente, en un contexto donde los equilibrios de poder dentro de Las Fuerzas del Cielo están cada vez más frágiles.

La crisis por el fentanilo adulterado, lejos de ser un problema sanitario aislado, terminó por convertirse en un catalizador que exacerbó las tensiones libertarias, dejando al descubierto cómo los errores de gestión se transforman rápidamente en armas de la guerra interna.

Un reciente informe alerta que la llegada de Javier Milei a la presidencia fomentó esta realidad, y muestra las dificultades que presenta la economía argentina para “generar suficientes ocupaciones de calidad, ya sea en términos de ingresos, estabilidad y/o acceso a un conjunto de derechos sociales”.

El mercado laboral argentino atraviesa un deterioro acelerado: los datos muestran que, bajo la gestión de Javier Milei, el empleo creció principalmente a costa de la informalidad. De cada 100 trabajos formales que se pierden, sólo uno se recupera con registro; el resto se suma al mercado en condiciones de desprotección, sin aportes jubilatorios ni cobertura social.

Según los últimos informes, en el primer trimestre de 2025 se crearon 390 mil empleos precarios, lo que elevó la tasa de informalidad al 44,1%, el nivel más alto de la serie comparable iniciada en 2017. Solo en la provincia de Buenos Aires, la más golpeada por esta dinámica, se perdieron más de 33 mil empleos privados registrados.

La tendencia no es nueva en América Latina: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que cerca de la mitad de los trabajadores de la región se desempeñan en la informalidad, con Bolivia a la cabeza (casi 80%). Sin embargo, la Argentina, que históricamente estuvo por debajo del promedio regional, hoy se acerca peligrosamente a ese umbral, lejos de los casos de Chile y Uruguay, donde la informalidad no supera el 30%.

El Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que la política de desregulación del gobierno libertario está alimentando esta precarización, especialmente en actividades como plataformas de reparto o transporte, donde los trabajadores carecen de aportes, estabilidad, capital propio y en muchos casos también de calificación. “Por cada 100 trabajadores despedidos, solo uno o dos logran volver a un puesto formal”, señala el informe.

El impacto golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. Entre las mujeres mayores de 66 años, la tasa de desprotección subió un 14,6% en el último año, en paralelo con una reducción del 23% de la presencia femenina en el sector público y con haberes jubilatorios cada vez más deteriorados.

Los números oficiales del INDEC confirman la misma tendencia: en el primer trimestre de 2025 la informalidad alcanzó el 42%, por encima del 40,8% registrado un año atrás. En paralelo, la subutilización de la fuerza laboral (desempleo más subempleo) trepa al 17,9%, mientras que la presión efectiva sobre el mercado laboral llega al 24%.

En este escenario, el gobierno celebra un aumento mínimo del empleo total, de apenas 0,1%. Pero la realidad detrás de esa cifra es que el crecimiento se apoya en sectores de baja productividad y alta informalidad, mientras que el trabajo formal retrocede. Desde la llegada de Milei al poder se destruyeron casi 99 mil empleos registrados en todo el país.

Organizaciones como Fundar remarcan que la informalidad en la Argentina es hoy “más alta que hace 40 años”. Tras un descenso durante los primeros años del nuevo siglo, desde 2015 la tendencia volvió a ser ascendente, y con la actual gestión se consolida un escenario de precarización estructural.

La conclusión de los especialistas es clara: lejos de generar empleo de calidad, el modelo libertario profundiza un mercado laboral segmentado y frágil, donde la mayoría de los nuevos trabajadores se suman a la economía sin derechos ni protección.