Después de haber votado a favor de la ley de emergencia en Bahía Blanca, que destinaba 200 mil millones de pesos para reparaciones por la inundación, el PRO apoyara el veto del presidente Javier Milei. Así lo confirmó Cristian Ritondo.

En una decisión que ha generado indignación en Bahía Blanca, el bloque del PRO confirmó que apoyará el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia, a pesar de haber votado a favor de ella semanas atrás. La medida preveía 200 mil millones de pesos para reconstruir la ciudad tras las devastadoras inundaciones que la golpearon en marzo.

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, fue quien blanqueó el cambio de postura en una entrevista con la señal de streaming Neura, donde sostuvo:

“No me parece que esté bien decirle al Gobierno en qué tiene que gastar la plata.”

Este giro abrupto se produce después de que el PRO sellara un acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo que deja en evidencia que las prioridades del partido están más alineadas con los pactos de poder que con las necesidades urgentes de los vecinos de Bahía Blanca.

Votaron a favor y ahora se dan vuelta

En la madrugada del 5 de junio, Ritondo y los otros nueve diputados del PRO por Buenos Aires votaron a favor de los cambios que introdujo el Senado a la media sanción original, incluyendo la asignación específica de fondos para la emergencia. Sin embargo, tras el veto presidencial, el PRO decidió darle la espalda a esa misma ley.

Ritondo intentó justificar el cambio con argumentos ambiguos:

“Ya le dijimos [al Gobierno] cuál era el monto, pero el Ejecutivo sabe en qué tiene que gastarlo.”

Con esta postura, el PRO avala que el Poder Ejecutivo ignore una emergencia social concreta, aludiendo a cuestiones fiscales y de autonomía administrativa, en lugar de defender a las comunidades devastadas.

Una traición a los bahienses

La ley vetada fue aprobada con amplio respaldo en el Congreso y contemplaba medidas concretas: suspensión de ejecuciones fiscales y embargos, prórroga de impuestos, asistencia previsional, y reasignación de partidas presupuestarias para atender a Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Sin embargo, el Gobierno de Milei la vetó con el argumento de que afectaba el equilibrio fiscal, minimizando el impacto humano del desastre.

Con su apoyo al veto, el PRO deja clara su prioridad: no es la gente, es el ajuste en beneficio de unos pocos. Entre los diputados que hoy defienden la decisión presidencial figuran nombres como Martín Ardohain, Gabriela Besana, Alejandro Finocchiaro, María Eugenia Vidal y Martín Yeza, entre otros.

Esta traición política al pueblo de Bahía Blanca marca un antes y un después en la relación del PRO con su electorado. Porque cuando más se necesitaba solidaridad, eligieron la obediencia a Milei por encima del compromiso con los afectados.

De acuerdo con los últimos datos del sector, la demanda turística cayó al menos 20 puntos porcentuales respecto al año pasado, afectando de lleno a hoteles, centros de recreación, gastronomía y economías regionales que dependen del movimiento invernal.

Las vacaciones de invierno 2025 llegaron con más incertidumbre que turistas, y los números delatan una realidad alarmante: la actividad turística nacional atraviesa uno de sus peores momentos en años, con caídas de hasta el 40% en la ocupación hotelera y una preocupante pérdida de rentabilidad en todo el país.

De acuerdo con los últimos datos del sector, la demanda turística cayó al menos 20 puntos porcentuales respecto al año pasado, afectando de lleno a hoteles, centros de recreación, gastronomía y economías regionales que dependen del movimiento invernal. El informe de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) no deja lugar a dudas: la temporada 2025 está marcada por un derrumbe sostenido.

Ciudades tradicionalmente atractivas para el turismo, como Buenos Aires, Mendoza e Iguazú, muestran cifras desoladoras. Solo algunos destinos puntuales —como Bariloche y Villa La Angostura— logran esquivar la tendencia negativa gracias a la llegada de turistas brasileños y una mayor conectividad aérea con Brasil. Sin embargo, el impulso externo no compensa la profunda caída del turismo interno.

“Estamos atravesando un invierno complejo. La baja del turismo internacional y el crecimiento del emisivo afectan directamente a la hotelería nacional”, advirtió Gabriela Ferrucchi, presidenta de la AHT.

Pero la ocupación no es el único problema: la rentabilidad del sector también se desploma. Roberto Amengual, presidente de la cadena Amérian Hoteles, subrayó que en algunos destinos la caída llega al 40% respecto a un 2024 que ya había sido flojo. “Hay plazas que bajaron un 10%, como Termas o Carlos Paz, pero otras como Río Gallegos o Tucumán muestran caídas mucho más profundas”, señaló.

La situación se agrava por un factor estructural: las tarifas hoteleras están completamente desfasadas frente al incremento de los costos operativos. Mientras los precios al consumidor se actualizaron solo un 40% en el último año, los costos del sector treparon entre un 50% y un 800%, según el rubro. Energía, impuestos inmobiliarios y otros servicios esenciales se volvieron impagables. Esta combinación de caída en la demanda y aumento descontrolado de costos pone al borde del colapso a muchos establecimientos.

El turismo emisivo, con un tipo de cambio más favorable para viajar al exterior, también erosiona la demanda interna. Miles de argentinos optaron por destinos como Brasil, tentados por el clima cálido y oportunidades de consumo que no encuentran en el mercado local.

Por si fuera poco, la tendencia a las reservas de último momento complica aún más la planificación del sector. Aunque el receso escolar en Buenos Aires y CABA trajo algo de movimiento, los operadores coinciden en que no alcanza para revertir los números en rojo.

“La sensación de crisis está instalada. Ya se empieza a ver pérdida de empleo en el sector. Sería importante establecer políticas que permitan sostener a la hotelería, que cumple un rol clave en las economías regionales”, alertó Amengual.

En resumen, mientras el invierno avanza, el turismo argentino se congela bajo la presión de tarifas retrasadas, caída de reservas, competencia externa y costos desbocados. Una temporada que solía ser sinónimo de reactivación se ha convertido, este año, en una señal de alarma para un sector que parece quedar a la intemperie.

Milei viajó a Córdoba junto con su hermana para participar en el show libertario “La Derecha Fest” en el avión oficial Tango 10, un Lear Jet 60 de la flota presidencial.

Aunque Javier Milei construyó su carrera política prometiendo terminar con los privilegios de la “casta”, su conducta parece ir en sentido contrario. Esta semana, el presidente viajó a Córdoba junto a su hermana Karina para participar del show libertario “La Derecha Fest”, un evento proselitista privado que recaudó más de 105 millones de pesos en entradas, y lo hizo a bordo del avión oficial Tango 10, un Lear Jet 60 de configuración VIP ejecutivo perteneciente a la flota presidencial.

El traslado no fue un simple vuelo: incluyó un amplio y costoso despliegue de seguridad financiado con fondos públicos. Más de 250 efectivos de fuerzas federales, incluyendo Casa Militar, Gendarmería, Policía Federal, Policía Aeroportuaria y Ejército, fueron movilizados para custodiar al mandatario en un trayecto de apenas 3,7 kilómetros, desde el aeropuerto hasta el Hotel Quórum, sede del evento.

A diferencia de sus viajes al exterior, donde Milei suele improvisar actividades diplomáticas para justificar el uso de recursos estatales, esta vez ni siquiera simuló una agenda oficial. No hubo actos protocolares, reuniones de gobierno ni actividades institucionales. El operativo de seguridad, sin embargo, fue similar al que se desplegó el 25 de mayo durante los actos por la Revolución de Mayo.

Pese a tratarse de un evento cerrado, la organización no sólo no permitió el ingreso de la prensa sino que incluso expulsó a una periodista de Página 12 que había pagado su entrada, ofreciéndole dinero a cambio de su retiro. La Casa Militar fue la encargada de ejecutar esa orden.

La opacidad del acto y el uso de recursos públicos ya motivaron una presentación en la Cámara de Diputados. El legislador socialista Esteban Paulón exigió al Poder Ejecutivo que detalle si Milei tuvo agenda oficial, cuál fue la composición de la comitiva, qué recursos estatales se utilizaron y bajo qué marco legal se financiaron traslados y operativos para un acto partidario con fines de lucro para una empresa privada.

Mientras Milei insiste en su relato anti-“casta”, cada vez son más las señales de que ha adoptado sus mismas prácticas, pero sin transparencia ni control.

Según el último informe de la consultora Scentia, las ventas en supermercados y mayoristas se desplomaron un 6,4% interanual, siendo los rubros más golpeados del mes, mientras que el consumo general cayó 0,8% frente a junio de 2024.

Tras tres meses consecutivos de leve recuperación, el consumo masivo volvió a retroceder en junio, reavivando las señales de alerta sobre la fragilidad de la economía argentina. Según el último informe de la consultora Scentia, las ventas en supermercados y mayoristas se desplomaron un 6,4% interanual, siendo los rubros más golpeados del mes, mientras que el consumo general cayó 0,8% frente a junio de 2024.

La desaceleración de la inflación no logró traducirse en una mejora del consumo. Pese a que los precios subieron un 15,1% en el primer semestre —muy por debajo del ritmo registrado el año pasado—, el poder adquisitivo de los hogares continúa deteriorado y el mercado laboral aún no muestra signos claros de recuperación. Los salarios siguen estancados, el desempleo alcanza el 7,9% y la pobreza afecta al 38,1% de la población.

El informe de Scentia, que releva más de 8.000 puntos de venta en todo el país, indica que entre supermercados de cadena y mayoristas se dieron las caídas más pronunciadas, mientras que las ventas online crecieron 14,6% y las farmacias aumentaron un 5,6%. En conjunto, supermercados y autoservicios registraron una baja del 2,4% interanual.

En lo que va de 2025, el consumo masivo apenas acumula un magro crecimiento de 0,4%, lo que confirma que, más allá de cierta estabilidad macro, la recuperación no llega al bolsillo. La recesión del consumo privado pone en duda la sostenibilidad del rumbo económico actual.

Aunque algunos sectores industriales muestran una tímida reactivación —como la automotriz y la manufactura (aunque con altos niveles de capacidad instalada ociosa)—, el impacto en el consumo cotidiano es mínimo. La caída en las compras de alimentos, productos de limpieza y artículos básicos evidencia que el ajuste no es solo una estadística: es una realidad palpable para millones de argentinos.

“Se aconseja a la pertinente personalidad interesada que no vea en China un espejo que refleje nada más que su propia lógica hegemónica”, respondieron desde la embajada de la República Popular China.

El gobierno chino respondió con firmeza a los polémicos dichos del futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien calificó a China como una “influencia maligna” y aseguró que, una vez en funciones, recorrerá las provincias argentinas para advertir a los gobernadores sobre los riesgos de concretar acuerdos con el país asiático, insinuando que estos podrían derivar en hechos de corrupción.

Las declaraciones, consideradas abiertamente injerencistas y prepotentes, no solo generaron un inmediato rechazo por parte de la embajada china en Buenos Aires, sino también una reacción crítica por parte de dirigentes políticos y gobernadores argentinos, quienes cuestionaron la actitud de Lamelas por atentar contra la soberanía nacional y el derecho a mantener relaciones internacionales libres y autónomas.

Desde la sede diplomática de China en Argentina, el portavoz oficial fue tajante al señalar que los dichos del diplomático estadounidense están “plagados de prejuicios ideológicos y de mentalidad de Guerra Fría”, lo que —sostuvo— “no hace más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la Doctrina Monroe”, en alusión a la doctrina que históricamente justificó la intervención de Estados Unidos en América Latina bajo la premisa de defender sus intereses estratégicos.

El comunicado de la embajada fue más allá al afirmar que Argentina no debe ser utilizada como escenario de una disputa geopolítica entre grandes potencias, sino que debe ser “un campo por excelencia de cooperación internacional en pos del desarrollo, la reforma y el fomento mutuo”.

En un mensaje directo al propio Lamelas, la embajada de China advirtió:

“Se aconseja a la pertinente personalidad interesada que no vea en China un espejo que refleje nada más que su propia lógica hegemónica”.

La respuesta del gobierno de Xi Jinping también remarcó que la relación entre China y Argentina se basa en principios sólidos de respeto mutuo, no injerencia y cooperación beneficiosa para ambas partes. “Nuestra asociación estratégica integral con Argentina no solo ha contribuido al desarrollo económico y social de ambos países, sino que también ha promovido la estabilidad regional y la cooperación global”, subrayó el comunicado.

Reacciones en Argentina

Varios gobernadores argentinos, aludidos indirectamente por las declaraciones de Lamelas, también expresaron su malestar. Señalaron que ningún diplomático extranjero tiene autoridad para condicionar los acuerdos internacionales que cada provincia pueda establecer en función de sus intereses productivos, energéticos o comerciales.

Las declaraciones del futuro embajador estadounidense ocurren en un contexto de competencia global por influencia en América Latina, donde tanto Estados Unidos como China han intensificado sus vínculos económicos, diplomáticos y estratégicos con distintos países de la región.

Frente a este escenario, la contundente respuesta de China busca marcar límites claros a los intentos de presión por parte de Washington y reafirmar su compromiso con una política exterior basada en la cooperación pacífica y el respeto a la soberanía de los países latinoamericanos.

El presidente descargó toda su furia contra Victoria Villarruel por la reciente derrota legislativa sufrida en el Senado, mientras el público coreaba: “Hija de puta, hija de puta”.

En un encendido discurso durante el evento “La Derecha Fest” en Córdoba, el presidente Javier Milei protagonizó una noche de descalificaciones y promesas controvertidas. Ante un público fervoroso, calificó a la vicepresidenta Victoria Villarruel como “una bruta traidora”, acusándola de manipular cifras en el debate por el aumento de las jubilaciones. “Sugiero que antes de hacer chicanas, aprendan a sumar dos más dos”, ironizó.

"Bruta traidora" será la infeliz de tu hermana que cagó a tu militancia llenando las listas de macristas y kirchneristas @JMilei pic.twitter.com/t7wSO1Ez5U

— 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒐 (@ComodoroJN) July 23, 2025

El mandatario también arremetió contra la oposición —a la que llamó “parásitos”— y, en particular, contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Los vamos a aplastar en las urnas”, exclamó entre aplausos. Auguró un “batacazo violeta” en las elecciones generales de octubre y aseguró que “la batalla por los votos es una larga marcha que solo va en una dirección”.

Además, Milei anticipó que vetará la ley recientemente aprobada por el Congreso que contempla aumentos para jubilaciones, la declaración de emergencia del Hospital Garrahan y partidas destinadas a personas con discapacidad. “No vamos a permitir que el populismo vuelva a destruir la economía”, sentenció.

Durante el acto, que reunió a figuras del liberalismo libertario y fue promovido como “el festival más anti-zurdo del mundo”, Milei también elogió a su hermana Karina (“El Jefe”), al ministro Luis Caputo y a Federico Sturzenegger, a quien destacó por impulsar “más de 8.000 reformas estructurales”.

El evento, cargado de consignas contra la prensa, fue la tercera edición de “La Derecha Fest”, organizada por Javier Negre, de La Derecha Diario, quien también fue elogiado por el Presidente. Afuera del salón, el tono del encuentro se replicaba en la venta de merchandising con mensajes agresivos hacia los medios de comunicación.

En una semana marcada por una fuerte inestabilidad cambiaria y suba del riesgo país, el Gobierno oficializó la toma de tres nuevos préstamos internacionales por un total de u$s1.500 millones.

A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, avaló la firma de acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Grupo Banco Mundial.

Detalle de los nuevos créditos:

• BID – u$s400 millones: Para financiar el Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad, con el objetivo de facilitar reformas para reducir costos regulatorios, achicar la participación estatal en la economía y agilizar el comercio exterior.
• BIRF – u$s300 millones: Dirigidos al Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria, que apunta a mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema tributario, bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
• BID – u$s800 millones: Para respaldar el Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II, destinado a reforzar la política fiscal a través de reformas gestionadas por el Ministerio de Economía.

Más préstamos, mismo objetivo: apuntalar las reservas

La suscripción de estos préstamos se suma a un desembolso adicional de u$s230 millones con el Banco Mundial, aprobado días antes, destinado a financiar el Programa de Formación y Empleo. En total, el paquete de deuda externa autorizado en la última semana asciende a u$s1.730 millones.

Aunque el discurso oficial presenta estos recursos como impulsores de reformas estructurales y modernización administrativa, en la práctica el Gobierno busca reforzar las reservas internacionales y contener la volatilidad del dólar en un contexto económico complejo y con fuertes presiones cambiarias. La estrategia es clara: garantizar ingresos frescos de divisas que ayuden a aliviar la tensión financiera mientras avanza el programa de ajuste en un contexto electoral incierto.

Se trata de la cifra más alta de la última década, a excepción de la registrada durante la pandemia. Mientras el hambre se expande, el Gobierno nacional mira para otro lado y mantiene paralizado el 59% del presupuesto destinado a la niñez y adolescencia vulnerable.

La situación es dramática y las cifras lo confirman: más de la mitad (51%) de los hijos e hijas de trabajadores informales, de entre 0 y 12 años, padece insuficiencia alimentaria, el registro más alto de la última década, solo superado durante el peor momento de la pandemia. Mientras el hambre se expande, el Gobierno nacional mira para otro lado y mantiene paralizado el 59% del presupuesto destinado a la niñez y adolescencia vulnerable.

Así lo revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que expone un fuerte deterioro en la seguridad alimentaria de las infancias. Esta alarmante cifra impacta sobre un universo de casi 9 millones de trabajadores en negro, el 42% de la población económicamente activa, cuyos hijos son víctimas directas de la precarización laboral y la falta de políticas públicas efectivas.

Estos padres que se encuentran desempleados o en empleos precarios conforman un grupo de vulnerabilidad que no solo son propensos a sufrir inseguridad alimentaria, sino que son más propensos que hace 10 años, por lo que vemos que la situación se ha ido deteriorando…

— Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) July 14, 2025

La crisis alimentaria infantil se agrava aún más: en 2024, el 16% de los niños atraviesa una insuficiencia alimentaria severa, un pico histórico desde 2010, incluso por encima de los valores registrados durante la pandemia.

Mientras tanto, el Ejecutivo no ejecutó ni un solo peso del 59% de los programas destinados a la infancia y familias vulnerables. De 73 programas presupuestados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 43 no recibieron ninguna ejecución presupuestaria en los primeros siete meses del año. Son casi 4000 millones de pesos asignados que no llegan a quienes más lo necesitan, incluyendo fondos para política alimentaria y asistencia socio-habitacional.

Especialistas advierten que la Asignación Universal por Hijo es insuficiente para contener la crisis. La precariedad laboral sigue siendo el principal factor estructural que empuja a millones de hogares a la pobreza extrema. Como sostuvo Ianina Tuñón, autora del informe de la UCA: “Las transferencias de ingresos no alcanzan cuando el empleo es precario; la infancia paga el precio más alto”.

En un contexto donde el gobierno prioriza el ajuste fiscal, la realidad marca que la cuenta se paga con el hambre de los más chicos.

Lo que se prometía como la era del autoabastecimiento gracias a Vaca Muerta terminó siendo un negocio redondo para las grandes petroleras. Javier Milei acordó pagarles hasta un 65% más por el gas, garantizando ganancias extraordinarias a las empresas mientras el Estado asume pérdidas millonarias.

La excusa oficial es “evitar cortes”, pero el trasfondo es claro: las petroleras le torcieron el brazo al Gobierno. Empresas como YPF, Total Energies, Tecpetrol (del Grupo Techint, aportante a la campaña de Milei), CGC (de Eurnekian, padrino político de Milei), Pampa Energía y otras exigieron un precio muy por encima del Plan Gas para inyectar más gas en plena ola polar.

Este sobreprecio quedó oficializado a través de Cammesa, la distribuidora mayorista de energía, que lanzó una subasta pagando hasta 7,50 dólares por millón de BTU, 3 dólares más que el promedio invernal. La práctica habitual era pagar el 90% del precio del Plan Gas, alrededor de 4,45 dólares, pero bajo el mandato de Milei, el Estado quebró su propio criterio para asegurar que las petroleras abran la canilla.

Hace apenas unas semanas, ciudades como Mar del Plata sufrieron cortes de gas porque las empresas no quisieron inyectar más gas al precio habitual. Ahora, el Gobierno, lejos de sancionar o regular, premia a las compañías con un sobreprecio que vacía las arcas públicas y dispara los tarifazos a los hogares.

Mientras los usuarios pagan aumentos brutales —un 1482% de suba en las boletas de gas en el AMBA desde que asumió Milei—, las petroleras embolsan ganancias récord. Y con la Ley Bases, Milei profundizó la entrega: eliminó la obligación de abastecimiento interno y permitió la libre exportación de gas por 30 años a precio internacional, asegurando para las multinacionales rentas a costa del pueblo argentino.

El resultado es un Estado más endeudado, usuarios asfixiados por las tarifas y un puñado de empresas celebrando la transferencia de recursos más grande de los últimos tiempos.

El asunto tomo una magnitud tal que ahora el Congreso activará una comisión para tratar salarios y atención médica.

Más de 2.200 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad federales presentaron su baja voluntaria en la primera mitad del año, marcando un récord de deserciones respecto a períodos anteriores. La situación, que refleja un creciente malestar por los bajos salarios y la crisis en la atención médica, obligó al Congreso Nacional a intervenir.

Tras la publicación del informe por parte del portal Misiones Online, desde el Senado confirmaron la creación de una subcomisión específica para investigar el deterioro salarial y las fallas en la cobertura de salud que afectan tanto a personal activo como retirado.

El senador misionero Enrique Martín Goerling, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Seguridad Interior, reconoció la gravedad del problema. “Los reclamos son reales”, afirmó, y adelantó que ya se trabaja en una línea directa para atender estas demandas que atraviesan a las fuerzas armadas y a las de seguridad federales.

Las cifras alarmantes se atribuyen principalmente a sueldos bajos y a la crítica situación de la obra social IOSFA, que brinda cobertura a más de 600.000 personas entre militares, gendarmes, prefectos y sus familias. Las quejas abarcan desde demoras en atención médica hasta cortes de servicios y cobros excesivos, especialmente en provincias del interior donde las opciones son limitadas. A ello se suma el malestar por los altos descuentos mensuales destinados a la obra social, que van desde 100 mil a más de 300 mil pesos, sin una contraprestación adecuada.

Goerling, cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, confirmó que IOSFA se encuentra bajo auditoría interna, pero remarcó que los problemas se arrastran desde gestiones anteriores y que la situación es mucho más crítica fuera de Buenos Aires.

El legislador adelantó que la subcomisión no solo investigará la situación sanitaria, sino también las condiciones salariales y laborales de los efectivos. Aunque aclaró que la política salarial es potestad del Poder Ejecutivo, el Congreso se compromete a ejercer un rol activo de fiscalización, recepcionando reclamos y peticionando ante las autoridades correspondientes.

En paralelo, se analiza la creación de un observatorio para monitorear las situaciones de las policías provinciales, dada la creciente cantidad de denuncias por abusos o conflictos internos.

Finalmente, Goerling señaló que la Bicameral ya está estudiando las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Seguridad vía decreto, modificaciones que también impactan en las condiciones laborales y alimentan el descontento entre el personal. “Estamos ante una situación delicada que requiere atención urgente para evitar un colapso aún mayor en el sistema”, advirtió.