Según datos oficiales del INDEC, en abril de 2025 las importaciones crecieron un alarmante 37,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que las exportaciones apenas aumentaron un 2,3%.

La política de apertura irrestricta a las importaciones está generando un grave deterioro del superávit comercial argentino. Según datos oficiales del INDEC, en abril de 2025 las importaciones crecieron un alarmante 37,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que las exportaciones apenas aumentaron un 2,3%. El resultado fue una caída estrepitosa del superávit comercial, que pasó de 1.807 millones de dólares en abril de 2024 a tan solo 204 millones este año.

Esta tendencia no es aislada. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el saldo comercial se redujo a 1.265 millones de dólares, muy lejos de los 6.208 millones registrados en igual período del año pasado. La causa central de este desbalance es el crecimiento desmedido de las importaciones (+35,7%), muy por encima del modesto incremento de las exportaciones (+5,8%).

De continuar esta dinámica, el país podría ingresar en un déficit comercial en los próximos meses, lo que implica que saldrán más dólares del país por importaciones que los que ingresen por exportaciones. Este desequilibrio amenaza con desestabilizar el ya frágil esquema económico del gobierno, que se apoya en anclas como el “dólar barato” para contener la inflación. Sin embargo, este mismo dólar bajo incentiva la compra de productos extranjeros y desalienta las ventas al exterior, acelerando la pérdida de divisas comerciales.

Esto no solo compromete la sostenibilidad externa de la economía, sino también el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicho pacto exige para 2025 un superávit comercial equivalente al 1,3% del PBI (unos 9.000 millones de dólares), meta que se aleja peligrosamente con cada mes que pasa. El plan proyectaba un aumento del 8,1% en exportaciones y del 14,6% en importaciones, pero la realidad muestra un desborde por el lado de las compras externas.

Además, el perfil de las importaciones actuales pone en duda el argumento de que el aumento se debe a una expansión productiva. El crecimiento más pronunciado se dio en rubros no esenciales para el desarrollo industrial: la importación de automóviles se disparó un 101,6% en el primer cuatrimestre del año, y los bienes de consumo aumentaron un 69,1%, acercándose peligrosamente al nivel de los bienes de capital. En abril, solo el 73% de las importaciones estuvo destinado a la producción, cuando históricamente ese porcentaje ronda el 80%.

Por el lado de las exportaciones, además del efecto negativo del tipo de cambio, se suma el impacto de la guerra comercial iniciada por el gobierno de EE. UU. Bajo el liderazgo de Donald Trump, se han establecido nuevas barreras arancelarias que afectan a los productos argentinos. Aunque el sector primario mostró cierto dinamismo (+9,4% en cereales, pescados y mariscos), otros sectores clave como los combustibles y las manufacturas agroindustriales sufrieron retrocesos por la baja de precios internacionales.

En este contexto, la política de apertura importadora no solo reduce la competitividad externa, sino que debilita una de las pocas fuentes genuinas de dólares para el país. Sin un cambio de rumbo, el superávit comercial —vital para sostener la economía y honrar compromisos internacionales— podría desaparecer por completo, arrastrando consigo al resto del modelo económico.

A partir de este domingo, entrará en vigencia un nuevo ajuste en el transporte público y peajes, que impactará directamente en el bolsillo de los usuarios.

Estos incrementos se enmarcan en la política de recorte de subsidios que lleva adelante el Gobierno Nacional, en línea con la inflación y con el objetivo de achicar la brecha con las tarifas nacionales, que hasta hace poco permanecían congeladas.

Nuevas tarifas desde junio

• Colectivos porteños: el boleto mínimo sube de $450,63 a $472,17.
• Subte: el pasaje pasa de $919 a $963, más del doble del costo de un colectivo.
• Peajes: en hora pico, las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo costarán $3.908,87 (antes $3.729,84) y la Illia sube de $1.550,63 a $1.625,06.

En los colectivos que operan exclusivamente en la Ciudad (como las líneas 6, 12, 39, 44, entre otras), se mantiene el esquema de actualización mensual que contempla un 2% fijo más la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En junio, la suba será del 4,8%, tras el 5,7% aplicado en mayo.

Se espera que la Provincia de Buenos Aires aplicará el mismo esquema: el boleto mínimo también se elevará a $472, alineándose con las tarifas de CABA.

Subte: la tarifa más alta

El subte sigue siendo el medio más costoso: el boleto trepa a $963, una diferencia superior al 100% respecto al colectivo. Para amortiguar el impacto, se mantienen descuentos de hasta el 65% con tarjetas bancarias, y pagos con QR desde billeteras virtuales como Mercado Pago, Modo, entre otras. Los pasajeros frecuentes y beneficiarios de tarifa social también acceden a rebajas progresivas según la cantidad de viajes.

Peajes: más caros

El aumento de peajes se atribuye a un plan de obras públicas que AUSA ya tiene en marcha. En horario no pico, los autos particulares pagarán $2.758,23 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $1.149,15 en la Illia.

Pese a la narrativa oficial, la caída del consumo masivo ya golpea a casi el 60% de las empresas del sector, y muchas anticipan despidos ante la merma sostenida en las ventas y el deterioro de la rentabilidad.

Aunque el Gobierno insiste en mostrar signos de recuperación y desaceleración inflacionaria, la situación en los supermercados del país refleja una crisis que se agudiza. La caída del consumo masivo ya golpea a casi el 60% de las empresas del sector, y muchas anticipan despidos ante la merma sostenida en las ventas y el deterioro de la rentabilidad.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Tendencia de Negocios a Supermercados y Autoservicios del INDEC, el 57,5% de las empresas reconoce que la baja demanda afecta gravemente su actividad, una cifra que viene en aumento y desmiente la narrativa oficial. En paralelo, un informe del MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía) de la Universidad Nacional de Rosario señala que más de la mitad de los supermercadistas considera hoy la caída del consumo como su principal preocupación, frente al 36% que lo hacía a fines de 2023.

El ajuste del gasto familiar ante la pérdida de poder adquisitivo se traduce en una retracción del consumo que no encuentra piso. La consultora Radar Scanntech reportó en abril una caída del 1,5% respecto al mes anterior y un derrumbe del 10,5% interanual en ventas de supermercados y autoservicios. Lejos de estos números, los datos oficiales del Gobierno muestran una baja marginal del 0,1%, lo que para el sector no refleja con precisión el escenario que enfrentan día a día.

Despidos en el horizonte

La preocupación no se limita al consumo: el 17,8% de las empresas del rubro ya prevé reducir su personal, frente a un escaso 2,7% que planea incorporar nuevos trabajadores. El resto mantiene una postura expectante y cautelosa, sin decisiones concretas, a la espera de mayor claridad en el rumbo económico.

Además del desplome en la demanda, los supermercadistas denuncian otros factores que presionan la rentabilidad. El 23,3% señala el costo laboral como un obstáculo central, mientras que persisten fuertes tensiones con los proveedores. Tras la última devaluación del dólar oficial en abril, muchas listas de precios llegaron con aumentos considerados “injustificados” por la Cámara de Supermercados Mayoristas (CASMA), lo que genera un efecto en cadena sobre precios finales y márgenes de ganancia.

Pese al respaldo público del ministro de Economía, Luis Caputo, a los supermercadistas, el conflicto continúa. El 57,7% de las empresas espera nuevos aumentos de precios de aquí a julio, y solo un 2,7% considera posible una baja en el corto plazo, a pesar de la estabilización parcial de la inflación.

Una brecha creciente entre relato y realidad

El discurso oficial se apoya en indicadores macroeconómicos que muestran cierta contención inflacionaria. Sin embargo, la economía real, la que se mide en cada ticket de compra y en cada góndola vacía, cuenta otra historia: la crisis del consumo no se detiene, el empleo en el sector empieza a resentirse, y la esperada recuperación aún no aparece en los hogares ni en los comercios.

Lejos de una reactivación, los supermercados viven un deterioro constante que amenaza con profundizarse. Mientras el Gobierno sostiene un relato de estabilización, la caída del consumo masivo y la tensión con proveedores anticipan un segundo semestre marcado por más recortes, menos empleo y un mercado interno cada vez más debilitado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó a Patricia Bullrich y el gobierno nacional por las cifras de homicidios dolosos difundidas la semana pasada.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional, Javier Milei, y referentes de La Libertad Avanza y el PRO, acusándolos de manipular políticamente el tema de la seguridad y “caranchear con el dolor” de la gente.

Las declaraciones del mandatario bonaerense llegaron tras la difusión de las estadísticas oficiales sobre homicidios dolosos, que indican una baja en la tasa nacional —3,8 por cada 100.000 habitantes en 2024—, calificada por el propio Gobierno como la más baja de Sudamérica y la menor desde que existen registros en el país. Sin embargo, Kicillof advirtió que “cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Kicillof señaló que en la provincia de Buenos Aires la caída de homicidios fue incluso mayor al promedio nacional, con un descenso del 10,2%. Pero enfatizó que el enfoque del oficialismo nacional sobre el tema resulta oportunista: “La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas. La motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio”.

Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la Provincia, ese…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El gobernador también puso en evidencia lo que consideró una contradicción del Gobierno de Javier Milei. “Frente a cada episodio de inseguridad grave, el Presidente se desentiende y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores. ¿En qué quedamos? ¿Es mérito del Gobierno Nacional cuando las cifras mejoran y culpa de las provincias cuando hay problemas?”, cuestionó.

En un tono firme, Kicillof desmintió la narrativa oficialista sobre la situación en territorio bonaerense: “Al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia ‘es un baño de sangre’, se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la Provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un ‘baño de sangre’”.

La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio. Se necesita coordinación, seriedad y responsabilidad. Es, además, una cuestión de múltiples dimensiones, por lo que necesita una política coordinada de todas…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 26, 2025

El mandatario también apuntó contra la alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, a la que responsabilizó de utilizar el miedo como herramienta de campaña. “Se vienen elecciones, pero no todo vale por un voto”, advirtió, y reclamó que “los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor”.

Finalmente, exigió al Gobierno nacional la devolución de los fondos de coparticipación que, según denunció, fueron recortados a la provincia. “Esos recursos, que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses, equivalen a la compra de 10.000 patrulleros”, remarcó Kicillof, quien insistió en la necesidad de “un Estado sensible, presente y protector”.

La empresa Molinos Rio de la Plata anunció despidos y rebajas salariales, dos medidas drásticas que desde la firma fueron justificadas por “la caída de las ventas”. 

La profunda recesión económica y el desplome del consumo ya impactan de lleno en el corazón del sector alimenticio. Molinos Río de la Plata, una de las compañías más emblemáticas del país y parte del poderoso Grupo Pérez Companc, anunció un fuerte ajuste que incluye despidos y recortes salariales. La firma justificó estas medidas en la caída sostenida de las ventas y en un contexto de precios regulados por debajo del incremento de costos.

Desde la planta ubicada en Esteban Echeverría, la Comisión Interna denunció que la empresa puso en marcha un proceso de reducción de personal que “deja la operación en la ilegalidad” y compromete seriamente la seguridad laboral. “Quieren producir lo mismo con menos trabajadores, lo que pone en riesgo la salud de quienes permanecen y condena al desempleo a cientos de familias”, alertó Luciano Greco, delegado gremial.

Según el gremio, la empresa pretende recortar adicionales salariales de convenio y achicar la planta de personal, afectando a unos 200 puestos de trabajo. Estas decisiones, afirman los trabajadores, se dan en un contexto de creciente precarización, donde incluso se estarían ocultando denuncias de accidentes laborales ante la ART y desconociendo licencias médicas.

La empresa, por su parte, informó que atraviesa un delicado momento financiero. En su último balance, reportó una pérdida neta de $5.460 millones durante el primer trimestre del año. Molinos explicó que esta caída se debe a un consumo interno deprimido y a que los precios de sus productos aumentaron apenas un 8,4% interanual, frente a una inflación del 55,9%, mientras que sus costos escalaron un 24% en el mismo período.

A pesar de haber logrado un leve repunte del 6,1% en volumen de ventas, la compañía no logró sostener su rentabilidad, lo que derivó en un fuerte ajuste que ahora impacta directamente en sus trabajadores.

En un país donde la crisis golpea transversalmente a la industria, el caso de Molinos Río de la Plata evidencia que ni las empresas más grandes y consolidadas son inmunes al deterioro económico. El conflicto laboral abierto en sus plantas no solo expone el drama del empleo en la Argentina actual, sino que también refleja cómo la política económica nacional y la caída del consumo están erosionando la capacidad productiva de sectores clave.

Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas conspirativas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen los mandatos impuestos desde Washington.

El gobierno de Javier profundiza su alineamiento incondicional con los Estados Unidos, y esta vez lo hace en un área clave de la soberanía nacional: el sistema de salud. Aprovechando la visita oficial de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y figura envuelta en múltiples controversias por sus posturas antivacunas, el Ministerio de Salud argentino anunció una serie de reformas estructurales que siguen de cerca el modelo impulsado desde Washington, expandiendo las áreas de injerencia como ya sucedió con seguridad, energía y defensa.

Presentadas como una “modernización basada en evidencia científica”, las medidas apuntan a una “revisión profunda” del funcionamiento de los organismos nacionales de salud. Bajo el discurso de combatir la burocracia y actualizar normas, se abre paso a una reforma que responde más a la agenda de intereses extranjeros que a las necesidades del pueblo argentino. Todo esto sucede mientras el gobierno formaliza su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alejándose de consensos sanitarios internacionales y acercándose peligrosamente a posturas pseudocientíficas que han generado preocupación global.

La reunión entre Kennedy Jr. y los ministros Mario Lugones y Federico Sturzenegger dejó en claro la sintonía ideológica: desregulación de obras sociales y prepagas, promoción de biosimilares sin regulación firme, implementación de receta electrónica, y reducción de estructuras estatales. Esta hoja de ruta no es otra cosa que una reproducción del modelo estadounidense que Kennedy Jr. viene promoviendo, incluso a costa de miles de empleos en la FDA y los CDC en su propio país.

Resulta alarmante que una figura tan cuestionada como Kennedy Jr., acusado de difundir desinformación sobre vacunas, con teorías desacreditadas incluso por su propia familia, sea recibida como socio estratégico para reconfigurar el sistema sanitario argentino.

Sus afirmaciones infundadas sobre el autismo, la seguridad de las vacunas, y su campaña contra la inmunización han sido refutadas ampliamente por la comunidad científica internacional. Sin embargo, es ahora él quien parece tener influencia directa sobre las políticas de salud pública en nuestro país.

La supuesta “eficiencia” que promueve Kennedy —basada en recortes, privatizaciones y un Estado ausente— ya ha mostrado sus consecuencias en EE.UU.: un sistema costoso, desigual, y con pobres resultados sanitarios. Exportar ese modelo a la Argentina no es solo un acto de imprudencia, sino una claudicación de la soberanía sanitaria.

Así, con cada paso, el gobierno de Javier no hace más que confirmar su vocación de subordinación: desde las decisiones económicas hasta las políticas de salud, el Estado argentino se entrega sin condiciones a los intereses de Washington, incluso cuando estos van en contra de la evidencia, la salud pública y los derechos de la ciudadanía.

Milei lo puso a frente de la empresa de energía nuclear NASA. Cobra tres veces más que el Presidente, pero en su gestión no registra avances de hecho incluso se canceló el proyecto CAREM, la primera central nuclear de potencia 100% argentina.

Demian Reidel, amigo personal de Javier Milei y actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), cobra más de $14 millones mensuales mientras el Plan Nuclear que él mismo encabeza sigue completamente paralizado. Fue nombrado el 23 de abril y desde entonces no hay avances concretos, más allá de viajes y discursos vacíos.

Con un sueldo que triplica el del propio Presidente y supera ampliamente al de ministros, jueces y legisladores, Reidel se convirtió en uno de los funcionarios mejor pagos del país, en plena era del “ajuste más grande de la historia”. Todo esto, mientras no presenta resultados y frena proyectos clave para el desarrollo energético nacional.

Por presión de Estados Unidos —según señalan fuentes cercanas al sector—, Reidel habría congelado el proyecto CAREM, el reactor modular 100% argentino que representa uno de los hitos más ambiciosos del sistema científico-tecnológico local. El desarrollo de este reactor estaba en una etapa crítica de construcción, pero quedó suspendido sin una explicación clara a nivel oficial.

El contraste con el discurso libertario no podría ser más evidente: mientras miles de trabajadores del Estado fueron despedidos y se recortan fondos a ciencia, educación y salud, un asesor presidencial cobra más de 46 veces el salario mínimo y encabeza un plan que no avanza.

El Plan Nuclear, presentado con bombos y platillos en diciembre junto al jefe del OIEA, Rafael Grossi, no cuenta con respaldo en la comunidad científica y ha sido cuestionado por sus objetivos vagos y poco realistas. Ni siquiera hay precisiones sobre la anunciada “ciudad nuclear en la Patagonia”.

Reidel se mostró recientemente en Francia, en reuniones con empresarios y acompañado por el embajador argentino, Ian Sielecki. Desde allí volvió a repetir su intención de construir reactores modulares en cinco años, aunque no detalló ni financiamiento, ni cronograma, ni capacidad técnica nacional para semejante ambición.

Mientras tanto, Nucleoeléctrica sigue en funcionamiento gracias al esfuerzo de casi 3.000 trabajadores, que cobran un salario promedio muy inferior al del presidente de la empresa, y genera el 10% de la matriz eléctrica del país. En lo que va del año, facturó más de $264 mil millones sin recibir transferencias del Tesoro.

La única certeza, por ahora, es que Reidel cobra su sueldo religiosamente cada mes. Y que el Plan Nuclear, como su Consejo de Asesores, está en vía muerta.

El gobierno de Milei redujo drásticamente los montos de las becas Pogresar en un 44%, utilizadas por sectores de bajos ingresos para reducir la desigualdad educativa.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando el ajuste sobre los sectores más vulnerables. En lo que va de su gestión, ya fueron recortados 500 mil beneficiarios del programa Progresar, una política pública clave para garantizar el derecho a la educación de jóvenes de sectores populares.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), además de la brutal reducción en la cobertura, el poder adquisitivo de las becas se desplomó un 44%, producto del congelamiento de los montos y la aceleración inflacionaria. Esta combinación de recortes y licuación se traduce en un ahorro fiscal acumulado de casi 90% en términos reales hasta fin de 2024, una cifra que revela con claridad hacia dónde se dirige el plan de ajuste.

A pesar de que el presupuesto 2025 proyecta alcanzar a 1,5 millones de estudiantes, en 2024 el programa apenas llega a un millón, incluso contando con una asignación presupuestaria mayor en términos reales. Lejos de revertir la situación, el CEPA advierte que el ajuste continuará: para este año se estima una reducción adicional del 18% y no se descartan nuevos recortes en el número de beneficiarios.

El valor real de la beca también cayó de manera dramática: mientras que para equiparar el poder adquisitivo de abril de 2015, un estudiante debería recibir hoy $127.186 mensuales, actualmente perciben solo $35 mil, un monto que queda muy por debajo de cualquier umbral de dignidad educativa.

El desfinanciamiento del programa y el achicamiento de su alcance son una muestra más de que el ajuste no es “parejo”, sino que recae de forma directa y desproporcionada sobre quienes más necesitan del Estado para garantizar derechos básicos como la educación.

El programa Progresar, creado en 2014, tiene como objetivo brindar apoyo económico a jóvenes de entre 18 y 24 años que estudian y pertenecen a hogares con ingresos bajos, siendo un instrumento fundamental para reducir la desigualdad educativa. Actualmente se compone de tres líneas: Progresar Obligatorio (secundario), Progresar Superior (niveles terciario y universitario), y Progresar Trabajo (formación profesional).

Con los actuales recortes, la política educativa inclusiva que representaba Progresar está siendo vaciada, en el marco de un plan de ajuste que, una vez más, golpea primero y más fuerte a los sectores populares.

Con el presidente Javier Milei y todos sus ministros presentes, el arzobispo hizo un crudo diagnóstico de la situación social y política del país, denunció la inequidad estructural, criticó el avance del odio y reclamó con fuerza el regreso del diálogo y la empatía.

En una intervención cargada de gravedad y firmeza, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció un discurso demoledor durante el Tedeum celebrado este 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. Con el presidente Javier Milei y todos sus ministros presentes, el líder religioso hizo un crudo diagnóstico de la situación social y política del país, denunció la inequidad estructural, criticó el avance del odio y reclamó con fuerza el regreso del diálogo y la empatía.

“Argentina sangra”, afirmó sin eufemismos. “Sangra por las heridas de la inequidad, del individualismo, de la desconfianza y de la falta de sentido de comunidad.” Sus palabras resonaron con fuerza en un templo colmado de tensión, en contraste con la fría actitud del Presidente, quien evitó incluso le negó el saludo a su vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

García Cuerva no esquivó ningún tema: habló de la exclusión, de los jubilados olvidados, de las personas en situación de calle, de los jóvenes atrapados por el narcotráfico, y del dolor silenciado de millones. “Nuestro país también sangra —dijo— por las promesas incumplidas, por los años de estafas electorales que nos hicieron perder las ganas de participar.”

Con un tono severo, cuestionó a quienes ejercen el poder desde la lejanía social: “Argentina sangra en la inequidad entre los que lo laburan todo y los que viven de privilegios, alejados de la calle, del transporte público, del precio real de las cosas.” Sin mencionar nombres, sus palabras fueron claramente dirigidas a la élite gobernante, señalando la desconexión con la vida cotidiana de la mayoría.

El arzobispo también arremetió contra el clima de odio y violencia verbal: “Hemos pasado todos los límites. La descalificación, el destrato y la difamación se han vuelto moneda corriente. Necesitamos frenar urgentemente el odio y recuperar la cultura del encuentro.”

Sin perder la esperanza, afirmó con fuerza que “Argentina no está muerta, está adormecida por la indiferencia y el individualismo”, y apeló a construir un país desde la fraternidad y la memoria colectiva, recordando las palabras del Papa Francisco y del Premio Nobel Elie Wiesel.

“Basta de arrastrarnos en el barro del odio”, sentenció. “Es hora de levantarnos como Nación, pero no a empujones ni con un ‘sálvese quien pueda’. Es con todos, mirándonos a la cara, reconociendo el rostro concreto del otro.”

Finalmente, con tono casi de súplica, García Cuerva cerró con un llamado urgente a la unidad: “Las nuevas generaciones merecen un país reconciliado, curado y de pie. Que el pan que compartamos no sea el pan duro del odio ni el pan viejo de la indiferencia, sino el pan vivo de la esperanza.”

Su homilía, profunda y valiente, dejó en claro que la Iglesia no se mantendrá en silencio ante el dolor del pueblo. Y aunque no lo nombró directamente, el mensaje fue un abierto y contundente llamado de atención al rumbo que hoy toma el país bajo el actual gobierno.

En nombre del ajuste pero con una clara finalidad ideológica, Javier Milei, elimino por decreto el organismo que tiene como objetivos la investigación y divulgación de la obra del creador de la bandera y uno de los máximos proceres del país.

En un acto que ha generado una profunda indignación en amplios sectores de la sociedad y académicos, el gobierno de Javier Milei dispuso por decreto la disolución y fusión de organismos dedicados a la preservación y difusión de la historia argentina, en lo que se perfila como una ofensiva de revanchismo ideológico sin precedentes. El Decreto 346/2025, publicado en el Boletín Oficial, ordena la eliminación del Instituto Nacional Belgraniano, junto al Instituto Browniano y el Instituto Newberiano, tres pilares en la transmisión de la memoria de figuras fundacionales como Manuel Belgrano, Guillermo Brown y Jorge Newbery.

La medida, ejecutada de manera unilateral, ha sido interpretada como parte de un claro plan de vaciamiento cultural y aniquilación simbólica del pasado nacional, mientras el presidente enaltece a figuras como Thatcher. A estos cierres se suman el desmantelamiento del Instituto Juan Domingo Perón y de la Comisión de Homenaje al expresidente, lo que refuerza la idea de una avanzada contra las tradiciones históricas del país, especialmente aquellas que representan proyectos políticos populares y soberanos.

El Instituto Nacional Belgraniano, creado oficialmente durante el gobierno de Carlos Menem —a quien Milei ha elogiado como el “mejor presidente” desde la democracia—, venía cumpliendo desde 1944 una función clave en la investigación y difusión de la figura del creador de la bandera. Su eliminación, realizada en plena Semana de Mayo, ha sido calificada como un acto provocador y de desprecio hacia los símbolos patrios.

“Esto no tiene justificación alguna. Es una afrenta al patrimonio histórico y cultural del país”, denunció Felipe Pigna, historiador y especialista en la vida de Belgrano, quien subrayó que el Instituto ha producido material documental invaluable durante décadas.

La decisión ha generado estupor incluso entre referentes de otros institutos afectados. Diego Barovero, presidente del Instituto Yrigoyeneano, señaló: “Se trata de una medida infundada, arbitraria y técnicamente deficiente. Además, un decreto no puede anular lo establecido por ley, lo cual demuestra una preocupante improvisación jurídica”. También advirtió que esta medida responde a una estrategia sistemática de borrar de la memoria colectiva figuras como Hipólito Yrigoyen, a quienes Milei ha descalificado públicamente.

Historiadores como Hilda Sabato y Roy Hora también manifestaron su preocupación por la concentración de decisiones culturales en manos del Ejecutivo y por la falta de supervisión y control ciudadano. “Estas decisiones unilaterales reflejan una visión estrecha, sectaria y autoritaria de la cultura, concebida como campo de batalla antes que como un espacio plural”, alertó Hora.

Mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a anunciar la absorción de otros organismos como el Museo de la ex ESMA, omitió deliberadamente informar sobre el cierre de los institutos históricos, confirmando así que el ajuste no es meramente económico, sino que persigue una lógica de disciplinamiento ideológico.

La supuesta “racionalización del gasto público” con la que el Gobierno justifica estas acciones contrasta con los constantes viajes personales del Presidente al exterior, cuyos costos siguen siendo asumidos por el Estado y los gastos millonarios en tuiteros e “influencers” oficialistas. Lo que se presenta como “eficiencia” es, en realidad, una estrategia de erosión institucional que apunta a socavar la memoria histórica, vaciar el contenido simbólico de los próceres nacionales y borrar cualquier referencia incómoda de verdadero patriotismo para el relato oficialista.

Lo que está en juego no es solamente el destino de varios institutos: es el derecho colectivo a recordar, conocer y debatir nuestro pasado. Frente a este intento de clausura del pensamiento histórico, se alza una resistencia plural que exige revertir estas decisiones y defender la memoria como bien público.