La relación entre el sistema financiero y el Gobierno está en uno de sus puntos más críticos. La decisión del equipo económico de aumentar nuevamente los encajes bancarios y obligarlas a destinar ese dinero a la compra de bonos encendió todas las alarmas.

La relación entre el sistema financiero y el Gobierno está en uno de sus puntos más críticos. La decisión del equipo económico de aumentar nuevamente los encajes bancarios —los fondos que las entidades deben mantener inmovilizados por orden del Banco Central— y, además, obligarlas a destinar ese dinero a la compra de bonos que se habían negado a adquirir en la licitación del miércoles, encendió todas las alarmas. En el sector, la jugada fue interpretada como un “corralón”, evocando la medida que Domingo Cavallo implementó en 2001.

La reacción fue inmediata. Un encuentro virtual entre las autoridades del Banco Central, encabezadas por Santiago Bausili, y directivos de bancos terminó en tensión. “Fue una perorata técnica, no nos escucharon”, resumió al portal LPO uno de los participantes.

Es la segunda vez en menos de un mes que el Gobierno incrementa los encajes, una maniobra que busca inmovilizar más depósitos de los ahorristas y canalizar esos fondos hacia la deuda pública. Sin embargo, los banqueros advierten que esto golpea directamente el patrimonio de las entidades y de sus clientes.

La tensión también se sintió dentro del propio Banco Central. Más de 200 personas —entre técnicos de Adeba, ABA, ABE y Abappra— participaron de una reunión donde la señal oficial fue clara: los fondos de los bancos no deben alimentar la presión sobre el dólar. La instrucción fue “no mover” ese dinero.

El malestar creció con las declaraciones de algunos banqueros:

“No nos dejaron opinar. Tienen un problema político que quieren resolver con un apretón monetario. Esto puede generar un caos. Están secando al sistema financiero y destruyeron nuestras acciones en Wall Street”, sostuvo uno de ellos.

La reacción internacional no tardó. Los ADR de bancos argentinos en Nueva York sufrieron fuertes caídas: Banco Supervielle se desplomó 8,7%, Galicia retrocedió 5,3% y BBVA cayó 4,2%. Afuera, la percepción es que el sistema financiero local está bajo seria amenaza.

En medio de la crisis, el ministro Luis Caputo intentó desesperadamente explicar la estrategia, atribuyendo la extrema volatilidad al contexto “político-electoral”. Sin embargo, su argumentación técnica dejó dudas incluso entre sus propios aliados.

Desde Max Capital apuntaron contra la falta de previsibilidad: recordaron que, desde la eliminación de las Leliqs hace un mes, la política monetaria se volvió errática y que anunciar cambios por redes sociales después de las 20 horas sólo empeora la incertidumbre. “El esquema de política monetaria se ha vuelto cada vez menos claro”, advirtieron.

El fallo advierte que dichas medidas “implican una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025 en los artículos que permitían interrumpir el servicio de agua potable y desagües cloacales a usuarios residenciales por falta de pago.

En su resolución, la magistrada subrayó que “el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, razón por la cual debe ser tutelado por los jueces”. Consideró “improcedente” el cese del suministro cuando la mora obedezca a situaciones de vulnerabilidad social o afecte a adultos mayores, niños o personas con discapacidad, y ordenó restablecer el servicio en caso de que ya se hubiera interrumpido.

La acción judicial fue presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores y por Consumidores Libres, quienes solicitaron la nulidad e inconstitucionalidad de las disposiciones que habilitaban los cortes tras 60 días de mora en usuarios residenciales y 15 días en no residenciales. Forns advirtió que dichas medidas implican “una regresión normativa que afecta al medio ambiente y vulnera derechos humanos fundamentales”.

En el fallo, la jueza citó instrumentos internacionales como la resolución 64/292 de la ONU, que reconoce el agua potable y el saneamiento como derechos humanos esenciales, así como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También recordó jurisprudencia de la Corte Suprema que prohíbe el uso abusivo de la facultad de suspender el suministro de agua.

La decisión judicial, que regirá hasta que se dicte sentencia definitiva, constituye un freno a la política oficial de mercantilización de servicios esenciales, preservando el carácter fundamental del acceso al agua como derecho humano.

Mientras América Latina expresa un firme repudio al accionar genocida de Israel en la Franja de Gaza, Javier Milei eligió la complicidad, destinando un millón de dólares a una organización auspiciada por el régimen de Netanyahu.

En un momento en que su gobierno aplica recortes severos a universidades públicas, hospitales y programas sociales —incluido el Hospital Garrahan—, Javier Milei decidió destinar un millón de dólares a financiar una alianza proisraelí en América Latina, reforzando así su apoyo a un Estado señalado por la ONU y por expertos internacionales como responsable de crímenes de guerra y actos de genocidio en Gaza.

El dinero proviene del Premio Génesis —apodado el “Nobel Judío”— que Milei recibió este año por su “apoyo inquebrantable” a Israel. En lugar de invertirlo en atender la crisis interna, el presidente optó por transferirlo a la creación de la organización Amigos Americanos de los Acuerdos de Isaac (AFOIA), con sede en Nueva York, cuyo objetivo es expandir la influencia política, económica y cultural de Israel en América Latina.

Inspirada en los Acuerdos de Abraham impulsados por Donald Trump, la AFOIA busca estrechar vínculos con gobiernos afines y revertir el creciente aislamiento diplomático de Tel Aviv en la región. El plan inicial apunta a Uruguay, Panamá y Costa Rica, con la mira puesta en sumar a Brasil, Colombia, Chile y El Salvador.

Mientras países como Colombia y Bolivia rompieron relaciones con Israel y Brasil se sumó a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, Milei se coloca del lado opuesto, consolidándose como uno de los defensores más fervientes del gobierno de Benjamin Netanyahu, acusado de llevar adelante una ofensiva militar que ya dejó más de 61.500 palestinos asesinados y a miles más al borde de la hambruna.

La donación, presentada como un “gesto de cooperación”, funciona en realidad como un respaldo financiero y diplomático a un aparato político y militar denunciado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad. En el país, la decisión se conoció en medio de marchas multitudinarias en repudio a la guerra y a la posible visita de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

Así, mientras Milei recorta fondos a la educación y a la salud pública, decide transferir un millón de dólares a multimillonarios y estructuras de lobby proisraelí, alineándose con un genocidio en curso y alejándose de las demandas y urgencias de la población argentina.

Se trata de la diputada libertaria Juliana Santillán, quien en contraste con sus numerosos viajes en avión, apenas asistió 14 veces al Congreso para cumplir con sus funciones.

Mientras se presenta como abanderada de la “lucha contra la casta” y repite el mantra libertario de achicar el gasto político, la diputada oficialista Juliana Santillán protagoniza un caso que desnuda la distancia entre el discurso y los hechos.

De acuerdo con datos oficiales, en el período 2024–2025 Santillán —autodenominada “diplomada en economía austríaca”— realizó 95 viajes pagados con fondos del Estado, la mayoría en avión, con un costo millonario que terminaron pagando los contribuyentes. En paralelo, apenas registró 14 asistencias al Congreso en todo el año legislativo.

En un país donde el presidente Javier Milei exige sacrificios al pueblo bajo la bandera de la austeridad, el accionar de Santillán resulta difícil de justificar. Desde la Fundación “El Cumplimiento del Deber” advirtieron que “la disparidad entre la actividad parlamentaria y los gastos de traslado es abrumadora” y recordaron que, mientras millones ajustan para llegar a fin de mes, en la política aún hay quienes no parecen dispuestos a dar el ejemplo.

“La promesa de achicar la política se desvanece con episodios como este. La ciudadanía merece representantes comprometidos con su tarea y con un uso responsable de cada peso que sale de los bolsillos de los argentinos”, señaló la organización presidida por Claudio Venchiarutti.

La pregunta, una vez más, queda flotando: ¿quién controla realmente el uso de los recursos públicos? Y, sobre todo, ¿cómo se sostiene un discurso anti casta cuando las prácticas reproducen lo mismo que se critica?

Porque, al final, la transparencia no se predica: se practica. Y el ajuste, por ahora, sigue cayendo sobre los mismos de siempre: la gente común. Para algunos en la política, parece que nada ha cambiado.

Se trata de la obra del viaducto del Belgrano Sur a Constitución, la misma está paralizada desde principios de 2024 por decisión de la actual gestión: pese a su alto porcentaje de avance y a su potencial impacto sobre el sistema de transporte.

Un documento oficial al que accedió el portal especializado enelSubte revela que la finalización del viaducto del Belgrano Sur hasta Plaza Constitución es “necesaria” por motivos de “emergencia social”. Sin embargo, la actual gestión paralizó la obra a comienzos de 2024, pese a su alto grado de avance, a su potencial transformador para el transporte metropolitano y a que cuenta con financiamiento internacional asegurado.

El informe, elaborado por el Gabinete Asesor para la Emergencia Ferroviaria, advierte que mantener el proyecto inconcluso generará “conflictividad” en los barrios afectados, agravando problemas de movilidad y aislamiento. Pese a estas alertas, el viaducto no fue incluido en la lista de obras prioritarias, bajo el argumento de que no está directamente vinculado con la seguridad operativa.

La paralización obedece a lo establecido en la ley Bases, que ordena suspender contratos con menos del 80% de avance. El viaducto tiene un progreso del 68,5%, pero su contrato con la constructora DYCASA sigue vigente y el Gobierno estudia una eventual prórroga.

La obra —iniciada en 2021— estaba destinada a extender el viaducto existente desde Sáenz hasta Constitución, incorporando una nueva estación elevada y mejorando la conexión con el Subte. Se estima que su puesta en marcha incrementaría notablemente el flujo de pasajeros y la integración de la línea Belgrano Sur con el resto del sistema de transporte, beneficiando a miles de usuarios de zonas históricamente relegadas.

Con una inversión prevista de 122 millones de dólares, de los cuales la mayor parte proviene de créditos de la CAF y FONPLATA, el proyecto quedó como un esqueleto de hormigón que simboliza el retroceso en políticas de transporte inclusivo. Mientras el tiempo pasa y la obra se deteriora, vecinos, especialistas y trabajadores reclaman que el Gobierno deje de lado la indiferencia y reactive de inmediato esta infraestructura vital para el sur del Área Metropolitana.

Un estudio detectó que en julio 9 de cada 10 personas financiaron la compra de comida y un 30,7% reconoció que alguien tuvo hambre en su hogar y no tuvo para comer.

La pérdida sostenida del poder adquisitivo está modificando de forma alarmante los hábitos alimentarios en Córdoba. Un estudio reciente revela que el 50% de los hogares ha debido retrasar la merienda o directamente eliminar la cena por no poder costear alimentos básicos. La gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanesa Ruiz, alerto además que la mitad de los hogares salteó comidas en julio, mientras crece el endeudamiento de las familias.

En julio, 9 de cada 10 personas se vieron obligadas a financiar la compra de comida, mientras que un 30,7% admitió que algún integrante de su hogar sintió hambre y no pudo comer. El 19,6% reconoció haberse quedado sin comida en la casa, y el 10,5% señaló que algún miembro solo comió una vez al día o pasó un día entero sin ingerir alimentos.

Aunque la inflación de julio en Córdoba (1,5%) fue aparentemente la más baja de los últimos cinco años, la realidad económica empeora para las familias. El 57,8% no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria con sus ingresos, y un 72,5% solo alcanzó a cubrirla gracias a programas estatales como la AUH o la Tarjeta Alimentar.

La pérdida de ingresos también repercute en el comercio: las ventas en volumen de alimentos en negocios de cercanía cayeron un 19% en los primeros siete meses de 2025 frente al mismo período de 2024. La menor capacidad de compra obliga a comerciantes a liquidar productos próximos a vencer y buscar alianzas con bancos y tarjetas para ofrecer descuentos.

La situación ha generado una presión social creciente. El 18,9% de los encuestados admitió haber tenido que pedir comida o dinero para alimentarse, y los comedores comunitarios se encuentran desbordados, lo que llevó al Arzobispado de Córdoba a conformar una mesa de emergencia alimentaria.

El informe concluye que la pérdida del poder adquisitivo limita severamente el acceso a alimentos básicos, provocando una crisis de pobreza alimentaria que vulnera un derecho humano esencial: poder comer todos los días.

Milei recibió un dudoso premio de manos de Manuel Enríquez García, quien en 2019 fue inhabilitado por el Tribunal de Cuentas de Brasil durante cinco años debido a operaciones financieras fraudulentas.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez en Brasil. Fue distinguido como “Economista del Año 2025” por la Ordem Dos Economistas Do Brasil (OEB), una entidad privada dirigida por Manuel Enríquez García, quien en 2019 fue inhabilitado por el Tribunal de Cuentas de Brasil durante cinco años por operaciones financieras fraudulentas.

García, cuya matrícula profesional fue suspendida por un escándalo ético, fue acusado de utilizar su cargo en el Consejo Económico Regional de São Paulo para beneficiarse indebidamente mediante facturas falsas y retiros no autorizados de fondos de la OEB. Tras ser hallado culpable, recibió una multa, la inhabilitación y la pérdida de su licencia como economista.

Las relaciones entre el Gobierno argentino y la OEB se iniciaron hace seis meses, el 25 de febrero de 2025, apenas días después de que estallara el criptoescándalo de $Libra. Según la propia entidad, el reconocimiento a Milei se debía a su “difusión del conocimiento económico en la región”.

Sin embargo, el galardón desató una tormenta política: las nuevas autoridades de la Corecon —el órgano oficial que regula la profesión en Brasil— criticaron duramente tanto a la organización como al premio, recordando que la OEB no tiene autoridad regulatoria y que el mandatario argentino enfrenta, en su propio país, denuncias por asociación ilícita y escándalos financieros.

El episodio trae a la memoria otra controversia similar del año pasado, cuando Milei recibió un premio “del Instituto Liberal de Praga” que fue desmentido por su propio director, quien aseguró que el evento fue organizado sin autorización por un exmiembro de la institución.

El reclamo se fundamenta en la orden emitida por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024, que lo considera penalmente responsable de crímenes de guerra , crímenes contra la humanidad y genocidio contra el pueblo palestino.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), ambas de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron ante la Justicia Federal una denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitando su inmediata detención en territorio argentino.

El reclamo, radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del juez Sebastián Casanello, y en la Fiscalía Federal de Guillermo Marijuan, se fundamenta en la orden emitida por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024, que lo considera responsable penalmente de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio contra el pueblo palestino.

ATE e H.I.J.O.S. adjuntaron informes y documentos que señalan que Netanyahu habría cometido actos como la provocación intencionada de muerte por hambre, homicidios, persecución, ataques contra infraestructura civil (hospitales, escuelas y campos de refugiados) y desplazamiento forzado de población palestina.

El pedido judicial incluye una orden de captura internacional para que, en caso de concretarse la anunciada visita de Netanyahu a la Argentina entre el 7 y el 10 de septiembre, se aplique el principio aut dedere aut iudicare: extraditarlo a la CPI o juzgarlo en tribunales argentinos, conforme a las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra.

Las organizaciones denunciantes subrayan que el Estado argentino tiene el deber de cumplir con la justicia internacional y evitar cualquier garantía de impunidad, independientemente de intentos de deslegitimar la labor de la CPI por parte de otros países.

“Por la justicia, la memoria y la verdad, exigimos el cese inmediato de las hostilidades y la rendición de cuentas de los responsables”, señalaron Daniel Catalano (ATE Capital) y María Verónica Castelli (H.I.J.O.S. Capital).

La dueña de La Serenísima se encuentra en un difícil momento, afectada por márgenes de venta estrechos y un consumo masivo que no termina de repuntar.

Ni siquiera las empresas más grandes escapan a la recesión y el desplome del consumo en Argentina. Mastellone Hermanos, dueña de La Serenísima y principal láctea del país, cerró el primer semestre de 2025 con una pérdida neta de $869 millones, revirtiendo las ganancias extraordinarias de 2024.

La compañía atribuye el derrumbe de sus resultados a un consumo masivo que no repunta, menores ingresos por diferencias de cambio y un fuerte aumento en los costos financieros. “Nuestro mercado avanza más lentamente por el lento recupero del poder adquisitivo de la clase media y baja”, advirtió en su informe.

Aunque logró aumentar 4,5% sus ventas internas y 2,2% sus exportaciones, los márgenes siguen erosionados. El negocio externo, además, mostró rentabilidad “muy baja” durante gran parte del semestre, apenas recuperándose hacia el final del período.

Con 3,65 millones de litros procesados por día y una posición dominante en el sector, Mastellone no es ajena a los problemas que aquejan a toda la economía: caída del consumo, menor liquidez —el ratio pasó de 1,80 a 1,10 en un año— y un flujo de efectivo operativo que se desplomó de $92.897 millones a $24.704 millones.

El rebote de 2024, impulsado por la devaluación y el efecto cambiario, fue efímero. Este año, sin esos ingresos extraordinarios, el segundo trimestre borró las ganancias del primero y dejó el balance en rojo.

La compañía confía en que una eventual baja de la inflación y mayor estabilidad cambiaria reactiven el consumo, pero el desafío para Mastellone —y para gran parte de las grandes firmas argentinas— será sostener su competitividad en un escenario económico que sigue sin dar señales de una solida recuperación.

El ex diplomático Diego Guelar responsabilizó a Mauricio Macri por el fracaso del PRO y tildó al fundador de ese espacio de “reverendo hijo de puta”.

El ex embajador argentino en China y ex referente del PRO, Diego Guelar, lanzó durísimas críticas contra Mauricio Macri, a quien responsabilizó directamente por el derrumbe político del partido amarillo y lo calificó con un insulto lapidario: “un reverendo hijo de puta”.

“Mauricio Macri, sin lugar a dudas, es el responsable del fracaso del PRO. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”, disparó Guelar en una entrevista radial, dejando en shock a los entrevistadores.

Actualmente distanciado del macrismo y buscando ser candidato a senador nacional por la Ciudad con la Ucedé, Guelar insinuó incluso que el ex presidente podría haber tomado decisiones políticas motivadas por “un negocio personal”. “No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia… ¡Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, se quebró. Habrá que consultar con su psiquiatra o su gurú”, agregó.

El ex diplomático, que hasta hace pocos años formaba parte del núcleo del PRO, también se autocrítico por haber avalado lo que describió como una conducción excesivamente centralizada: “Me incluyo en haber consentido eso. Sin lugar a duda, la Argentina es un país muy autoritario”.

"Mauricio Macri es un hijo de puta"

Diego Guelar, candidato a senador nacional, responsabilizó al expresidente por el fin del Pro en @NoDejes899 con @rominamanguel pic.twitter.com/QF6Dff1DKq

— Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 11, 2025

Con tono irónico, Guelar admitió que su estilo frontal podría tener influencia del clima político actual: “Estoy influenciado por la era Javier Milei, tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer”.

En una ráfaga de declaraciones explosivas, Guelar dejó claro que su ruptura con Macri es definitiva y que, más allá de las razones, su juicio sobre el ex presidente es categórico: “Que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber”.