El dirigente vecinal de la localidad de Caseros, de vínculos con el gobernador Rogelio Frigerio (JxC), aclaró que si bien no es parte de La Libertad Avanza, expresó su afinidad con las políticas del gobierno nacional y defendió el ajuste a los jubilados con una repudiable frase.

El intendente de Caseros, Oscar Francou, desató la indignación al justificar los recortes a los jubilados con una frase que generó amplio rechazo. Durante una reunión de intendentes vecinalistas realizada en Cerrito, Francou defendió el ajuste impulsado por el gobierno nacional y no dudó en afirmar que “para mejorar las jubilaciones, tienen que morirse muchos jubilados”.

En su intervención, Francou reconoció las dificultades financieras que atraviesan los municipios tras los recortes de fondos por parte del gobierno de Javier Milei, pero aun así expresó un firme respaldo a la actual gestión:

“Más allá de que nos guste o no nos guste, o que venga menos dinero, yo creo que venimos por el buen camino”, aseguró.

El momento más polémico llegó cuando se refirió a los haberes jubilatorios. Francou afirmó que “hay cosas que van a llevar mucho tiempo”, como un aumento de las jubilaciones, y luego agregó:

“Mejorarles los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a bajar, y recién allí cobren mejor los demás. Bueno… qué sé yo”.

📍En Cerrito, el intendente de Caseros, Oscar Francou, lanzó una polémica frase sobre los jubilados:
💬“Mejorar sus sueldos va a llevar a que se mueran muchos para que cobren mejor los demás”.
📅 Lo dijo en la asamblea vecinalista.
📌 Aún no se disculpó. pic.twitter.com/5uukfBcpOb

— Radio La Voz (@radiolavoz901) July 15, 2025

La frase no pasó desapercibida, ya que fue pronunciada frente a intendentes, viceintendentes, concejales y dirigentes vecinalistas. Para cerrar su exposición, Francou aclaró que su respaldo no respondía a una simpatía política por el oficialismo libertario, sino a una convicción sobre la necesidad de continuar con los ajustes:

“Estas cosas están bien y tenemos que profundizarlas. Creo que, en el corto plazo, tenemos que empezar a mejorar”.

Las declaraciones del intendente rápidamente encendieron la polémica, especialmente por la crudeza con la que se refirió a la situación de los jubilados en un contexto de fuerte ajuste económico.

Bajo el eufemismo de “gastos no especificados”, los fondos reservados crecieron exponencialmente y no es posible auditarlos para saber en qué se utilizan. El Ministerio que conduce Bullrich evitó dar respuestas al respecto.

Patricia Bullrich aumentó más de 1.800% el presupuesto destinado a gastos reservados bajo la etiqueta de “gastos no especificados”, una partida que se disparó de forma escandalosa y sin ningún tipo de control público ni auditoría. A pesar de las consultas oficiales, el Ministerio de Seguridad se negó a explicar los motivos detrás de semejante incremento.

En paralelo, el Gobierno recorta a mansalva áreas estratégicas con el argumento de que “no hay plata”, desmantela organismos públicos y somete a auditorías exhaustivas a las universidades nacionales. Sin embargo, los fondos secretos para Seguridad crecen sin freno y sin rendir cuentas a nadie.

El incremento de estos recursos coincide con un alarmante avance en el uso de facultades represivas, como detenciones sin orden judicial y ciberpatrullajes indiscriminados, habilitados por un decreto que eludió el debate parlamentario. Pese a haber prometido que cualquier reforma policial pasaría por el Congreso, Bullrich impuso cambios por decreto, amparándose en una emergencia que también usó para realizar compras millonarias bajo sospecha, como ya marcó la Auditoría General de la Nación.

El Decreto 383 establece una Policía Federal reconvertida, con facultades ampliadas para espiar y detener sin control judicial, mientras se consolida una estructura de inteligencia oculta, sin control político ni rendición de cuentas.

Según datos oficiales, las partidas de “Servicios no especificados” y particularmente la subcategoría “Otros n.e.p.” (otros no especificados) se dispararon de $2.600 millones a casi $49.000 millones. Se trata de fondos públicos usados de forma absolutamente opaca y sin destino conocido.

Este esquema se replica en áreas de Inteligencia: el gasto reservado supera el 90% de ejecución a mitad de año, mientras áreas sensibles como salud, vivienda, agua potable y urbanismo sufren recortes drásticos. En contraste, el presupuesto de Seguridad Interior creció de 1,76% a 2,43%, en un brutal cambio de prioridades.

Mientras el Poder Judicial y organismos como el CELS denuncian que el decreto habilita prácticas inconstitucionales —como detenciones arbitrarias, espionaje sin control y criminalización de la protesta—, el ministerio se niega a entregar información pública sobre sus áreas de inteligencia, desobedeciendo incluso fallos judiciales que lo exigen.

Bullrich concentra poder y recursos en un sistema de seguridad sin control, con fondos que se multiplican de manera opaca, mientras el ajuste recae sobre la mayoría de la sociedad. Un modelo peligroso que recuerda las peores prácticas de la historia argentina.

Mientras el presidente Javier Milei sostiene un discurso de “desmantelamiento del Estado”, su gobierno avanza en la consolidación de un aparato de vigilancia con la creación de un Consejo Académico para la formación de agentes encubiertos, tanto presenciales como digitales.

La medida, oficializada por el Ministerio de Seguridad a través de las resoluciones 828 y 829/2025, refuerza la lógica del espionaje gubernamental y sienta las bases para un Estado policial con proyección a largo plazo.

Lejos de reducir el poder estatal, el Ejecutivo impulsa una estructura académica dedicada exclusivamente a profesionalizar el espionaje interno, con especial énfasis en las redes sociales. Bajo la conducción de Patricia Bullrich, se establece un cuerpo especializado de “agentes encubiertos digitales”, encargado de infiltrarse en entornos físicos y virtuales bajo el pretexto de combatir el delito.

Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el nuevo Consejo funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, y tendrá como tareas centrales definir contenidos curriculares, capacitar aspirantes, perfeccionar agentes ya activos e incluso intervenir en la formación de jueces y fiscales. El organismo estará dirigido por el profesor Ricardo Ángel Basílico, designado por tres años.

La creación de esta “agencia académica” supone la institucionalización del espionaje doméstico, consolidando un mecanismo de control estatal sobre la ciudadanía en un contexto de creciente conflictividad social. Con la excusa de adaptar las investigaciones a “los desafíos del entorno digital”, el gobierno sienta un peligroso precedente: el uso del aparato estatal para vigilar y perseguir actividades en redes sociales bajo un barniz de legalidad e invocando viejos y peligrosos discursos de seguridad nacional.

El protocolo aprobado contempla un despliegue encubierto que abarca desde delitos económicos hasta “redes delictivas en línea”, una categoría lo suficientemente ambigua como para habilitar el monitoreo masivo. Esta decisión marca un quiebre del Estado de Derecho, favoreciendo prácticas de control social mientras se restringen las libertades civiles, todo ello en nombre de la seguridad.

El contraste es evidente: mientras Milei anuncia un supuesto achicamiento del Estado, consolida áreas clave del aparato represivo, institucionalizando la vigilancia digital como política de Estado.

La Fundación Encuentro, difundió en las últimas horas un informe que desmiente las afirmaciones del ministro libertario, al dar a conocer los últimos datos del desempleo en nuestro país. Lejos de generar nuevos puestos de trabajo la gestión libertaria acumula 300 mil desempleados

Un reciente informe elaborado por la Fundación Encuentro deja en evidencia la falsedad de las declaraciones del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el empleo en la era Milei. Basándose en los datos oficiales publicados por el propio INDEC, el informe contradice los dichos del funcionario libertario, quien intentó justificar la ola de despidos en el sector público con argumentos infundados.

El pasado domingo, Sturzenegger defendió públicamente el despido de 50.000 empleados públicos desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Aseguró que estas cesantías habrían generado un ahorro fiscal que se tradujo en más puestos de trabajo en el sector privado. Sin embargo, los datos oficiales muestran una realidad muy distinta.

La Fundación Encuentro remarcó que, según los datos del INDEC, actualmente hay 1,1 millones de personas desocupadas en la Argentina, lo que implica 300.000 desempleados más que en diciembre de 2023. Lejos de una creación de empleo, el mercado laboral se ha deteriorado significativamente durante los primeros meses de la gestión Milei.

En la misma entrevista televisiva, cuando el periodista Luis Majul preguntó al ministro sobre esos supuestos “nuevos empleos”, Sturzenegger no supo responder y recurrió a evasivas. Mientras tanto, los números oficiales hablan por sí solos: el desempleo trepó al 7,6% en el primer trimestre del año, según informó el INDEC.

El informe de la Fundación Encuentro subraya que el aumento del desempleo se explica por la profunda recesión económica desatada tras la brutal devaluación, la caída del consumo y el estancamiento productivo. Los más afectados son los sectores más vulnerables. Por ejemplo, la desocupación entre mujeres jóvenes escaló al 19,2%, el nivel más alto desde 2021, y el total de jóvenes desempleados saltó de 438.000 a casi 600.000, un incremento alarmante del 35,7%.

Además, se identificó que las mayores tasas de desocupación se concentran en los sectores de la construcción (18,2%), el comercio (15,6%) y el servicio doméstico (14,6%), que en conjunto representan la mitad de los casos de desempleo.

La Fundación concluye que el discurso oficial intenta maquillar la crisis laboral, pero los datos son contundentes: lejos de la recuperación prometida, el mercado de trabajo se ha visto golpeado con más fuerza, profundizando la desigualdad y la precarización laboral en la Argentina.

Según un relevamiento de la consultora FICI (Fundación Innovación con Inclusión), solo en la primera semana de julio la canasta de alimentos y bebidas sin alcohol registró un aumento del 0,9%.

La reciente suba del dólar que se aproxima al techo de la banda establecido por el gobierno ya impacta con fuerza en los bolsillos de los consumidores, y el golpe más directo se siente en los alimentos. Según un relevamiento de la consultora FICI (Fundación Innovación con Inclusión), solo en la primera semana de julio la canasta de alimentos y bebidas sin alcohol registró un aumento del 0,9%.

Alimentos con subas pronunciadas

Los mayores aumentos se registraron en productos básicos, claves en la mesa diaria:

• Zapallo anco: +14,4%
• Nalga (carne vacuna): +3,6%
• Arroz, café, yerba y pastas secas: hasta +2,3%

La suba del dólar golpea especialmente al rubro alimenticio, el más sensible para el consumo diario de las familias.

Efecto dólar: más presión sobre los precios

Detrás de estos aumentos se encuentra el conocido “pass through”, el traslado casi inmediato de las subas del dólar a los precios internos. En Argentina, este fenómeno se acelera particularmente en los productos que se reponen a diario, y se percibe de manera directa en supermercados y almacenes.

La reciente disparada del tipo de cambio reactivó la preocupación inflacionaria que ya venía en aumento desde junio, cuando el IPC de la Ciudad mostró una suba del 2,1%.

Consultoras advierten: los precios seguirán subiendo

Distintas consultoras privadas coinciden en que la suba del dólar seguirá presionando sobre los alimentos. La consultora LCG estimó que solo en la primera semana de julio los alimentos subieron a un ritmo equivalente al 2,5% mensual.

La tendencia marca una aceleración clara y sostenida, alimentada por la inestabilidad cambiaria. Especialistas advierten que el aumento del dólar no solo afecta productos importados o bienes durables, sino que se traslada rápidamente a los alimentos, encareciendo productos básicos que son esenciales en la dieta diaria.

Con el dólar en alza, la inflación vuelve a sentirse con fuerza en las góndolas, dejando a los alimentos como el primer termómetro del malestar económico.

En la provincia, el índice de precios al consumidor registró un aumento del 2,2% respecto a mayo de 2025. Así, la inflación en Córdoba fue mayor que la nacional (1,6%).

Córdoba, la segunda provincia más importante del país, registró en junio 2025 una inflación superior a la media nacional, impulsada principalmente por fuertes aumentos en los servicios y el transporte.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la Dirección General de Estadísticas y Censos provincial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Córdoba subió un 2,2% respecto a mayo, superando ampliamente el 1,6% que se registró oficialmente a nivel nacional.

El desagregado de la medición provincial muestra un aumento significativo en los servicios, que treparon un 4,6% mensual, más que duplicando la suba registrada en los bienes, que fue de apenas 0,8%.

Dentro de los rubros analizados, Transporte y Comunicaciones lideró los incrementos con un 7,7%, seguido por Bienes y Servicios Varios, con una suba del 3,1%. En contraste, Indumentaria y Calzado fue la única categoría con variación negativa, registrando una baja del 0,5%.

Uno de los aumentos más notorios fue el del transporte público, que se disparó un 24,3% en junio, como consecuencia directa del incremento en el boleto del transporte urbano de pasajeros. Además, entre los servicios básicos, la luz subió un 2,5% y el agua un 2,9%.

Estos datos reflejan una presión creciente sobre el costo de vida en Córdoba, donde la escalada de precios afecta especialmente a quienes destinan gran parte de sus ingresos a servicios esenciales, mientras los salarios continúan sin acompañar el ritmo inflacionario.

El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, dictaminó que la cuenta en X del presidente Javier Milei no es de carácter personal, sino que lo representa como Jefe de Estado.

Un reciente dictamen fiscal determinó que la cuenta en X (ex Twitter) del presidente Javier Milei es de carácter institucional, lo que podría tener un fuerte impacto en la causa que investiga su rol en la promoción de la criptomoneda $Libra, vinculada a un megafraude internacional.

El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, concluyó que la cuenta de Milei lo representa oficialmente como Jefe de Estado, alejándose así de la defensa esgrimida por el Gobierno, que intentó desvincular al mandatario de las publicaciones cuestionadas alegando que se trataba de su “cuenta personal”.

El dictamen se dictó en el marco de la denuncia presentada por la familia de Ian Moche, el joven con autismo que fue atacado por Milei desde redes sociales tras pronunciarse contra el ajuste en el área de discapacidad. Según el fiscal, la cuenta del mandatario posee la “tilde gris” que otorga la red social X únicamente a jefes de Estado y altos funcionarios gubernamentales, dejando claro su carácter institucional. “Se encuentra registrado como usuario el Sr. Javier Milei, con tilde gris, indicando como perfil ‘Economista’, quien es el actual Presidente de la Nación”, señala el documento.

En el proceso judicial promovido por IAN MOCHE contra @JMilei se produjo una actuación judicial que impacta directamente en el caso LIBRA.
El Señor Fiscal Federal Nº 2 de La Plata Doctor Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que estaba habilitada la competencia federal en razón…

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) July 13, 2025

Para el abogado de la familia Moche, Andrés Gil Domínguez, esta definición del fiscal impacta de lleno en el expediente que investiga la promoción fraudulenta de la cripto $Libra. “Este dictamen desarma la principal defensa de Milei: ya no puede decir que lo hizo desde una cuenta privada, ahora queda probado que sus mensajes son emitidos en calidad de Presidente”, subrayó Gil Domínguez.

La causa por $Libra investiga a Milei por haber promocionado desde sus redes una criptomoneda utilizada en una estafa de alcance internacional que perjudicó a miles de ahorristas. La validación del carácter oficial de su cuenta refuerza su responsabilidad directa y podría agravar su situación judicial.

El juez federal Alberto Recondo ya avaló la posición del fiscal y ratificó la competencia federal para avanzar con la causa. Mientras tanto, la denuncia presentada por la familia Moche también sigue en pie: reclaman que el Presidente elimine un posteo que desató una ola de hostigamiento digital contra Ian, incluyendo la difusión de datos personales del joven.

“Cada día que pasa, el daño se agrava y la Justicia tiene que intervenir con urgencia”, señaló Gil Domínguez. Hasta el momento, Milei se niega a borrar la publicación, que sigue visible desde su cuenta institucional, ahora bajo la lupa de la Justicia.

En el Chaco, la Justicia federal destapó una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.

Un verdadero escándalo político sacude a La Libertad Avanza en la provincia del Chaco, luego de que la Justicia federal destapara una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.

La investigación, que lleva adelante la fiscalía federal de Resistencia, ya reveló más de 20 casos de falsificación de firmas sobre un total de 25 personas citadas hasta el momento. Esto significa que más del 80% de los afiliados consultados hasta ahora niega haberse sumado a las filas del partido de Javier Milei. La maniobra deja al descubierto cómo desde el espacio libertario se aprovecharon de personas de sectores sociales desprotegidos para inflar su padrón partidario.

Los testimonios recabados son contundentes. Entre las víctimas figuran personas mayores con enfermedades discapacitantes, jubilados y ciudadanos que ni siquiera saben leer ni escribir. Algunos, incluso, no saben firmar. Uno de los casos es el de un hombre de 65 años que aseguró bajo juramento nunca haberse afiliado a La Libertad Avanza y cuya supuesta ficha partidaria incluía datos falsos como un estado civil incorrecto y una firma apócrifa. Otro caso es el de un hombre de 72 años que descubrió su falsa afiliación al consultar por internet y confirmó que la firma registrada no era la suya.

El patrón se repite: adultos mayores, personas sin estudios formales, con enfermedades que les impiden firmar o desplazarse, y vecinos del interior chaqueño, donde la pobreza es más profunda, fueron incorporados irregularmente al padrón del partido sin su consentimiento.

El epicentro de la investigación apunta directamente al presidente del partido libertario en Chaco y titular de ANSES provincial, Alejandro “Capi” Rodríguez, un dirigente vinculado políticamente a la familia Menem. La principal hipótesis de la Justicia es que se utilizaron bases de datos oficiales —posiblemente de ANSES o PAMI— para ejecutar la maniobra fraudulenta, aprovechando el acceso privilegiado a información sensible de los sectores más vulnerables.

El caso expone no solo la ilegalidad de las afiliaciones truchas, sino también un preocupante desprecio por los derechos de personas que se encuentran en situaciones de extrema fragilidad. La jueza Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini continúan con la investigación, que podría destapar un entramado de manipulación política y uso de recursos públicos con consecuencias penales y políticas para La Libertad Avanza.

La causa sigue creciendo, así como la indignación social ante un espacio político que, lejos de representar la “libertad”, terminó explotando a los más indefensos para engordar su estructura partidaria.

En una decisión que ya generó un fuerte rechazo en organizaciones de pacientes y especialistas en salud, el Gobierno redujo drásticamente el presupuesto destinado a los niños y adolescentes con cáncer, mientras aumentó de forma escandalosa los recursos para la conducción del Instituto Nacional del Cáncer (INC).

Pese a que el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer —creado por la ley 27.674— buscaba garantizar ayuda económica y acceso a tratamientos, la partida para 2025 fue recortada un 34% en comparación con 2023: pasó de $1.500 millones a apenas $1.007 millones. Lo más alarmante es que, hasta el momento, no se ejecutó ni un solo peso de esos fondos este año.

Mientras se recortan recursos para los más vulnerables, el Ejecutivo incrementó en un 420% el presupuesto para el rubro “conducción” del Instituto Nacional del Cáncer, llevándolo de $702 millones en 2023 a $3.655 millones en 2025. Es decir, mientras se ajusta a los pacientes, se quintuplican los recursos para la estructura burocrática.

Este giro de prioridades se produce después de que el pasado 6 de marzo el Gobierno eliminara la autonomía del Instituto Nacional del Cáncer, absorbiéndolo dentro del Ministerio de Salud bajo el argumento de “mayor eficiencia”, algo que en los hechos se tradujo en un ajuste para los programas esenciales y una expansión de la burocracia administrativa puesta a dedo por el gobierno.

No sólo los fondos para asistencia a niños se vieron afectados. Los recursos para investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer se mantienen congelados respecto a 2024, apenas subiendo de $205 millones en 2023 a $336 millones en 2025, un aumento insuficiente frente a la inflación. En cambio, el dinero para la conducción del organismo se disparó muy por encima de lo que el propio Ejecutivo había proyectado en su presupuesto para este año.

“Es gravísimo”, denunció Sandra Cirone, presidenta de la asociación civil Llegaremos a tiempo. “El Instituto garantizaba el acceso a diagnósticos, tratamientos y cuidados paliativos para todos los pacientes del país. Ahora no hay quién garantice esto, y lo estamos viendo todos los días con chicos que no pueden acceder ni siquiera a un acompañamiento básico para el dolor”, alertó.

Los recortes golpean a familias enteras, especialmente en provincias donde la situación es más precaria. Cirone expuso casos dramáticos, como el de un adolescente de 17 años que enfrenta quimioterapia sin poder costear el tratamiento para preservar su fertilidad, recurriendo a colectas solidarias ante la ausencia total del Estado.

Por si fuera poco, el cierre de centros de referencia como la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) en varias provincias dejó a muchos pacientes sin orientación ni acceso a medicamentos esenciales. Trámites que antes se resolvían con mayor celeridad ahora quedan a la deriva, con riesgos de demoras o pérdidas en el sistema.

Mientras se multiplican los testimonios de abandono y sufrimiento, las organizaciones sociales han sido convocadas a una mesa de trabajo, aunque la justicia sigue sin avanzar en las causas judiciales abiertas por la falta de entrega de medicamentos.

La indignación crece: el ajuste lo pagan los más indefensos, mientras los despachos oficiales se llenan de fondos.

Entre enero y mayo, la inversión extranjera directa (IED) mostró un preocupante saldo neto negativo de u$s1.679 millones, producto de mayores egresos que ingresos. A pesar del fin del cepo y de los incentivos oficiales, los dólares siguen sin llegar.

Pese al levantamiento del cepo cambiario y los esfuerzos oficiales por atraer capitales, la inversión extranjera directa (IED) en Argentina registró entre enero y mayo un saldo neto negativo de u$s1.679 millones, el peor resultado en al menos diez años. Lejos de llegar nuevos fondos, salieron más dólares de los que ingresaron, una señal alarmante para la economía en un momento clave de reformas.

Según datos del Banco Central, los ingresos por IED sumaron apenas u$s551 millones en los primeros cinco meses del año. En cambio, los egresos se aceleraron, profundizando una tendencia que ya se había observado en 2024, cuando la IED cayó 54% respecto al año anterior. La salida de capitales se intensificó este año en un contexto de incertidumbre política, fragilidad legislativa del Gobierno y reformas estructurales sin consolidar.

Desde el sector financiero advierten que la eliminación del cepo el pasado 14 de abril no funcionó como un atractivo para nuevas inversiones, sino como una vía de escape. “La liberación cambiaria facilitó la repatriación de capitales en lugar de fomentar proyectos productivos”, señalaron desde una consultora. Además, factores globales como altas tasas de interés internacionales y la baja en el precio del litio contribuyeron a desalentar el flujo de capitales hacia el país.

La dinámica mensual muestra esa volatilidad: sólo en marzo y mayo hubo saldos positivos (u$s97 y u$s109 millones, respectivamente), mientras que en febrero se registró una salida neta de más de u$s1.000 millones, un verdadero desplome. Sectores como la minería y la industria manufacturera siguen activos, pero no alcanzan para compensar la fuga generalizada.

Ni el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ni los proyectos de infraestructura anunciados —como un oleoducto en Río Negro o un buque de licuefacción— lograron cambiar las expectativas. Grandes bancos internacionales como J.P. Morgan, Wells Fargo y Morgan Stanley aún mantienen una postura de cautela y escepticismo, señalando el alto riesgo país y la necesidad de mayor estabilidad institucional.

Con esta salida neta de capitales, Argentina enfrenta un serio desafío: recuperar la confianza de los inversores extranjeros. Analistas coinciden en que el retorno de la IED dependerá de que el Gobierno logre estabilizar la macroeconomía, fortalecer las reglas de juego y ofrecer garantías reales a quienes decidan apostar por el país.