La provincia de Tierra del Fuego, la más austral de la Argentina, está siendo objeto de una avanzada estratégica por parte de Estados Unidos, con la colaboración directa del gobierno de Javier Milei.

Lo que se presenta como una serie de decisiones de política económica o acuerdos de cooperación internacional, en realidad forma parte de una arquitectura geopolítica más amplia: establecer un enclave militar estadounidense en Ushuaia, desmantelar el entramado productivo local y facilitar el despoblamiento paulatino de la isla. Todo esto con un objetivo final: convertir Tierra del Fuego en una plataforma militar al servicio de los intereses de Washington y la OTAN en el Atlántico Sur y la Antártida.

Una provincia en desmantelamiento

El primer paso de esta estrategia ha sido económico. La reciente baja de aranceles a productos electrónicos y electrodomésticos importados, decretada por el Ejecutivo de Milei, golpea de lleno al polo industrial fueguino. Este sector no solo sostiene a miles de familias, sino que representa uno de los últimos focos de desarrollo tecnológico argentino en el sur del país. La medida desmantela de hecho los beneficios contemplados en la Ley 19.640, de promoción económica y fiscal, que fue clave para el crecimiento poblacional y económico de la provincia desde los años 70.

Con esta decisión, el gobierno nacional no solo destruye empleos y expulsa población: prepara el terreno para una reconversión del territorio, donde la presencia civil, industrial y argentina sea mínima, facilitando así la instalación y operación de infraestructura militar extranjera sin resistencia local ni institucional. Vale recordar en relación a este aspecto las declaraciones del asesor presidencial Demian Reidel “el problema de argentina es que está poblada de argentinos”.

El enclave militar en marcha

En abril de 2024, el presidente Milei selló con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, un compromiso clave: la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia con participación militar estadounidense. Esta instalación incluiría un Polo Logístico para operaciones antárticas y, aún más grave, un puerto de aprovisionamiento para submarinos nucleares estadounidenses. Todo esto se desarrollará en una zona de altísimo valor geoestratégico, puerta de entrada natural a la Antártida y frente al territorio usurpado de las Islas Malvinas, donde Gran Bretaña mantiene su principal base militar fuera de Europa con apoyo incondicional de Estados Unidos.

No se trata de una colaboración simbólica o meramente técnica. Se trata del despliegue físico y operativo de fuerzas militares extranjeras en territorio argentino, en una zona sensible para la soberanía nacional y clave para el reclamo sobre Malvinas y la proyección hacia el continente blanco, además de tener graves implicancias para los derechos humanos ya que los militares estadounidenses contarían con el principio de extraterritorialidad y no se someterían a la justica argentina en ningún caso.

Una estrategia mayor: subordinación militar y control territorial

Este no es un caso aislado. Desde hace décadas, Estados Unidos despliega un entramado de más de 800 bases militares en el mundo, con 76 en América Latina. Controlan territorios, recursos, rutas comerciales y gobiernos. En Argentina, la estrategia incluye también:

• Un acuerdo para que tropas estadounidenses integren el Cuerpo de Ingenieros del Ejército argentino y participen en el control de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.
• El antecedente de la pretendida base militar en Neuquén, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el pretexto de monitorear la estación espacial china.
• Una creciente injerencia sobre la política exterior, defensa y recursos estratégicos del país, que se ve reforzada por el sometimiento financiero a través del Fondo Monetario Internacional.

La finalidad es clara: subordinar a la Argentina a la agenda de seguridad y dominación regional de Washington, impedir el avance de otras potencias como China y Rusia (en menor medida) en el hemisferio sur, y garantizar el acceso y control sobre recursos naturales de altísimo valor, como el agua dulce, el petróleo, las tierras raras y la pesca en el Atlántico Sur y la Antártida.

La población fueguina: un obstáculo a remover

Para concretar este proyecto militar, la población civil y la industria local son un estorbo. Por eso, el desmantelamiento del aparato productivo mediante políticas de importación indiscriminada, el retiro del Estado y la falta de inversión pública no son errores ni meras consecuencias de un modelo económico liberal: son herramientas deliberadas para despoblar la isla y facilitar la ocupación extranjera sin oposición.

A medida que las fábricas cierren y las familias deban emigrar, quedará una Tierra del Fuego vaciada, sin capacidad de resistencia, ideal para el funcionamiento de una base militar extranjera con plena autonomía operativa y jurídica.

La soberanía en peligro

Con este escenario, la Argentina está a punto de perder el control sobre uno de sus territorios más sensibles desde el punto de vista estratégico, ambiental, político y simbólico. La presencia militar estadounidense en Ushuaia no solo refuerza la presencia británica en Malvinas, sino que blinda el sur contra cualquier intento de desarrollo autónomo, integración regional o defensa soberana.

El silencio cómplice del gobierno nacional y la inacción del provincial configuran una entrega de soberanía sin precedentes desde la última dictadura. Mientras Estados Unidos avanza con planos, acuerdos y financiamiento para la base, la Argentina retrocede hacia una posición de colonia militarizada en el extremo sur del continente.

El Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche declaró al presidente Javier Milei “persona no grata”, al considerar que durante su discurso del pasado 2 de abril puso en duda la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y avaló los argumentos de los ocupantes.

El presidente Javier Milei fue declarado persona no grata en San Carlos de Bariloche, luego de que el Concejo Deliberante aprobara una resolución en rechazo a sus declaraciones sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. La iniciativa fue impulsada por los concejales Leandro Costa Bruten y Julieta Wallace, quienes denunciaron que el mandatario está “desmalvinizando la Argentina” y promoviendo la autodeterminación de los ocupantes británicos.

La decisión se tomó tras el discurso presidencial del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el que Milei afirmó:

“Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies (…), a punto tal que ellos prefieran ser argentinos”.

Estas palabras fueron interpretadas como una claudicación de los argumentos argentinos ya que pone la decisión de resolución del asunto en manos de los ocupantes implantados por Londres en 1833. Esta situación provoco una ola de críticas por parte de excombatientes, expertos diplomáticos, y sectores políticos que lo acusan de contradecir la posición histórica de la Argentina.

La resolución del Concejo fue aprobada por mayoría (8 votos a favor contra 3 en contra), aunque los concejales alineados con el oficialismo libertario se retiraron de la sesión antes de la votación. “Milei está entregando soberanía y alineándose con la narrativa colonial británica”, sostuvo Costa Bruten durante el debate.

En la misma jornada, se declaró de Interés Municipal al Memorial Museo Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur —aún no inaugurado— y se nombró Ciudadano Ilustre de Bariloche al veterano de guerra Pablo Carballo ex piloto de combate de la Fuerza Aérea Argentina quien enfrento a la flota británica.

Además, la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas presentó una denuncia penal contra el presidente Milei. La acusación, encabezada por su titular Ramón Robles, incluye cargos por “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la Patria”. Según el escrito, Milei adoptó una postura política “contraria a la Constitución Nacional y a la posición histórica sostenida por la Argentina”, al validar un supuesto derecho de autodeterminación que no aplica a los habitantes de las islas, conforme al derecho internacional y a las resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU.

La declaración de persona no grata se convierte así en un fuerte mensaje político desde una ciudad profundamente identificada con la soberanía nacional, que busca reafirmar el compromiso con la causa Malvinas y repudiar cualquier intento de relativizarla.

El clima social en Argentina se vuelve cada vez más tenso luego de que el presidente Javier Milei firmara un decreto que, limita severamente el derecho constitucional a huelga en amplios sectores laborales. La Confederación General del Trabajo (CGT) respondió con dureza, anunciando que recurrirá a la Justicia y no descarta nuevas medidas de fuerza.

A través del Decreto 340/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió drásticamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e introdujo la nueva categoría de “servicios de importancia trascendental”. Esta maniobra implica que, en caso de conflicto, deberá garantizarse entre el 50% y el 75% de la actividad, haciendo inviable cualquier medida de paro efectiva en vastas áreas laborales.

El decreto modifica el artículo 24 de la Ley 25.877 y forma parte del llamado “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, aunque su alcance excede ampliamente ese sector. Con este cambio, se incorporan como esenciales rubros como la educación primaria y secundaria, el transporte de mercaderías, las telecomunicaciones, los bancos, el comercio electrónico y toda la cadena de exportación, entre muchos otros.

Golpe al derecho de protesta y reacción sindical

Desde el movimiento obrero, la reacción fue inmediata. La CGT denunció que se trata de una avanzada autoritaria para “aniquilar el derecho a huelga”, y advirtió que la central obrera “no permanecerá en silencio”. En un comunicado público, la central expresó:

“El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados”.

📢 EL PODER EJECUTIVO QUIERE ELIMINAR EL DERECHO A HUELGA POR DECRETO Y A ESPALDAS DEL PAÍS

👉🏼 El Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo pic.twitter.com/uSk5vtjlXL

— CGT (@cgtoficialok) May 21, 2025

Juristas especializados también alzaron la voz. El abogado laboralista Matías Cremonte advirtió que el nuevo decreto viola estándares internacionales y contradice las recomendaciones de la OIT, que considera esencial sólo a los servicios cuya interrupción ponga en peligro la vida o la seguridad de la población. “Este decreto prohíbe la huelga en sectores donde nunca estuvo en riesgo la vida de nadie. Es una herramienta para disciplinar trabajadores y favorecer a empresarios”, señaló.

La conflictividad se profundiza

El decreto, firmado por gran parte del Gabinete, se suma a una serie de decisiones que han generado malestar y creciente conflictividad social. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general Rodolfo Aguiar sostuvo que la norma responde a intereses empresariales y multinacionales:

“Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene una finalidad clara: beneficiar a los patrones. Sin derecho a huelga, estamos condenados a volver a la esclavitud”.

GRAVE!!
EL GOBIERNO ATACA EL DERECHO DE HUELGA!!

ESTE DECRETO FUE PEDIDO POR LAS MULTINACIONALES Y LOS EMPRESARIOS MILLONARIOS!!

El Decreto 340/25 es ilegal. Este nuevo ataque a un derecho fundamental de los trabajadores tiene la finalidad concreta de beneficiar a los patrones.… pic.twitter.com/sEBqyecv0j

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 21, 2025

ATE también alertó sobre la urgencia del Ejecutivo por avanzar con estas medidas mientras mantiene facultades extraordinarias, y llamó a la resistencia activa frente a lo que calificó como un intento de vaciar los derechos laborales conquistados.

Un contexto de creciente polarización

La decisión del Gobierno de avanzar sin debate parlamentario sobre un derecho constitucional profundiza la fractura política y social del país. Mientras sectores empresarios respaldan la medida como parte de una supuesta “modernización” del mercado laboral, el movimiento obrero, amplios sectores sociales y del arco político la consideran una provocación que erosiona el ya frágil contrato democrático.

Con una movilización de la CGT en preparación, y con presentaciones judiciales en marcha, el conflicto promete escalar. La puja entre el Ejecutivo y los trabajadores por el derecho a la protesta y la organización sindical se instala así como uno de los ejes centrales de la disputa social en el país.

El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de mezquindad y desprecio por la salud pública, el intendente libertario rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido.

En un hecho que indigna por lo absurdo y que pone en evidencia la peligrosa radicalización ideológica de algunos dirigentes, el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, se niega a poner en funcionamiento un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) completamente nuevo, construido por el gobierno de Axel Kicillof, solo porque proviene de una gestión política distinta.

El caso es tan insólito como grave: el Municipio no tuvo que aportar ni un solo peso para la obra. Sin embargo, en una muestra de desprecio por la salud pública, Egüen rechazó hacerse cargo del centro sanitario y hasta pidió que se devolvieran las tierras donde fue construido. Una decisión que deja a más de 23.000 vecinos como rehenes de un capricho ideológico.

Inauguramos el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en #25deMayo para brindarles a los vecinos una atención cercana y de calidad, el número 185 que finalizamos para seguir fortaleciendo el derecho a la salud en cada distrito.

Es el primer CAPS del que nos vamos a hacer… pic.twitter.com/pV6PS4cSr6

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2025

El CAPS cuenta con consultorios totalmente equipados, médicos generalistas, odontólogos, ginecología, salud mental, promotores sanitarios y personal de enfermería, todo listo para brindar atención primaria inmediata a la comunidad. Pero el intendente, alineado con La Libertad Avanza, prefirió cerrar las puertas antes que aceptar una obra proveniente de un gobierno que no es de su signo político.

Frente a esta negativa, el Gobierno de la Provincia anunció que asumirá la gestión directa del centro de salud para garantizar el acceso de los vecinos a la atención médica. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, expresó su sorpresa y tristeza:

“Es la primera vez que nos pasa en seis años de gestión. Siempre las diferencias políticas se pusieron a un lado para priorizar la salud. Esto es una pésima decisión de gestión”.

En una mañana con sensaciones encontradas, inauguramos el centro de salud 185 de @BAProvincia en 25 de Mayo. Enorme alegría por que el sistema de atención primaria crezca, amplíe sus prestaciones y garantice más y mejor salud, pero totalmente sorprendido por el rechazo municipal… pic.twitter.com/izGFqUIm5D

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) May 21, 2025

La actitud de Egüen no es un hecho aislado. El jefe comunal, que abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a las filas libertarias, ya protagonizó otros episodios polémicos, como amenazas a vecinos y despidos masivos de promotores de salud. Su gestión también frenó obras educativas y sociales, en línea con el negacionismo del Estado que pregona el oficialismo nacional.

La negativa a utilizar un centro de salud por cuestiones ideológicas no solo es insólita: es cruel y peligrosa. En un país donde la salud pública sigue siendo un derecho esencial, usar a la población como rehén política es una forma de violencia institucional que no puede naturalizarse ni pasar desapercibida.

Mientras el intendente juega a mostrarse “más libertario que nadie”, son los vecinos quienes sufren las consecuencias. Porque en 25 de Mayo, como en tantos otros lugares, la necesidad no tiene partido político, pero el abandono sí tiene responsables.

Advierten que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar importantes obras hídricas, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

Las graves inundaciones que afectaron recientemente al norte de la provincia de Buenos Aires fueron, en gran medida, inevitables debido a la intensidad de las lluvias. Sin embargo, el impacto pudo haberse mitigado con obras de infraestructura adecuadas que favorezcan el escurrimiento del exceso de agua. Es precisamente ese tipo de obras las que el gobierno de Javier Milei ha decidido paralizar, a pesar de contar con más de 75 millones de dólares ya disponibles para financiarlas.

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado en 2001 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo mediante el decreto 1381/01, nació para hacer frente a los daños de la gran inundación que ese año azotó zonas productivas de Buenos Aires. Desde entonces, se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido (GNC) destinado a vehículos automotores.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, este fondo fue clave para impulsar proyectos como el Plan Maestro de la Cuenca del Salado y el reacondicionamiento del Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas, en el límite entre Córdoba y Santa Fe. Estas obras, aunque con interrupciones, continuaron en la gestión de Alberto Fernández.

La llegada de Milei a la Casa Rosada significó un virtual cierre del grifo del fideicomiso: las obras hídricas fueron prácticamente paralizadas, pero el ingreso de fondos jamás se interrumpió. Según datos oficiales, solo en 2024 el Fondo registró ingresos por 98.538 millones de pesos —93.403 millones provenientes directamente de los bolsillos de automovilistas y transportistas—, mientras que a fines de 2023 ya acumulaba un saldo de 85.129 millones de pesos, equivalentes a más de 75 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Pese a tener esa suma a disposición, no se ha dado ninguna explicación oficial sobre la drástica reducción en la inversión en infraestructura. Además, al tratarse de un fideicomiso no auditado, el gobierno tiene libertad para redirigir esos recursos sin rendición de cuentas clara, lo que abre interrogantes sobre su uso actual.

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, desactivó numerosos fideicomisos en el último año, el de Infraestructura Hídrica se mantiene activo. Liquidarlo implicaría un ingreso inmediato al Tesoro, pero también eliminaría la vía de recaudación que representa el impuesto específico sobre combustibles. Así, el gobierno mantiene una fuente de fondos sin destino preciso ni ejecución visible.

En definitiva, mientras miles de hectáreas permanecen bajo agua y la amenaza climática persiste, no hay razones técnicas ni financieras que justifiquen la paralización de obras vitales. Salvo, claro, que los fondos estén siendo utilizados con otros fines, lejos del objetivo original del fideicomiso.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este martes que el presidente Javier Milei vetará cualquier proyecto de ley que implique un aumento en el gasto público, en particular el incremento de las jubilaciones que podría ser aprobado esta semana en la Cámara de Diputados.

Durante su participación en el foro empresarial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Francos fue enfático:
“Estamos convencidos de que toda norma que se apruebe y que vaya contra alguno de los ejes básicos de nuestra política, el Presidente la va a vetar”, afirmó al ser consultado sobre la posible sanción de una ley que aumente los haberes jubilatorios.

La advertencia llega en la antesala del debate legislativo previsto para este miércoles, en el que diputados de distintos bloques podrían avanzar con una actualización de los montos que perciben los jubilados, una medida rechazada por el Ejecutivo por su supuesto impacto fiscal.

Francos justificó la postura del Gobierno al sostener que cualquier medida que genere déficit va en contra del rumbo económico adoptado por la administración de Milei: “Sabemos que son las reglas de juego del sistema democrático y tenemos que lidiar con eso, pero no vamos a ceder en los principios que sostienen nuestro programa”, afirmó.

En otro tramo de su exposición, el jefe de ministros señaló que el Gobierno necesita fortalecer su respaldo legislativo para avanzar con su plan de reformas estructurales.
“El objetivo fundamental es conseguir apoyo parlamentario, que es lo que nos ha faltado. Necesitamos más fuerza para encarar las reformas de segunda generación”, dijo.

Además, recordó que Milei tiene previsto un plan de reformas escalonado: “El Presidente decía en campaña: ‘tengo reformas de primera, de segunda y de tercera generación, y cada una tiene su momento’” pateando de esta forma de manera indefinida la recomposición de los haberes percibidos por los jubilados los cuales luchan por subsistir.

Francos destacó que medidas como el DNU 70/23 y la Ley Bases fueron parte del primer paquete de reformas, pero señaló que los cambios más profundos, como la reforma laboral y tributaria, requieren de mayor consenso político:
“Hay que simplificar el sistema tributario argentino, pero para eso se necesita una base parlamentaria más sólida”, concluyó.

El diputado libertario y parlamentario del Mercosur, Alfredo Olmedo, fue denunciado por mantener a trabajadores rurales en condiciones de semiesclavitud en una finca de su propiedad ubicada en La Rioja.

El diputado libertario y actual parlamentario del Mercosur, Alfredo Olmedo, fue denunciado formalmente luego de que una inspección realizada en una de sus fincas olivícolas de La Rioja revelara la existencia de trabajadores rurales en condiciones precarias, indignas e inhumanas.

El operativo fue llevado a cabo por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en conjunto con la Secretaría de Trabajo de La Rioja y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). La intervención tuvo lugar en la finca “Alfredo H. Olmedo S.A.”, ubicada en las afueras de la capital riojana, dedicada a la producción de aceitunas.

Allí se relevaron 63 trabajadores rurales, muchos de ellos migrantes, que se encontraban cumpliendo tareas de cosecha. Según el informe de los inspectores, los trabajadores vivían en albergues precarios, sin ventilación ni condiciones mínimas de salubridad, y dormían junto a letrinas improvisadas, expuestos a focos de infección y sin acceso a agua potable, duchas, o baños adecuados.

Desde UATRE calificaron la situación como un caso de explotación laboral y violación sistemática de los derechos humanos. “Lo que encontramos son personas tratadas como si fueran herramientas descartables, no trabajadores. Esto es servidumbre moderna”, señalaron desde el gremio.

El dirigente libertario, conocido por su discurso de “mano dura”, su campera amarilla y su insistencia en valores como el mérito, la religión y la austeridad, ahora enfrenta una denuncia por mantener en su propio establecimiento a trabajadores en condiciones que rozan la esclavitud moderna.

“Dormían entre letrinas, sin agua ni condiciones de higiene”

El informe oficial indica que los peones vivían hacinados en estructuras precarias, muchas de ellas sin techo firme ni protección contra las inclemencias climáticas. La comida era escasa y de baja calidad, y los trabajadores no tenían acceso a elementos básicos de higiene ni a protección para su tarea agrícola, lo que agrava aún más la situación ante los estándares legales.

La UATRE señaló que esta inspección es parte de una intensificación de controles que el gremio viene realizando en todo el país para combatir la informalidad y la explotación rural. Solo en los primeros cuatro meses del año, el sindicato ya relevó más de 2.500 trabajadores y presentó 133 denuncias por irregularidades laborales.

Hipocresía y contradicción en el discurso público de Olmedo

La denuncia contra Olmedo expone una grave contradicción entre su discurso público y las condiciones en las que desarrolla su actividad privada. Mientras en el Parlamento del Mercosur (de cuya presidencia fue recientemente destituido) y en los medios promueve ideas de libertad individual, religión, trabajo duro y respeto por la ley, en su propia finca se violaban principios elementales de legalidad y dignidad humana.

Diversas organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos manifestaron su repudio y exigieron una investigación judicial profunda, además de sanciones ejemplares si se comprueba la responsabilidad del parlamentario.

“Hay que terminar con la impunidad de quienes se amparan en cargos públicos para beneficiarse económicamente a costa de la miseria de otros”, expresaron desde sectores sindicales.

En una actitud totalmente repudiable, la notera de TN Giuliana Salguero, trato de forma despectiva a las victimas de la inundación en San Antonio de Areco por no ser asistida. Los vecinos indignados le salieron al cruce y la acusaron de lucrar con la tragedia.

La cobertura del devastador temporal en San Antonio de Areco tomó un giro inesperado y lamentable luego de que Giuliana Salguero, cronista del canal TN, fuera duramente cuestionada por su actitud hacia las víctimas del desastre. Lejos de mostrar empatía, la periodista publicó en sus redes sociales un video en el que se quejaba por su ropa mojada y por no haber recibido asistencia mientras cubría la emergencia, lo que generó un profundo rechazo en la comunidad local.

Según trascendió, Salguero intentó subirse a un bote destinado exclusivamente a evacuar damnificados y transportar provisiones. Ante la negativa de los rescatistas, reaccionó con enojo y desató una ola de comentarios críticos en redes sociales. Como si fuera poco, luego se filtraron mensajes y audios en los que la notera respondía de forma despectiva a los vecinos que habían perdido todo y que, con justa razón, expresaron su malestar.

💥 UNA NOTERA DE TN SE CRUZÓ CON LAS VÍCTIMAS DE LAS INUNDACIONES

Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/xBHglxWxSd

— América TV (@AmericaTV) May 19, 2025

“Una vergüenza es que vos te dediques a escribirme, ridículo. Si te jode mucho el rating lo que podés hacer es comprarte cómics, boludo. O mirar TikToks”, contestó Salguero a un vecino que le cuestionó su actitud. En otro mensaje, con tono sarcástico, agregó: “La próxima, no llamen a los medios nacionales. Besos”.

Las respuestas de la periodista fueron interpretadas por muchos como una falta de sensibilidad y profesionalismo, en un contexto donde cientos de familias lo perdieron todo. La situación generó una fuerte reacción en redes sociales y medios de comunicación, donde se multiplicaron los pedidos de disculpas públicas por parte del canal y de la cronista.

Mientras San Antonio de Areco intenta recuperarse del temporal, lo sucedido deja al descubierto una actitud repudiable e inaceptable por parte de quien debía informar con respeto y humanidad, no faltarles el respeto a las víctimas.

La inflación mayorista repuntó al 2,8% en abril por mayor alza de productos importados, frente al 1,5% que había registrado en marzo, de acuerdo a lo informado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La inflación mayorista registró en abril su mayor nivel en siete meses, al alcanzar un 2,8%, impulsada principalmente por el fuerte aumento en los precios de los productos importados. Así lo informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que confirmó una aceleración respecto al 1,5% registrado en marzo.

El organismo detalló que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró una suba del 2,8% mensual, la más elevada desde agosto de 2024. Esta variación fue resultado de un incremento del 6,0% en los “Productos importados” y un alza del 2,6% en los “Productos nacionales”.

Con este dato, la inflación mayorista acumula un aumento del 7,7% en los primeros cuatro meses de 2025, mientras que en términos interanuales el incremento alcanza el 27%.

Entre los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM durante abril fueron “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,31%), “Alimentos y bebidas” (0,27%), “Productos refinados del petróleo” (0,23%), “Máquinas y equipos” (0,18%) y “Tabaco” (0,18%).

En el acumulado del año, los productos importados también muestran un mayor impacto inflacionario (8,4%) frente a los nacionales (7,6%). En este último grupo se destacaron los aumentos en Tabaco (11,7%), Impresiones y reproducción de grabaciones (9,6%) y Alimentos y bebidas (9,1%).

Por su parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, también subió un 2,8% en abril. Esta variación respondió a un aumento del 2,5% en los productos nacionales y del 6,1% en los importados. En lo que va del año, el IPIB acumula una suba del 7,8% y registra una variación interanual del 25,5%.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide exclusivamente la producción local sin considerar impuestos ni importaciones, avanzó un 2,5% en abril. Esta suba fue impulsada por un alza del 0,4% en los productos primarios y del 3,4% en los manufacturados y la energía eléctrica. El IPP acumula en 2025 una variación del 7,9% y una suba interanual del 27,6%.

Construcción

En abril, el costo de la construcción registró un incremento del 0,5 % respecto al mes anterior y del 43,1 % en comparación con el mismo mes del año pasado. Según datos del organismo de estadísticas, esta suba se explica por el alza del 2,9 % en el rubro “Materiales” y del 1,7 % en “Gastos generales”, mientras que el ítem “Mano de obra” mostró una caída del 1,9 %.

Dentro del segmento laboral, los salarios formales descendieron un 2,6 %, mientras que los pagos por subcontratación de trabajadores aumentaron un 1,3 % en relación a marzo.

En contraste con los salarios, los materiales continuaron en alza. Entre los productos que más aumentaron se destacan: maderas en bruto y madera para techos y pisos (9,1 %), artefactos eléctricos, iluminación y porteros eléctricos (7,4 %), electrobombas (6,9 %) y productos aislantes (5,7 %).

La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.

En una decisión que genera serias sospechas de encubrimiento, el Gobierno nacional resolvió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar sobre la polémica criptomoneda $LIBRA, promocionada públicamente por el presidente Javier Milei. La medida, oficializada mediante el Decreto 332/2025 y firmada por el propio mandatario junto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece justo cuando avanzaban investigaciones por posibles delitos vinculados al círculo presidencial.

Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que la UTI “cumplió con las tareas asignadas” y que toda la información ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos informes oficiales ni se conocen las conclusiones de la unidad disuelta. Tampoco se ha revelado la identidad de los desarrolladores de $LIBRA ni si existieron vínculos entre ellos y funcionarios del Gobierno.

El cierre de la unidad se produce en un contexto de creciente tensión política: Cúneo Libarona volvió a ausentarse ante la Cámara de Diputados, que lo había citado para dar explicaciones sobre el escándalo. También faltó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios clave refuerza la idea de que se busca blindar al Presidente y su entorno de eventuales consecuencias judiciales.

La UTI había sido creada por el Decreto 114/2025, encomendando a la Oficina Anticorrupción la tarea de investigar posibles irregularidades o hechos de corrupción relacionados con el criptoactivo. Bajo la conducción de María Florencia Zicavo, la unidad tenía amplias facultades para solicitar información a organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, y estaba encargada de responder a los requerimientos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

Ahora, con su disolución prematura y sin informes disponibles, crecen las sospechas de que el Gobierno busca enterrar el caso antes de que puedan esclarecerse responsabilidades. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con la investigación, pero sin el respaldo de una estructura creada específicamente para ello.

Para muchos, el cierre de la UTI no es más que una jugada para garantizar la impunidad presidencial en uno de los mayores escándalos financieros de esta gestión.