El presidente insultó a los empresarios que buscan una remarcación de precios que acompañe a la reciente devaluación.

En una nueva intervención pública cargada de exabruptos, el presidente Javier Milei lanzó una dura advertencia a los empresarios que consideren trasladar la reciente devaluación al precio de sus productos. “Se van a meter los productos en el orto”, sentenció el mandatario durante una entrevista con Alejandro Fantino en el canal digital Neura Media.

El principio de imputación de precios de Carl Menger por Javier Milei. pic.twitter.com/p1OXB5y7e2

— Rufus (@PeriodistaRufus) April 15, 2025

Contradicciones discursivas

El mensaje no pasó desapercibido, ya que evidencia una marcada contradicción con uno de los pilares del pensamiento libertario que el propio Milei suele reivindicar: la defensa de un mercado autorregulado donde los precios se fijan libremente por la interacción entre oferta y demanda, sin intervención del Estado.

De hecho en un discurso realizado hace pocos meses el presidente sostenía que “el aumento de los precios no era culpa de los empresarios si no de la perdida de poder adquisitivo”.

Durante la charla, Milei explicó el nuevo esquema monetario con tipo de cambio flotante dentro de bandas móviles, pero al ser consultado por un posible aumento de precios ante la suba del dólar —que ese día había trepado un 12%—, no dudó en atacar a los empresarios: “Si algún hijo de puta te empieza a subir precios con el dólar… después no te lo bajan más”, comento Fantino, a lo que Milei respondio que “aprenderán del principio de imputación de Menger a la fuerza”.

Este principio, según explicó Milei, sostiene que “los precios determinan los costos y no los costos los precios”, una interpretación que le sirvió para justificar su amenaza a quienes ajusten valores en función del tipo de cambio. Sin embargo, la forma en que lo plantea choca de lleno con su defensa de la libertad absoluta del mercado, ya que apunta a condicionar —mediante presión política y discursiva— las decisiones de precios del sector privado.

La estrategia de Milei de “comunicar sin filtros” sigue generando polémica, sobre todo cuando sus mensajes contradicen los fundamentos teóricos que dice defender. En su afán por imponer un nuevo orden económico, el presidente parece dispuesto a intervenir —aunque sea desde el discurso— en uno de los aspectos más sensibles del sistema que reivindica: la formación libre de precios.

El FMI le ordeno al Gobierno que más de 2 millones de monotributistas tendrán que ser incorporados al Régimen General por lo que deberán pagar una carga impositiva extra

En contra de la promesa oficial de reducir la presión tributaria, el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una nueva medida que impactará de lleno en más de 2 millones de trabajadores monotributistas: deberán ser incorporados al régimen general, lo que implica un aumento significativo de impuestos y una carga administrativa mucho mayor.

La decisión forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo ante el FMI, según detalla el documento que contiene la “letra chica” del acuerdo firmado por la gestión de Javier Milei. En ese informe, el organismo plantea como urgente la incorporación de los monotributistas al régimen general bajo el argumento de “armonizar el sistema tributario” y “mejorar la transición hacia esquemas más sostenibles”.

Sin embargo, lejos de representar una mejora, la medida desató una ola de críticas en redes sociales. Para muchos trabajadores independientes, esto no es más que una reforma laboral encubierta, que lejos de simplificar, recae sobre los sectores más vulnerables del entramado económico.

EL FMI QUIERE TERMINAR CON LOS MONOTRIBUTISTAS

Exige, textualmente, "armonizar la tasa de Monotributo y facilitar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general". Es lo que aceptó @JMilei pic.twitter.com/avavKxHOpJ

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) April 12, 2025

El FMI, por su parte, insiste en que el sistema actual necesita una “reforma fundamental” y propone reemplazar impuestos “distorsivos” por otros “más simples y mejor administrados”. La “armonización del monotributo” y un fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización están entre los puntos destacados.

Pero el impacto concreto es claro: millones de pequeños contribuyentes —que hoy aportan bajo un régimen simplificado— se verán obligados a migrar a un sistema mucho más costoso y complejo. En octubre de 2023, el número de monotributistas registrados superaba los 2 millones (2.018.100 personas), una cifra que refleja cuán masiva será la afectación.

Mientras el Gobierno avanza con su ajuste fiscal para cumplir con las metas del FMI, crece el malestar entre quienes sienten que el esfuerzo recae, una vez más, sobre los sectores medios y bajos.

Además, el gobernador apuntó contra Luis Caputo: “si querés que la plata llegue a destino, no hay que dársela a él”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar con dureza el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que calificó sin rodeos como “una estafa piramidal”. Durante una reciente aparición pública, el mandatario provincial hizo un análisis del endeudamiento externo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri y volvió a poner en el centro de la escena las consecuencias que, según él, todavía arrastra la economía argentina.

“Ese acuerdo con el FMI no fue un plan económico, fue una estafa piramidal que se sostuvo con más deuda para pagar intereses. No fue para infraestructura, ni para obras, ni para producción. Fue para la fuga de capitales y para beneficiar a unos pocos”, afirmó Kicillof con contundencia.

El gobernador, que también fue ministro de Economía entre 2013 y 2015, se refirió especialmente al rol de Luis “Toto” Caputo, actual titular del Palacio de Hacienda, a quien responsabilizó por haber sido uno de los principales arquitectos del endeudamiento récord durante la gestión de Cambiemos.

“Si querés que la plata llegue a destino, no hay que dársela a él. Caputo es el símbolo del uso discrecional de los fondos. No se puede confiar en quienes endeudaron al país sin control y sin transparencia”, lanzó Kicillof, visiblemente indignado.

Además, agregó que “no se trata solo de criticar lo que se hizo, sino de advertir que siguen aplicando las mismas recetas que ya fracasaron. Y el resultado es siempre el mismo: ajuste, recesión y más desigualdad”.

El presidente balbucea penosamente la confesión de su fracaso. Mientras se agrava la inflación y continúa cayendo el consumo, Milei celebra más deuda, ajuste y sumisión al FMI. Tras destruir jubilaciones y salarios, paralizar la obra pública y la producción, secuestrando los…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 12, 2025

Kicillof también hizo un llamado a la memoria colectiva: “El pueblo tiene que saber que estamos pagando una deuda ilegítima, impuesta a espaldas de la sociedad. No podemos naturalizar que se siga condicionando nuestro futuro por decisiones que se tomaron sin debate y con fines especulativos”.

Con estas declaraciones, el gobernador bonaerense refuerza su posición como una de las voces más críticas dentro del escenario político argentino frente al FMI y al actual modelo económico. Su discurso se alinea con un sector que exige una revisión profunda del acuerdo y reclama una política que priorice la producción y el desarrollo antes que el pago de intereses financieros.

El dato surge del relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados, a través de la Encuesta Nacional Inquilina.

Mientras el Gobierno sostiene un discurso centrado en la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación —con un IPC de marzo que se ubicó en 3,7%—, la realidad que enfrentan millones de inquilinos en todo el país pinta un cuadro muy diferente. Según datos de la Encuesta Nacional Inquilina, realizada por Inquilinos Agrupados, el 30% de los inquilinos tuvo que abandonar su vivienda en marzo por no poder afrontar los aumentos en los alquileres.

Este fenómeno, que la organización describe como “desalojo económico”, ha ido en aumento: en diciembre de 2024, el porcentaje de inquilinos forzados a dejar su hogar por razones económicas era del 25%. Lejos de mejorar, la crisis habitacional se profundiza.

El escenario se agrava aún más cuando se observa el contexto laboral y financiero. El 9,2% de los inquilinos está desempleado, el 35,3% busca más trabajo, y el 67% manifiesta preocupación por la reducción de horas laborales. Además, el 65% se encuentra endeudado y el 48% presenta atrasos en pagos esenciales: el 51% en tarjetas de crédito, el 38% en alimentos y el 30% en alquiler.

Mientras tanto, los alquileres continúan por encima del promedio de inflación: en marzo aumentaron 5,3% en el Gran Buenos Aires, 10,2% en la Patagonia, 9,4% en el noroeste, y entre 4% y 8% en otras regiones del país. En contraste, el INDEC informó que en los últimos doce meses la categoría “vivienda y servicios básicos” registró un alza del 149%, muy por encima del promedio general de inflación anual, que fue del 55,9%.

Así, el supuesto alivio en los indicadores económicos oficiales contrasta con una realidad concreta e ineludible: para miles de inquilinos, la estabilidad no se traduce en bienestar, sino en desalojo, deuda y precariedad creciente.

El nuevo esquema tarifario excluirá a aproximadamente de 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la luz, el Gobierno busca aplicar el ajuste después de las elecciones según lo acordado con el FMI.

En línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei avanza en la eliminación de subsidios a las tarifas de electricidad y gas para millones de hogares de clase media, aunque la implementación plena de la medida quedaría postergada hasta después del calendario electoral para evitar un costo político inmediato.

El nuevo esquema, que deberá estar definido antes de fin de año, reemplazará la actual segmentación de usuarios por niveles de ingreso por un sistema más rígido: solo accederán al beneficio los hogares considerados vulnerables. Esta redefinición del régimen tarifario forma parte del acuerdo más reciente con el FMI, que presiona por un ajuste más rápido del gasto público y una desregulación total del sistema energético.

Según datos oficiales, cerca de 3 millones de usuarios de clase media perderán los subsidios eléctricos, mientras que otros beneficiarios podrían quedar excluidos por no poder acreditar formalmente su situación económica. Desde la Secretaría de Energía se excusan con el pretexto de que el Estado carece de herramientas eficaces para cruzar información y determinar con precisión quién necesita realmente la asistencia.

A pesar de que el recorte forma parte del compromiso asumido con el FMI, fuentes oficiales indicaron que no se esperan cambios profundos en lo que resta del año, a menos que surja la necesidad de acelerar el ajuste. La decisión de postergar la implementación del nuevo esquema para después de las elecciones de medio termino responde tanto al impacto que podría tener sobre la inflación como al temor a una reacción negativa del electorado.

Hoy, seis de cada diez hogares argentinos reciben subsidios a través del esquema de segmentación en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3). De los 16,2 millones de usuarios de electricidad, 9,5 millones cuentan con tarifas subsidiadas; lo mismo ocurre con 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios de gas.

El nuevo modelo, inspirado en la tarifa social implementada durante la gestión de Mauricio Macri, establecerá únicamente dos categorías: quienes reciben subsidios y quienes no. Según proyecciones del FMI, esta reforma permitiría reducir el gasto en subsidios energéticos del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque aún no se ha establecido un cronograma definitivo.

En lo que va de la gestión Milei, las tarifas de electricidad se incrementaron un 264% y las de gas un 622% para los hogares del AMBA sin subsidios. Además, se aplicaron aumentos en los componentes de transporte y distribución, beneficiando a las empresas distribuidoras, que hoy reportan una cobrabilidad superior al 95%.

La Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, ya comenzó a reducir de forma escalonada los descuentos en las facturas, pero el grueso del recorte –exigido por el FMI– se concretaría luego de los comicios para minimizar el impacto en las urnas. Una medida de alto costo social que el Gobierno busca aplicar con el menor costo político posible.

Es por haber utilizado información privilegiada para favorecer la compra de divisas a 1097,50 pesos por dólar, cuando ya sabían que habría una banda de flotación de entre 1000 y 1400 pesos.

Un nuevo escándalo sacude al gobierno nacional: el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fueron denunciados penalmente por malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública. La presentación judicial fue realizada este sábado por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien también incluyó en la denuncia al directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El eje de la acusación es la liquidación de 398 millones de dólares realizada el viernes pasado, a un valor de $1.097,50 por dólar. Según el denunciante, las autoridades sabían de antemano que el Poder Ejecutivo anunciaría un cambio en el régimen cambiario, con la implementación de una banda de flotación entre $1.000 y $1.400 por dólar. Esa decisión, según la denuncia, favoreció a determinados compradores que accedieron a divisas a un precio inferior al que luego permitiría el nuevo esquema.

Martínez Herrero solicitó peritajes para identificar a los compradores beneficiados, el allanamiento del BCRA, e incluso la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La denuncia plantea un grave señalamiento: que altos funcionarios del gobierno, con acceso a información privilegiada, permitieron maniobras que podrían haber generado un perjuicio millonario al Estado y un beneficio para sectores específicos del mercado financiero.

A través de un extenso mensaje, la ex mandataria y actual líder del Partido Justicialista acusó al Gobierno de provocar una devaluación que impacta directamente en el bolsillo de los argentinos y sostuvo que “su plan falló”.

Luego del anuncio oficial del Gobierno sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI, la salida del cepo cambiario y la consecuente devaluación, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció con duras críticas hacia el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. A través de un extenso mensaje, la líder del Partido Justicialista acusó al Gobierno de provocar una devaluación que impacta directamente en el bolsillo de los argentinos y sostuvo que “su plan falló”.

Cristina cuestionó el nuevo esquema de bandas cambiarias anunciado por el Gobierno y respondió con ironía: “Acá las únicas bandas que hay son las de los ‘Caputo Boys’”. Según la ex mandataria, en apenas siete años “se fugaron miles y miles de millones de dólares”, al tiempo que señaló a Caputo y su entorno como responsables de haberse beneficiado del carry trade en perjuicio del país.

Che Milei… ¡AL FINAL, LO MISMO DE SIEMPRE!

EL FONDO TE OBLIGÓ y te mandaste una devaluación de casi el 30%. Porque eso de que “el dólar va a flotar entre bandas de $1000 y $1400”…. Daaaaaaale.

ACÁ LAS ÚNICAS BANDAS QUE HAY SON LAS DE LOS “CAPUTO BOYS” que, en apenas 7 años,…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 12, 2025

La ex jefa de Estado también apuntó contra el FMI, al que calificó como “la otra banda”, acusándolo de financiar gobiernos “gorilas” como el de Milei y el de Mauricio Macri. “Se terminan pagando con la miseria y el hambre del pueblo argentino”, advirtió.

En su mensaje, Cristina también hizo referencia al impacto inmediato de las medidas económicas: “El mismo día que se anunció la devaluación, se te disparó la inflación al 3,7%. ¿3,7%? ¡Andá! Vos sabés que en la calle se siente otra cosa”. Y agregó: “Todo esto con el dólar pisado y el ajuste más grande del que se tenga memoria sobre jubilados, salarios y provincias”.

Con tono crítico, le preguntó directamente al presidente: “¿Me querés decir de qué te sirvió la motosierra, hermano? Porque está claro que tu plan —si es que tenías uno— falló”.

Finalmente, advirtió que el costo del “fracaso” lo pagará la gente: “Es el pueblo argentino el que va a pagar el precio de tus decisiones, de tu soberbia y de tu entrega. Tiempos duros para los que trabajan, producen y no tienen cómo defenderse del ajuste y la especulación”. Cerró con una frase contundente: “Tiempos difíciles que no van a terminar hasta que en 2027 dejes de ser Presidente y este país pueda volver a tener un rumbo nacional y racional, justo y, sobre todo, humano”.

Luego de anunciar el acuerdo con el FMI que implicó en los hechos una devaluación de al menos el 15%, el presidente advirtió que podría haber más inflación y que la respuesta será más ajuste.

Después de anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares y el levantamiento parcial del cepo cambiario —que implicó en los hechos una devaluación de al menos el 15%—, el presidente Javier Milei advirtió que la economía podría enfrentar una nueva ola inflacionaria y aseguró que la respuesta oficial será profundizar el ajuste fiscal.

En una cadena nacional, Milei celebró tanto el entendimiento con el FMI como el fin del cepo, y aseguró que la Argentina está “mejor equipada que nunca” para afrontar la volatilidad externa. Sin embargo, fue claro al afirmar que si el escenario internacional se complica, su gobierno responderá con una reducción aún mayor del gasto público. “Frente a la posibilidad de que el shock externo se agudice, responderemos con mayor ajuste fiscal”, sostuvo.

El mandatario defendió la estrategia oficial de disciplina fiscal como una condición ineludible para sostener la estabilidad macroeconómica y cumplir con los compromisos de deuda. “Nuestro compromiso de honrar nuestras deudas es inquebrantable, por eso es necesario mejorar la balanza comercial. Eso implica reducir la absorción doméstica”, dijo.

Milei enmarcó estas medidas en un contexto de reconfiguración del orden económico mundial, al que describió como un “mar de volatilidad” del que Argentina, según él, ya no forma parte como una “balsa a la deriva”, sino como un “acorazado”. No obstante, dejó en claro que, de profundizarse las tensiones internacionales entre las cuales menciono una posible ola inflacionaria global, la única vía será continuar recortando el gasto interno.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió que esta medida no sólo es equivocada sino también hipócrita, y que responde a una lógica electoralista que prioriza los discursos fáciles y punitivos por encima de soluciones estructurales y humanas.

“Más oportunidades que penas”, es el mensaje central del documento difundido, donde se rechaza de plano la idea de resolver el complejo problema de la inseguridad juvenil con más cárceles. Desde los sectores religiosos que trabajan en las villas y barrios populares, con décadas de compromiso social en la línea de Carlos Mugica, señalan que los adolescentes no son los principales responsables de la criminalidad: “La droga no la fabrican los chicos de 13 a 15 años, ni la introducen en los barrios, ni se benefician con su venta”, advierten. Por el contrario, son víctimas de redes de adultos, muchas veces articuladas con sectores del poder, la justicia y las fuerzas de seguridad.

El texto denuncia con claridad el oportunismo político: “El poder político, en lugar de ofrecer una solución estructural sostenida, reacciona con parches que desgarran y perforan aún más el tejido social”. Así, desde la Pastoral Social, acusan al oficialismo de recurrir a discursos demagógicos, buscando rédito electoral a través de medidas que sólo profundizan la exclusión social.

En el documento, se pide un debate serio, a largo plazo, que incorpore las voces de especialistas y abandone las salidas simplistas. “La pena no mejora al sujeto; por el contrario, lo estigmatiza y lo margina aún más”, sostienen. Las estadísticas oficiales respaldan esta posición: en 2023, los menores de entre 0 y 15 años representaron solo un 4,74 % de los inculpados por robo de automotores y apenas un 0,64 % de los acusados de homicidio doloso.

Además, la Pastoral advierte que, en el caso de que se apruebe esta baja, no existen dispositivos adecuados en las provincias para alojar ni contener a los menores. Las cárceles actuales, sostienen, son espacios donde reina la violencia institucional y la posibilidad de reinserción es prácticamente nula.

La Comisión llama a todos los sectores —Estado, organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, clubes y ciudadanía— a comprometerse con una verdadera “cultura del cuidado” que garantice educación, salud, trabajo y espacios de contención para jóvenes y adolescentes. La respuesta no es más castigo, es más comunidad, más justicia social y más dignidad.

“La baja de imputabilidad no tiene efectos disuasorios. No queremos más cárceles para jóvenes, queremos más escuelas, más clubes, más docentes con salarios dignos”. “Esto es determinante porque, como nos recuerda el Papa Francisco, estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”, concluye el comunicado.

Lo solicitó con urgencia uno de los abogados demandantes en la causa, el mismo sostiene que la medida “resulta indispensable para prevenir el vaciamiento de activos cuya preservación es vital”.

En el marco de la causa por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, el abogado Gregorio Dalbón presentó un pedido urgente ante el fiscal federal Eduardo Taiano para que se congelen de inmediato los activos financieros que Javier Milei, su hermana Karina y sus entornos pudieran tener en Estados Unidos.

La solicitud apunta a preservar posibles evidencias clave y evitar el vaciamiento de bienes que podrían ser fundamentales para una eventual reparación a las víctimas. Según Dalbón, la medida resulta “indispensable para prevenir el vaciamiento de activos cuya preservación es vital para garantizar la posibilidad de recuperación patrimonial en beneficio de los damnificados, así como para evitar el entorpecimiento de la presente pesquisa”.

El abogado también pidió que se exhorte a diversas agencias gubernamentales de Estados Unidos —entre ellas el Departamento de Justicia (DOJ), el Tesoro (Treasury), la SEC, la FCC, el FBI y el DHS— para que remitan toda la información relacionada con la maniobra de estafa. Además, requirió que informen sobre personas físicas o jurídicas investigadas, medidas adoptadas y activos identificados.

En paralelo, Dalbón solicitó que se decrete el secreto de sumario para evitar filtraciones y proteger la eficacia de las diligencias internacionales. Cabe destacar que el letrado mantuvo recientemente reuniones en EE.UU. con autoridades del FBI y con el exfiscal de Nueva York, Timothy Treanon, quien actualmente encabeza uno de los estudios jurídicos más influyentes del país y prepara una denuncia penal que podría involucrar directamente al presidente argentino.

Una megacausa en Comodoro Py

El expediente por el caso $LIBRA quedó radicado en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita de la jueza María Servini y el fiscal Taiano, luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera un conflicto de competencia con la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

La Cámara fundamentó su decisión en el avance de las medidas de prueba ya implementadas y en que los hechos denunciados, incluidas reuniones con empresarios del mundo cripto y eventos ocurridos durante 2024 y 2025 —algunos de ellos en la Casa Rosada—, tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires. También se investigan antecedentes previos al tuit con el que Milei promocionó públicamente la criptomoneda.