Patricia Bullrich, avanza con un proyecto polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.

El Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, avanza con un proyecto altamente polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.

El documento, de circulación restringida y revelado por el portal Ámbito, expone la intención del gobierno nacional de modificar la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965) para habilitarla a actuar sin intervención judicial, incluyendo el patrullaje de redes sociales, la recopilación de datos personales y detenciones sin orden de juez, en clara violación del Estado de Derecho y los principios constitucionales de privacidad, debido proceso y libertad de expresión.

Uno de los puntos más alarmantes del borrador es la propuesta de que la Policía Federal pueda realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” —como redes sociales y sitios web— sin necesidad de autorización judicial, lo que abre la puerta a la vigilancia masiva, la persecución ideológica y la criminalización de la disidencia. Aunque se menciona que estas tareas deben “respetar” la privacidad y los datos personales, en la práctica se habilita un monitoreo arbitrario y sin garantías.

Además, el proyecto permitiría detenciones preventivas sin orden judicial si los agentes consideran que una persona “pudiere cometer un delito” y no acredita debidamente su identidad. Esta ambigüedad normativa pone en riesgo la libertad ambulatoria y facilita abusos policiales al dejar a criterio subjetivo de los efectivos la posibilidad de privar de libertad a cualquier ciudadano.

El plan incluye también la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con estructuras de inteligencia propias, como las nuevas Agencias Federales de Investigación (AFDI), lo que indica un claro intento de concentrar el poder de investigación criminal en una fuerza que responderá directamente al Ministerio de Seguridad, por encima de jueces, fiscales y otros controles del sistema democrático.

Dentro de las propias fuerzas federales hay malestar y preocupación. Integrantes de Gendarmería y Prefectura calificaron el proyecto como “excesivo” y advirtieron sobre el impacto institucional que tendría una Policía Federal con “facultades extraordinarias” que la coloquen por encima del resto de las fuerzas.

En definitiva, esta reforma impulsada por Patricia Bullrich representa un salto hacia un modelo de Estado policial autoritario similar a otras dictaduras, que no sólo erosiona el equilibrio entre seguridad y libertad, sino que desconoce flagrantemente las garantías constitucionales que protegen a la ciudadanía frente al poder estatal. Bajo el pretexto de combatir el delito complejo y el crimen organizado, se esconde un intento por legitimar la vigilancia digital sin control y reinstalar prácticas propias del espionaje interno.

El Congreso, la Justicia y la sociedad civil deben estar alerta ante este intento de reformar el rol de la Policía Federal por decreto o resolución ministerial, sin debate público ni control democrático. La seguridad no puede convertirse en excusa para avanzar sobre los derechos fundamentales.

El intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador por el PJ en Corrientes, Martín Ascúa lanzó una advertencia al presidente Javier Milei y expresó su respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner durante el acto que compartieron en esa ciudad.

En un encendido discurso, el candidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Corrientes lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por lo que calificó como una “brutal política de ajuste” que está asfixiando a las provincias y golpeando a los sectores más vulnerables.

Con tono desafiante y visiblemente indignado, el referente justicialista no se guardó nada:
“Si seguís atacando al pueblo correntino, te vamos a meter la motosierra en el culo”, lanzó ante una multitud que lo aplaudía. La frase, cargada de indignación, hace alusión directa al símbolo más representativo del discurso libertario de Milei, pero con un giro provocador y confrontativo.

El candidato también acusó al gobierno nacional de “abandonar a Corrientes a su suerte” y denunció la paralización de obras públicas, el recorte de subsidios y la falta de respuestas ante la crisis sanitaria y económica que atraviesa la provincia.

“Corrientes no es tierra de cobardes ni de sumisos. Vamos a defender a nuestra gente con uñas y dientes, y no vamos a permitir que desde Buenos Aires nos sigan ajustando sin medir consecuencias”, aseguró.

Las declaraciones generaron revuelo en el ámbito político y fueron rápidamente replicadas en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones tanto de apoyo como de repudio.

Con un clima electoral cada vez más tenso, este cruce directo con la Casa Rosada marca un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno nacional y los gobernadores del interior, especialmente aquellos que denuncian haber sido relegados por el ajuste libertario.

Desde Paso de los Libres, Corrientes, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio político y lanzó un mensaje contundente que resuena con fuerza en el escenario nacional: denunció un “evidente clima de persecución y proscripción” tras su reciente candidatura a diputada bonaerense.

Desde Paso de los Libres, Corrientes, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio político y lanzó un mensaje contundente que resuena con fuerza en el escenario nacional: denunció un “evidente clima de persecución y proscripción” tras su reciente candidatura a diputada bonaerense.

“Dicen que estoy acabada, entonces: ¿por qué no me dejan competir y me derrotan?”, desafió la ex presidenta durante un acto en apoyo a Martín Ascúa, candidato a gobernador de Corrientes. Kirchner vinculó directamente su candidatura con el recrudecimiento de las presiones judiciales y mediáticas: “Anuncié mi candidatura y se desataron los demonios. Salieron de todos lados a pedir que me metan presa”.

La verdad es que estoy muy feliz de estar acá en Corrientes, tierra de coraje y tierra de valientes. Cuando el coraje y la valentía se hacen propósito estamos frente a la organización y la decisión política de transformar las cosas peleando lo que hay que pelear.

Me acuerdo que… pic.twitter.com/PQnr2desSQ

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 8, 2025

La expresidenta no evitó referirse a los rumores sobre una inminente decisión de la Corte Suprema que podría confirmar su condena y habilitar su detención. “Piden que me metan presa. Me gatillaron en la cara, pero no van a poder evitar que vuelva el pueblo”, advirtió, en alusión al intento de magnicidio que sufrió en 2022 y a la historia de violencia política que ha atravesado el peronismo.

Proscripciones de ayer y de hoy

En tono desafiante y visiblemente combativa, Cristina comparó su situación con la proscripción sufrida por Juan Domingo Perón: “En los sesenta Perón fue candidato a vicegobernador de Framini y no lo dejaron competir. Pero sirvió para darle visibilidad”. Así, envió un claro mensaje al establishment político y judicial: no piensa callarse ni hacerse a un lado.

Kirchner también hizo una crítica interna al peronismo al afirmar que “a diferencia de algunos dirigentes de nuestra fuerza, el poder económico no tropieza dos veces con la misma piedra”. Según su lectura, los sectores de poder buscan evitar que sea candidata para no repetir el impacto que tuvo su regreso en 2019 sobre el gobierno de Mauricio Macri.

La exmandataria apuntó duramente contra el presidente Javier Milei por los recortes en áreas sensibles: “Tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios, ¿cómo se puede ser tan energúmeno, tan hijo de puta?”, lanzó, en referencia a la reducción de ayudas a personas con discapacidad.

Y también criticó a los gobernadores que acompañaron al actual gobierno libertario: “A los que creyeron que votando cualquier cosa tenían asegurado algo, se los van a comer los piojos”. Cerró con una advertencia política: “El gobierno del libertario es como el yogur, tiene vencimiento. Sólo que no trae en la tapa la fecha”.

Cristina Kirchner vuelve al centro del escenario con un discurso que denuncia sin rodeos la persecución política, reivindica su rol histórico y deja en claro que no piensa retirarse en silencio.

En un hecho que genera fuertes sospechas, el juez Jorge Gorini miembro del Tribunal Oral Federal N°2 y uno de los tres magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, habría realizado una discreta inspección a una dependencia de la Policía Federal en Palermo Chico.

En un hecho que genera fuertes sospechas y conmoción política, el juez Jorge Gorini —miembro del Tribunal Oral Federal N°2 y uno de los tres magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad— realizó según filtraciones periodísticas una visita discreta a una dependencia de la Policía Federal en Palermo Chico. El objetivo: enviar un mensaje de amedrentamiento con la visita a un posible lugar de detención para la expresidenta. Lo grave del hecho es que lo hizo antes de que la Corte Suprema siquiera se pronunciara sobre la sentencia.

La visita se produjo en el edificio policial ubicado en Cavia y Figueroa Alcorta, y fue revelada públicamente por el periodista Gustavo Sylvestre en C5N. Lo llamativo no es solo la acción en sí, sino el contexto político en el que se encuadra: Cristina Kirchner acaba de anunciar su candidatura como legisladora provincial por la Tercera Sección Electoral en Buenos Aires, y el fallo de la Corte aún está pendiente. Es decir, la condena todavía no está firme.

Además, sobre la causa hay múltiples recursos presentados: el Ministerio Público Fiscal reclama endurecer la pena a doce años y aplicar la figura de asociación ilícita, mientras que la defensa solicita la absolución de la exmandataria. No obstante, Gorini ya se estaría moviendo como si la prisión fuera inminente, pese a que legalmente no puede ejecutarse ninguna pena sin el fallo definitivo de la Corte Suprema.

Una Corte Suprema bajo presión

El episodio se vuelve más oscuro al considerar los tiempos políticos. La Corte no tiene plazos establecidos para decidir, pero se especula con que podría pronunciarse antes del 19 de julio, fecha límite para la presentación de listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Este supuesto “apuro” judicial instigado además por una persistente presión mediática, coincidente con los tiempos electorales, despierta inquietud en sectores cercanos a la expresidenta.

Como presidente del TOF 2, Gorini es el encargado de ejecutar la eventual detención si la condena queda firme. Y su visita, justo en este momento, no parece un gesto inocente ni propio de una justicia neutral. Por el contrario, para algunos analistas y dirigentes, constituye un claro indicio de que ciertos actores judiciales ya operan en base a un escenario que, en los hechos, aún no existe jurídicamente pero si en los medios que responden a ciertos grupos económicos que obran como tribunales mediáticos y ejercen presión directa sobre las instituciones.

El movimiento de Gorini se suma a un historial ya polémico: su colega en el tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, fue fotografiado jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri durante el juicio, hecho que motivó denuncias por parcialidad.

Este nuevo capítulo reaviva las dudas sobre la neutralidad del proceso judicial contra Cristina Kirchner. La visita a un centro de detención antes del fallo final de la Corte no solo es llamativa: es profundamente sospechosa, y refuerza la idea de que la Justicia, en este caso, podría estar actuando con una hoja de ruta preestablecida y condicionada por los tiempos políticos, en especial cuando la ex presidenta se halla sólidamente posicionada de cara a las comicios a desarrollarse en territorio bonaerense.

La morosidad en tarjetas, préstamos personales y cheques alcanzó niveles récord, según un reciente informe del BCRA, revelando una preocupante fragilidad en la cadena de pagos y una presión creciente sobre hogares y empresas.

El sistema financiero argentino atraviesa un momento de creciente tensión. En un contexto económico marcado por la recesión, la inflación persistente y la caída del poder adquisitivo, se encienden fuertes señales de alerta por el deterioro acelerado de la calidad del crédito. La morosidad en tarjetas, préstamos personales y cheques alcanzó niveles récord, revelando una preocupante fragilidad en la cadena de pagos y una presión creciente sobre hogares y empresas.

Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad en tarjetas de crédito se disparó al 2,8% en marzo, el nivel más alto en tres años. En los préstamos personales, el incumplimiento alcanzó el 4,1%, máximo en nueve meses. Pero quizás la señal más crítica proviene del mundo empresarial: el rechazo de cheques trepó al mayor nivel en cinco años, afectando de lleno la circulación de fondos entre empresas.

Los datos oficiales muestran que los cheques rechazados representaron el 1,3% del total compensado, con más de 64.000 casos registrados. Aún más preocupante es la dinámica interanual: los rechazos totales crecieron 91,7% respecto a marzo de 2023, mientras que los rechazos por falta de fondos se dispararon un alarmante 221,9%.

Este panorama, advierte el propio BCRA, revela una ruptura en la cadena de pagos, con impactos directos sobre la solvencia de hogares y la operatividad del entramado productivo. Para el organismo que preside Santiago Bausili, la creciente morosidad pone en riesgo la estabilidad del sistema crediticio y obliga a los bancos a endurecer condiciones de financiamiento, lo que a su vez profundiza la contracción de la actividad.

Desde el sector financiero, también emergen voces de preocupación. Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, alertó que “el cobro de créditos se está volviendo más difícil”, y calificó la situación como una clara “luz amarilla” para la economía.

En paralelo, las empresas medianas —motor clave del empleo y la producción— comienzan a perder acceso al crédito, tanto en el sistema bancario como en los mercados de capitales. Esta restricción compromete no solo su capacidad de inversión, sino también su funcionamiento cotidiano.

En definitiva, los últimos datos encienden una advertencia seria: el deterioro del crédito ya no es solo un problema financiero, sino una señal estructural del frágil momento que atraviesa la economía argentina. Si la tendencia no se revierte, el riesgo de una parálisis en la cadena de pagos y un colapso en el acceso al financiamiento podría tener consecuencias duraderas.

Los viajes costaron $ 1.763 millones entre pasajes, hospedajes y viáticos. El top 3 de viajes más costosos está conformado por tres vuelos privados del presidente Javier Milei y su comitiva para ver a Trump y sacarse una foto.

Mientras el Gobierno nacional repite que “no hay plata” para actualizar jubilaciones ni aumentar salarios del sector público y los presupuestos de educación y salud, el presidente Javier Milei y su gabinete acumulan en lo que va del 2024 más de $1.763 millones gastados en viajes, incluyendo pasajes, viáticos y hospedajes.

Según un relevamiento realizado por Poder Ciudadano y analizado por el medio Ruido, se realizaron 645 viajes oficiales en apenas seis meses. En su mayoría, fueron traslados internacionales que contrastan con el ajuste fiscal que afecta directamente a jubilados, docentes y trabajadores estatales.

[NUEVO] ✈️ El presidente Javier Milei comienza hoy una nueva gira internacional que lo llevará a Italia, España, Francia e Israel.

🔴 Durante 2024, Milei y su gabinete realizaron 645 viajes que costaron $ 1.763 millones entre pasajes, hospedajes y viáticos.#Investigación pic.twitter.com/fYiyBsCseE

— Chequeado (@Chequeado) June 5, 2025

Los números del despilfarro

$1.763 millones gastados en viajes oficiales.

La Secretaría General de la Presidencia concentró el mayor gasto, con $1.289 millones.

Le siguieron el Ministerio de Economía, el de Defensa, Relaciones Exteriores y Seguridad.

Solo los 17 viajes del presidente Milei representaron el 72% del gasto total: unos $1.280 millones, de los cuales el 90% fue destinado al alquiler de vuelos privados. Entre ellos, figuran vuelos a Estados Unidos (Idaho, Nueva York, Miami), Francia y recorridos internos en EE.UU.

Los tres viajes más caros

Conferencia de Sun Valley (EE.UU.) – $344 millones.

Inauguración de los Juegos Olímpicos (París) – $314 millones.

Asamblea General de la ONU (Nueva York) – $302 millones.
Los tres fueron realizados en aviones privados y contratados a empresas como Flyzar y Pacific Ocean SA.

¿Quién viajó más?

Luis Petri, ministro de Defensa, con 48 traslados, en su mayoría a Mendoza, su provincia natal.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, con 40 viajes, el 75% dentro del país.

Diana Mondino, ex canciller, con 34 viajes internacionales.

El viaje más caro dentro del gabinete fue justamente de Petri, que gastó $32 millones para visitar Dinamarca, Bélgica y Noruega, donde se firmó la compra de 24 aviones F-16 de segunda mano.

Acceso a la información: opacidad oficial

La investigación se basó en 13 pedidos de acceso a la información pública. Sin embargo, la Secretaría General de la Presidencia —que concentra el mayor gasto— se negó a entregar información completa, demostrando una preocupante falta de transparencia en el uso de recursos estatales.

“Los gobiernos tienen que publicar en forma proactiva información que es de interés para la ciudadanía”, reclamó Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano.

El contraste no podría ser más claro: mientras el ajuste cae sobre los sectores más vulnerables con el argumento de que “no hay plata”, el gasto en traslados VIP del presidente y su entorno no sólo persiste, sino que se multiplica. La “motosierra” no parece aplicarse a los aviones privados.

Mientras el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que los argentinos deben “sacar los dólares del colchón” para reactivar la economía y engrosar las reservas del Banco Central, sus propios depósitos están a buen resguardo en el exterior.

Mientras el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en que los argentinos deben “sacar los dólares del colchón” para reactivar la economía y engrosar las reservas del Banco Central, sus propias declaraciones patrimoniales revelan una realidad muy distinta: el presidente, su gabinete y los directores del BCRA poseen al menos 73 millones de dólares fuera del país. Y eso es solo lo declarado.

El gobierno busca remonetizar la economía e incentivar el consumo, apuntando a los ahorros en divisas no declaradas que muchos ciudadanos resguardan en efectivo o tienen en el exterior. Pero mientras se predica confianza en el sistema financiero argentino, quienes están al mando parecen elegir otras jurisdicciones para proteger su dinero.

Cuántos dólares afuera tienen los ministros de Milei y el equipo económico? pic.twitter.com/loBw5OS2ue

— Alejandro Rebossio (@ale_rebossio) June 3, 2025

Según las declaraciones juradas al asumir sus cargos, Milei y su equipo suman millones en efectivo, cuentas bancarias, acciones, bonos y participaciones societarias fuera del país. No se incluyen en este cálculo inmuebles ni inversiones locales en el extranjero, lo que podría elevar considerablemente la cifra final.

Entre los principales tenedores de divisas fuera del país figuran:

• Gerardo Werthein (Canciller): US$24,6 millones en cuentas, inversiones y sociedades en EE.UU. y otros destinos no especificados.
• Mariano Cúneo Libarona (Justicia): US$13,9 millones en cuentas en EE.UU., Suiza, Puerto Rico y Uruguay.
• Luis Caputo (Economía): US$3,5 millones entre depósitos en EE.UU., la Isla de Man y una sociedad financiera.
• Federico Sturzenegger (Desregulación): US$1,7 millones en depósitos en el exterior.

Incluso el propio Milei, que se jactaba de cobrar miles de dólares por charlas como consultor, declaró apenas US$20.000 en efectivo. El resto de su equipo, incluyendo secretarios de Estado y miembros del Banco Central, también muestra altos niveles de tenencia de dólares fuera del sistema local. Entre ellos, destacan:

• José Luis Daza (Política Económica): US$10,4 millones en inversiones y efectivo.
• Daniel González (Energía y Minería): US$6,9 millones en cuentas e inversiones extranjeras.
• Nicolás Ferro (Director BCRA): US$4,6 millones entre efectivo, bonos y cuentas en EE.UU.
• Baltasar Romero Krause (Director BCRA): US$3,5 millones.

En total, sólo el gabinete económico de Caputo suma casi US$19 millones en el exterior (oficialmente declarado). Y los directores del BCRA aportan otros US$9,6 millones. En muchos casos, estas fortunas están en paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación.

¿El dato más llamativo? Este retrato patrimonial corresponde al inicio de sus funciones. Habrá que esperar hasta 2026 para saber si, en línea con lo que le exigen a la ciudadanía, repatrían sus fondos y los incorporan al sistema financiero argentino. Por ahora, el mensaje es claro: piden dólares ajenos mientras los propios siguen afuera.

El fundador de Tesla cruzó fuerte al presidente de Estados Unidos y reactivó un viejo video que lo muestra junto al magnate acusado de tráfico sexual y pedofilia. Además sugirió que Trump sea destituido.

Elon Musk volvió a sacudir la escena política estadounidense al acusar directamente al presidente Donald Trump de estar vinculado con Jeffrey Epstein, el magnate financiero acusado de tráfico sexual de menores. A través de su cuenta oficial en X, el fundador de Tesla y SpaceX no solo reactivó un antiguo video donde se ve a Trump junto a Epstein, sino que también exigió su salida del poder.

“Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, escribió Musk, generando una oleada de reacciones y polémica en redes sociales.

La publicación del empresario sudafricano reavivó un video de 1992, difundido originalmente por NBC, en el que se ve a Trump y Epstein compartiendo una fiesta en Mar-a-Lago, la residencia del ahora presidente. En las imágenes, ambos conversan mientras observan a un grupo de animadoras de los Buffalo Bills. En un momento, Trump le dice a Epstein: “Mírala… ahí atrás. Está buenísima”.

Un conflicto personal en aumento

La escalada entre Musk y Trump no se limita al pasado. En días recientes, el distanciamiento entre ambos se intensificó por desacuerdos sobre un nuevo paquete fiscal promovido por la administración actual. Musk lo calificó como una “abominación repugnante” y criticó duramente a los congresistas que lo apoyaron.

Trump, por su parte, respondió desde la Oficina Oval, señalando que Musk estaba al tanto del contenido del proyecto y que solo se manifestó en contra cuando se enteró de los recortes a los subsidios para vehículos eléctricos, que afectan directamente a Tesla.

Musk negó esa versión con contundencia: “¡Falso, este proyecto de ley no me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!”, replicó.

Trump contraataca: amenaza con cortar contratos a Musk

Como respuesta final, Trump fue más allá: desde su red Truth Social propuso cancelar todos los contratos federales y subsidios que beneficien a las empresas de Elon Musk.

“La forma más fácil de ahorrar miles de millones es terminar con los contratos de Elon. ¡Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera!”, escribió el mandatario.

El conflicto entre Musk y Trump sigue escalando con fuerza, mientras crecen las repercusiones del explosivo mensaje del magnate tecnológico y se revive la controversia sobre los vínculos entre Trump y Jeffrey Epstein.

La ministra de Seguridad mantiene con dinero público a su agrupación de militantes “Halcones Republicanos”, acomodándolos en cargos estatales y repartiendo contratos dentro de su ministerio, e incluso organizando encuentros pagos con funcionarios.

Con un discurso inflexible contra la corrupción y la promesa de transparencia como bandera, Patricia Bullrich no ha dejado de repetir que llegó para “ordenar” el Estado. Pero en los hechos, la ministra de Seguridad sostiene con dinero público a su agrupación juvenil Halcones Republicanos, colocándolos en cargos estatales, repartiendo contratos dentro de su ministerio, y hasta organizando encuentros pagos con funcionarios, mientras presenta todo como una cruzada ética.

La estructura política que acompaña a Bullrich desde hace años no es casual ni improvisada: está pensada para ocupar espacios del Estado en cada gestión, no solo para mantener fidelidad política, sino también para sobrevivir en los años de vacas flacas. Así, los Halcones Republicanos, su agrupación juvenil de línea dura, no sólo siguen su trayecto del PRO a La Libertad Avanza, sino que han sido premiados con puestos dentro del Ministerio de Seguridad, sin tapujos. ¿Y la meritocracia proclamada por la ministra? bien gracias.

Su ex vicepresidente en Jóvenes PRO y ahora mano derecha en los Halcones, Iván Velasco, hoy es secretario del Consejo de Seguridad Interior. Le siguen otros miembros de la comisión directiva, como Sofía Dutallaz Piñar, Camille Molina, Francisco Chagnier, Benjamín Larsen, Marcos Casal y más: todos con suculentos contratos estatales, todos con vínculos directos con Bullrich, todos parte de la estructura que se financia desde el Estado, mientras se presentan como “defensores del orden, la república y la libertad”.

🚨URGENTE🚨

Patricia Bullrich fue grabada anoche borracha bailando con adolescentes en una muy lujosa fiesta de Puerto Madero

☠️☠️☠️☠️ pic.twitter.com/C6lY4UzRAM

— SIDE twitera (@ladoblevara_) May 11, 2025

A esto se suma la rebautizada ONG Ícona —antes Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, intervenido por irregularidades y desvío de fondos— ahora presidida por María Oneto, quien fuera la recaudadora de su campaña presidencial. Lejos de desaparecer, Ícona sigue ofreciendo “conversaciones íntimas” con funcionarios públicos a cambio de entradas que oscilan entre $350.000 y $500.000, otra forma de monetizar el acceso al poder bajo el ropaje de lo institucional.

Bullrich parece seguir al pie de la letra la fórmula que tanto critica: utilizar recursos del Estado para beneficio político propio, financiar militancia con fondos públicos y ofrecer acceso a funcionarios como si se tratara de un producto VIP. Mientras tanto, su relato de “ética republicana” y su prédica contra la “casta política” se desmoronan frente a una realidad que exhibe una red de favores, designaciones cruzadas y captación de recursos estatales para sostener su capital político.

A este escandalo se suma la reciente difusión de un video donde Patricia Bullrich aparece bailando en una fiesta con jóvenes militantes de su espacio político, varios de ellos aparentemente menores de edad, este hecho bochornoso reavivó los cuestionamientos sobre su conducta pública y privada. En redes sociales y en ámbitos políticos, las críticas no tardaron en llegar, alimentadas por la percepción de que la ministra no solo incurre en actitudes impropias de su investidura, sino que además podría haber estado en un estado inconveniente para una funcionaria de su rango. Mientras se muestra como la garante del orden y los valores republicanos, su presencia en este tipo de eventos privados expone una desconexión preocupante entre su prédica moralista y su accionar personal.

¿Es esta la nueva transparencia? No, es simplemente la vieja política de la cual proviene la ministra Bullrich ahora presentada con una nueva careta de meritocracia y lucha contra la casta.

La diputada nacional Lilia Lemoine , militante de La Libertad Avanza, sin formación académica y promotora de teorías conspirativas sacadas de YouTube, como el terraplanismo, reaccionó con desprecio al reclamo de los profesionales del Hospital Garrahan: “Tenés la libertad de hacer otra cosa”.

Mientras los médicos residentes del Hospital Garrahan exigen sueldos dignos que reflejen su carga horaria y responsabilidad profesional, la diputada nacional Lilia Lemoine —militante de La Libertad Avanza, sin formación académica y promotora de teorías conspirativas como el terraplanismo— reaccionó con desprecio: “Tenés la libertad de hacer otra cosa”, fue su insultante respuesta a los reclamos del personal de salud.

La polémica estalló en redes sociales tras un tuit en el que Lemoine ironizó: “Nadie tiene por qué pagar por tus sueños. Yo soñaba con ser astronauta. ¡Quiero que me paguen mi sueño ya!” La diputada, que acaba de recibir un nuevo aumento y pasará a cobrar más de 3 millones de pesos mensuales, desestimó el pedido de médicos que ganan apenas una fracción de ese monto, pese a contar con años de formación y trabajar jornadas agotadoras en uno de los hospitales pediátricos más importantes del país.

Leandro Crisso, residente de segundo año en el Garrahan, le respondió con contundencia: “Somos médicos matriculados. Están gobernando, háganse cargo”. Lemoine no se quedó atrás y redobló la apuesta: “Siempre podés renunciar y trabajar de algo que te convenga. ¿Por qué yo pude y otros no?”, escribió, equiparando su recorrido personal con la realidad de profesionales de la salud pública.

Pero la legisladora fue más allá, poniendo en duda la necesidad de sostener la formación médica: “Si dejan de formarse pediatras ahí sí, veremos qué pasa”. Incluso se quejó de que a los médicos se los “cuide más que a un albañil o a una cocinera”, ignorando por completo el rol estratégico y especializado que cumplen en el sistema de salud.

Crisso explicó que su sueldo es de 830 mil pesos más un bono de 200 mil, y remarcó la hipocresía de Lemoine: “Desde su comodidad de ganar 3.9 millones siendo diputada, es fácil opinar”.

El episodio volvió a encender la indignación pública: una diputada que llegó al Congreso sin experiencia ni títulos, que difunde discursos anticientíficos y teorías marginales, y que hoy cobra un salario millonario, le dice a los médicos que sostienen la salud infantil del país que “se dediquen a otra cosa” si no están conformes.

En un país donde el personal de salud es esencial y ha demostrado una vocación incuestionable, la respuesta de Lemoine no solo es desubicada, sino insultante.