Mientras la narrativa oficial insiste en que la economía argentina transita un camino de recuperación, la realidad demuestra lo contrario: la recesión avanza sin freno y los cierres de empresas se multiplican, encendiendo todas las alarmas sobre una bomba de tiempo en el mercado laboral.

Casos como el de Lácteos Verónica y la metalúrgica Futura evidencian que lejos de una reactivación, el país atraviesa un proceso de contracción profunda que pone en jaque a miles de trabajadores. En Santa Fe, las tres plantas de Verónica permanecen paralizadas, dejando a más de 700 empleados sin cobrar sus salarios en tiempo y forma y sin respuestas concretas por parte de la empresa, que acumula cheques rechazados por más de 800 millones de pesos. La desconfianza crece no solo entre los trabajadores, sino también entre los productores tamberos, generando una parálisis productiva casi total.

Por su parte, Futura, una histórica firma metalúrgica de Gualeguaychú, anunció su cierre definitivo tras más de 50 años de actividad. La empresa alegó falta de ventas y pérdida de competitividad como causas del cierre. A sus trabajadores solo se les ofreció un retiro voluntario con pago parcial de indemnizaciones, y en caso de rechazo, deberán iniciar acciones legales. Este patrón se repite en numerosos sectores industriales a lo largo del país.

La supuesta recuperación también queda en entredicho en Tucumán, donde el reciente desembarco de Coca-Cola en el Ingenio Bella Vista, a través de su subsidiaria Arca Continental, trajo promesas de desarrollo, innovación y empleo. Sin embargo, la primera medida fue el despido de 60 trabajadores, provocando protestas y un nuevo foco de tensión laboral. Las declaraciones optimistas de las autoridades locales, que auguraban “más oportunidades y movimiento económico”, hoy contrastan con la quema de cubiertas y la incertidumbre que vive la comunidad de Bella Vista.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno sostiene una narrativa de “recuperación sólida y ordenada”. Pero los hechos demuestran lo contrario: las empresas cierran, la producción cae, el empleo formal se destruye y las inversiones reales no alcanzan a contener el deterioro. La bomba del desempleo ya está encendida y cada nuevo cierre agrega mecha a una situación explosiva, situación que podría agravarse en los próximos meses con la apertura importadora impulsada por el gobierno nacional.

Lejos de ser excepciones, los casos de Verónica, Futura y Bella Vista son reflejo de una economía atrapada entre el ajuste, la falta de consumo interno y una crisis de confianza que recorre toda la cadena productiva. La brecha entre el relato oficial y la vida cotidiana de miles de trabajadores crece a cada hora. Mientras en los discursos se celebra la inversión, en las calles se multiplican las protestas. La recesión no es un dato aislado: es la realidad que golpea con fuerza, desmintiendo cualquier promesa de reactivación sostenible.

Mientras el gobierno le pasa la motosierra al Hospital Garrahan, a las jubilaciones y universidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo del empresario amigo de Milei, Gerardo Werthein gasta fortunas en escandalosas licitaciones.

El gobierno de Javier Milei continúa aplicando un ajuste despiadado que golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables. Uno de los casos más indignantes es el del Hospital Garrahan, símbolo de la salud pediátrica pública, que sufre recortes presupuestarios que amenazan su normal funcionamiento. Sin embargo, mientras se cercenan recursos vitales para niñas y niños, en otro rincón del Estado se despliega una opulencia escandalosa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por el empresario y amigo personal de Milei, Gerardo Werthein, acaba de adjudicar una licitación por 183.456.000 pesos para el alquiler de una flota de vehículos de alta gama con chofer, un gasto difícil de justificar en medio del brutal ajuste que impone el gobierno.

La licitación —tramitada bajo el número 26-0001-LPU25 y oficializada el 2 de junio de 2025— establece una Orden de Compra Abierta por seis meses, con posibilidad de prórroga por otros seis. El contrato contempla más de 3.500 horas de servicio de autos blindados, modelos “premium” como Mercedes Benz Clase C, BMW Serie 3 y Audi A5, además de vans y minibuses. Todos los vehículos deben ser modelo 2019 o más nuevos, con tapizados de cuero, llantas de aleación, climatizador bizona y otros lujos.

Y no solo se exige lujo en los vehículos: los choferes deben vestir uniforme formal, estar disponibles 24/7 y tener teléfonos a bordo. En caso de cualquier inconveniente, el proveedor tiene solo 15 minutos para reemplazar el vehículo, un nivel de exigencia que bordea lo ridículo en un país donde el transporte público se deteriora y millones no llegan a fin de mes.

El servicio no será solo para delegaciones extranjeras, sino también para “funcionarios nacionales” e incluso “invitados especiales” cuya jerarquía ni siquiera se especifica. Es decir, un gasto elitista y discrecional financiado por el bolsillo de los contribuyentes.

De las cuatro empresas que se presentaron, solo una fue admitida: QUICK CAR S.A., que se llevó los siete renglones del contrato. Las otras fueron descartadas por irregularidades, lo que deja en evidencia la escasa competencia real del proceso.

La contradicción es flagrante: mientras se ajusta con crueldad al Garrahan, se destinan millones a garantizar traslados de lujo para una minoría privilegiada del poder. Este contrato no solo desmiente el discurso de “austeridad” que pregona Milei, sino que exhibe con crudeza cómo la “casta” sigue más viva que nunca, ahora blindada en autos de alta gama y alejada del drama cotidiano de la mayoría.

El informe de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) advirtió que los datos correspondiente al mes de mayo, fueron negativos: “La gente no tiene plata en el bolsillo”.

Las señales de alerta en el consumo se intensifican mes a mes. La crisis económica desatada por las medidas de ajuste del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sigue impactando de lleno en los bolsillos de la población, y se traduce en una nueva caída de las ventas minoristas: en mayo, se registró un retroceso del 4% en unidades vendidas en la ciudad de Córdoba, y del 7,2% a nivel provincial.

Según el relevamiento del Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), no solo se desplomaron las ventas en los principales corredores comerciales y shoppings, sino que además la rentabilidad se redujo un 13% respecto al mismo mes del año pasado. “Los resultados del observatorio correspondiente al mes de mayo fueron negativos, tuvimos caída de ventas”, confirmó María Carlota Greco, directora general de la CCC.

Pese a un breve período de leve estabilidad entre diciembre y marzo, desde abril el consumo volvió a entrar en picada. “Volvimos a la caída de ventas, que es lo que nosotros no queríamos ni proyectábamos”, expresó Greco.

El crédito como salvavidas ante la falta de efectivo

En un contexto de pérdida constante del poder adquisitivo, el uso de tarjetas de crédito se convirtió en el principal medio de pago, por encima del efectivo, incluso cuando este ofrece descuentos. “La gente no tiene plata en el bolsillo, entonces tiene que financiarse con la tarjeta, y más si ofrecen tres, seis o hasta doce cuotas sin interés”, explicó Greco.

De esta manera la incertidumbre sigue ganando terreno. “En abril y mayo esa confianza se transformó en miedo, y eso ha retraído las ventas”, agregó.

Panorama provincial: la caída llega al 7,2%

En tanto, la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) informó que, a nivel provincial, las ventas minoristas en comercios pymes cayeron un 7,2% interanual en mayo, aunque con una baja menor a la de mayo de 2024, cuando el retroceso había sido del 17,1%.

A diferencia de la capital, en el interior cordobés predomina el pago al contado (58%) frente al uso de tarjetas (42%), lo que según Fedecom muestra una “tendencia de consumo medido”.

Los once rubros relevados mostraron caídas, excepto Farmacia (+3,6%). Las mayores bajas se dieron en Indumentaria (-9,8%), Muebles y decoración (-10,1%) y Electrodomésticos (-8,9%), reflejando un freno contundente en el consumo de bienes durables y semidurables.

Un reciente estudio del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) reveló que la inflación que perciben los argentinos es el doble de la que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Mientras las consultoras privadas estiman que el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo rondará entre el 1,8% y el 2%, el promedio de inflación mensual estimada por los encuestados fue del 4,23%.

Esta diferencia se sostiene en la percepción cotidiana de los consumidores. Desde mayo de 2023, la UTDT incorporó en su tradicional relevamiento una pregunta sobre la inflación esperada a 30 días, la cual ha mostrado una tasa de respuesta más alta que la estimación a 12 meses, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.

“El promedio disminuyó de 4,55% en abril a 4,23% en mayo, mientras que la mediana se mantuvo en 3%”, detalló el informe. Estos valores contrastan con el dato oficial del INDEC, que midió una inflación minorista del 2,8% en abril y se espera que informe una cifra aún menor para mayo.

Si bien el estudio de la UTDT no lo menciona explícitamente, varios analistas advierten que una de las causas de la brecha entre la inflación percibida y la oficial radica en la desactualización de la canasta de consumo del INDEC. Esta canasta, con más de 20 años de antigüedad en su estructura base, no refleja adecuadamente los patrones de consumo actuales, especialmente el creciente peso de los servicios como internet, transporte y educación.

De hecho, la inflación percibida también muestra una tendencia más estable. En los meses previos, los encuestados estimaron subas del 4,25% en enero, 4,48% en febrero y casi 5% en marzo, lo que marca una desaceleración leve pero sostenida en la percepción.

Respecto a la inflación anual esperada, el estudio indica que el promedio nacional estimado para los próximos 12 meses se ubicó en 38,8%, con una mediana del 30%. Por regiones, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estimaron un 42,1%, en el Gran Buenos Aires un 40,8% y en el Interior un 37,3%.

Estos datos reflejan no solo una brecha persistente entre las cifras oficiales y las percepciones sociales, sino también la necesidad de revisar los instrumentos estadísticos con los que se mide la evolución de los precios en el país.

En un giro decisivo para la estrategia electoral del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner anunció oficialmente que será candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, que abarca el populoso sur del Conurbano bonaerense. La elección se celebrará el próximo 7 de septiembre.

“¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre?”, planteó la ex presidenta, subrayando la importancia de ese distrito como clave para la suerte electoral del movimiento en los comicios legislativos.

Con esta decisión, Cristina busca reforzar la presencia del peronismo en su territorio más emblemático, en medio de la avanzada libertaria en la Ciudad y otros distritos electorales del país. “Hay que dejar de lado las mezquindades y el ego. Hay que ser oportunos”, dijo, recordando el ejemplo de Jorge Capitanich, quien fue gobernador y luego candidato a intendente en Chaco para sostener al peronismo local.

La expresidenta también apuntó contra la estrategia del desdoblamiento electoral en la provincia, sin nombrarlo directamente pero dejando trascender críticas dirigidas a Axel Kicillof. “La estrategia de desdoblamiento no sería lo más aconsejable. La unidad no presupone el triunfo, pero divididos no es mejor”, afirmó.

Cristina rememoró la construcción de unidad de 2019 que permitió ganar en primera vuelta y llevar a Kicillof a la gobernación bonaerense. Reivindicó también su rol en el armado de la fórmula con Sergio Massa en 2023, cuando pidió que hubiese PASO como condición para lograr una lista de consenso.

En su intervención, dejó claro que la única salida posible para el peronismo es la unidad. “En 2019 convoqué a los que me habían puteado durante mucho tiempo y construimos una lista de unidad. Eso nos sirvió para ganar en primera vuelta y ganar la provincia de Buenos Aires”, dijo, reafirmando que su actual candidatura busca replicar esa lógica ganadora.

También criticó duramente al presidente Javier Milei, a quien definió como “un marginal que se ocupa de los ricos”, y denunció que su modelo económico se basa en “un dólar barato, ajuste y destrucción del Estado”.

Con su regreso a la arena electoral bonaerense, Cristina Kirchner se posiciona nuevamente como figura central del peronismo y apunta a consolidar el sur del Conurbano como el motor del posible renacer electoral del espacio.

Cómo es la “Tercera sección electoral”

Conocida en el ámbito político como “La Tercera”, esta es una de las ocho secciones electorales en que se divide la provincia y se distingue por ser el bastión histórico del peronismo. En esta zona, se renovarán 18 bancas en la Legislatura provincial.

La sección abarca los partidos del sur del conurbano bonaerense, incluyendo a La Matanza. A lo largo de los últimos 39 años, ha mantenido su fidelidad al peronismo, incluso durante las derrotas electorales del kirchnerismo en 2013, 2015, 2017, 2021 y 2023. Desde 1983, el peronismo —bajo distintas expresiones políticas— sólo perdió en esta región en 1997, en el contexto del ocaso del menemismo.

Geográficamente, está conformada por 19 municipios y concentra cerca de cinco millones de votantes. De ese total, aproximadamente un tercio se localiza en los partidos de La Matanza y Lomas de Zamora, que suman unos 1.660.000 electores. En la mayoría de los distritos gobiernan intendentes peronistas, que van desde sectores tradicionales hasta dirigentes de La Cámpora. En muchos circuitos, el oficialismo supera el 70% de los votos, mientras que la oposición apenas alcanza el 15%.

Además de La Matanza y Lomas de Zamora, el peronismo conduce los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes. En las elecciones de 2023 también recuperó Lanús, con la victoria de Julián Álvarez, dirigente de La Cámpora.

Más allá del núcleo más denso del conurbano, pero aún dentro de la Tercera Sección, se encuentran distritos como Berisso, Cañuelas, Ensenada, Presidente Perón, Punta Indio y San Vicente. En ese mismo año, la fuerza liderada por Máximo Kirchner también logró retomar el control de Brandsen. Actualmente, toda la sección está gobernada por el peronismo, con la excepción de Lobos, en manos de Juntos por el Cambio, y Magdalena, bajo gestión de un intendente radical.

En el entorno presidencial desestimaron de plano la posibilidad de que Karina Milei compita en las legislativas del 7 de septiembre, incluso en un eventual escenario donde Cristina Fernández de Kirchner se postule por una banca en la provincia de Buenos Aires.

En el Gobierno nacional desestimaron completamente la posibilidad de que Karina Milei sea candidata en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, incluso si Cristina Fernández de Kirchner decidiera competir por una banca en la provincia de Buenos Aires.

“Karina no va a ser candidata. Eso seguro”, aseguraron desde Casa Rosada, en diálogo con periodistas acreditados. La decisión no responde solo a una estrategia política, sino al reconocimiento interno de que la hermana del presidente Javier Milei arrastra una pésima imagen social, lo que la vuelve electoralmente inviable.

La versión sobre una posible postulación de Karina surgió como respuesta a la posibilidad de que CFK encabece una lista en la Tercera Sección electoral bonaerense. Sin embargo, en el entorno libertario aseguran que Cristina no competirá y que solo utiliza la amenaza de una candidatura para presionar al gobernador Axel Kicillof.

En cuanto a los candidatos libertarios para las elecciones bonaerenses, aún no se han definido los nombres que encabezarán las listas en cada una de las ocho secciones electorales. En Casa Rosada aseguran estar buscando un perfil similar al del vocero presidencial, Manuel Adorni, tras su buen desempeño en las PASO porteñas.

Para las legislativas nacionales del 26 de octubre, en cambio, todo apunta a que José Luis Espert liderará la lista de diputados por la provincia, a pesar de resistencias internas atribuidas a Karina Milei y al operador Sebastián Pareja. “Si Milei ya lo confirmó, nadie lo va a contradecir”, explicó un dirigente oficialista.

En la Ciudad de Buenos Aires, crece la posibilidad de que Patricia Bullrich encabece la lista de senadores nacionales por La Libertad Avanza, tras su reciente afiliación al espacio libertario. En cuanto al resto de los cargos, las fuentes aclaran que no se completarán las listas con “famosos”, sino con personas que, según ellos, “odien a la clase política”.

Aseguran que el ministro “de manera arbitraria y contraria a la normativa” solicitó la renuncia del Consejo Directivo del hospital.

El relato oficial del gobierno contra el hospital Garrahan sufrió un fuerte revés: el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, por presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan, en el marco de una denuncia presentada por Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli.

Según la presentación judicial, Lugones habría exigido la renuncia del Consejo Directivo del hospital “de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente”, con el aval de sus superiores. El hecho no sólo genera alarma por la presunta ilegalidad del procedimiento, sino que pone en jaque uno de los emblemas del sistema de salud pediátrica del país.

La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y se suma al creciente malestar dentro del Garrahan, donde aún persiste un conflicto salarial sin resolver. Mientras tanto, desde el Gobierno optaron por el silencio, en un intento de contener el impacto político de la imputación a uno de los ministros más cercanos al Ejecutivo.

La denuncia, impulsada desde la Coalición Cívica, no sólo apunta al accionar del ministro, sino que expone un preocupante patrón de intervención política en instituciones sensibles. Para la oposición, el caso refleja una contradicción flagrante entre el discurso oficialista y la realidad de su gestión.

Este nuevo frente judicial representa un revés contundente para el Gobierno, que deberá dar explicaciones mientras la Justicia avanza en la investigación y crecen las voces que exigen la suspensión inmediata del funcionario.

El militante libertario Carlos Alberto Ficarra Toledo, se presentó el pasado miércoles 28 de mayo en el Alvear Palace Hotel de Recoleta y pidió la suite presidencial. ante la negativa alegó tener explosivos en su auto y un detonador dentro de un libro.

Carlos Alberto Ficarra Toledo, un fervoroso defensor de “las ideas de la libertad” y seguidor incondicional del presidente Javier Milei, protagonizó un insólito y alarmante episodio en el icónico Hotel Alvear. El hombre, de 34 años, se presentó el 28 de mayo en el lujoso establecimiento de Recoleta exigiendo la suite presidencial. Ante la negativa del personal, reaccionó asegurando estar dispuesto a volar el lugar y alego tener explosivos en su vehículo y un detonador oculto en un libro.

El hecho activó un protocolo de emergencia con la intervención de un escuadrón antibombas de la Policía de la Ciudad. Aunque la amenaza resultó falsa, el operativo mantuvo en vilo al hotel por más de una hora. Al ser reducido y detenido, Ficarra fue encontrado portando documentación judicial vinculada a una excarcelación reciente, concedida bajo caución juratoria.

Lejos de ser un desconocido, el militante libertario posee un largo historial judicial. Está vinculado a causas por narcotráfico, violación de medidas procesales e intimidación pública. Su primera imputación data de 2016, cuando fue acusado junto a su hermano de integrar una red de distribución de drogas entre Salta y Mar del Plata. Desde entonces, su prontuario incluye reincidencias, arresto domiciliario incumplido, y nuevos delitos relacionados al transporte de sustancias ilegales y amenazas públicas.

Sin embargo, lo que vuelve aún más llamativa su figura es su militancia política y su exposición en redes sociales. Ficarra se autodefine como “Liberal Libertario” y se muestra como un apasionado admirador de Javier Milei. En Instagram, X, Threads y Facebook se presenta como empresario guiado por Dios y republica constantemente contenido a favor del presidente, incluyendo selfies con una gorra con simbología libertaria, imágenes del lanzamiento del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, y fotos con referentes libertarios como Iñaki Gutiérrez.

También ha realizado donaciones al canal de streaming La Misa del influencer libertario Daniel Parisini (“El Gordo Dan”), con mensajes efusivos de admiración al mandatario:

“JAVO, Emperador Milei, nacido para pulverizar récords! Eres el titán supremo de la Tierra… ¡Vamos por todos, General!”

Este fervor no es aislado: Ficarra suele publicar textos religiosos, mensajes de tono mesiánico y frases como “A muerte con Milei”, dejando entrever una fusión de fe, fanatismo y política que se proyecta también en sus acciones más extremas.

La última publicación que hizo en redes sociales, antes de su detención, mantiene el mismo tono delirante y paranoide que caracteriza muchos de sus posteos:

“Estoy secuestrado mal. Sin agua, sin comida y con menores de edad. Encerrado. Asustado. Con una bomba pegada al pecho. Necesito paz”.

El caso de Carlos Ficarra Toledo deja al descubierto un fenómeno más amplio: el surgimiento de militantes radicalizados que, en nombre de la libertad y la lucha contra la “casta”, cruzan peligrosamente la línea entre activismo político y amenaza pública.

La histórica empresa prepara un parate de su planta central en la localidad de Quilmes. Advierten de una caída de las ventas de más del 40%. Los trabajadores son empujados a tomar vacaciones adelantadas.

La crisis del consumo masivo comienza a mostrar efectos profundos en sectores clave de la industria argentina. En un hecho sin precedentes en su historia reciente, Cervecería y Maltería Quilmes se prepara para un parate total en su planta central ubicada en la localidad bonaerense de Quilmes, como respuesta a una abrupta caída en sus niveles de venta.

Según estimaciones internas, la merma en las ventas ya superaría el 40%, con algunos datos que indican un desplome cercano al 45%. Este retroceso, atribuido al enfriamiento de la economía producto del actual plan económico impulsado por el Gobierno libertario, empieza a impactar directamente en los niveles de producción.

Aunque la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA) asegura no haber recibido información oficial sobre una suspensión inmediata, fuentes internas de la planta confirmaron la inminencia del parate. Se prevé que la producción se detenga durante la próxima semana o, a más tardar, la siguiente.

En paralelo, empleados de la planta informaron al portal InfoGremiales que la empresa ya comunicó la posibilidad de otorgar vacaciones obligatorias o, en su defecto, aplicar suspensiones por 15 días con el pago del 75% del salario. Más aún, en algunas áreas estarían presionando al personal para que adelanten vacaciones incluso correspondientes al año 2026.

Estas medidas, explican, buscan evitar decisiones más drásticas en el corto plazo, aunque evidencian un escenario preocupante para una de las compañías más emblemáticas del país.

Cervecería y Maltería Quilmes emplea de manera directa a unos 6.000 trabajadores y sostiene cerca de 130.000 empleos indirectos a lo largo de su red de producción, distribución y comercialización. Pese a las recurrentes crisis económicas del país, la empresa había logrado mantener su estabilidad gracias a su escala y diversificación. Sin embargo, el contexto actual marca un punto de inflexión.

El freno de su planta principal representa una señal de alerta para todo el sector industrial argentino, en un escenario donde la caída del consumo ya no es solo una estadística, sino una amenaza concreta para la producción y el empleo.

Una vez más desde el gobierno volvieron a difundir datos falsos, esta vez la campaña de desprestigio estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni.

En un nuevo capítulo de manipulación informativa por parte del Gobierno nacional, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que el Hospital Garrahan tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta, lo que –según él– equivaldría a “prácticamente 2 empleados administrativos por cada médico”.

Sin embargo, esta afirmación es absolutamente falsa. De acuerdo con el sitio web “Chequeado” en base a datos oficiales del Departamento de Estadística del Hospital Garrahan correspondientes al año 2024, el hospital cuenta con 4.728 trabajadores de planta, de los cuales el 68% (3.190 personas) pertenece al nivel asistencial, es decir, profesionales que están en contacto directo con los pacientes: médicos, enfermeros, técnicos, kinesiólogos, personal de salud mental, bioquímicos, farmacéuticos y más.

[NUEVO] Manuel Adorni: “El Garrahan tiene 953 empleados administrativos y sólo 478 médicos de planta”. Esto es #FALSO

👉 El 68% (3.190) son trabajadores del nivel asistencial -es decir, en contacto con los pacientes-. Los empleados administrativos son 473https://t.co/GzDPEYIWuz

— Chequeado (@Chequeado) May 30, 2025

El personal administrativo, en cambio, está compuesto por 473 trabajadores, no 953 como dijo Adorni. El resto del personal pertenece a áreas de logística (técnicos, auxiliares, operarios, profesionales) y conducción (jefaturas, muchas de ellas ocupadas también por médicos asistenciales).

La declaración del vocero presidencial se dio en un contexto de alta tensión: una protesta encabezada por médicos residentes del hospital que reclaman una recomposición salarial y denuncian una “crisis sanitaria” en el centro pediátrico de referencia nacional.

La mentira como practica de gobierno

Este episodio no es aislado. El gobierno de Javier Milei ya ha utilizado datos falsos para atacar otras instituciones públicas: recientemente el propio presidente difundió información incorrecta sobre el presupuesto de la Universidad Nacional de Rosario, y la ministra Patricia Bullrich manipuló cifras sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en universidades nacionales, inflando los porcentajes para justificar políticas de ajuste.

Todo esto configura una práctica sistemática: la manipulación de datos como herramienta política, con el claro objetivo de deslegitimar, desprestigiar y debilitar a las instituciones públicas. Lo ocurrido con el Hospital Garrahan es una nueva muestra de una metodología que se repite: atacar con falsedades para justificar el recorte, la desinversión y la desarticulación de lo público.