Ante la suspensión de servicios ferroviarios por parte de la administración nacional, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca recuperar el control del transporte ferroviario y garantizar la conectividad de los bonaerenses.

Ante la suspensión de servicios ferroviarios por parte del gobierno nacional, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca recuperar el control del transporte ferroviario y garantizar la conectividad de los bonaerenses. Para ello, apoya la creación de la Sociedad Operadora Ferroviaria de la Provincia de Buenos Aires (SOFPBA), un proyecto que permitiría a la provincia operar trenes de carga y pasajeros, respondiendo al desmantelamiento progresivo del sistema ferroviario.

Un proyecto para recuperar el tren en la provincia

El gobierno bonaerense aceleró sus planes luego del anuncio de la suspensión del servicio ferroviario que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar a partir del 1 de abril, una decisión que afecta directamente a los vecinos de General Madariaga y Pinamar. Esta medida se suma a una serie de recortes en distintos ramales que han dejado sin tren a numerosas localidades.

El ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, solicitó formalmente a la Nación la transferencia de los servicios ferroviarios paralizados. “Estamos dispuestos a asumir la operación si se nos cede el material rodante y la infraestructura ferroviaria”, afirmó Marinucci, en línea con la intención del gobierno bonaerense de crear una operadora ferroviaria propia.

🚆 Impulsando el futuro del tren en Buenos Aires

Hoy recibí junto a @ValeriaArata a @PedroBorgini, senador provincial y secretario general de Sanidad de La Plata, y a los compañeros conductores de trenes de La Fraternidad.

Nos presentaron el Proyecto de Ley para la creación de… pic.twitter.com/mUW6pGWQwR

— Martín Marinucci (@MartinMarinucci) March 26, 2025

El proyecto legislativo, impulsado por el senador Pedro Borgini, prevé que la SOFPBA funcione como una sociedad anónima con posibilidad de recibir inversiones privadas. Su objetivo es modernizar y reactivar el transporte ferroviario bajo principios de eficiencia, sostenibilidad y seguridad, conectando los principales centros productivos con los puertos de Rosales, Bahía Blanca, La Plata, Dock Sud, Quequén y San Nicolás.

Desafíos y beneficios para la provincia

Uno de los principales obstáculos para la concreción del proyecto es que la infraestructura ferroviaria sigue bajo control nacional, lo que podría dificultar su transferencia. Sin embargo, la Constitución habilita a la provincia a gestionar las vías dentro de su jurisdicción, lo que fortalece el reclamo del gobierno bonaerense.

El senador Borgini destacó que la intención no es generar un gasto extra para la Provincia, sino aprovechar los recursos que genera el ferrocarril a su alrededor. Además, subrayó que el proyecto no busca perjudicar a los transportistas de carga por carretera, sino complementar el sistema con un servicio ferroviario de transporte de camiones hasta puntos estratégicos cercanos a los puertos.

“Es fundamental devolverle conectividad a los pueblos que han quedado aislados. El caso de Bahía Blanca es emblemático: tras dos descarrilamientos, la Justicia paralizó el servicio de pasajeros mientras el transporte de carga sigue operando. Esto muestra el abandono del sistema ferroviario por parte del gobierno nacional”, explicó Borgini.

El respaldo de la Provincia

La reciente cancelación del tren a Divisadero de Pinamar llevó al gobierno provincial a solicitar la cesión del material rodante y la infraestructura ferroviaria correspondiente. En este contexto, el ministro Marinucci se reunió con el senador Borgini para analizar el proyecto y ratificó el apoyo de la Gobernación a la iniciativa.

“El gobierno nacional debería transferir las vías y el material a la Provincia, pero si no lo hace, seguiremos trabajando en alternativas para recuperar el tren en Buenos Aires“, señaló Borgini, quien destacó el compromiso de Kicillof para mantener el impulso productivo de la provincia pese a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Con esta propuesta, la Provincia de Buenos Aires busca recuperar el ferrocarril como una herramienta clave para el desarrollo económico y la integración territorial, apostando por un sistema de transporte moderno y eficiente que beneficie a los bonaerenses.

Advierten que el calculo realizado por el Gobierno tiene varias limitaciones y sesgos que no permiten brindar un panorama completo de la situación.

El Gobierno de Javier Milei celebró este lunes la publicación de los nuevos datos oficiales sobre pobreza en Argentina, que reflejan una fuerte caída en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, especialistas advierten que la metodología utilizada para medir la pobreza presenta serias limitaciones y podría estar ofreciendo una imagen distorsionada de la realidad social del país.

De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de pobreza cayó al 38,1 % en el segundo semestre de 2024, registrando un retroceso de 14,8 puntos porcentuales respecto al primer semestre, cuando se ubicó en el 52,9 %, el nivel más alto desde 2003. La tasa de indigencia, por su parte, se redujo al 8,2 %, una caída de 9,9 puntos porcentuales en el mismo período.

Sin embargo, economistas y analistas sociales ponen en duda la validez de estos números, señalando que la medición oficial excluye sectores vulnerables y no refleja el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas de la población.

Metodología limitada y exclusión de sectores vulnerables

Uno de los principales cuestionamientos a las cifras oficiales es que el cálculo del Indec solo considera los 31 principales centros urbanos del país, lo que equivale a 29,8 millones de personas sobre una población total de aproximadamente 47 millones. “La medición cubre únicamente a ciudades de 100.000 o más habitantes, sin captar la situación en ciudades pequeñas o áreas rurales, donde la estructura de la pobreza podría ser distinta”, advirtió el economista Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Además, el Indec mide la pobreza únicamente en función de los ingresos declarados por los hogares y su capacidad para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios, sin considerar otros factores clave como el acceso a vivienda, salud o educación. Expertos del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina remarcan que la metodología actual no tiene en cuenta el peso creciente de los gastos fijos, como tarifas de servicios públicos o transporte, lo que impacta de manera significativa en la capacidad adquisitiva de los hogares.

“Las mejoras en el ingreso familiar real no implican necesariamente mejores consumos corrientes”, señala el ODSA, al advertir que, pese a la reducción oficial de la pobreza e indigencia, otros indicadores como la pobreza multidimensional, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a medicamentos y salud han seguido en aumento.

La pobreza encubierta: los “casi pobres”

El economista Alfredo Serrano Mancilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, sostiene que Argentina atraviesa una transformación estructural en la distribución del ingreso, con una clase media en rápido proceso de desaparición y un sector cada vez mayor de la población ubicado en la franja de los “casi pobres”. Este grupo tiene ingresos apenas superiores al umbral de pobreza, pero vive en condiciones similares a quienes están formalmente bajo la línea de pobreza.

Si se suman los pobres y los “casi pobres”, cerca del 80 % de la población argentina estaría en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo claro es el caso de los jubilados, muchos de los cuales sobreviven con pensiones apenas por encima de la línea de pobreza del Indec, pero muy por debajo del costo real de la canasta básica de la tercera edad calculada por la Defensoría de la Tercera Edad.

En paralelo, la demanda de asistencia alimentaria en comedores sociales ha crecido significativamente, y el número de personas en situación de calle en Buenos Aires y otras ciudades sigue en aumento. Según organizaciones sociales, la cantidad de personas sin techo en la capital oscila entre 4.000 y 12.000, dependiendo de la fuente consultada.

Deficiencias en la metodología del Indec

Especialistas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierten que los bruscos cambios en los precios relativos durante 2024 distorsionan el índice de inflación y, por ende, afectan la medición de la pobreza por ingresos. Según el CEPA, la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) se basa en patrones de consumo desactualizados y en encuestas que no reflejan la estructura actual del gasto de los hogares.

Uno de los problemas clave es la utilización de la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/5 para estimar la relación entre gasto alimentario y no alimentario, lo que genera un coeficiente que subestima el peso de servicios y transporte en la economía de las familias. En un contexto de fuertes aumentos en estos rubros, la metodología del Indec no logra captar el impacto real en el poder adquisitivo de la población, lo que lleva a una subestimación de la pobreza.

El deterioro del poder adquisitivo y el consumo

A pesar de la desaceleración de la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores ha seguido deteriorándose. Según el último informe del Indec, los salarios de los trabajadores registrados crecieron un 2,3 % en enero, mientras que los empleados públicos solo recibieron un incremento del 0,9 %. En ambos casos, la inflación erosionó los ingresos, lo que se reflejó en una caída del 10 % en el consumo de alimentos en el primer mes del año.

Las proyecciones privadas indican que la inflación habría vuelto a acelerarse en marzo, impulsada por aumentos en alimentos, transporte y educación. Consultoras como Analytica, LCG y Eco Go estiman que el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo se ubicó entre el 2,5 % y el 3 %, lo que afectará aún más el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Una imagen distorsionada de la pobreza

El análisis de los especialistas deja en evidencia que los datos oficiales sobre pobreza ofrecen solo una visión parcial de la realidad social de Argentina. La metodología utilizada por el Indec presenta serias limitaciones y no refleja adecuadamente el impacto del ajuste económico y la inflación en las condiciones de vida de la población.

El Gobierno de Milei deberá enfrentar en los próximos meses el desafío de explicar cómo conciliará su relato sobre la reducción de la pobreza con el deterioro evidente del poder adquisitivo y el creciente malestar social. Con una inflación en ascenso y paritarias aún insuficientes para compensar la pérdida de ingresos, la supuesta mejora de los indicadores sociales podría convertirse en una ilusión estadística de corta duración.

Según el Instituto de Estadística y Censos de CABA, el resultado arrojó una retracción del 4,8% el año pasado, peor que las mediciones realizadas en el resto del país.

La Ciudad de Buenos Aires sufrió en 2024 una de las peores contracciones económicas de la última década, con una caída del 4,8% en su nivel de actividad. Este desplome, informado por el Instituto de Estadística y Censos porteño, es significativamente más grave que la retracción del 1,8% registrada a nivel nacional, evidenciando una crisis más profunda en la capital argentina.

El año fue marcadamente negativo, con caídas interanuales en todos los trimestres: el primero descendió un 5,6%, el segundo se desplomó un alarmante 8,1%, el tercero retrocedió un 4,4% y el último trimestre mostró una leve mejora, pero aún con un saldo negativo de 1,4%. La fuerte contracción del primer semestre arrastró el promedio anual a niveles preocupantes.

Los sectores más golpeados fueron la construcción y el transporte, especialmente el servicio de taxis y remises. En contraste, la industria farmacéutica y la intermediación financiera lograron cerrar el año con cifras positivas. Sin embargo, la tendencia general refleja una marcada retracción productiva en la Ciudad.

La peor caída desde la pandemia

Analizando la última década, la actividad económica de CABA ha oscilado entre períodos de crecimiento y caída, pero el desplome de 2024 solo encuentra comparación con el histórico derrumbe del 10,6% sufrido en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y las estrictas medidas de confinamiento.

Si bien 2021 mostró un rebote del 10,2% y los años siguientes mantuvieron una leve recuperación, con subas del 5,7% en 2022 y 1,6% en 2023, el nuevo retroceso de 2024 deja a la Ciudad en una situación crítica. La contracción registrada el año pasado marca la segunda peor caída de la década, encendiendo alarmas sobre el futuro económico porteño y su capacidad de recuperación en el corto plazo.

“No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral’”, aseguraba Milei en una entrevista televisiva.

En una muestra más de su inconsistencia discursiva, Javier Milei guarda ahora un elocuente silencio ante la decisión del gobierno de utilizar fondos del FMI con fines electorales, una práctica que él mismo condenó con vehemencia en 2018. En aquel entonces, el economista libertario lanzó duras críticas contra el entonces presidente del Banco Central, Luis Caputo, por querer usar las reservas del FMI para política monetaria. “La tensión con el Fondo es porque Caputo quería usar las reservas para hacer política monetaria. Y el Fondo le dijo: “No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral, fijate que estaban hablando de 20 mil millones de dólares y le dieron solo 5 mil, porque le dijeron basta, no podes patinarte la guita en una ventura electoral” aseguraba Milei en una entrevista televisiva.

El contraste no puede ser más evidente. Hace apenas unos años, Milei denunciaba que el uso de los fondos del FMI con objetivos políticos era una maniobra irresponsable que hipotecaba el futuro del país. Sus discursos se llenaban de frases tajantes sobre la necesidad de evitar la manipulación electoral de los recursos estatales. No obstante, ahora que su gobierno se enfrenta a dificultades económicas y la posibilidad de perder apoyo popular, la utilización de los mismos mecanismos que antes condenaba ya no parece molestarle.

Esta contradicción deja en evidencia la doble vara con la que Milei mide los hechos según su conveniencia política. Mientras que en la oposición se erigía como un defensor intransigente de la disciplina fiscal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en el poder parece haber adoptado una visión mucho más pragmática, en la que las críticas del pasado se desvanecen ante la urgencia de sostener su administración.

El silencio de Milei sobre este tema no es un detalle menor. Refleja la transformación de un político que, a pesar de haber construido su imagen sobre la base de la intransigencia ideológica, ahora demuestra que sus principios pueden flexibilizarse cuando las circunstancias lo requieren. La pregunta que queda en el aire es si sus seguidores, aquellos que confiaron en su coherencia, seguirán justificando este cambio o si finalmente comenzarán a cuestionar la verdadera naturaleza de su liderazgo.

Es por la compra de cuatro buques guardacostas al astillero francés Naval Group, con un frondoso historial de corrupción.

La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad vuelve a quedar envuelta en un escándalo de corrupción tras la denuncia de un presunto fraude millonario en la compra de cuatro buques patrulleros a la empresa francesa Naval Group. La operación, que supera los 325 millones de dólares, ha sido señalada por licitación direccionada, exclusión de astilleros nacionales y posibles sobreprecios, generando un fuerte rechazo en la industria naval argentina.

Este nuevo caso se suma a las denuncias que Bullrich ya enfrentó en su anterior paso por la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue acusada de compras de armamento y equipamiento con sobreprecios y de favorecer a determinados proveedores de origen israelí en licitaciones irregulares.

En 2018, la misma empresa francesa Naval Group –entonces llamada DCNS– vendió cuatro patrulleros tipo OPV-90 clase “Gowind” a la Armada Argentina en una compra directa, con un costo señalado como excesivo, uno de los cuales ya era usado y presentó además problemas en su planta de propulsión. Ahora, nuevamente bajo la gestión de Bullrich, la compañía es beneficiada en un proceso plagado de sospechas.

Una licitación a medida de una empresa con historial de corrupción

La compra de estos cuatro Offshore Patrol Vessel (OPV) fue impulsada inicialmente en noviembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero Bullrich decidió mantenerla y acelerar el proceso tras asumir en diciembre. A pesar de los reclamos de astilleros argentinos y la Comisión Asesora de la Industria Naval (CAIN), que pedían extender el plazo de la licitación o directamente anularla por favorecer a un proveedor extranjero, el Ministerio de Seguridad avanzó con la adjudicación a Naval Group.

La firma francesa acumula denuncias internacionales por sobornos y corrupción en contratos militares en países como Malasia, India y Brasil. En 2017, fue señalada en el “Ranking de Corrupción Militar” elaborado por la Fletcher School de la Universidad de Tufts, lo que refuerza las sospechas sobre la transparencia de la licitación argentina.

Sospechas de fraude y perjuicio para la industria nacional

El ingeniero naval Raúl Podetti, quien llevó el caso a la justicia federal ante el juzgado de María Servini, denunció que la compra de los barcos implica una “defraudación millonaria” en dólares, ya que al construirse al menos uno de los barcos en el extranjero, se evitan impuestos nacionales por valores de entre 20 y 30 millones de dólares por unidad.

Además, Podetti señala que el astillero argentino SPI, al que se le asignó la construcción de tres de los barcos, no tiene la capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto. “No dispone del equipamiento necesario para botar un barco de 85 metros de eslora”, advirtió. Esto refuerza la sospecha de que la maniobra podría derivar en que los buques sean fabricados íntegramente en Francia y luego importados, evadiendo impuestos.

Por otro lado, los denunciantes cuestionan la necesidad de la compra, ya que la Prefectura Naval Argentina cuenta con cuatro patrulleros similares en la Base de Mar del Plata con pocas horas de navegación, lo que hace que la adquisición parezca más una operación comercial favoreciendo a Naval Group que una necesidad real de modernización.

Vínculos con el acuerdo entre Milei y Macron

El proceso de compra de estos barcos tomó aún más velocidad tras la reunión entre el presidente Javier Milei y su par francés Emmanuel Macron en noviembre de 2023. En ese encuentro, ambos mandatarios cerraron un acuerdo que incluye la adquisición de submarinos y patrulleros por una suma total de aproximadamente 2 mil millones de dólares, financiados por Francia.

Este vínculo diplomático genera aún más suspicacias sobre la falta de competencia real en la licitación y el rol de la gestión de Bullrich en favorecer a la empresa francesa, desestimando los reclamos del sector naval argentino.

Un patrón de corrupción repetido

Este escándalo refuerza el patrón de irregularidades que ya rodearon a Bullrich en el pasado. Durante el gobierno de Macri, su gestión en Seguridad fue cuestionada por compras directas de equipamiento militar con sobreprecios y adjudicaciones a proveedores sin licitación competitiva. En 2018, la compra de los patrulleros a Naval Group ya había sido señalada por haber costado el doble de su valor de mercado. A esto se suma el escandalo durante esos mismos años por la compra de cinco viejos cazabombarderos “Super Etendard Modernisé” (SEM) que llegaron totalmente fuera de servicio y que aun permanecen postrados en los hangares de la Aviación Naval de la Armada con futuro incierto.

Ahora, con una nueva denuncia en curso, la ministra vuelve a estar en el centro de un posible esquema de corrupción estructural dentro del Ministerio de Seguridad. Mientras la justicia investiga si se trata de un “delito en curso”, como sugirió la jueza Servini, las sospechas sobre la transparencia de la operación siguen creciendo.

La inversión extranjera directa en Argentina sufrió una fuerte caída en los últimos meses, con una salida neta de casi 1.700 millones de dólares en el primer trimestre del año, según datos del Banco Central (BCRA).

En febrero, la fuga de capitales alcanzó los 1.050 millones de dólares, reflejando la falta de confianza del sector privado en el actual contexto económico. Esta tendencia no solo debilita las ya escasas reservas internacionales, que perforaron el nivel de los 26 mil millones de dólares, sino que también agrava las dificultades del país para atraer inversiones a largo plazo.

El deterioro de la inversión extranjera directa es un factor clave para el crecimiento económico, ya que estos capitales suelen estar destinados a sectores estratégicos como la industria, la infraestructura y la tecnología. La persistente incertidumbre económica, junto con la elevada carga tributaria y la inestabilidad normativa, desalienta la llegada de nuevas inversiones, afectando tanto la creación de empleo como la modernización del aparato productivo.

El pedido de la UIA: volver a tener políticas industriales

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advierten que, mientras el mundo desarrollado refuerza sus estrategias industriales en un contexto de creciente proteccionismo y competencia global, Argentina avanza en la dirección opuesta. La entidad insiste en la necesidad urgente de implementar un plan industrial integral que permita mejorar la competitividad del sector productivo y fortalecer las cadenas de valor estratégicas.

El informe del Centro de Estudios UIA destaca que países como Estados Unidos, la Unión Europea y China han intensificado sus políticas industriales, combinando incentivos con medidas proteccionistas para impulsar la producción local. En contraste, la falta de un plan industrial sólido en Argentina pone en riesgo la generación de empleo y el desarrollo tecnológico, aumentando la vulnerabilidad del sector manufacturero frente a la competencia internacional.

La UIA subraya que los cambios estructurales en la economía mundial, como la digitalización, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de suministro debido a las tensiones geopolíticas, requieren una estrategia industrial clara para no quedar relegados en el nuevo orden global. Sin políticas activas para incentivar la producción nacional, Argentina corre el riesgo de perder oportunidades estratégicas para el desarrollo y la generación de empleo de calidad.

A pesar del ordenamiento de algunas variables macroeconómicas y de la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), los inversores extranjeros continúan mostrando cautela. La inestabilidad normativa, la ausencia de incentivos adecuados y la falta de previsibilidad económica desalientan la llegada de nuevos capitales. En este escenario, la UIA reitera que es imperativo que el gobierno tome medidas concretas para revertir esta tendencia y generar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo productivo. De lo contrario, Argentina seguirá perdiendo competitividad y profundizando su dependencia de sectores de baja productividad en un contexto internacional cada vez más desafiante que compite por el dominio de las tecnologías de frontera y trabajos de alta calidad.

El Poder Ejecutivo destinó $195.000 millones a beneficios impositivos para empresas Tech, con Mercado Libre como principal beneficiario.

En un contexto de ajuste fiscal que golpea a sectores clave y deja a muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) al borde del cierre, el Gobierno ha decidido otorgar exenciones impositivas por $195.000 millones a empresas del sector tecnológico, con Mercado Libre como principal beneficiaria. La medida, tomada por decreto, generó fuertes críticas debido a que prioriza a grandes corporaciones con utilidades millonarias que en muchos casos se giran al exterior, mientras otros sectores productivos se enfrentan a crecientes costos, una merma en el consumo y los efectos de la apertura importadora.

El decreto, publicado la semana pasada en simultáneo con la jornada de protestas y represión en el Congreso, amplía en un 30% el presupuesto destinado al régimen de Economía del Conocimiento en comparación con el año anterior, superando en 10 puntos la inflación proyectada. En contraste, el Presupuesto 2025 prevé aumentos mucho menores en áreas esenciales: solo un 1,7% para Capital Humano, 2,3% para Defensa y 3,6% para el Poder Judicial.

Este régimen, creado en 2019 como una evolución de la Ley de Software, otorga beneficios fiscales a empresas dedicadas a la exportación de software, biotecnología y otros servicios tecnológicos. Sin embargo, aunque su objetivo inicial era fomentar la innovación y el empleo, su implementación ha favorecido principalmente a grandes compañías. Mercado Libre, que en los últimos tres años recibió USD 250 millones en incentivos, es el mayor beneficiario. A pesar de que el Gobierno no ha transparentado la información, fuentes del sector confirman que la empresa fundada por Marcos Galperin concentra buena parte de estos subsidios. En 2024, la compañía reportó ingresos por USD 21.000 millones y una valuación de USD 105.000 millones, pero destinó solo USD 75 millones a inversiones en Argentina, una cifra similar a lo que percibe en subsidios fiscales.

El esquema ofrece dos beneficios principales: un reintegro de contribuciones patronales y una reducción del impuesto a las ganancias, que alcanza el 20% para grandes empresas y el 60% para las más pequeñas. Sin embargo, el impacto real en las pymes es limitado, ya que según datos oficiales, 76 grandes compañías concentraban en 2023 el 50% de los empleados alcanzados por el régimen y absorbieron la mitad del cupo fiscal.

Además de Mercado Libre, entre las empresas que reciben estos beneficios se encuentran Globant, Accenture, Despegar y Capgemini. En el sector financiero y sindical han surgido fuertes críticas a la medida, señalando que los subsidios terminan beneficiando a un grupo reducido de firmas con sede en el exterior o en paraísos fiscales. “Año a año, los subsidios quedan en manos de grandes corporaciones que no reinvierten en el país”, denunció Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI). Desde esta entidad también se cuestiona la falta de transparencia en la asignación de los recursos y la ausencia de un convenio colectivo para los trabajadores del sector.

Sin embargo, para muchas pymes que enfrentan costos crecientes, tasas de interés elevadas y una caída en el consumo, la medida resulta un nuevo golpe. Mientras ellas luchan por no bajar sus persianas, las grandes empresas continúan recibiendo beneficios millonarios que no necesariamente se traducen en un mayor desarrollo productivo dentro del país.

La industria automotriz argentina enfrenta una crisis sin precedentes con despidos masivos y el cierre de líneas de producción en Toyota y Nissan, impulsados por la retracción del mercado interno y un cambio en la estrategia productiva de las empresas.

Toyota: Un Modelo de Expansión Convertido en Símbolo de Ajuste

La automotriz japonesa Toyota, que hasta hace poco era un motor de crecimiento industrial en Argentina, se ha transformado en un ejemplo de ajuste drástico. Desde enero de 2025, la empresa viene llevando a cabo despidos masivos en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Las desvinculaciones afectan tanto a operarios como a supervisores, incluyendo empleados con hasta dos décadas de antigüedad. Incluso representantes gremiales han sido alcanzados por el ajuste: de los 70 delegados que el gremio de mecánicos SMATA tenía en la empresa, solo quedan siete.

“Te llaman antes del turno de ingreso para avisarte que estás desvinculado por estructuración y te pagan lo que corresponde legalmente”, reveló una fuente interna. Se estima que la compañía ya ha despedido al menos a 150 trabajadores en lo que va del año y prevé una reducción mínima de 200 puestos en el corto plazo, debido a la caída de la demanda y a la automatización de ciertos procesos productivos.

Nissan: Fin de la Producción Local y Reducción de Personal

En paralelo, Nissan Argentina anunció su decisión de discontinuar la producción de la pickup Frontier en el país para fines de 2025, cerrando así un ciclo de ocho años de fabricación local. La medida responde a una estrategia global de la compañía y a la caída de ventas en el mercado interno y en destinos de exportación clave como Chile y Colombia.

El impacto ya se hace sentir en la planta de Santa Isabel, Córdoba, donde las suspensiones y planes de retiros voluntarios avanzan a un ritmo preocupante. “El año comenzó con un solo turno operativo, lo que implicó la suspensión de un turno completo”, afirmó Maximiliano Ponce, secretario de SMATA Córdoba. Actualmente, 120 trabajadores están suspendidos cobrando el 70% de su salario sin asistir a la planta, mientras que otros 400 operarios continúan trabajando, aunque sin certezas sobre su futuro.

Impacto en la Industria Autopartista

El cese de producción de Toyota y Nissan también afecta a los proveedores locales, con riesgo de cierre para varias empresas del sector autopartista. Un caso emblemático es el de Maxion Montich SA, fabricante de chasis para la Frontier y la Alaskan, que quedará fuera del nuevo esquema productivo de Renault a partir de 2026.

La preocupación crece entre los autopartistas debido a la proliferación de proyectos industriales con un bajo nivel de integración nacional. “Al menos dos proyectos que incluyen vehículos chinos ensamblados en Argentina sin muchas partes locales están a punto de ser anunciados. Esto reducirá la escala de producción y perjudicará a toda la industria”, advirtieron fuentes del sector.

La crisis en Toyota y Nissan marca un punto de inflexión en la industria automotriz argentina, con un futuro incierto para miles de trabajadores y proveedores que dependen de la producción local.

La incapacidad del presidente para responder a sus expectativas ha provocado un quiebre que amenaza con debilitar uno de sus principales sostenes políticos.

Las últimas encuestas nacionales reflejan un cambio preocupante para Javier Milei: su imagen se deteriora con rapidez entre los jóvenes, uno de los pilares de su base electoral en 2023. La incapacidad del presidente para responder a sus expectativas ha provocado un quiebre que amenaza con debilitar su sostén político.

Según un relevamiento conjunto de las consultoras Alaska y Trespuntozero, la gestión de Milei acumula un 55,1% de rechazo a nivel nacional y casi la mitad de los encuestados (47,6%) califica su desempeño como “muy malo”. La imagen positiva, por su parte, ha caído al 42%, consolidando un descenso que genera preocupación dentro de La Libertad Avanza.

Los jóvenes le dan la espalda: la primera gran fractura

El sector de 16 a 29 años, que en noviembre de 2024 respaldaba a Milei con un 63,9% de imagen positiva, ahora muestra una caída abrupta al 51,4%. Al mismo tiempo, el rechazo en esta franja etaria trepó al 48,5%, una cifra que evidencia el desencanto y la frustración de un sector que apostó por el presidente como alternativa al sistema tradicional.

El retroceso de Milei entre los jóvenes no es casualidad. Las promesas de transformación rápida y de mejora económica no se han materializado, y el ajuste ha golpeado con fuerza a la clase media y a los sectores juveniles. La falta de respuestas concretas a las demandas de empleo, educación y estabilidad económica ha erosionado la confianza de aquellos que lo vieron como un agente de cambio.

Un desgaste que se profundiza en otros sectores

El informe también resalta que el rechazo a Milei es más pronunciado entre las mujeres y los sectores de la clase media con educación secundaria completa. El 59% de las mujeres desaprueba su gestión, mientras que en los hombres la caída es más lenta, aunque también en descenso.

Además, las diferencias geográficas muestran un debilitamiento específico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la imagen positiva de Milei cae al 39,2%. En el interior del país, aunque el apoyo es ligeramente mayor (43,2%), la tendencia también es descendente.

Un futuro incierto para el oficialismo

Desde su pico de aprobación en noviembre de 2024 (51,5%), la imagen de Milei ha registrado un descenso constante. Pero es la fractura con el voto joven la que podría marcar un punto de inflexión en su futuro político. Sin la adhesión de quienes lo vieron como una esperanza de cambio, el presidente enfrenta un desafío clave para sostener su proyecto de cara a las elecciones de 2025.

El desencanto creciente refleja una realidad innegable: el desgaste del discurso libertario ante la falta de resultados tangibles. La incapacidad de Milei para cumplir las expectativas de sus votantes más fervientes deja en evidencia una crisis que podría redefinir el panorama político en los próximos meses.

El periodista Reynaldo Sietecase pidió que el ministro de economia libertario sea postulado al Guinness mundial como el mayor endeudador de un país. “Cumple todos los requisitos del récord”.

El ministro de Economía de Argentina, Luis “Toto” Caputo, podría alcanzar un nuevo hito en su carrera financiera: ser reconocido oficialmente por el Guinness World Records como el mayor endeudador serial de la historia. La iniciativa fue impulsada por el periodista Reynaldo Sietecase, quien confirmó que su equipo inició un trámite formal para que el organismo internacional evalúe el desempeño del funcionario libertario en esta peculiar categoría.

Durante su programa de radio, Sietecase aclaró que la solicitud no es una broma ni una puesta en escena, sino una gestión oficial para que se reconozca el récord de Caputo en la toma de deuda pública. “Cumple con todos los requisitos: es medible, verificable, rompible y de interés global”, sostuvo el periodista, en alusión a los criterios de Guinness.

🗣️ TOTO CAPUTO AL RÉCORD GUINNESS: CAMPEÓN MUNDIAL DEL ENDEUDAMIENTO@Sietecase y el equipo de #LIM solicitó al Guinness World Records que el ministro de Economía sea reconocido como el hombre que más endeudó a un país. pic.twitter.com/tzYOM4FToG

— Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) March 27, 2025

En tono irónico pero con intenciones críticas, el equipo del programa repasó las condiciones necesarias para que un récord sea homologado, destacando que la hazaña debe ser registrada con evidencia clara y representar un hecho sin precedentes. “Esperamos que el que lo supere no sea el propio Caputo”, señalaron con mordacidad.

El pedido llega en un contexto de creciente endeudamiento público, con Caputo como protagonista clave en distintos gobiernos: desde su rol en la administración de Mauricio Macri, donde gestionó el gigantesco préstamo con el FMI, hasta su actual puesto en la gestión de Javier Milei. Si Guinness acepta la postulación, Argentina sumará otro récord a su historia económica, aunque no precisamente uno para celebrar.