El máximo tribunal desestimó los recursos de la coalición que encabeza Mauricio Macri en una causa por irregularidades en los gastos de campaña durante las elecciones en la provincia de Buenos Aires en 2017.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia de la Justicia Electoral que sancionó a la coalición Cambiemos Buenos Aires por irregularidades en los informes finales de campaña de 2017, vinculadas a la utilización de aportantes falsos.

El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por los responsables de los partidos involucrados y confirmó la multa impuesta, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que deja sin posibilidad de apelación la sanción.

El caso se originó a raíz de una investigación periodística que reveló que 205 personas de bajos ingresos, beneficiarias de planes sociales, figuraban como donantes de fondos a la campaña de Cambiemos cuyo máximo referente era Mauricio Macri. Estas personas aparecían afiliadas al PRO y registradas como aportantes con sumas que iban desde $350 hasta $1.500, sin su conocimiento o consentimiento.

La causa fue tramitada por el juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien desaprobó los informes financieros y aplicó multas a los partidos de la alianza. El magistrado cuestionó que la única explicación presentada por la agrupación fue la existencia de supuestos “errores en la carga de datos”, sin aportar pruebas documentales que lo acreditaran. De los 205 casos investigados, 79 personas negaron haber realizado contribuciones, mientras que 19 reconocieron haber hecho aportes, aunque solo una pudo presentar un comprobante.

En 2023, la Cámara Nacional Electoral ratificó la sanción y subrayó la necesidad de garantizar transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. La resolución también dispuso investigar a los posibles responsables de estas irregularidades y estableció la pérdida de los aportes públicos extraordinarios que le hubieran correspondido a la coalición por dicha campaña.

Ante esta decisión, los partidos sancionados recurrieron a la Corte Suprema, argumentando que la Cámara Electoral había ignorado informes rectificatorios y omitido el tratamiento de cuestiones federales. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó el planteo y dejó firme el fallo, consolidando la condena contra Cambiemos por el uso de aportantes truchos en las elecciones de 2017.

La Universidad sueca de Gotemburgo ubicó al país en el grupo de naciones con “autocratización en curso”. El país se degrado en los niveles de participación, derechos y debate público

Un reciente informe de la Universidad de Gotemburgo, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Europa, ha emitido una preocupante advertencia sobre la situación política en Argentina. Según el estudio, el país ha sido incluido en el grupo de naciones con “autocratización en curso”, lo que implica un retroceso significativo en la calidad de su democracia. La investigación señala que Argentina ha experimentado un deterioro en aspectos fundamentales como la participación ciudadana, los derechos individuales y el debate público, poniendo en riesgo el pluralismo y la transparencia institucional.

La erosión democrática, también conocida como retroceso democrático, autocratización y desdemocratización, es un declive gradual en la calidad de… https://t.co/RxXoA03zNZ

— Alicia Banuelos (@aliciabanuelos) March 27, 2025

Un declive alarmante

El informe, titulado “Democracia 2025 – 25 años de Autocratización – ¿Democracia Trumpeada?”, sitúa a Argentina en una categoría inferior a la de las democracias liberales y advierte que, de continuar esta tendencia, podría transformarse en una “autocracia electoral”, donde los comicios siguen realizándose, pero sin las garantías de transparencia y equidad necesarias.

Los datos presentados son contundentes:

• El índice de democracia electoral cayó de 0,84 a 0,71 en un año, una pérdida del 15,5%.
• El índice liberal, que protege los derechos individuales, disminuyó de 0,80 a 0,76, un retroceso del 5%.
• En el índice igualitario, que mide la participación política equitativa, la caída fue del 5,2%.
• El índice participativo, que evalúa la implicación de la ciudadanía, descendió un 4,8%.
• La mayor preocupación recae en el índice deliberativo, que analiza la calidad del debate público, donde la caída fue del 22,9%.

El estudio también plantea una interrogante fundamental: ¿importa realmente la democracia cuando la atención de la ciudadanía está enfocada en problemas económicos como la inflación, la inseguridad o el desempleo? Históricamente, muchas sociedades han demostrado tolerancia a los retrocesos democráticos cuando estos se presentan junto con estabilidad económica o la promesa de un futuro mejor.

El Varieties of Democracy Institute de la Universidad de Gotemburgo publicó su informe anual sobre las democracias en el mundo en 2024, y ubicó a la Argentina como país "en proceso de autocratización", con retrocesos en todos los componentes del Indice de Democracia Liberal (IDL) pic.twitter.com/B4ExcT0XeQ

— Lucas Romero (@LucaRomero) March 25, 2025

El riesgo de no reaccionar a tiempo

La situación de Argentina no es un caso aislado. Según el informe, en 2021, 25 países mostraban signos de autocratización; en 2023, la cifra aumentó a 42 y en 2024, a 45. Argentina se encuentra en una posición intermedia, compartiendo preocupaciones con países como Hungría y Perú, pero mostrando una situación más favorable que la de India o Senegal.

Los expertos advierten sobre el peligro de la “normalización” del retroceso democrático. Como en la fábula de la rana que no percibe el aumento gradual de la temperatura del agua hasta que es demasiado tarde, las sociedades pueden no advertir el deterioro de sus instituciones hasta que la democracia se ha erosionado irreversiblemente.

El informe de la Universidad de Gotemburgo es una señal de alerta. La pregunta es si los ciudadanos argentinos tomarán conciencia del riesgo y exigirán medidas correctivas antes de que la democracia se transforme en un recuerdo del pasado.

La investigación por la criptoestafa $LIBRA, que involucro de lleno al presidente y a su entorno, avanza paulatinamente por orden de la Justicia. 

La causa por la criptoestafa vinculada a la memecoin $LIBRA, promovida en redes sociales por el presidente Javier Milei, sigue avanzando en la Justicia. En una nueva medida de investigación, el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó analizar el patrimonio actual del mandatario y de su hermana, Karina Milei, junto con otras personas relacionadas con la creación y difusión del token trucho.

Taiano solicitó a la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), María Fernanda Bergalli, que brinde asistencia para evaluar la evolución patrimonial de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales desde 2023 hasta la actualidad. La pesquisa apunta a determinar si hubo enriquecimiento ilícito vinculado a maniobras fraudulentas con la criptomoneda.

El foco de la investigación se centra en los retiros masivos de fondos realizados minutos después del lanzamiento del token, cuyo valor se disparó tras ser promovido en redes sociales por Milei. Se estima que la operación generó ganancias millonarias para un grupo reducido de personas con acceso privilegiado a la información.

El caso ha tomado una nueva dimensión con la ampliación de la investigación ordenada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La magistrada puso bajo la lupa un reposteo realizado por Milei el 17 de febrero, en el que compartió una publicación del financista Darío Epstein explicando cómo adquirir $LIBRA. Este mensaje habría generado un tercer pico de compras, impulsando nuevamente el valor del token en un esquema conocido como “pump and dump”.

En su resolución, Arroyo Salgado subrayó que la causa investiga un “entramado defraudatorio complejo” en el que habrían participado múltiples actores. Según la denuncia presentada, los días 14, 15 y 17 de febrero se habría ejecutado una estrategia fraudulenta para inflar artificialmente el valor de la criptomoneda y generar ganancias extraordinarias para ciertos involucrados.

Como parte de las medidas judiciales, se ordenó el monitoreo en tiempo real de las cuentas vinculadas al equipo creador de $LIBRA, incluyendo la del estadounidense Hayden Davis, principal impulsor de la memecoin y quien se definió como asesor presidencial del gobierno argentino. Fuentes judiciales indicaron que se evalúa el congelamiento de los activos obtenidos mediante estas operaciones sospechosas.

La causa avanza con el objetivo de esclarecer el rol del presidente Milei y su círculo cercano en la maniobra financiera que perjudicó a numerosos inversores, mientras la Justicia profundiza el seguimiento de los movimientos de capital ligados a la criptoestafa.

Según distintos trascendidos se estarían viviendo horas de incertidumbre dentro del equipo económico del Gobierno. Con las reservas al límite, Caputo busca apurar el acuerdo con el FMI mientras en paralelo se gestionan créditos con otros organismos multilaterales para apuntar las reservas y llegar en orden a las elecciones.

El gobierno de Javier Milei atraviesa horas de máxima tensión en su intento por asegurar financiamiento que le permita llegar a las elecciones de medio término sin un estallido económico. Con las reservas del Banco Central en niveles críticos y un panorama financiero incierto, el ministro de Economía, Luis Caputo, acelera las negociaciones no solo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino también con otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

La urgencia es evidente: además del acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares, el Gobierno busca asegurarse otros 5.000 millones provenientes del BID y el Banco Mundial para evitar un mayor deterioro de las reservas en especial, previendo que quizá un escenario en el cual el fondo no otorgue el monto ansiado por el gobierno o bien que se de en cuotas espaciadas temporalmente. En un contexto de extrema fragilidad, la administración libertaria intenta apaciguar a los mercados y garantizar liquidez suficiente para sortear los vencimientos de deuda que se avecinan.

El Gobierno acelera reuniones clave

En este marco, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, viajará esta semana a Santiago de Chile para participar en la asamblea del BID y reunirse con líderes financieros internacionales en busca de respaldo. A su vez, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, llegará a Buenos Aires para mantener encuentros clave con Milei y Caputo. Ambas reuniones son vistas como intentos desesperados de la Casa Rosada para conseguir nuevos fondos y sostener su programa de ajuste sin que el país entre en una espiral de crisis.

Mientras tanto, la deuda externa sigue creciendo. Aunque el Gobierno intenta presentar las gestiones como parte de una estrategia financiera ordenada, los números muestran una realidad más preocupante: entre 2026 y 2029, Argentina debe afrontar pagos por más de 26.000 millones de dólares a organismos multilaterales. En este contexto, el gobierno libertario necesita liquidez inmediata para evitar que el ajuste se le salga de control antes de enfrentar el veredicto electoral.

Reservas en caída y dudas del FMI

La situación de las reservas del Banco Central agrega más presión al tablero. La caída de divisas en marzo ha puesto en jaque la estabilidad del esquema cambiario, y el FMI aún no ha dado señales claras sobre su visto bueno al nuevo préstamo. Sin garantías concretas de apoyo financiero, el plan económico de Milei tambalea, y la apuesta a una recuperación a partir de la dolarización y el ajuste se vuelve cada vez más incierta.

Los próximos días serán clave para definir si el gobierno logra destrabar los desembolsos que tanto necesita o si la falta de dólares acelera un desenlace caótico. La urgencia es total y, con las elecciones de medio término en el horizonte, la posibilidad de un colapso económico se convierte en el peor escenario que Milei intenta evitar a toda costa.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) informaron que hubo una reducción del 1,9% de la población con trabajo formal “lo que afecta la estabilidad laboral y la cobertura de seguridad social”.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió sobre la creciente precarización laboral en el país, marcada por la reducción del trabajo formal y el aumento de la inestabilidad en el mercado laboral.

Según el informe difundido por el CEPA, la población con empleo formal se redujo un 1,9%, lo que impacta directamente en la estabilidad laboral y en la cobertura de seguridad social. Este fenómeno se da en un contexto de aumento de la desocupación, que en el cuarto trimestre de 2024 alcanzó el 6,7%, representando un incremento de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023 y revirtiendo la tendencia descendente que se mantenía desde la pospandemia.

El economista del CEPA, Juan Pablo Costa, analizó estos datos en Canal E y subrayó que la presión sobre el empleo se intensifica debido a la creciente cantidad de personas que buscan trabajo sin encontrar oportunidades en el mercado laboral formal. “Desde 2020, la desocupación venía en un sendero decreciente, pero 2024 rompe con esta tendencia, con un incremento cercano a 0,7 u 0,8 puntos porcentuales”, explicó.

Desde la asunción de Milei, se perdieron 169.859 puestos de trabajo registrados:

➡️118.019 corresponden al sector privado
➡️51.840 al ámbito público. pic.twitter.com/ifhRkAFfkG

— Centro CEPA (@ctroCEPA) March 19, 2025

Uno de los aspectos más preocupantes es el aumento de la subocupación demandante, es decir, trabajadores que no llegan a completar 35 horas semanales pero desean ampliar su jornada laboral. Este fenómeno refleja la fragilidad del empleo disponible y anticipa una posible escalada de la desocupación en los próximos meses.

Además, la pérdida de poder adquisitivo está llevando a muchas personas a buscar múltiples empleos para sostener sus ingresos. “Es un fenómeno recurrente en contextos de crisis económica. Muchas personas que antes no trabajaban o realizaban tareas no remuneradas dentro del hogar, ahora ingresan al mercado laboral por necesidad”, explicó Costa.

El especialista enfatizó que esta dinámica agrava la precarización laboral y deteriora las condiciones de vida de los trabajadores. “No queda otra que salir a buscar el sustento, pero es preocupante que las condiciones laborales se deterioren y que el empleo registrado siga en caída”, concluyó.

El panorama laboral en Argentina muestra una tendencia preocupante: menos empleo formal, más personas en situación de vulnerabilidad y una creciente presión sobre el mercado laboral, factores que, de no revertirse, podrían profundizar aún más la crisis social y económica.

En el primer año de la gestión Milei el sector industrial sufrió un rojo de -9,4%. Tuvo el peor desempeño entre 79 países relevados por la ONUDI.

El primer año de gestión de Javier Milei estuvo marcado por un fuerte retroceso en la industria nacional, con una contracción del 9,4% anual, la más profunda entre 79 países analizados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Este desplome, según la red de expertos de Misión Productiva, responde a las políticas económicas implementadas por el gobierno, que generaron un drástico ajuste en la demanda interna y la pérdida de capacidades industriales.

El informe de la ONUDI, difundido por Misión Productiva, evidencia que Argentina tuvo el peor desempeño industrial a nivel mundial en 2024, superando en caída a países como Togo, Irlanda, Hungría y Alemania. Según los especialistas, la contracción se explica principalmente por la fuerte caída del consumo interno, producto de la pérdida del salario real, y la retracción de sectores clave como la construcción.

La crisis industrial quedó reflejada en la reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, los empresarios expresaron su preocupación por el impacto de la “motosierra” de Milei en la actividad productiva y demandaron medidas concretas para frenar el deterioro del sector. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado políticas públicas orientadas a la recuperación industrial.

El impacto de la recesión en la industria también se reflejó en el empleo: en 2024 se perdieron 30.000 puestos de trabajo en el sector, mientras que los industriales denunciaron que más del 46% del costo de los bienes producidos corresponde a impuestos. A pesar de la caída, el gobierno decidió reducir las retenciones al agro, mientras que las manufacturas industriales siguen sin recibir alivio fiscal.

En 2024, Argentina fue el país del mundo con mayor caída de la producción industrial (-9,4%). https://t.co/mjI3UPjCfD

— Daniel Schteingart (@danyscht) March 25, 2025

Las perspectivas para 2025 no son alentadoras. Misión Productiva advierte que las políticas del gobierno, basadas en una mayor apertura comercial en un contexto de apreciación del tipo de cambio, podrían profundizar el debilitamiento de la industria local. La UIA, por su parte, propuso medidas para amortiguar la crisis, como la devolución de impuestos acumulados, la eliminación de derechos de exportación para productos industriales y una reducción del costo laboral no salarial.

A pesar de estos reclamos, el gobierno mantiene su línea de ajuste, dejando al sector industrial en una situación de vulnerabilidad frente a un escenario global inestable y una economía interna debilitada.

El impacto de los aumentos en la canasta de servicios públicos se siente con fuerza en el bolsillo de los argentinos, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la quita de subsidios y los ajustes tarifarios han disparado los costos de luz, gas, agua y transporte.

En marzo, la canasta de servicios públicos registró un incremento del 7,7% respecto al mes anterior, alcanzando una suba interanual del 92%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Con estos aumentos, el gasto en servicios esenciales ya representa el 11,3% del salario promedio registrado, lo que supone una carga cada vez más difícil de afrontar para los hogares.

La eliminación progresiva de subsidios ha sido un factor determinante en estos incrementos. En los últimos 16 meses, la canasta de servicios públicos se encareció un 429%, mientras que la inflación general en el mismo período fue del 133%. La cobertura de costos por parte de los usuarios del AMBA ha aumentado significativamente: actualmente pagan en promedio el 54% de los servicios, mientras que el Estado solo financia el 46%.

Sin subsidios, el costo mensual de la canasta de servicios públicos en el AMBA asciende a $146.641, incluyendo energía eléctrica, gas natural, agua y transporte. En marzo, los incrementos más fuertes se registraron en:

• Agua: 11,8% mensual y un alarmante 330% interanual, luego de la eliminación total de subsidios.
• Gas natural: 14,5% mensual y un 537% interanual, reflejando el fuerte ajuste tarifario.
• Energía eléctrica: 4,7% mensual y 46% interanual, con aumentos programados que seguirán afectando a los hogares.
• Transporte público: 5,6% mensual y 45% interanual, impactando especialmente en trabajadores y estudiantes que dependen del servicio diariamente.

El ajuste en subsidios ha sido drástico: hasta el 18 de marzo de 2025, la asistencia estatal se redujo un 59% en términos reales. En detalle, los subsidios a la energía cayeron un 63% interanual, los de transporte un 52%, y en el caso del agua, fueron eliminados por completo.

Transporte

El transporte se ha convertido en uno de los mayores golpes al bolsillo. El costo técnico del boleto de colectivo en el AMBA es de $1.309, aunque la tarifa regulada se mantiene en $1.299. A pesar de ello, los pasajeros solo cubren el 31% del costo real del servicio, mientras que el 69% restante sigue subsidiado. Sin embargo, la tendencia a la reducción de subsidios sugiere que estos valores seguirán en aumento.

Hoy, el transporte representa el 41% de la canasta de servicios, siendo el rubro más costoso para los hogares del AMBA. En marzo, el boleto de colectivo subió un 10%, encareciendo aún más la movilidad de los trabajadores y sectores de menores ingresos.

El encarecimiento de los servicios básicos y la caída en la asistencia estatal plantean un escenario preocupante, donde cada vez más familias deben destinar una mayor parte de su salario para costear necesidades esenciales, mientras la inflación y los ajustes tarifarios continúan erosionando su poder adquisitivo.

El consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa un desplome alarmante que no encuentra un piso. En los primeros meses de 2025, la ingesta per cápita registró una nueva caída histórica.

El consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa un desplome alarmante que no encuentra un piso. En los primeros meses de 2025, la ingesta per cápita registró una nueva caída histórica, marcando una tendencia que no solo no se revierte, sino que amenaza con profundizarse aún más en medio de la crisis económica.

Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), en febrero el consumo per cápita de carne vacuna cayó un 5,4% interanual, lo que representa 2,8 kilos menos por persona. Esta disminución se suma a una escalada de precios que erosiona el poder adquisitivo y agrava la retracción de la demanda interna.

Los datos son contundentes: el consumo anual por habitante descendió a 48,8 kilos, el nivel más bajo en décadas. Además, la comercialización de carne en el mercado interno durante el primer bimestre de 2025 alcanzó su mínimo histórico, según un relevamiento del Mercado Ganadero Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El declive en el consumo se ve acompañado por una caída en la producción. En los dos primeros meses del año, la oferta de carne vacuna se redujo a 499 mil toneladas de res con hueso, lo que representa un descenso del 1,7% interanual, es decir, 8.500 toneladas menos que en el mismo período de 2024.

A esta crisis se suma la disminución de la demanda externa, con un impacto significativo en las exportaciones. Durante el primer bimestre, las ventas al exterior se desplomaron un 33,7% interanual, lo que equivale a 54 mil toneladas menos exportadas, en gran parte debido a la menor demanda desde China.

En el plano interno, la suba imparable de los precios de la carne no solo golpea el consumo, sino que también dificulta el débil y cuestionable proceso de desinflación que busca el Gobierno de Javier Milei. En febrero, la categoría “Carnes y derivados” del índice de precios aumentó un 7,6%, con incrementos de hasta el 13,6% en algunos cortes, profundizando la crisis del consumo.

Los cortes que más aumentaron entre enero y febrero fueron:

• Nalga: +13,6%
• Cuadril: +13,1%
• Paleta: +12,6%
• Carne picada común: +11,3%
• Asado: +9,9%

En contraste, el pollo entero solo aumentó un 0,4% en el mes, lo que ha llevado a un creciente reemplazo de la carne vacuna por esta alternativa más accesible.

El impacto de la suba de la carne se refleja en la inflación general de los alimentos. En febrero, el capítulo “Alimentos y bebidas no alcohólicas” registró un incremento del 3,2% con respecto a enero, alcanzando su mayor suba mensual desde julio de 2024. Otros rubros que también experimentaron fuertes aumentos fueron:

• Aceites, grasas y manteca: +3,3%
• Azúcar y golosinas: +2,1%
• Pan y cereales: +1,6%
• Lácteos y huevos: +0,9%

Mientras tanto, en el segmento de productos estacionales, las frutas aumentaron en promedio un 1,4%, mientras que las verduras mostraron una leve baja del 1,5%.

Con un consumo que sigue en caída y sin señales de recuperación, la carne vacuna se convierte cada vez más en un lujo inalcanzable para gran parte de la población, consolidando una crisis que parece lejos de tocar fondo.

La medida responde a la fuerte caída en la producción de acero, afectada por la recesión económica y la competencia de planchones importados desde China.

La industria siderúrgica argentina atraviesa una de sus peores crisis en años debido al desplome del mercado interno y la creciente competencia de importaciones, especialmente de acero proveniente de China. En este contexto, el Grupo Techint ha decidido implementar un esquema de suspensiones rotativas en su planta General Savio de Ramallo, con recortes salariales del 25%, como respuesta a la abrupta caída en la producción.

Paolo Rocca, CEO de Techint, tomó la decisión de suspender trabajadores en una de las principales plantas siderúrgicas del país hasta mayo. La medida, que afectará a distintos sectores de la planta, es reflejo de un desplome alarmante en la producción de acero, que se ha visto severamente golpeada por la recesión económica y la apertura indiscriminada a la importación de acero extranjero, particularmente de planchones chinos a precios significativamente más bajos.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional San Nicolás, confirmaron que la empresa ya informó la puesta en marcha de las suspensiones, que inicialmente alcanzarán a 40 trabajadores, pero podrían superar los 100 en abril. “Se está cobrando solo el 75% del salario en los días de suspensión, y es probable que la cantidad de operarios afectados siga en aumento”, explicó Fabián Gigli, secretario de prensa del gremio.

El golpe a la producción es contundente. Mientras que en marzo se esperaba fabricar 160 mil toneladas de acero, la realidad muestra números mucho menores. En comparación con el año pasado, la producción de Ternium cayó un 23%, lo que representa 513 mil toneladas menos despachadas en 2024. A esto se suma la reducción del Premio por Resultado Positivo (PRP) que los trabajadores solían percibir anualmente, aumentando la preocupación en el sector.

El gremio metalúrgico advierte que la crisis se profundizó con la flexibilización de las importaciones y la desregulación del mercado de chatarra, lo que ha generado tensiones entre Rocca y el gobierno de Javier Milei. “El número de suspendidos seguirá creciendo, podríamos llegar a 150 trabajadores afectados. Todo dependerá de cómo evolucionen las ventas”, señaló Gigli.

Ante este escenario crítico, la empresa intenta evitar despidos masivos, pero la incertidumbre sigue latente. La recesión económica y la competencia desleal de productos importados ponen en jaque a toda la industria siderúrgica nacional, que enfrenta un panorama cada vez más desalentador. “Aún no sabemos qué sucederá con el personal de contratistas, por ahora no hay modificaciones, pero estamos en alerta”, concluyó el dirigente gremial.

La siderurgia argentina, pilar clave del desarrollo industrial del país, está en peligro. La combinación de una demanda interna desplomada y una apertura comercial sin restricciones está dejando a miles de trabajadores en la incertidumbre, con un futuro cada vez más incierto para la producción nacional de acero.

Mientras el gobierno espera desesperado el salvataje del FMI que llegaría en abril, en la última semana el BCRA perdió casi u$s 1.500 millones para contener al dólar.

En medio de una corrida cambiaria que no da tregua, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue quemando reservas para intentar contener la presión sobre el dólar. En la última semana, la autoridad monetaria perdió casi u$s 1.500 millones, acumulando un saldo negativo de u$s 1.204 millones en las últimas seis ruedas. Mientras tanto, el gobierno apuesta a un salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI) para recomponer las diezmadas arcas del Central.

A pesar de que el Congreso dio luz verde al decreto que habilita la negociación con el organismo internacional y de que el presidente Javier Milei aseguró que un acuerdo podría cerrarse en abril, la dolarización de carteras sigue en ascenso. El dólar blue subió $ 15 en un solo día, cerrando en $ 1.280 en Buenos Aires y $ 1.293 en Rosario, acumulando en la semana un alza de $ 40 (3,2%), la más alta del año.

En el segmento financiero, el contado con liquidación (CCL) superó momentáneamente los $ 1.300, mientras que el mercado de futuros sigue anticipando una aceleración en la devaluación. Se espera que el tipo de cambio oficial tenga un salto del 8,4% entre abril y mayo, en línea con las expectativas de un ajuste dentro del marco de un eventual acuerdo con el FMI.

Reservas en Caída Libre

Desde enero, el BCRA ya se desprendió de más de u$s 5.000 millones, afectado por la caída de depósitos, pagos de intereses y la intervención cambiaria para frenar la escalada del dólar. Mientras el gobierno busca cerrar un préstamo con el FMI por u$s 20.000 millones, la realidad es que las reservas netas se encuentran en terreno negativo por más de u$s 6.000 millones, lo que expone la fragilidad del esquema económico oficial.

El saldo vendedor del Central en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) no cede: solo ayer se desprendió de u$s 196 millones, sumando en la semana un rojo de u$s 730 millones y de u$s 1.204 millones en las últimas seis ruedas. Esto evidencia que el mercado sigue viendo incentivos para desarmar posiciones en pesos y refugiarse en el dólar, mientras el gobierno dilapida dólares a la espera de un salvataje externo que aún no llega.