Pasajeros de la Línea B se quedaron encerrados en una formación por un corte de luz. Minutos de casos, pasajeros descompuestos y sin ningún tipo de respuesta.

Pasajeros de la Línea B de subte se quedaron encerrados en una formación, entre las estaciones Echeverría y Los Incas, por al menos una hora, producto de un corte de luz.

Según contaron los presentes, fueron minutos de caos, con pasajeros descompuestos y poco acompañamiento.

El servicio estuvo interrumpido alrededor de las 9, mientras que luego fue limitado entre las estaciones Leandro N. Alem y Ángel Gallardo además de que los trenes no se detenían en Carlos Gardel. Más tarde, la línea retomó el recorrido por completo entre cabeceras.

“Fue una hora que fue un caos con gente desmayada y sin aire“, contó Facundo Ramírez, uno de los pasajeros que se quedó encerrado en la formación. “Yo subí en Rosas y cuando pasó la estación Echeverría se quedó sin luz. Quedamos varados entre Echeverría y Los Incas”, dijo en diálogo con radio Rivadavia.

“Había muchísima gente, hacía calor, una chica se desmayó y la gente se empezó a desesperar, fue feo el momento“, agregó.

Según siguió el relato del pasajero, “pasaron 15 minutos y vino el señor que maneja el subte para avisar que había un corte de energía y que no podía evacuar porque si volvía la luz podía venir un subte”, contó. “No nos decían que pasaba y no sabían cuando volvía la luz. Nos pedían tranquilidad pero no sabíamos nada”, dijo Ramírez al recordar lo ocurrido.

Así lo afirmó el presidente en el marco de los anuncios para frenar la suba de los alimentos. Los principales conceptos de su discurso.

El presidente Alberto Fernández anunció la creación de “un fondo de estabilización” para combatir la suba de precios en un marco de volatilidad en el comercio internacional de materias primas, energía y alimentos, a la vez que convocó a los sectores productivos y de la economía popular, a lograr acuerdos que permitan “luchar contra la inflación y proteger la mesa de los argentinos”.

El discurso de casi 18 minutos se grabó a última hora de la tarde, luego que el Presidente, al regreso de su visita a la provincia de Tucumán, trabajara los detalles de sus anuncios en una reunión de la que participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; el de Trabajo, Claudio Moroni, la vicecanciller Cecilia Todesca Bocco, y la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

En su mensaje, el Presidente resaltó la nueva etapa que se abre para el desarrollo del país a partir de la sanción en el Congreso, anoche, del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para avanzar en un Programa de Facilidades Extendidas que reestructura la deuda de más de 44.000 millones de dólares contraída en 2018..

“Eso era necesario para que las empresas argentinas pudieran acceder al crédito. Ahora podemos desatar todas las oportunidades productivas de nuestro país. Además, podremos financiar el gasto de capital de nuestro gobierno, con organismos internacionales y bilaterales, así como también seguir fortaleciendo el financiamiento interno. Esto nos permitirá depender menos de la emisión monetaria y hacer que nuestro Banco Central se fortalezca”, reseñó.

El Presidente afirmó que “la inflación es un serio problema para los argentinos y argentinas” y sostuvo que “la guerra lo agrava”, al dar un mensaje desde la Quinta de Olivos en el que se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y sus impactos en la economía del país.

Fernández señaló la importancia de ambos países beligerantes en la producción mundial de cereales, al proveer casi el 30% de las exportaciones globales de trigo y cerca del 80% de las exportaciones de aceite de girasol.

“El conflicto termina afectando al mundo entero, porque afecta a la producción de materias primas, centrales en nuestra alimentación cotidiana. Estoy hablando de la harina, el pan, los fideos y decenas de alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana”, explicó el presidente.

En este marco, destacó que “la tonelada de trigo costaba, antes del 20 de febrero -el día en que estalló la guerra-, menos de 300 dólares. El inicio del conflicto inició un alza inusitada que lo llevó a niveles récords”.

“En la historia mundial nunca el trigo llegó a costar lo que costó en estos días, alcanzando valores superiores a los 400 dólares la tonelada”, puntualizó Fernández.

De esta manera, describió que “el precio interno del trigo que se utiliza para el pan, que se estaba comercializando en torno a los .000-.000 por tonelada antes del 20 de febrero, se elevó rápidamente a valores superiores a los .000 apenas iniciado el conflicto, y en los últimos días supera los .000 por tonelada”.

“Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación, pero la verdad es que está incidiendo negativamente y causando mayores problemas. Tengo el deber de advertirles que este contexto internacional complica aún más las cosas”, advirtió el presidente.

En este sentido, Fernández aseguró que “la inflación es un serio problema para los argentinos y argentinas. La guerra lo agrava”.

“He escuchado decir que la Argentina no debería tener problemas por ser un país productor de alimentos. Ojalá fuera así. Nosotros producimos muchos de los alimentos que consumimos en nuestros hogares. Pero la formación de sus precios no depende, enteramente, de nosotros. Estos se forman en los mercados internacionales, cuyos valores han trepado y lo seguirán haciendo y, consecuentemente, ya están presionando sobre los precios internos”, aseveró.

También se refirió a quienes plantean que esta guerra representa para la Argentina una oportunidad a lo que expresó: ” Yo creo que una guerra, sin importar dónde sea, jamás puede volverse una oportunidad. Una guerra es siempre una mala noticia. Una tragedia desde lo humano, pero también desde lo social y lo económico. Desde el punto de vista humanitario ya lo hemos visto con las crudas imágenes que provienen desde Ucrania. Desde lo social, lo vemos con la enorme crisis migratoria desde sus países vecinos. Y desde lo económico, las consecuencias ya empiezan a hacerse ver”.

No obstante esa búsqueda de acuerdos, Fernández advirtió que “la batalla es contra los especuladores y los codiciosos” por lo que su administración no va a dejar de “controlar y fiscalizar precios” e incluso “aplicar la ley de abastecimiento” si lo considera necesario.

“Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Pero la verdad es que está incidiendo negativamente y causando mayores problemas”, dijo Fernández al presentar el escenario de la coyuntura internacional por el conflicto en Ucrania y su afectación a la macroeconomía local, a lo que reafirmó: “La inflación es un serio problema para los argentinos y argentinas y la guerra lo agrava”.

El incremento de los precios del trigo “haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinos” consumen, detalló el mandatario al señalar que, ante esta suba y la de otras materias primas, su deber en la Jefatura de Estado es “proteger a los argentinos de este fenómeno inesperado y que ojalá sea transitorio”.

“He decidido constituir un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas”, anunció Fernández.

Además, instruyó a sus ministros para que “tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana. Garantizar el pan en la mesa de las argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando ante esta emergencia”.

Las retenciones al aceite y la harina de soja vuelven hasta fin de año al 33% fijado por el gobierno anterior. Se busca recaudar 400 millones de dólares y  que no impacte en “la mesa de los argentinos”.

Tras los anuncios del presidente Alberto Fernández para detener la suba de precios, en especial el de los alimentos, el gobierno nacional publicó en el boletín oficial dos decretos con las primeras medidas para frenar la inflación.

Uno de ellos crea el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, anunciado por el mandatario, con el objetivo de impedir que la suba en las cotizaciones internacionales de ese cereal impacte de lleno en “la mesa de los argentinos”, en especial en el precio de la harina y del kilo de pan.

El Fideicomiso creado al efecto estará bajo la órbita del Ministerio de la Producción conducido por Matías Kulfas y se financiará con el aumento de las retenciones al aceite y la harina de soja del 31 al 33 por ciento.

Ese es justamente el objetivo del segundo decreto publicado en la madrugada. En realidad, no se trata de una suba sino de la suspensión hasta fin de año del decreto que hace unos meses firmó el Presidente, bajando esas retenciones del 33 al 31 por ciento, con el objetivo de promover la industrialización  de la producción agroopecuaria.

Suspendido ese decreto, vuelven a regir las retenciones impuestas durante el gobierno de Mauricio Macri. Demás está decir que en ese momento no generaron entre los empresarios del agro la indignación que muestran ahora por la suspensión hasta fin de año de la rebaja otorgada por el gobierno del Frente de Todos.

Los especialistas calcularon que la suba de esos dos puntos en las retenciones a la harina y el aceite de soja, dos rubros esenciales de las exportaciones nacionales, implicarían para el Estado un ingreso extra de unos 400 millones de dólares. Apenas una parte de las gigantescas ganancias adicionales que están embolsando, sin ningún esfuerzo, los empresarios agrarios desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

La medida destinada a salvaguardar el bolsillo de la inmensa mayoría de la población, se toma en medio de la crisis desatada en todo el mundo por el conflicto Rusia – Ucrania, que multiplicó el precio de los commodities.

En sus considerandos, el decreto publicado anoche en el Boletín Oficial explica que las exportaciones sumadas de esos dos países implican “el 28 % del comercio internacional de trigo, el 19 % del de maíz y el 78 % del de aceite de girasol, afectando, particularmente, a dichos mercados, impactando sus precios internacionales y alcanzando alzas históricas”.

El exministro de Trabajo Marcelo Villegas declaró ante el juzgado federal de Ernesto Kreplak por la causa de la mesa judicial.

El exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, admitió en un escrito presentado ante la Justicia que fue citado a una reunión con el expresidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno para hablar de la situación generada por Juan Pablo “Pata” Medina en el gremio de la construcción.

En el marco de su declaración indagatoria por la causa que investiga el armado de una supuesta mesa judicial ilegal para perseguir a gremialistas, el exministro de Trabajo provincial sostuvo: “Fui citado un día a concurrir a Casa de Gobierno, previo aviso de la Gobernadora que me dijo que me iban a convocar para explicar el contexto en provincia y cómo lo estábamos abordando”.

Cabe destacar, que Villegas se presentó ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, poco antes de las 10.30, y, luego que se le leyeron las imputaciones en su contra, entregó el escrito y manifestó su decisión de no responder preguntas del magistrado ni de la fiscalía.

Al respecto, Villegas sostuvo que fue citado a la Casa Rosada, “previo aviso de la Gobernadora”, quién le informó que lo iban a convocar “para explicar el contexto en la provincia de Buenos Aires y cómo lo estábamos abordando”.

Según manifestó el exfuncionario en su escrito, el entonces presidente Macri “planteó el tema Uocra La Plata porque dijo tener informes de Dietrich sobre atrasos, complicaciones y conflictos con toda la cadena de contratistas en las obras de carácter nacional que se llevaban a cabo en ese ámbito”

“Los participantes estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar en el despacho del presidente, y los asistentes eran el propio presidente de la Nación Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Germán Garavano, el ministro Jorge Triaca, el ministro Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas“, detalló Villegas.

El periodista de La Nación terminó siendo humillado por los fundamentos de la sentencia que absolvió a Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En los fundamentos de la sentencia por el juicio Oral por Oil Combustibles, el tribunal no dejó pasar la incidencia que tuvo en el armado de la causa la nota publicada el 13 de marzo de 2016 en el diario La Nación, por el periodista Hugo Alconada Mon.

A partir de ese artículo, comenzó un expediente con una hipótesis de corrupción planteada por el periodista de La nación que fue derrumbada por la sentencia que absolvió a Cristóbal López y Fabián De Sousa y quedó cristalizada en los fundamentos judiciales de esa decisión.

En ese momento, Alconada Mon tituló su artículo “Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo”, tras haber anticipado vía Twitter que aparecería una “bomba” que podría hacer implosionar el Grupo Indalo.

En una errática declaración testimonial al comienzo del juicio oral, defendió su publicación –en un comienzo- para pasar a señalar “algunos errores que cometí”. En los fundamentos se expresó que durante el juicio quedó claro que López “era un accionista sin intervención en las decisiones sobre la forma de llevar adelante o ejecutar el plan de negocios”. En cambio, se resaltó que el único que lo ubicaba en otro rol era Alconada Mon.

Los jueces le contestaron en el extenso escrito que se dio a conocer ayer que fundamenta su sentencia: “Tal posicionamiento, aislado y sin ningún otro soporte de la constelación probatoria, pierde mi reconocimiento en la desestimación conjunta de su aporte en la audiencia oral y pública, pues tengo en cuenta -porque así debo proceder en ejercicio de mi jurisdicción federal- los enormes y esenciales errores conceptuales volcados en el artículo que tomara estado público, y fuera puntal hasta esta etapa, que es amplia y frontal para el control de un cuadro cargoso”, indicó el voto del juez Fernando Machado Pelloni al que adhirió su colega Javier Ríos. Dos conclusiones: cantidad de errores y que a pesar de ello, la hipótesis sobrevivió hasta casi el mismo momento de la sentencia.

Pero agregó la justicia: “Tanto más, si memoro que, muy a pesar de estar formado en derecho (por Alconada Mon), abundó en que se volcó sin más al periodismo, se explica, acaso, que no profundizara entre sus fuentes la naturaleza del ICL, o la significación e impacto -trascendente como elemento normativo- en sendos preceptos típicos de índole penal tributario, respecto del rol del contribuyente (sujeto obligado, agente de percepción o retención)”. Ese “error” sería central para la causa.

“Por ende y por tal razón, puedo trasladar que no necesariamente distinguía los alcances societarios entre un director y un accionista, de modo que con él no se logra derrumbar las contundentes declaraciones de los testigos individualizados en primer término, ni la de muchos otros que fueron integrantes de la persona ideal, y que posicionan a López por fuera de la toma de decisiones en la ejecución de sus negocios”, sostuvo el voto, que desconfió de cuanto pudiera aportar Alconada Mon debido a su insuficiente formación en temas tributarios, a la ausencia de verificación de fuentes periodísticas respecto al impuesto del que hablaba y a la confusión de roles en el esquema societario de Oil Combustibles.

Pero existe otro apartado contundente respecto al rol de la nota de La Nación y la insistencia judicial de sostener la hipótesis allí postulada pese a su ausencia de rigurosidad. Parece un mensaje no solo con Alconada Mon como destinatario, sino para los fiscales y los jueces –incluso el miembro del tribunal que votó por la condena, Andrés Basso, que reiteraron el argumento caído.

“En consecuencia, el sujeto obligado es la empresa que paga el impuesto con sus propios recursos –el caso Oil Combustibles SA-.De modo que si no lo hace, consentido estatalmente, permanecen siendo bienes propios”, indicó. No era dinero de la AFIP y menos de los consumidores de nafta.

“Basta con ello, para que la persona ideal (Oil Combustibles) no resulte ni agente de retención ni de percepción, sino que es el sujeto obligado responsable del pago del ITC. Con lo cual, el dinero que eventualmente destinó para su expansión o inversiones en las diversas áreas, e incluso para realizar préstamos y mutuos era dinero propio”, apuntaron.

Pero el tramo más fuerte aparece a continuación: “Fue cuento que un consumidor tenga que ver con este fenómeno fáctico normativamente determinado en lo que hace a la conceptualización del impuesto en sí, y un dislate que lo profano alcance un lugar en una sentencia final al juicio”. En el lenguaje críptico de lo legal, la inclusión de la palabra “cuento” como sinónimo de falso o ficticio cobra mayor fuerza.

El ministro de Producción destacó que la Cámara de Diputados bonaerense haya aprobado la emergencia económica para empresas recuperadas.

El ministro de Producción destacó que la Cámara de Diputados bonaerense haya aprobado la emergencia económica para empresas recuperadas.

El ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, celebró hoy que la Cámara de Diputados bonaerense haya aprobado una ley del Poder Ejecutivo que busca declarar la emergencia económica para empresas recuperadas por el término de dos años.

“Celebramos la media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense del proyecto de declaración de emergencia de las empresas recuperadas enviado por el gobernador Axel Kicillof que suspende desalojos, cortes de servicios públicos y otorga facilidades de pago”, dijo el funcionario.

La cámara baja votó ayer, con el apoyo del oficialismo y la izquierda y giró al Senado bonaerense, la iniciativa que suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para empresas recuperadas.

En ese sentido, Costa recalcó que “desde el Ministerio de Producción trabajamos para saldar la deuda que la Provincia tiene con las empresas recuperadas, y apostamos a la producción cooperativa como motor de la reactivación”.

El proyecto sobre empresas recuperadas había sido presentado en noviembre por el Gobierno de Kicillof, con el fin de brindar apoyo a esas firmar en un contexto de aumento de precios, incremento de las tarifas de los servicios públicos y deterioro económico generalizado.

En esa línea, el ministro de Producción contó que como política de la gestión de Kicillof, desde su cartera cuentan con el programa  “Cooperativas en marcha”, una política pública que integra distintas líneas de fortalecimiento al movimiento cooperativo en general y las empresas recuperadas en particular.

Mediante Cooperativas en marcha, y a través de diferentes programas se busca facilitar la compra de materias primas y maquinarias con aportes no reembolsables y créditos no bancarios. Asimismo Costa, agregó que también hay “líneas de formación y asistencia técnica para fortalecer sus capacidades productivas y comerciales.

La secretaria de Comercio Interior elaborará una propuesta de impuesto a la vivienda vacía, a fin de bajar el costo de los alquileres.

En el marco de una reunión de la Mesa de Alquileres, que reúne a representantes del mercado inmobiliario y de la Federación de inquilinos, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, informó que se encuentra en estudio un impuesto a la vivienda vacía, entre otras propuestas tendientes a bajar el precio de los alquileres.

Tras el encuentro, la dependencia nacional anunció -en un comunicado- que “va a elevar una consulta a los organismos pertinentes del Estado -principalmente la AFIP- sobre la posibilidad de desarrollar y llevar adelante un impuesto a la vivienda ociosa”.

Participaron del encuentro el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, junto a la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Liliana Schwindt, y al subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian.

En la reunión, autoridades de la Secretaría de Comercio Interior repasaron las propuestas presentadas por los diversos sectores y debatieron los temas en común y aquellos que generan mayor disidencia.

“El alquiler es un tema esencial, por eso constituimos esta mesa. Nosotros tenemos la obligación de aplicar políticas regulatorias y políticas de consensos. Es la tarea del Estado acercar las leyes a la ciudadanía. Desde la Secretaría buscamos proteger al inquilino en el marco de la ley vigente y aumentar la oferta de viviendas en alquiler”, aseguró Feletti tras el encuentro.

En esa línea, se acordó en continuar realizando encuentros en el marco de la Mesa de Alquileres para consensuar soluciones que logren avanzar en torno a los siguientes ejes: transparentar la oferta de los alquileres; monitorear la publicidad engañosa; construir herramientas que prevengan abusos en pagos y condiciones; buscar soluciones acordadas que permitan incentivar el crecimiento de la oferta; y mejorar la situación de las y los inquilinos.

Se indicó que el objetivo es “abordar las problemáticas que afectan hoy a quienes alquilan, y buscar soluciones consensuadas que permitan aumentar la oferta de viviendas en alquiler y proteger a las y los inquilinos”.

Además, se refirió a “la preocupación que genera la escasa oferta en el mercado de propiedades en alquiler y el aumento de la cantidad de viviendas ociosas”, que podría ser del 5% sobre el valor fiscal a los bienes inmuebles en desuso.

Según el comunicado oficial, la dependencia que encabeza Feletti “se comprometió a llevar adelante una protección efectiva al inquilino desde el Estado en lo que hace a su capacidad de contratar”

Asimismo, indicó que “va a elevar una consulta a los organismos pertinentes del Estado -principalmente la AFIP- sobre la posibilidad de desarrollar y llevar adelante un impuesto a la vivienda ociosa”.

Por su parte, desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) aseguraron que “nos opusimos contundentemente a la posibilidad de un impuesto a la vivienda ociosa, pretendida por las asociaciones de inquilinos agrupados, con una postura radical e intransigente que hace imposible avanzar en acuerdos con soluciones integrales y equitativas para todos los sectores”.

En tanto, la Federación de Inquilinos Nacional señaló que en la reunión “no hubo acuerdo entre el mercado inmobiliario y la Federación de inquilinos sobre la modificación de la ley de alquileres”.

Se logró controlar los incendios que la asolaron en las últimas semanas. De los 2.500 focos que se contabilizaron en el peor momento, hoy quedan 18 que están contenidos.

El 80 por ciento de los incendios rurales en Corrientes fueron extinguidos y los que quedan están “contenidos y controlados”, con excepción de un foco en la zona de los esteros del Iberá, aunque se esperan lluvias en la zona afectada, señalaron fuentes de Defensa Civil de la provincia.

El subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, dijo este lunes en declaraciones a Télam que “son 18 los focos ígneos activos en los cuadrantes del noroeste, están contenidos y controlados y afectan especialmente cañadas y bañados”.

En tanto, destacó que ese número es “muchísimo menor a los 2.500 que tuvimos en Corrientes en los peores momentos de los incendios”.

Señaló también que uno de los focos “permanece activo hace cuatro días, en cercanías al Paraje Galarza, en la zona de los esteros del Iberá”, pero apuntó que “es difícil de controlar porque está sobre bañados y es muy difícil el acceso”.

De cualquier forma, Lovinson afirmó que “tenemos mucha esperanza en el frente de tormenta que fue pronosticado y que llegaría a la zona de los incendios”.

“En algunos lugares del interior de la provincia ya empezó a llover”, dijo en diálogo con Télam y agregó que “necesitaríamos por lo menos una lluvia de 100 milímetros”.

En tanto, debido la extinción de grandes incendios, manifestó que gran parte de los brigadistas que estaban trabajando, “se replegaron y volvieron a sus provincias”.

En este sentido, el subdirector de Defensa Civil mencionó que actualmente están combatiendo los incendios unos 400 brigadistas, más bomberos voluntarios y personal de otras fuerzas y remarcó que en los momentos más difíciles más de 5000 personas trabajaron en la lucha contra el fuego.

Finalmente, Lovinson expresó que “los correntinos agradecemos al país entero por tanta solidaridad en esta emergencia”.

En su informe difundido este lunes, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) indicó que permanecen activos dos focos en Corrientes y Santo Tomé, mientras que están contenidos en los departamentos de Alvear I, Concepción, San Miguel y Carlos Pellegrini; controlado en Alvear II, Curuzú Cuatiá I, Santo Tomé II e Ituzaingó II; y extinguidos en Curuzú Cuatiá II, Loreto, Ituzaingó I, Lavalle, Virasoro y Caa Catí

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para varias localidades correntinas por tormentas fuertes, que incluye Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce y la posibilidad de lluvias intensas en Esquina, Goya, Monte Caseros y Paso de los Libres.

Fuente: Corresponsalía Télam – Corrientes

La investigación de la AFIP se llevó adelante en siete provincias: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Tucumán y Mendoza.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló la comercialización abusiva, por ende fraudulentas, sin avales correspondientes de más de 4710 toneladas de granos.

Esto sucedió en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza.

Las inconsistencias detectadas por áreas especializadas del organismo en los últimos 30 días equivalen a más de 158 camiones con acoplado.

Los productos que fueron identificados en infracción a lo largo del último mes son principalmente soja, trigo, maíz, maíz partido, pero también se hallaron irregularidades en la comercialización de azúcar, avena, alpiste, ajo y semillas para cultivo de pasto forrajero (rye grass). De esta forma entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, la AFIP interdicto más de 35.500 toneladas de granos.

Las mejoras en la fiscalización desplegadas contemplan distintas herramientas incorporadas por el organismo en 2021 como la digitalización de la carta de porte, único documento válido para transportar granos dentro del país. Asimismo, la AFIP avanza con el uso de imágenes satelitales para corroborar la información brindada por productores y dueños de campos en sus declaraciones juradas y así desarticular maniobras abusivas.

Los inspectores del organismo trabajan en coordinación con la Aduana y las fuerzas federales de seguridad.

A lo largo de los últimos 30 días, los operativos llevados a cabo en el marco de las tareas de fiscalización de la AFIP desarticularon maniobras de evasión por más de 4710 toneladas de mercadería, equivalentes a más de 158 granos con acoplado, de los cuales la soja representó más del 65% de los granos detectados en infracción (3.179 toneladas).

Leandro Araque ratificó ante la justicia las tareas de inteligencia que realizó en el domicilio del sindicalista de la construcción en una causa por lavado. El exespía resaltó que recibía órdenes del director de contrainteligencia durante el macrismo, Diego Dalmau Pereyra.

El exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leandro Araque, reconoció este viernes ante la justicia que investigó al extitular de la Uocra La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, en una causa por lavado de activos, y resaltó que recibía órdenes del director de contrainteligencia de ese organismo, Diego Dalmau Pereyra.

“Dependíamos del entonces director de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, que es el que nos daba las órdenes a nosotros. Ahora quién le daba las ordenes a él o si eran ocurrencias suyas (la de espiar a Medina) corresponde explicarlo a él. Yo no tengo dudas de que las órdenes venían de arriba, de la cúpula“, afirmó Araque en declaraciones a la prensa tras declarar como testigo ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

“Yo no soy quién para pedir explicaciones de porqué eran las órdenes”, afirmó respecto de las ordenes que recibía pero resaltó que sí podía negarse “a cumplimentar una orden que sea manifiestamente ilegal, no me pueden mandar a robar un auto o violar un domicilio”.

Araque declaró durante mañana en la justicia federal a donde fue citado porque la semana pasada contó durante una entrevista televisada por la señal A24 que en 2017, y por orden de sus superiores, había realizado informes sobre Medina, había chequeado el domicilio del sindicalista y le había sacado fotos a la casa que habitaba.

La convocatoria se produjo en la causa en la que se investiga si exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal coordinaron acciones por fuera de la ley con exdirectores de la AFI, empresarios platenses, jueces y fiscales, para lograr el encarcelamiento del dirigente de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata.

La causa

La causa se inició luego de que la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentara ante la Justicia un video -supuestamente encontrado entre los registros digitales de ese organismo- en el que se podía ver a exfuncionarios de Vidal y directores de la AFI instruyendo a empresarios de la construcción para avanzar contra Medina.

“Creeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, se lo escuchaba decir al entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en aquella reunión que se produjo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro).

En esa mesa estaban, entre otros, el exdirector de legales de la AFI Juan Sebastián De Stéfano y el entonces jefe de Contrainteligencia del organismo, Diego Dalmau Pereyra, de quien dependía el área en la que revistaba Araque, que ahora fue citado como testigo.

Araque está procesado por supuesto espionaje ilegal en la causa en la que se investiga el accionar de los denominados Súper Mario Bross, un grupo de espías de la AFI que compartía un grupo de Whatsapp con ese nombre.

Los llamados “Súper Mario Bross” llegaron a la AFI desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era Presidente y, como ahora, la ciudad era gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.

Ese grupo de espías realizó seguimientos a políticos como el propio Rodríguez Larreta, a sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, a dirigentes sociales y hasta a periodistas, según surge del expediente que inició en la justicia federal de Lomas de Zamora pero que ahora tramita en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de citar a Araque como testigo, el juez Kreplak le pidió a su colega porteño Marcelo Martínez de Giorgi que le remita cualquier información que se certifique si en ese expediente se detectaron constancias de actividades de inteligencia tendientes a recabar información sobre la UOCRA de La Plata o sobre su secretario General, Juan Pablo Medina.

En la causa que tramita en La Plata constan al menos seis documentos fechados en mayo de 2017 -el mes anterior al de la reunión del Bapro- que Araque dijo que eran de su autoría.