El macrismo propuso declarar el transporte público como “servicio esencial” en la Ciudad de Buenos Aires
La iniciativa busca garantizar la continuidad del servicio de colectivos y subtes en conflictos laborales, pero enfrenta críticas por su impacto en el derecho a huelga.
El diputado porteño de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, presentó un proyecto de ley para declarar el transporte colectivo de pasajeros y el subterráneo como servicios públicos esenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta, que sigue a la reciente medida de fuerza sindical en reclamo de mejoras salariales, pretende asegurar la prestación mínima de estos servicios considerados fundamentales para la movilidad cotidiana de los porteños.
Sin embargo, la iniciativa ha desatado polémica, ya que declarar un servicio como “esencial” suele interpretarse como una forma de restringir el derecho a huelga y deslegitimar las protestas laborales.
Según Santoro, la medida no busca limitar el derecho a huelga, sino establecer un “equilibrio” cuando estas acciones afectan la movilidad de millones de ciudadanos. “El ejercicio de la huelga es legítimo, pero cuando impacta en otros derechos, como el de trasladarse, necesitamos balancear”, afirmó.

En esta línea, el proyecto estipula que, ante conflictos laborales, se debe garantizar un servicio mínimo para que la población no quede sin alternativas de transporte. Además, propone sanciones para quienes incumplan esta normativa.
El diputado señaló que el transporte público es un servicio clave para el funcionamiento de la ciudad y que paralizarlo impacta gravemente la vida de los ciudadanos que dependen de él para trabajar, estudiar y realizar actividades esenciales. Recordó, además, que otras jurisdicciones, como la Provincia de Córdoba, ya han implementado regulaciones similares para proteger los derechos de los ciudadanos en situaciones de conflicto.
“Buscamos asegurar que un servicio esencial como el transporte funcione sin interrupciones que perjudiquen a quienes dependen de él a diario”, explicó Santoro, aclarando que el proyecto prioriza los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de la Constitución Nacional y tratados internacionales. “La ciudadanía debe estar protegida en los conflictos; no puede ser la más perjudicada en cada medida de fuerza”, concluyó.















