El 44% de la deuda se encuentra en moneda local, mientras que el 56% está nominada en moneda extranjera, lo que expone al país a riesgos cambiarios.

En los primeros nueve meses del gobierno de Javier Milei, Argentina ha experimentado un incremento significativo en su deuda externa. Según datos de la Secretaría de Finanzas, la deuda bruta alcanzó los USD 460.068 millones a septiembre de 2024, lo que representa un aumento de USD 89.395 millones desde que Milei asumió el poder. De ese total, USD 457.587 millones están en situación de pago normal. Solo en el mes de septiembre, la deuda creció USD 1.661 millones en comparación con agosto.

El 44% de la deuda se encuentra en moneda local, mientras que el 56% está nominada en moneda extranjera, lo que expone al país a riesgos cambiarios. Según el Ministerio de Economía, gran parte del incremento se debe a las diferencias de cambio y a la indexación de la deuda en pesos ajustada por CER, que superó la tasa de devaluación del dólar (crawling peg), sumando un equivalente de USD 4.714 millones solo por este factor. La mayor parte de la deuda corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, que representan el 81% del total.

Este crecimiento alarmante no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia que se inició durante el mandato de Mauricio Macri.

Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, la deuda externa creció en USD 100.000 millones, alcanzando los USD 323.177 millones al finalizar su gobierno. Macri heredó una deuda de USD 240.665 millones y su administración la incrementó significativamente, principalmente a través de emisiones de bonos en los mercados internacionales y acuerdos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). La política de endeudamiento de Macri dejó al país en una situación crítica, marcada por la falta de acceso a financiamiento internacional en los últimos meses de su gestión y una recesión económica profunda.

La comparación entre ambos gobiernos revela un patrón de crecimiento acelerado de la deuda externa, lo que coloca al país en una situación delicada frente a sus obligaciones internacionales. Mientras el gobierno de Macri fue responsable de un incremento sustancial de la deuda, el gobierno de Milei continúa esta tendencia con un fuerte crecimiento en los primeros meses de su mandato, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad financiera de Argentina a largo plazo.

La presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía, dejó sin argumentos a Ramiro Marra al recordarle que las auditorías en las universidades públicas ya se realizan.

Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, dejó en evidencia al legislador libertario Ramiro Marra durante un debate en la señal macrista Todo Noticias. El intercambio ocurrió en el marco de una discusión sobre el desfinanciamiento de las universidades públicas, donde la joven estudiante acusó a Marra de ser cómplice en la “destrucción de la universidad pública”.

Durante el debate, Marra mostró un visible nerviosismo, mientras González Puente le respondía con firmeza y argumentos sólidos. En medio de las tensiones y chicanas, la estudiante le lanzó: “Yo no tiro tuits para ridiculizarme en redes como hacen algunos que son funcionarios del gobierno”. Luego, agregó contundentemente: “Prefiero discutir con argumentos, no gritar ‘auditorías porque sí'”.

El momento más álgido llegó cuando Marra, sin encontrar respuestas satisfactorias, bombardeaba a la estudiante con preguntas, incluso sobre el título universitario que él obtuvo en una institución privada. Sin titubear, González Puente lo fulminó: “Si supieras cómo funciona la Ley de Educación Superior, sabrías que las auditorías internas ya se realizan en las universidades públicas”.

Ante un Marra desbordado y pidiendo finalizar el cruce, la estudiante remató con una frase lapidaria: “Si quieren más auditorías, son ustedes quienes tienen que garantizarlas, son el gobierno nacional”.

La inédita toma de la Facultad de Derecho marca un hito histórico, mientras se intensifican las protestas en universidades nacionales por los recortes previstos para 2024 y 2025.

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó fuertes repercusiones en el ámbito académico. Aunque obtuvo apoyo en la Cámara de Diputados, en los claustros universitarios el rechazo ha sido rotundo. Este lunes, los cuerpos estudiantiles de las facultades de Medicina, Derecho y Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) votaron la toma de las instalaciones por tiempo indeterminado, en una medida que refleja el descontento generalizado.

El caso más significativo es el de la Facultad de Derecho, donde, por primera vez en la historia, los estudiantes decidieron tomar el edificio. Esta inédita decisión simboliza el nivel de gravedad que atribuyen al conflicto y al impacto de las medidas del Gobierno en el ámbito universitario.

El reclamo principal es la recomposición y mejora de los salarios del personal docente y no docente, afectados por la falta de financiamiento adecuado. La medida de fuerza también fue adoptada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), sumándose a las protestas que ya tienen lugar en otras facultades de la UBA.

Paro y plan de lucha a nivel nacional

En paralelo, el Frente Sindical de Universidades Nacionales ha convocado a un paro general para el jueves 17 de octubre. Este paro, que movilizará a decenas de universidades nacionales, busca visibilizar no solo el rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario, sino también la preocupación por los recortes presupuestarios previstos para 2024 y 2025. Universidades como las de La Plata, Lomas de Zamora y Quilmes ya han anunciado su adhesión al plan de lucha.

Además, la organización gremial ha llamado a una semana de lucha a partir del 21 de octubre, con actividades que incluyen clases públicas, manifestaciones y abrazos simbólicos. El objetivo es evitar que las universidades nacionales entren en una situación de emergencia presupuestaria permanente, lo que afectaría gravemente su funcionamiento.

Movilizaciones en la UBA

En la UBA, las movilizaciones ya son una constante. En la Facultad de Economía, por ejemplo, los estudiantes se manifestaron frente a la Plaza Houssay, sobre la Avenida Córdoba, y en la Facultad de Derecho, las protestas se centraron en la Avenida Figueroa Alcorta. Ambas facultades se han comprometido a participar activamente en las acciones convocadas por los gremios universitarios, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), sumando así su voz al reclamo nacional.

Con estas medidas, la comunidad universitaria busca evitar un colapso del sistema educativo público y garantizar el financiamiento necesario para su correcto funcionamiento.

“Que los afiliados al PJ determinen quién los representa”, afirmó Quintela, mientras crece la posibilidad de una interna en el partido tras la confirmación de la lista de Cristina Kirchner.

Todo indica que habrá una interna en las elecciones del Partido Justicialista (PJ), ya que no ha habido comunicación entre los candidatos, y los apoderados de Cristina Kirchner ya reservaron el nombre de su lista. Así lo revelaron fuentes cercanas al proceso, a pocos días de que venza el plazo para la presentación de candidatos.

Hoy, Cristina Fernández de Kirchner presentó los avales necesarios para postularse como candidata a la presidencia del PJ nacional. Ahora, el foco del peronismo está puesto en la Junta Electoral, que deberá determinar si efectivamente habrá interna el próximo 17 de noviembre.

Mientras tanto, sus apoderados —Anabel Fernández Sagasti, Teresa García y Gustavo Arrieta— solicitaron la reserva del nombre de la lista “Primero La Patria”, con los colores “Celeste y Blanca” y el Número 2, reafirmando la intención de la expresidenta de competir.

En paralelo, Daniel Llermanos y Jorge Yoma, representantes de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, registraron la lista “¡Federales! Un grito de corazón”, también pidiendo el Número 2 y con los colores “Rojo”, lo que obligará a la Junta Electoral a tomar una decisión.

Cristina Fernández de Kirchner cuenta con el respaldo de los PJ de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, CABA, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, San Juan y Corrientes. Por su parte, Ricardo Quintela presentó la lista “Federalismo y Justicia”, avalada por los PJ de La Rioja, Salta, San Luis y Misiones, lo que refleja una disputa federal de gran envergadura dentro del partido.

Interna en el PJ: una oportunidad para medirse con el kirchnerismo

Con el plazo para la presentación de candidatos venciendo este sábado, por ahora todo indica que habrá una interna. Pese a los inconvenientes y el gasto económico que representaría una elección dentro del partido político más grande del país, algunos dirigentes ven en esto una oportunidad de competir contra el kirchnerismo y medir fuerzas.

El silencio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha generado malestar dentro del kirchnerismo. Al respecto, el senador Oscar Parrilli manifestó: “Me hubiera gustado que apoyara, como lo han hecho muchos gobernadores y presidentes del partido, pero es una decisión de él”. Sin embargo, el sector que apoya a Quintela ve con buenos ojos esta postura.

Ricardo Quintela: “Que los afiliados al PJ determinen quién los representa”

En declaraciones recientes, el gobernador riojano destacó la importancia de que los afiliados al PJ elijan a su conducción: “Es importante que los afiliados determinen quién quiere que los represente y los conduzca. No esperábamos que Cristina Kirchner pudiera ser candidata en esta interna, ya que siempre estuvo por encima del PJ. En el partido necesitamos un espacio amplio donde podamos escucharnos entre todos”.

Quintela también subrayó la importancia de recorrer las provincias y escuchar a la dirigencia y militancia para estructurar una propuesta federal: “Nuestro objetivo es generar una propuesta desde el interior hacia el centro del país, que sea federal y que tenga protagonismo con un peronismo activo”.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad dentro del peronismo, destacando que es crucial para resistir las políticas del actual gobierno: “Tenemos que demostrar con hechos concretos para que la gente vuelva a enamorarse del peronismo”.

Por último, Quintela elogió a Axel Kicillof como una figura clave para el futuro del movimiento: “Tiene uno de los perfiles más adecuados para representarnos. Tiene proyección nacional, experiencia en la gestión de la economía del país y maneja la provincia más compleja de la Argentina. Hay que protegerlo y mantenerlo fuera de discusiones que puedan afectar su imagen o dañar su relación con el resto de los compañeros”.

Así lo reveló el último informe del CEPA, que advierte sobre la creciente precarización del trabajo y la contracción del empleo en diversos sectores de la economía.

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un panorama preocupante para el empleo registrado en Argentina desde la asunción del nuevo gobierno. Según los datos analizados por el CEPA, en julio de 2024 se perdieron 8.890 puestos de trabajo asalariado en el sector privado, lo que suma un total de 146.465 empleos menos durante los primeros ocho meses de gestión de Javier Milei.

Crisis en el empleo privado y caída económica

Esta caída de puestos de trabajo coincide con el desplome de la actividad económica, que experimentó una contracción interanual acumulada del 3,1% en julio. La Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo anticipa que en agosto la situación no mejorará, proyectándose una nueva caída del 0,1%, equivalente a 6.225 puestos.

El informe del CEPA pone el foco en los efectos de la política económica impulsada por el gobierno de Milei, que ha profundizado el abandono del sector productivo, lo que ha generado una alarma creciente en el mercado laboral.

Los sectores más afectados

La pérdida de empleo en julio afectó a 10 de los 14 sectores económicos relevados. Entre los más perjudicados se encuentran la industria (-2.855 empleos), los Servicios Comunitarios, Sociales y Personales (-1.233), y la construcción (-1.208). Este último sector ha sido el más golpeado durante los primeros ocho meses del gobierno, con una reducción total de 67.807 puestos.

Los dos sectores con mayor relevancia en términos de empleo privado, comercio (19,7%) e industria (18,7%), también sufrieron bajas significativas. En estos ocho meses, el comercio perdió 6.627 empleos, mientras que la industria registró una caída de 30.856 puestos.

Impacto territorial

En el plano provincial, Buenos Aires, CABA y Chaco fueron las más afectadas en términos absolutos en julio de 2024, con pérdidas de 5.292, 1.439 y 1.079 puestos de trabajo, respectivamente. En algunos casos, como el de Formosa, la situación es aún más crítica, habiendo perdido el 11,8% de sus empleos registrados en tan sólo ocho meses.

Precarización y retroceso en otras formas de trabajo registrado

El informe también destaca la precarización creciente del empleo, reflejada en el aumento de la cantidad de trabajadores inscriptos en el monotributo. En julio de 2024, 2.144.809 personas utilizaron el monotributo como modalidad principal de empleo, un incremento de 11.612 respecto al mes anterior.

En lo que respecta al trabajo en casas particulares, se registró una ligera recuperación de 132 puestos en julio, pero en los ocho meses de gestión de Milei, este sector perdió 8.692 empleos.

En el sector público, la situación no es mejor. En julio de 2024 se destruyeron 1.423 puestos de trabajo entre los niveles nacional y subnacional, sumando un total de 41.260 empleos públicos perdidos desde noviembre de 2023.

Salarios: Un panorama mixto

En cuanto a los salarios de los trabajadores privados registrados, en julio de 2024 el aumento del promedio salarial fue del 7,5% y el de la mediana del 6,6%, ambos por encima de la inflación del 4,0% para ese mes. Sin embargo, este incremento no es alentador en el contexto de las decisiones del gobierno de limitar las paritarias del sector privado a un aumento no mayor al 2% a partir de octubre, y la negativa a otorgar aumentos al sector público.

El informe del CEPA refleja una clara tendencia hacia la precarización del empleo y una contracción del trabajo registrado, tanto en el ámbito público como en el privado. La caída del 2,3% en el sector privado y del 1,2% en el sector público contrasta fuertemente con el discurso oficial, que insiste en la necesidad de una reforma del trabajo registrado.

Ante este escenario, resulta urgente un cambio en las políticas económicas y laborales que ponga nuevamente en el centro a los sectores productivos, para evitar una crisis de empleo aún mayor.

El mismo ministro que desreguló el país en la Alianza y Cambiemos, vuelve de la mano de Milei con un proyecto que busca borrar leyes que protegen derechos y regulan al Estado. ¿Desregulación o destrucción?

Federico Sturzenegger, ahora a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado bajo el gobierno de Javier Milei, anunció el pasado viernes que el presidente envió al Congreso la polémica “Ley Hojarasca”.

Este proyecto busca eliminar unas 70 leyes que el gobierno considera “inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades”. La propuesta, en nombre de una supuesta simplificación normativa, pone en riesgo regulaciones que han sido clave para proteger derechos y regular el funcionamiento del Estado.

Sturzenegger, el mismo ministro que formó parte de la fallida gestión económica de la Alianza y del ajuste brutal durante el gobierno de Cambiemos, vuelve a escena en un gobierno que prometió terminar con la casta. Sin embargo, el “anti Estado” Milei no ha hecho más que rodearse de los viejos nombres que ya fracasaron en el pasado, desmantelando el poco control estatal que queda. ¿El objetivo? Desarmar el Estado de Bienestar bajo la excusa de simplificación.

¿Qué leyes buscan eliminar?

En su anuncio, Sturzenegger detalló que muchas de las leyes a derogar provienen de los gobiernos de María Estela Martínez de Perón, Alejandro Agustín Lanusse y Reynaldo Bignone, pero también aparecen nombres como Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín y Arturo Frondizi, todos presidentes que fortalecieron derechos y la institucionalidad democrática. Según el ministro, estas leyes limitan la “libertad individual” y son un obstáculo para la “libre competencia”, pero detrás de estos términos se oculta la intención de desproteger a la ciudadanía y desmantelar políticas públicas.

El verdadero rostro de la ley Hojarasca

Entre las justificaciones del gobierno para avanzar con esta ley se encuentran motivos que buscan banalizar la importancia de estas regulaciones: desde eliminar “trámites inútiles” hasta “superar leyes obsoletas” debido a los avances tecnológicos. Sin embargo, detrás de estos argumentos superficiales, Milei y Sturzenegger apuntan a un desguace normativo que podría abrir la puerta a privatizaciones masivas, pérdida de derechos laborales y eliminación de controles estatales fundamentales.

El propio Sturzenegger citó al jurista norteamericano Grant Gilmore para justificar su proyecto: “En el infierno no encontrarás más que leyes”, una frase que intenta deslegitimar la regulación necesaria para proteger al pueblo y el rol del Estado en la redistribución de los recursos.

Un gobierno que solo protege a los poderosos

Mientras el gobierno de Javier Milei sigue prometiendo “libertad” y “fin de la casta”, lo que está logrando es devolverle el poder a las élites económicas que siempre se beneficiaron de la desregulación. La Ley Hojarasca, que intenta ser vendida como un avance hacia la modernización, no es más que otro paso en la destrucción del Estado Benefactor, poniendo en riesgo las conquistas sociales que costaron años de lucha.

Se trata de la firma que fue recibida con bombos y platillos por Daniel Scioli en un esfuerzo por impulsar el modelo de sociedades anónimas deportivas en el país.

El grupo inversor norteamericano 777 Partners, promovido por el Gobierno nacional como parte del proyecto para impulsar las sociedades anónimas deportivas (SAD) en Argentina, se declaró en quiebra y ha puesto todos sus activos a la venta, incluidas sus participaciones en diversos clubes de fútbol.

Según informó el portal Josimar Football, la situación económica del fondo es crítica, obligándolo a vender no solo sus participaciones en clubes, sino también activos de lujo, como un yate valuado en 2 millones de dólares y un avión privado de 20 millones de dólares. La crisis económica del grupo ha impactado de forma directa en su capacidad operativa, afectando a los clubes bajo su control.

En medio del colapso financiero, 777 Partners también fue desalojado de sus oficinas en Miami y Newport Beach debido a la falta de pago de alquileres. Además, tras la liquidación de su oficina en Londres, el grupo perdió el control sobre el equipo de baloncesto London Lions.

La quiebra forzó al grupo a cesar sus operaciones como “empresa en funcionamiento”, y sus acciones en clubes como Genoa, Red Star FC, Vasco da Gama y Sevilla FC, entre otros, fueron transferidas al grupo inversor neoyorquino A-CAP.

Clubes afectados y problemas legales

Entre los clubes más afectados se encuentra el Vasco da Gama en Brasil, donde 777 Partners tenía control del 70% de las acciones. Sin embargo, una decisión judicial reciente redujo esa participación al 30%, devolviendo la mayoría a los socios del club, debido a las deudas acumuladas y la crisis financiera que enfrenta la institución.

Además, el Standard de Lieja, club belga bajo el control del grupo, también enfrenta problemas legales. Los activos de 777 Partners en el club fueron embargados tras una denuncia presentada por su anterior propietario.

Otros clubes bajo la órbita del grupo incluyen al Genoa en Italia, el Hertha Berlín en Alemania, el Sevilla FC en España, el Red Star FC de Francia y el Melbourne Victory en Australia.

El rol del gobierno argentino y el impulso a las SAD

777 Partners fue recibido en Argentina por el entonces secretario de Deportes, Daniel Scioli, en un esfuerzo por impulsar el modelo de sociedades anónimas deportivas (SAD) en el país. Fundado en 2015 en Miami, el grupo generó expectativas dentro del ámbito deportivo, pero su gestión se ha visto empañada por problemas financieros y demandas por fraude.

Recientemente, la Sala 4° Empresarial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro le quitó al grupo el control mayoritario del Vasco da Gama, reduciendo su participación al 30%. La medida fue tomada por la acumulación de deudas y problemas financieros del club bajo el mando de 777 Partners, lo que llevó a que el equipo volviera a manos de sus socios.

Otros equipos y activos en venta

El grupo también encabezaba la totalidad del Genoa en Italia, y mantenía participaciones en el Hertha Berlín de Alemania, el Sevilla FC de España y el Red Star FC de Francia, equipo que compite en la tercera división. En Australia, 777 Partners poseía parte del Melbourne Victory, mientras que en Inglaterra tenía una participación en el Everton FC, que recientemente fue sancionado por incumplir el fair play financiero, resultando en la deducción de puntos en la Premier League esta temporada.

El dirigente social Juan Grabois denunció a través de sus redes sociales que Fernanda Miño fue víctima de un “allanamiento ilegal”.  

El dirigente social Juan Grabois denunció a través de sus redes sociales que Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Sociourbana y presidenta del Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), fue víctima de un allanamiento ilegal por parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El hecho habría ocurrido en la vivienda de Miño, ubicada en el barrio Villa La Cava, San Isidro, en medio de una operación que Grabois calificó como un “accionar propio de la dictadura”.

Según el líder del Frente Patria Grande, “policías encapuchados y armados con largas” irrumpieron violentamente en la casa de Miño la noche del allanamiento. “Gravísimo. Fernanda Miño llegó a su casa en Villa La Cava, tras participar en la presentación del documental de Ofelia Fernández, y fue sorprendida por un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos. Se metieron violentamente por detrás. No la dejaron comunicarse con su abogado y no indicaron ninguna causa”, expresó Grabois en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Violencia policial y acusaciones infundadas

Más tarde, Grabois amplió la denuncia, detallando el nivel de violencia ejercido contra Miño y su familia. “Llegamos al lugar y los policías se fueron a los cinco minutos. Durante dos horas revolvieron la casa, golpearon a Fernanda y la tiraron al piso, también golpearon a sus hijas. Las niñas están completamente aterrorizadas”, relató. Miño, madre de cuatro niñas, quedó visiblemente afectada tras el operativo.

El dirigente también criticó la justificación oficial para el allanamiento, que según él, fue por el robo de una moto. “¿Por el robo de una moto? ¿Se piensan que vamos a creer que por algo así hacen un allanamiento a las 10:30 de la noche, cuando Fernanda regresaba de una actividad política? Esto es una clara persecución. Son nuestros enemigos, cobardes con los de arriba y fuertes con los de abajo”, enfatizó el exprecandidato presidencial.

Grabois fue contundente: “No vamos a dejar pasar esto”, y anunció que el equipo de abogados de Patria Grande tomaría acciones legales. Además, advirtió sobre la complicidad de las fuerzas de seguridad con grupos narcos en la zona. “Mientras a Fernanda la allanan por una moto, en este barrio los narcotraficantes siguen envenenando a los pibes todos los días y nadie hace nada”, agregó con indignación.

El rol de Fernanda Miño en la Secretaría de Integración Sociourbana

Fernanda Miño, una reconocida militante social y profesora de catequesis villera, desempeñó un rol clave en la Secretaría de Integración Sociourbana durante la gestión de Alberto Fernández. Fue presidenta del Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), un organismo creado por ley para financiar proyectos en barrios populares a través de fondos del impuesto PAIS y otros aportes extraordinarios, como el implementado durante la pandemia. Además, fue concejal en San Isidro y candidata a intendenta por el Frente de Todos.

En febrero de este año, tanto Miño como Grabois fueron denunciados por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos del FISU, lo que los colocó en el centro de la opinión pública. Sin embargo, para Grabois, este allanamiento no es más que un nuevo intento de persecución política y social contra quienes defienden los derechos de los sectores más vulnerables.

La medida de fuerza estaba prevista para el día 17, pero fue postergada debido a las negociaciones salariales de la Unión Tranviarios Automotor.

Los sindicatos agrupados en la Mesa Nacional del Transporte anunciaron un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles 30 de octubre, que afectará los servicios de trenes, aviones y barcos. Originalmente, la medida de fuerza estaba prevista para el día 17, pero fue postergada debido a las negociaciones salariales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Entre los gremios que impulsan la huelga se encuentran los Camioneros, pilotos, aeronavegantes, La Fraternidad, Dragado y Balizamiento, SOMU, la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) de Córdoba y el Sindicato de Apuntadores Marítimos (SEAMARA). Estos sindicatos se reunieron en un plenario este martes y decidieron realizar el paro nacional a fin de mes, en desacuerdo con la postura más conciliadora que mantiene la CGT.

El conflicto con la UTA y la postergación del paro

Uno de los motivos centrales para postergar la medida fue que la UTA se encuentra en plena negociación salarial y bajo conciliación obligatoria con la Secretaría de Trabajo. Debido a esto, el sindicato no tiene la facultad de declarar una huelga antes del 28 de octubre. La Mesa Nacional del Transporte decidió entonces mover la fecha del paro para el 30 de octubre, asegurando la participación de los choferes de colectivos agrupados en la UTA.

Sin embargo, a pesar de la nueva fecha, los dirigentes de la UTA, encabezados por Roberto Fernández, no participaron en la reunión clave que tuvo lugar este martes en el Complejo Deportivo de la Federación de Peones de Taxis. Según fuentes cercanas, la UTA sigue adoptando una postura más dialoguista con el Gobierno en busca de un acuerdo salarial.

El temor por la desregulación del transporte

Desde la UTA han advertido que “los empresarios están preocupados por la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia”, anunciada por el Gobierno el pasado domingo. Sin embargo, el sindicato está intentando no poner en riesgo la posibilidad de conseguir el aumento salarial que está reclamando ante la Secretaría de Transporte, lo que genera dudas sobre su adhesión final al paro.

La ex presidenta publicó una larga carta donde destroza al modelo de ajuste del presidente Javier Milei y se postula para conducir al Partido Justicialista.

En una extensa carta publicada en redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su disposición para asumir la presidencia del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional. En el mensaje, no solo lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei, sino que también realizó un profundo análisis sobre el estado actual del peronismo.

“Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad, porque si algo tengo claro es que acá no sobra nadie. Sin embargo, la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible”, afirmó Cristina, reafirmando su compromiso con el movimiento.

En la misma línea, agradeció las muestras de apoyo recibidas: “Nunca he ocupado un lugar sin la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada, sin miedo ni presiones”. De esta forma, dejó en claro que está lista para liderar al peronismo en un contexto de incertidumbre política y económica.

La exmandataria también apuntó directamente contra el actual presidente, Javier Milei, al que calificó de “showman economista en la Rosada”. Criticó las políticas de ajuste perpetuo y la intención de dolarizar la economía, señalando los devastadores efectos de estas medidas en sectores vulnerables como los jubilados, las universidades y los hospitales de salud mental.

Además, Fernández de Kirchner cuestionó el estilo de liderazgo de Milei, acusándolo de fomentar la violencia y la polarización en el país. “Su comportamiento genera un clima de odio que está envenenando a la sociedad”, sentenció, al tiempo que denunció el deterioro económico que atraviesa la Argentina, con tarifas impagables y salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

La ex presidenta también hizo un repaso de los últimos 40 años de democracia, poniendo el foco en el endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri y en las políticas de ajuste actuales, que—según ella—han profundizado la crisis. En este sentido, aseguró que Milei vive “en un mundo paralelo” al afirmar que salarios y jubilaciones están superando la inflación, algo que consideró alejado de la realidad.

Cristina cerró su carta reafirmando su compromiso con el peronismo y su disposición a conducir el PJ, con el objetivo de reagrupar fuerzas políticas y sociales detrás de un proyecto que “devuelva a los argentinos la esperanza y el orgullo”. En su análisis, describió el contexto actual como uno de “crueldad y odio” generado por las políticas libertarias y llamó a la unidad para enfrentar estos desafíos.