Con una de sus letras, la expresidenta utilizó sus redes sociales para despedir al músico e ídolo popular.
La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se sumó a las profundas muestras de dolor por el fallecimiento de Indio Solari con un emotivo y simbólico mensaje en sus redes sociales. La exmandataria y el artista popular, junto a su familia, mantenían un estrecho vínculo.
Para despedir al emblemático fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la exmandataria publicó una fotografía del músico acompañada por una de las frases más icónicas de la discografía ricotera, extraída de la canción “Ropa sucia”.
El músico de 77 años murió este viernes en su casa de Parque Leloir.
“Vivir solo cuesta vida”, escribió Cristina Kirchner, junto a una imagen del cantante en pleno show.
El breve pero potente posteo sintetizó el sentimiento de pérdida de un artista que marcó a fuego la cultura popular argentina y que siempre mantuvo una relación de profundo respeto mutuo con la dirigencia del kirchnerismo.
En pocos minutos, la publicación se llenó de interacciones por parte de miles de militantes y fanáticos que utilizaron la misma frase como un mantra para despedir al “míster”.
En una jugada que despierta fuertes recelos en la City, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES disparó su tenencia de acciones en Bolsas y Mercados Argentinos, la entidad que timonea el propio Adelmo Gabbi.
La investigación económica sobre el destino de los fondos previsionales sumó un capítulo escandaloso. Un informe detallado sobre la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses reveló que el organismo, bajo la órbita directa del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, ejecutó una compra masiva y desproporcionada de acciones en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). La tenencia estatal en la firma privada pasó de 25.463.380 acciones en 2023 a la descomunal cifra de 516.502.941 acciones al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 1.928,4%.
El salto —de casi veinte veces— expone una flagrante contradicción doctrinaria en un gobierno que se autopromueve como enemigo jurado de la intervención estatal, pero que terminó ingresando con fuerza en el corazón del mercado de capitales privado. La desmesura de la apuesta por BYMA queda en evidencia al compararla con el resto de las inversiones del FGS en empresas líderes: en el Banco Galicia la suba de tenencias fue de apenas el 30,3%, en el Banco Macro del 3,4% y en Pampa Energía del 1,3%. En contraste, la otra firma donde el FGS curiosamente disparó su participación (un 155,6%) fue Central Puerto, controlada por Nicolás “Nicky” Caputo, primo del ministro de Economía y actor fundamental en la fundación de BYMA durante el apogeo del macrismo.
Causa penal por “Inside Information” y reparto de dividendos
La sospecha en la City no surge en el vacío. La Justicia ya tiene la mira puesta sobre esta estructura a raíz de una presunta maniobra financiera con información privilegiada (inside information). Se investiga un inusual y violento interés comprador de acciones de BYMA —que hizo disparar su cotización un 50% en un mes y medio— justo antes de que el Gobierno liberara el reparto de 120.000 millones de pesos en dividendos acumulados de la Caja de Valores.
La causa penal tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo, quien ya solicitó expedientes e informes clave a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el expediente penal figuran como principales apuntados Luis Caputo, Nicky Caputo, el titular de BYMA Ernesto Allaria, y diversos funcionarios de la Anses y el FGS por haber utilizado presuntamente los recursos de la seguridad social en beneficio de la timba financiera de un grupo selecto de empresarios.
El Banco Central “paralelo” y la licuación de los jubilados
Más allá de las acciones, la nota expone que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ha montado un engranaje técnico para renovar la deuda pública utilizando a BYMA como una especie de Banco Central paralelo. A través de instrumentos garantizados, Economía logra absorber pesos del mercado por “otra ventanilla”, permitiéndole al BCRA bajar de forma artificial la tasa de pases (del 45% al 35% anual) para forzar la baja de la curva de pesos sin quedar expuesto en primer plano.
Mientras tanto, los números globales del FGS demuestran que el fondo de los jubilados está perdiendo la carrera contra la inflación real: el patrimonio total pasó de $106,1 billones en diciembre de 2025 a $112,6 billones en marzo de 2026, lo que implica un crecimiento de apenas el 6,1% trimestral, frente a una inflación acumulada del 9,4% en el mismo período. Con el 75,6% de sus activos atrapados en títulos públicos del Tesoro y el resto direccionado a “darle liquidez” a las acciones de las empresas amigas, el dinero de la seguridad social quedó rehén de los dos mostradores de un mismo y peligroso experimento financiero.
Al cumplirse 11 años de la primera movilización histórica, el colectivo feminista vuelve a ganar las calles este miércoles 3 de junio. El reclamo nacional está profundamente atravesado por el reciente femicidio de la adolescente Agostina Vega.
Este miércoles 3 de junio se conmemora el 11° aniversario de la primera e histórica marcha de Ni Una Menos. En esta oportunidad, las movilizaciones en todo el país se realizan bajo un clima de profunda conmoción social tras el reciente femicidio de la adolescente de 14 años, Agostina Vega, ocurrido en Córdoba tras permanecer desaparecida, además de los crímenes de Dulce Candia en Misiones y Noelia Romero en Temperley.
En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la jornada nacional de protesta es la Plaza del Congreso, donde el reclamo colectivo excede la furia por los crímenes y apunta directamente contra el brutal desmantelamiento de las políticas públicas de prevención y asistencia ejecutado por el gobierno de Javier Milei.
El vaciamiento estatal no es una percepción de las organizaciones, sino una realidad avalada por las cifras oficiales de ejecución presupuestaria. Tras la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la administración libertaria aplicó un apagón financiero sin precedentes: la inversión real en los principales programas destinados a combatir la violencia de género sufrió una caída del 94,8% entre 2023 y 2025. Seis de los ocho programas clave del área fueron directamente borrados del mapa o licuados dentro de estructuras con objetivos difusos en los ministerios de Capital Humano y Justicia.
Este abandono sistemático golpeó duramente a las herramientas de emergencia de las que dependen miles de potenciales víctimas. El programa Acompañar, que otorgaba una asistencia económica y acompañamiento integral a mujeres en riesgo de vida, sufrió un recorte de más del 90% en términos reales. Paralelamente, la Línea 144, el canal federal fundamental para contener, asesora y brindar contención ante situaciones de violencia machista, opera de manera crítica tras padecer una poda presupuestaria del 97 %. A esto se le suma la eliminación total de los dispositivos territoriales de protección y los refugios para contextos de violencia extrema.
Mientras el Ejecutivo desfinancia las redes de contención y convalida discursos de odio que relativizan la violencia de género, la realidad en los barrios sigue siendo dramática. Las estadísticas históricas de organizaciones como La Casa del Encuentro registran un acumulado atroz de 3.424 víctimas fatales por violencia machista desde el primer grito de Ni Una Menos en 2015 hasta la actualidad. Con un Estado ausente que se retira de sus obligaciones más básicas, el movimiento feminista vuelve a ganar las calles bajo la premisa de que el ajuste fiscal, en estas condiciones, se traduce directamente en vidas perdidas.
Cronograma de la convocatoria:
A partir de las 14:00: Comienzan a llegar las primeras columnas de activistas, sindicatos y organizaciones sociales a las inmediaciones del palacio legislativo (una vez finalizada la tradicional marcha de los jubilados).
A las 17:00: Se dará inicio al acto central frente al Congreso de la Nación, donde se leerá el documento consensuado por el colectivo.
Mapa de cortes y calles afectadas:
Debido a la magnitud de la movilización, el tránsito en el centro porteño se verá fuertemente restringido desde las primeras horas de la tarde. Los cortes totales y desvíos se concentrarán principalmente en el perímetro delimitado por las siguientes avenidas:
Avenida Callao / Avenida Entre Ríos
Avenida Rivadavia
Avenida de Mayo / Avenida Belgrano
Avenida Corrientes
Cruces temporales sobre la Avenida 9 de Julio (a la altura de Av. de Mayo y Av. Belgrano).
Funcionamiento de los Subtes:
La empresa de transporte informó que las estaciones Congreso (Línea A) y Callao (Línea B) operarán con cierres temporales e intermitencias preventivas a lo largo de la tarde. Estas medidas se irán aplicando de manera directa según la concentración de manifestantes en la superficie, por lo que se recomienda utilizar estaciones alternativas de ser posible.
Bajo la consigna “Ayunar para despertar las conciencias”, el Premio Nobel de la Paz y las centrales obreras montarán una protesta ecuménica contra el ajuste de Milei que se replicará en las plazas de todo el país.
En una medida de protesta inédita de fuerte contenido místico y político, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, convocaron a un ayuno nacional de ocho días en la Plaza de Mayo. La drástica iniciativa comenzará este martes 2 de junio y se extenderá hasta el 9 de junio, contando con el respaldo orgánico de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, lideradas por Hugo Yasky y Hugo Godoy.
Los organizadores detallaron que la campaña, bautizada como “Jornada de ayuno y oración para despertar las conciencias”, tiene como objetivo central visibilizar el brutal crecimiento del hambre, la exclusión social y el deterioro de las condiciones de vida bajo el modelo económico de la administración libertaria. El método de protesta pacífica no se limitará a la Capital Federal, sino que tendrá réplicas con espacios de oración en las plazas principales del interior del país.
La fisonomía de la Plaza de Mayo cambiará durante la semana, ya que las ocho jornadas de ayuno estarán acompañadas por encuentros con distintos sectores sociales, debates abiertos sobre justicia social y ambiental, actividades culturales y el cierre diario con cantos y reflexiones a cargo de diversos artistas populares. Desde la organización sintetizaron el reclamo con un duro documento fundacional: “Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza”.
La convocatoria profundiza la durísima postura que Pérez Esquivel mantiene contra la gestión de la Casa Rosada. En las vísperas del lanzamiento, el referente de los derechos humanos cargó fuertemente contra el alineamiento internacional del oficialismo, acusando al presidente Javier Milei de ser “un sirviente del imperio norteamericano” y afirmando taxativamente que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.
La tregua inflacionaria del Gobierno se desvanece con la llegada del nuevo mes: prepagas, alquileres, colegios privados y tarifas de servicios públicos encabezan una ola de subas que asfixia a la clase media y trabajadora.
El mes de junio arranca con una fuerte presión sobre la economía familiar. A pesar del discurso oficial sobre la desaceleración de los precios, una densa batería de incrementos regulados y contratos indexados entra en vigencia de forma simultánea, configurando un escenario de asfixia económica que golpeará de lleno el consumo de los hogares.
La guía de los aumentos confirmados para este mes:
Alquileres por las nubes: Los inquilinos que aún se rigen por la antigua Ley de Alquileres (con contratos anuales) y deban afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL) sufrirán un aumento que rondará el 230%. En paralelo, los nuevos contratos desregulados bajo el DNU registran subas trimestrales o cuatrimestrales atadas a la inflación acumulada.
Prepagas sin freno: Tras el vencimiento de la medida cautelar que las obligaba a devolver saldos y congelar cuotas, las empresas de medicina privada vuelven a aplicar aumentos libres de entre el 11% y el 18%, sumando un nuevo piso de gastos fijos inalcanzables para los sectores de ingresos medios.
Colegios privados con suba autorizada: Las instituciones educativas de gestión privada con subsidio estatal (tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires) implementarán un incremento promedio del 9% en sus aranceles, autorizado por los ministerios de educación locales para absorber los costos de las últimas paritarias docentes.
Tarifas de luz y gas: El Ministerio de Economía avanza con la quita de subsidios para los sectores de ingresos medios y bajos, a lo que se suma la actualización de los componentes de transporte y distribución. El impacto en las facturas hogareñas promedia el 20% de aumento, con picos superiores según la categoría de consumo.
Combustibles más caros: El Gobierno postergó parcialmente el impuesto a los combustibles líquidos para evitar un fogonazo inflacionario mayor, pero las petroleras aplicarán de todos modos un ajuste de entre el 2% y el 4% en los surtidores de nafta y gasoil para compensar la devaluación mensual del peso.
La acumulación de estas subas en la primera mitad del año consolida una pérdida histórica del poder adquisitivo, obligando a miles de familias a recortar consumos básicos o endeudarse para cubrir el costo de vida elemental en un invierno que arranca con las cuentas en rojo.
En un acto de crueldad sin precedentes, el Gobierno reglamentó el Fondo de Cese Laboral autorizando el uso de las cajas de la seguridad social para financiar despidos masivos, beneficiando a las corporaciones con el dinero de nuestros abuelos.
En un fuerte giro que desató alarmas en los sectores previsionales y sindicales, el presidente Javier Milei reglamentó el funcionamiento del Fondo de Cese Laboral (FAL), el nuevo mecanismo introducido por la reforma laboral para sustituir el sistema tradicional de indemnizaciones. La mayor polémica del decreto radica en que el Estado autorizó la utilización de los fondos de la seguridad social y del sistema de jubilaciones para financiar la reestructuración de personal y los despidos en el sector privado.
La normativa establece que los aportes acumulados en estas cuentas —que originalmente debían resguardar el futuro de los trabajadores y sostener las cajas jubilatorias— podrán ser colocados en instrumentos financieros destinados a costear las desvinculaciones laborales. Desde la oposición y los equipos técnicos de los gremios denunciaron que esta medida representa un “vaciamiento encubierto” del sistema previsional, utilizando el dinero de los pasivos y activos para aliviar la carga económica de las corporaciones a la hora de recortar sus planteles.
El mecanismo del FAL busca generalizar el modelo que históricamente utilizó la UOCRA, pero con una vuelta de tuerca financiera que expone los recursos públicos a los vaivenes del mercado. Mientras el poder adquisitivo de los jubilados sigue perdiendo terreno frente a la inflación, la firma de este decreto desvía recursos estratégicos hacia el financiamiento del desempleo, consolidando un esquema donde el costo de la flexibilidad laboral termina siendo subsidiado, indirectamente, por las cajas del propio Estado.
La Federación Aceitera y el SOEA lanzaron un paro nacional tras el fracaso paritario, acusando a las patronales de intentar congelar los sueldos en base a un índice del INDEC “tramposo” que no cubre la realidad de las familias.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo iniciaron una medida de fuerza conjunta de alcance nacional. El sindicato justificó la contundencia de la huelga exponiendo con dureza una serie de datos económicos que fundamentan el reclamo y que exponen la “mala fe” con la que viene negociando el sector agroexportador.
Los datos clave expuestos por el gremio:
Propuesta de aumento del 0%: Los sindicatos denunciaron que, en la revisión de la paritaria —pactada originalmente para analizar el impacto económico entre el 27 de abril y el 2 de mayo—, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y las patronales del biodiésel se plantaron en ofrecer cero pesos de recomposición salarial para el mes de mayo.
Ganancias extraordinarias de las patronales: El gremio reveló que el complejo agroexportador obtuvo una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares gracias a la enorme reducción de los derechos de exportación (retenciones) otorgada por el Gobierno. “No ofrecen ni un peso para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan”, dispararon en un duro comunicado.
Aumento de la productividad obrera: La conducción sindical detalló que durante 2025 se batieron récords de procesamiento de soja y girasol a costa del esfuerzo de los trabajadores. Según sus registros, la productividad por operario pasó de 183 toneladas mensuales a 191 toneladas por mes, logrando ese rendimiento “sin que las patronales aumentaran la cantidad de trabajadoras y trabajadores”.
El reclamo de un salario básico de $2,8 millones: El sector fundamentó que, siguiendo las propias estadísticas del INDEC sobre las 9 necesidades básicas que establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo (alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, esparcimiento, etc.), el Salario Mínimo, Vital y Móvil del sector debe fijarse actualmente en $2.802.754 (frente a los $2.344.000 actuales).
Rechazo a la “trampa” del índice de inflación: Los gremios repudiaron la intención empresaria de querer atar los aumentos únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, advirtiendo que ese indicador ya no representa los gastos reales de una familia trabajadora. Afirmaron que aceptar esa lógica implica caer en una “trampa” que desconoce una tradición de paritarias de más de 20 años.
Para la conducción sindical, la postura de las empresas no es más que un intento de imponer un congelamiento y una rebaja salarial encubierta, motivo por el cual ratificaron que no están dispuestos a “atar la vida de sus familias a la conveniencia de las patronales”.
En una decisión de alto impacto político, un fallo judicial ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. La CGT y las CTA convocaron a una marcha masiva en repudio a lo que consideran un ataque directo a la autonomía sindical.
El universo sindical argentino se encuentra en estado de conmoción absoluta tras conocerse un polémico fallo judicial que ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dispuso el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán. La medida, que toca a uno de los gremios industriales más potentes e históricos del país, provocó una reacción inmediata y en cadena de todo el arco gremial, que denunció una “persecución judicial y política”.
Furlán, quien además de liderar a los metalúrgicos es una de las voces más críticas del modelo económico oficialista dentro de la CGT, fue apartado de su cargo a raíz de una vieja causa judicial que impugnaba el proceso electoral interno del gremio. Sin embargo, para la conducción de la central obrera y las dos vertientes de la CTA, el timing y la dureza del fallo no son casuales: consideran que la intervención busca disciplinar a los sindicatos combativos y quebrar la resistencia contra las reformas laborales que intenta consolidar el Ejecutivo.
Frente a este escenario, las principales centrales sindicales del país declararon el estado de alerta y movilización permanente. Para las próximas horas se espera una marcha masiva hacia la sede central de la UOM y los tribunales, bajo la consigna de defender la autonomía de las organizaciones de los trabajadores. Los dirigentes advierten que si el Gobierno avala o ejecuta de forma efectiva esta intervención a través del Ministerio de Trabajo, la respuesta será un esquema de paros y un plan de lucha nacional de alcance impredecible.
A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte barrió con las compensaciones económicas a los micros de larga distancia, trasladando el costo de los boletos gratuitos al sector privado y poniendo en alerta a miles de pacientes.
El plan de ajuste fiscal sumó una de sus medidas más polémicas. El Gobierno nacional oficializó la eliminación total del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico.
La medida quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deroga el esquema de subsidios vigente desde 2018 que cubría parcialmente el costo de los pasajes que las empresas están obligadas a entregar por las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados y en lista de espera) y 27.674 (oncopediatría). El argumento oficial señala que, bajo el nuevo marco de desregulación y plena libertad tarifaria, las compañías privadas deben absorber el 100% del costo dentro de su estructura financiera.
Aunque el texto oficial se esfuerza por aclarar que la obligación de otorgar los pasajes gratuitos permanece plenamente vigente y es exigible ante las empresas, diversos sectores sociales y de salud encendieron las alarmas. La quita del respaldo estatal promete desatar un fuerte conflicto en las terminales de ómnibus, donde las transportistas —asfixiantes por los costos operativos— ya venían retaceando los cupos. Mientras la CNRT promete fiscalizar y aplicar sanciones, la realidad cotidiana golpea una vez más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ahora enfrentan la incertidumbre de si podrán viajar para continuar con sus tratamientos médicos.
En pleno desfinanciamiento militar, la Dirección de Remonta y Veterinaria lanzó una insólita licitación privada donde el Estado no pagará con pesos, sino con fruta fresca cosechada en Mendoza.
En un hecho inédito que expone con crudeza la falta de presupuesto y liquidez, el Ejército Argentino oficializó un mecanismo de contratación digno de la era del trueque: ofrece pagar con toneladas de membrillo fresco la compra de repuestos para una camioneta. La ingeniería administrativa fue impulsada por la Dirección de Remonta y Veterinaria a través de la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26, con el fin de reparar una Chevrolet S10 modelo 2010 perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza.
La particularidad de la convocatoria es que el contrato se adjudicará al proveedor que “ofrezca recibir la menor cantidad de membrillos” a cambio del listado de 31 autopartes solicitadas, que incluyen desde kits de embrague hasta pastillas de freno. Al tratarse de una permuta directa de bienes perecederos que la fuerza no pudo colocar en el mercado, el sistema informático de compras del Estado (COMPR.AR) se vio colapsado técnicamente, obligando a los oferentes a fijar un precio artificial de $0,000001 para poder cargar sus propuestas en una plataforma que no está diseñada para el comercio en especies.
Desde el Ejército salieron a justificar la operación asegurando que el mecanismo es “jurídicamente válido, transparente y económicamente razonable”. Sin embargo, en los pasillos de las Fuerzas Armadas la medida causó un fuerte malestar y se leyó como una muestra del ahogo presupuestario extremo que sufren las delegaciones del interior, justo en una semana donde la cúpula militar viene reclamando de forma abierta inversiones en tecnología ante el ministro de Defensa. La insólita licitación cierra el próximo 27 de mayo, día en que se sabrá cuántos kilos de fruta vale el tren delantero de una 4×4 oficial.
