El dirigente liberal, que supo ser un aliado clave en el armado de Javier Milei, vivió un tenso momento en un supermercado cuando un ciudadano lo confrontó utilizando su propia y polémica consigna de campaña.

Lo que parecía una tarde de compras habitual para José Luis Espert terminó convirtiéndose en un fenómeno viral tras ser interceptado por un joven en un supermcado. El ex candidato, que acompañó activamente el ascenso de las ideas libertarias junto a Javier Milei, se vio sorprendido por un cuestionamiento que utilizó su propio vocabulario combativo para ponerlo en una situación sumamente incómoda frente a los presentes.

El episodio, registrado íntegramente de forma digital, muestra cómo un joven se le acerca con una pregunta directa y cargada de ironía: “¿Qué te toca a vos, cárcel o bala?”. La frase, que Espert popularizó durante años para referirse a la delincuencia y los cortes de calle, fue utilizada en esta ocasión para señalar las recientes polémicas y complicaciones judiciales que rodean al dirigente político en los últimos meses.

La reacción de Espert fue lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Visiblemente descolocado y sin el despliegue dialéctico que suele mostrar en los estudios de televisión, el economista apenas pudo balbucear unas palabras confusas. “Delincuente, siempre”, llegó a decir mientras intentaba alejarse del teléfono que lo grababa, mostrando un semblante que muchos calificaron como errático.

Este “escrache” digital ocurre en un momento de particular vulnerabilidad para el ex aliado de Milei, quien ha visto cómo su imagen pública se deteriora tras el alejamiento de los primeros planos del gobierno actual. La confrontación en el supermercado no solo refleja el malestar de un sector de la sociedad, sino también cómo las retóricas más duras de la política pueden volverse contra sus propios creadores en el ámbito privado.

Pablo Quirno aseguró que el país “no va a ser neutral”, en una definición que marca un giro en la política exterior argentina.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dejó una definición contundente sobre el posicionamiento internacional del gobierno de Javier Milei: “Argentina no va a ser neutral y apoya lo que hacen Estados Unidos e Israel con Irán”. La frase marca un cambio explícito en la histórica postura de equilibrio diplomático del país frente a conflictos internacionales.

Más adelante, el funcionario reafirmó el alineamiento del gobierno con las potencias occidentales, en línea con la política exterior impulsada por Milei desde su asunción. En ese marco, la Argentina abandona la tradicional búsqueda de neutralidad para asumir un posicionamiento activo en un escenario geopolítico cada vez más tenso.

En el mismo tono, la definición de Quirno se suma a otros gestos del oficialismo en favor de Estados Unidos e Israel, consolidando un giro que ya había comenzado a evidenciarse en distintas decisiones diplomáticas y discursos del presidente. Este alineamiento genera debate en torno al impacto que puede tener en las relaciones internacionales del país.

Finalmente, la postura oficial vuelve a abrir interrogantes sobre los riesgos de involucrarse en conflictos globales y las consecuencias que podría tener para la política exterior argentina. Mientras el gobierno apuesta a una estrategia de alineamiento, crecen las críticas por el abandono de una tradición diplomática basada en la prudencia y la no intervención.

En un documento conjunto, organismos de Derechos Humanos reclamaron memoria, verdad y justicia, y denunciaron retrocesos en las políticas de derechos humanos.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, los organismos de derechos humanos difundieron un documento conjunto en el que renovaron el reclamo histórico por los detenidos desaparecidos y exigieron: “Que digan dónde están”. En el texto, remarcaron la vigencia de la lucha por memoria, verdad y justicia, en un contexto que describieron como preocupante.

Más adelante, señalaron que el aniversario no solo convoca a recordar el horror de la dictadura, sino también a reafirmar los consensos democráticos construidos en estas décadas. “La impunidad no puede volver a instalarse en la Argentina”, advirtieron, al tiempo que alertaron sobre discursos negacionistas que buscan relativizar los crímenes del terrorismo de Estado.

En el mismo tono, los organismos cuestionaron decisiones del actual gobierno que, según denunciaron, implican un retroceso en materia de derechos humanos. Entre otros puntos, señalaron el vaciamiento de políticas públicas, el desfinanciamiento de espacios de memoria y la reivindicación de figuras vinculadas al terrorismo de Estado.

Finalmente, el documento cerró con una convocatoria a sostener la memoria activa y la movilización popular. “Son 30.000. Fue genocidio”, reafirmaron, insistiendo en la necesidad de mantener viva la lucha de las Madres y de todos los organismos que, durante décadas, enfrentaron el silencio y la impunidad para construir verdad y justicia.

El documento completo:

A 50 años del golpe genocida, estamos juntos nuevamente en esta histórica Plaza, y en todas las plazas del país, con profunda convicción, para reafirmar que la memoria se defiende luchando y porque sabemos que es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles.

¡Son 30.000! Fue y es genocidio. ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!

Hoy están presentes en esta plaza y queremos que las nuevas generaciones y toda la sociedad conozcan quiénes eran, cómo pensaban, cómo vivían, qué sueños tenían y por qué luchaban las y los 30.000. Por eso hoy estamos marchando con sus fotos. Porque estamos aquí para recordar a esas generaciones que a mediados del siglo pasado comenzaron a organizarse, para luchar contra quienes, como hoy, querían convertir la Argentina en colonia del imperialismo yanki y europeo.

En un país con un fuerte desarrollo industrial, las y los obreros, junto con las y los trabajadores del campo, luchaban por condiciones de trabajo justas, salarios dignos y acceso a la tierra. Al mismo tiempo, amplios sectores del movimiento obrero retomaban las tradiciones históricas de lucha y avanzaban en su conciencia de clase, elaboraban programas políticos y de gobierno, que iban más allá de las demandas meramente reivindicativas. Son ejemplo de ello el sindicalismo por la liberación nacional impulsado por la CGT de los Argentinos, así como las experiencias clasistas de los sindicatos y las coordinadoras en los cordones industriales de las grandes ciudades. El movimiento estudiantil impulsaba la unidad con la clase trabajadora, una universidad al servicio del pueblo. Defendía el legado de la Reforma Universitaria y no sólo su autonomía y su lugar en el cogobierno, sino también la gratuidad de la educación superior, lo que permitió que los hijos e hijas de obreros y campesinos llenaran las casas de estudios.

La unidad obrero estudiantil junto a las Ligas Agrarias, los sacerdotes para el Tercer Mundo, el movimiento villero, se unieron en las heroicas jornadas del Cordobazo, Mendozazo, Tucumanazo y tantos otros levantamientos populares que desafiaron a las dictaduras de turno.

En ese clima de movilización se inscribe la histórica huelga de los obreros de Villa Constitución en 1975, una lucha emblemática que puso en jaque a una dirigencia empresarial y política que se aferraba a la defensa de sus privilegios.

Las y los 30 mil detenidos-desaparecidos, los más de 10.000 presos políticos y miles de exiliados son parte de ese movimiento popular que se organizaba y luchaba a pesar de las persecuciones, proscripciones y los sucesivos golpes de Estado. Reivindicamos todas sus luchas que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT-ERP; la trotskista como la del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) o las tradiciones anarquistas, socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolucionario, por nombrar sólo a algunas de las más de cientos de organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por una sociedad sin opresión ni explotación. Venimos de esas tradiciones y nos sirven como experiencias para fortalecer y recrear la lucha popular contra el gobierno fascista de Milei y Villarruel.

Aquellos a los que les arrebataron la vida eran hijos e hijas de este pueblo como lo son ustedes, llenos de alegría, sueños y esperanzas, que se impusieron la tarea de cambiar el mundo y el país. Esa tarea está inconclusa y es nuestra responsabilidad tomar sus banderas en estos momentos donde gobiernos de ultraderecha integrados por sectores fascistas junto al imperialismo han vuelto a atacar a los pueblos de nuestro continente y del mundo.

La dictadura genocida tuvo como antesala el gobierno de Isabel Perón, con López Rega y la Triple A, la CNU y demás bandas fascistas; el ensayo de genocidio del Operativo Independencia, mientras avanzaba el Plan Cóndor en los países de la región.

El golpe de Estado de 1976 instauró en la Argentina un nuevo modelo económico basado en la valorización financiera del capital, la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado por una apertura indiscriminada de las importaciones. La dictadura desató un genocidio recurriendo al terrorismo de Estado, cuyo objetivo fue desarticular el alto nivel de organización, participación política y conciencia social que amplios sectores del pueblo argentino habían alcanzado en las décadas previas.

El 24 de marzo de 1976 se nacionalizó el plan sistemático para desaparecer y asesinar a miles de militantes y luchadores. Se pusieron en funcionamiento más de 800 centros clandestinos de detención, por donde pasaron miles de compañeras y compañeros. Fueron robados cientos de bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres y que crecieron con su identidad arrebatada.

La gran mayoría de las y los detenidos-desaparecidos fueron fusilados o murieron como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos, muchos fueron asesinados en los “vuelos de la muerte”. Nunca nos entregaron sus cuerpos: por eso exigimos ¡que digan dónde están!

A partir de aquel 24 de marzo de 1976, con el quiebre institucional, se cerró el Congreso, se suspendieron los partidos políticos y se intervinieron los sindicatos. Se prohibieron los centros de estudiantes y todo tipo de organización social. Se censuró a la prensa, la ciencia y el arte. Construyeron el enemigo interno, los llamaron “subversivos y terroristas” para justificar el accionar criminal contra las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, culturales, religiosas y toda forma de lucha y resistencia de nuestro pueblo.

Cuando decimos que SON 30.000 hablamos de sus vidas, de sus luchas, de sus militancias y de sus compromisos con los pueblos oprimidos.

Ese golpe genocida fue cívico-militar, con la participación de grupos económicos, sectores de la Iglesia y la embajada de Estados Unidos.

Hace 49 años, Rodolfo Walsh difundió su Carta Abierta a la Junta Militar y denunció la miseria planificada, el verdadero corazón del proyecto de la dictadura. Sabemos quiénes se beneficiaron con la sangre del pueblo: los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, Ford, Mercedes Benz, Martínez de Hoz, Braun, Fortabat, los Madanes Quintanilla, entre otros, que aumentaron exponencialmente el endeudamiento externo.

Incluso en la guerra de Malvinas los militares cometieron delitos de lesa humanidad contra los conscriptos que sí enfrentaron al enemigo inglés apoyado por EEUU.

La impunidad fue política de Estado durante décadas: fue la inclaudicable lucha de las Madres, Abuelas, Familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos junto a la movilización popular y la rebelión del 2001, y la condena social a la impunidad, lo que permitió avanzar y reabrir los juicios a más de 1.500 genocidas, en los que fueron decisivos los testimonios de las/los ex-detenidos desaparecidos.

Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, y la desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo hasta tanto se sepa la suerte de cada desaparecido. Por ello la desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente, prueba de ello son los 12 compañeros asesinados en La Perla e identificados recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense. QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN Y Decimos BASTA de demoras judiciales, BASTA de privilegios y prisiones domiciliarias.

Fueron las luchas del pueblo las que derrotaron una y otra vez los sucesivos intentos de impunidad como la ley de autoamnistía militar, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los Indultos de Menem y el fallo de la Corte del “2 x 1” en el gobierno de Macri.

A 50 años del golpe, reclamamos la urgente apertura y entrega de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes.

Juicio y castigo a todos los militares genocidas, miembros de las Fuerzas de seguridad, responsables civiles y cómplices que aún queda pendiente condenar. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.

Milei impulsa el mismo programa que impusieron las grandes empresas en la dictadura cívico-militar para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia. Gobiernos como los de Menem y Macri profundizaron ese modelo mediante el ajuste, las privatizaciones, la desindustrialización, el desmantelamiento de las políticas públicas y los derechos sociales.

El gobierno de La Libertad Avanza profundiza la dependencia de Trump y el imperialismo norteamericano. Ataca los derechos populares y obedece los mandatos del FMI con una reforma laboral esclavista, votada por las fuerzas oficialistas y aliadas. Para esto contaron con el apoyo imprescindible de diputados y senadores que responden a gobernadores que aplican el ajuste. A esto se le suman otras contrarreformas como la previsional, tributaria, política y penal, mientras entrega los bienes comunes como botín del extractivismo más feroz.

Estas reformas significan retroceder más de un siglo en derechos logrados con luchas: la jornada de ocho horas, el derecho a una jubilación digna, la salud y la educación pública. Avanzan pisoteando la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes protectoras.

Estos modelos capitalistas neoliberales, no pueden imponerse sin represión, es así que profundizan los ataques a la organización popular, persiguen a quienes luchamos, equipan a las fuerzas represivas, arman causas, proscriben, amplían ilegalmente las atribuciones de los servicios de inteligencia, conforman comandos de fuerzas federales y provinciales para intervenir en los conflictos sindicales, avalan el gatillo fácil y militarizan funciones civiles avanzando hacia un régimen más autoritario, antidemocrático y represivo.

Hoy hay un gobierno que no sólo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio. Por eso desmantela las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y desfinancia los espacios de memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos, incumplen la obligación del Estado de dar cumplimiento a las reparaciones históricas y pago de pensiones para las y los ex presos políticos, exiliados, hijos y sobrevivientes que reciben pensiones mínimas y no tienen obra social.

Denunciamos la censura y el hostigamiento a las y los trabajadores que quedaron sosteniendo estos espacios, a quienes les prohíben realizar actividades centrales para el sostenimiento de la Memoria. Exigimos su preservación y el cuidado de las pruebas materiales.

Las consecuencias del plan sistemático de robo de bebés del último golpe de Estado aún persisten. Los cientos de bebés nacidos en centros clandestinos de detención, los niños y niñas desaparecidos junto a sus padres, que aún seguimos buscando, son los desaparecidos con vida de la dictadura.

Cada restitución de un nieto o nieta de las Abuelas de Plaza de Mayo es la evidencia de las atrocidades que cometió el terrorismo de Estado: secuestro, desaparición, asesinato, robo, sustracción de menores y falsificación de documentos públicos.

El Estado debe garantizar la restitución de los nietos apropiados, pero desde la asunción del gobierno de Milei no ha pasado otra cosa que la reducción de las políticas públicas para garantizar éste y todos los derechos del pueblo. El Banco Nacional de Datos Genéticos ha visto intervenida su estructura y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reducido a la mitad su planta de trabajadores.

Llevamos 140 casos resueltos. Todavía buscamos a casi 300 hombres y mujeres con su identidad cambiada, que legan en sus hijos e hijas, sin saberlo, el silencio sobre la desaparición de sus padres y madres. Necesitamos de las instituciones públicas, del acompañamiento de la sociedad, del ejercicio de memoria, de quiebre de los pactos de silencio para seguir encontrando a los hijos e hijas de quienes lucharon por un país más justo. Por eso, si saben de alguien con dudas, acompáñenlo; y si tienen información sobre un posible hijo de personas desaparecidas, acérquenla. Nunca es tarde.

Estamos en esta plaza, con los 30 mil como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, hijas, los nietos y las nietas, hermanos y hermanas, con los familiares de los detenidos-desaparecidos, y con el conjunto de organismos de derechos humanos acompañados por el pueblo para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta. Y para exigir ¡Que digan dónde están! A 50 años del golpe exigimos que los genocidas y sus cómplices den la información que ocultan. A pesar de los juicios, pruebas y condenas por sus crímenes, siguen sosteniendo el pacto de silencio.

Después de haber consolidado la condena social y lograr la anulación de las leyes de impunidad con la lucha del pueblo, llegaron los juicios. En ese contexto fue desaparecido nuevamente Jorge Julio López y 20 años después seguimos sin saber dónde está ni qué hicieron con él: ¡Aparición de Jorge Julio López, castigo a los culpables! Justicia por Silvia Suppo, testigo en juicios de lesa humanidad.

Mientras los sobrevivientes siguen contando el terror en los juicios, cada vez hay menos genocidas en la cárcel común: más del 80 por ciento de los detenidos tiene el beneficio del arresto domiciliario, otros están en la cárcel VIP de Campo de Mayo y más de 1.500 están libres.

Mientras los genocidas son reivindicados por el gobierno, la política represiva y la persecución judicial se vuelven el método para acallar las luchas del pueblo. Avanza la criminalización de la protesta. Delegados de las cooperativas y organizaciones sociales, integrantes de las comunidades, militantes políticos y manifestantes son perseguidos, procesados y encarcelados.

A 50 años del golpe genocida valoramos haber construido este gran acto de unidad más allá de las diferencias. Desde el conjunto de organismos de derechos humanos y organizaciones convocantes a esta Plaza de Mayo y plazas del país, reclamamos con fuerte convicción:

¡Libertad a Milagro Sala, Facundo Jones Huala, Milton Tolomeo, Daniel Vera y a todas las presas y los presos políticos, exigimos el cierre de todas las causas. Reclamamos la anulación de la condena a Alejandro Bodart y del procesamiento a Vanina Biassi, porque denunciar un genocidio no es delito.

La prisión y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, en un proceso denunciado por absolutas irregularidades, durante el cual se atentó contra su vida, merece nuestra preocupación y repudio. ¡Libertad a Cristina Fernández!

A pesar de todo lo que hemos construido en estas más de cuatro décadas desde el fin de la dictadura, la represión del Estado se ha cobrado las vidas de cientos de argentinos como los asesinados el 19 y 20 de diciembre.

A más de 20 años de la Masacre de Avellaneda, exigimos juicio y castigo a los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán y Maxi Kosteki.

Compañeros Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, presentes. Justicia por Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Castro, Elías Garay, Luis Espinosa, Facundo Molares, Florencia Morales, Juan Gabriel González, las víctimas de gatillo fácil y demás víctimas de la represión estatal.

El gobierno de Milei y Villarruel hace de la represión a la protesta y el ataque al derecho de huelga una política de Estado para impedir la movilización.

¡Derogación del inconstitucional protocolo anti protestas de Bullrich! ¡Basta de represión estatal!

¡Basta de gatillo fácil, razias, detenciones arbitrarias y persecuciones!

¡Exigimos el cese del hostigamiento, las torturas y las muertes en lugares de detención y encierro!

Derogación de la ley de baja de la edad de punibilidad y la criminalización a las adolescencias. Nuestras pibas y pibes no son delincuentes. Por la efectiva aplicación de las políticas públicas que garanticen y amplíen derechos y fortalezcan el sistema de protección integral de niñez y adolescencia, por infancias y adolescencias libres de toda violencia.

Denunciamos el vaciamiento de las políticas públicas solidarias. Universalización de la asistencia social, no al cese de los programas sociales, aumento de sus montos, reapertura de las inscripciones y entrega de alimentos a los comedores comunitarios. Por trabajo genuino.

Repudiamos el brutal ataque a las y los jubilados y la represión a todas las movilizaciones populares. ¡Exigimos el aumento de las jubilaciones ya! ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables!

Le decimos no a la destrucción de la salud pública. Y a la política de cierre, vaciamiento, despidos y privatización de hospitales y programas de salud. ¡En defensa del hospital Garrahan como causa nacional! Rechazamos los sumarios, sanciones e intentos de despidos que el gobierno quiere consumar a pesar del fallo judicial favorable! Aplicación efectiva de la ley de Emergencia Pediátrica y de la ley nacional en Discapacidad.

¡Defensa incondicional de la educación pública, gratuita y laica en todos los niveles! No a la degradación del ministerio de Educación. Aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario y rechazo al nuevo intento de modificación del gobierno de Milei para no cumplirla.

No a la entrega de los bienes comunes. La ley de Glaciares no se toca. Defendemos la tierra y el agua contra el extractivismo. El RIGI profundiza la política que incendia e inunda los territorios y persigue a nuestras comunidades.

Basta de militarización de los territorios. Exigimos el respeto de los derechos de los pueblos originarios a los territorios ancestrales, autodeterminación y cultura, y acompañamos los reclamos de restitución. Abajo toda la legislación represiva: leyes antiterroristas, derogación de la reforma inconstitucional del código penal, las leyes de reiterancia, reincidencia, anti-mafia y decreto habilitante de las Fuerzas Armadas en inteligencia y seguridad interior.

Exigimos a los tres poderes del Estado la anulación y derogación de la Ley Bases, los DNU 70/23 y 941/25 que empodera más a la ex SIDE.

Rechazamos la política pro fascista, colonial, racista y xenófoba de este gobierno. Basta de atacar y perseguir a migrantes. ¡Migrar no es delito!

Denunciamos el desmantelamiento de las políticas de género y diversidad, el ataque a los derechos logrados por mujeres y personas LGBTINB+ y la promoción de discursos de odio desde las más altas esferas del Estado, como también el aumento de la violencia machista. Basta de Femicidios. Aparición con vida de Tehuel. Justicia por Diana Sacayán. Cuidados y reparación para la población travesti trans.

La deuda es una estafa, las estafas no se pagan. La única deuda es con el pueblo, que esa plata se destine a las jubilaciones, medicamentos, protección social, trabajo, vivienda, salud y educación y no al Fondo. Fuera el FMI.

Abajo la reforma laboral esclavista de Milei, del FMI y de las patronales. Basta de despidos de trabajadores del sector público y privado. No al cierre de empresas y fuentes de trabajo. Las políticas de ajuste y destrucción de derechos han sido y son devastadoras y no fueron respondidas con un plan de lucha contundente para frenarlas. Los cientos de miles que hoy llenamos las calles damos cuenta de la voluntad de salir a luchar. Necesitamos que las centrales de trabajadores y trabajadoras se pongan al frente de un plan de lucha contra estas políticas. Paro general y plan de lucha ya.

Desde esta plaza nos solidarizamos y hacemos nuestras las luchas del mundo.

Justicia por las niñas Villalba, asesinadas por el Ejército de Paraguay. Aparición con vida de Lichita. Fuera el imperialismo norteamericano de Venezuela, basta de bloqueo y agresiones a Cuba, fuera yanquis de América Latina.

Milei está alineado con el sionismo genocida. Nos pronunciamos por una Palestina libre repudiamos el genocidio en Gaza y la agresión de EEUU e Israel contra el pueblo de Irán. Decimos NO al Genocidio, NO a la Guerra.

Por la autodeterminación de los pueblos.

Pasaron 50 años y seguimos luchando por Memoria, Verdad y Justicia. Por pan, salud y trabajo. Educación y vivienda.

Levantemos ahora mismo muy alto las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. En este momento miran hacia la casa de gobierno, a ese Poder del Estado que no los busca, mientras los niega.

Con 30.000 luchas como bandera, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Porque somos el país del Nunca Más y el pañuelo blanco. Porque seguiremos, como sostuvo Paco Urondo, hasta que todo sea como lo soñamos y también como lo luchamos.

A 50 años del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos, con la unidad que necesita nuestro pueblo:

¡30.000 detenidos-desaparecidos, presentes!

¡30.000 detenidos-desaparecidos, presentes!

¡30.000 detenidos-desaparecidos, presentes!

¡Ahora y siempre!

¡Ahora y siempre!

¡Ahora y siempre!

El vocero presidencial vuelve a quedar en el centro de la escena por su patrimonio, en medio de cuestionamientos por sus gastos y su discurso contra los privilegios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, suma una nueva polémica tras conocerse que una vivienda en un exclusivo country, con expensas cercanas a los $700 mil mensuales, figura a nombre de su esposa. La información generó interrogantes sobre la situación patrimonial del funcionario y el origen de los fondos, en un contexto donde ya venía siendo cuestionado por su nivel de gastos.

La propiedad se encuentra en un barrio cerrado de alto nivel y forma parte de un conjunto de datos que comenzaron a circular sobre los bienes vinculados al entorno familiar de Adorni. La revelación se suma a las dudas que ya habían surgido por los consumos con tarjetas de crédito y otros movimientos que exceden ampliamente su ingreso declarado como funcionario público.

Más allá del detalle puntual del inmueble, el caso vuelve a poner en discusión la coherencia entre el discurso oficial y las prácticas de algunos integrantes del gobierno. Adorni ha sido uno de los principales voceros de la narrativa libertaria contra “la casta” y los privilegios del Estado, lo que amplifica el impacto político de este tipo de revelaciones.

En ese marco, crecen los cuestionamientos y los pedidos de explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y su entorno. Mientras el Gobierno insiste en la austeridad como bandera, los datos que se van conociendo alimentan la controversia y refuerzan las críticas sobre posibles inconsistencias entre lo que se predica y lo que efectivamente ocurre.

El ministro de Justicia bonaerense aseguró que fue Macri quien intervino para favorecer al ex secretario de Obras Públicas y cuestionó el rol del Poder Judicial.

El ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, lanzó una fuerte acusación contra el expresidente Mauricio Macri al afirmar que fue quien permitió la liberación de José López, el exfuncionario detenido en 2016 con bolsos llenos de dinero. La declaración generó un momento de tensión en el estudio y dejó sin respuesta a los periodistas que lo entrevistaban.

“Macri sacó de prisión a López”, sostuvo Mena sin rodeos, al tiempo que planteó que la causa judicial estuvo atravesada por decisiones políticas y maniobras que exceden el plano estrictamente judicial. La frase sorprendió por su contundencia y abrió un nuevo foco de polémica sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la Argentina reciente.

“Macri sacó de prisión a López”: la explosiva denuncia de Martín Mena que incomodó a periodistas de Infobae pic.twitter.com/MjPdFJ1X2y

— Primereando Las Noticias 2026 (@Primereando_ok) March 19, 2026

Más adelante, el funcionario profundizó su postura y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial durante el gobierno de Cambiemos. En ese sentido, sugirió que existieron decisiones direccionadas que beneficiaron a determinados actores mientras se perseguía a otros, en una lógica que —según planteó— combinó intereses políticos y judiciales.

En el mismo tono, Mena también apuntó contra el rol de los medios de comunicación en la construcción de determinados relatos sobre las causas judiciales. Sus declaraciones generaron incomodidad en el intercambio con los periodistas, quienes evitaron confrontar directamente con la afirmación central.

Las palabras del ministro reavivan el debate sobre la utilización política de la Justicia y el manejo de causas sensibles durante el macrismo. En particular, vuelven a poner en discusión el caso de José López, cuyo impacto mediático marcó un antes y un después en la agenda pública, pero que aún sigue generando controversias sobre su tratamiento judicial.

El ex jefe de Gobierno porteño cuestionó con dureza al PRO por alinearse con La Libertad Avanza y marcó diferencias “profundas” con Mauricio Macri. Mirá el video.

En una entrevista, Horacio Rodríguez Larreta dejó en claro que la relación con el macrismo está completamente quebrada y apuntó directamente contra su acercamiento a Javier Milei. “El PRO se pintó de violeta, se entregó a La Libertad Avanza, dio toda identidad”, disparó, en una de las definiciones más duras contra el rumbo que tomó el espacio que ayudó a fundar.

Más adelante, el ex jefe de Gobierno profundizó sus críticas y remarcó que ese alineamiento no solo implicó un cambio político sino también una pérdida de valores. “Si hay algo que tenía el PRO era que respetaba al que pensaba diferente. Hoy entregan un gobierno que hace de la agresión su forma de gobernar”, sostuvo, en clara alusión al estilo del oficialismo libertario.

En el mismo tono, Larreta insistió en que el partido abandonó sus principios históricos: “Muchos dirigentes del PRO perdieron valores que eran muy profundos, por eso se perdió identidad”. Y fue más allá al recordar que el espacio que fundaron “valoraba el rol del Estado y trabajaba para que funcione mejor”, en contraste con el actual apoyo a un gobierno que, según señaló, “dice que el Estado tiene que prácticamente desaparecer”.

La ruptura también alcanza a Mauricio Macri. Consultado sobre una eventual reconstrucción del espacio, Larreta fue tajante: “Tengo muchas diferencias con Macri y son profundas, no tengo ningún problema en decirlas”. Entre ellas, cuestionó el respaldo del expresidente a la actual gestión porteña y al gobierno nacional.

Finalmente, Larreta dejó en evidencia que no hay margen para recomponer el vínculo político. “Hace cuatro meses fueron a una elección totalmente entregados, subsumidos en las listas de La Libertad Avanza. Es lo último que sabemos del PRO”, concluyó, marcando un quiebre que expone cómo el avance libertario terminó por fracturar al macrismo desde adentro.

Mientras el Gobierno celebra la macro, la economía real muestra fábricas que bajan la persiana y empleo en caída.

Según un informe de la consultora Fundar, el sector privado argentino atraviesa un deterioro profundo, con un cierre masivo de empresas desde la asunción de Javier Milei. El estudio advierte sobre una contracción sostenida del entramado productivo, en un contexto de caída del consumo, apertura de importaciones y ajuste económico que golpea de lleno a la industria y las pymes.

Los datos son contundentes: desde el cambio de gobierno ya cerraron más de 22.600 empresas empleadoras en todo el país, lo que representa una caída significativa del tejido productivo. Este proceso no solo implica la desaparición de unidades económicas, sino también un impacto directo en el empleo formal y en las economías regionales, profundizando la recesión en múltiples sectores.

El fenómeno no es aislado ni sectorial. Casos como FATE, que cerró su planta en San Fernando tras perder mercado frente a un fuerte aumento de las importaciones, o los despidos en empresas como Newsan, Whirlpool o Quilmes, muestran que la crisis atraviesa toda la estructura productiva. Detrás de este deterioro aparecen tres factores clave en los que coinciden distintos diagnósticos: atraso cambiario, apertura de importaciones y caída del consumo interno, una combinación que remite, en varios aspectos, a la crisis posterior a la salida de la convertibilidad en 2002.

Los indicadores oficiales también reflejan la gravedad del escenario. Según el INDEC, más de la mitad de las empresas industriales (52,4%) reportaron carteras de pedidos por debajo de lo normal, lo que evidencia la debilidad del mercado interno como principal limitante para la producción. En la misma línea, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 53,6% en enero, marcando el peor inicio de año desde 2002.

A su vez, un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) expuso fuertes tensiones financieras: el 45,6% de las empresas reportó dificultades para afrontar pagos de salarios, proveedores, impuestos o compromisos financieros, mientras que el 22,2% redujo su plantilla de personal. Estos datos surgen de una encuesta realizada a 644 compañías de distintos tamaños y sectores, lo que confirma la extensión del problema en todo el entramado productivo.

En este contexto, distintos sectores advierten sobre el riesgo de un “industricidio” si no se corrige el rumbo económico. Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste es necesario para estabilizar la macroeconomía, los datos muestran que la supuesta recuperación aún no se materializa y convive con un deterioro profundo en la economía real. La apuesta oficial a una mejora futura contrasta con un presente marcado por fábricas que cierran, empleo que se pierde y un tejido productivo cada vez más debilitado.

Cristina denunció la selectividad del Poder Judicial y contrastó la persecución en su contra con la ausencia de causas sobre la deuda con el FMI.

En el tramo final de su declaración, Cristina Fernández de Kirchner amplió el foco y vinculó el funcionamiento del Poder Judicial con las decisiones económicas de los últimos años. En ese marco, cuestionó la ausencia de investigaciones sobre el endeudamiento externo y apuntó directamente contra el gobierno de Mauricio Macri.

Más adelante, la ex presidenta puso el eje en el rol del ex ministro de Finanzas Luis Caputo y denunció que no existe ninguna causa judicial relevante sobre el destino de los fondos provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “No sabemos dónde se fueron 20 mil millones de dólares”, afirmó, marcando el contraste con la persecución judicial que —según planteó— recae sobre dirigentes políticos.

En el mismo tono, sostuvo que los montos más significativos de presunta irregularidad no se encuentran en la obra pública sino en el sistema financiero: “Las cifras más brutales están en el Banco Central y en el Ministerio de Economía, en las comisiones de deuda”, remarcó. Así, planteó que existe una selectividad en la acción judicial que evita investigar áreas clave del poder económico.

Con el mismo énfasis, Cristina condicionó su participación en el proceso judicial y lanzó una definición política: aseguró que recién considerará responder preguntas cuando la Justicia cite a declarar a Macri, Caputo u otros funcionarios por el endeudamiento. “Ese día les voy a contestar preguntas”, advirtió, denunciando que el actual escenario judicial funciona como “un circo” orientado a legitimar decisiones ya tomadas.

Finalmente, la ex mandataria cerró con una advertencia de tono crítico sobre la situación económica y social. Señaló que, más allá de las maniobras judiciales y mediáticas, la realidad material terminará imponiéndose: “La gente necesita vivir”, afirmó. Así, vinculó la persecución judicial con un modelo económico que —según su visión— se sostiene mientras se deterioran las condiciones de vida de la mayoría.

Cristina expuso una trama de presiones, detenciones arbitrarias y maniobras ilegales que, según afirmó, convierten al expediente en una construcción mafiosa destinada a garantizar su condena.

Este martes en su declaración en el juicio por la causa conocida como Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner desplegó una batería de argumentos con los que buscó desmontar el expediente y exponer lo que definió como un sistema de “prácticas mafiosas” dentro del Poder Judicial. Además, la ex presidenta sostuvo que este proceso incluso supera en gravedad a la causa Vialidad, a la que hasta ahora consideraba el caso emblemático de persecución política en su contra.

En el mismo tono, apuntó directamente contra el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío, a quienes acusó de haber actuado en connivencia con una estructura ilegal. “Ya no estamos ante jueces que condenan sin pruebas, sino ante un estadio superior: construyen pruebas”, afirmó. Además, denunció forum shopping, violación del juez natural y una “oleada de detenciones” destinada a extorsionar empresarios para que declararan en su contra.

Más adelante, la ex mandataria incorporó como elemento central la sentencia del caso Marcelo D’Alessio, donde —según remarcó— se probó la existencia de una asociación ilícita integrada por agentes de inteligencia, periodistas y funcionarios judiciales. Según su exposición, ese fallo confirmó el vínculo directo entre D’Alessio y Stornelli, al que definió como “un activo muy importante” dentro de la organización. En ese marco, describió episodios de extorsión documentados con chats, audios y registros fotográficos, que incluían pedidos de dinero a empresarios a cambio de no ser detenidos o involucrados en la causa.

Con el mismo ímpetu, detalló casos concretos como el de los hermanos Barreiro y el empresario Pedro Etchebest, en los que —según afirmó— se exigían sumas de hasta 500 mil dólares para evitar detenciones. “Mafia pura y dura”, sintetizó, al tiempo que cuestionó la validez de las declaraciones de arrepentidos obtenidas bajo presión. También denunció maniobras como la posible plantación de droga a un tercero o la planificación de cámaras ocultas contra abogados defensores, lo que, a su entender, revela “la catadura moral” de quienes impulsaron la investigación.

Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner remarcó la ausencia total de pruebas materiales en su contra: “¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo recibió? ¿Cuándo?”, se preguntó. En ese sentido, subrayó que no existe un solo testimonio directo ni actos funcionales que la vinculen con los hechos imputados. “Esto es un gran disparate”, concluyó, al denunciar que la causa se sostiene sobre acusaciones sin sustento y un entramado judicial que busca garantizar una condena previamente escrita.

La adjudicación de más de 100 millones de pesos a una entidad encabezada por la esposa de Federico Sturzenegger desató denuncias por posible conflicto de intereses, reclamos de explicaciones al Gobierno y una investigación judicial que aún continúa.

El escándalo por el contrato millonario entre la Cancillería y una institución dirigida por la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sigue generando repercusiones políticas y judiciales. La polémica se originó cuando se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó más de 114 millones de pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, pareja del funcionario.

La contratación, destinada a brindar cursos de inglés al personal diplomático, fue realizada mediante un procedimiento administrativo que renovó un acuerdo que existe desde 2018. Sin embargo, la situación generó sospechas por un posible conflicto de intereses, dado que el beneficiario del contrato es una institución encabezada por la esposa de un ministro del propio gobierno. Por ese motivo se presentaron denuncias penales que apuntan a investigar posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario.

La controversia también alcanzó al Congreso: legisladores de la oposición pidieron informes al Poder Ejecutivo para que explique en detalle cómo se realizó la adjudicación, qué criterios se utilizaron y si se cumplieron los mecanismos de transparencia exigidos para este tipo de contrataciones estatales. Además, denunciantes señalaron que habría existido una omisión en los procedimientos de control vinculados a la Oficina Anticorrupción.

Desde el gobierno intentaron desactivar la polémica. El canciller Pablo Quirno defendió la contratación y aseguró que no hubo irregularidades, afirmando que la entidad ya trabajaba con la Cancillería desde años anteriores y que en este caso intervinieron organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.

Por ahora, el caso no fue cerrado: las denuncias continúan en la Justicia y la contratación sigue bajo cuestionamiento político. Mientras tanto, el episodio dejó al ministro Sturzenegger en el centro de un nuevo debate sobre conflictos de interés dentro del gobierno, en un contexto donde la administración de Javier Milei afirma impulsar una agenda de transparencia y reducción del gasto estatal.