El fiscal Guillermo Marijuan endureció su acusación contra la ex cúpula de la Agencia Nacional de Discapacidad. Asegura que se montó una estructura jerárquica para agilizar fondos públicos a cambio de retornos, afectando directamente el presupuesto destinado a los sectores más vulnerables.

La investigación judicial sobre la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tomó un giro determinante tras el último dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan. En su presentación ante el juez Sebastián Ramos, el fiscal describió al organismo como una “ventanilla de pagos indebidos” que funcionaba bajo una lógica de recaudación ilegal, donde el otorgamiento de fondos estatales estaba condicionado al pago de sobornos por parte de los prestadores.

Según la acusación, la estructura liderada por los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Pablo Calvete no operaba de manera aislada, sino que respondía a un esquema de “negocios espurios” perfectamente aceitado. La fiscalía sostiene que se establecieron prioridades arbitrarias en la cadena de pagos del programa Incluir Salud: aquellas empresas o transportistas que accedían a entregar un porcentaje de sus facturaciones recibían sus fondos de manera inmediata, mientras que el resto sufría demoras injustificadas.

El dictamen judicial hace especial hincapié en la vulnerabilidad de las víctimas de este esquema. Marijuan señala que la maniobra es doblemente grave dado que los fondos desviados debían garantizar la atención médica, traslados y tratamientos de personas con discapacidad. Para la fiscalía, el uso de un organismo con fines sociales como una herramienta de extorsión financiera representa uno de los puntos más oscuros de la gestión investigada.

Las pruebas recolectadas incluyen registros de comunicaciones, movimientos bancarios sospechosos y testimonios de empresarios del sector salud que habrían sido presionados para entrar en el circuito de coimas. El fiscal remarcó que la ANDIS fue desnaturalizada en sus funciones primordiales, convirtiéndose en un ente facilitador de intereses privados que buscaban “sostener negocios” a costa del erario público y la salud de los beneficiarios.

Dentro del pedido de nuevas indagatorias, se subraya el rol de intermediarios que actuaban como nexo entre los altos mandos del organismo y los prestadores. Estos actores eran los encargados de “negociar” los montos de los retornos, que en algunos casos llegaban a cifras millonarias dada la magnitud de las deudas que el Estado mantenía con el sector. La fiscalía busca ahora determinar si estos fondos escalaron hacia otras esferas del poder político.

La causa entra ahora en una etapa de definiciones procesales, donde el juez Ramos deberá analizar si las pruebas presentadas por Marijuan son suficientes para procesar a la veintena de involucrados. Mientras tanto, el impacto del escándalo continúa resonando en el sector de discapacidad, donde se exige una auditoría integral para garantizar que los recursos lleguen finalmente a quienes los necesitan, sin peajes ilegales de por medio.

Una nueva medida de fuerza afecta el servicio de transporte en el AMBA. El reclamo salarial de los choferes nucleados en la UTA mantiene paralizadas a decenas de líneas, mientras se esperan definiciones en el Ministerio de Trabajo.

Este jueves 9 de abril, miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires se encontraron con una interrupción parcial pero significativa en el servicio de colectivos. La medida de fuerza, impulsada por un sector de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), surge como respuesta al incumplimiento en el pago de haberes y la falta de acuerdo en las paritarias del sector, que vienen arrastrando una fuerte tensión entre el gremio y las cámaras empresarias.

El paro afecta principalmente a las líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, incluyendo tanto grupos de jurisdicción nacional como provincial. Según el último reporte, las líneas que no están prestando servicio son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

Desde el gremio explicaron que la retención de tareas se debe a que las empresas no depositaron la totalidad de los aumentos acordados en la última audiencia. Por su parte, las cámaras empresarias (AAETA y CETUBA) argumentan que el Estado nacional no ha transferido los subsidios correspondientes para cubrir los costos operativos y el nuevo esquema salarial, lo que genera un cuello de botella financiero que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores.

En cuanto a la duración de la medida, los delegados sindicales informaron que el paro es, en principio, por 24 horas. Sin embargo, advirtieron que si durante el transcurso de la jornada no aparece una solución concreta o una convocatoria formal a una mesa de diálogo con fondos garantizados, la protesta podría extenderse o repetirse en los próximos días de manera sorpresiva.

La situación en las terminales y paradas de transbordo como Constitución, Retiro y Liniers es de total incertidumbre. Ante la ausencia de colectivos, los servicios ferroviarios y el subte registran una demanda muy superior a la habitual, lo que ha provocado demoras y cierres momentáneos en algunas estaciones por exceso de pasajeros. Las autoridades recomiendan buscar vías alternativas de transporte y estar atentos a las actualizaciones de las empresas de transporte.

Finalmente, el Ministerio de Transporte citó a las partes a una reunión de urgencia para el mediodía de hoy, con el fin de destrabar el conflicto y normalizar el servicio antes de la hora pico del regreso. Mientras tanto, el malestar de los usuarios crece, ya que se trata del tercer conflicto de este tipo en lo que va del mes de abril, dejando a millones de trabajadores a pie en medio de la crisis económica.

Especialistas advierten que el avance de la minería sobre zonas periglaciares podría acelerar el derretimiento de los hielos y afectar el suministro hídrico en las provincias cordilleranas.

La modificación de la Ley de Glaciares aprobada por el Gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en el sector académico y ambiental. El principal peligro señalado por los expertos radica en la redefinición de las áreas protegidas, lo que permitiría el desembarco de proyectos mineros en zonas que hoy están estrictamente resguardadas. Según advierten desde el IANIGLA-CONICET, reducir la protección legal de los cuerpos de hielo de menor tamaño dejaría a miles de comunidades sin su principal reserva de agua en épocas de sequía.

Uno de los riesgos más críticos es la habilitación de actividad industrial en el ambiente periglaciar. Esta zona, compuesta por suelos congelados que rodean a los glaciares, funciona como un escudo térmico esencial para su conservación. Los científicos explican que permitir perforaciones y detonaciones en estos suelos no solo desestabiliza el terreno, sino que rompe el equilibrio térmico que permite que el glaciar no se derrita. Sin este entorno protegido, los grandes bloques de hielo quedarían expuestos a un retroceso irreversible.

Otro peligro directo mencionado en los informes técnicos es el efecto del polvillo generado por la actividad minera. Al operar maquinaria pesada y realizar explosiones cerca de los hielos, se levanta una capa de sedimentos oscuros que se deposita sobre la superficie blanca del glaciar. Esto anula el “efecto albedo” —la capacidad del hielo de reflejar la radiación solar—, provocando que el glaciar absorba más calor y se derrita a una velocidad mucho mayor a la natural por el cambio climático.

El proyecto también propone que un glaciar solo sea protegido si cumple con una “función hídrica verificada”, un criterio que los especialistas consideran engañoso. Argumentan que todos los cuerpos de hielo, incluso los más pequeños o los glaciares de escombros, contribuyen al caudal de los ríos y mantienen la humedad del suelo. Imponer la necesidad de “probar” su utilidad caso por caso abriría una ventana legal para que las empresas avancen sobre territorios antes de que se completen los estudios ambientales pertinentes.

En términos de contaminación, la reforma facilita la utilización de sustancias químicas en áreas de cabecera de cuenca. La presencia de infraestructura pesada y el manejo de residuos mineros en zonas de alta montaña presentan un riesgo latente de filtraciones hacia los ríos que abastecen a las poblaciones de San Juan, Mendoza y el NOA. Un accidente en estas alturas sería prácticamente imposible de remediar, afectando no solo el ecosistema, sino también la producción agrícola y el consumo humano en los valles.

Finalmente, los juristas ambientales advierten sobre el peligro institucional de violar el principio de “no regresividad”. Argentina es pionera en la protección de sus glaciares, y desmantelar esta ley para favorecer intereses económicos de corto plazo sienta un precedente peligroso para otras áreas protegidas, como los bosques nativos o los humedales. Mientras el debate llega al Congreso, la comunidad científica insiste en que el costo de perder los glaciares es infinitamente superior a cualquier beneficio económico que pueda aportar la actividad extractiva.

Adriana Nechevenko, la profesional que certificó la compra del departamento en Caballito, rompió el silencio tras las denuncias por las inconsistencias en el préstamo de US$ 200.000.

El escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo e incómodo capítulo tras las declaraciones de Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en la polémica operación inmobiliaria. Al ser consultada sobre las contradicciones entre el documento público y el testimonio de las jubiladas que negaron conocer al funcionario, la profesional evitó dar precisiones técnicas y optó por deslindar responsabilidades, enviando a los cronistas directamente a consultar al Jefe de Gabinete.

“Pregúntenle a él”, fue la frase tajante con la que Nechevenko intentó cerrar el diálogo ante las cámaras de televisión. La escribana, que ha trabajado históricamente con la familia Adorni en otras transacciones, se mostró visiblemente molesta por la presencia periodística y se negó a explicar cómo se validó la presencia y el consentimiento de las dos mujeres de 82 y 84 años en el acto de la firma de la hipoteca.

La actitud de la profesional de leyes genera más interrogantes que certezas en el marco de la causa judicial. Según la normativa vigente, un escribano público debe dar fe de que las partes involucradas en una operación financiera están presentes y comprenden el alcance del contrato. Sin embargo, las declaraciones previas de las supuestas prestamistas, asegurando que no conocen a Adorni ni poseen tal suma de dinero, ponen en tela de juicio lo consignado en la escritura.

La operación, que permitió al funcionario adquirir una propiedad de lujo con un pago inicial de apenas 30.000 dólares, sigue bajo la lupa por el origen de los 200.000 dólares restantes. La negativa de la escribana a brindar detalles sobre el mecanismo de pago o la acreditación de los fondos refuerza la hipótesis de una posible maniobra para ocultar al verdadero financista de la compra del inmueble en el barrio de Caballito.

Desde el ámbito judicial, se espera que en los próximos días se solicite el protocolo de la escribana para cotejar las firmas y los datos biométricos registrados el día de la operación. La frase “pregúntenle a él” no solo deja al descubierto una grieta en la estrategia de defensa del oficialismo, sino que coloca al Jefe de Gabinete en la obligación de dar una respuesta clara ante la sociedad y la justicia federal.

Mientras tanto, en la Casa Rosada el silencio sigue siendo la postura oficial. Manuel Adorni ha evitado referirse al tema en sus conferencias de prensa habituales, pero la presión pública crece a medida que los protagonistas directos del trámite, como la escribana Nechevenko, optan por alejarse de la defensa del funcionario y dejarlo solo frente a las sospechas de enriquecimiento ilícito.

Alejandro Bongiovanni se suma a la lista de funcionarios y referentes del oficialismo beneficiados por préstamos millonarios de la banca estatal. La nómina incluye a asesores directos de Luis Caputo y otros diputados aliados al Gobierno.

Un nuevo escándalo salpica a la gestión de La Libertad Avanza tras conocerse el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco Nación a figuras clave del oficialismo. Entre los nombres más destacados figura el del diputado Alejandro Bongiovanni, quien en enero de 2026 accedió a un préstamo de 255 millones de pesos provenientes de la entidad pública. El legislador, de origen vinculado a la Fundación Libertad, ha sido un férreo defensor de las políticas de desregulación ambiental y la baja de la edad de imputabilidad.

Bongiovanni, quien ingresó al Congreso en 2023 a través del macrismo antes de sellar su alianza con el bloque libertario, no es el único beneficiario de estas líneas de financiamiento estatal. La investigación revela un patrón de acceso a fondos públicos por parte de funcionarios que ocupan cargos estratégicos o que mantienen una alineación irrestricta con las directivas del Poder Ejecutivo.

En la lista de beneficiados sobresalen integrantes del equipo económico de Luis “Toto” Caputo. Federico Furiase, ladero del ministro y actual secretario de Finanzas, obtuvo 367 millones de pesos en febrero de 2025. Por su parte, Felipe Núñez, director del BICE y asesor directo de la cartera económica, se alzó con un crédito de 475 millones de pesos, una de las sumas más elevadas registradas en la nómina de funcionarios.

El reparto de créditos también alcanzó al área de comunicación y redes sociales del Gobierno. Juan Pablo Carreira, conocido en el ámbito digital como “Juan Doe” y actual funcionario público, recibió 112 millones de pesos de la banca oficial. Estos movimientos han generado fuertes cuestionamientos sobre los criterios de asignación de recursos en una entidad que, simultáneamente, aplica restricciones al crédito para otros sectores de la sociedad.

La nómina de legisladores favorecidos se completa con nombres de peso dentro de la estructura de La Libertad Avanza y sus aliados. Santiago Santurio obtuvo un préstamo de 340 millones de pesos, mientras que Mariano Campero recibió 322 millones. Asimismo, la diputada rionegrina Lorena Villaverde accedió a una suma de 225 millones de pesos, cerrando un círculo de financiamiento que beneficia directamente a quienes sostienen el quórum oficialista en la Cámara Baja.

El acceso a estos montos millonarios por parte de la dirigencia libertaria ocurre en un contexto de fuerte ajuste sobre el gasto público, lo que reabre el debate sobre el uso de las instituciones del Estado para el beneficio patrimonial de sus propios cuadros políticos. Hasta el momento, el Banco Nación no ha emitido un informe técnico que justifique la solvencia o la urgencia de estos préstamos otorgados a los representantes del pueblo.

Al mismo tiempo que el Gobierno declama el mérito y el combate a la casta, el clan riojano parece haber montado en el Banco Nación una ventanilla de favores personales para financiar el futuro de su propia familia.

El escándalo de los créditos de privilegio en el Banco Nación (BNA) suma un nuevo capítulo que roza el descaro: Federico Sharif Menem, el sobrino de 24 años de Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados) y Lule Menem (mano derecha de Karina Milei), accedió a un préstamo hipotecario por 357 millones de pesos. Mientras el Gobierno pregona la meritocracia y el fin de los privilegios, el clan riojano parece haber encontrado en la banca pública una ventanilla de beneficios exclusivos para la familia.

El joven, que ya había sido noticia por su polémico nombramiento como director general en la Cámara de Diputados con un sueldo millonario pese a su corta edad, ahora figura en los registros de la Central de Deudores del BCRA con una deuda astronómica contraída en marzo de 2025. La cifra, equivalente a unos 300 mil dólares, resulta imposible de justificar para cualquier joven de su generación que no cuente con el “apellido adecuado” y los contactos directos en la Casa Rosada.

Este nuevo caso de “crédito por portación de apellido” se suma a la lista de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza que, bajo la gestión del recientemente eyectado Daniel Tillard, vaciaron las posibilidades de la clase media para repartirse fondos estatales entre ellos. Según fuentes parlamentarias, la maniobra deja en evidencia una red de tráfico de influencias donde el Banco Nación funcionó como el financista personal de los funcionarios de Milei y Caputo.

La indignación en las redes y en el Congreso no se hizo esperar. Mientras miles de inquilinos ven cómo el sueño de la casa propia se pulveriza por la inflación y la falta de crédito real, los Menem demuestran que, para ellos, “la libertad avanza” solo si es con la plata de todos. Con este nivel de impunidad, el discurso contra la casta se termina de convertir en una parodia cruel donde los únicos que se salvan son los parientes del poder.

Mientras el Gobierno ajusta los bolsillos de jubilados y trabajadores bajo la consigna de que “no hay plata”, estalló un escándalo que salpica al corazón del Ministerio de Economía y al bloque de La Libertad Avanza.

En medio de una situación económica crítica para la mayoría de los argentinos, una investigación que reunió registros de la Central de Deudores del BCRA reveló que un grupo de funcionarios nacionales, asesores directos del Ministerio de Economía y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) por montos que alcanzan los 350 mil dólares. La noticia generó un fuerte cimbronazo político y pedidos de informe en el Congreso por parte de la oposición, que cuestiona la discrecionalidad en la asignación de estos préstamos de la banca estatal.

Entre los beneficiarios de estas líneas de crédito —que en algunos casos superan los 800 millones de pesos— se encuentran figuras cercanas al entorno del ministro Luis Caputo, como los economistas Felipe Núñez y Federico Furiase, además del funcionario de Presidencia conocido como “Juan Doe” y los diputados oficialistas Mariano Campero y Santiago Santurio. Según los datos difundidos, Núñez habría obtenido un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025, mientras que otros legisladores habrían accedido a financiamientos similares durante el último año, superando ampliamente los montos promedio otorgados al público general.

Ante la escalada de la polémica, el Banco Nación emitió un comunicado defendiendo la transparencia de su operatoria, asegurando que “9 de cada 10 créditos hipotecarios en Argentina los otorga el BNA” y que los solicitantes cumplieron con todos los requisitos técnicos. Sin embargo, el diputado Esteban Paulón presentó una batería de medidas para investigar si existió un “exceso de límites de asistencia crediticia a personas vinculadas” o “personas políticamente expuestas”, alertando sobre un posible trato preferencial mientras miles de ciudadanos encuentran barreras infranqueables para acceder a la vivienda propia.

La controversia se suma al malestar social generado por la reciente caída en la imagen del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse el caso de las “jubiladas prestamistas” vinculadas a su familia. En este escenario, la oposición busca determinar si el Banco Nación, bajo la gestión del recientemente despedido Daniel Tillard, funcionó como una herramienta de beneficio para el círculo íntimo del poder, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y fin de los privilegios que pregona el Ejecutivo.

Una investigación reveló el diálogo con las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca de US$ 200.000 del Jefe de Gabinete. Ambas manifestaron desconocer al funcionario y rechazaron haberle otorgado préstamo alguno.

La controversia en torno al patrimonio de Manuel Adorni sumó detalles reveladores tras conocerse la identidad y la palabra de las dos mujeres que figuran en la escritura de su departamento en Caballito. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo aparecen en los registros oficiales como las personas que financiaron casi el 90% del valor del inmueble, otorgando un préstamo hipotecario de 200.000 dólares. Sin embargo, al ser consultadas por la prensa, la respuesta de las supuestas prestamistas fue de total desconcierto.

En un breve pero contundente intercambio a través del portero eléctrico, Beatriz Viegas fue tajante al ser consultada sobre su vínculo con el funcionario nacional. “¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa. Ante la repregunta sobre si alguna vez le había cedido dinero en forma de hipoteca, la jubilada cortó la comunicación con un nervioso: “Ay, no, no, no. Gracias”.

Por su parte, el entorno de Claudia Sbabo, la otra mujer que figura como acreedora del 50% restante del crédito, mantuvo una postura similar de extrañeza. Al ser consultada una persona de su círculo íntimo sobre si Sbabo le había prestado una suma millonaria al Jefe de Gabinete, la respuesta fue tajante: “No, ni idea de esas cosas. Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella lo conoce, pero no sabemos nada”.

“¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa.

El departamento en cuestión, una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera, fue adquirido por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre pasado. Según la escritura, la operación se cerró por US$ 230.000, de los cuales el matrimonio solo habría abonado US$ 30.000 en efectivo, quedando el resto cubierto por la hipoteca privada con estas dos particulares. Lo llamativo es que ambas mujeres habían adquirido esa misma propiedad apenas seis meses antes por un valor menor.

La inconsistencia entre lo que dicta el Registro de la Propiedad Inmueble y los testimonios de las involucradas ha puesto la lupa sobre la transparencia de la transacción. Mientras los documentos públicos llevan la firma de la escribana Adriana Nechevenko —quien ya había intervenido en otras operaciones de la familia Adorni—, las declaraciones de las supuestas acreedoras sugieren que podrían haber sido utilizadas como prestanombres en una maniobra de financiamiento poco clara.

Hasta el momento, el Jefe de Gabinete no ha brindado una explicación detallada sobre por qué las personas que figuran prestándole una fortuna aseguran no tener idea de quién es él. El caso ya ha derivado en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, mientras la justicia federal comienza a solicitar medidas de prueba para determinar si los 200.000 dólares existieron realmente y cuál es el verdadero origen de los fondos utilizados para la compra.

El fiscal Marijuan solicitó al juez Sebastián Ramos que cite nuevamente a los exfuncionarios y directivos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación apunta a un esquema de pedidos de retornos para agilizar el pago de prestaciones.

La causa que investiga una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial este lunes. El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó un pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y Pablo Calvete, ex subdirector, junto a una lista de más de 20 personas implicadas. La solicitud responde al avance de la investigación sobre el presunto cobro de coimas a prestadores de servicios de salud.

La maniobra investigada consistía en la exigencia de “retornos” económicos a empresas y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad. Según la denuncia original, los funcionarios habrían retenido pagos legítimos de la obra estatal Incluir Salud para forzar a los prestadores a pagar un porcentaje del monto adeudado a cambio de liberar los fondos correspondientes.

Entre los nuevos nombres que el fiscal pide indagar se encuentran no solo exfuncionarios de alto rango, sino también intermediarios y administrativos que habrían facilitado el circuito de recaudación ilegal. El dictamen de Marijuan sostiene que existen pruebas suficientes para sospechar que se montó una estructura jerárquica destinada a desviar fondos públicos mediante la extorsión a los prestadores del sistema.

La investigación se aceleró tras la incorporación de testimonios de empresarios del sector que detallaron cómo eran contactados para negociar los pagos. En algunos casos, se denunció que las exigencias llegaban a representar hasta el 20% del valor de las facturas emitidas, bajo la amenaza de interrumpir definitivamente la cadena de pagos si no se accedía al soborno.

Diego Spagnuolo, quien fuera una figura cercana al entorno presidencial durante su gestión, ya había sido desplazado de su cargo cuando las irregularidades comenzaron a tomar estado público. Por su parte, el juez Sebastián Ramos deberá definir en los próximos días las fechas para las declaraciones de los imputados, en un proceso que busca determinar el grado de responsabilidad de cada integrante de la cúpula de la ANDIS.

El caso ha generado un fuerte impacto en el área de salud y discapacidad, ya que los retrasos en los pagos afectaron directamente la atención de miles de beneficiarios en todo el país. Mientras la justicia federal analiza la ruta del dinero y las comunicaciones entre los acusados, los querellantes esperan que estas nuevas indagatorias permitan esclarecer el destino final de los fondos recaudados de manera ilícita.

El trágico episodio ocurrió este lunes por la mañana en la localidad de San Cristóbal. El agresor, un estudiante de 15 años, disparó contra sus pares durante el inicio de la jornada escolar, dejando un saldo de un fallecido y dos heridos.

La comunidad educativa de la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, en la localidad santafesina de San Cristóbal, se vio sacudida este lunes por un hecho de violencia sin precedentes. Minutos después del ingreso escolar, mientras los alumnos se encontraban en el patio preparándose para el izamiento de la bandera, un estudiante de 15 años inició un ataque con un arma de fuego que terminó con la vida de uno de sus compañeros.

Según los primeros reportes, el agresor habría ingresado al establecimiento con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra. Sin mediar palabra, el joven efectuó entre cuatro y cinco disparos que impactaron en tres estudiantes. Como consecuencia del ataque, un adolescente de 13 años, que cursaba el primer año de la secundaria, falleció en el lugar, mientras que otros dos jóvenes resultaron heridos por perdigones.

La situación generó escenas de desesperación y caos dentro del colegio. Muchos estudiantes, ante el sonido de las detonaciones, intentaron escapar del edificio saltando por las ventanas, lo que provocó que algunos sufrieran cortes y golpes adicionales. Los padres, alertados por los llamados de sus hijos desde el interior de la escuela, acudieron de inmediato al establecimiento en medio de un clima de total incertidumbre.

El atacante fue finalmente reducido y desarmado por un preceptor de la institución antes de que pudiera continuar con la agresión. Poco después, efectivos policiales llegaron al lugar y trasladaron al menor a la alcaldía local. En cuanto a los heridos, uno de ellos debió ser derivado a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Rafaela para ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuentes oficiales y testigos del entorno escolar manifestaron su consternación ante lo sucedido, describiendo al agresor como un alumno que no presentaba antecedentes de conducta problemática ni comportamientos agresivos previos. El arma utilizada pertenecería a su padre, quien se desempeña como empleado municipal en la localidad, aunque las circunstancias exactas de cómo el joven obtuvo el armamento aún son materia de investigación.

Tras el fatal desenlace, el Gobierno de la provincia de Santa Fe decretó dos días de duelo y se dispuso la suspensión total de las actividades escolares en todos los niveles de la zona. Mientras la justicia investiga si el ataque fue planificado o un acto al azar, equipos de asistencia psicológica trabajan con los alumnos y docentes que fueron testigos directos de la tragedia.