La Federación Aceitera y el SOEA lanzaron un paro nacional tras el fracaso paritario, acusando a las patronales de intentar congelar los sueldos en base a un índice del INDEC “tramposo” que no cubre la realidad de las familias.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo iniciaron una medida de fuerza conjunta de alcance nacional. El sindicato justificó la contundencia de la huelga exponiendo con dureza una serie de datos económicos que fundamentan el reclamo y que exponen la “mala fe” con la que viene negociando el sector agroexportador.

Los datos clave expuestos por el gremio:

• Propuesta de aumento del 0%: Los sindicatos denunciaron que, en la revisión de la paritaria —pactada originalmente para analizar el impacto económico entre el 27 de abril y el 2 de mayo—, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y las patronales del biodiésel se plantaron en ofrecer cero pesos de recomposición salarial para el mes de mayo.
• Ganancias extraordinarias de las patronales: El gremio reveló que el complejo agroexportador obtuvo una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares gracias a la enorme reducción de los derechos de exportación (retenciones) otorgada por el Gobierno. “No ofrecen ni un peso para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan”, dispararon en un duro comunicado.
• Aumento de la productividad obrera: La conducción sindical detalló que durante 2025 se batieron récords de procesamiento de soja y girasol a costa del esfuerzo de los trabajadores. Según sus registros, la productividad por operario pasó de 183 toneladas mensuales a 191 toneladas por mes, logrando ese rendimiento “sin que las patronales aumentaran la cantidad de trabajadoras y trabajadores”.
• El reclamo de un salario básico de $2,8 millones: El sector fundamentó que, siguiendo las propias estadísticas del INDEC sobre las 9 necesidades básicas que establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo (alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, esparcimiento, etc.), el Salario Mínimo, Vital y Móvil del sector debe fijarse actualmente en $2.802.754 (frente a los $2.344.000 actuales).
• Rechazo a la “trampa” del índice de inflación: Los gremios repudiaron la intención empresaria de querer atar los aumentos únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, advirtiendo que ese indicador ya no representa los gastos reales de una familia trabajadora. Afirmaron que aceptar esa lógica implica caer en una “trampa” que desconoce una tradición de paritarias de más de 20 años.

Para la conducción sindical, la postura de las empresas no es más que un intento de imponer un congelamiento y una rebaja salarial encubierta, motivo por el cual ratificaron que no están dispuestos a “atar la vida de sus familias a la conveniencia de las patronales”.

En una decisión de alto impacto político, un fallo judicial ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica. La CGT y las CTA convocaron a una marcha masiva en repudio a lo que consideran un ataque directo a la autonomía sindical.

El universo sindical argentino se encuentra en estado de conmoción absoluta tras conocerse un polémico fallo judicial que ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y dispuso el desplazamiento de su secretario general, Abel Furlán. La medida, que toca a uno de los gremios industriales más potentes e históricos del país, provocó una reacción inmediata y en cadena de todo el arco gremial, que denunció una “persecución judicial y política”.

Furlán, quien además de liderar a los metalúrgicos es una de las voces más críticas del modelo económico oficialista dentro de la CGT, fue apartado de su cargo a raíz de una vieja causa judicial que impugnaba el proceso electoral interno del gremio. Sin embargo, para la conducción de la central obrera y las dos vertientes de la CTA, el timing y la dureza del fallo no son casuales: consideran que la intervención busca disciplinar a los sindicatos combativos y quebrar la resistencia contra las reformas laborales que intenta consolidar el Ejecutivo.

Frente a este escenario, las principales centrales sindicales del país declararon el estado de alerta y movilización permanente. Para las próximas horas se espera una marcha masiva hacia la sede central de la UOM y los tribunales, bajo la consigna de defender la autonomía de las organizaciones de los trabajadores. Los dirigentes advierten que si el Gobierno avala o ejecuta de forma efectiva esta intervención a través del Ministerio de Trabajo, la respuesta será un esquema de paros y un plan de lucha nacional de alcance impredecible.

A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte barrió con las compensaciones económicas a los micros de larga distancia, trasladando el costo de los boletos gratuitos al sector privado y poniendo en alerta a miles de pacientes.

El plan de ajuste fiscal sumó una de sus medidas más polémicas. El Gobierno nacional oficializó la eliminación total del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico.

La medida quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deroga el esquema de subsidios vigente desde 2018 que cubría parcialmente el costo de los pasajes que las empresas están obligadas a entregar por las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados y en lista de espera) y 27.674 (oncopediatría). El argumento oficial señala que, bajo el nuevo marco de desregulación y plena libertad tarifaria, las compañías privadas deben absorber el 100% del costo dentro de su estructura financiera.

Aunque el texto oficial se esfuerza por aclarar que la obligación de otorgar los pasajes gratuitos permanece plenamente vigente y es exigible ante las empresas, diversos sectores sociales y de salud encendieron las alarmas. La quita del respaldo estatal promete desatar un fuerte conflicto en las terminales de ómnibus, donde las transportistas —asfixiantes por los costos operativos— ya venían retaceando los cupos. Mientras la CNRT promete fiscalizar y aplicar sanciones, la realidad cotidiana golpea una vez más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ahora enfrentan la incertidumbre de si podrán viajar para continuar con sus tratamientos médicos.

En pleno desfinanciamiento militar, la Dirección de Remonta y Veterinaria lanzó una insólita licitación privada donde el Estado no pagará con pesos, sino con fruta fresca cosechada en Mendoza.

En un hecho inédito que expone con crudeza la falta de presupuesto y liquidez, el Ejército Argentino oficializó un mecanismo de contratación digno de la era del trueque: ofrece pagar con toneladas de membrillo fresco la compra de repuestos para una camioneta. La ingeniería administrativa fue impulsada por la Dirección de Remonta y Veterinaria a través de la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26, con el fin de reparar una Chevrolet S10 modelo 2010 perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza.

La particularidad de la convocatoria es que el contrato se adjudicará al proveedor que “ofrezca recibir la menor cantidad de membrillos” a cambio del listado de 31 autopartes solicitadas, que incluyen desde kits de embrague hasta pastillas de freno. Al tratarse de una permuta directa de bienes perecederos que la fuerza no pudo colocar en el mercado, el sistema informático de compras del Estado (COMPR.AR) se vio colapsado técnicamente, obligando a los oferentes a fijar un precio artificial de $0,000001 para poder cargar sus propuestas en una plataforma que no está diseñada para el comercio en especies.

Desde el Ejército salieron a justificar la operación asegurando que el mecanismo es “jurídicamente válido, transparente y económicamente razonable”. Sin embargo, en los pasillos de las Fuerzas Armadas la medida causó un fuerte malestar y se leyó como una muestra del ahogo presupuestario extremo que sufren las delegaciones del interior, justo en una semana donde la cúpula militar viene reclamando de forma abierta inversiones en tecnología ante el ministro de Defensa. La insólita licitación cierra el próximo 27 de mayo, día en que se sabrá cuántos kilos de fruta vale el tren delantero de una 4×4 oficial.

¿La casta viaja en bondi? Las subas de cuatro cifras en colectivos, trenes y subtes transformaron el viaje diario al trabajo en un artículo de lujo. Al final, la motosierra no apuntó a los despachos oficiales ni a los privilegios de la política, sino a los molinetes de las estaciones y a las paradas de colectivo de los sectores populares.

La política de transporte público en el AMBA sufrió un giro de 180 grados desde la asunción del gobierno libertario de Javier Milei. Con el objetivo central de reducir el déficit fiscal, eliminar los subsidios directos a las empresas y “sincerar” los costos del sistema, las tarifas de colectivos, trenes y subterráneos experimentaron el salto más abrupto de la historia reciente. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet publicado este año, el gasto promedio de los hogares en movilidad se disparó un 1.000%, convirtiendo al transporte en el rubro de mayor peso dentro de la canasta de servicios públicos.

A continuación, la reconstrucción cronológica, paso a paso y con datos oficiales, del desmantelamiento del esquema de subsidios y la evolución de los boletos mínimos (con tarjeta SUBE registrada).

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1. El punto de partida: Diciembre 2023

Al asumir la nueva gestión, las tarifas en el AMBA se encontraban fuertemente congeladas y subsidiadas por el Estado Nacional.

• Colectivo mínimo: $52,96
• Tren (Mínimo líneas Mitre, Sarmiento, San Martín): $48,38 (Líneas Roca, Belgrano Sur y Norte costaban $37,30)
• Subte: $80,00

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2. El primer salto (Enero – Febrero 2024)

La devaluación de diciembre de 2023 cuando apenas asumió Milei, impactó de inmediato en los costos operativos de las empresas, lo que forzó las primeras actualizaciones de emergencia. En febrero llegó el primer “tarifazo” masivo con la quita fuerte de subsidios al boleto.

• Enero 2024: El colectivo mínimo subió a $76,92 (un 45,2% de incremento). Los trenes se unificaron en una tarifa base de $130,00. El subte trepó a $110,00.
• Febrero 2024: La Secretaría de Transporte aplicó un ajuste drástico. El colectivo mínimo saltó a $270,00 (un salto del 251% en un solo mes). Los trenes mínimos pasaron a costar $130,00 en todas las líneas.

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3. La escalada del Subte y la unificación de Trenes (Mayo – Junio 2024)

Mientras Nación congeló transitoriamente los colectivos para frenar la inflación del IPC, el Gobierno de la Ciudad avanzó con un cronograma escalonado para el Subte, y la Secretaría de Transporte ajustó fuertemente los trenes en mayo tras declarar la “emergencia ferroviaria”.

• Mayo 2024: El boleto de tren mínimo sufrió un incremento del 53,8%, alcanzando los $200,00. El subte subió a $574,00.
• Junio 2024: El subte trepó a $650,00.

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4. El descongelamiento y la quita del Boleto Integrado (Agosto – Septiembre 2024)

Tras meses sin cambios en el autotransporte, el Gobierno Nacional autorizó un nuevo incremento en agosto y retiró los subsidios a las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Esto dio inicio a la “descoordinación tarifaria”.

• Agosto 2024: El colectivo mínimo nacional aumentó un 37%, pasando de $270 a $371,13.
• Septiembre 2024: Los trenes volvieron a subir un 40%, alcanzando un mínimo de $280,00. El subte completó su esquema escalonado llegando a $757,00.

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5. La fragmentación del sistema y la indexación (2025 – Mayo 2026)

A partir de 2025, el mapa del transporte en el AMBA se rompió definitivamente. Al dejar Nación de financiar las líneas locales, CABA y PBA comenzaron a definir esquemas propios para cubrir los costos o trasladarlos a las tarifas, lo que generó valores diferenciados según la jurisdicción. Además, para 2026 se consolidó un sistema de actualización mensual indexado.

El cuadro tarifario a mayo de 2026

Con las últimas actualizaciones aplicadas a partir de hoy, lunes 18 de mayo de 2026, los valores mínimos (para la primera sección o tramos de 0 a 3 km con SUBE registrada) quedaron configurados de la siguiente manera:

• Colectivos de Jurisdicción Nacional (Líneas interjurisdiccionales que cruzan de Provincia a CABA): $714,00. (Ya se oficializó que subirá a $728 en junio y a $742 en julio).
• Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA): $753,74.
• Colectivos de la Provincia de Buenos Aires (PBA): $968,57. (La Provincia absorbe un costo mayor por la extensión de los recorridos y el recorte del Fondo Compensador del Interior/Amba).
• Trenes del AMBA (Todas las líneas): Subió hoy un 10%, pasando de los $280 que promediaba el año pasado a $310,00. (Tiene un cronograma mensual escalonado que lo llevará a $449,81 en septiembre).
• Subterráneo de CABA: $1.490,00 (para usuarios de 1 a 20 viajes mensuales).

El dato de la SUBE “Sin Registrar”: Como política para desincentivar el anonimato y recortar subsidios, el Gobierno mantuvo el castigo tarifario. Quienes viajan con una tarjeta SUBE sin nominalizar pagan exactamente el doble de la tarifa base (por ejemplo, $1.428 en colectivos nacionales y $2.369 en el subte).

Resumen del Impacto Acumulado (Diciembre 2023 vs. Mayo 2026)

Para tomar dimensión real del ajuste en términos nominales sobre el boleto mínimo registrado:

Transporte	Tarifa Dic 2023	Tarifa Mayo 2026	Aumento Acumulado (%)
Colectivo (Mínimo Nacional)	$52,96	$714,00	+1.248%
Colectivo (Mínimo PBA)	$52,96	$968,57	+1.728%
Trenes (Líneas Mitre/Sarmiento)	$48,38	$310,00	+540%
Subte (CABA)	$80,00	$1.490,00	+1.762%

La quita de subsidios nacionales —que cayeron más de un 43% en términos reales— y la transferencia de costos a las provincias y municipios cambiaron la fisonomía del gasto hogareño en Buenos Aires. Si en 2023 el usuario pagaba con su boleto apenas entre el 2% y el 5% de lo que costaba realmente el tramo, hoy la recaudación directa ya cubre una parte sustancial del llamado “costo técnico”, que las consultoras privadas y el propio Estado ya estiman en torno a los $1.800 y $2.000 por viaje.

A solo seis meses de asumir, el gobierno conservador enfrenta un estallido social sin precedentes provocado por un brutal tarifazo de combustibles y leyes agrarias inconsultas. La respuesta oficial repite el manual de la represión y el asedio militar.

Apenas medio año después de haber quebrado dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), el gobierno de Rodrigo Paz Pereira se encuentra contra las cuerdas y enfrenta una de las crisis políticas y sociales más profundas de la historia reciente de Bolivia. Lo que comenzó como un reclamo sectorial por el incremento de los salarios se ha transformado en una huelga general indefinida con una marcha masiva desde El Alto hacia La Paz que exige la renuncia inmediata del mandatario, en una muestra de la velocidad con la que se dilapidó su capital político inicial.

La mecha que encendió el conflicto fue puramente económica: la incapacidad de la gestión para solucionar la escasez de divisas derivó en un salvaje incremento en el precio de los combustibles —con subas del 86% en la gasolina y un 163% en el diésel—. A este “sinceramiento” forzado se le sumó la polémica y rechazada Ley Agraria 1720, una norma que el Ejecutivo intentó imponer sin consenso y que fue leída por los pueblos indígenas de la Amazonía y los sectores campesinos como un ataque directo a la pequeña y mediana propiedad comunitaria de la tierra. Aunque el presidente ensayó una marcha atrás tardía abrogando la ley, el descontento ya era incontenible.

Hoy, la sede de gobierno en La Paz se encuentra virtualmente cercada y al borde del colapso humanitario, tras la tercera semana consecutiva de bloqueos de rutas nacionales liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los Ponchos Rojos y la Federación Túpac Katari. Lejos de tender puentes genuinos de diálogo, la respuesta del Palacio Quemado ha sido la militarización y la represión con gases lacrimógenos en el centro paceño y la ciudad de El Alto, dejando un saldo de heridos que acrecienta la indignación popular.

Para justificar la parálisis de su propia gestión y el fracaso de sus operativos policiales, el gobierno de Paz Pereira ha optado por la clásica estrategia de agitar fantasmas conspirativos, denunciando un “plan macabro” financiado por el narcotráfico y responsabilizando de forma exclusiva al expresidente Evo Morales como autor intelectual de las protestas. Sin embargo, culpar a la oposición no oculta la realidad de las calles: el “cambio” prometido por la administración de Paz se ha traducido rápidamente en inflación, descontrol de precios, mala calidad de los carburantes que arruina los motores y una preocupante falta de sensibilidad hacia los sectores más vulnerables, quienes hoy marchan bajo la consigna de que el actual gobierno solo legisla para el beneficio de unos pocos privilegiados.

La presión judicial sobre Manuel Adorni se duplica: detectaron billeteras virtuales con movimientos por más de 100.000 dólares que se suman a los escandalosos pagos en negro por la remodelación de su mansión.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo explosivo que complica drásticamente su situación en Comodoro Py. La Justicia logró identificar dos nuevas billeteras virtuales vinculadas al funcionario, las cuales operaban a través de plataformas como Binance, Lemon, Bitso y Over. Según revelaron fuentes judiciales, estas carteras digitales registran movimientos superiores a los 100.000 dólares desde el año 2022 a la fecha, abriendo una nueva línea de investigación sobre fondos no declarados.

En paralelo al frente cripto, el avance en la causa inmobiliaria sumó pruebas demoledoras. El contratista Matías Tabar se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita y entregó chats, facturas y remitos que reconstruyen cómo se financió la lujosa reforma en el country Indio Cua. Tabar ratificó que el valor total de la obra ascendió a 245.000 dólares y que se pagó íntegramente en efectivo, iniciándose con un anticipo “en mano” de 94.000 dólares.

Toda la documentación aportada por el constructor ya fue incorporada al expediente para cruzar los gastos reales con las declaraciones juradas en blanco de Adorni, las cuales muestran una asimetría total con el nivel de vida exhibido. El escándalo, bautizado en los pasillos políticos como el “Adornigate”, obligó al presidente Javier Milei a recibir de urgencia al funcionario en la Quinta de Olivos, en un intento por contener los daños de una causa que ya erosiona de manera irreversible el relato de transparencia oficialista.

Tras las explosivas declaraciones del Presidente en un canal de streaming oficialista, la diputada lo acusó de incumplir sus deberes al no judicializar un presunto intento de “golpe de Estado” y un ofrecimiento de coimas.

La diputada nacional Marcela Pagano formalizó este viernes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de encubrimiento. La presentación judicial surge a raíz de una entrevista brindada por el mandatario el jueves por la noche en el canal de stream oficialista Carajo, donde relató hechos de extrema gravedad institucional que, según la legisladora, Milei omitió denunciar ante la justicia pese a su deber como funcionario público.

La denuncia se centra en dos ejes principales. El primero se desprende de la afirmación de Milei sobre un supuesto intento de “golpe de Estado” tras la victoria electoral de Manuel Adorni en las elecciones porteñas de medio término. Para Pagano, que el Jefe de Estado admita públicamente tener conocimiento de un plan para desestabilizar el orden constitucional y no lo haya denunciado configura una violación al artículo 226 del Código Penal, tratándose de un delito cuya investigación es “indelegable”.

El segundo eje apunta a la confesión de Milei sobre un intento de coima por parte de un empresario. Según la presentación de la diputada, el relato del Presidente encuadra en el delito de cohecho activo, agravado por la investidura del funcionario al que se dirigió la oferta. Pagano sostiene que Milei no puede elegir qué delitos denunciar y cuáles simplemente mencionar en un set de televisión, especialmente cuando se trata de ataques contra la transparencia y la vida democrática.

Con este movimiento judicial, la exintegrante del bloque libertario profundiza su perfil opositor y pone al mandatario ante la obligación de dar explicaciones en tribunales. La denuncia no solo cuestiona la veracidad de los dichos presidenciales, sino que expone una peligrosa discrecionalidad en el manejo de información sensible que involucra delitos de acción pública.

El contratista Matías Tabar rompió el silencio y confirmó que el vocero presidencial pagó la totalidad de su obra con fajos de dólares en efectivo, justificando la evasión al asegurar que “en Argentina todo el mundo trabaja en negro”.

La situación judicial de Manuel Adorni se torna cada vez más asfixiante tras la ratificación del contratista Matías Tabar, quien confirmó que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo por la remodelación de su casa en el country Indio Cua. Según el relato del intermediario, el pago se realizó en dólares billete en dos etapas: un anticipo de 94 mil dólares y un segundo desembolso para cancelar el saldo total de la obra.

A pesar de que Tabar intentó defender la honestidad del vocero, sus declaraciones ante la justicia y los medios terminaron exponiendo el nivel de excentricidad de la propiedad. Entre los detalles más polémicos de la refacción, el contratista confirmó la instalación de una parrilla con control remoto, una cascada de agua en la piscina y un jacuzzi. Además, se reveló que mientras se realizaban estos trabajos, Adorni alquiló otra casa en el mismo country por un valor total de 21.000 dólares durante 18 meses.

Lo más escandaloso del testimonio fue la naturalización de la evasión fiscal. Tabar admitió que la obra se manejó por fuera del sistema bancario, afirmando que “ninguna persona en Argentina que esté construyendo una casa declara todo” y que facturar el total de los costos sería “imposible”. Aunque el constructor se declaró “libertario” y votante de Milei, sus palabras dejan al vocero presidencial en una posición de extrema fragilidad ante la investigación por presuntas irregularidades patrimoniales.

En medio de una crisis económica que golpea el bolsillo de los trabajadores y estudiantes, un diputado de La Libertad Avanza estacionó su Tesla Cybertruck de 200 mil dólares en el Congreso: la nueva ‘casta’ viaja en el vehículo de Elon Musk mientras el pueblo paga el ajuste.

Mientras el discurso oficial sostiene que el ajuste debe ser pagado por la política, el estacionamiento del anexo de la Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de una exhibición de lujo que dejó a todos boquiabiertos. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, asistió a su jornada laboral a bordo de una Tesla Cybertruck, la pickup eléctrica ultra futurista de la compañía de Elon Musk.

El vehículo se caracteriza por su diseño de líneas angulares y un exoesqueleto de acero inoxidable, pero lo que más impacto causó fue su valor: en Argentina, sumando los costos de importación, esta camioneta tiene una valuación superior a los 200 mil dólares. La periodista Noelia Barral Grigera viralizó las imágenes del vehículo, señalando que, además de este Tesla, el diputado jujeño cuenta en su declaración jurada con un Mercedes Benz, una camioneta Amarok, una Toyota y motocicletas de alta cilindrada como una KTM 1000 y una Husqvarna.

La presencia de la Cybertruck en el Congreso generó una reacción inmediata en redes sociales y pasillos legislativos. Para muchos sectores, la excentricidad del modelo resulta una provocación en medio de una crisis económica que golpea el bolsillo de los trabajadores y estudiantes. El contraste entre el “no hay plata” que pregona el Ejecutivo y el despliegue de tecnología de élite por parte de sus legisladores vuelve a poner en duda la verdadera naturaleza del esfuerzo que se le pide a la sociedad.

Quintar, representante de la provincia de Jujuy, queda así en el ojo de la tormenta. Si bien el patrimonio puede ser previo a su función, el uso de un bien tan suntuoso para asistir al trabajo parlamentario —en el mismo lugar donde se discuten recortes a áreas sensibles— refuerza la idea de una dirigencia que vive en una realidad paralela, protegida por un “exoesqueleto” de privilegios que la aleja del día a día de sus representados.