¿La casta viaja en bondi? Las subas de cuatro cifras en colectivos, trenes y subtes transformaron el viaje diario al trabajo en un artículo de lujo. Al final, la motosierra no apuntó a los despachos oficiales ni a los privilegios de la política, sino a los molinetes de las estaciones y a las paradas de colectivo de los sectores populares.

La política de transporte público en el AMBA sufrió un giro de 180 grados desde la asunción del gobierno libertario de Javier Milei. Con el objetivo central de reducir el déficit fiscal, eliminar los subsidios directos a las empresas y “sincerar” los costos del sistema, las tarifas de colectivos, trenes y subterráneos experimentaron el salto más abrupto de la historia reciente. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet publicado este año, el gasto promedio de los hogares en movilidad se disparó un 1.000%, convirtiendo al transporte en el rubro de mayor peso dentro de la canasta de servicios públicos.

A continuación, la reconstrucción cronológica, paso a paso y con datos oficiales, del desmantelamiento del esquema de subsidios y la evolución de los boletos mínimos (con tarjeta SUBE registrada).

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1. El punto de partida: Diciembre 2023

Al asumir la nueva gestión, las tarifas en el AMBA se encontraban fuertemente congeladas y subsidiadas por el Estado Nacional.

• Colectivo mínimo: $52,96
• Tren (Mínimo líneas Mitre, Sarmiento, San Martín): $48,38 (Líneas Roca, Belgrano Sur y Norte costaban $37,30)
• Subte: $80,00

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2. El primer salto (Enero – Febrero 2024)

La devaluación de diciembre de 2023 cuando apenas asumió Milei, impactó de inmediato en los costos operativos de las empresas, lo que forzó las primeras actualizaciones de emergencia. En febrero llegó el primer “tarifazo” masivo con la quita fuerte de subsidios al boleto.

• Enero 2024: El colectivo mínimo subió a $76,92 (un 45,2% de incremento). Los trenes se unificaron en una tarifa base de $130,00. El subte trepó a $110,00.
• Febrero 2024: La Secretaría de Transporte aplicó un ajuste drástico. El colectivo mínimo saltó a $270,00 (un salto del 251% en un solo mes). Los trenes mínimos pasaron a costar $130,00 en todas las líneas.

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3. La escalada del Subte y la unificación de Trenes (Mayo – Junio 2024)

Mientras Nación congeló transitoriamente los colectivos para frenar la inflación del IPC, el Gobierno de la Ciudad avanzó con un cronograma escalonado para el Subte, y la Secretaría de Transporte ajustó fuertemente los trenes en mayo tras declarar la “emergencia ferroviaria”.

• Mayo 2024: El boleto de tren mínimo sufrió un incremento del 53,8%, alcanzando los $200,00. El subte subió a $574,00.
• Junio 2024: El subte trepó a $650,00.

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4. El descongelamiento y la quita del Boleto Integrado (Agosto – Septiembre 2024)

Tras meses sin cambios en el autotransporte, el Gobierno Nacional autorizó un nuevo incremento en agosto y retiró los subsidios a las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Esto dio inicio a la “descoordinación tarifaria”.

• Agosto 2024: El colectivo mínimo nacional aumentó un 37%, pasando de $270 a $371,13.
• Septiembre 2024: Los trenes volvieron a subir un 40%, alcanzando un mínimo de $280,00. El subte completó su esquema escalonado llegando a $757,00.

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5. La fragmentación del sistema y la indexación (2025 – Mayo 2026)

A partir de 2025, el mapa del transporte en el AMBA se rompió definitivamente. Al dejar Nación de financiar las líneas locales, CABA y PBA comenzaron a definir esquemas propios para cubrir los costos o trasladarlos a las tarifas, lo que generó valores diferenciados según la jurisdicción. Además, para 2026 se consolidó un sistema de actualización mensual indexado.

El cuadro tarifario a mayo de 2026

Con las últimas actualizaciones aplicadas a partir de hoy, lunes 18 de mayo de 2026, los valores mínimos (para la primera sección o tramos de 0 a 3 km con SUBE registrada) quedaron configurados de la siguiente manera:

• Colectivos de Jurisdicción Nacional (Líneas interjurisdiccionales que cruzan de Provincia a CABA): $714,00. (Ya se oficializó que subirá a $728 en junio y a $742 en julio).
• Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA): $753,74.
• Colectivos de la Provincia de Buenos Aires (PBA): $968,57. (La Provincia absorbe un costo mayor por la extensión de los recorridos y el recorte del Fondo Compensador del Interior/Amba).
• Trenes del AMBA (Todas las líneas): Subió hoy un 10%, pasando de los $280 que promediaba el año pasado a $310,00. (Tiene un cronograma mensual escalonado que lo llevará a $449,81 en septiembre).
• Subterráneo de CABA: $1.490,00 (para usuarios de 1 a 20 viajes mensuales).

El dato de la SUBE “Sin Registrar”: Como política para desincentivar el anonimato y recortar subsidios, el Gobierno mantuvo el castigo tarifario. Quienes viajan con una tarjeta SUBE sin nominalizar pagan exactamente el doble de la tarifa base (por ejemplo, $1.428 en colectivos nacionales y $2.369 en el subte).

Resumen del Impacto Acumulado (Diciembre 2023 vs. Mayo 2026)

Para tomar dimensión real del ajuste en términos nominales sobre el boleto mínimo registrado:

Transporte	Tarifa Dic 2023	Tarifa Mayo 2026	Aumento Acumulado (%)
Colectivo (Mínimo Nacional)	$52,96	$714,00	+1.248%
Colectivo (Mínimo PBA)	$52,96	$968,57	+1.728%
Trenes (Líneas Mitre/Sarmiento)	$48,38	$310,00	+540%
Subte (CABA)	$80,00	$1.490,00	+1.762%

La quita de subsidios nacionales —que cayeron más de un 43% en términos reales— y la transferencia de costos a las provincias y municipios cambiaron la fisonomía del gasto hogareño en Buenos Aires. Si en 2023 el usuario pagaba con su boleto apenas entre el 2% y el 5% de lo que costaba realmente el tramo, hoy la recaudación directa ya cubre una parte sustancial del llamado “costo técnico”, que las consultoras privadas y el propio Estado ya estiman en torno a los $1.800 y $2.000 por viaje.

A solo seis meses de asumir, el gobierno conservador enfrenta un estallido social sin precedentes provocado por un brutal tarifazo de combustibles y leyes agrarias inconsultas. La respuesta oficial repite el manual de la represión y el asedio militar.

Apenas medio año después de haber quebrado dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), el gobierno de Rodrigo Paz Pereira se encuentra contra las cuerdas y enfrenta una de las crisis políticas y sociales más profundas de la historia reciente de Bolivia. Lo que comenzó como un reclamo sectorial por el incremento de los salarios se ha transformado en una huelga general indefinida con una marcha masiva desde El Alto hacia La Paz que exige la renuncia inmediata del mandatario, en una muestra de la velocidad con la que se dilapidó su capital político inicial.

La mecha que encendió el conflicto fue puramente económica: la incapacidad de la gestión para solucionar la escasez de divisas derivó en un salvaje incremento en el precio de los combustibles —con subas del 86% en la gasolina y un 163% en el diésel—. A este “sinceramiento” forzado se le sumó la polémica y rechazada Ley Agraria 1720, una norma que el Ejecutivo intentó imponer sin consenso y que fue leída por los pueblos indígenas de la Amazonía y los sectores campesinos como un ataque directo a la pequeña y mediana propiedad comunitaria de la tierra. Aunque el presidente ensayó una marcha atrás tardía abrogando la ley, el descontento ya era incontenible.

Hoy, la sede de gobierno en La Paz se encuentra virtualmente cercada y al borde del colapso humanitario, tras la tercera semana consecutiva de bloqueos de rutas nacionales liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), los Ponchos Rojos y la Federación Túpac Katari. Lejos de tender puentes genuinos de diálogo, la respuesta del Palacio Quemado ha sido la militarización y la represión con gases lacrimógenos en el centro paceño y la ciudad de El Alto, dejando un saldo de heridos que acrecienta la indignación popular.

Para justificar la parálisis de su propia gestión y el fracaso de sus operativos policiales, el gobierno de Paz Pereira ha optado por la clásica estrategia de agitar fantasmas conspirativos, denunciando un “plan macabro” financiado por el narcotráfico y responsabilizando de forma exclusiva al expresidente Evo Morales como autor intelectual de las protestas. Sin embargo, culpar a la oposición no oculta la realidad de las calles: el “cambio” prometido por la administración de Paz se ha traducido rápidamente en inflación, descontrol de precios, mala calidad de los carburantes que arruina los motores y una preocupante falta de sensibilidad hacia los sectores más vulnerables, quienes hoy marchan bajo la consigna de que el actual gobierno solo legisla para el beneficio de unos pocos privilegiados.

La presión judicial sobre Manuel Adorni se duplica: detectaron billeteras virtuales con movimientos por más de 100.000 dólares que se suman a los escandalosos pagos en negro por la remodelación de su mansión.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo explosivo que complica drásticamente su situación en Comodoro Py. La Justicia logró identificar dos nuevas billeteras virtuales vinculadas al funcionario, las cuales operaban a través de plataformas como Binance, Lemon, Bitso y Over. Según revelaron fuentes judiciales, estas carteras digitales registran movimientos superiores a los 100.000 dólares desde el año 2022 a la fecha, abriendo una nueva línea de investigación sobre fondos no declarados.

En paralelo al frente cripto, el avance en la causa inmobiliaria sumó pruebas demoledoras. El contratista Matías Tabar se presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita y entregó chats, facturas y remitos que reconstruyen cómo se financió la lujosa reforma en el country Indio Cua. Tabar ratificó que el valor total de la obra ascendió a 245.000 dólares y que se pagó íntegramente en efectivo, iniciándose con un anticipo “en mano” de 94.000 dólares.

Toda la documentación aportada por el constructor ya fue incorporada al expediente para cruzar los gastos reales con las declaraciones juradas en blanco de Adorni, las cuales muestran una asimetría total con el nivel de vida exhibido. El escándalo, bautizado en los pasillos políticos como el “Adornigate”, obligó al presidente Javier Milei a recibir de urgencia al funcionario en la Quinta de Olivos, en un intento por contener los daños de una causa que ya erosiona de manera irreversible el relato de transparencia oficialista.

Tras las explosivas declaraciones del Presidente en un canal de streaming oficialista, la diputada lo acusó de incumplir sus deberes al no judicializar un presunto intento de “golpe de Estado” y un ofrecimiento de coimas.

La diputada nacional Marcela Pagano formalizó este viernes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de encubrimiento. La presentación judicial surge a raíz de una entrevista brindada por el mandatario el jueves por la noche en el canal de stream oficialista Carajo, donde relató hechos de extrema gravedad institucional que, según la legisladora, Milei omitió denunciar ante la justicia pese a su deber como funcionario público.

La denuncia se centra en dos ejes principales. El primero se desprende de la afirmación de Milei sobre un supuesto intento de “golpe de Estado” tras la victoria electoral de Manuel Adorni en las elecciones porteñas de medio término. Para Pagano, que el Jefe de Estado admita públicamente tener conocimiento de un plan para desestabilizar el orden constitucional y no lo haya denunciado configura una violación al artículo 226 del Código Penal, tratándose de un delito cuya investigación es “indelegable”.

El segundo eje apunta a la confesión de Milei sobre un intento de coima por parte de un empresario. Según la presentación de la diputada, el relato del Presidente encuadra en el delito de cohecho activo, agravado por la investidura del funcionario al que se dirigió la oferta. Pagano sostiene que Milei no puede elegir qué delitos denunciar y cuáles simplemente mencionar en un set de televisión, especialmente cuando se trata de ataques contra la transparencia y la vida democrática.

Con este movimiento judicial, la exintegrante del bloque libertario profundiza su perfil opositor y pone al mandatario ante la obligación de dar explicaciones en tribunales. La denuncia no solo cuestiona la veracidad de los dichos presidenciales, sino que expone una peligrosa discrecionalidad en el manejo de información sensible que involucra delitos de acción pública.

El contratista Matías Tabar rompió el silencio y confirmó que el vocero presidencial pagó la totalidad de su obra con fajos de dólares en efectivo, justificando la evasión al asegurar que “en Argentina todo el mundo trabaja en negro”.

La situación judicial de Manuel Adorni se torna cada vez más asfixiante tras la ratificación del contratista Matías Tabar, quien confirmó que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo por la remodelación de su casa en el country Indio Cua. Según el relato del intermediario, el pago se realizó en dólares billete en dos etapas: un anticipo de 94 mil dólares y un segundo desembolso para cancelar el saldo total de la obra.

A pesar de que Tabar intentó defender la honestidad del vocero, sus declaraciones ante la justicia y los medios terminaron exponiendo el nivel de excentricidad de la propiedad. Entre los detalles más polémicos de la refacción, el contratista confirmó la instalación de una parrilla con control remoto, una cascada de agua en la piscina y un jacuzzi. Además, se reveló que mientras se realizaban estos trabajos, Adorni alquiló otra casa en el mismo country por un valor total de 21.000 dólares durante 18 meses.

Lo más escandaloso del testimonio fue la naturalización de la evasión fiscal. Tabar admitió que la obra se manejó por fuera del sistema bancario, afirmando que “ninguna persona en Argentina que esté construyendo una casa declara todo” y que facturar el total de los costos sería “imposible”. Aunque el constructor se declaró “libertario” y votante de Milei, sus palabras dejan al vocero presidencial en una posición de extrema fragilidad ante la investigación por presuntas irregularidades patrimoniales.

En medio de una crisis económica que golpea el bolsillo de los trabajadores y estudiantes, un diputado de La Libertad Avanza estacionó su Tesla Cybertruck de 200 mil dólares en el Congreso: la nueva ‘casta’ viaja en el vehículo de Elon Musk mientras el pueblo paga el ajuste.

Mientras el discurso oficial sostiene que el ajuste debe ser pagado por la política, el estacionamiento del anexo de la Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de una exhibición de lujo que dejó a todos boquiabiertos. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, asistió a su jornada laboral a bordo de una Tesla Cybertruck, la pickup eléctrica ultra futurista de la compañía de Elon Musk.

El vehículo se caracteriza por su diseño de líneas angulares y un exoesqueleto de acero inoxidable, pero lo que más impacto causó fue su valor: en Argentina, sumando los costos de importación, esta camioneta tiene una valuación superior a los 200 mil dólares. La periodista Noelia Barral Grigera viralizó las imágenes del vehículo, señalando que, además de este Tesla, el diputado jujeño cuenta en su declaración jurada con un Mercedes Benz, una camioneta Amarok, una Toyota y motocicletas de alta cilindrada como una KTM 1000 y una Husqvarna.

La presencia de la Cybertruck en el Congreso generó una reacción inmediata en redes sociales y pasillos legislativos. Para muchos sectores, la excentricidad del modelo resulta una provocación en medio de una crisis económica que golpea el bolsillo de los trabajadores y estudiantes. El contraste entre el “no hay plata” que pregona el Ejecutivo y el despliegue de tecnología de élite por parte de sus legisladores vuelve a poner en duda la verdadera naturaleza del esfuerzo que se le pide a la sociedad.

Quintar, representante de la provincia de Jujuy, queda así en el ojo de la tormenta. Si bien el patrimonio puede ser previo a su función, el uso de un bien tan suntuoso para asistir al trabajo parlamentario —en el mismo lugar donde se discuten recortes a áreas sensibles— refuerza la idea de una dirigencia que vive en una realidad paralela, protegida por un “exoesqueleto” de privilegios que la aleja del día a día de sus representados.

Confesión narco y vuelo directo al escándalo: Fred Machado se declaró culpable en EE.UU. y dejó al ex candidato de Milei contra las cuerdas por el financiamiento de su campaña.

El panorama judicial de José Luis Espert se complicó drásticamente tras la confesión de Federico “Fred” Machado ante la justicia de los Estados Unidos. El empresario aeronáutico, detenido por liderar una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, se declaró culpable, confirmando las maniobras financieras ilegales que realizaba a través de su flota de aviones. Esta admisión de culpabilidad reaviva las sospechas sobre el financiamiento de la campaña electoral del actual diputado libertario.

La relación entre Espert y Machado no es nueva: el legislador utilizó en reiteradas oportunidades los aviones de Machado para trasladarse durante sus actividades políticas, incluso cuando ya pesaban alertas internacionales sobre el empresario. La confesión de Machado en tribunales estadounidenses refuerza la hipótesis de que fondos provenientes del crimen organizado podrían haber permeado la estructura política de Espert, quien hasta ahora ha intentado despegarse del escándalo calificándolo como un hecho circunstancial.

Con la declaración de culpabilidad de Machado, la justicia argentina recibe un impulso para profundizar la investigación sobre el origen de los recursos que sostuvieron el ascenso político del economista. Se busca determinar si existió una contraprestación por el uso de las aeronaves y si el vínculo entre ambos iba más allá de un simple servicio de transporte, entrando en el terreno del lavado de dinero y el financiamiento ilícito de la política.

Este escándalo estalla en un momento de extrema sensibilidad para el oficialismo, ya que Espert es una de las figuras clave del Gobierno en el Congreso. Mientras el discurso oficial se centra en la transparencia y la lucha contra las “mafias”, la confirmación de que un aliado estratégico fue financiado por un narco confeso pone al Gobierno en una situación defensiva y obliga al diputado a dar explicaciones ante una justicia que ahora cuenta con pruebas internacionales contundentes.

Entre empresas “fantasma” que operan en lavaderos de autos y facturas infladas, la Justicia investiga a Diego Spagnuolo por el millonario desvío de fondos destinados a los sectores más vulnerables.

La Justicia Federal incorporó recientemente un informe crítico elaborado por el propio Ministerio de Salud que profundiza las acusaciones contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El documento revela una presunta estructura de corrupción montada para el desvío de fondos públicos mediante el direccionamiento de licitaciones y el cobro de retornos. Esta auditoría interna se suma a la causa penal que ya investiga el fiscal Franco Piccardi por presuntas coimas en la compra de insumos médicos.

El hallazgo más impactante del informe detalla la existencia de sobreprecios que, en algunos casos, superan el 4000%. Un ejemplo paradigmático citado por la auditoría es la adquisición de prótesis facturadas por 12,15 millones de pesos, cuando los valores de mercado de referencia se situaban en niveles ínfimos en comparación. Estas cifras exponen una maniobra de vaciamiento sistemático de los recursos destinados originalmente a la asistencia de personas con discapacidad.

La operatoria de defraudación no solo se basaba en el precio, sino también en el direccionamiento de las compras hacia un grupo cerrado de proveedores. El informe identifica a empresas como Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L. y Artrobone Ortopedia S.A., las cuales simulaban competir entre sí en las licitaciones. Sin embargo, los investigadores detectaron que estas firmas compartían los mismos domicilios fiscales, socios comerciales e incluso vínculos de parentesco entre sus directivos.

Un dato que añade una nota de insolvencia y sospecha a la red de proveedores es el domicilio declarado por varias de estas compañías. Al realizar las verificaciones correspondientes, se descubrió que en la dirección de Avenida Lacroze 2911, en la Ciudad de Buenos Aires, no funciona ninguna oficina administrativa ni depósito sanitario. En su lugar, el predio está ocupado actualmente por un lavadero de autos, lo que refuerza la tesis de que se trata de empresas “fantasma” o sellos de goma creados para la facturación.

El reporte también establece comparaciones con otros organismos estatales para dimensionar el fraude. En el caso de las válvulas cardíacas, la gestión de Spagnuolo convalidó pagos por 425 millones de pesos, mientras que el PAMI había adquirido productos idénticos semanas antes por solo 124 millones. Esta disparidad en los precios de compra entre organismos del mismo Estado evidencia la ausencia total de controles y la voluntad deliberada de pagar excedentes injustificados.

La situación procesal de Diego Spagnuolo, quien fuera abogado personal de Javier Milei, se vuelve cada vez más frágil ante estas nuevas pruebas. Además de las irregularidades en insumos ortopédicos, la justicia ya rastrea la ruta del “3 por ciento”, un porcentaje que supuestamente se exigía como retorno a los laboratorios para liberar los pagos de medicamentos de alto costo. La causa cuenta actualmente con 19 personas bajo la lupa judicial, incluyendo al exfuncionario Daniel Garbellini.

Este escándalo en la ANDIS representa un duro golpe institucional, dado que afecta de manera directa a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. El informe del Gobierno ahora actúa como una pieza clave para que el juez Sebastián Casanello avance en los procesamientos y posibles embargos. La investigación continúa abierta para determinar si la red de coimas se extendía a otros estamentos jerárquicos de la administración nacional.

Milei entregó la mayor transportadora de energía del país por un precio que genera sospechas y pone en jaque el futuro de la energía eléctrica en Argentina.

En un movimiento que profundiza el programa de transferencia de activos estatales al sector privado, el Gobierno nacional concretó la venta de su participación en Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión en Argentina. La operación se cerró por una cifra de 356 millones de dólares, un monto que ya genera fuertes controversias en el sector energético por considerarse muy por debajo del valor estratégico y técnico de la compañía.

Transener es una pieza vital para la soberanía energética del país, ya que opera casi el 90% de las líneas de alta tensión y es la encargada de vincular las centrales de generación con los centros de consumo en todo el territorio nacional. La decisión de desprenderse del control estatal de esta red crítica se da en un contexto de desregulación total del mercado eléctrico, donde el Ejecutivo busca reducir al mínimo la intervención del Estado, delegando la gestión y expansión de la infraestructura en manos de capitales privados.

Desde la oposición y diversos gremios del sector energético advirtieron sobre los riesgos de dejar el transporte de energía exclusivamente en manos privadas, señalando posibles impactos en la calidad del servicio y en las tarifas futuras. Argumentan que, al ser un monopolio natural, la falta de un control estatal directo podría priorizar la rentabilidad de los nuevos dueños por sobre las inversiones necesarias para evitar apagones en picos de demanda.

La privatización de Transener se suma a la lista de empresas públicas que el Gobierno planea liquidar o concesionar antes de fin de año. Con este ingreso de divisas, la Casa Rosada busca mostrar un alivio temporal en las cuentas fiscales, aunque a costa de ceder el control de una de las herramientas más importantes para la planificación estratégica del desarrollo industrial y social del país.

Se acabó el silencio: peritan los audios que muestran cómo la ‘motosierra’ en discapacidad habría servido para financiar beneficios propios

La investigación judicial que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo clave tras el pedido formal de una pericia técnica sobre una serie de audios que involucran al director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo. La solicitud busca determinar la veracidad y la integridad de las grabaciones donde se escuchan presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos y la toma de decisiones dentro de la agencia encargada de las políticas de inclusión para personas con discapacidad.

Spagnuolo, quien asumió el cargo bajo la actual administración y es un hombre de extrema confianza del entorno presidencial, quedó en el ojo del huracán luego de que trascendieran registros que sugerirían un uso discrecional de los recursos estatales. La justicia intenta establecer si los audios —que circularon de manera interna y luego llegaron a sede judicial— prueban maniobras de malversación o si fueron editados, como sostienen desde sectores cercanos al funcionario.

El avance de esta pericia es fundamental para la causa, ya que podría confirmar un esquema de desvío de partidas en un área que viene sufriendo recortes presupuestarios severos y denuncias de beneficiarios por la falta de entrega de insumos básicos y demoras en el pago de prestaciones. La denuncia pone en duda la transparencia en la gestión de una de las cajas más sensibles del Estado nacional.

Mientras se espera el resultado de las pruebas técnicas, el escándalo en ANDIS aumenta la presión sobre el gabinete. La investigación judicial no solo apunta a la responsabilidad penal de Spagnuolo, sino que también expone las internas de una gestión que prometía barrer con la discrecionalidad y ahora debe dar explicaciones en los tribunales por presuntos hechos de corrupción en una de las áreas más vulnerables de la administración pública.