Informes de las principales consultoras del país revelan que el “blindaje mediático” en redes sociales ya no alcanza para contener el malestar social. Por primera vez, la aprobación del Gobierno cae por debajo de la inflación acumulada y el pesimismo le gana a la esperanza en los centros urbanos.

El ecosistema digital que funcionó como el gran motor del ascenso de Javier Milei muestra signos de fatiga estructural. Según el último informe de la consultora Zuban Córdoba, la imagen negativa del presidente ha escalado hasta perforar el piso del 55%, marcando que el discurso de la “lucha contra la casta” ya no es suficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo. El fenómeno, que antes se mantenía en una burbuja de interacciones positivas, hoy choca con una realidad donde la preocupación por el desempleo y la pobreza ha desplazado al debate sobre la ideología de género o el cierre de organismos estatales.

Por su parte, el Monitor de Humor Social de D’Alessio IROL/Berensztein destaca un dato alarmante para la Casa Rosada: el 70% de los consultados afirma que su situación económica personal es peor que hace un año. Esta percepción de deterioro constante ha generado un “apagón” en la militancia digital orgánica, que ya no logra dominar la conversación pública con la misma intensidad. El estudio revela que el apoyo de la clase media se está licuando ante el aumento desproporcionado de las tarifas y la medicina prepaga, sectores que fueron el núcleo del voto castigo en 2023.

La consultora Poliarquía también observa un fenómeno de “desgaste prematuro”. Sus mediciones indican que el índice de optimismo sobre el futuro económico cayó 12 puntos en el último bimestre, situándose en niveles similares a los de los momentos de mayor crisis de gestiones anteriores. Lo más impactante es que la credibilidad de la palabra presidencial está en su punto más bajo, ya que gran parte de la población percibe que los datos de inflación que celebra el Gobierno no se reflejan en el ticket del supermercado.

La estrategia de comunicación, liderada por el equipo de Santiago Caputo, intenta contrarrestar estos números con una hiperactividad en la red X (antes Twitter), pero los especialistas en big data advierten que se trata de un “eco-chamber”. Es decir, el oficialismo está hablando para su propio núcleo duro mientras el ciudadano de a pie se desconecta de la política por agotamiento. El análisis de sentimiento en redes demuestra que las menciones negativas hacia la gestión ya no provienen solo de la oposición, sino de usuarios que se identificaban como “independientes” y que ahora utilizan las redes para denunciar la falta de sensibilidad social.

El problema de fondo que señalan los analistas es el choque frontal entre el superávit fiscal “de planilla” y el déficit habitacional y alimentario de las provincias. Mientras el Presidente se enfoca en sus interacciones con magnates tecnológicos, las encuestas territoriales muestran que el ajuste en las provincias ha unificado a gobernadores e intendentes en un reclamo que las redes no pueden silenciar. La desconexión entre la agenda de la cuenta personal de Milei y las urgencias del interior profundo está creando un vacío de representación que la oposición comienza a capitalizar.

Finalmente, el dato más disruptivo de las últimas semanas es la caída de la imagen de Milei entre los jóvenes de 16 a 24 años, el segmento que fue su principal base de apoyo. Para este grupo, la promesa de libertad se ha transformado en la imposibilidad de planificar un futuro básico. Si la gestión no logra traducir el relato de los “clics” en una mejora tangible del consumo interno, el riesgo de que el modelo se apague definitivamente es una posibilidad que los consultores ya miden como un escenario de alta probabilidad para el próximo semestre.

Varios testigos reconocieron que sus declaraciones iniciales fueron inducidas bajo presión, poniendo en duda la veracidad de la causa que se inició con las fotocopias de Oscar Centeno.

La audiencia de este jueves en el Tribunal Oral Federal 7 marcó un punto de inflexión en el juicio de la “Causa Cuadernos”. Lo que en un principio fue presentado como una estructura sólida de corrupción, comenzó a mostrar fisuras irreparables cuando los empresarios citados a declarar empezaron a desmentir sus propios dichos de la etapa de instrucción. Los testigos coincidieron en que los relatos vertidos años atrás no se ajustaron a la realidad, sino a la necesidad de recuperar la libertad en un contexto de fuerte coacción judicial.

Uno de los momentos más tensos de la jornada se vivió cuando un directivo de una importante firma constructora admitió que “mintió” para evitar la prisión preventiva. Ante las preguntas de las defensas, el empresario reconoció que los supuestos pagos de sobornos detallados en los cuadernos de Centeno nunca existieron en los términos planteados por la fiscalía de Carlos Stornelli, y que se vio obligado a “convalidar un guion” para no permanecer detenido durante el proceso.

Esta serie de rectificaciones pone en crisis la validez de los testimonios de los denominados “arrepentidos”, que fueron el pilar fundamental sobre el que se edificó la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner y exfuncionarios de Planificación. La defensa de la expresidenta subrayó que estas confesiones en sede de juicio oral confirman que la causa fue una construcción mediático-judicial diseñada para perseguir a dirigentes políticos, carente de pruebas materiales que respalden los manuscritos originales.

Los empresarios también señalaron que las reuniones con funcionarios, que la acusación intentó presentar como encuentros para la entrega de dinero, eran en realidad gestiones administrativas habituales para reclamar por deudas del Estado. Según los testimonios actuales, no existió un sistema de cartelización ni retornos, sino una relación institucional marcada por la crisis económica de aquel período, desarticulando la hipótesis de la “asociación ilícita” que sostiene el Ministerio Público Fiscal.

La falta de pericias contables que demuestren el origen y destino de los supuestos fondos negros es otro de los puntos que los testigos resaltaron. Al no existir registros de salidas de dinero injustificadas en las empresas, la fiscalía se encuentra en la difícil tarea de sostener una acusación que solo se apoya en anotaciones de un chofer y en declaraciones que, una a una, están siendo retiradas o modificadas por los mismos protagonistas ante los jueces del tribunal.

Con el avance del juicio, queda cada vez más claro que la instrucción de la causa estuvo viciada por procedimientos que hoy los mismos testigos denuncian como extorsivos. Mientras la causa pierde peso probatorio en Comodoro Py, el debate gira ahora hacia la responsabilidad de quienes validaron estos testimonios bajo presión, en lo que ya se perfila como uno de los mayores fiascos judiciales de la historia reciente argentina, donde la verdad empieza a emerger por encima de los cuadernos quemados y reaparecidos.

Mientras el precio de la nafta asfixia el bolsillo de los argentinos, el Gobierno Nacional retiene de forma ilegal los fondos del impuesto al combustible destinados por ley a obras públicas, configurando un desvío millonario que paraliza al país.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, lanzó una denuncia demoledora contra la administración de Javier Milei y Luis Caputo: el Gobierno está “robándose” y desviando fondos que, por ley, tienen un destino específico y obligatorio. Según detalló, el Ministerio de Economía ha recaudado la astronómica cifra de 6 billones de pesos (millones de millones) a través del impuesto a los combustibles en los últimos dos años, pero no ha volcado ni un solo centavo a las rutas e infraestructura hídrica que ese tributo debe financiar.

Esta maniobra representa un incumplimiento flagrante de acuerdos que llevan más de 30 años de vigencia institucional. Cada vez que un ciudadano carga el tanque, paga un impuesto que debería garantizar la seguridad vial y el desarrollo regional; sin embargo, el Ejecutivo nacional utiliza ese dinero para engrosar el ajuste fiscal mientras “hace la plancha” frente a la crisis energética. La denuncia subraya que este desvío no es solo una omisión administrativa, sino un ataque directo a los recursos que pertenecen a las provincias y municipios.

El escenario planteado por Katopodis es de una “crueldad sin antecedentes“. Mientras el precio del combustible se dispara y se traslada automáticamente a los alimentos, el Gobierno se niega sistemáticamente a recibir a los intendentes y gobernadores de todo el país que exigen respuestas. Caputo ya ha ignorado más de seis pedidos de audiencia, manteniendo una política de puertas cerradas mientras el Plan Nacional de Vacunación se desarticula y la obra pública queda en el abandono absoluto.

La paradoja del modelo libertario queda expuesta: Argentina, siendo un país exportador de petróleo, tiene hoy el litro de nafta más caro que los países a los que les vende el recurso. No existe un beneficio para los ciudadanos, sino una transferencia de recursos desde los sectores productivos y la clase media hacia las arcas del Tesoro, sin que ese esfuerzo retorne en servicios, salud o infraestructura. Es un esquema de “ajuste sin fin” donde las prioridades están fijadas exclusivamente para favorecer a los sectores más concentrados de la economía.

Finalmente, la denuncia advierte sobre el quiebre del contrato social y legal. Bajo el lema “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, el binomio Milei-Caputo parece operar al margen de las normativas vigentes que los obligan a coparticipar o invertir los fondos específicos. Lo que Katopodis describe es un modelo de exclusión que destruye el empleo en 23 de las 24 provincias y que, lejos de las promesas de bienestar, ha sumido a la población en una espiral de recesión y desamparo estatal.

Miles de usuarios se ven afectados este lunes por complicaciones en las principales líneas ferroviarias. Problemas en el sistema de señales y desperfectos mecánicos provocaron cancelaciones y demoras de más de 30 minutos en las líneas Roca, Mitre y Sarmiento.

El inicio de la semana laboral se convirtió en una odisea para los pasajeros que dependen de la red de trenes metropolitanos. Desde las primeras horas de la mañana, una serie de fallas técnicas en cadena afectaron el normal funcionamiento de los servicios que conectan el conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. La situación más crítica se registró en la Línea Roca, donde un problema en el sistema de alimentación eléctrica dejó varadas a varias formaciones entre las estaciones de Constitución y Temperley.

En simultáneo, la Línea Mitre operó con servicios reducidos en sus tres ramales debido a desperfectos técnicos en el sistema de señalización a la altura de la estación Empalme Maldonado. Esta falla obligó a las autoridades ferroviarias a implementar un protocolo de emergencia, reduciendo la frecuencia de los trenes y provocando amontonamientos masivos en los andenes de las estaciones cabeceras, donde los tiempos de espera superaron los 40 minutos en hora pico.

Por su parte, la Línea Sarmiento también reportó complicaciones por un incidente técnico en una de las formaciones en la zona de Haedo. Si bien el servicio no se interrumpió por completo, los trenes circularon con demoras significativas y algunas cancelaciones sorpresivas, lo que generó malestar y protestas entre los pasajeros que intentaban llegar a sus puestos de trabajo. Las redes sociales se llenaron rápidamente de quejas y fotos de estaciones colapsadas.

Desde Trenes Argentinos emitieron un breve comunicado informando que los equipos técnicos se encuentran trabajando en la resolución de los distintos inconvenientes. Sin embargo, no brindaron un horario estimado para la normalización total de las frecuencias. Atribuyeron la acumulación de fallas a la falta de mantenimiento acumulada en componentes críticos de la infraestructura ferroviaria y a la escasez de repuestos para las unidades más antiguas.

El impacto del caos ferroviario se trasladó de inmediato al servicio de colectivos y subtes, que se vieron desbordados por los usuarios que buscaban alternativas para completar sus recorridos. En las inmediaciones de los centros de transbordo, las colas para las líneas de colectivos que realizan trayectos similares a los trenes afectados llegaron a tener más de dos cuadras de extensión, complicando aún más la movilidad en toda el área metropolitana.

Hacia el mediodía, el servicio comenzó a mostrar signos de una lenta normalización, aunque se mantienen las demoras residuales. Se recomienda a los usuarios consultar las aplicaciones oficiales y los estados de servicio antes de dirigirse a las estaciones, ya que la estabilidad del sistema sigue siendo precaria mientras se completan las reparaciones de emergencia en las zonas de vías y señales afectadas.

Mientras Milei protagonizaba un show musical en un evento privado, la justicia federal acumulaba nuevas pruebas sobre el esquema de retornos en la ANDIS. La fiscalía investiga si la recaudación ilegal en el organismo se mantuvo activa durante los meses de mayor exposición del discurso oficialista contra la corrupción.

Mientras el ajuste salvaje de la “motosierra” deja sin prestaciones a miles de personas con discapacidad, una investigación del diario Página/12 revela el lado más oscuro del marketing libertario. No fue “la casta” ni las regalías de sus libros: el fastuoso show de Javier Milei en el Movistar Arena habría sido financiado con dinero proveniente de empresarios beneficiados por una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El “padrino” del show: La caja de los medicamentos

La investigación, firmada por el periodista Raúl Kollmann, pone nombres y apellidos al financiamiento del evento donde Milei cantó rock ante 15.000 personas. El alquiler del estadio, que rondó los 70.000 dólares, habría sido cubierto por la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina.

Lo que el relato oficial intenta ocultar es que esta empresa es la principal proveedora de medicamentos de alto costo de la ANDIS. En criollo: el “León” rugía contra los empresarios prebendarios mientras uno de los mayores contratistas del Estado le pagaba el escenario.

Audios del horror: Dólares en la basura y retornos del 3%

La causa judicial, que ya cuenta con audios filtrados de Florencia Pérez Roldán (vinculada a los empresarios), describe maniobras de ocultamiento dignas de una película de gángsters:

• Fuga de divisas: Ante la inminencia de allanamientos, los empresarios habrían retirado 270.000 dólares de una propiedad.
• Plata tirada: En la desesperación por esconder el rastro del dinero, 50.000 dólares terminaron dentro de un contenedor de basura para evitar que la Policía Federal los encontrara.

Pero el escándalo no termina en el show. El fiscal Franco Picardi investiga la existencia de una “ventanilla de pagos indebidos” en la ANDIS, donde se exigía un 3% de retorno por cada factura liberada.

La “Casta” está de fiesta, los vulnerables en la calle

El dato más sensible de la investigación roza el entorno íntimo de la Casa Rosada. La ANDIS depende directamente de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Esto sugiere que la estructura de recaudación ilegal no era un “cuentito” de funcionarios aislados, sino un mecanismo para sostener la logística y la propaganda del movimiento libertario.

Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal ficticio, la realidad es que ese dinero se le quita a los más débiles. Hoy, la ANDIS es noticia por las coimas y el rock, mientras miles de beneficiarios del programa Incluir Salud denuncian que no reciben sus remedios ni sus tratamientos. Una vez más, la libertad parece ser solo para los que pueden pagar el peaje del 3 por ciento.

El diputado de Unión por la Patria busca crear un marco de resguardo para los activos nacionales y el mercado interno. La iniciativa propone herramientas para mitigar el impacto de las fluctuaciones financieras internacionales y proteger sectores clave de la industria argentina.

El diputado nacional Máximo Kirchner ingresó formalmente en la Cámara de Baja un proyecto de ley denominado “Protección Económica frente a la Inestabilidad Global”. La iniciativa surge como respuesta al actual escenario de volatilidad en los mercados financieros internacionales y busca establecer mecanismos de defensa para la economía local, priorizando el sostenimiento del empleo y la capacidad productiva de las pequeñas y medianas empresas.

El corazón del proyecto radica en la creación de un fondo de resguardo que se activaría ante crisis externas o movimientos especulativos que afecten la moneda nacional. Según el texto presentado, el objetivo es evitar que las crisis de deuda o las caídas en las bolsas globales se trasladen de manera directa a los precios de la canasta básica en Argentina, funcionando como un “colchón” financiero administrado por el Estado.

Otro de los puntos centrales de la propuesta es el fortalecimiento de los controles sobre el flujo de capitales golondrina. Kirchner propone regulaciones más estrictas para el ingreso y salida de divisas, buscando que el financiamiento externo se vuelque prioritariamente a proyectos de infraestructura y desarrollo tecnológico en lugar de alimentar la especulación financiera de corto plazo.

La iniciativa también contempla beneficios fiscales específicos para aquellas industrias que demuestren un proceso de sustitución de importaciones. El legislador argumenta que, ante un mundo cada vez más incierto, la Argentina debe ganar autonomía en sus cadenas de suministro, reduciendo la dependencia de insumos extranjeros que sufren constantes variaciones de costos debido a conflictos geopolíticos o problemas logísticos globales.

Desde el bloque de Unión por la Patria señalaron que el proyecto es una herramienta necesaria para contrarrestar las políticas de apertura irrestricta que promueve el actual oficialismo. Sostienen que, sin una red de contención estatal, la economía argentina queda expuesta a los vaivenes externos, lo que profundiza la incertidumbre para los inversores reales y erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores.

Finalmente, el proyecto de ley comenzará su debate en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas. Se espera que la discusión genere fuertes cruces con los sectores libertarios y aliados, quienes ya han manifestado su rechazo a cualquier medida que implique una mayor intervención del Estado en el mercado de capitales o en la regulación del comercio exterior.

El fiscal Guillermo Marijuan endureció su acusación contra la ex cúpula de la Agencia Nacional de Discapacidad. Asegura que se montó una estructura jerárquica para agilizar fondos públicos a cambio de retornos, afectando directamente el presupuesto destinado a los sectores más vulnerables.

La investigación judicial sobre la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tomó un giro determinante tras el último dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan. En su presentación ante el juez Sebastián Ramos, el fiscal describió al organismo como una “ventanilla de pagos indebidos” que funcionaba bajo una lógica de recaudación ilegal, donde el otorgamiento de fondos estatales estaba condicionado al pago de sobornos por parte de los prestadores.

Según la acusación, la estructura liderada por los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Pablo Calvete no operaba de manera aislada, sino que respondía a un esquema de “negocios espurios” perfectamente aceitado. La fiscalía sostiene que se establecieron prioridades arbitrarias en la cadena de pagos del programa Incluir Salud: aquellas empresas o transportistas que accedían a entregar un porcentaje de sus facturaciones recibían sus fondos de manera inmediata, mientras que el resto sufría demoras injustificadas.

El dictamen judicial hace especial hincapié en la vulnerabilidad de las víctimas de este esquema. Marijuan señala que la maniobra es doblemente grave dado que los fondos desviados debían garantizar la atención médica, traslados y tratamientos de personas con discapacidad. Para la fiscalía, el uso de un organismo con fines sociales como una herramienta de extorsión financiera representa uno de los puntos más oscuros de la gestión investigada.

Las pruebas recolectadas incluyen registros de comunicaciones, movimientos bancarios sospechosos y testimonios de empresarios del sector salud que habrían sido presionados para entrar en el circuito de coimas. El fiscal remarcó que la ANDIS fue desnaturalizada en sus funciones primordiales, convirtiéndose en un ente facilitador de intereses privados que buscaban “sostener negocios” a costa del erario público y la salud de los beneficiarios.

Dentro del pedido de nuevas indagatorias, se subraya el rol de intermediarios que actuaban como nexo entre los altos mandos del organismo y los prestadores. Estos actores eran los encargados de “negociar” los montos de los retornos, que en algunos casos llegaban a cifras millonarias dada la magnitud de las deudas que el Estado mantenía con el sector. La fiscalía busca ahora determinar si estos fondos escalaron hacia otras esferas del poder político.

La causa entra ahora en una etapa de definiciones procesales, donde el juez Ramos deberá analizar si las pruebas presentadas por Marijuan son suficientes para procesar a la veintena de involucrados. Mientras tanto, el impacto del escándalo continúa resonando en el sector de discapacidad, donde se exige una auditoría integral para garantizar que los recursos lleguen finalmente a quienes los necesitan, sin peajes ilegales de por medio.

Una nueva medida de fuerza afecta el servicio de transporte en el AMBA. El reclamo salarial de los choferes nucleados en la UTA mantiene paralizadas a decenas de líneas, mientras se esperan definiciones en el Ministerio de Trabajo.

Este jueves 9 de abril, miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires se encontraron con una interrupción parcial pero significativa en el servicio de colectivos. La medida de fuerza, impulsada por un sector de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), surge como respuesta al incumplimiento en el pago de haberes y la falta de acuerdo en las paritarias del sector, que vienen arrastrando una fuerte tensión entre el gremio y las cámaras empresarias.

El paro afecta principalmente a las líneas que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, incluyendo tanto grupos de jurisdicción nacional como provincial. Según el último reporte, las líneas que no están prestando servicio son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

Desde el gremio explicaron que la retención de tareas se debe a que las empresas no depositaron la totalidad de los aumentos acordados en la última audiencia. Por su parte, las cámaras empresarias (AAETA y CETUBA) argumentan que el Estado nacional no ha transferido los subsidios correspondientes para cubrir los costos operativos y el nuevo esquema salarial, lo que genera un cuello de botella financiero que impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores.

En cuanto a la duración de la medida, los delegados sindicales informaron que el paro es, en principio, por 24 horas. Sin embargo, advirtieron que si durante el transcurso de la jornada no aparece una solución concreta o una convocatoria formal a una mesa de diálogo con fondos garantizados, la protesta podría extenderse o repetirse en los próximos días de manera sorpresiva.

La situación en las terminales y paradas de transbordo como Constitución, Retiro y Liniers es de total incertidumbre. Ante la ausencia de colectivos, los servicios ferroviarios y el subte registran una demanda muy superior a la habitual, lo que ha provocado demoras y cierres momentáneos en algunas estaciones por exceso de pasajeros. Las autoridades recomiendan buscar vías alternativas de transporte y estar atentos a las actualizaciones de las empresas de transporte.

Finalmente, el Ministerio de Transporte citó a las partes a una reunión de urgencia para el mediodía de hoy, con el fin de destrabar el conflicto y normalizar el servicio antes de la hora pico del regreso. Mientras tanto, el malestar de los usuarios crece, ya que se trata del tercer conflicto de este tipo en lo que va del mes de abril, dejando a millones de trabajadores a pie en medio de la crisis económica.

Especialistas advierten que el avance de la minería sobre zonas periglaciares podría acelerar el derretimiento de los hielos y afectar el suministro hídrico en las provincias cordilleranas.

La modificación de la Ley de Glaciares aprobada por el Gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en el sector académico y ambiental. El principal peligro señalado por los expertos radica en la redefinición de las áreas protegidas, lo que permitiría el desembarco de proyectos mineros en zonas que hoy están estrictamente resguardadas. Según advierten desde el IANIGLA-CONICET, reducir la protección legal de los cuerpos de hielo de menor tamaño dejaría a miles de comunidades sin su principal reserva de agua en épocas de sequía.

Uno de los riesgos más críticos es la habilitación de actividad industrial en el ambiente periglaciar. Esta zona, compuesta por suelos congelados que rodean a los glaciares, funciona como un escudo térmico esencial para su conservación. Los científicos explican que permitir perforaciones y detonaciones en estos suelos no solo desestabiliza el terreno, sino que rompe el equilibrio térmico que permite que el glaciar no se derrita. Sin este entorno protegido, los grandes bloques de hielo quedarían expuestos a un retroceso irreversible.

Otro peligro directo mencionado en los informes técnicos es el efecto del polvillo generado por la actividad minera. Al operar maquinaria pesada y realizar explosiones cerca de los hielos, se levanta una capa de sedimentos oscuros que se deposita sobre la superficie blanca del glaciar. Esto anula el “efecto albedo” —la capacidad del hielo de reflejar la radiación solar—, provocando que el glaciar absorba más calor y se derrita a una velocidad mucho mayor a la natural por el cambio climático.

El proyecto también propone que un glaciar solo sea protegido si cumple con una “función hídrica verificada”, un criterio que los especialistas consideran engañoso. Argumentan que todos los cuerpos de hielo, incluso los más pequeños o los glaciares de escombros, contribuyen al caudal de los ríos y mantienen la humedad del suelo. Imponer la necesidad de “probar” su utilidad caso por caso abriría una ventana legal para que las empresas avancen sobre territorios antes de que se completen los estudios ambientales pertinentes.

En términos de contaminación, la reforma facilita la utilización de sustancias químicas en áreas de cabecera de cuenca. La presencia de infraestructura pesada y el manejo de residuos mineros en zonas de alta montaña presentan un riesgo latente de filtraciones hacia los ríos que abastecen a las poblaciones de San Juan, Mendoza y el NOA. Un accidente en estas alturas sería prácticamente imposible de remediar, afectando no solo el ecosistema, sino también la producción agrícola y el consumo humano en los valles.

Finalmente, los juristas ambientales advierten sobre el peligro institucional de violar el principio de “no regresividad”. Argentina es pionera en la protección de sus glaciares, y desmantelar esta ley para favorecer intereses económicos de corto plazo sienta un precedente peligroso para otras áreas protegidas, como los bosques nativos o los humedales. Mientras el debate llega al Congreso, la comunidad científica insiste en que el costo de perder los glaciares es infinitamente superior a cualquier beneficio económico que pueda aportar la actividad extractiva.

Adriana Nechevenko, la profesional que certificó la compra del departamento en Caballito, rompió el silencio tras las denuncias por las inconsistencias en el préstamo de US$ 200.000.

El escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo e incómodo capítulo tras las declaraciones de Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en la polémica operación inmobiliaria. Al ser consultada sobre las contradicciones entre el documento público y el testimonio de las jubiladas que negaron conocer al funcionario, la profesional evitó dar precisiones técnicas y optó por deslindar responsabilidades, enviando a los cronistas directamente a consultar al Jefe de Gabinete.

“Pregúntenle a él”, fue la frase tajante con la que Nechevenko intentó cerrar el diálogo ante las cámaras de televisión. La escribana, que ha trabajado históricamente con la familia Adorni en otras transacciones, se mostró visiblemente molesta por la presencia periodística y se negó a explicar cómo se validó la presencia y el consentimiento de las dos mujeres de 82 y 84 años en el acto de la firma de la hipoteca.

La actitud de la profesional de leyes genera más interrogantes que certezas en el marco de la causa judicial. Según la normativa vigente, un escribano público debe dar fe de que las partes involucradas en una operación financiera están presentes y comprenden el alcance del contrato. Sin embargo, las declaraciones previas de las supuestas prestamistas, asegurando que no conocen a Adorni ni poseen tal suma de dinero, ponen en tela de juicio lo consignado en la escritura.

La operación, que permitió al funcionario adquirir una propiedad de lujo con un pago inicial de apenas 30.000 dólares, sigue bajo la lupa por el origen de los 200.000 dólares restantes. La negativa de la escribana a brindar detalles sobre el mecanismo de pago o la acreditación de los fondos refuerza la hipótesis de una posible maniobra para ocultar al verdadero financista de la compra del inmueble en el barrio de Caballito.

Desde el ámbito judicial, se espera que en los próximos días se solicite el protocolo de la escribana para cotejar las firmas y los datos biométricos registrados el día de la operación. La frase “pregúntenle a él” no solo deja al descubierto una grieta en la estrategia de defensa del oficialismo, sino que coloca al Jefe de Gabinete en la obligación de dar una respuesta clara ante la sociedad y la justicia federal.

Mientras tanto, en la Casa Rosada el silencio sigue siendo la postura oficial. Manuel Adorni ha evitado referirse al tema en sus conferencias de prensa habituales, pero la presión pública crece a medida que los protagonistas directos del trámite, como la escribana Nechevenko, optan por alejarse de la defensa del funcionario y dejarlo solo frente a las sospechas de enriquecimiento ilícito.