Tras la media sanción en el Senado, el oficialismo aceleró este miércoles en Diputados el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que reconfigura la protección de suelos y ambiente periglacial y despierta preocupación entre ambientalistas.

Luego de que el Senado le diera media sanción a la reforma de la Ley 26.639 —la norma que protege los glaciares y áreas periglaciales—, la discusión parlamentaria dio un nuevo paso este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo impulsó el inicio del tratamiento en plenario de comisiones para avanzar con el dictamen.

El proyecto, que ya fue aprobado por el Senado con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, plantea cambios en la regulación del régimen de protección ambiental, delegando mayor potestad a las provincias para definir qué áreas deben permanecer protegidas, y ajustando la definición de glaciares y ambiente periglacial para permitir actividades económicas en zonas cuya función hídrica no esté comprobada.

La apertura del debate en Diputados se produjo en un contexto de fuerte tensión entre el oficialismo, que busca mostrar avances legislativos y atraer inversiones en minería e hidrocarburos, y sectores ambientalistas que advierten que las modificaciones podrían debilitar las garantías de protección de recursos estratégicos de agua dulce.

Organizaciones sociales y ambientales vienen reclamando la realización de audiencias públicas y una discusión más amplia antes de avanzar con el proyecto, argumentando que la reforma implicaría “una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes”, mientras que grupos políticos opositores también impulsaron la convocatoria a debattes más amplios en torno a la iniciativa.

El oficialismo busca que la normativa reformada sea sancionada antes de fin de mes, y las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales comenzarán a analizar el texto con el objetivo de cerrar dictamen en los próximos días, en un último round de la discusión que promete tener impacto en el acceso al agua, la protección de los bienes naturales estratégicos y la política ambiental del país

Organizaciones políticas y especialistas jurídicos solicitaron formalmente que el presidente sea citado a indagatoria en la causa que investiga el escándalo de la criptomoneda que promocionó Milei.

Un grupo de organizaciones políticas y profesionales del derecho presentó un escrito ante la Justicia para que el presidente Javier Milei sea citado a declarar como imputado en la causa que investiga la conocida como estafa de Libra, un expediente judicial que sigue su curso tras denuncias de maniobras fraudulentas en torno a esa presunta operación engañosa.

La solicitud formal, que fue elevada ante el juez a cargo de la investigación, argumenta que existen elementos de prueba suficientes como para que Milei explique su rol y posibles vínculos con los hechos que se investigan, y sostienen que su declaración ante la Justicia resulta clave para avanzar en la determinación de responsabilidades.

Quienes impulsan el pedido señalaron que la investigación ya acumula indicios y testimonios que involucran a diferentes actores vinculados al caso Libra, en el que se denunciaron ofrecimientos de inversión con carácter de estafa y daños económicos a múltiples inversores particulares. En ese marco, consideran que la declaración de figura central de la vida política actual permitirá esclarecer puntos nodales de la causa.

El escrito judicial también menciona la necesidad de que Milei explique si tuvo algún tipo de participación, conocimiento o vínculo con personas o estructuras señaladas en la causa, así como su postura sobre las acusaciones que se han formulado en torno a las operaciones de Libra, que nuevamente volvieron al centro del debate público tras el avance de la investigación.

La presentación se produce en un contexto en el que la causa Libra sigue sumando pedidos, apelaciones y actuaciones judiciales, y ahora amplía el foco hacia figuras de relevancia pública, lo que eleva la expectativa sobre cómo se desarrollará el proceso en los próximos pasos procesales.

Quienes solicitaron la citación a indagatoria sostienen que la transparencia y el acceso a la verdad son fundamentales para reconstruir la confianza de los damnificados en el sistema judicial y para que se determinen con claridad las responsabilidades de todas las personas involucradas, sin importar su posición actual o pasada.

La decisión de avanzar con la citación de Milei quedará en manos del juez interviniente, quien evaluará los argumentos aportados y definirá si corresponde avanzar con la audiencia de indagatoria o si se requieren más elementos probatorios antes de dar ese paso procesal.

Referentes de derechos humanos señalaron que las condiciones impuestas a la expresidenta son más restrictivas que las aplicadas en otros casos y reclamaron que la Justicia garantice las garantías y los derechos fundamentales de todas las personas.

Referentes de múltiples entidades de derechos humanos se reunieron este martes en una conferencia de prensa para denunciar las restricciones que, según sostienen, fueron impuestas sobre la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto en un departamento en Buenos Aires tras su polémica condena en la causa Vialidad.

Los organismos reclamaron a la Justicia federal que evalúe la veracidad y proporcionalidad de las condiciones de detención que se le aplican a la exmandataria, sosteniendo que las limitaciones sobre sus visitas, contactos y actividades son más severas que las impuestas a otros condenados que también gozaron del beneficio de la prisión domiciliaria.

Las entidades firmantes —entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)— señalaron que esas restricciones impactaron de manera directa en los vínculos personales de la ex presidenta y limitaron el ejercicio de sus derechos políticos.

El comunicado firmado por los organismos comparó la situación de la expresidenta con la de condenados por delitos de lesa humanidad que también accedieron a la prisión domiciliaria, pero sin que se les impusieran las mismas limitaciones en visitas y permisos, una diferencia que los denunciantes consideran injusta e inequitativa.

En la conferencia prevista en la Cámara de Diputados, los referentes manifestaron que la defensa de Fernández de Kirchner ya había presentado solicitudes para modificar el régimen de detención, sin que hasta el momento se hayan incorporado cambios significativos.

La denuncia de los organismos de derechos humanos se enmarca en un debate más amplio sobre cómo se aplican y supervisan las medidas restrictivas en casos de prisión domiciliaria, y sobre la necesidad de que esas decisiones respeten los estándares de proporcionalidad, igualdad ante la ley y garantía de derechos fundamentales.

Con Federico Sturzenegger como principal impulsor técnico, el gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma estructural que limita la huelga, debilita la negociación colectiva y desfinancia al sistema previsional.

Este viernes se aprobó en el Senado la reforma laboral de La Libertad Avanza impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los arquitectos centrales de la reforma laboral que el gobierno logró convertir en ley.

La iniciativa introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo, redefine el esquema indemnizatorio, amplía las facultades empresarias en la organización del trabajo y altera el financiamiento del sistema de seguridad social. Para el oficialismo, se trata de una modernización necesaria; para amplios sectores sindicales y académicos, es la mayor regresión en derechos laborales desde 1976.

Entre los cambios más relevantes, la norma limita en los hechos el derecho de huelga en amplios sectores, prioriza acuerdos por empresa por sobre los convenios colectivos de actividad, habilita esquemas de jornada más flexibles mediante bancos de horas y reduce costos de despido a través de nuevos mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). También flexibiliza modalidades de contratación y redefine el cálculo de indemnizaciones, con impacto directo en el poder de negociación de los trabajadores.

En diálogo con AM530, Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, advirtió que la reforma “dialoga mucho más con las reformas impuestas por la dictadura en 1976 que con las de los años 90”. Según su análisis, el ataque a los derechos colectivos —en particular al ejercicio de la huelga y a la negociación colectiva— configura una regresión institucional comparable a las medidas adoptadas tras el golpe encabezado por Jorge Rafael Videla, cuando se prohibió la huelga y se modificaron por decreto decenas de artículos de la legislación laboral.

Campos también trazó una comparación con el ciclo de flexibilización de los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem, pero sostuvo que la reforma actual va incluso más allá. A diferencia de aquella etapa, explicó, hoy se parte de un mercado laboral ya precarizado, con cerca de la mitad de la fuerza de trabajo fuera del empleo formal, lo que facilita imponer cambios estructurales con menor resistencia institucional.

El impacto sobre el ANSES y el “ajuste por prestaciones”

Uno de los puntos más sensibles es el efecto sobre el financiamiento del sistema previsional. La creación del FAL y la reducción de contribuciones patronales implican una merma de recursos para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que paga jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo.

Según Campos, esta pérdida de ingresos no sería compensada por mayores transferencias del Tesoro en un contexto donde el gobierno de Milei tiene como eje central el recorte del gasto público y la reducción del déficit fiscal. Allí aparece el concepto de “ajuste por prestaciones”: ante menos recursos, el sistema ajusta no por ingresos sino por lo que paga.

El ajuste por prestaciones puede aplicarse de distintas maneras. En el caso de las asignaciones, mediante el congelamiento o la desactualización de los montos frente a la inflación, lo que reduce su valor real mes a mes. En el sistema jubilatorio, a través del fin de las moratorias —que permitían jubilarse a personas sin los años completos de aportes— y eventualmente mediante el aumento de la edad jubilatoria, una posibilidad que ya fue puesta en discusión pública. En todos los casos, el resultado es una reducción efectiva de la cobertura o del poder adquisitivo de las prestaciones.

Para el investigador de la CTA, la reforma no debe analizarse como una medida aislada sino como parte de un modelo integral que redefine las relaciones entre capital y trabajo. “No es una foto, es una película”, planteó, al señalar que la limitación de derechos laborales, el desfinanciamiento del sistema previsional y la flexibilización de condiciones de empleo forman parte de una misma lógica.

En ese marco, la discusión sobre la judicialización de la ley aparece, según Campos, como secundaria frente a la necesidad de reconstruir la acción colectiva. A su entender, el verdadero límite a una reforma de esta magnitud no estará exclusivamente en los tribunales, sino en la capacidad social de resistencia frente a un esquema que, en su visión, consolida una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores y redefine el equilibrio de poder en el mundo del trabajo argentino por muchos años.

Mientras el Senado debate cambios a la Ley de Glaciares, ambientalistas y sectores sociales advierten sobre posibles riesgos para las reservas de agua y la biodiversidad en Salta, donde existen 646 cuerpos de hielo catalogados en el marco de la normativa vigente.

La discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) se volvió uno de los principales focos de debate ambiental y productivo en el país. En la provincia de Salta, donde se identifican 646 cuerpos de hielo inventariados por la legislación actual, la tensión se acentuó entre quienes defienden la protección del agua y quienes impulsan la explotación de recursos como el litio y otros minerales.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial —considerados reservas estratégicas de agua dulce— y prohíbe actividades extractivas en esas zonas para preservar los recursos hídricos. El Senado puso en agenda una modificación de esa normativa que podría redefinir los criterios de protección, en especial en territorios con potencial minero.

Quienes impulsan la reforma argumentan que una redefinición de la ley permitiría atraer inversiones mineras significativas, particularmente en el litio y el cobre, sectores que han cobrado importancia en la agenda económica por su rol en la transición energética global y las cadenas productivas. El debate en el Senado se da en simultáneo con otras discusiones legislativas, como la reforma laboral y acuerdos internacionales, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar apoyos para avanzar con su proyecto.

Por su parte, ambientalistas, organizaciones sociales y expertos advierten que los cambios propuestos podrían debilitar la protección del agua y del ambiente periglacial, otorgando mayor poder de decisión a las provincias para determinar qué geoformas deben ser incluidas o excluidas del Inventario Nacional de Glaciares, lo que podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas hasta ahora protegidas.

La polémica se intensificó también en las calles y frente al Congreso, donde grupos ambientalistas realizaron protestas y expresaron su rechazo a la modificación del marco normativo que vela por la conservación de los ecosistemas de alta montaña y las fuentes de agua que sostienen tanto poblaciones como actividades productivas.

En Salta, donde la presencia de glaciares es un componente clave del equilibrio hídrico, la pulseada entre la protección ambiental y los intereses de la industria minera se volvió ejemplar de una discusión mayor: cómo equilibrar la preservación de recursos estratégicos con la búsqueda de inversiones y desarrollo productivo en regiones con reservas minerales.

Un informe oficial reveló que más de 36.000 kioscos cerraron sus puertas en los últimos dos años, lo que derivó en la pérdida de alrededor de 72.000 empleos, un reflejo de la profunda crisis que atraviesa el sector minorista y el pequeño comercio en todo el país.

La actividad de los kioscos, uno de los pilares del comercio minorista en Argentina, sufrió un fuerte retroceso durante los últimos dos años, según datos oficiales que dan cuenta de un deterioro sostenido de este segmento productivo. El informe indica que más de 36.000 locales cerraron definitivamente, dejando a su paso la pérdida de alrededor de 72.000 puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a este rubro.

Los cierres de kioscos se inscriben en un contexto de caída del consumo, aumento de costos operativos y presión inflacionaria que impacta de lleno en la rentabilidad de los comercios de proximidad. Factores como el aumento de tarifas, las tasas financieras y el encarecimiento de insumos y alquileres hicieron cada vez más difícil sostener estos negocios, que suelen funcionar con márgenes estrechos.

La pérdida de empleo en este sector no sólo representa una cifra cuantitativa significativa, sino que también tiene un fuerte impacto social y territorial, dado que los kioscos constituyen una fuente de ingresos para miles de familias y un punto de acceso cotidiano a bienes y servicios en barrios de todo el país.

Organizaciones del sector empresarial y cámaras que agrupan pequeños comerciantes advirtieron que la magnitud de los cierres pone en riesgo la sustentabilidad de un modelo comercial basado en la proximidad y que la situación podría profundizarse si no hay medidas de apoyo concretas para aliviar las cargas fiscales, facilitar el acceso al crédito y sostener la actividad productiva.

Además, el cierre de locales influye en la dinámica urbana y en la vida cotidiana de los vecindarios, ya que los kioscos suelen ser una pieza clave en la red de comercios barriales que abastecen desde productos básicos hasta servicios de pago y recarga.

La cifra de 72.000 empleos perdidos refleja que el impacto no se limita a la desaparición física de los locales, sino que afecta de manera directa la economía de cientos de miles de personas vinculadas a estos puestos de trabajo, agravando la ya delicada situación del mercado laboral en sectores informales y formales.

Con estos datos sobre la mesa, la discusión sobre la crisis del comercio minorista y las políticas de protección para los pequeños negocios se vuelve cada vez más urgente, en un escenario donde las cifras de cierre y desempleo ponen de manifiesto la profundidad de las dificultades económicas que atraviesa el sector.

Bajo el discurso de la “libertad de mercado”, la apertura importadora avanzó sin red de contención para la industria local, dejando como saldo fábricas cerradas, líneas de producción vaciadas y miles de trabajadores fuera del sistema formal.

Desde la asunción de Javier Milei, el mapa industrial argentino comenzó a achicarse a un ritmo alarmante. En nombre de la “libertad de mercado” y la apertura comercial, el Gobierno avanzó con una política de desregulación y reducción de controles que, lejos de fortalecer la producción nacional, terminó acelerando cierres de plantas, despidos masivos y un proceso silencioso pero constante de sustitución de producción local por importaciones. Los números son contundentes: en poco más de dos años se perdieron cerca de 22.000 empresas y más de 290.000 puestos de trabajo registrados.

Cierres de plantas y despidos concretos

La ola de cierres afecta a distintos sectores y regiones:

• La histórica empresa de neumáticos Fate cerró su planta en San Fernando, provincia de Buenos Aires, dejando sin empleo a 920 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a “cambios en las condiciones de mercado”, sobre todo la apertura de importaciones y la caída de la competitividad interna frente a productos extranjeros más baratos.
• En la segunda quincena de noviembre de 2025, al menos cinco plantas industriales cerraron sus puertas y despidieron a más de 400 empleados en sectores como metalurgia, electrodomésticos, textil y autopartes, con provincias como Buenos Aires, La Rioja y San Luis entre las más afectadas.
  • En ese contexto, Whirlpool cerró su planta en Pilar y desvinculó a 220 trabajadores.
  • Luxo y Vulcalar detuvieron producción y despidieron empleados en La Rioja y Sanagasta.
  • En San Luis, la autopartista Dana cerró su planta, afectando a unos 50 trabajadores.
• En la industria láctea, La Suipachense clausuró su planta en Suipacha (Buenos Aires), con 143 despidos, mientras que Otito cerró en Jujuy y dejó sin trabajo a otras 40 personas.
• El sector textil también fue duramente golpeado: TN & Platex discontinuó líneas de producción en Corrientes y La Rioja y desvinculó a 88 empleados, y otras firmas como Textilana (Mauro Sergio) suspendieron o redujeron dotaciones.

Organizaciones laborales y especialistas señalan estos casos como parte de un fenómeno más profundo de desindustrialización y pérdida de empleo manufacturero, producto de la fuerte presión competitiva de importaciones, que obliga a muchas firmas a replantear sus operaciones.

Reestructuraciones y el giro hacia la importación

No todos los casos implican cierres definitivos: varias empresas decidieron dejar de producir en el país para importar productos terminados, una forma de reestructuración que agrava la pérdida de empleo local:

• Según un informe internacional, el emblemático fabricante de termos Lumilagro redujo su producción local y ahora importa gran parte de sus productos desde el extranjero, con la consecuente reducción de su planta industrial y la pérdida de puestos de trabajo.
• Casos de fabricantes nacionales de electrodomésticos —como una empresa de Cañuelas que produce heladeras y otros bienes para marcas globales— muestran que la producción se ha reducido drásticamente, con despidos continuos y una creciente incorporación de productos importados bajo su propia marca.

Este patrón se replica en otros rubros y consolida un modelo que privilegia la importación por sobre la producción local. Muchas firmas señalan que la competencia desleal de productos importados más baratos, especialmente desde China, hace inviable mantener líneas de producción locales y los obliga a reorientar su negocio hacia la importación y comercialización de bienes ya fabricados en el exterior.

Despidos en serie y empleo en alerta

Además de las pérdidas de empleos por cierres de plantas, los despidos se multiplican en distintos sectores:

• Un relevamiento privado señaló que diversas empresas anunciaron ajustes, suspensiones y desvinculaciones que ponen 2.300 empleos en riesgo al inicio de 2026.
• Encuestas sectoriales indican que al menos el 15% de las industrias planea nuevos despidos durante el primer trimestre del año, especialmente en los mercados textil, automotriz y pyme.
• El efecto acumulado se nota también en cifras macroeconómicas: desde fines de 2023 se perdieron cientos de miles de empleos registrados y se cerraron miles de empresas en distintos segmentos productivos.

Analistas y sindicatos advierten que la crisis responde a varios factores:

• Apertura de importaciones sin controles efectivos, que deja al productor local en desventaja frente a productos terminados más baratos.
• Caída sostenida de la demanda interna, con el consumo deprimido y una utilización baja de la capacidad productiva de la industria.
• Costos de producción altos, combinados con competitividad cambiaria desfavorable.

Tanto gremios como la Unión Industrial Argentina, confirman que estas políticas configuran un proceso de desindustrialización acelerada, con impacto directo en la estructura laboral y productiva del país.

Lejos de tratarse de hechos aislados, los cierres y reestructuraciones respondieron a una matriz económica que prioriza la apertura importadora sin una política de protección o transición para el entramado productivo local. Mientras el Gobierno defiende la baja de aranceles y la eliminación de regulaciones como parte de su programa liberal, miles de trabajadores quedaron sin empleo y cientos de pymes no lograron sobrevivir a la competencia externa en un mercado interno deprimido.

El resultado se traduce en un proceso que distintos analistas ya describen como desindustrialización acelerada. No solo se perdieron puestos de trabajo: también se desmantelaron capacidades productivas, cadenas de valor y conocimientos acumulados durante décadas. La pregunta que comenzó a instalarse en el sector empresario y sindical fue si el país puede sostener crecimiento y desarrollo reemplazando producción nacional por contenedores importados. Hasta acá, la respuesta apunta a contradecir al gobierno.

Un empresario industrial de una pyme exportadora, con presencia en Estados Unidos, rompió el silencio y cuestionó la reforma laboral que impulsa el oficialismo, señalando que no garantiza mejoras reales para los trabajadores ni incentivos sostenibles para las empresas.

Un empresario industrial de una pyme con exportaciones a Estados Unidos se diferenció públicamente de la postura oficial y expresó su rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso, sosteniendo que no responderá a las necesidades reales del mercado de trabajo argentino y que podría profundizar problemas estructurales.

El empresario explicó que, desde su experiencia exportadora, la creación de empleo de calidad depende de políticas de largo plazo que garanticen estabilidad, financiamiento adecuado y condiciones competitivas para la producción nacional. Según su análisis, la reforma laboral tal como está redactada no aborda esos factores esenciales y apuesta por flexibilizaciones que no se traducen en más trabajo formal ni mayor producción.

Para este empresario, que ha logrado colocar productos argentinos en mercados internacionales como el estadounidense, la discusión sobre legislación laboral debería centrarse en fortalecer la productividad y fomentar acuerdos entre trabajadores y empresas, en lugar de promover cambios que, en su visión, se enfocan únicamente en reducir costos laborales sin garantizar crecimiento sostenido.

Además, manifestó preocupación por el impacto que este tipo de reformas puede tener en las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la generación de empleo en gran parte del país, especialmente en regiones productivas fuera de los grandes centros urbanos. En su opinión, las pymes necesitan instrumentos que les permitan competir, invertir y sostener puestos laborales estables, algo que no se resuelve únicamente con modificación de normas laborales.

El empresario exportador remarcó la importancia de entender las particularidades de cada sector productivo y de construir consensos amplios antes de aprobar cambios que afectan a millones de trabajadores y empresas. Su posición contraria a la reforma se suma a otras voces del sector privado que también vienen advirtiendo sobre posibles efectos adversos si no se toman en cuenta variables como el acceso al crédito, la infraestructura logística y los costos impositivos.

Con el debate parlamentario en marcha y la reforma laboral atravesando distintas instancias de discusión, las críticas como la de este empresario ponen en evidencia que no todas las cámaras del sector productivo acompañan la iniciativa oficial, generando un escenario de mayor complejidad política y económica en torno al proyecto.

Una explosión se registró este jueves en la Escuela de Gendarmería Nacional y dejó al menos tres agentes heridos. La Justicia investiga lo ocurrido mientras se desplegó un amplio operativo de seguridad en la zona.

Una explosión se produjo en las instalaciones de la Escuela de Gendarmería Nacional y como consecuencia resultaron heridos tres efectivos de la fuerza. El hecho generó un importante despliegue de personal de seguridad y equipos especializados en el lugar.

Según la información oficial, el estallido ocurrió cuando los agentes manipulaban un paquete que se encontraba dentro del predio. Tras la detonación, los efectivos fueron asistidos de inmediato y trasladados para su atención médica. Hasta el momento, se informó que se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajaron peritos y especialistas en explosivos para asegurar la zona y recolectar elementos que permitan esclarecer lo sucedido. El área fue vallada de manera preventiva mientras avanzaban las tareas de inspección.

La investigación quedó en manos de la Justicia federal, que busca determinar las circunstancias en que se produjo la explosión y establecer responsabilidades. Por el momento no se brindaron detalles oficiales adicionales sobre el contenido del paquete ni sobre su procedencia.

El hecho generó preocupación dentro de la fuerza y motivó el refuerzo de los protocolos de seguridad en instalaciones similares, mientras se aguardan los resultados de las pericias técnicas.

Las autoridades señalaron que se continuará informando a medida que avance la investigación y se obtengan datos concluyentes sobre el episodio.

El Banco Santander confirmó el cierre de más de 30 sucursales en todo el país y puso en riesgo alrededor de 500 puestos de trabajo, en medio de una reestructuración que genera inquietud entre sindicatos y sectores laborales.

El grupo financiero Banco Santander comunicó el cierre definitivo de más de 30 sucursales en diversas localidades de Argentina, lo que pondrá en riesgo alrededor de 500 puestos de trabajo, según informaron desde la entidad.

La medida forma parte de un plan de reestructuración que elaboró la empresa, que implicará el cese de operaciones en varias sucursales de su red de atención al público. Hasta ahora, la entidad explicó que los cierres se inscriben en un proceso de ajuste de su estructura física, con traslado de servicios hacia modalidades no presenciales.

Las sucursales afectadas se ubican en distintas provincias del país, aunque la empresa no detalló los lugares ni el cronograma completo de los cierres. La decisión fue comunicada a los trabajadores y generó inquietud entre el personal y los sectores que analizan el impacto de la medida en el empleo formal del sector financiero.

Según lo que trascendió, la compañía justificó el cierre de sucursales en base a una supuesta reorganización por las nuevas dinámicas del mercado y al uso creciente de canales digitales por parte de los clientes, lo que habría reducido la demanda de atención presencial en algunas oficinas. No obstante, la noticia encendió alarmas entre organizaciones laborales y sectores vinculados al empleo bancario.

El cierre de sucursales bancarias representa una tendencia observada en varias entidades en los últimos años, aunque la magnitud de la decisión del Santander hizo que la situación tuviera un impacto inmediato en la discusión sobre el futuro del trabajo en el sector y las condiciones de estabilidad laboral de los empleados afectados.

Con más de 30 oficinas fuera de servicio y casi 500 trabajadores en una situación de incertidumbre, la reestructuración del Banco Santander se suma a una serie de ajustes en otros sectores de la economía que vienen generando preocupación por la pérdida de fuentes de trabajo y la precarización de los empleos formales.